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  • DECRETO 80/2009, de 21 de abril, sobre centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. - Legegunea: Normativa del Pais Vasco - Gobierno Vasco - Euskadi.eus

Normativa

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DECRETO 80/2009, de 21 de abril, sobre centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

Identificacin

  • mbito territorial: Autonmico
  • Rango normativo: Decreto
  • rgano emisor: Justicia, Empleo y Seguridad Social
  • Estado vigencia: Vigente

Boletn oficial

  • Boletn oficial: BOPV (Pas Vasco)
  • N boletn: 180
  • N orden: 5094
  • N disposicin: 80
  • Fecha de disposicin: 21/04/2009
  • Fecha de publicacin: 18/09/2009

mbito temtico

  • Materia: Cultura y deporte; Asuntos sociales y empleo; Organizacin administrativa; Seguridad y justicia
  • Submateria: Asuntos sociales; Gobierno y Administracin Pblica; Institucional; Justicia
  • 09/2009-01/2010

    Texto Original: DECRETO 80/2009, de 21 de abril, sobre centros educativos de cumplimiento de medidas privativas de libertad en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

    Justicia, Empleo y Seguridad Social
  • 01/2010

    Derogada parcialmente por LEY 3/2009, de 23 de diciembre, de modificacin de la Ley de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia.

    Presidencia del Gobierno
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Texto legal

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El artculo 45 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, establece que la ejecucin de las medidas corresponder a las Comunidades Autnomas. stas llevarn a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organizacin, la creacin, direccin, organizacin y gestin de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecucin de las medidas previstas en la Ley. Del mismo modo, podrn establecer convenios o acuerdos de colaboracin necesarios con otras entidades, bien sean pblicas, de la Administracin del Estado, Local o de las Comunidades Autnomas o privadas sin nimo de lucro, para la ejecucin de las medidas de su competencia. En la Comunidad Autnoma del Pas Vasco es el Gobierno Vasco la Administracin Pblica competente, que ejercita esta competencia a travs del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

Las medidas de internamiento, internamiento teraputico y permanencia de fin de semana que dicten los Juzgados de Menores, que deban cumplirse en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, sern ejecutadas en la red de Centros que el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social dispone a tal efecto. Estas medidas responden a la naturaleza sancionadora-educativa definida por la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y su reglamento, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, y la Ley 3/2005 del Parlamento Vasco, de 18 de febrero, de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia.

En esta ltima Ley se establecen los mbitos de actuacin y las modalidades de ejecucin de las medidas dictadas por el Juzgado de Menores, introduciendo las garantas necesarias para favorecer la calidad de la atencin y el respeto de los derechos de las personas infractoras menores de edad. A este efecto, en el artculo 91.2 de la Ley de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia se requiere al Departamento competente en materia de Justicia para que determine reglamentariamente los requisitos materiales, funcionales y de personal que debern reunir los centros para la ejecucin de las distintas medidas privativas de libertad, con expresa referencia a los derechos y obligaciones de las personas menores de edad y de los profesionales que les atienden y a las necesidad de que dispongan de un reglamento de rgimen interior que se ajuste en su contenido a las particularidades del centro y de su proyecto educativo.

Este es el objeto de este Decreto -cuyas disposiciones se enmarcan dentro de los lmites establecidos en la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y su reglamento, la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, la Convencin sobre los Derechos del Nio, de 20 de noviembre de 1989 y la Ley 3/2005, de 18 de febrero- la reglamentacin de los requisitos de los centros para el cumplimiento de las medidas de internamiento, en sus diversos regmenes, de internamiento teraputico, en sus diversos regmenes, y de permanencia de fin de semana en centro, que son las medidas privativas de libertad previstas en la actualidad en la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

Menores y jvenes, como principales destinatarias de la Ley reguladora de la Responsabilidad Penal, son personas sujetas a evolucin, en trnsito a la vida adulta, en las que el conflicto, la confrontacin y las dificultades de adaptacin son consustanciales a su condicin. Debido a ello, la justicia juvenil, para que tenga valor, sentido y eficacia preventiva, debe promover respuestas en la que prime lo educativo e integrador sobre la finalidad custodia, el futuro sobre el pasado, lo preventivo sobre lo retributivo. El trabajo con menores y jvenes infractores e infractoras debe estar impregnado de conceptos propios y dinmicos, basados en los cambios fsicos, cognitivos, conductuales y relacionales con el contexto familiar y social que les afectan en cuanto personas en proceso de crecimiento y bsqueda de identidad.

La consecucin del fin primordial y prevalente de la actividad en un centro educativo de cumplimiento de medidas privativas de libertad, a saber, la responsabilizacin, el crecimiento personal, la superacin de las carencias personales, el fortalecimiento de las potencialidades de la persona menor, todo ello con miras a la integracin familiar y social de la persona menor, determinar los requisitos materiales, funcionales y de personal de estos centros.

Por otro lado, la normativa estatal e internacional exige un escrupuloso respeto a todos los derechos que asisten a las personas menores y jvenes, convirtindose este inters en eje central de la legislacin y a las entidades pblicas la obligacin de velar por su efectiva salvaguarda. Por ello el Gobierno vasco ha configurado, dentro del respeto a la normativa reglamentaria -Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio-, un sistema de funcionamiento, en la adopcin definitiva de las resoluciones, que garantiza el control pblico del Sistema de Justicia Juvenil de las decisiones adoptadas por los equipos tcnicos de los centros y la direccin de cada Centro en materia de denegacin de permisos, salidas, comunicaciones, utilizacin de los medios de contencin y las resoluciones en el procedimiento disciplinario.

Por ltimo, los objetivos anteriores no son de posible cumplimiento sin la dotacin de una red de Centros educativos que garantice el ptimo cumplimiento de las medidas de internamiento. La experiencia en la ejecucin de las medidas de internamiento desde la aprobacin de la hoy derogada Ley Orgnica 4/1992 y, de manera muy especial, la adquirida desde la entrada en vigor de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en la que siempre se ha tenido especial cuidado en el respeto a las Declaraciones, Recomendaciones y Directrices Internacionales, obliga a determinar las caractersticas que los Centros deben tener, no slo para atender la demanda actual existente, sino tambin para hacer frente a las nuevas situaciones que la problemtica de la minora de edad va adoptando. Y, lo que es ms importante, el cumplimiento de los objetivos no es posible sin un colectivo profesional cualificado, formado, en relacin suficiente al nmero de personas menores y organizado eficazmente.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, odos los rganos consultivos interesados, de acuerdo con la Comisin Jurdica Asesora de Euskadi, y previa deliberacin y aprobacin del Consejo de Gobierno, en su sesin celebrada el da 21 de abril de 2009,

  1. El presente Decreto tiene por objeto la regulacin de los requisitos materiales, funcionales y de personal que debern reunir los centros para la ejecucin de las distintas medidas privativas de libertad.

  2. Son medidas privativas de libertad las que de este modo se definan en la legislacin reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad: el internamiento, el internamiento teraputico y la permanencia de fin de semana en centro.

  3. Tambin se cumplirn en estos centros las medidas cautelares y la detencin.

  4. Queda fuera del mbito de este Decreto la ejecucin de las medidas de permanencia de fin de semana en el domicilio.

  1. El Departamento competente en materia de Justicia llevar a cabo la creacin, direccin, organizacin y gestin de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecucin de las medidas previstas en la Ley. Del mismo modo, podr establecer convenios o acuerdos de colaboracin necesarios con otras entidades, bien sean pblicas, de la Administracin del Estado, Local o de las Comunidades Autnomas o privadas sin nimo de lucro, para la ejecucin de las medidas de su competencia, sin que ello suponga en ningn caso cesin de la responsabilidad de la ejecucin.

  2. En todo caso, el Servicio de Justicia Juvenil asumir la aprobacin de los Proyectos Educativos Individuales de cada persona menor, las comunicaciones con los rganos judiciales y fiscalas en relacin con la ejecucin de la medida, la potestad sancionadora respecto a los menores residentes en centros conveniados, as como la supervisin e inspeccin ordinaria de los centros.

La finalidad de estos centros es doble:

  1. El cumplimiento de las medidas de internamiento, internamiento teraputico, en el rgimen establecido por la autoridad judicial, y de permanencia de fin de semana.

  2. La atencin integral a las personas acogidas en los mismos, ofreciendo una intervencin educativa orientada hacia la normalizacin, el desarrollo personal y el trnsito a la vida adulta para favorecer su desenvolvimiento autnomo.

  1. No podr ejecutarse ninguna medida privativa de libertad sino en virtud de resolucin judicial firme dictada de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa vigente.

  2. La ejecucin de las medidas judiciales se realizar bajo el control del Juzgado de Menores competente, en los trminos de lo dispuesto en el artculo 44 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  3. Las medidas que se adopten sern ejecutadas con respeto escrupuloso a los derechos y garantas individuales de las personas menores de edad, siendo obligacin de la entidad pblica velar por su efectividad. A estos efectos, el Servicio de Justicia Juvenil garantizar que se informe a las personas menores y les facilitar el acceso al Servicio de Inspeccin y otras entidades de control.

  4. La ejecucin de las medidas se basar en el principio de intervencin mnima, en su aspecto jurdico y educativo. No se limitar la libertad ms all de lo imprescindible en cada momento ni se intervendr ms de lo necesario para la persona menor.

  5. La vida en los Centros deber tomar como referencia la vida cotidiana de cualquier persona menor de edad, reduciendo los efectos negativos que la privacin de libertad pueda representar para ella y su familia, favoreciendo los vnculos sociales y la colaboracin y la participacin de las entidades pblicas y privadas en el proceso de integracin social.

  6. La vida en los centros estar destinada a preparar a la persona menor de edad para la vida en libertad, proporcionndole las mayores cotas de libertad y responsabilidad que su evolucin permita.

  7. Los programas y actuaciones tendrn naturaleza formativa, educativa, de atencin afectiva, psico-social, laboral y de ocio. Quedarn expresamente establecidas en Proyectos Educativos Individuales de ejecucin de la medida y sern fundamentadas en las caractersticas personales, necesidades e intereses de la persona menor.

  8. Las decisiones que afecten o pudieran afectar a elementos esenciales del cumplimiento de la medida o de la esfera personal de la persona menor se tomarn de forma colegiada y tendrn contenido interdisciplinar. Se garantizar su adopcin a travs de procesos que garanticen la objetividad, la imparcialidad y la seguridad jurdica.

  9. Las actuaciones profesionales respecto a las personas menores estarn marcadas por su carcter confidencial y la ausencia de ingerencias innecesarias en su vida privada y en la de sus familias. Ser de aplicacin la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de datos de Carcter Personal, respecto al tratamiento confidencial de la informacin.

  10. Los organismos, entidades e instituciones pblicas y privadas tienen la obligacin de colaborar y de coordinar sus actuaciones para permitir actuaciones eficaces y acordes con una utilizacin racional de los recursos.

  11. Los manuales de seguridad, vigilancia e intervencin educativa de los Centros Educativos se sometern al superior inters de los derechos de la persona joven o menor y a la consecucin del buen fin de la medida.

  12. El objetivo de la medida es la preparacin de la vida en libertad, para lo cual debe comenzarse a trabajar desde el comienzo de la ejecucin para que sea efectiva desde el momento en que sea legalmente posible y educativamente aconsejable, mediante la adaptacin del Proyecto Educativo Individual o la pertinente propuesta de modificacin de la medida conforme a la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

Las personas acogidas en los Centros Educativos regulados en este Decreto tendrn derecho:

  1. A ejercer los derechos civiles, polticos, sociales, religiosos, econmicos y culturales reconocidos por la Constitucin, los Tratados Internacionales ratificados por Espaa y el resto del ordenamiento jurdico vigente en materia de justicia juvenil.

  2. A que se respete su personalidad, su libertad ideolgica y religiosa, los derechos e intereses legtimos no afectados por el contenido de la medida, especialmente los inherentes a la minora de edad civil, as como todos los derechos contemplados en el artculo 56 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  3. A recibir informacin personal y actualizada acerca de sus derechos y obligaciones, de su situacin personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno del Centro y del contenido y evolucin de su Proyecto Educativo Individual y las evaluaciones que se hagan de su cumplimiento. La informacin deber facilitarse en un idioma que entiendan y, en su caso, en un formato, vocabulario y redaccin adaptados a su capacidad de entendimiento o a sus necesidades especiales.

  4. A ser informadas, en un lenguaje adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento, de los procedimientos de reclamacin existentes en el Centro educativo y de la posibilidad de formular peticiones y quejas a la direccin del Centro, a la Administracin autonmica, a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, al Ararteko, al Defensor del Pueblo o al defensor o defensora de la Infancia y la Adolescencia, y a presentar todos los recursos legales que prev la legislacin vigente en defensa de sus derechos e intereses legtimos.

  5. A ser informadas sin dilacin de la defuncin, accidente o enfermedad grave de un pariente cercano o de otra persona ntimamente vinculada con l, y de cualquier otra noticia importante comunicada por su familia.

  6. A ser atendidas sin discriminacin por razn de nacimiento, edad, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, respetando sus orgenes y favoreciendo la conservacin de su bagaje cultural y religioso.

  7. A que se respete la confidencialidad de los datos que consten en su expediente y el deber de reserva en su utilizacin; en este sentido, su condicin deber ser estrictamente reservada frente a terceros.

  8. A conocer su situacin legal en todo momento, as como que sus representantes legales estn informados sobre su situacin y evolucin, as como de los derechos que les corresponden, con los lmites previstos en la legislacin vigente.

  9. A comunicarse reservadamente con sus letrados y letradas, con el Juzgado de Menores competente, con el Ministerio Fiscal y con los servicios competentes para la inspeccin de los Centros Educativos.

  10. A que se vele por su vida, integridad fsica y salud. A tales efectos, las personas menores sern atendidas gratuitamente a travs de la red asistencial y hospitalaria pblica de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, incluida la realizacin de pruebas analticas para la deteccin de enfermedades infecto-contagiosas que pudieran suponer un peligro para la salud o la vida de la propia persona menor o de terceras personas. La red pblica de salud atender a las personas menores de edad y el Departamento competente en materia de Justicia garantizar que reciba la atencin mdica prescrita por facultativo que no est cubierta por la sanidad pblica. Al ingreso en un Centro Educativo, en su caso, se gestionar su tarjeta de asistencia sanitaria.

  11. A tener cubiertas las necesidades bsicas de la vida cotidiana que permitan su desarrollo personal integral.

  12. A recibir enseanza bsica obligatoria gratuita, formacin laboral adecuada y, en caso de que la persona menor tenga la edad laboral legalmente establecida, a un trabajo remunerado, dentro de la disponibilidad de la entidad pblica, y a las prestaciones sociales que legalmente les corresponda y dems garantas que se recogen en el artculo 53.4 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgnica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. A tales efectos podr participar en las actividades programadas por el Centro y dispondr de un ambiente que provea de las condiciones educativas, deportivas, culturales y sociales adecuadas con referencia a la vida en libertad.

  13. A disponer de un Proyecto Educativo Individual y a participar en su elaboracin y evaluacin peridicas.

  14. A residir en un Centro Educativo cercano a su domicilio, de acuerdo con el rgimen de la medida y los criterios de adscripcin a Centro, para que sus relaciones familiares se vean favorecidas, con el objetivo de evitar los efectos negativos del alejamiento de su entorno familiar y social.

  15. A no ser adscritas a un Centro situado fuera de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, salvo en las excepciones y con los procedimientos regulados en la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  16. A ser tratadas de modo acorde al fomento de su sentido de la dignidad y responsabilidad, por el personal del Centro y por los dems residentes.

  17. A que se respete su intimidad en todas las fases de ejecucin de la medida impuesta.

  18. A comunicarse libremente con sus padres y madres, representantes legales, familiares u otras personas, salvo que fuera contrario a su inters y a recibir visitas en el Centro Educativo y disfrutar de salidas y permisos conforme a la normativa reglamentaria.

  19. A tener en su compaa a sus hijos e hijas menores de tres aos que estn a su cargo, en las condiciones y con los requisitos que se prevn en el ordenamiento jurdico.

  20. A observar la alimentacin, ritos y fiestas de la confesin religiosa que profese que no sean incompatibles con los derechos de las y los dems menores o con la organizacin del Centro.

  21. A las prestaciones por desempleo que legalmente le correspondan a la salida del Centro.

  22. A recibir una paga semanal para sus gastos personales, con base en su proyecto educativo individual.

Las personas acogidas en los Centros Educativos regulados en este Decreto tendrn las siguientes obligaciones:

  1. Todas las previstas en el artculo 57 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  2. Permanecer en el Centro Educativo hasta el momento de la finalizacin de la medida, sin perjuicio de los permisos, salidas y actividades que se puedan conceder o realizar en el exterior.

  3. Respetar y cumplir las normas de funcionamiento del Centro y las directrices o instrucciones que reciban del personal de aqul en el ejercicio legtimo de sus funciones.

  4. Mantener una actitud de respeto y consideracin hacia cuantas personas trabajen o convivan en el centro. Esta obligacin es igualmente vlida para todas aquellas personas con las que se relacione durante la realizacin de salidas o actividades programadas.

  5. Colaborar en conseguir una actividad ordenada en el interior del centro; para lo que se deben realizar las prestaciones personales obligatorias previstas en las normas de funcionamiento interno del centro para mantener el buen orden y la limpieza del mismo.

  6. Colaborar en conseguir una convivencia adecuada entre todas las personas menores y jvenes que residen en el centro, para lo que se deben utilizar tanto los cauces establecidos para la resolucin de conflictos como el aprendizaje de mtodos no violentos para la resolucin de conflictos y de modelos de convivencia basados en el respeto a la igualdad de sexos y a la diversidad.

  7. Respetar las normas higinico-sanitarias, de vestuario, alimentacin y aseo personal establecidas en el centro con el objeto de conseguir una convivencia saludable.

  8. Utilizar correctamente las instalaciones y los medios materiales que se pongan a su disposicin tanto en el Centro como fuera de l.

  9. Participar en las actividades formativas, laborales, psicosociales y de ocio establecidas en su Proyecto Educativo Individual, en funcin de su situacin personal a fin de preparar su vida en libertad. En el caso de menores de 16 aos las actividades formativas se concretan en recibir la enseanza bsica obligatoria que les corresponda.

  10. Responsabilizarse de los comportamientos propios aceptando las consecuencias que se establezcan en el reglamento de rgimen interno conforme a lo previsto en la legislacin vigente. Esto conlleva cumplir las medidas disciplinarias legalmente impuestas.

  11. En el marco de lo establecido en la Ley General Sanitaria, someterse a los reconocimientos y pruebas mdicas necesarias para garantizar el derecho a su propia salud y la de los dems personas que convivan o trabajen en el Centro.

  12. Acudir y colaborar en cuantas acciones sean requeridas desde las instancias judiciales (fiscala, forense, equipos tcnicos,) para los procedimientos legalmente establecidos ante la apertura de cualquier tipo de expediente.

  13. Cumplir los tratamientos mdicos prescritos por el personal facultativo y que sirvan para favorecer una salud ms adecuada, atendiendo al consentimiento informado, por lo menos de aquellos que pudieran involucrar a otras personas que convivan con la persona menor.

Las personas profesionales de los Centros tendrn los siguientes derechos:

  1. A acceder a una formacin inicial destinada a facilitar su adaptacin a las particulares caractersticas del Centro y a beneficiarse de una formacin profesional continuada durante su permanencia en el puesto.

  2. A disponer de un acompaamiento y asesoramiento tcnico que les permita sentirse apoyadas humana y tcnicamente y que facilite el contraste y la reflexin en el desarrollo de sus funciones.

  3. A que el Servicio de Justicia Juvenil ponga a su disposicin toda la informacin que resulte necesaria para garantizar la atencin ms adecuada y eficaz. A efectos de lo anterior, se entender que dicha informacin ser la recogida en el Plan Educativo Individual.

  4. A que el Servicio de Justicia Juvenil o, en su caso, la entidad colaboradora de la que dependa el Centro en el que realizan sus funciones, ponga a su disposicin la informacin relativa a posibles modificaciones en la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de personal que resulte de aplicacin, as como cualquier otra informacin que pudiera afectar al desarrollo de su trabajo.

  5. A la participacin y, en garanta del ejercicio efectivo de este derecho, podrn:

    1. intervenir en la organizacin y en el funcionamiento de los servicios por medio de rganos de participacin;

    2. participar en los procedimientos de inspeccin y de evaluacin peridica de la calidad de los servicios;

    3. presentar sugerencias y quejas.

  6. A disponer de los medios necesarios para garantizar la prestacin del servicio de acuerdo con los requisitos materiales, funcionales y de personal regulados en el presente Decreto y a que las administraciones pblicas competentes velen por dicho cumplimiento en el marco de sus competencias de gestin y de sus funciones de autorizacin, homologacin, inspeccin, registro y evaluacin.

  7. Y en general todos los que, en el mbito laboral y de la funcin pblica, les reconozcan la legislacin y los convenios correspondientes.

Las personas profesionales de los Centros tendrn las siguientes obligaciones:

  1. De conocer y cumplir la normativa vigente en el mbito de personas infractoras menores de edad, atencin psicosocioeducativa y en materia de igualdad de mujeres y hombres y, en particular, las normas reguladoras de la organizacin y del funcionamiento de los Centros.

  2. De guardar las normas de convivencia y respeto mutuo en los Centros en los que ejercen su actividad y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.

  3. De respetar todos los derechos reconocidos a las personas acogidas en los Centros y al resto de profesionales tanto en el presente Decreto como en el conjunto del ordenamiento jurdico vigente.

  4. De respetar y utilizar correctamente el mobiliario, los utensilios, los equipamientos y, en general, todas las instalaciones de los Centros en los que prestan sus servicios y de cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.

  5. De poner en conocimiento de la persona responsable del Centro o, si lo estimaran necesario, del Servicio de Justicia Juvenil, las irregularidades o anomalas que observen en el funcionamiento, la organizacin o las instalaciones, as como cualquier sospecha de vulneracin grave de los derechos de las personas internas. En este ltimo supuesto, si no obtuvieran respuesta o si consideraran que la respuesta no da satisfaccin al respeto del derecho que consideran vulnerado, comunicarn la situacin al Ministerio Fiscal o al Juzgado de Menores.

  6. De participar en la elaboracin y aplicacin del Proyecto Educativo Individual, as como en su evaluacin, al objeto de velar por la consecucin de los objetivos marcados.

  7. Y en general, todas las que, en el mbito laboral y de la funcin pblica, les impongan la legislacin y los convenios correspondientes.

En el marco de la atencin en la red de centros educativos de justicia juvenil, deber facilitarse el acceso a los recursos que resulten precisos para responder adecuada y eficazmente a las necesidades que las personas acogidas en los mismos pudieran presentar en los siguientes mbitos: Salud; Hbitos bsicos (alimentacin, higiene, aspecto personal y sueo); Bienestar emocional; Autonoma y responsabilidad; Formacin; Orientacin e incorporacin laboral; Ocio y tiempo libre; Identidad socio-cultural, Apoyo comunitario; Medios de vida y alojamiento; y Necesidades socioeducativas especiales.

  1. Deber promoverse la salud fsica y psquica de las personas acogidas en la red de centros educativos de justicia juvenil previniendo las enfermedades, promoviendo pautas de vida saludables y facilitando el acceso a los servicios de salud, mediante los cauces de coordinacin que se estimen ms oportunos y siguiendo las indicaciones que los mismos establezcan, en su caso, en relacin con el tratamiento a seguir.

  2. Al efecto, ser necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

    1. Mantener las instalaciones en condiciones de salubridad.

    2. Adecuar las pautas de la vida cotidiana en los centros a las propias de una vida saludable.

    3. Estimular y facilitar el ejercicio fsico.

    4. Formar a las y los residentes en educacin para la salud, educacin sexual, y prevencin de toxicomanas y enfermedades y contar al efecto con materiales informativos.

    5. Promover la responsabilidad de los chicos y de las chicas en las relaciones sexuales y sus consecuencias.

    6. Trabajar la asertividad y mejorar la capacidad de negociacin de los chicos y de las chicas en las relaciones sexuales para que no toleren relaciones de riesgo.

    7. Llevar a cabo los controles mdicos peridicos recomendados por los servicios de salud, adems del examen de salud inicial establecido en el Real Decreto 1774/2004.

    8. Garantizar que todas las personas residentes en un centro educativo de justicia juvenil disponga, en el plazo ms breve posible, de la cartilla individual sanitaria (TIS).

    9. En su caso, derivar a los servicios de salud comunitarios correspondientes.

    10. Disponer de un botiqun debidamente equipado y fuera del alcance de los y las adolescentes.

    11. Disponer de un manual de primeros auxilios y los telfonos y direcciones de los servicios mdicos de urgencia, en un lugar especficamente destinado al efecto y de fcil consulta y acceso.

    12. Mantener actualizados los datos conocidos referidos a la historia mdico-sanitaria de las personas internadas, con indicacin de las enfermedades padecidas, el calendario y el seguimiento de las vacunas y los resultados y recomendaciones de los reconocimientos mdicos.

    1. Incluir en el plan de intervencin individualizada o plan educativo individualizado un rea de seguimiento mdico.

    2. Si la situacin legal lo permitiera y no se estimara contrario al inters del o de la persona adolescente, tratar de implicar al padre y a la madre o representante legal en el seguimiento mdico.

  1. Debern atenderse las necesidades relacionadas con la alimentacin, tanto desde un punto de vista nutricional como educativo y cultural.

  2. Al efecto, ser necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

    1. La dieta deber ser sana y equilibrada en cantidad y variedad, garantizando, en todo caso, la cobertura de las necesidades nutricionales.

    2. Deber estimularse a las personas acogidas en los centros a realizar una alimentacin saludable y variada y se tendrn en cuenta en la medida de lo posible los gustos, estilos, costumbres o pautas culturales o religiosas.

    3. Deber procurarse que las comidas constituyan un momento agradable de relacin y comunicacin.

    4. Deber destinarse un lugar y un tiempo adecuados para comer y para preparar la comida, de manera prioritaria en los centros de Nivel II y III; estimulndose la participacin de los chicos y chicas acogidos en la preparacin de los mens, en la realizacin de la compra, en la preparacin de las comidas y en las tareas asociadas a las mismas, en funcin de la medida impuesta, capacidad y caractersticas personales.

    5. Debern incorporarse los conocimientos necesarios para que las personas acogidas en los centros se hagan cargo de sus actuales y futuras necesidades y responsabilidades relacionadas con el trabajo domstico y de cuidado de las personas.

    6. Deber educarse a menores y jvenes en la adquisicin de hbitos y habilidades de alimentacin saludables y adecuadas a su momento evolutivo.

  3. Debern atenderse las necesidades de higiene, proporcionando los cuidados necesarios y procurando la educacin adecuada para que vayan adquiriendo hbitos y habilidades de autocuidado.

  4. Al efecto, ser necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

    1. Atender adecuadamente las necesidades higinicas de acuerdo con la edad, sexo y estado de salud.

    2. Promover la adquisicin de hbitos de higiene bsicos.

    3. Incentivar, en las personas acogidas, los hbitos de higiene y cuidado del aspecto personal, relacionndolo con los sentimientos de autoestima, dignidad y responsabilidad personal.

    4. Favorecer la autonoma en el aseo y en el vestir.

    5. Garantizar la personalizacin de sus instrumentos de aseo evitando los intercambios.

    6. Garantizar que todas las personas acogidas, desde el momento del ingreso, durante su estancia en el centro y en el momento de la salida, dispongan de un equipo completo de ropa y de aseo.

    7. Velar por que la ropa sea, en estilo, calidad y cantidad, adecuada a su edad.

    8. Fomentar el uso de ropa limpia y adecuada al momento y a la actividad, as como a vestirse de acuerdo con una esttica adecuada a su fsico y edad, y respetando sus preferencias.

    9. Ensearles a cuidar y mantener en buen estado su ropa.

    10. Establecer pautas de funcionamiento y organizacin del centro que garanticen la posibilidad de cuidar de su higiene personal en condiciones de privacidad.

  5. Debern atenderse las necesidades de sueo de cada persona internada en un centro educativo de justicia juvenil, respetndose un mnimo 8 de horas diarias.

  6. Al efecto, ser necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

    1. Seguir rutinas, tanto para el momento de levantarse como para el de acostarse.

    2. Asegurar la supervisin durante el sueo.

    3. Prestar especial atencin a quienes presentan alteraciones del sueo o acaban de ingresar.

  1. Deber procurarse el bienestar emocional de las personas que se encuentren cumpliendo una medida judicial de internamiento, promoviendo su inclusin en el grupo y asegurndose de que cuentan con los apoyos necesarios tanto dentro como fuera del recurso de acogimiento residencial.

  2. A tal efecto, se deber:

    1. Evitar cualquier prctica de marginacin por parte de otras u otros residentes o de las personas profesionales del centro.

    2. Procurar el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en funcin del sexo y el rechazo de toda forma de discriminacin.

    3. Fomentar el desarrollo de lazos de amistad en el grupo y apoyar a menores y jvenes que, por sus caractersticas especiales, presenten mayores dificultades de integracin en el grupo.

    4. Asegurarse de que las personas internadas pueden acudir a cualquier profesional de su unidad convivencial, y a otros u otras trabajadores o trabajadoras del centro y del Servicio de Justicia Juvenil o de los Equipos Psicosociales para transmitirle sus preocupaciones y dudas.

    5. Organizar la atencin de manera individualizada mediante la figura de la persona educadora-tutora, quien mantendr espacios de atencin individual con una periodicidad mnima semanal.

    6. Favorecer la expresin emocional y la empata como aspectos fundamentales para la construccin de relaciones igualitarias entre mujeres y hombres.

  1. Se promover la autonoma de menores y jvenes, tanto en el mbito pblico como en el privado, as como el desarrollo de la responsabilidad sobre sus conductas.

  2. Al efecto, ser necesario que se renan las siguientes condiciones:

    1. Organizar la vida cotidiana de modo que las personas internadas adquieran un sentido del orden y de la predictibilidad y puedan controlar su conducta.

    2. Clarificar las responsabilidades de las personas adultas en el centro y definir aquellos otros mbitos en los que los y las residentes pueden actuar con mayor autonoma.

    3. Ayudar a las personas acogidas a desarrollar su autonoma moral y a desarrollar pautas de conducta que mejoren sus niveles de autonoma personal y de competencia social.

    4. Ayudar a las personas acogidas a participar y colaborar, a debatir y analizar situaciones, a tener sentido crtico constructivo, a hacer del dilogo una herramienta en la resolucin de conflictos, articulando espacios, actividades y tiempos que lo posibiliten.

    5. Permitir y facilitar la asuncin gradual de responsabilidades de acuerdo con sus capacidades y en funcin de su momento evolutivo, procediendo para ello a asignar tareas, a estimular el sentimiento de conservacin de las pertenencias personales y de respeto de las pertenencias ajenas, as como ensear a manejar el dinero.

    6. Ayudar a las personas acogidas a modificar los comportamientos que resulten inadecuados para su desarrollo personal y social, desarrollando al efecto procedimientos claros que guen las intervenciones y garanticen la proteccin de sus derechos.

  1. Deber garantizarse la formacin escolar y/o profesional de las personas acogidas en la red de centros de justicia juvenil.

  2. Al efecto, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Garantizar la escolarizacin, procurando que los y las adolescentes sean integrados en el contexto escolar ms adecuado a sus necesidades y mantenindolos, cuando sea posible y siempre que no sea contrario a su inters o a la medida, en sus centros educativos habituales.

    2. Establecer vnculos de coordinacin entre el centro de cumplimiento de la medida y el centro educativo, preferentemente entre el tutor o tutora escolar y el educador o educadora de referencia o profesional responsable de las relaciones externas y, en lo posible, coordinar las actuaciones entre ambos.

    3. Propiciar la adquisicin de hbitos de estudio.

    4. Garantizar materiales, espacios, tiempo y estmulos apropiados para su formacin. Los materiales didcticos han de integrar los objetivos coeducativos y hacer un uso no sexista del lenguaje y garantizar una presencia equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres en sus imgenes.

    5. Ofrecer los apoyos escolares y extraescolares que precisen.

  1. Deber facilitarse el acceso de las y los adolescentes a los servicios de orientacin e incorporacin laboral.

  2. Al efecto, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Promover el acceso a la orientacin e incorporacin laboral de las y los adolescentes que no vayan a proseguir su educacin o su formacin, a partir de la edad de 16 aos.

    2. Establecer vnculos de coordinacin entre el centro y los servicios de orientacin laboral, bsqueda de empleo e incorporacin laboral.

    3. En su caso, ofrecer acompaamiento a las y los adolescentes en su proceso de incorporacin laboral.

    4. Ofrecer modelos no estereotipados de mujeres y hombres en relacin con la formacin y el empleo.

    5. Promover en las chicas y chicos la centralidad del empleo como fuente fundamental de autonoma econmica y personal.

  1. Se deber proporcionar a los y las adolescentes experiencias de juego y ocio, culturales y deportivas, integradas en su vida cotidiana.

  2. Al efecto, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Responder a sus necesidades de estimulacin, de actividad fsica, de exploracin y de interaccin ldica.

    2. Estimular y facilitar la participacin en actividades de tiempo libre en la comunidad.

    3. Facilitar la participacin en actividades de tiempo libre variadas, adaptadas a las necesidades, las preferencias y los intereses individuales, y fomentar la realizacin de actividades culturales.

    4. Favorecer la adquisicin de la capacidad de aprovechar y organizar su tiempo libre de forma autnoma, disponiendo de un presupuesto dedicado a las actividades de ocio.

    5. Tener en cuenta las diferentes necesidades, experiencias y habilidades desarrolladas por las chicas y los chicos.

  1. Se favorecer la conservacin de la identidad socio-cultural, siendo el respeto por la misma uno de los principios que debe inspirar el modelo educativo.

  2. Al efecto, y siempre que no resulte contrario al inters superior de los y las adolescentes, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Favorecer el mantenimiento de la identidad sociocultural facilitando el acceso a los materiales didcticos o culturales y a las actividades que permitan esa aproximacin.

    2. Garantizar el respeto a la pluralidad sociocultural en la organizacin del Centro.

  1. Deber favorecerse la integracin y la participacin de los y las adolescentes en la comunidad.

  2. Al efecto, y siempre que no resulte contrario al inters superior de los y las adolescentes, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Promover y organizar la utilizacin de los recursos comunitarios que mejor respondan a las necesidades de los y las adolescentes.

    2. Evitar signos de estigmatizacin que identifiquen el centro, a las y los residentes o a los trabajadores y trabajadoras.

    3. Diversificar los recursos comunitarios utilizados en las reas educativa, cultural o de ocio.

    4. Trabajar en coordinacin con las personas profesionales de los recursos comunitarios utilizados, procurando cierta adaptacin de estos recursos a las necesidades de los y las adolescentes.

  1. Se realizarn todas las actuaciones necesarias para garantizar un lugar estable de residencia y los medios de vida imprescindibles para, en su caso, poder llevar una vida autnoma.

  2. Al efecto, y siempre que no resulte contrario al inters superior de los y las adolescentes, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Realizar cuantas gestiones resulten necesarias para regularizar la situacin legal de las personas extranjeras y no documentadas: pasaporte, permiso de residencia, permiso de trabajo, as como cualquier otro documento que precisen.

    2. Tramitar las ayudas, subsidios y todo tipo de recursos y prestaciones a las que las personas acogidas tengan derecho.

    3. Facilitar el acceso a los recursos residenciales de otras instancias de la administracin competentes.

    4. Impulsar el acceso a programas o servicios favorecedores de su emancipacin.

    5. Priorizar la participacin en programas de empleo y de mejora de la empleabilidad con aquellas personas adolescentes que no cuenten con medios de vida o no quieran seguir un itinerario formativo.

  1. Deber ofrecerse un entorno inclusivo y una atencin adecuada a las personas que presenten necesidades especiales, ya sea a causa de discapacidades, ya sea a causa de otras limitaciones derivadas del entorno social o familiar en el que han crecido.

  2. A tal efecto, y siempre que no resulte contrario al inters superior de los y las adolescentes, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Se prestar ayuda a las personas acogidas cuyo idioma materno no sea ninguno de los idiomas oficiales de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco o que necesiten mtodos alternativos de comunicacin, haciendo posible que transmitan sus necesidades y deseos y que se comuniquen con el personal del centro y con los dems chicos y chicas del grupo.

    2. Se prestar apoyo a las adolescentes embarazadas y a las y los adolescentes que sean madres o padres. Se fomentar adems la corresponsabilidad y la tica del cuidado.

    3. Los y las adolescentes con necesidades especiales accedern a los servicios externos especializados de carcter educativo, recreativo, sanitario o de otra naturaleza, que resulten ms idneos. El personal del recurso de acogimiento residencial cooperar en la realizacin de las actividades que determinen los y las especialistas consultados.

  1. La mediacin, directa o indirecta, buscar la responsabilizacin de la persona menor por el hecho y la reparacin directa o indirecta a la vctima o vctimas.

  2. El Servicio de Justicia Juvenil dispondr que existan en todos los centros programas y personal adecuado para la realizacin de las funciones de mediacin autor-vctima previstas en el artculo 15 del Real Decreto 1774/2004.

  3. El estudio de la conveniencia de realizar una mediacin entre la persona menor de edad y la vctima o vctimas formar parte de todos los Proyectos Educativos Individuales.

  1. El diseo arquitectnico de los Centros y las instalaciones debern estar al servicio del Proyecto Educativo del Centro y favorecer su desarrollo. Su ubicacin ser la adecuada al cumplimiento de los objetivos y funciones que tenga asignados. Los Centros debern cumplir, en funcin de su tamao y caractersticas, las condiciones estipuladas en la legislacin vigente en materia sanitaria, urbanstica, arquitectnica y de seguridad e higiene, incluidos los requisitos relacionados con la proteccin acstica, las condiciones trmicas y la proteccin contra incendios. Los materiales de equipamiento, mobiliario y decoracin tendrn una calidad digna y estarn adaptados a la edad, caractersticas y necesidades de las personas internas, siguiendo criterios de funcionalidad, bienestar y seguridad.

  2. Los Centros estarn coordinados con el resto de servicios de atencin a la adolescencia y juventud, de manera prioritaria con las redes sanitarias, educativas, formativas, de empleo, tiempo libre y servicios sociales.

  3. Los Centros Educativos o Unidades Convivenciales sern de tamao reducido para que los menores se sientan partcipes de su funcionamiento y para que pueda garantizarse la atencin personalizada.

  4. Tendrn una estructura flexible y polivalente para que sean capaces de adaptarse en sus programas a las nuevas demandas educativas y teraputicas que puedan presentarse. Asimismo, se hace necesario que tengan capacidad propia, o en relacin con otros, para responder a las demandas de las personas atendidas en todos los mbitos: formacin, salud, hbitos de vida, empleo, tiempo libre, socio-familiar.

  5. Los Centros estarn atendidos por personal cualificado. Al menos un 80% de los profesionales de atencin educativa directa debern poseer titulacin de grado medio o superior universitario, preferentemente en las reas psicosocioeducativas. Si algn profesional, hasta un mximo del 20% de la plantilla, no dispusiera de est titulacin, deber acreditar su experiencia y cualificacin certificada por una entidad homologada conforme a la normativa vigente.

  6. Debido a la presencia de menores extranjeros no acompaados en los Centros de internamiento, se procurar que exista personal o medios para relacionarse con estas personas menores en su idioma y que sea conocedor de su cultura. En todo caso se potenciar la formacin continua de las y los educadores y dems profesionales que intervengan en la ejecucin de medidas respecto de la formacin en la cultura de los pases de los que son originarios estos menores.

  7. Las funciones de seguridad estarn al servicio del Proyecto Educativo del Centro.

  8. Estarn dotados de proyectos educativos integrales y evaluables, y sern evaluados con la periodicidad que el Servicio de Justicia Juvenil establezca.

  9. Se establecern procedimientos estables de comunicacin y coordinacin con el Servicio de Justicia Juvenil, los Juzgados, fiscalas y equipos tcnicos.

  10. Se realizarn informes y memorias anuales sobre el funcionamiento de cada uno de los Centros.

  1. Para el cumplimiento de las medidas privativas de libertad existirn centros de pequeo tamao, territorializados, flexibles y que permitan la adscripcin en funcin del sexo, el tipo de medida, la fase de ejecucin de la medida y las necesidades de intervencin educativa individualmente consideradas.

  2. Para el cumplimiento de las medidas con mayor restriccin de la libertad existirn Centros de Nivel I.

  3. Para el cumplimiento de las medidas en rgimen cerrado de corta duracin, semiabierto o abierto que requieran una estrecha relacin con la comunidad existirn los Centros de integracin comunitaria o Nivel II.

  4. Las Residencias de Autonoma o de Nivel III sern centros destinados al cumplimiento de medidas de internamiento en sus ltimas fases, cuando requieran una estrecha integracin en la comunidad y una responsabilizacin autnoma de la persona menor.

  1. Los Centros dirigidos a menores o jvenes que deban cumplir medidas ms restrictivas en cuanto a su contacto con el exterior y/o sean de muy larga duracin, acogern fundamentalmente personas menores de edad sometidas a medidas de internamiento cerrado y semiabierto, internamiento teraputico cerrado y semiabierto, medidas cautelares de internamiento y medidas de permanencia de fin de semana en centro. Estos centros podrn ser mixtos, y sern adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de las personas menores internadas.

  2. Cuando la evolucin de la persona menor lo determine, pasarn a cumplir la medida en un centro de Nivel II o III.

  3. Contarn con todos los servicios necesarios para atender desde el propio Centro las siguientes reas de actuacin: salud y hbitos de vida saludable, alimentacin, formacin escolar, formacin profesional, ocio, sociofamiliar, autonoma y responsabilidad, apoyo comunitario, adquisicin de hbitos bsicos, desarrollo psicosocial, deporte. En todo caso, en al menos uno de los Centros de Nivel I, existir una unidad especial para la asistencia psicoteraputica para menores con problemas de salud mental y/o problemas graves de drogodependencias, que contar con el personal especializado y adecuado y suficiente, as como con los programas especficos de tratamiento educativo y teraputico.

  4. La gestin de este tipo de Centros ser preferentemente asumida de forma directa por personal propio del Departamento competente en materia de Justicia.

  5. Los Centros de Nivel I en ningn caso podrn superar las 9 plazas por Unidad Convivencial y las 40 en total.

  6. El nmero mnimo de educadores y educadoras por cada uno de los grupos o unidades convivenciales, cuando acojan a seis o ms personas, ser de 8. Adems cada una de estas unidades contar con un o una coordinadora.

  7. Los Centros de Nivel I dispondrn de al menos 1 psiclogo o psicloga por cada 20 plazas, de un o de una trabajadora social por cada 20 plazas y de personal mdico suficiente, de Osakidetza, para la atencin cotidiana en el rea de salud. Si se cumplen medidas de internamiento teraputico, contarn asimismo con las y los especialistas o personal facultativo adecuado para el tratamiento teraputico.

  1. Son Centros dirigidos a menores y jvenes que deban cumplir medidas de internamiento que requieran durante su desarrollo un uso cotidiano de recursos de la red comunitaria. A ellos podrn ir destinadas las personas para el cumplimiento de medidas de internamiento en rgimen abierto, semiabierto, cerrado de corta duracin, y de internamientos de fin de semana. Estos Centros podrn acoger menores y jvenes sometidos a medidas cautelares que se adecuen al proyecto educativo y caractersticas de los Centros de este nivel.

  2. Estos Centros sern de pequeo tamao, que en ningn caso podrn superar las 10 plazas por Unidad Convivencial y las 20 en total. Tendrn vocacin de generalidad y estarn en contacto permanente con el entorno ms prximo.

  3. El nmero mnimo de educadores y educadoras por cada uno de los grupos o unidades convivenciales, cuando acojan a 7 o ms personas, ser de 8. Adems cada una de estas unidades contar, al menos, con un o una coordinadora a media jornada.

  4. La gestin de estos Centros podr ser indirecta, ejercida a travs de entidades o asociaciones sin nimo de lucro inscritas en el Registro de Entidades, sin que ello suponga cesin de responsabilidad por el Servicio de Justicia Juvenil.

  1. Las Residencias de autonoma estn encaminadas a las personas menores que han cubierto las fases iniciales del proceso educativo y su proyecto a corto/medio plazo se dirige a la adquisicin de unos niveles de autonoma personal y social en los mbitos de la vida cotidiana.

  2. Estos Centros sern, por sus caractersticas, de tamao pequeo, preferentemente insertos en la comunidad social, y no podrn superar un mximo de seis plazas.

  3. La gestin de estos Centros ser preferentemente indirecta, ejercida a travs de entidades o asociaciones sin nimo de lucro inscritas en el Registro de Entidades. En el ejercicio de su actividad se realizar el debido control por parte del Servicio de Justicia Juvenil.

  4. Cada uno de estos centros contar con un o una Responsable, y con un mnimo de cuatro educadores y educadoras.

  1. Los Centros de Nivel I contarn con un o una Responsable, un equipo multidisciplinar y un coordinador o coordinadora por cada unidad convivencial.

  2. Los Centros de Nivel II contarn con un o una Responsable y un coordinador o coordinadora por cada unidad convivencial.

  3. Los Centros de Nivel III contarn con un o una Responsable.

Son funciones de la Direccin, que ser ejercida por la persona Responsable del centro:

  1. Dirigir, coordinar, controlar y supervisar las directrices establecidas por el Servicio de Justicia Juvenil.

  2. Dictar las rdenes de servicio relativas al funcionamiento y organizacin interna del Centro, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Servicio de Justicia Juvenil.

  3. Administrar y gestionar los recursos econmicos del Centro de conformidad con la legislacin vigente y las directrices del Servicio de Justicia Juvenil.

  4. Realizar el estudio de las necesidades econmicas o de otra ndole para el correcto funcionamiento del Centro.

  5. Velar por la difusin en el Centro de las instrucciones y rdenes de servicio dictadas por el Servicio de Justicia Juvenil.

  6. Remitir al Servicio de Justicia Juvenil los informes y propuestas que se recogen en este Decreto.

  7. Velar por que se garanticen a las personas internadas los derechos que les reconoce la vigente legislacin, adoptando las medidas oportunas para este fin. A tales efectos son facultades de la Direccin:

    1. Aumentar la frecuencia de las comunicaciones de un o una menor, o autorizar la asistencia de un nmero mayor de visitantes, previa resolucin motivada.

    2. Autorizar las visitas de amigos o amigas o terceros sin relacin familiar, debiendo motivar en su resolucin aquellas decisiones negativas al respecto.

    3. Ordenar la suspensin temporal o terminacin de cualquier visita en funcin de las razones establecidas en el artculo 40.6 del Real Decreto 1774/2004.

    4. Autorizar la recepcin o realizacin de llamadas con personas distintas de sus familiares o representantes legales, o realizar las mismas fuera del horario del centro.

    5. Emitir informe motivado, dirigido al Servicio de Justicia Juvenil, sobre las propuestas de resolucin denegatorias del derecho a disfrutar de permisos o salidas programadas.

    6. Autorizar los permisos ordinarios, extraordinarios, las salidas de fin de semana, o las salidas programadas, con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1774/2004.

    7. Poner en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil a la mayor brevedad posible, a los efectos previstos en los artculos 52.1 y 52.2 del Real Decreto 1774/2004, la concurrencia de hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron la concesin de un permiso ordinario, extraordinario, una salida de fin de semana, o una salida programada, o el hecho de que la persona menor quedase imputada en un nuevo hecho constitutivo de infraccin penal.

    8. Autorizar las inspecciones de las dependencias y locales del Centro en las situaciones y requisitos establecidos reglamentariamente.

    9. Autorizar un cacheo con desnudo integral cuando, por motivos de seguridad concretos y especficos, existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que la persona menor oculta en su cuerpo algn objeto peligroso o sustancia susceptible de causar grave dao a la salud o integridad fsica de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del Centro. Esta incidencia deber ser notificada al Juez de Menores, al Ministerio Fiscal y al Servicio de Justicia Juvenil, con explicacin detallada de las razones que aconsejan el cacheo y los resultados obtenidos.

    10. Poner inmediatamente en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil la existencia de riesgo inminente de graves alteraciones del orden con peligro para la vida o la integridad fsica de las personas o para las instalaciones, a los efectos de solicitud de la intervencin de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad competentes. Excepcionalmente, y cuando la situacin lo precise, la solicitud puede realizarla directamente.

    11. Proceder a la apertura de un expediente informativo cuando se utilicen las defensas de goma y la sujecin mecnica.

    12. Poner en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil, siempre que sea posible, de forma motivada y razonada, a la mayor urgencia posible, la situacin que exija la utilizacin de medios de contencin, para su autorizacin, salvo que por razones de urgencia sea imposible dicha gestin, en cuyo caso la intervencin ser autorizada por la Direccin.

    1. Realizar las intervenciones que en el rgimen disciplinario vienen establecidas por las normas recogidas en los artculos 71 a 78 del Real Decreto 1774/2004 para la imposicin de sanciones muy graves o graves, y por las establecidas en su artculo 79 para las sanciones impuestas por faltas leves.

    2. Responsabilizarse del servicio de seguridad y vigilancia. Pondr en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil cualquier incidente que pueda surgir en el desempeo de las labores asignadas a los vigilantes de seguridad.

    1. Requerir al Servicio de Justicia Juvenil, previo informe motivado sobre el incumplimiento de alguna obligacin, la sustitucin de cualquier vigilante de seguridad.

  8. Solicitar al Servicio de Justicia Juvenil las propuestas oportunas sobre mantenimiento, modificacin o sustitucin de las medidas impuestas.

  9. Autorizar, previa aprobacin o mandamiento de la autoridad competente, la salida del Centro de las y los menores y jvenes internados.

  10. Autorizar las comunicaciones, visitas y salidas al exterior de las y los menores y jvenes, de conformidad con las condiciones establecidas en cada caso por los Juzgados de Menores o el Servicio de Justicia Juvenil.

  11. Organizar y coordinar el equipo multidisciplinar.

  1. El Equipo tendr carcter multidisciplinar y estar compuesto por personal tcnico con formacin universitaria en las reas psico-socio-educativas. Participarn, adems de en tareas propias de su formacin, en funciones de estudio, asesoramiento, propuesta, valoracin, seguimiento e intervencin especializada.

  2. El Equipo actuar bajo la dependencia directa de la Direccin o el o la profesional que la Direccin designe, quien organizar, dirigir, coordinar y orientar su trabajo.

  3. El Equipo se reunir con carcter ordinario una vez a la semana y cuantas veces sea necesario para elaborar y revisar los programas individuales de intervencin de las personas menores internadas, con la elaboracin de los informes preceptivos y de propuestas.

  4. El rgimen de funcionamiento del Equipo se regir por las normas de funcionamiento interno del Centro. Del resultado de las reuniones se levantar la correspondiente acta en el que quedarn reseadas las personas asistentes y acuerdos adoptados.

  5. En las sesiones ordinarias actuar como Presidente o Presidenta el Director o la Directora del Centro y como secretario o secretaria uno de los tcnicos, que ser designado por la Direccin.

  6. El Equipo tendr las siguientes funciones:

    1. Elaborar, previo estudio individual de la persona menor, el Proyecto Educativo Individual procediendo a su revisin peridica atendiendo a su evolucin.

    2. Elevar a la Direccin o al profesional que la Direccin designe las propuestas sobre modificacin de medidas impuestas para su aprobacin y tramitacin ante el Servicio de Justicia Juvenil y el Juzgado de Menores.

    3. Orientar a las y los profesionales educativos que desarrollen la atencin directa de los menores sobre las particularidades de cada uno de ellos en orden a un mejor logro de los objetivos establecidos en sus programas individuales.

    4. Informar a la Direccin del Centro sobre las peticiones y quejas que formulen las y los menores y jvenes, as como sobre las propuestas que en relacin a los mismos se formulen por otros profesionales.

    5. Asesorar a la Direccin en la toma de decisiones.

    6. Elaborar los informes tcnicos sobre las personas menores internadas que sean solicitados por el Servicio de Justicia Juvenil, el Juzgado de Menores o el Ministerio Fiscal.

    7. Cuantas otras funciones le sean atribuidas en virtud de la normativa vigente.

Los coordinadores y las coordinadoras tendrn las siguientes funciones:

  1. Participar en la elaboracin y evaluacin de los programas educativos y proyectos educativos de su unidad convivencial.

  2. Realizar el seguimiento de las actividades de vida cotidiana de su unidad educativa: preparar y coordinar las reuniones de los y las educadoras del grupo educativo, participar en la elaboracin de los turnos de trabajo, realizar la evaluacin del desempeo de los y las diferentes educadoras, supervisar el cumplimiento de las programaciones de su grupo, etc.

  3. Responsabilizarse de la elaboracin de los informes iniciales, de seguimiento, de incidencias y de reintegracin de las personas acogidas en su unidad.

  4. Realizar las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas a los educadores y educadoras de su unidad.

  5. Garantizar el escrupuloso respeto y cobertura de los derechos reconocidos a cada persona menor o joven de su unidad.

  6. Adoptar las medidas cautelares, en representacin de la Direccin del centro, ante situaciones de alteracin grave de la convivencia.

  7. Realizar las tareas o cometidos que la Direccin del centro le atribuya en relacin con sus funciones.

  8. Realizar, en su caso, las guardias de localizacin y disponibilidad en calidad de responsable del centro.

Los educadores y las educadoras tendrn las siguientes funciones:

  1. Ejercer la tutora de las personas menores de su grupo.

  2. Recoger y analizar la informacin de todas las reas de intervencin.

  3. Realizar las funciones de control y seguridad en el centro.

  4. Programar, dirigir y supervisar las actividades de vida cotidiana: limpiezas, aseos, comidas, descanso, tiempo libre, animaciones, intervencin psicopedaggica, etc.

  5. Garantizar el respeto a todos los derechos de las personas que residen en el centro.

  6. Garantizar el cumplimiento de las normas de rgimen interno del centro.

  7. Participar en las sesiones de programacin, seguimiento grupal, evaluacin, etc. de su grupo educativo y de los y las menores que lo componen.

  8. Responsabilizarse del cuidado y mantenimiento del centro.

  9. Realizar los acompaamientos de los chicos y chicas en la realizacin de actividades, asistencia a citaciones, etc.

  10. Realizar los turnos de trabajo que garanticen el funcionamiento del centro.

  1. Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los Centros Educativos consistirn en la observacin de las personas internadas. Tambin podrn suponer inspecciones de las dependencias, as como registros de personas, ropas y enseres personales de las y los menores. Para la ejecucin de estas medidas, en su forma y periodicidad, se atender a los criterios establecidos en el artculo 54 del Real Decreto 1774/2004, sometindose la actuacin de las y los profesionales del Centro a los principios de necesidad y proporcionalidad, efectundose siempre con el debido respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de la persona. Ante la opcin de utilizar medios de igual eficacia, se dar preferencia a los de carcter electrnico.

  2. Las inspecciones de las dependencias y locales del Centro se realizarn con la periodicidad que establezca el Servicio de Justicia Juvenil o la Direccin del Centro, salvo que existan razones de urgencia necesarias para salvaguardar la integridad fsica de las personas menores o trabajadoras del Centro, en cuyo caso, la inspeccin puede autorizarla la persona responsable del Centro en ese momento. Cuando se trate de la inspeccin en la habitacin de una persona menor, se le ofrecer la posibilidad de que est presente durante el desarrollo de la misma. Cuando se realice por personal de seguridad asistir en todo caso personal educativo. De idntica forma, se proceder ante el registro de las ropas o enseres personales del o de la menor.

  3. Cuando para evitar la introduccin o tenencia de cualquier objeto no autorizado, se considere necesario el registro de una persona menor que entre o se encuentre en el Centro Educativo, se proceder al registro personal por parte del personal educativo o de seguridad, que ser siempre del mismo sexo que el o la menor. Para este registro no se podr exigir a la persona menor que se desprenda de sus ropas, debiendo utilizarse los medios electrnicos o de palpacin que se consideren necesarios. Este registro deber practicarse en su habitacin o en una sala que garantice la suficiente privacidad.

  4. Cuando por motivos de seguridad concretos y especficos, existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que la persona menor oculta en su cuerpo algn objeto peligroso o sustancia susceptible de causar grave dao a la salud o integridad fsica de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del Centro, y cuando no sea posible la utilizacin de medios electrnicos, la Direccin del Centro podr autorizar un cacheo con desnudo integral, en cuyo caso, deber notificar tal incidencia al Juzgado de Menores, al Ministerio Fiscal y al Servicio de Justicia Juvenil, con explicacin detallada de las razones que aconsejan el cacheo y los resultados obtenidos. En todo caso, se facilitar a la persona menor una bata para preservar de forma razonable su intimidad. Los informes que los profesionales del Centro deben emitir para la realizacin de un cacheo con desnudo integral y que deben ser dirigidos a la Direccin del Centro, al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Menores, tambin deben remitirse al Servicio de Justicia Juvenil.

  5. Cuando exista riesgo inminente de muy graves alteraciones del orden con peligro para la vida o la integridad fsica de las personas o para las instalaciones, la Direccin del Centro lo pondr inmediatamente en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil para la solicitud de la intervencin de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad competentes. Excepcionalmente, y cuando la situacin lo precise, la solicitud puede realizarla directamente la Direccin, poniendo inmediatamente en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil tal incidencia.

  1. En caso de que se considere necesaria la presencia de un servicio de personal especializado en funciones de vigilancia y apoyo a las actuaciones de los trabajadores del Centro, deber acordarlo el Departamento competente en materia de justicia.

  2. La seguridad y vigilancia estn supeditadas a los objetivos educativos y programas que a tales fines se establezcan. Por ello, el personal vigilante de seguridad no permanecer, como regla general, en la realizacin de actividades de los y las menores, salvo que el personal educativo as lo solicite y lo considere oportuno ante la existencia de indicios de que se pueda producir algn tipo de grave situacin conflictiva.

  3. La Direccin ser responsable del servicio de seguridad y vigilancia y pondr en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil cualquier incidente que puedan surgir en el desempeo de las labores asignadas al personal vigilante de seguridad.

  4. La funcin primordial del personal vigilante de seguridad ser el apoyo y proteccin de la integridad fsica de las y de los educadores, del resto del personal y de las y los menores o jvenes que puedan encontrarse en el Centro educativo, actuando solamente en las situaciones que no puedan ser solucionadas por el personal educativo, siguiendo en este sentido, siempre, las pautas marcadas por la Direccin del Centro, salvo que observaran la inminencia o evidente agresin, en cuyo caso podrn intervenir de la forma menos aflictiva posible, sin esperar indicacin alguna. En cualquier caso, el personal vigilante de seguridad recibir instrucciones especficas sobre el servicio a prestar dentro de las funciones generales que le son propias, sin perjuicio del deber de auxilio a la autoridad judicial cuando sta lo requiera. Otras funciones del personal vigilante de seguridad sern:

    1. Realizar la vigilancia y proteccin interior y exterior del Centro (instalaciones, equipamiento y mobiliario del mismo) con carcter preventivo.

    2. Controlar los accesos, no permitiendo la entrada o salida de personas no autorizadas y manteniendo actualizado el Registro habilitado al efecto.

    3. Acompaar los traslados que resulten necesarios en el interior del Centro.

    4. Realizar los registros necesarios en presencia del personal educativo o la Direccin del Centro, cuando sean expresamente requeridos para ello.

    5. Comunicar a la Direccin del Centro cualquier anomala con relacin al funcionamiento del Centro, especialmente en todo lo relacionado con los sistemas de seguridad.

    6. Realizar una ronda de inspeccin por las dependencias del Centro, incluidas las zonas exteriores de las mismas, al comienzo y finalizacin del servicio. Las incidencias de estas inspecciones quedarn reflejadas en un parte diario de incidencias, y se remitirn semanalmente a la persona responsable del Centro y a la persona responsable de seguridad del Sistema de Justicia juvenil.

    7. Conocer los medios tcnicos de vigilancia, seguridad, extincin de incendios, y el plan de emergencia y evacuacin con los que cuenta el Centro.

  5. En ningn caso se le permitir la entrada al Centro portando cualquier tipo de arma, ni siquiera al personal que disponga de licencia de uso.

  6. nicamente cuando exista riesgo inminente de graves alteraciones del orden con peligro para la vida o integridad fsica de personas o instalaciones, el Servicio de Justicia Juvenil podr solicitar la intervencin de la Ertzaintza, dando cuenta inmediatamente al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal. Excepcionalmente, y en caso de urgencia, ser la Direccin quien realice la solicitud de intervencin, poniendo en conocimiento de este hecho, a la mayor brevedad posible, al Servicio de Justicia Juvenil.

  7. El personal de vigilancia tendr la obligacin de salvaguardar la confidencialidad de todo aquello que haya escuchado en relacin con los menores del Centro.

  8. La Direccin del Centro podr requerir al Servicio de Justicia Juvenil, previo informe motivado sobre el incumplimiento de alguna obligacin, la sustitucin de cualquier vigilante de seguridad. Ser el Servicio de Justicia Juvenil quien gestionar el cambio de personal.

  1. Solamente se podrn utilizar los medios de contencin recogidos en el artculo 55.2 del Real Decreto 1774/2004 para evitar actos de violencia o lesiones de los y las menores a s mismos o a otras personas, para impedir actos de fuga y daos en las instalaciones del Centro y ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del Centro.

  2. La Direccin del Centro pondr en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil, de forma inmediata y motivada, la situacin que exija la utilizacin de medios de contencin. Posteriormente, y de forma inmediata, se pondr en su conocimiento el inicio y el cese de tales medios de contencin, con expresin detallada de los hechos que hubiesen dado lugar a su utilizacin, de los medios de contencin utilizados y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento.

  3. La contencin fsica personal consiste en la sujecin o contencin con la fuerza mnima necesaria para impedir a la persona menor su capacidad de accin o limitar sus movimientos. Por causas extraordinarias de resistencia o por el nmero de menores se podrn utilizar escudos de plstico y cascos homologados como elementos de proteccin.

  4. Las defensas de goma homologadas nicamente sern aplicables excepcionalmente para evitar actos de violencia o lesiones de los menores a s mismos o a otras personas, no siendo portadas normalmente por el personal de seguridad en el recinto en que se encuentren las personas menores de edad.

  5. La sujecin mecnica para la inmovilizacin total o parcial de la persona menor se emplear en casos excepcionales como ltimo recurso y en condiciones que no comprometan su seguridad, salud o integridad fsica. Slo se podrn utilizar las esposas o correas textiles homologadas.

  6. El aislamiento provisional exigir la necesidad de separar a la persona menor del resto del grupo y se le ubicar en su habitacin, siempre que sea posible, y, en caso contrario, en otra de anlogas caractersticas. En estos casos, el facultativo o profesional especializado pertinente realizar las visitas que la persona precise y en todo caso diariamente cuando se prolongue ms all de las 24 horas, emitiendo un Informe que la Direccin elevar al Servicio de Justicia Juvenil.

  7. En el empleo de los medios anteriormente reseados se actuar desde la proporcionalidad a la situacin de riesgo creada. Los medios de contencin se aplicarn cuando sea estrictamente necesario para preservar la integridad fsica de las personas o daos a los bienes y, en todo caso, se realizar de la forma ms rpida y menos aflictiva posible. En ningn caso podr suponer una sancin encubierta. Cuando se den este tipo de intervenciones se intentar, en la medida de lo posible, evitar la presencia de otras personas internadas, para lo que, previamente a la intervencin, se trasladar al resto a otro departamento o ubicacin, a ser posible por el personal del equipo educativo.

  8. La Direccin del Centro Educativo proceder a la apertura de un expediente informativo cuando se utilicen las defensas de goma y la sujecin mecnica. En l constarn los informes del personal de seguridad y del personal educativo, las razones o circunstancias que hubieren motivado la actuacin y la aplicacin de los medios de contencin y la declaracin de aqullos testigos que presenciasen los hechos, as como la de la persona menor o personas menores afectados por las medidas de contencin. De este informe se dar traslado al Servicio de Justicia Juvenil.

  9. En caso de que las personas menores presenten lesiones fsicas, bien derivadas del incidente que dio lugar a la adopcin de los medios de contencin, o bien derivadas de la utilizacin de los medios de contencin, sern trasladadas, en cuanto sea posible en razn de su situacin fsica, y siempre antes de las 6 primeras horas desde que ocurrieran los incidentes, al Centro Pblico de Salud ms cercano, siempre que el Centro Educativo no cuente en ese momento con personal mdico. Se notificar inmediatamente lo ocurrido al Servicio de Justicia Juvenil, al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Menores correspondiente.

  10. No podrn aplicarse medios de contencin en los casos previstos en el artculo 55.4 del Real Decreto 1774/2004, salvo que de la situacin pudiera derivarse un inminente peligro para su integridad o para la de otras personas, en cuyo caso, la Direccin puede autorizar su aplicacin, previa autorizacin del Servicio de Justicia juvenil. Estas circunstancias excepcionales debern acreditarse expresamente en la resolucin de autorizacin de los medios de contencin.

  1. Las personas menores de edad internas en un Centro Educativo tendrn derecho, como mnimo, a los permisos, comunicaciones y salidas establecidos en el Real Decreto 1774/2004.

  2. Cuando la naturaleza de la medida, el Proyecto Educativo Individual y la evolucin de la persona menor lo aconsejen, debern incrementarse los permisos comunicaciones y salidas previstas en el Real Decreto 1774/2004.

  3. En cuanto que toda la actividad en el Centro est destinada a la preparacin de la vida en libertad, el disfrute de los permisos, comunicaciones y salidas previstos en el nmero anterior no podr estar condicionado exclusivamente al comportamiento dentro del Centro sino a la capacidad de la persona menor para la vida en libertad que se estime en cada momento de su evolucin.

  4. La concesin de los permisos ordinarios y extraordinarios corresponde al director o a la directora del centro, quien comunicar dicha concesin al servicio de justicia juvenil, as como a la familia o entidad que ostente la guarda o tutela de la persona menor.

  5. Las salidas de fin de semana sern autorizadas por el director o la directora del centro. Su progresin quedar reflejada en el Proyecto Educativo Individual de la persona menor o joven y cualquier variacin en su concesin ser notificada al servicio de justicia juvenil, as como a la familia o entidad que ostente la guarda o tutela de la persona menor.

  6. La autorizacin de las salidas programadas corresponde al director o directora del centro.

  7. La concesin de permisos requerir del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artculo 45 del Real Decreto 1774/2004.

  8. El director o la directora del centro garantizar que todos los permisos y salidas cumplan lo establecido en el artculo 51 del Real Decreto 1774/2004.

  9. La suspensin o revocacin de los permisos corresponder al director o la directora del centro. Estos hechos sern puestos en conocimiento del servicio de justicia juvenil, as como a la familia o entidad que ostente la guarda o tutela de la persona menor.

  10. La suspensin de salidas o permisos por la comisin de hechos constitutivos de infraccin penal deber contar con el visto bueno del Juzgado de menores.

El rgimen disciplinario de los Centros tendr como finalidad contribuir a la seguridad y convivencia ordenada en los mismos y estimular el sentido de la responsabilidad y la capacidad de autocontrol de los menores internados. Este rgimen se basa en los principios de legalidad, presuncin de inocencia, intervencin mnima, ltima ratio, inmediatez y prevalencia de la finalidad educativa, buscando un equilibrio entre sta y las necesarias garantas para la persona menor. Sin perjuicio de las especialidades contenidas en este Captulo, el rgimen disciplinario se regir por lo dispuesto en el artculo 60 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad penal de los Menores, el Captulo IV del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, y en el artculo 95 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia.

  1. En los Centros propios, el rgano sancionador competente para la iniciacin y resolucin del procedimiento disciplinario, as como para la adopcin de medidas cautelares, ser la Direccin del Centro.

  2. En los Centros colaboradores, el rgano sancionador competente para la iniciacin y resolucin del procedimiento disciplinario, as como para la adopcin de medidas cautelares, ser el Servicio de Justicia Juvenil del Departamento de Justicia.

  1. Se registrarn en el expediente sancionador las medidas impuestas, con indicacin de la conducta o hecho que las origine, las circunstancias de su aplicacin y el nombre de la persona designada que le haya asistido tcnica o legalmente.

  2. El Servicio de Justicia Juvenil registrar todas las medidas sancionadoras impuestas en los Centros propios y colaboradores, con indicacin de la infraccin que origine la medida sancionadora y de las circunstancias de su aplicacin.

Las personas menores internadas tienen derecho a formular, verbalmente o por escrito, en sobre cerrado o abierto, peticiones y quejas al equipo multidisciplinar, a la Direccin, al Servicio de Justicia Juvenil o al Servicio de Inspeccin, que se ajustarn a lo establecido en el artculo 57 del Real Decreto 1774/2004.

  1. Las funciones de inspeccin de centros, previstas en el artculo 58 del Real Decreto 1774/2004, se llevarn a cabo por un rgano administrativo distinto del que sea competente para la ejecucin de las medidas privativas de libertad, y conforme a lo previsto, en lo que sea de aplicacin, por el Captulo IV del Decreto 163/2008, de 30 de septiembre, sobre autorizacin, homologacin, inspeccin y registro de las entidades colaboradoras en la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  2. La finalidad del servicio de inspeccin de centros es garantizar que la actuacin de los Centros propios y colaboradores y la de sus profesionales se lleva a cabo con respeto a los derechos y garantas de las personas menores internadas.

  3. Las personas menores internadas podrn solicitar la comunicacin con el Servicio de Inspeccin bien directamente o a travs del director o de la directora del Centro, y ello sin perjuicio de las comunicaciones que el Servicio de Inspeccin realice con la persona menor en el ejercicio de sus funciones.

  4. Estas funciones de inspeccin de los centros se llevarn a cabo sin perjuicio de las funciones de inspeccin que correspondan a los Jueces de Menores, al Ministerio Fiscal, al Ararteko, al Defensor o defensora de la Infancia y la Adolescencia, al Defensor del Pueblo y al Servicio de Justicia Juvenil.

  5. El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social articular los medios personales precisos, ajenos al rgano administrativo competente para la ejecucin de las medidas privativas de libertad, y el procedimiento para inspeccionar los Centros.

  1. El Servicio de Justicia Juvenil recibir la solicitud de una plaza de internamiento, internamiento teraputico o de permanencia de fin de semana remitida por el Juzgado de Menores correspondiente.

  2. El Servicio de Justicia Juvenil comunicar al Juzgado de Menores que corresponda la disponibilidad de la plaza. Se especificar el Centro Educativo concreto en el que residir la persona menor y el da en que puede acudir. Si se trata de un internamiento cautelar la disponibilidad de la plaza se debe garantizar de forma automtica y podr ser conducida directamente por la Ertzaintza.

  3. El Servicio de Justicia Juvenil comunicar a la persona menor y a su familia el lugar y la fecha de inicio de la medida. Se confeccionarn materiales de informacin de cada Centro educativo, en los cuales, a travs de textos y material fotogrfico, se muestre el emplazamiento, accesibilidad, objetivos y actividades desarrolladas en los mismos. Este material se entregar a la persona menor y a la familia lo antes posible.

  4. El ingreso de la persona menor se realizar en compaa de la familia o persona de su confianza.

  5. Se proceder a un perodo inicial de observacin que durar las cuatro primeras semanas. Durante el mismo el equipo multidisciplinar recoger toda la informacin de la persona sobre las reas susceptibles de actuacin: rea personal, hbitos de vida cotidiana, mbito escolar y prelaboral, rea familiar, de ocio y tiempo libre, estado de salud.

  6. El equipo multidisciplinar fijar un Proyecto Educativo Individual en el que establecern los objetivos, metodologa de intervencin, los recursos, instrumentos de seguimiento y evaluacin. Este programa ser remitido al Servicio de Justicia Juvenil, al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal y al letrado de la persona menor cuando as lo solicite. En todo caso, el Proyecto Educativo Individual, para ser desarrollado, deber contar con la participacin de la persona menor.

  7. Una vez iniciado el Proyecto Educativo Individual, la Direccin Centro informar trimestralmente al Servicio de Justicia Juvenil, al Juzgado de Menores y a la Fiscala sobre las incidencias acaecidas en la evolucin de la persona menor.

  8. Una vez conseguidos los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo Individual, el equipo multidisciplinar disear un programa de incorporacin paulatina a su entorno de vida cotidiana en colaboracin con las familias o los agentes sociales ms significativos en cada caso. Ser comunicado al Servicio de Justicia Juvenil, al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal.

  9. Siempre que el cumplimiento del Proyecto Educativo Individual y la evolucin de la persona lo determinen, la Direccin del Centro trasladar al Servicio de Justicia Juvenil peticin motivada de modificacin de la medida.

  10. Finalizada la medida, el equipo multidisciplinar elaborar un informe de evaluacin final que deber ser comunicado al Servicio de Justicia Juvenil, al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal.

  1. Los Proyectos Educativos Individuales debern contener valores acordes a los principios, derechos y libertades fundamentales recogidos en el ordenamiento jurdico, es decir, respeto a la diversidad y la no discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa, o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social. Recibirn una educacin no sexista, basada en valores que potencien la tolerancia, pluralidad, la sensibilizacin sobre los malos tratos o abusos sexuales.

  2. Se respetar y se promover el derecho de los padres, tutores o guardadores al seguimiento y a la participacin en la educacin escolar.

  3. Se propiciar la individualizacin de la atencin educativa con el apoyo de los profesionales cualificados para su desarrollo.

  4. Se fomentar la creacin de recursos y medios culturales para que puedan desarrollar sus capacidades y habilidades intelectuales, artsticas, deportivas y manuales.

  5. Se potenciar el acceso a la programacin televisiva o radiofnica u otro tipo de difusiones, espectculos de su inters, salvaguardando los fines socioeducativos.

  6. Los procesos educativos son responsabilidad de los profesionales habilitados para tal funcin. Los responsables de la seguridad seguirn siempre sus indicaciones en lo que se refiere a estas funciones y prestarn su apoyo, sin interferencias y siempre desde la perspectiva de que la funcin de seguridad est al servicio del Proyecto Educativo del Centro. Cualquier conflicto en este sentido ser comunicado al Servicio de Justicia Juvenil, que dirimir la controversia primando el superior inters de los derechos del menor.

Se faculta a la persona titular del Departamento competente en materia de aplicacin de las medidas de justicia juvenil para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecucin del presente Decreto.

El presente Decreto entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Pas Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de abril de 2009.

El Lehendakari,

JUAN JOS IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

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El artculo 45 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, establece que la ejecucin de las medidas corresponder a las Comunidades Autnomas. stas llevarn a cabo, de acuerdo con sus respectivas normas de organizacin, la creacin, direccin, organizacin y gestin de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecucin de las medidas previstas en la Ley. Del mismo modo, podrn establecer convenios o acuerdos de colaboracin necesarios con otras entidades, bien sean pblicas, de la Administracin del Estado, Local o de las Comunidades Autnomas o privadas sin nimo de lucro, para la ejecucin de las medidas de su competencia. En la Comunidad Autnoma del Pas Vasco es el Gobierno Vasco la Administracin Pblica competente, que ejercita esta competencia a travs del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social.

Las medidas de internamiento, internamiento teraputico y permanencia de fin de semana que dicten los Juzgados de Menores, que deban cumplirse en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, sern ejecutadas en la red de Centros que el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social dispone a tal efecto. Estas medidas responden a la naturaleza sancionadora-educativa definida por la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y su reglamento, aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, y la Ley 3/2005 del Parlamento Vasco, de 18 de febrero, de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia.

En esta ltima Ley se establecen los mbitos de actuacin y las modalidades de ejecucin de las medidas dictadas por el Juzgado de Menores, introduciendo las garantas necesarias para favorecer la calidad de la atencin y el respeto de los derechos de las personas infractoras menores de edad. A este efecto, en el artculo 91.2 de la Ley de Atencin y Proteccin a laInfancia y la Adolescencia se requiere al Departamento competente en materia de Justicia para que determine reglamentariamente los requisitos materiales, funcionales y de personal que debern reunir los centros para la ejecucin de las distintas medidas privativas de libertad, con expresa referencia a los derechos y obligaciones de las personas menores de edad y de los profesionales que les atienden y a las necesidad de que dispongan de un reglamento de rgimen interior que se ajuste en su contenido a las particularidades del centro y de su proyecto educativo.

Este es el objeto de este Decreto -cuyas disposiciones se enmarcan dentro de los lmites establecidos en la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y su reglamento, la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, la Convencin sobre los Derechos del Nio, de 20 de noviembre de 1989 y la Ley 3/2005, de 18 de febrero- la reglamentacin de los requisitos de los centros para el cumplimiento de las medidas de internamiento, en sus diversos regmenes, de internamiento teraputico, en sus diversos regmenes, y de permanencia de fin de semana en centro, que son las medidas privativas de libertad previstas en la actualidad en la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

Menores y jvenes, como principales destinatarias de la Ley reguladora de la Responsabilidad Penal, son personas sujetas a evolucin, en trnsito a la vida adulta, en las que el conflicto, la confrontacin y las dificultades de adaptacin son consustanciales a su condicin. Debido a ello, la justicia juvenil, para que tenga valor, sentido y eficacia preventiva, debe promover respuestas en la que prime lo educativo e integrador sobre la finalidad custodia, el futuro sobre el pasado, lo preventivo sobre lo retributivo. El trabajo con menores y jvenes infractores e infractoras debe estar impregnado de conceptos propios y dinmicos, basados en los cambios fsicos, cognitivos, conductuales y relacionales con el contexto familiar y social que les afectan en cuanto personas en proceso de crecimiento y bsqueda de identidad.

La consecucin del fin primordial y prevalente de la actividad en un centro educativo de cumplimiento de medidas privativas de libertad, a saber, la responsabilizacin, el crecimiento personal, la superacin de las carencias personales, el fortalecimiento de las potencialidades de la persona menor, todo ello con miras a la integracin familiar y social de la persona menor, determinar los requisitos materiales, funcionales y de personal de estos centros.

Por otro lado, la normativa estatal e internacional exige un escrupuloso respeto a todos los derechos que asisten a las personas menores y jvenes, convirtindose este inters en eje central de la legislacin y a las entidades pblicas la obligacin de velar por su efectiva salvaguarda. Por ello el Gobierno vasco ha configurado, dentro del respeto a la normativa reglamentaria -Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio-, un sistema de funcionamiento, en la adopcin definitiva de las resoluciones, que garantiza el control pblico del Sistema de Justicia Juvenil de las decisiones adoptadas por los equipos tcnicos de los centros y la direccin de cada Centro en materia de denegacin de permisos, salidas, comunicaciones, utilizacin de los medios de contencin y las resoluciones en el procedimiento disciplinario.

Por ltimo, los objetivos anteriores no son de posible cumplimiento sin la dotacin de una red de Centros educativos que garantice el ptimo cumplimiento de las medidas de internamiento. La experiencia en la ejecucin de las medidas de internamiento desde la aprobacin de la hoy derogada Ley Orgnica 4/1992 y, de manera muy especial, la adquirida desde la entrada en vigor de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en la que siempre se ha tenido especial cuidado en el respeto a las Declaraciones, Recomendaciones y Directrices Internacionales, obliga a determinar las caractersticas que los Centros deben tener, no slo para atender la demanda actual existente, sino tambin para hacer frente a las nuevas situaciones que la problemtica de la minora de edad va adoptando. Y, lo que es ms importante, el cumplimiento de los objetivos no es posible sin un colectivo profesional cualificado, formado, en relacin suficiente al nmero de personas menores y organizado eficazmente.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, odos los rganos consultivos interesados, de acuerdo con la Comisin Jurdica Asesora de Euskadi, y previa deliberacin y aprobacin del Consejo de Gobierno, en su sesin celebrada el da 21 de abril de 2009,

  1. El presente Decreto tiene por objeto la regulacin de los requisitos materiales, funcionales y de personal que debern reunir los centros para la ejecucin de las distintas medidas privativas de libertad.

  2. Son medidas privativas de libertad las que de este modo se definan en la legislacin reguladora de la responsabilidad penal de las personas menores de edad: el internamiento, el internamiento teraputico y la permanencia de fin de semana en centro.

  3. Tambin se cumplirn en estos centros las medidas cautelares y la detencin.

  4. Queda fuera del mbito de este Decreto la ejecucin de las medidas de permanencia de fin de semana en el domicilio.

  1. El Departamento competente en materia de Justicia llevar a cabo la creacin, direccin, organizacin y gestin de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar la correcta ejecucin de las medidas previstas en la Ley. Del mismo modo, podr establecer convenios o acuerdos de colaboracin necesarios con otras entidades, bien sean pblicas, de la Administracin del Estado, Local o de las Comunidades Autnomas o privadas sin nimo de lucro, para la ejecucin de las medidas de su competencia, sin que ello suponga en ningn caso cesin de la responsabilidad de la ejecucin.

  2. En todo caso, el Servicio de Justicia Juvenil asumir la aprobacin de los Proyectos Educativos Individuales de cada persona menor, las comunicaciones con los rganos judiciales y fiscalas en relacin con la ejecucin de la medida, la potestad sancionadora respecto a los menores residentes en centros conveniados, as como la supervisin e inspeccin ordinaria de los centros.

La finalidad de estos centros es doble:

  1. El cumplimiento de las medidas de internamiento, internamiento teraputico, en el rgimen establecido por la autoridad judicial, y de permanencia de fin de semana.

  2. La atencin integral a las personas acogidas en los mismos, ofreciendo una intervencin educativa orientada hacia la normalizacin, el desarrollo personal y el trnsito a la vida adulta para favorecer su desenvolvimiento autnomo.

  1. No podr ejecutarse ninguna medida privativa de libertad sino en virtud de resolucin judicial firme dictada de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa vigente.

  2. La ejecucin de las medidas judiciales se realizar bajo el control del Juzgado de Menores competente, en los trminos de lo dispuesto en el artculo 44 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  3. Las medidas que se adopten sern ejecutadas con respeto escrupuloso a los derechos y garantas individuales de las personas menores de edad, siendo obligacin de la entidad pblica velar por su efectividad. A estos efectos, el Servicio de Justicia Juvenil garantizar que se informe a las personas menores y les facilitar el acceso al Servicio de Inspeccin y otras entidades de control.

  4. La ejecucin de las medidas se basar en el principio de intervencin mnima, en su aspecto jurdico y educativo. No se limitar la libertad ms all de lo imprescindible en cada momento ni se intervendr ms de lo necesario para la persona menor.

  5. La vida en los Centros deber tomar como referencia la vida cotidiana de cualquier persona menor de edad, reduciendo los efectos negativos que la privacin de libertad pueda representar para ella y su familia, favoreciendo los vnculos sociales y la colaboracin y la participacin de las entidades pblicas y privadas en el proceso de integracin social.

  6. La vida en los centros estar destinada a preparar a la persona menor de edad para la vida en libertad, proporcionndole las mayores cotas de libertad y responsabilidad que su evolucin permita.

  7. Los programas y actuaciones tendrn naturaleza formativa, educativa, de atencin afectiva, psico-social, laboral y de ocio. Quedarn expresamente establecidas en Proyectos Educativos Individuales de ejecucin de la medida y sern fundamentadas en las caractersticas personales, necesidades e intereses de la persona menor.

  8. Las decisiones que afecten o pudieran afectar a elementos esenciales del cumplimiento de la medida o de la esfera personal de la persona menor se tomarn de forma colegiada y tendrn contenido interdisciplinar. Se garantizar su adopcin a travs de procesos que garanticen la objetividad, la imparcialidad y la seguridad jurdica.

  9. Las actuaciones profesionales respecto a las personas menores estarn marcadas por su carcter confidencial y la ausencia de ingerencias innecesarias en su vida privada y en la de sus familias. Ser de aplicacin la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de datos de Carcter Personal, respecto al tratamiento confidencial de la informacin.

  10. Los organismos, entidades e instituciones pblicas y privadas tienen la obligacin de colaborar y de coordinar sus actuaciones para permitir actuaciones eficaces y acordes con una utilizacin racional de los recursos.

  11. Los manuales de seguridad, vigilancia e intervencin educativa de los Centros Educativos se sometern al superior inters de los derechos de la persona joven o menor y a la consecucin del buen fin de la medida.

  12. El objetivo de la medida es la preparacin de la vida en libertad, para lo cual debe comenzarse a trabajar desde el comienzo de la ejecucin para que sea efectiva desde el momento en que sea legalmente posible y educativamente aconsejable, mediante la adaptacin del Proyecto Educativo Individual o la pertinente propuesta de modificacin de la medida conforme a la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

Las personas acogidas en los Centros Educativos regulados en este Decreto tendrn derecho:

  1. A ejercer los derechos civiles, polticos, sociales, religiosos, econmicos y culturales reconocidos por la Constitucin, los Tratados Internacionales ratificados por Espaa y el resto del ordenamiento jurdico vigente en materia de justicia juvenil.

  2. A que se respete su personalidad, su libertad ideolgica y religiosa, los derechos e intereses legtimos no afectados por el contenido de la medida, especialmente los inherentes a la minora de edad civil, as como todos los derechos contemplados en el artculo 56 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  3. A recibir informacin personal y actualizada acerca de sus derechos y obligaciones, de su situacin personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno del Centro y del contenido y evolucin de su Proyecto Educativo Individual y las evaluaciones que se hagan de su cumplimiento. La informacin deber facilitarse en un idioma que entiendan y, en su caso, en un formato, vocabulario y redaccin adaptados a su capacidad de entendimiento o a sus necesidades especiales.

  4. A ser informadas, en un lenguaje adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento, de los procedimientos de reclamacin existentes en el Centro educativo y de la posibilidad de formular peticiones y quejas a la direccin del Centro, a la Administracin autonmica, a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal, al Ararteko, al Defensor del Pueblo, y a presentar todos los recursos legales que prev la legislacin vigente en defensa de sus derechos e intereses legtimos.

  5. A ser informadas sin dilacin de la defuncin, accidente o enfermedad grave de un pariente cercano o de otra persona ntimamente vinculada con l, y de cualquier otra noticia importante comunicada por su familia.

  6. A ser atendidas sin discriminacin por razn de nacimiento, edad, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, respetando sus orgenes y favoreciendo la conservacin de su bagaje cultural y religioso.

  7. A que se respete la confidencialidad de los datos que consten en su expediente y el deber de reserva en su utilizacin; en este sentido, su condicin deber ser estrictamente reservada frente a terceros.

  8. A conocer su situacin legal en todo momento, as como que sus representantes legales estn informados sobre su situacin y evolucin, as como de los derechos que les corresponden, con los lmites previstos en la legislacin vigente.

  9. A comunicarse reservadamente con sus letrados y letradas, con el Juzgado de Menores competente, con el Ministerio Fiscal y con los servicios competentes para la inspeccin de los Centros Educativos.

  10. A que se vele por su vida, integridad fsica y salud. A tales efectos, las personas menores sern atendidas gratuitamente a travs de la red asistencial y hospitalaria pblica de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, incluida la realizacin de pruebas analticas para la deteccin de enfermedades infecto-contagiosas que pudieran suponer un peligro para la salud o la vida de la propia persona menor o de terceras personas. La red pblica de salud atender a las personas menores de edad y el Departamento competente en materia de Justicia garantizar que reciba la atencin mdica prescrita por facultativo que no est cubierta por la sanidad pblica. Al ingreso en un Centro Educativo, en su caso, se gestionar su tarjeta de asistencia sanitaria.

  11. A tener cubiertas las necesidades bsicas de la vida cotidiana que permitan su desarrollo personal integral.

  12. A recibir enseanza bsica obligatoria gratuita, formacin laboral adecuada y, en caso de que la persona menor tenga la edad laboral legalmente establecida, a un trabajo remunerado, dentro de la disponibilidad de la entidad pblica, y a las prestaciones sociales que legalmente les corresponda y dems garantas que se recogen en el artculo 53.4 del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgnica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. A tales efectos podr participar en las actividades programadas por el Centro y dispondr de un ambiente que provea de las condiciones educativas, deportivas, culturales y sociales adecuadas con referencia a la vida en libertad.

  13. A disponer de un Proyecto Educativo Individual y a participar en su elaboracin y evaluacin peridicas.

  14. A residir en un Centro Educativo cercano a su domicilio, de acuerdo con el rgimen de la medida y los criterios de adscripcin a Centro, para que sus relaciones familiares se vean favorecidas, con el objetivo de evitar los efectos negativos del alejamiento de su entorno familiar y social.

  15. A no ser adscritas a un Centro situado fuera de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, salvo en las excepciones y con los procedimientos regulados en la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  16. A ser tratadas de modo acorde al fomento de su sentido de la dignidad y responsabilidad, por el personal del Centro y por los dems residentes.

  17. A que se respete su intimidad en todas las fases de ejecucin de la medida impuesta.

  18. A comunicarse libremente con sus padres y madres, representantes legales, familiares u otras personas, salvo que fuera contrario a su inters y a recibir visitas en el Centro Educativo y disfrutar de salidas y permisos conforme a la normativa reglamentaria.

  19. A tener en su compaa a sus hijos e hijas menores de tres aos que estn a su cargo, en las condiciones y con los requisitos que se prevn en el ordenamiento jurdico.

  20. A observar la alimentacin, ritos y fiestas de la confesin religiosa que profese que no sean incompatibles con los derechos de las y los dems menores o con la organizacin del Centro.

  21. A las prestaciones por desempleo que legalmente le correspondan a la salida del Centro.

  22. A recibir una paga semanal para sus gastos personales, con base en su proyecto educativo individual.

Las personas acogidas en los Centros Educativos regulados en este Decreto tendrn las siguientes obligaciones:

  1. Todas las previstas en el artculo 57 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  2. Permanecer en el Centro Educativo hasta el momento de la finalizacin de la medida, sin perjuicio de los permisos, salidas y actividades que se puedan conceder o realizar en el exterior.

  3. Respetar y cumplir las normas de funcionamiento del Centro y las directrices o instrucciones que reciban del personal de aqul en el ejercicio legtimo de sus funciones.

  4. Mantener una actitud de respeto y consideracin hacia cuantas personas trabajen o convivan en el centro. Esta obligacin es igualmente vlida para todas aquellas personas con las que se relacione durante la realizacin de salidas o actividades programadas.

  5. Colaborar en conseguir una actividad ordenada en el interior del centro; para lo que se deben realizar las prestaciones personales obligatorias previstas en las normas de funcionamiento interno del centro para mantener el buen orden y la limpieza del mismo.

  6. Colaborar en conseguir una convivencia adecuada entre todas las personas menores y jvenes que residen en el centro, para lo que se deben utilizar tanto los cauces establecidos para la resolucin de conflictos como el aprendizaje de mtodos no violentos para la resolucin de conflictos y de modelos de convivencia basados en el respeto a la igualdad de sexos y a la diversidad.

  7. Respetar las normas higinico-sanitarias, de vestuario, alimentacin y aseo personal establecidas en el centro con el objeto de conseguir una convivencia saludable.

  8. Utilizar correctamente las instalaciones y los medios materiales que se pongan a su disposicin tanto en el Centro como fuera de l.

  9. Participar en las actividades formativas, laborales, psicosociales y de ocio establecidas en su Proyecto Educativo Individual, en funcin de su situacin personal a fin de preparar su vida en libertad. En el caso de menores de 16 aos las actividades formativas se concretan en recibir la enseanza bsica obligatoria que les corresponda.

  10. Responsabilizarse de los comportamientos propios aceptando las consecuencias que se establezcan en el reglamento de rgimen interno conforme a lo previsto en la legislacin vigente. Esto conlleva cumplir las medidas disciplinarias legalmente impuestas.

  11. En el marco de lo establecido en la Ley General Sanitaria, someterse a los reconocimientos y pruebas mdicas necesarias para garantizar el derecho a su propia salud y la de los dems personas que convivan o trabajen en el Centro.

  12. Acudir y colaborar en cuantas acciones sean requeridas desde las instancias judiciales (fiscala, forense, equipos tcnicos,...) para los procedimientos legalmente establecidos ante la apertura de cualquier tipo de expediente.

  13. Cumplir los tratamientos mdicos prescritos por el personal facultativo y que sirvan para favorecer una salud ms adecuada, atendiendo al consentimiento informado, por lo menos de aquellos que pudieran involucrar a otras personas que convivan con la persona menor.

Las personas profesionales de los Centros tendrn los siguientes derechos:

  1. A acceder a una formacin inicial destinada a facilitar su adaptacin a las particulares caractersticas del Centro y a beneficiarse de una formacin profesional continuada durante su permanencia en el puesto.

  2. A disponer de un acompaamiento y asesoramiento tcnico que les permita sentirse apoyadas humana y tcnicamente y que facilite el contraste y la reflexin en el desarrollo de sus funciones.

  3. A que el Servicio de Justicia Juvenil ponga a su disposicin toda la informacin que resulte necesaria para garantizar la atencin ms adecuada y eficaz. A efectos de lo anterior,se entender que dicha informacin ser la recogida en el Plan Educativo Individual.

  4. A que el Servicio de Justicia Juvenil o, en su caso, la entidad colaboradora de la que dependa el Centro en el que realizan sus funciones, ponga a su disposicin la informacin relativa a posibles modificaciones en la normativa reguladora de los requisitos materiales, funcionales y de personal que resulte de aplicacin, as como cualquier otra informacin que pudiera afectar al desarrollo de su trabajo.

  5. A la participacin y, en garanta del ejercicio efectivo de este derecho, podrn:

    1. intervenir en la organizacin y en el funcionamiento de los servicios por medio de rganos de participacin;

    2. participar en los procedimientos de inspeccin y de evaluacin peridica de la calidad de los servicios;

    3. presentar sugerencias y quejas.

  6. A disponer de los medios necesarios para garantizar la prestacin del servicio de acuerdo con los requisitos materiales, funcionales y de personal regulados en el presente Decreto y a que las administraciones pblicas competentes velen por dicho cumplimiento en el marco de sus competencias de gestin y de sus funciones de autorizacin, homologacin, inspeccin, registro y evaluacin.

  7. Y en general todos los que, en el mbito laboral y de la funcin pblica, les reconozcan la legislacin y los convenios correspondientes.

Las personas profesionales de los Centros tendrn las siguientes obligaciones:

  1. De conocer y cumplir la normativa vigente en el mbito de personas infractoras menores de edad, atencin psicosocioeducativa y en materia de igualdad de mujeres y hombres y, en particular, las normas reguladoras de la organizacin y del funcionamiento de los Centros.

  2. De guardar las normas de convivencia y respeto mutuo en los Centros en los que ejercen su actividad y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.

  3. De respetar todos los derechos reconocidos a las personas acogidas en los Centros y al resto de profesionales tanto en el presente Decreto como en el conjunto del ordenamiento jurdico vigente.

  4. De respetar y utilizar correctamente el mobiliario, los utensilios, los equipamientos y, en general, todas las instalaciones de los Centros en los que prestan sus servicios y de cualquier otro lugar relacionado con sus actividades.

  5. De poner en conocimiento de la persona responsable del Centro o, si lo estimaran necesario, del Servicio de Justicia Juvenil, las irregularidades o anomalas que observen en el funcionamiento, la organizacin o las instalaciones, as como cualquier sospecha de vulneracin grave de los derechos de las personas internas. En este ltimo supuesto, si no obtuvieran respuesta o si consideraran que la respuesta no da satisfaccin al respeto del derecho que consideran vulnerado, comunicarn la situacin al Ministerio Fiscal o al Juzgado de Menores.

  6. De participar en la elaboracin y aplicacin del Proyecto Educativo Individual, as como en su evaluacin, al objeto de velar por la consecucin de los objetivos marcados.

  7. Y en general, todas las que, en el mbito laboral y de la funcin pblica, les impongan la legislacin y los convenios correspondientes.

En el marco de la atencin en la red de centros educativos de justicia juvenil, deber facilitarse el acceso a los recursos que resulten precisos para responder adecuada y eficazmente a las necesidades que las personas acogidas en los mismos pudieran presentar en los siguientes mbitos: Salud; Hbitos bsicos (alimentacin, higiene, aspecto personal y sueo); Bienestar emocional; Autonoma y responsabilidad; Formacin; Orientacin e incorporacin laboral; Ocio y tiempo libre; Identidad socio-cultural, Apoyo comunitario; Medios de vida y alojamiento; y Necesidades socioeducativas especiales.

  1. Deber promoverse la salud fsica y psquica de las personas acogidas en la red de centros educativos de justicia juvenil previniendo las enfermedades, promoviendo pautas de vida saludables y facilitando el acceso a los servicios de salud, mediante los cauces de coordinacin que se estimen ms oportunos y siguiendo las indicaciones que los mismos establezcan, en su caso, en relacin con el tratamiento a seguir.

  2. Al efecto, ser necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

    1. Mantener las instalaciones en condiciones de salubridad.

    2. Adecuar las pautas de la vida cotidiana en los centros a las propias de una vida saludable.

    3. Estimular y facilitar el ejercicio fsico.

    4. Formar a las y los residentes en educacin para la salud, educacin sexual, y prevencin de toxicomanas y enfermedades y contar al efecto con materiales informativos.

    5. Promover la responsabilidad de los chicos y de las chicas en las relaciones sexuales y sus consecuencias.

    6. Trabajar la asertividad y mejorar la capacidad de negociacin de los chicos y de las chicas en las relaciones sexuales para que no toleren relaciones de riesgo.

    7. Llevar a cabo los controles mdicos peridicos recomendados por los servicios de salud, adems del examen de salud inicial establecido en el Real Decreto 1774/2004.

    8. Garantizar que todas las personas residentes en un centro educativo de justicia juvenil disponga, en el plazo ms breve posible, de la cartilla individual sanitaria (TIS).

    9. En su caso, derivar a los servicios de salud comunitarios correspondientes.

    10. Disponer de un botiqun debidamente equipado y fuera del alcance de los y las adolescentes.

    11. Disponer de un manual de primerosauxilios y los telfonos y direcciones de los servicios mdicos de urgencia, en un lugar especficamente destinado al efecto y de fcil consulta y acceso.

    12. Mantener actualizados los datos conocidos referidos a la historia mdico-sanitaria de las personas internadas, con indicacin de las enfermedades padecidas, el calendario y el seguimiento de las vacunas y los resultados y recomendaciones de los reconocimientos mdicos.

    1. Incluir en el plan de intervencin individualizada o plan educativo individualizado un rea de seguimiento mdico.

    2. Si la situacin legal lo permitiera y no se estimara contrario al inters del o de la persona adolescente, tratar de implicar al padre y a la madre o representante legal en el seguimiento mdico.

  1. Debern atenderse las necesidades relacionadas con la alimentacin, tanto desde un punto de vista nutricional como educativo y cultural.

  2. Al efecto, ser necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

    1. La dieta deber ser sana y equilibrada en cantidad y variedad, garantizando, en todo caso, la cobertura de las necesidades nutricionales.

    2. Deber estimularse a las personas acogidas en los centros a realizar una alimentacin saludable y variada y se tendrn en cuenta en la medida de lo posible los gustos, estilos, costumbres o pautas culturales o religiosas.

    3. Deber procurarse que las comidas constituyan un momento agradable de relacin y comunicacin.

    4. Deber destinarse un lugar y un tiempo adecuados para comer y para preparar la comida, de manera prioritaria en los centros de Nivel II y III; estimulndose la participacin de los chicos y chicas acogidos en la preparacin de los mens, en la realizacin de la compra, en la preparacin de las comidas y en las tareas asociadas a las mismas, en funcin de la medida impuesta, capacidad y caractersticas personales.

    5. Debern incorporarse los conocimientos necesarios para que las personas acogidas en los centros se hagan cargo de sus actuales y futuras necesidades y responsabilidades relacionadas con el trabajo domstico y de cuidado de las personas.

    6. Deber educarse a menores y jvenes en la adquisicin de hbitos y habilidades de alimentacin saludables y adecuadas a su momento evolutivo.

  3. Debern atenderse las necesidades de higiene, proporcionando los cuidados necesarios y procurando la educacin adecuada para que vayan adquiriendo hbitos y habilidades de autocuidado.

  4. Al efecto, ser necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

    1. Atender adecuadamente las necesidades higinicas de acuerdo con la edad, sexo y estado de salud.

    2. Promover la adquisicin de hbitos de higiene bsicos.

    3. Incentivar, en las personas acogidas, los hbitos de higiene y cuidado del aspecto personal, relacionndolo con los sentimientos de autoestima, dignidad y responsabilidad personal.

    4. Favorecer la autonoma en el aseo y en el vestir.

    5. Garantizar la personalizacin de sus instrumentos de aseo evitando los intercambios.

    6. Garantizar que todas las personas acogidas, desde el momento del ingreso, durante su estancia en el centro y en el momento de la salida, dispongan de un equipo completo de ropa y de aseo.

    7. Velar por que la ropa sea, en estilo, calidad y cantidad, adecuada a su edad.

    8. Fomentar el uso de ropa limpia y adecuada al momento y a la actividad, as como a vestirse de acuerdo con una esttica adecuada a su fsico y edad, y respetando sus preferencias.

    9. Ensearles a cuidar y mantener en buen estado su ropa.

    10. Establecer pautas de funcionamiento y organizacin del centro que garanticen la posibilidad de cuidar de su higiene personal en condiciones de privacidad.

  5. Debern atenderse las necesidades de sueo de cada persona internada en un centro educativo de justicia juvenil, respetndose un mnimo 8 de horas diarias.

  6. Al efecto, ser necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

    1. Seguir rutinas, tanto para el momento de levantarse como para el de acostarse.

    2. Asegurar la supervisin durante el sueo.

    3. Prestar especial atencin a quienes presentan alteraciones del sueo o acaban de ingresar.

  1. Deber procurarse el bienestar emocional de las personas que se encuentren cumpliendo una medida judicial de internamiento, promoviendo su inclusin en el grupo y asegurndose de que cuentan con los apoyos necesarios tanto dentro como fuera del recurso de acogimiento residencial.

  2. A tal efecto, se deber:

    1. Evitar cualquier prctica de marginacin por parte de otras u otros residentes o de las personas profesionales del centro.

    2. Procurar el desarrollo integral de la persona al margen de los estereotipos y roles en funcin del sexo y el rechazo de toda forma de discriminacin.

    3. Fomentar el desarrollo de lazos de amistad en el grupo y apoyar a menores y jvenes que, por sus caractersticas especiales, presenten mayores dificultades de integracin en el grupo.

    4. Asegurarse de que las personas internadas pueden acudir a cualquier profesional de su unidad convivencial, y a otros u otras trabajadores o trabajadoras del centro y del Servicio de Justicia Juvenil o de los Equipos Psicosociales para transmitirle sus preocupaciones y dudas.

    5. Organizar la atencin de manera individualizada mediante la figura de la persona educadora-tutora, quien mantendr espacios de atencin individual con una periodicidad mnima semanal.

    6. Favorecer la expresin emocional y la empata como aspectos fundamentales para la construccin de relaciones igualitarias entre mujeres y hombres.

  1. Se promover la autonoma de menores y jvenes, tanto en el mbito pblico como en el privado, as como el desarrollo de la responsabilidad sobre sus conductas.

  2. Al efecto, ser necesario que se renan las siguientes condiciones:

    1. Organizar la vida cotidiana de modo que las personas internadas adquieran un sentido del orden y de la predictibilidad y puedan controlar su conducta.

    2. Clarificar las responsabilidades de las personas adultas en el centro y definir aquellos otros mbitos en los que los y las residentes pueden actuar con mayor autonoma.

    3. Ayudar a las personas acogidas a desarrollar su autonoma moral y a desarrollar pautas de conducta que mejoren sus niveles de autonoma personal y de competencia social.

    4. Ayudar a las personas acogidas a participar y colaborar, a debatir y analizar situaciones, a tener sentido crtico constructivo, a hacer del dilogo una herramienta en la resolucin de conflictos, articulando espacios, actividades y tiempos que lo posibiliten.

    5. Permitir y facilitar la asuncin gradual de responsabilidades de acuerdo con sus capacidades y en funcin de su momento evolutivo, procediendo para ello a asignar tareas, a estimular el sentimiento de conservacin de las pertenencias personales y de respeto de las pertenencias ajenas, as como ensear a manejar el dinero.

    6. Ayudar a las personas acogidas a modificar los comportamientos que resulten inadecuados para su desarrollo personal y social, desarrollando al efecto procedimientos claros que guen las intervenciones y garanticen la proteccin de sus derechos.

  1. Deber garantizarse la formacin escolar y/o profesional de las personas acogidas en la red de centros de justicia juvenil.

  2. Al efecto, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Garantizar la escolarizacin, procurando que los y las adolescentes sean integrados en el contexto escolar ms adecuado a sus necesidades y mantenindolos, cuando sea posible y siempre que no sea contrario a su inters o a la medida, en sus centros educativos habituales.

    2. Establecer vnculos de coordinacin entre el centro de cumplimiento de la medida y el centro educativo, preferentemente entre el tutor o tutora escolar y el educador o educadora de referencia o profesional responsable de las relaciones externas y, en lo posible, coordinar las actuaciones entre ambos.

    3. Propiciar la adquisicin de hbitos de estudio.

    4. Garantizar materiales, espacios, tiempo y estmulos apropiados para su formacin. Los materiales didcticos han de integrar los objetivos coeducativos y hacer un uso no sexista del lenguaje y garantizar una presencia equilibrada y no estereotipada de mujeres y hombres en sus imgenes.

    5. Ofrecer los apoyos escolares y extraescolares que precisen.

  1. Deber facilitarse el acceso de las y los adolescentes a los servicios de orientacin e incorporacin laboral.

  2. Al efecto, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Promover el acceso a la orientacin e incorporacin laboral de las y los adolescentes que no vayan a proseguir su educacin o su formacin, a partir de la edad de 16 aos.

    2. Establecer vnculos de coordinacin entre el centro y los servicios de orientacin laboral, bsqueda de empleo e incorporacin laboral.

    3. En su caso, ofrecer acompaamiento a las y los adolescentes en su proceso de incorporacin laboral.

    4. Ofrecer modelos no estereotipados de mujeres y hombres en relacin con la formacin y el empleo.

    5. Promover en las chicas y chicos la centralidad del empleo como fuente fundamental de autonoma econmica y personal.

  1. Se deber proporcionara los y las adolescentes experiencias de juego y ocio, culturales y deportivas, integradas en su vida cotidiana.

  2. Al efecto, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Responder a sus necesidades de estimulacin, de actividad fsica, de exploracin y de interaccin ldica.

    2. Estimular y facilitar la participacin en actividades de tiempo libre en la comunidad.

    3. Facilitar la participacin en actividades de tiempo libre variadas, adaptadas a las necesidades, las preferencias y los intereses individuales, y fomentar la realizacin de actividades culturales.

    4. Favorecer la adquisicin de la capacidad de aprovechar y organizar su tiempo libre de forma autnoma, disponiendo de un presupuesto dedicado a las actividades de ocio.

    5. Tener en cuenta las diferentes necesidades, experiencias y habilidades desarrolladas por las chicas y los chicos.

  1. Se favorecer la conservacin de la identidad socio-cultural, siendo el respeto por la misma uno de los principios que debe inspirar el modelo educativo.

  2. Al efecto, y siempre que no resulte contrario al inters superior de los y las adolescentes, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Favorecer el mantenimiento de la identidad sociocultural facilitando el acceso a los materiales didcticos o culturales y a las actividades que permitan esa aproximacin.

    2. Garantizar el respeto a la pluralidad sociocultural en la organizacin del Centro.

  1. Deber favorecerse la integracin y la participacin de los y las adolescentes en la comunidad.

  2. Al efecto, y siempre que no resulte contrario al inters superior de los y las adolescentes, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Promover y organizar la utilizacin de los recursos comunitarios que mejor respondan a las necesidades de los y las adolescentes.

    2. Evitar signos de estigmatizacin que identifiquen el centro, a las y los residentes o a los trabajadores y trabajadoras.

    3. Diversificar los recursos comunitarios utilizados en las reas educativa, cultural o de ocio.

    4. Trabajar en coordinacin con las personas profesionales de los recursos comunitarios utilizados, procurando cierta adaptacin de estos recursos a las necesidades de los y las adolescentes.

  1. Se realizarn todas las actuaciones necesarias para garantizar un lugar estable de residencia y los medios de vida imprescindibles para, en su caso, poder llevar una vida autnoma.

  2. Al efecto, y siempre que no resulte contrario al inters superior de los y las adolescentes, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Realizar cuantas gestiones resulten necesarias para regularizar la situacin legal de las personas extranjeras y no documentadas: pasaporte, permiso de residencia, permiso de trabajo, as como cualquier otro documento que precisen.

    2. Tramitar las ayudas, subsidios y todo tipo de recursos y prestaciones a las que las personas acogidas tengan derecho.

    3. Facilitar el acceso a los recursos residenciales de otras instancias de la administracin competentes.

    4. Impulsar el acceso a programas o servicios favorecedores de su emancipacin.

    5. Priorizar la participacin en programas de empleo y de mejora de la empleabilidad con aquellas personas adolescentes que no cuenten con medios de vida o no quieran seguir un itinerario formativo.

  1. Deber ofrecerse un entorno inclusivo y una atencin adecuada a las personas que presenten necesidades especiales, ya sea a causa de discapacidades, ya sea a causa de otras limitaciones derivadas del entorno social o familiar en el que han crecido.

  2. A tal efecto, y siempre que no resulte contrario al inters superior de los y las adolescentes, debern adoptarse las siguientes medidas:

    1. Se prestar ayuda a las personas acogidas cuyo idioma materno no sea ninguno de los idiomas oficiales de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco o que necesiten mtodos alternativos de comunicacin, haciendo posible que transmitan sus necesidades y deseos y que se comuniquen con el personal del centro y con los dems chicos y chicas del grupo.

    2. Se prestar apoyo a las adolescentes embarazadas y a las y los adolescentes que sean madres o padres. Se fomentar adems la corresponsabilidad y la tica del cuidado.

    3. Los y las adolescentes con necesidades especiales accedern a los servicios externos especializados de carcter educativo, recreativo, sanitario o de otra naturaleza, que resulten ms idneos. El personal del recurso de acogimiento residencial cooperar en la realizacin de las actividades que determinen los y las especialistas consultados.

  1. La mediacin, directa o indirecta, buscar la responsabilizacin de la persona menor por el hecho y la reparacin directa o indirecta a la vctima o vctimas.

  2. El Servicio de Justicia Juvenil dispondr que existan en todos los centros programas y personal adecuado para la realizacin de las funciones de mediacin autor-vctima previstas en el artculo 15 del Real Decreto 1774/2004.

  3. El estudio de la conveniencia de realizar una mediacin entre la persona menor de edad y la vctima o vctimas formar parte de todos los Proyectos Educativos Individuales.

  1. El diseo arquitectnico de los Centros y las instalaciones debern estar al servicio del Proyecto Educativo del Centro y favorecer su desarrollo. Su ubicacin ser la adecuada al cumplimiento de los objetivos y funciones que tenga asignados. Los Centros debern cumplir, en funcin de su tamao y caractersticas, las condiciones estipuladas en la legislacin vigente en materia sanitaria, urbanstica, arquitectnica y de seguridad e higiene, incluidos los requisitos relacionados con la proteccin acstica, las condiciones trmicas y la proteccin contra incendios. Los materiales de equipamiento, mobiliario y decoracin tendrn una calidad digna y estarn adaptados a la edad, caractersticas y necesidades de las personas internas, siguiendo criterios de funcionalidad, bienestar y seguridad.

  2. Los Centros estarn coordinados con el resto de servicios de atencin a la adolescencia y juventud, de manera prioritaria con las redes sanitarias, educativas, formativas, de empleo, tiempo libre y servicios sociales.

  3. Los Centros Educativos o Unidades Convivenciales sern de tamao reducido para que los menores se sientan partcipes de su funcionamiento y para que pueda garantizarse la atencin personalizada.

  4. Tendrn una estructura flexible y polivalente para que sean capaces de adaptarse en sus programas a las nuevas demandas educativas y teraputicas que puedan presentarse. Asimismo, se hace necesario que tengan capacidad propia, o en relacin con otros, para responder a las demandas de las personas atendidas en todos los mbitos: formacin, salud, hbitos de vida, empleo, tiempo libre, socio-familiar.

  5. Los Centros estarn atendidos por personal cualificado. Al menos un 80% de los profesionales de atencin educativa directa debern poseer titulacin de grado medio o superior universitario, preferentemente en las reas psicosocioeducativas. Si algn profesional, hasta un mximo del 20% de la plantilla, no dispusiera de est titulacin, deber acreditar su experiencia y cualificacin certificada por una entidad homologada conforme a la normativa vigente.

  6. Debido a la presencia de menores extranjeros no acompaados en los Centros de internamiento, se procurar que exista personal o medios para relacionarse con estas personas menores en su idioma y que sea conocedor de su cultura. En todo caso se potenciar la formacin continua de las y los educadores y dems profesionales que intervengan en la ejecucin de medidas respecto de la formacin en la cultura de los pases de los que son originarios estos menores.

  7. Las funciones de seguridad estarn al servicio del Proyecto Educativo del Centro.

  8. Estarn dotados de proyectos educativos integrales y evaluables, y sern evaluados con la periodicidad que el Servicio de Justicia Juvenil establezca.

  9. Se establecern procedimientos estables de comunicacin y coordinacin con el Servicio de Justicia Juvenil, los Juzgados, fiscalas y equipos tcnicos.

  10. Se realizarn informes y memorias anuales sobre el funcionamiento de cada uno de los Centros.

  1. Para el cumplimiento de las medidas privativas de libertad existirn centros de pequeo tamao, territorializados, flexibles y que permitan la adscripcin en funcin del sexo, el tipo de medida, la fase de ejecucin de la medida y las necesidades de intervencin educativa individualmente consideradas.

  2. Para el cumplimiento de las medidas con mayor restriccin de la libertad existirn Centros de Nivel I.

  3. Para el cumplimiento de las medidas en rgimen cerrado de corta duracin, semiabierto o abierto que requieran una estrecha relacin con la comunidad existirn los Centros de integracin comunitaria o Nivel II.

  4. Las Residencias de Autonoma o de Nivel III sern centros destinados al cumplimiento de medidas de internamiento en sus ltimas fases, cuando requieran una estrecha integracin en la comunidad y una responsabilizacin autnoma de la persona menor.

  1. Los Centros dirigidos a menores o jvenes que deban cumplir medidas ms restrictivas en cuanto a su contacto con el exterior y/o sean de muy larga duracin, acogern fundamentalmente personas menores de edad sometidas a medidas de internamiento cerrado y semiabierto, internamiento teraputico cerrado y semiabierto, medidas cautelares de internamiento y medidas de permanencia de fin de semana en centro. Estos centros podrn ser mixtos, y sern adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de las personas menores internadas.

  2. Cuando la evolucin de la persona menor lo determine, pasarn a cumplir la medida en un centro de Nivel II o III.

  3. Contarn con todos los servicios necesarios para atender desde el propio Centro las siguientes reas de actuacin: salud y hbitos de vida saludable, alimentacin, formacin escolar, formacin profesional, ocio, sociofamiliar, autonoma y responsabilidad, apoyo comunitario, adquisicin de hbitos bsicos, desarrollo psicosocial, deporte. En todo caso, en al menos uno de los Centros de Nivel I, existir una unidad especial para la asistencia psicoteraputica para menores con problemas de salud mental y/o problemas graves de drogodependencias, que contar con el personal especializado y adecuado y suficiente, as como con los programas especficos de tratamiento educativo y teraputico.

  4. La gestin de este tipo de Centros ser preferentemente asumida de forma directa por personal propio del Departamento competente en materia de Justicia.

  5. Los Centros de Nivel I en ningn caso podrn superar las 9 plazas por Unidad Convivencial y las 40 en total.

  6. El nmero mnimo de educadores y educadoras por cada uno de los grupos o unidades convivenciales, cuando acojan a seis o ms personas, ser de 8. Adems cada una de estas unidades contar con un o una coordinadora.

  7. Los Centros de Nivel I dispondrn de al menos 1 psiclogo o psicloga por cada 20 plazas, de un o de una trabajadora social por cada 20 plazas y de personal mdico suficiente, de Osakidetza, para la atencin cotidiana en el rea de salud. Si se cumplen medidas de internamiento teraputico, contarn asimismo con las y los especialistas o personal facultativo adecuado para el tratamiento teraputico.

  1. Son Centros dirigidos a menores y jvenes que deban cumplir medidas de internamiento que requieran durante su desarrollo un uso cotidiano de recursos de la red comunitaria. A ellos podrn ir destinadas las personas para el cumplimiento de medidas de internamiento en rgimen abierto, semiabierto, cerrado de corta duracin, y de internamientos de fin de semana. Estos Centros podrn acoger menores y jvenes sometidos a medidas cautelares que se adecuen al proyecto educativo y caractersticas de los Centros de este nivel.

  2. Estos Centros sern de pequeo tamao, que en ningn caso podrn superar las 10 plazas por Unidad Convivencial y las 20 en total. Tendrn vocacin de generalidad y estarn en contacto permanente con el entorno ms prximo.

  3. El nmero mnimo de educadores y educadoras por cada uno de los grupos o unidades convivenciales, cuando acojan a 7 o ms personas, ser de 8. Adems cada una de estas unidades contar, al menos, con un o una coordinadora a media jornada.

  4. La gestin de estos Centros podr ser indirecta, ejercida a travs de entidades o asociaciones sin nimo de lucro inscritas en el Registro de Entidades, sin que ello suponga cesin de responsabilidad por el Servicio de Justicia Juvenil.

  1. Las Residencias de autonoma estn encaminadas a las personas menores que han cubierto las fases iniciales del proceso educativo y su proyecto a corto/medio plazo se dirige a la adquisicin de unos niveles de autonoma personal y social en los mbitos de la vida cotidiana.

  2. Estos Centros sern, por sus caractersticas, de tamao pequeo, preferentemente insertos en la comunidad social, y no podrn superar un mximo de seis plazas.

  3. La gestin de estos Centros ser preferentemente indirecta, ejercida a travs de entidades o asociaciones sin nimo de lucro inscritas en el Registro de Entidades. En el ejercicio de su actividad se realizar el debido control por parte del Servicio de Justicia Juvenil.

  4. Cada uno de estos centros contar con un o una Responsable, y con un mnimo de cuatro educadores y educadoras.

  1. Los Centros de Nivel I contarn con un o una Responsable, un equipo multidisciplinar y un coordinador o coordinadora por cada unidad convivencial.

  2. Los Centros de Nivel II contarn con un o una Responsable y un coordinador o coordinadora por cada unidad convivencial.

  3. Los Centros de Nivel III contarn con un o una Responsable.

Son funciones de la Direccin, que ser ejercida por la persona Responsable del centro:

  1. Dirigir, coordinar, controlar y supervisar las directrices establecidas por el Servicio de Justicia Juvenil.

  2. Dictar las rdenes de servicio relativas al funcionamiento y organizacin interna del Centro, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Servicio de Justicia Juvenil.

  3. Administrar y gestionar los recursos econmicos del Centro de conformidad con la legislacin vigente y las directrices del Servicio de Justicia Juvenil.

  4. Realizar el estudio de las necesidades econmicas o de otra ndole para el correcto funcionamiento del Centro.

  5. Velar por la difusin en el Centro de las instrucciones y rdenes de servicio dictadas por el Servicio de Justicia Juvenil.

  6. Remitir al Servicio de Justicia Juvenil los informes y propuestas que se recogen en este Decreto.

  7. Velar por que se garanticen a las personas internadas los derechos que les reconoce la vigente legislacin, adoptando las medidas oportunas para este fin. A tales efectos son facultades de la Direccin:

    1. Aumentar la frecuencia de las comunicaciones de un o una menor, o autorizar la asistencia de un nmero mayor de visitantes, previa resolucin motivada.

    2. Autorizar las visitas de amigos o amigas o terceros sin relacin familiar, debiendo motivar en su resolucin aquellas decisiones negativas al respecto.

    3. Ordenar la suspensin temporal o terminacin de cualquier visita en funcin de las razones establecidas en el artculo 40.6 del Real Decreto 1774/2004.

    4. Autorizar la recepcin o realizacin de llamadas con personas distintas de sus familiares o representantes legales, o realizar las mismas fuera del horario del centro.

    5. Emitir informe motivado, dirigido al Servicio de Justicia Juvenil, sobre las propuestas de resolucin denegatorias del derecho a disfrutar de permisos o salidas programadas.

    6. Autorizar los permisos ordinarios, extraordinarios, las salidas de fin de semana, o las salidas programadas, con los requisitos establecidos en el Real Decreto 1774/2004.

    7. Poner en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil a la mayor brevedad posible, a los efectos previstos en los artculos 52.1 y 52.2 del Real Decreto 1774/2004, la concurrencia de hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron la concesin de un permiso ordinario, extraordinario, una salida de fin de semana, o una salida programada, o el hecho de que la persona menor quedase imputada en un nuevo hecho constitutivo de infraccin penal.

    8. Autorizar las inspecciones de las dependencias y locales del Centro en las situaciones y requisitos establecidos reglamentariamente.

    9. Autorizar un cacheo con desnudo integral cuando, por motivos de seguridad concretos y especficos, existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que la persona menor oculta en su cuerpo algn objeto peligroso o sustancia susceptible de causar grave dao a la salud o integridad fsica de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del Centro. Esta incidencia deber ser notificada al Juez de Menores, al Ministerio Fiscal y al Servicio de Justicia Juvenil, con explicacin detallada de las razones que aconsejan el cacheo y los resultados obtenidos.

    10. Poner inmediatamente en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil la existencia de riesgo inminente de graves alteraciones del orden con peligro para la vida o la integridad fsica de las personas o para las instalaciones, a los efectos de solicitud de la intervencin de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad competentes. Excepcionalmente, y cuando la situacin lo precise, la solicitud puede realizarla directamente.

    11. Proceder a la apertura de un expediente informativo cuando se utilicen las defensas de goma y la sujecin mecnica.

    12. Poner en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil, siempre que sea posible, de forma motivada y razonada, a la mayor urgencia posible, la situacin que exija la utilizacin de medios de contencin, para su autorizacin, salvo que por razones de urgencia sea imposible dicha gestin, en cuyo caso la intervencin ser autorizada por la Direccin.

    1. Realizar las intervenciones que en el rgimen disciplinario vienen establecidas por las normas recogidas en los artculos 71 a 78 del Real Decreto 1774/2004 para la imposicin de sanciones muy graves o graves, y por las establecidas en su artculo 79 para las sanciones impuestas por faltas leves.

    2. Responsabilizarse del servicio de seguridad y vigilancia. Pondr en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil cualquier incidente que pueda surgir en el desempeo de las labores asignadas a los vigilantes de seguridad.

    1. Requerir al Servicio de Justicia Juvenil, previo informe motivado sobre el incumplimiento de alguna obligacin, la sustitucin de cualquier vigilante de seguridad.

  8. Solicitar al Servicio de Justicia Juvenil las propuestas oportunas sobre mantenimiento, modificacin o sustitucin de las medidas impuestas.

  9. Autorizar, previa aprobacin o mandamiento de la autoridad competente, la salida del Centro de las y los menores y jvenes internados.

  10. Autorizar las comunicaciones, visitas y salidas al exterior de las y los menores y jvenes, de conformidad con las condiciones establecidas en cada caso por los Juzgados de Menores o el Servicio de Justicia Juvenil.

  11. Organizar y coordinar el equipo multidisciplinar.

  1. El Equipo tendr carcter multidisciplinar y estar compuesto por personal tcnico con formacin universitaria en las reas psico-socio-educativas. Participarn, adems de en tareas propias de su formacin, en funciones de estudio, asesoramiento, propuesta, valoracin, seguimiento e intervencin especializada.

  2. El Equipo actuar bajo la dependencia directa de la Direccin o el o la profesional que la Direccin designe, quien organizar, dirigir, coordinar y orientar su trabajo.

  3. El Equipo se reunir con carcter ordinario una vez a la semana y cuantas veces sea necesario para elaborar y revisar los programas individuales de intervencin de las personas menores internadas, con la elaboracin de los informes preceptivos y de propuestas.

  4. El rgimen de funcionamiento del Equipo se regir por las normas de funcionamiento interno del Centro. Del resultado de las reuniones se levantar la correspondiente acta en el que quedarn reseadas las personas asistentes y acuerdos adoptados.

  5. En las sesiones ordinarias actuar como Presidente o Presidenta el Director o la Directora del Centro y como secretario o secretaria uno de los tcnicos, que ser designado por la Direccin.

  6. El Equipo tendr las siguientes funciones:

    1. Elaborar, previo estudio individual de la persona menor, el Proyecto Educativo Individual procediendo a su revisin peridica atendiendo a su evolucin.

    2. Elevar a la Direccin o al profesional que la Direccin designe las propuestas sobre modificacin de medidas impuestas para su aprobacin y tramitacin ante el Servicio de Justicia Juvenil y el Juzgado de Menores.

    3. Orientar a las y los profesionales educativos que desarrollen la atencin directa de los menores sobre las particularidades de cada uno de ellos en orden a un mejor logro de los objetivos establecidos en sus programas individuales.

    4. Informar a la Direccin del Centro sobre las peticiones y quejas que formulen las y los menores y jvenes, as como sobre las propuestas que en relacin a los mismos se formulen por otros profesionales.

    5. Asesorar a la Direccin en la toma de decisiones.

    6. Elaborar los informes tcnicos sobre las personas menores internadas que sean solicitados por el Servicio de Justicia Juvenil, el Juzgado de Menores o el Ministerio Fiscal.

    7. Cuantas otras funciones le sean atribuidas en virtud de la normativa vigente.

Los coordinadores y las coordinadoras tendrn las siguientes funciones:

  1. Participar en la elaboracin y evaluacin de los programas educativos y proyectos educativos de su unidad convivencial.

  2. Realizar el seguimiento de las actividades de vida cotidiana de su unidad educativa: preparar y coordinar las reuniones de los y las educadoras del grupo educativo, participar en la elaboracin de los turnos de trabajo, realizar la evaluacin del desempeo de los y las diferentes educadoras, supervisar el cumplimiento de las programaciones de su grupo, etc.

  3. Responsabilizarse de la elaboracin de los informes iniciales, de seguimiento, de incidencias y de reintegracin de las personas acogidas en su unidad.

  4. Realizar las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas a los educadores y educadoras de su unidad.

  5. Garantizar el escrupuloso respeto y cobertura de los derechos reconocidos a cada persona menor o joven de su unidad.

  6. Adoptar las medidas cautelares, en representacin de la Direccin del centro, ante situaciones de alteracin grave de la convivencia.

  7. Realizar las tareas o cometidos que la Direccin del centro le atribuya en relacin con sus funciones.

  8. Realizar, en su caso, las guardias de localizacin y disponibilidad en calidad de responsable del centro.

Los educadores y las educadoras tendrn las siguientes funciones:

  1. Ejercer la tutora de las personas menores de su grupo.

  2. Recoger y analizar la informacin de todas las reas de intervencin.

  3. Realizar las funciones de control y seguridad en el centro.

  4. Programar, dirigir y supervisar las actividades de vida cotidiana: limpiezas, aseos, comidas, descanso, tiempo libre, animaciones, intervencin psicopedaggica, etc.

  5. Garantizar el respeto a todos los derechos de las personas que residen en el centro.

  6. Garantizar el cumplimiento de las normas de rgimen interno del centro.

  7. Participar en las sesiones de programacin, seguimiento grupal, evaluacin, etc. de su grupo educativo y de los y las menores que lo componen.

  8. Responsabilizarse del cuidado y mantenimiento del centro.

  9. Realizar los acompaamientos de los chicos y chicas en la realizacin de actividades, asistencia a citaciones, etc.

  10. Realizar los turnos de trabajo que garanticen el funcionamiento del centro.

  1. Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los Centros Educativos consistirn en la observacin de las personas internadas. Tambin podrn suponer inspecciones de las dependencias, as como registros de personas, ropas y enseres personales de las y los menores. Para la ejecucin de estas medidas, en su forma y periodicidad, se atender a los criterios establecidos en el artculo 54 del Real Decreto 1774/2004, sometindose la actuacin de las y los profesionales del Centro a los principios de necesidad y proporcionalidad, efectundose siempre con el debido respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de la persona. Ante la opcin de utilizar medios de igual eficacia, se dar preferencia a los de carcter electrnico.

  2. Las inspecciones de las dependencias y locales del Centro se realizarn con la periodicidad que establezca el Servicio de Justicia Juvenil o la Direccin del Centro, salvo que existan razones de urgencia necesarias para salvaguardar la integridad fsica de las personas menores o trabajadoras del Centro, en cuyo caso, la inspeccin puede autorizarla la persona responsable del Centro en ese momento. Cuando se trate de la inspeccin en la habitacin de una persona menor, se le ofrecer la posibilidad de que est presente durante el desarrollo de la misma. Cuando se realice por personal de seguridad asistir en todo caso personal educativo. De idntica forma, se proceder ante el registro de las ropas o enseres personales del o de la menor.

  3. Cuando para evitar la introduccin o tenencia de cualquier objeto no autorizado, se considere necesario el registro de una persona menor que entre o se encuentre en el Centro Educativo, se proceder al registro personal por parte del personal educativo o de seguridad, que ser siempre del mismo sexo que el o la menor. Para este registro no se podr exigir a la persona menor que se desprenda de sus ropas, debiendo utilizarse los medios electrnicos o de palpacin que se consideren necesarios. Este registro deber practicarse en su habitacin o en una sala que garantice la suficiente privacidad.

  4. Cuando por motivos de seguridad concretos y especficos, existan razones individuales y contrastadas que hagan pensar que la persona menor oculta en su cuerpo algn objeto peligroso o sustancia susceptible de causar grave dao a la salud o integridad fsica de las personas o de alterar la seguridad o convivencia ordenada del Centro, y cuando no sea posible la utilizacin de medios electrnicos, la Direccin del Centro podr autorizar un cacheo con desnudo integral, en cuyo caso, deber notificar tal incidencia al Juzgado de Menores, al Ministerio Fiscal y al Servicio de Justicia Juvenil, con explicacin detallada de las razones que aconsejan el cacheo y los resultados obtenidos. En todo caso, se facilitar a la persona menor una bata para preservar de forma razonable su intimidad. Los informes que los profesionales del Centro deben emitir para la realizacin de un cacheo con desnudo integral y que deben ser dirigidos a la Direccin del Centro, al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Menores, tambin deben remitirse al Servicio de Justicia Juvenil.

  5. Cuando exista riesgo inminente de muy graves alteraciones del orden con peligro para la vida o la integridad fsica de las personas o para las instalaciones, la Direccin del Centro lo pondr inmediatamente en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil para la solicitud de la intervencin de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad competentes. Excepcionalmente, y cuando la situacin lo precise, la solicitud puede realizarla directamente la Direccin, poniendo inmediatamente en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil tal incidencia.

  1. En caso de que se considere necesaria la presencia de un servicio de personal especializado en funciones de vigilancia y apoyo a las actuaciones de los trabajadores del Centro, deber acordarlo el Departamento competente en materia de justicia.

  2. La seguridad y vigilancia estn supeditadas a los objetivos educativos y programas que a tales fines se establezcan. Por ello, el personal vigilante de seguridad no permanecer, como regla general, en la realizacin de actividades de los y las menores, salvo que el personal educativo as lo solicite y lo considere oportuno ante la existencia de indicios de que se pueda producir algn tipo de grave situacin conflictiva.

  3. La Direccin ser responsable del servicio de seguridad y vigilancia y pondr en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil cualquier incidente que puedan surgir en el desempeo de las labores asignadas al personal vigilante de seguridad.

  4. La funcin primordial del personal vigilante de seguridad ser el apoyo y proteccin de la integridad fsica de las y de los educadores, del resto del personal y de las y los menores o jvenes que puedan encontrarse en el Centro educativo, actuando solamente en las situaciones que no puedan ser solucionadas por el personal educativo, siguiendo en este sentido, siempre, las pautas marcadas por la Direccin del Centro, salvo que observaran la inminencia o evidente agresin, en cuyo caso podrn intervenir de la forma menos aflictiva posible, sin esperar indicacin alguna. En cualquier caso, el personal vigilante de seguridad recibir instrucciones especficas sobre el servicio a prestar dentro de las funciones generales que le son propias, sin perjuicio del deber de auxilio a la autoridad judicial cuando sta lo requiera. Otras funciones del personal vigilante de seguridad sern:

    1. Realizar la vigilancia y proteccin interior y exterior del Centro (instalaciones, equipamiento y mobiliario del mismo) con carcter preventivo.

    2. Controlar los accesos, no permitiendo la entrada o salida de personas no autorizadas y manteniendo actualizado el Registro habilitado al efecto.

    3. Acompaar los traslados que resulten necesarios en el interior del Centro.

    4. Realizar los registros necesarios en presencia del personal educativo o la Direccin del Centro, cuando sean expresamente requeridos para ello.

    5. Comunicar a la Direccin del Centro cualquier anomala con relacin al funcionamiento del Centro, especialmente en todo lo relacionado con los sistemas de seguridad.

    6. Realizar una ronda de inspeccin por las dependencias del Centro, incluidas las zonas exteriores de las mismas, al comienzo y finalizacin del servicio. Las incidencias de estas inspecciones quedarn reflejadas en un parte diario de incidencias, y se remitirn semanalmente a la persona responsable del Centro y a la persona responsable de seguridad del Sistema de Justicia juvenil.

    7. Conocer los medios tcnicos de vigilancia, seguridad, extincin de incendios, y el plan de emergencia y evacuacin con los que cuenta el Centro.

  5. En ningn caso se le permitir la entrada al Centro portando cualquier tipo de arma, ni siquiera al personal que disponga de licencia de uso.

  6. nicamente cuando exista riesgo inminente de graves alteraciones del orden con peligro para la vida o integridad fsica de personas o instalaciones, el Servicio de Justicia Juvenil podr solicitar la intervencin de la Ertzaintza, dando cuenta inmediatamente al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal. Excepcionalmente, y en caso de urgencia, ser la Direccin quien realice la solicitud de intervencin, poniendo en conocimiento de este hecho, a la mayor brevedad posible, al Servicio de Justicia Juvenil.

  7. El personal de vigilancia tendr la obligacin de salvaguardar la confidencialidad de todo aquello que haya escuchado en relacin con los menores del Centro.

  8. La Direccin del Centro podr requerir al Servicio de Justicia Juvenil, previo informe motivado sobre el incumplimiento de alguna obligacin, la sustitucin de cualquier vigilante de seguridad. Ser el Servicio de Justicia Juvenil quien gestionar el cambio de personal.

  1. Solamente se podrn utilizar los medios de contencin recogidos en el artculo 55.2 del Real Decreto 1774/2004 para evitar actos de violencia o lesiones de los y las menores a s mismos o a otras personas, para impedir actos de fuga y daos en las instalaciones del Centro y ante la resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del Centro.

  2. La Direccin del Centro pondr en conocimiento del Servicio de Justicia Juvenil, de forma inmediata y motivada, la situacin que exija la utilizacin de medios de contencin. Posteriormente, y de forma inmediata, se pondr en su conocimiento el inicio y el cese de tales medios de contencin, con expresin detallada de los hechos que hubiesen dado lugar a su utilizacin, de los medios de contencin utilizados y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento.

  3. La contencin fsica personal consiste en la sujecin o contencin con la fuerza mnima necesaria para impedir a la persona menor su capacidad de accin o limitar sus movimientos. Por causas extraordinarias de resistencia o por el nmero de menores se podrn utilizar escudos de plstico y cascos homologados como elementos de proteccin.

  4. Las defensas de goma homologadas nicamente sern aplicables excepcionalmente para evitar actos de violencia o lesiones de los menores a s mismos o a otras personas, no siendo portadas normalmente por el personal de seguridad en el recinto en que se encuentren las personas menores de edad.

  5. La sujecin mecnica para la inmovilizacin total o parcial de la persona menor se emplear en casos excepcionales como ltimo recurso y en condiciones que no comprometan su seguridad, salud o integridad fsica. Slo se podrn utilizar las esposas o correas textiles homologadas.

  6. El aislamiento provisional exigir la necesidad de separar a la persona menor del resto del grupo y se le ubicar en su habitacin, siempre que sea posible, y, en caso contrario, en otra de anlogas caractersticas. En estos casos, el facultativo o profesional especializado pertinente realizar las visitas que la persona precise y en todo caso diariamente cuando se prolongue ms all de las 24 horas, emitiendo un Informe que la Direccin elevar al Servicio de Justicia Juvenil.

  7. En el empleo de los medios anteriormente reseados se actuar desde la proporcionalidad a la situacin de riesgo creada. Los medios de contencin se aplicarn cuando sea estrictamente necesario para preservar la integridad fsica de las personas o daos a los bienes y, en todo caso, se realizar de la forma ms rpida y menos aflictiva posible. En ningn caso podr suponer una sancin encubierta. Cuando se den este tipo de intervenciones se intentar, en la medida de lo posible, evitar la presencia de otras personas internadas, para lo que, previamente a la intervencin, se trasladar al resto a otro departamento o ubicacin, a ser posible por el personal del equipo educativo.

  8. La Direccin del Centro Educativo proceder a la apertura de un expediente informativo cuando se utilicen las defensas de goma y la sujecin mecnica. En l constarn los informes del personal de seguridad y del personal educativo, las razones o circunstancias que hubieren motivado la actuacin y la aplicacin de los medios de contencin y la declaracin de aqullos testigos que presenciasen los hechos, as como la de la persona menor o personas menores afectados por las medidas de contencin. De este informe se dar traslado al Servicio de Justicia Juvenil.

  9. En caso de que las personas menores presenten lesiones fsicas, bien derivadas del incidente que dio lugar a la adopcin de los medios de contencin, o bien derivadas de la utilizacin de los medios de contencin, sern trasladadas, en cuanto sea posible en razn de su situacin fsica, y siempre antes de las 6 primeras horas desde que ocurrieran los incidentes, al Centro Pblico de Salud ms cercano, siempre que el Centro Educativo no cuente en ese momento con personal mdico. Se notificar inmediatamente lo ocurrido al Servicio de Justicia Juvenil, al Ministerio Fiscal y al Juzgado de Menores correspondiente.

  10. No podrn aplicarse medios de contencin en los casos previstos en el artculo 55.4 del Real Decreto 1774/2004, salvo que de la situacin pudiera derivarse un inminente peligro para su integridad o para la de otras personas, en cuyo caso, la Direccin puede autorizar su aplicacin, previa autorizacin del Servicio de Justicia juvenil. Estas circunstancias excepcionales debern acreditarse expresamente en la resolucin de autorizacin de los medios de contencin.

  1. Las personas menores de edad internas en un Centro Educativo tendrn derecho, como mnimo, a los permisos, comunicaciones y salidas establecidos en el Real Decreto 1774/2004.

  2. Cuando la naturaleza de la medida, el Proyecto Educativo Individual y la evolucin de la persona menor lo aconsejen, debern incrementarse los permisos comunicaciones y salidas previstas en el Real Decreto 1774/2004.

  3. En cuanto que toda la actividad en el Centro est destinada a la preparacin de la vida en libertad, el disfrute de los permisos, comunicaciones y salidas previstos en el nmero anterior no podr estar condicionado exclusivamente al comportamiento dentro del Centro sino a la capacidad de la persona menor para la vida en libertad que se estime en cada momento de su evolucin.

  4. La concesin de los permisos ordinarios y extraordinarios corresponde al director o a la directora del centro, quien comunicar dicha concesin al servicio de justicia juvenil, as como a la familia o entidad que ostente la guarda o tutela de la persona menor.

  5. Las salidas de fin de semana sern autorizadas por el director o la directora del centro. Su progresin quedar reflejada en el Proyecto Educativo Individual de la persona menor o joven y cualquier variacin en su concesin ser notificada al servicio de justicia juvenil, as como a la familia o entidad que ostente la guarda o tutela de la persona menor.

  6. La autorizacin de las salidas programadas corresponde al director o directora del centro.

  7. La concesin de permisos requerir del cumplimiento de las condiciones establecidas en el artculo 45 del Real Decreto 1774/2004.

  8. El director o la directora del centro garantizar que todos los permisos y salidas cumplan lo establecido en el artculo 51 del Real Decreto 1774/2004.

  9. La suspensin o revocacin de los permisos corresponder al director o la directora del centro. Estos hechos sern puestos en conocimiento del servicio de justicia juvenil, as como a la familia o entidad que ostente la guarda o tutela de la persona menor.

  10. La suspensin de salidas o permisos por la comisin de hechos constitutivos de infraccin penal deber contar con el visto bueno del Juzgado de menores.

El rgimen disciplinario de los Centros tendr como finalidad contribuir a la seguridad y convivencia ordenada en los mismos y estimular el sentido de la responsabilidad y la capacidad de autocontrol de los menores internados. Este rgimen se basa en los principios de legalidad, presuncin de inocencia, intervencin mnima, ltima ratio, inmediatez y prevalencia de la finalidad educativa, buscando un equilibrio entre sta y las necesarias garantas para la persona menor. Sin perjuicio de las especialidades contenidas en este Captulo, el rgimen disciplinario se regir por lo dispuesto en el artculo 60 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad penal de los Menores, el Captulo IV del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, y en el artculo 95 de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia.

  1. En los Centros propios, el rgano sancionador competente para la iniciacin y resolucin del procedimiento disciplinario, as como para la adopcin de medidas cautelares, ser la Direccin del Centro.

  2. En los Centros colaboradores, el rgano sancionador competente para la iniciacin y resolucin del procedimiento disciplinario, as como para la adopcin de medidas cautelares, ser el Servicio de Justicia Juvenil del Departamento de Justicia.

  1. Se registrarn en el expediente sancionador las medidas impuestas, con indicacin de la conducta o hecho que las origine, las circunstancias de su aplicacin y el nombre de la persona designada que le haya asistido tcnica o legalmente.

  2. El Servicio de Justicia Juvenil registrar todas las medidas sancionadoras impuestas en los Centros propios y colaboradores, con indicacin de la infraccin que origine la medida sancionadora y de las circunstancias de su aplicacin.

Las personas menores internadas tienen derecho a formular, verbalmente o por escrito, en sobre cerrado o abierto, peticiones y quejas al equipo multidisciplinar, a la Direccin, al Servicio de Justicia Juvenil o al Servicio de Inspeccin, que se ajustarn a lo establecido en el artculo 57 del Real Decreto 1774/2004.

  1. Las funciones de inspeccin de centros, previstas en el artculo 58 del Real Decreto 1774/2004, se llevarn a cabo por un rgano administrativo distinto del que sea competente para la ejecucin de las medidas privativas de libertad, y conforme a lo previsto, en lo que sea de aplicacin, por el Captulo IV del Decreto 163/2008, de 30 de septiembre, sobre autorizacin, homologacin, inspeccin y registro de las entidades colaboradoras en la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  2. La finalidad del servicio de inspeccin de centros es garantizar que la actuacin de los Centros propios y colaboradores y la de sus profesionales se lleva a cabo con respeto a los derechos y garantas de las personas menores internadas.

  3. Las personas menores internadas podrn solicitar la comunicacin con el Servicio de Inspeccin bien directamente o a travs del director o de la directora del Centro, y ello sin perjuicio de las comunicaciones que el Servicio de Inspeccin realice con la persona menor en el ejercicio de sus funciones.

  4. Estas funciones de inspeccin de los centros se llevarn a cabo sin perjuicio de las funciones de inspeccin que correspondan a los Jueces de Menores, al Ministerio Fiscal, al Ararteko, al Defensor del Pueblo y al Servicio de Justicia Juvenil.

  5. El Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social articular los medios personales precisos, ajenos al rgano administrativo competente para la ejecucin de las medidas privativas de libertad, y el procedimiento para inspeccionar los Centros.

  1. El Servicio de Justicia Juvenil recibir la solicitud de una plaza de internamiento, internamiento teraputico o de permanencia de fin de semana remitida por el Juzgado de Menores correspondiente.

  2. El Servicio de Justicia Juvenil comunicar al Juzgado de Menores que corresponda la disponibilidad de la plaza. Se especificar el Centro Educativo concreto en el que residir la persona menor y el da en que puede acudir. Si se trata de un internamiento cautelar la disponibilidad de la plaza se debe garantizar de forma automtica y podr ser conducida directamente por la Ertzaintza.

  3. El Servicio de Justicia Juvenil comunicar a la persona menor y a su familia el lugar y la fecha de inicio de la medida. Se confeccionarn materiales de informacin de cada Centro educativo, en los cuales, a travs de textos y material fotogrfico, se muestre el emplazamiento, accesibilidad, objetivos y actividades desarrolladas en los mismos. Este material se entregar a la persona menor y a la familia lo antes posible.

  4. El ingreso de la persona menor se realizar en compaa de la familia o persona de su confianza.

  5. Se proceder a un perodo inicial de observacin que durar las cuatro primeras semanas. Durante el mismo el equipo multidisciplinar recoger toda la informacin de la persona sobre las reas susceptibles de actuacin: rea personal, hbitos de vida cotidiana, mbito escolar y prelaboral, rea familiar, de ocio y tiempo libre, estado de salud.

  6. El equipo multidisciplinar fijar un Proyecto Educativo Individual en el que establecern los objetivos, metodologa de intervencin, los recursos, instrumentos de seguimiento y evaluacin. Este programa ser remitido al Servicio de Justicia Juvenil, al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal y al letrado de la persona menor cuando as lo solicite. En todo caso, el Proyecto EducativoIndividual, para ser desarrollado, deber contar con la participacin de la persona menor.

  7. Una vez iniciado el Proyecto Educativo Individual, la Direccin Centro informar trimestralmente al Servicio de Justicia Juvenil, al Juzgado de Menores y a la Fiscala sobre las incidencias acaecidas en la evolucin de la persona menor.

  8. Una vez conseguidos los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo Individual, el equipo multidisciplinar disear un programa de incorporacin paulatina a su entorno de vida cotidiana en colaboracin con las familias o los agentes sociales ms significativos en cada caso. Ser comunicado al Servicio de Justicia Juvenil, al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal.

  9. Siempre que el cumplimiento del Proyecto Educativo Individual y la evolucin de la persona lo determinen, la Direccin del Centro trasladar al Servicio de Justicia Juvenil peticin motivada de modificacin de la medida.

  10. Finalizada la medida, el equipo multidisciplinar elaborar un informe de evaluacin final que deber ser comunicado al Servicio de Justicia Juvenil, al Juzgado de Menores y al Ministerio Fiscal.

  1. Los Proyectos Educativos Individuales debern contener valores acordes a los principios, derechos y libertades fundamentales recogidos en el ordenamiento jurdico, es decir, respeto a la diversidad y la no discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa, o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social. Recibirn una educacin no sexista, basada en valores que potencien la tolerancia, pluralidad, la sensibilizacin sobre los malos tratos o abusos sexuales.

  2. Se respetar y se promover el derecho de los padres, tutores o guardadores al seguimiento y a la participacin en la educacin escolar.

  3. Se propiciar la individualizacin de la atencin educativa con el apoyo de los profesionales cualificados para su desarrollo.

  4. Se fomentar la creacin de recursos y medios culturales para que puedan desarrollar sus capacidades y habilidades intelectuales, artsticas, deportivas y manuales.

  5. Se potenciar el acceso a la programacin televisiva o radiofnica u otro tipo de difusiones, espectculos de su inters, salvaguardando los fines socioeducativos.

  6. Los procesos educativos son responsabilidad de los profesionales habilitados para tal funcin. Los responsables de la seguridad seguirn siempre sus indicaciones en lo que se refiere a estas funciones y prestarn su apoyo, sin interferencias y siempre desde la perspectiva de que la funcin de seguridad est al servicio del Proyecto Educativo del Centro. Cualquier conflicto en este sentido ser comunicado al Servicio de Justicia Juvenil, que dirimir la controversia primando el superior inters de los derechos del menor.

Se faculta a la persona titular del Departamento competente en materia de aplicacin de las medidas de justicia juvenil para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecucin del presente Decreto.

El presente Decreto entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Pas Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 21 de abril de 2009.

El Lehendakari,

JUAN JOS IBARRETXE MARKUARTU.

El Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,

JOSEBA AZKARRAGA RODERO.

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