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  • LEY 3/2005, de 18 de febrero, de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia. - Legegunea: Normativa del Pais Vasco - Gobierno Vasco - Euskadi.eus

Normativa

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LEY 3/2005, de 18 de febrero, de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia.

Identificacin

  • mbito territorial: Autonmico
  • Rango normativo: Ley
  • rgano emisor: Presidencia del Gobierno
  • Estado vigencia: Vigente

Boletn oficial

  • Boletn oficial: BOPV (Pas Vasco)
  • N boletn: 59
  • N orden: 1476
  • N disposicin: 3
  • Fecha de disposicin: 18/02/2005
  • Fecha de publicacin: 30/03/2005

mbito temtico

  • Materia: Asuntos sociales y empleo; Cultura y deporte; Seguridad y justicia; Organizacin administrativa
  • Submateria: Asuntos sociales; Justicia; Gobierno y Administracin Pblica
  • 03/2005

    Texto Original: LEY 3/2005, de 18 de febrero, de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia.

    Presidencia del Gobierno
  • 01/2010

    Derogada parcialmente por; Modificada por LEY 3/2009, de 23 de diciembre, de modificacin de la Ley de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia.

    Presidencia del Gobierno
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Texto legal

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Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley

La presente Ley de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia establece, por primera vez en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, un marco global de referencia en la materia.

Hasta el momento actual, las instituciones comunes de nuestra Comunidad Autnoma han limitado su actividad legislativa en el mbito de la atencin a los nios, nias y adolescentes a la regulacin de aspectos especficos en reas de su competencia, como son por ejemplo la educacin o la salud. Otros mbitos, en cambio, tambin de fundamental importancia para la promocin y proteccin de los derechos de un colectivo especialmente vulnerable como es la poblacin infantil y adolescente, no han tenido desarrollo normativo. Es el caso de la proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo y de la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad.

La presente ley pretende colmar ese vaco jurdico definiendo los principios de actuacin y el marco competencial e institucional. Pretende, asimismo, reunir en un nico texto el conjunto de derechos bsicos que otros instrumentos normativos, de carcter autonmico, estatal o internacional, ya reconocen en favor de nios, nias y adolescentes, y, en particular, legislar expresamente los principios que deben regir la actuacin administrativa a fin de promover y defender el ejercicio efectivo de tales derechos.

La evolucin que la figura del nio ha tenido en los ltimos aos exige articular una legislacin acorde con esta nueva dimensin social. El nio ha pasado de ser objeto de proteccin a ser sujeto de derechos, siendo la proteccin uno de los derechos que le amparan. Este cambio de enfoque ha sido, en gran parte, promovido por la Convencin de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nio, de 20 de noviembre de 1989. La rpida respuesta de la comunidad internacional nica en la evolucin de los derechos del hombre ha acelerado aceptacin, divulgacin y afianzamiento de esta nueva perspectiva. Los contenidos declarativos han tenido en nuestro entorno sociocultural reflejo normativo, y los principios de proteccin, provisin y participacin defendidos por la convencin se han traducido en derechos especficos, cuyo contenido garantiza la efectiva aplicacin de aqullos.

Otras aportaciones recientes de la doctrina europea e internacional ms progresista y de los textos internacionales ms novedosos han contribuido a asentar esta tendencia al reconocimiento jurdico del papel social de la infancia y de la adolescencia. Son de obligada referencia la Resolucin sobre los problemas de los nios en la Comunidad Europea, aprobada por el Parlamento Europeo el 13 de diciembre de 1991; la Recomendacin del Consejo de las Comunidades Europeas sobre el cuidado de los nios y las nias, de 31 de marzo de 1992; el Dictamen sobre la adopcin, aprobado por el Consejo Econmico y Social el 1 de julio de 1992; la Carta Europea de los Derechos del Nio, aprobada por el Parlamento Europeo en Resolucin del 8 de julio de 1992, y el Convenio sobre Proteccin de Menores y Cooperacin en materia de Adopcin Internacional, aprobado el 29 de mayo de 1993 por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

En nuestro ordenamiento jurdico se observa un acercamiento progresivo a tales planteamientos, como refleja el protagonismo cada vez ms marcado que otorgan a la infancia y a la adolescencia las reformas y los desarrollos legislativos de los ltimos aos.

La Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificacin del Cdigo Civil en materia de Filiacin, Patria Potestad y Rgimen Econmico del Matrimonio, inici el ciclo de innovaciones al suprimir la distincin entre filiacin legtima e ilegtima, equiparar al padre y a la madre a efectos del ejercicio de la patria potestad e introducir la investigacin de la paternidad. La Ley sobre la Tutela, de 1983, continu el proceso, hasta que la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artculos del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopcin, introdujo cambios fundamentales en el mbito de la proteccin de la infancia y de la adolescencia. A ella se debe la consideracin de la adopcin como un elemento de plena integracin familiar, la configuracin del acogimiento familiar como una nueva institucin de proteccin, la generalizacin de la primaca del inters superior del nio, nia o adolescente y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo a todas las actuaciones administrativas o judiciales relacionadas con l, la ampliacin de las competencias del como defensor de nios, nias y adolescentes, la sustitucin del concepto de abandono por la figura del desamparo y la agilizacin de los procedimientos de proteccin al posibilitar la asuncin de la tutela automtica por parte de la entidad pblica competente.

Algunas disposiciones posteriores insistieron tambin en otorgar protagonismo a los derechos de la poblacin infantil y adolescente: la Ley Orgnica 5/1988, de 9 de junio, sobre Exhibicionismo y Provocacin Sexual en relacin con las Personas Menores de Edad; la Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, y la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurdico la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinacin de disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativos al ejercicio de actividades de radiodifusin televisiva.

En fechas ms recientes, la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha supuesto el ltimo gran avance. En respuesta a las peticiones manifestadas por instituciones pblicas y privadas en orden a solicitar una normativa que colmara las lagunas detectadas en el curso de la aplicacin de la Ley 21/87 y que ofreciera un marco legal de actuacin ms acorde con las nuevas necesidades y demandas de la sociedad, establece las pautas de actuacin que, en adelante, debern presidir los desarrollos normativos en la materia y la intervencin de las administraciones pblicas. La exposicin de motivos de la Ley 1/1996 expresa claramente su espritu al declarar que "la mejor forma de garantizar social y jurdicamente la proteccin de la infancia es promover su autonoma como sujetos"; las necesidades de nios, nias y adolescentes se convierten as en eje de sus derechos y de su proteccin.

En garanta de esa autonoma, recoge y desarrolla expresamente el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen; el derecho a la informacin; a la libertad ideolgica; a la participacin, asociacin y reunin; el derecho a la libertad de expresin y el derecho a ser odo. Extendido progresivamente a todo el ordenamiento jurdico en todas aquellas cuestiones que pueden afectar a los nios, nias y adolescentes, el derecho a emitir su opinin y a que esta opinin se tenga en cuenta cuando tuviera suficiente juicio confirma y afianza el principio de democratizacin que, en el marco de las relaciones con los nios, nias y adolescentes, ya proclamara el Ao Internacional de la Familia y cuya ampliacin alcanza ahora mbitos extrafamiliares. Esta democratizacin de las relaciones se ve reforzada por el hecho de que las limitaciones que pudieran derivarse del desarrollo evolutivo deben interpretarse restrictivamente y paliarse recurriendo a los procedimientos y a los instrumentos de interpretacin ms adecuados a la edad del sujeto.

Proclamado este cambio de orientacin, al regular los principios de actuacin en situaciones de desproteccin social, la Ley 1/1996, de Proteccin Jurdica del Menor, eleva a rango normativo la distincin entre situaciones de riesgo y situaciones de desamparo que las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin ya venan aplicando en la prctica. Asimismo, otorga prioridad al principio de agilidad e inmediatez en todos los procedimientos administrativos y judiciales, articula diferentes tipos de acogimiento familiar, con objeto de dar respuesta a la diversidad que se observa en las necesidades de los nios, nias y adolescentes en situacin de desproteccin, e introduce, en materia de adopcin, el requisito de idoneidad de los adoptantes.

A comienzos del ao 2000, la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, completa el marco normativo respondiendo a la necesidad impuesta por lo establecido en la Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, y en el artculo 19 de la vigente Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal. En este sentido, conviene tener en cuenta las ltimas modificaciones operadas mediante la Ley Orgnica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, y de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relacin con los delitos de terrorismo.

Era necesario que, sobre esta base doctrinal, estas tendencias legislativas internacionales y estatales, y la prctica de las administraciones pblicas, la Comunidad Autnoma del Pas Vasco desarrollara la actividad normativa que corresponde a las competencias que le vienen atribuidas por el Estatuto de Autonoma, la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autnoma y los rganos Forales de sus Territorios Histricos y la Ley de Servicios Sociales, respondiendo as a las recomendaciones planteadas desde la Organizacin de las Naciones Unidas en el marco del seguimiento de la aplicacin de la Convencin sobre los Derechos del Nio.

La presente ley, de acuerdo con el modelo competencial vigente, establece los principios sustantivos y de procedimiento que deben observar las distintas administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco llamadas a ejercer sus competencias, hacindose las remisiones legales pertinentes en materia de legislacin civil, penal y procesal. El respeto al mbito de distribucin competencial entre el Estado y la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, la confluencia con el ejercicio de competencias exclusivas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco y razones de naturaleza teleolgica y sistemtica han exigido en ciertas ocasiones adaptaciones de la mencionada regulacin estatal a la estructura y finalidad de la presente ley. En cualquier caso, el contenido recogido en los artculos concernidos debe atenerse a la norma estatal que en cada momento rija en la materia.

La ley se sita en el marco de las competencias que el Estatuto de Autonoma otorga a la Comunidad Autnoma del Pas Vasco en materia, entre otras, de sanidad, educacin, polica, comercio interior, defensa de las personas consumidoras y usuarias y publicidad.

Especial consideracin merecen las competencias que fundamentan los servicios sociales como conjunto de recursos, actividades, prestaciones o equipamientos que contribuyen a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos y los grupos en la comunidad y su adaptacin al entorno social, destacndose la atencin y proteccin a la infancia y a la adolescencia como un captulo esencial en las polticas de bienestar social. En este sentido, destacan las competencias exclusivas de la Comunidad Autnoma vasca en materia de asistencia social (artculo 10.12 del Estatuto de Autonoma para el Pas Vasco), fundaciones y asociaciones de carcter benfico asistencial (artculo 10.13), organizacin, rgimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de proteccin y tutela de menores y reinsercin social (artculo 10.14), ocio y esparcimiento (artculo 10.36), desarrollo comunitario, condicin femenina y poltica infantil, juvenil y de la tercera edad (artculo 10.39).

Considerando la peculiaridad de la organizacin institucional de nuestra Comunidad Autnoma en virtud de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autnoma y los rganos Forales de sus Territorios Histricos, esta ley respeta las competencias de ejecucin, dentro del territorio histrico correspondiente, de la legislacin de las instituciones comunes en materia de asistencia social, desarrollo comunitario, condicin femenina, poltica infantil y juvenil, tercera edad, ocio y esparcimiento quecorresponden a los respectivos rganos forales, sin perjuicio de la accin directa de las instituciones comunes del Pas Vasco.

Precisamente el criterio de clasificacin de los servicios sociales en servicios sociales de base y servicios sociales especializados, que deriva de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, y la distribucin de competencias que la misma realiza a favor de las administraciones autnoma, foral y municipal, se han considerado en esta ley como base para la distribucin de competencias en materia de atencin y proteccin de personas menores de edad entre las distintas administraciones pblicas del Pas Vasco. Por otro lado, esta ley atribuye definitivamente a la Administracin autnoma del Pas Vasco la competencia de ejecucin de las medidas adoptadas por los juzgados de menores, en aplicacin de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

La presente Ley de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia tiene un triple objeto:

  1. Garantizar a los nios, nias y adolescentes, residentes o transentes en el territorio de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, el ejercicio de los derechos que les reconocen la Constitucin, la Convencin de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nio, la Carta Europea de los Derechos del Nio y el ordenamiento jurdico en su conjunto.

  2. Establecer el marco de actuacin en el que deben ejercerse las actividades de fomento de los derechos y del bienestar de la infancia y de la adolescencia, as como las intervenciones dirigidas a su atencin y proteccin, en orden a garantizar su desarrollo en los mbitos familiar y social.

  3. Definir los principios de actuacin y el marco competencial e institucional en el mbito de la proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo, as como en el de la intervencin con personas infractoras menores de edad.

    Estructurado en ocho ttulos, el texto legal pretende establecer el marco global de actuacin en cada uno de los mbitos que regula.

    Las disposiciones generales del ttulo I marcan la orientacin de la ley, relegando implcitamente el tan polmico concepto de "menores", de connotaciones paternalistas, y optando por los de "personas menores de edad", "nios, nias y adolescentes", o "infancia y adolescencia". Se adopta el principio del inters superior de los nios, nias y adolescentes y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo como principio inspirador bsico de todas las decisiones y actuaciones privadas o pblicas que guarden relacin con ellos, y se estipulan los principios generales que necesariamente deben informar las intervenciones. En particular, la ley proclama el derecho de los nios, nias y adolescentes a ser claramente informados de sus derechos; a ver respetados sus derechos individuales y colectivos, con referencia especfica a su derecho a la participacin; a ser protegidos contra cualquier accin u omisin que pudiera perjudicarles, dando prioridad siempre en tales casos al mantenimiento en el entorno familiar; a que las medidas que se adopten a su respecto presenten un carcter eminentemente socioeducativo. Asimismo, la ley subraya la necesidad de sensibilizar a la sociedad con objeto de prevenir la marginacin y la explotacin infantil, as como los abusos y malos tratos.

    El texto incide en el derecho de las personas menores de edad a ser odas cuando tengan suficiente juicio, y asume la capacidad progresiva de stas de edad para el ejercicio de sus derechos. En este sentido, se recoge, con respecto a sus derechos en el mbito de la proteccin a la salud, la facultad para prestar o denegar consentimiento reconocida a las personas que hayan cumplido diecisis aos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Bsica Reguladora de la Autonoma del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Informacin y Documentacin Clnica.

    Se insiste igualmente, en todos los mbitos de aplicacin de la ley, en la obligacin de colaboracin interinstitucional que se impone a los organismos, entidades e instituciones pblicas y privadas, a fin de proporcionar a la poblacin infantil y juvenil una atencin coherente y organizada, que no slo facilite la deteccin de situaciones de desproteccin, sino que tambin permita intervenciones ms eficaces y ms acordes con una utilizacin racional de los recursos.

    El ttulo II recoge los derechos bsicos de la poblacin infantil y adolescente, as como sus derechos en los mbitos de la salud, la educacin, la cultura, el tiempo libre, el medio ambiente, el entorno, la participacin social y la integracin social, implicando de esta manera en la aplicacin de la ley a todas las administraciones pblicas y a todas las entidades privadas que participan activamente en estos mbitos.

    El ttulo III establece el marco de intervencin en materia de proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo.

    Con referencia a la accin protectora de la Administracin, el texto explicita principios de actuacin acordes con la filosofa de la Ley Orgnica 1/1996, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regula las pautas procedimentales con objeto de alcanzar cierta uniformidad en la aplicacin de los preceptos de la norma y garantizar as el cumplimiento del principio de igualdad. En la regulacin de las medidas que puede adoptar la Administracin, se incide con detalle en aquellas que implican una separacin del medio familiar, es decir, el acogimiento familiar, el acogimiento residencial y la adopcin, introduciendo garantas de calidad mediante la aplicacin de procedimientos de autorizacin, registro, homologacin, inspeccin y evaluacin de servicios y centros, la atribucin a la Administracin autnoma de la responsabilidad de regular los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben reunir los centros residenciales y la proclamacin de los derechos y obligaciones de los nios, nias y adolescentes residentes.

    Con relacin a los casos de adopcin, la ley establece el derecho a conocer la filiacin biolgica de conformidad con lo establecido en la Convencin de los Derechos del Nio as como en el Convenio de La Haya, de 1993, sobre Proteccin del Nio y Cooperacin en materia de Adopcin Internacional.

    En el mbito de la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad, recogida en el ttulo IV, se establecen igualmente los principios de actuacin y las modalidades de ejecucin de las medidas dictadas por el juez de menores, atendiendo al tenor de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, con especial incidencia en las medidas de internamiento, e introduciendo, tambin en este caso, garantas tendentes a favorecer la calidad de la atencin y el respeto de los derechos de las personas infractoras menores de edad. A tales efectos, se prev que la Administracin autnoma regule los requisitos materiales, funcionales y de personal que debern reunir los centros de internamiento, con mencin expresa de los derechos y obligaciones de los adolescentes internados.

    Al regular la organizacin institucional en su ttulo V, la ley prev la creacin de la figura de la Defensora para la Infancia y la Adolescencia, estableciendo entre sus funciones las de sensibilizacin y promocin social de los derechos de la infancia y la adolescencia.

    El texto opta, as mismo, por la creacin de un Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, dedicado fundamentalmente al estudio de las condiciones de vida de los nios, nias y adolescentes y al asesoramiento de las entidades implicadas en su atencin.

    Por ltimo, la ley consolida la funcin de la Comisin Permanente Sectorial para la Atencin a la Infancia y la Adolescencia, en el seno del Consejo Vasco de Bienestar Social, como foro especfico de participacin de las instituciones pblicas y agentes sociales implicados en la atencin, seguimiento y proteccin de las personas menores de edad y como rgano de consulta y asesoramiento respecto de los proyectos de ley, disposiciones generales y reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno Vasco en los aspectos a que se refiere la presente ley.

    El ttulo VI contiene la distribucin competencial entre las distintas Administraciones pblicas que intervienen en la atencin y proteccin a la infancia y a la adolescencia.

    En el ttulo VII, la ley regula la relacin de la Administracin pblica con las entidades privadas, recogiendo el principio de fomento de la iniciativa social adoptado por la Ley de Servicios Sociales.

    Finalmente, la ley incorpora en su ttulo VIII un rgimen sancionador, que determina las infracciones, las sanciones y el procedimiento aplicable. Con este sistema se pretende garantizar la aplicacin real de los principios y preceptos legales y la no vulneracin de unos derechos cuyo contenido puramente declarativo es imprescindible trascender.

La presente ley tiene por objeto la atencin y proteccin a la infancia y la adolescencia en garanta del ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades. En particular, tiene por objeto:

  1. Garantizar a los nios, nias y adolescentes que residan o se encuentren en territorio de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco el ejercicio de los derechos que les reconocen la Constitucin, la Convencin de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nio, la Carta Europea de los Derechos del Nio y el ordenamiento jurdico en su conjunto.

  2. Establecer el marco de actuacin en el que deben ejercerse las actividades de fomento de los derechos y del bienestar de la infancia y la adolescencia, as como las intervenciones dirigidas a su atencin y proteccin, en orden a garantizar su desarrollo en los mbitos familiar y social.

  3. Definir los principios de actuacin y el marco competencial e institucional en el mbito de la proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo, as como en el de la intervencin con personas infractoras menores de edad.

A los efectos de la presente ley y de sus disposiciones de desarrollo:

  1. Se entiende que son personas menores de edad quienes tienen una edad inferior a la mayora de edad establecida en el Cdigo Civil, siempre que no hayan sido emancipadas o no hayan alcanzado la mayora de edad en virtud de lo dispuesto en la ley que les sea aplicable. La minora de edad se entender referida a la establecida en el Cdigo Penal para las disposiciones relativas a personas infractoras menores de edad.

  2. Se entiende por infancia el perodo de vida comprendido entre el nacimiento y la edad de doce aos, y por nios y nias las personas que se encuentran en dicho perodo de vida.

  3. Se entiende por adolescencia el perodo de vida comprendido entre la edad de trece aos y la mayora de edad establecida por ley o la emancipacin, y por adolescentes las personas que se encuentran en dicho perodo de vida.

Corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autnoma de Euskadi el desarrollo normativo y la accin directa en materia de atencin y proteccin a la infancia y la adolescencia.

  1. De conformidad con lo dispuesto en el artculo 2 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica de Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el inters superior de los nios, nias y adolescentes y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo deben ser el principio inspirador de las decisiones y actuaciones que a su respecto adopten y apliquen los padres y madres, tutores o guardadores. Tambin lo sern de todas las actuaciones pblicas que guarden relacin directa con ellos y, en particular, de todas las decisiones adoptadas por la autoridad judicial o administrativa o por las instituciones pblicas o privadas responsables de su atencin y proteccin.

    Para la determinacin de ese inters se atender en primer trmino a las necesidades y derechos de la persona menor de edad, se tendrn en cuenta sus opiniones y deseos manifestados con juicio suficiente y se considerar su individualidad en el marco familiar y social.

  2. El inters superior de los nios, nias y adolescentes y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo deben primar sobre cualquier otro inters legtimo concurrente.

Los principios de actuacin que rigen la intervencin de las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco en el ejercicio de sus competencias de atencin a la infancia y la adolescencia velarn por:

  1. Garantizar el respeto de los derechos individuales ycolectivos reconocidos a los nios, nias y adolescentes en el ordenamiento jurdico vigente.

  2. Garantizar el derecho de los nios, nias y adolescentes a ser informados de sus derechos, verbalmente y/o por escrito, en un idioma que entiendan y con un lenguaje claro y sencillo, adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento y, en su caso, a sus necesidades educativas especiales.

  3. Garantizar el respeto al principio de igualdad, evitando y, en su caso, eliminando cualquier condicionante derivado del hecho de vivir en un entorno rural, marginal o degradado y cualquier forma de discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social de los nios, nias y adolescentes o de sus familias.

  4. Adoptar los medios que resulten necesarios para favorecer el desarrollo integral de los nios, nias y adolescentes, en particular el desarrollo de su personalidad, garantizando la prestacin de una atencin adecuada a las diferentes etapas evolutivas.

  5. Fomentar en los nios, nias y adolescentes los valores de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad, responsabilidad, participacin y, en general, los principios democrticos de convivencia social.

  6. Adoptar cuantas medidas resulten necesarias para evitar que el contenido esencial de los derechos de los nios, nias y adolescentes quede afectado por la carencia de recursos adaptados a sus necesidades.

  7. Garantizar que el ejercicio efectivo de los derechos regulados en esta ley no se vea obstaculizado o impedido por la existencia de barreras cuya eliminacin se contemple en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promocin de la Accesibilidad.

  8. Prevenir las situaciones de explotacin, desasistencia, indefensin, inadaptacin, marginacin, abandono o desproteccin que puedan afectar a los nios, nias y adolescentes y adoptar las medidas que resulten necesarias para ello.

  9. Prestar especial consideracin a los casos en los que los nios, nias o adolescentes sean vctimas de delitos y adoptar las medidas de apoyo y proteccin que resulten ms adecuadas.

  10. Garantizar el carcter eminentemente educativo de las medidas que se adopten, con vistas a favorecer la plena integracin social de los nios, nias y adolescentes.

  11. Fomentar la solidaridad y la sensibilidad social ante las cuestiones relacionadas con la infancia y la adolescencia, con objeto, particularmente, de prevenir la marginacin y la explotacin infantil, as como cualquier manifestacin de abuso, acoso y maltrato fsico, psquico o emocional, e impulsar el papel de la sociedad civil en defensa de los derechos y libertades de la infancia y la adolescencia.

  12. Promover la participacin de la iniciativa social en la aplicacin de los planes y programas de promocin, atencin y proteccin de la infancia y la adolescencia impulsados por las administraciones pblicas, as como en la ejecucin de medidas judiciales en medio abierto impuestas por los juzgados de menores en el mbito de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  1. Favorecer las relaciones intergeneracionales, fomentando el voluntariado de las personas mayores y de los jvenes para colaborar en actividades con nios, nias y adolescentes, de conformidad con la Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado.

  2. Fomentar las relaciones solidarias con otros pueblos, favoreciendo los intercambios culturales, la cooperacin orientada a la infancia en situacin de vulnerabilidad, as como la estancia temporal de nios, nias y adolescentes procedentes de pases empobrecidos o en conflicto, de conformidad con la legislacin aplicable.

  3. Promover la colaboracin y coordinacin entre las diferentes administraciones al objeto de garantizar todos los derechos que asisten a los nios, nias y adolescentes.

Los organismos, entidades e instituciones pblicas y privadas actuarn con la obligada reserva en el mbito de la atencin y proteccin a la infancia y la adolescencia, adoptando las medidas oportunas para garantizar, en aplicacin del derecho a la intimidad, el tratamiento confidencial de la informacin con la que cuenten y de los ficheros o registros en los que conste dicha informacin, en los trminos regulados en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal.

El mismo deber de reserva se har extensivo a las autoridades y personas que, por su profesin o funcin, conozcan de casos en los que podra existir o exista una situacin de riesgo o de desamparo o tengan acceso a la informacin citada en el prrafo anterior.

Los organismos, entidades e instituciones pblicas y privadas tienen la obligacin de colaborar y de coordinar sus actuaciones, a fin de proporcionar a la poblacin infantil y adolescente una atencin coherente, organizada e integral, que no slo facilite la deteccin de situaciones de desproteccin, sino que tambin permita intervenciones ms eficaces y ms acordes con una utilizacin racional de los recursos.

Las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, en el mbito de sus competencias, tendrn entre sus prioridades presupuestarias las actividades de promocin, atencin, proteccin, formacin, ocio e integracin de los nios, nias y adolescentes.

Los nios, nias y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurdico vigente, entre los que destacan particularmente, al igual que para el resto de la ciudadana, el derecho a la vida y a la integridad fsica y psquica, el derecho al libre y pleno desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad.

As mismo, son titulares de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, a la identidad, a la informacin, a la libertad ideolgica, a la participacin, asociacin y reunin, a la libertad de expresin, a ser odos en cuantas decisiones les incumben y a defender sus derechos.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

  1. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, quedando comprendidos en este derecho la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, as como el secreto de las comunicaciones.

  2. En los casos en que los derechos recogidos en la letra anterior queden vulnerados por la difusin de informacin o la utilizacin de imgenes o nombres de nios, nias y adolescentes en los medios de comunicacin que pueda implicar una intromisin ilegtima en su intimidad, honra o reputacin, o que sea contraria a sus intereses, el ministerio fiscal deber intervenir instando de inmediato las medidas cautelares y de proteccin previstas en la ley y solicitando las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados. Tales actuaciones procedern incluso si consta el consentimiento del nio, nia o adolescente o de sus representantes legales.

  3. En los casos a que se refiere la letra anterior, y sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del nio, nia o adolescente, el ministerio fiscal podr actuar de oficio o a instancia del propio nio, nia o adolescente o de cualquier persona interesada, fsica o jurdica, o entidad pblica.

  4. Los padres y madres, tutores o guardadores y los poderes pblicos respetarn estos derechos y los protegern frente a posibles ataques de terceros.

  1. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a conocer su identidad, a tener un nombre y una nacionalidad, y deben ser registrados desde su nacimiento.

  2. Los poderes pblicos habrn de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho y, en particular, velar por el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

    1. La identificacin de la madre en el parte mdico de nacimiento.

    2. La inscripcin de la filiacin materna en el Registro Civil, que deber extenderse de conformidad con la normativa registral.

    3. La facilitacin del acceso de las personas adoptadas a la informacin de la que disponga cualquier administracin pblica sobre su filiacin de origen, en los trminos regulados en el artculo 84 de esta ley.

  3. Las personas extranjeras menores de edad que se encuentren en territorio de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco tienen el derecho y la obligacin de conservar la documentacin que, expedida por las autoridades competentes del pas de origen o de procedencia, acredite su identidad, as como la que acredite su situacin en la Comunidad Autnoma, y no pueden ser privadas de su documentacin salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en la ley.

    Si se diera el caso de que dichas personas estuvieran indocumentadas, tendrn derecho a que la administracin competente para ello les documente debidamente.

  1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los nios, nias y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la informacin adecuada a su desarrollo segn su edad y condiciones de madurez, debiendo los padres y madres, tutores o guardadores y los poderes pblicos velar por que la informacin que reciban sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales.

  2. Las administraciones pblicas vascas competentes por razn de la materia incentivarn la produccin y difusin de materiales informativos destinados a los nios, nias y adolescentes y facilitarn el acceso de stos a los servicios de informacin, documentacin, bibliotecas y dems servicios culturales. En particular, velarn por que los medios de comunicacin, en sus mensajes dirigidos a personas menores de edad, promuevan los valores de igualdad, solidaridad y respeto; eviten imgenes de contenido violento, pornogrfico o de explotacin en las relaciones personales, o que reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, o presenten cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo, todo ello en los trminos contemplados en los artculos 30, 31 y 32.

  3. Las administraciones pblicas vascas promovern por la existencia de cdigos ticos referentes a los contenidos emitidos por los medios de comunicacin.

  1. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a la libertad de ideologa, conciencia y religin, con las limitaciones prescritas por la ley y respetando los derechos y libertades fundamentales de los dems.

  2. Los padres y madres, tutores o guardadores tienen el derecho y el deber de cooperar para que la persona menor de edad ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral.

  1. Las personas menores de edad tienen derecho a participar plenamente en sus ncleos de convivencia ms inmediatos y en la vida social, cultural, artstica y recreativa de su entorno, y a incorporarse progresivamente a la ciudadana activa, de acuerdo con su grado de desarrollo personal.

  2. Los nios, nias y adolescentes tienen el derecho de asociacin, que comprende, en particular, el derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de partidos polticos y sindicatos y el derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas en los trminos previstos en el ordenamiento jurdico vigente.

  3. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a participar en reuniones pblicas y manifestaciones pacficas convocadas en los trminos establecidos por la ley, as como a promoverlas y convocarlas con el consentimiento expreso de sus padres y madres, tutores o guardadores.

  4. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus respectivas competencias, promovern medidas destinadas a fomentar la participacin de las personas menores de edad en foros destinados a recoger sus opiniones respecto a proyectos, programas o decisiones que les afecten.

  1. Los nios, nias y adolescentes gozan del derecho a la libertad de expresin en los trminos constitucionalmente previstos, con el lmite de la proteccin de la intimidad y la imagen de la propia persona menor de edad recogido en el artculo 10 de esta ley y con las restricciones que prevea el ordenamiento jurdico para garantizar el respeto de los derechos de los dems o la proteccin de la seguridad, salud, moral u orden pblico.

  2. En especial, el derecho a la libertad de expresin se extiende a la publicacin y difusin de sus opiniones, a la edicin y produccin de medios de difusin y al acceso a las ayudas que las administraciones pblicas establezcan con tal fin.

  1. Los nios, nias y adolescentes, cuando tengan suficiente juicio, tienen derecho a ser odos tanto en el mbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que se encuentren directamente implicados y que conduzca a una decisin que afecte a su esfera personal, familiar o social. En todo caso, las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, velarn por que, en el ejercicio de este derecho, se respeten las necesarias condiciones de discrecin, intimidad, seguridad, ausencia de presin y adecuacin a la situacin.

  2. Se garantizar que el nio, nia o adolescente pueda manifestar su opinin, por s mismo o a travs de la persona que designe para que le represente, cuando tenga suficiente juicio; no obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al inters de la persona menor de edad, podr conocerse su opinin por medio de sus representantes legales, siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los de aqulla, o a travs de otras personas que por su profesin o relacin de especial confianza con la persona menor de edad puedan transmitir su opinin objetivamente. Este derecho deber entenderse sin perjuicio de las previsiones especiales que se establezcan por ley a su respecto, como las recogidas en el artculo 18.2f) con referencia al derecho a otorgar o denegar el consentimiento en materia de intervenciones sanitarias.

  3. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, velarn por que en los procedimientos directos con las personas menores de edad se utilice un idioma que entiendan y un lenguaje adaptado a su capacidad de entendimiento.

  1. Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a defender sus derechos por s mismos cuando lo permitan las leyes y, en todo caso, mediante sus representantes legales, siempre que stos no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los de la persona menor de edad, o a travs de otras personas que por su profesin o relacin de especial confianza puedan transmitir su opinin objetivamente. Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda quedan obligadas a la defensa de tales derechos, y las administraciones pblicas competentes a velar por su adecuado ejercicio y a poner en marcha los mecanismos necesarios para cumplir con esos objetivos.

  2. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a recibir de las administraciones pblicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos. A tal fin, pueden:

    1. Solicitar la proteccin y tutela de la entidad pblica competente.

    2. Poner en conocimiento del ministerio fiscal las situaciones que consideren que atentan contra sus derechos con el fin de que ste promueva las acciones oportunas.

    3. Plantear sus quejas ante la institucin de la Defensora de la Infancia y la Adolescencia creada por el artculo 96 de la presente ley.

    4. Solicitar de las administraciones pblicas los recursos sociales disponibles.

    5. Contar con defensa letrada en los procedimientos judiciales en que se vean implicados como acusados de haber cometido alguna infraccin penal, defensa que ser prestada a travs del turno de oficio en caso de no designar letrado de confianza, as como disfrutar del derecho a la asistencia jurdica gratuita en los procedimientos de jurisdiccin voluntaria relativos al mbito contemplado en la presente ley, todo ello en los trminos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita, y en el Decreto 210/1996, de 30 de julio, de asistencia jurdica gratuita de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  3. En el marco de los procedimientos judiciales, cuando se considere que la participacin presencial de la persona menor de edad pudiera resultar traumtica para sta o pudiera hacer peligrar la prueba testifical, se procurar garantizar su participacin por medios tcnicos que eviten su presencia en la sala, y se solicitar, si se estimara necesario, la autorizacin del fiscal competente para que la persona menor de edad intervenga en el procedimiento conservando el anonimato.

  4. Las administraciones pblicas tienen el deber de facilitar a las personas menores de edad el ejercicio de este derecho, asesorndoles y orientndoles en la tramitacin de los procedimientos en los que se encuentren incursas. A tal efecto, el servicio de informacin dependiente del departamento competente en asuntos sociales regulado en el artculo 42 de la presente ley desarrollar funciones de orientacin hacia las instancias ms adecuadas para garantizar a los nios, nias y adolescentes la defensa de sus derechos.

    En aquellos casos en los que pudiera existir un conflicto de intereses entre la persona menor de edad y la entidad pblica bajo cuya guarda o tutela se encuentre, deber ponerse en conocimiento de la persona menor de edad su derecho a contar con un defensor judicial en los trminos previstos en la legislacin vigente.

  5. La actuacin de las administraciones pblicas ser prioritaria en los casos de amenaza y coaccin, de manera que la administracin pblica competente actuar de oficio ante cualquier indicio de estas situaciones.

  1. Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a la promocin y la proteccin de su salud y a la atencin sanitaria integral de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin vigente.

  2. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho:

    1. A ser correctamente identificados en el momento de su nacimiento mediante los instrumentos que a tal efecto garanticen este derecho.

    2. A disponer desde su nacimiento de una cartilla de salud infantil que contemple las principales acciones de prevencin sanitaria y de proteccin de la salud que se consideren pertinentes.

    3. A ser inmunizados contra las enfermedades infectocontagiosas contempladas en el calendario de vacunas propuesto por la autoridad sanitaria.

    4. A la proteccin de la confidencialidad de su historia clnica y de su historia social, si la hubiere, o de cualquier otro dato relativo a su situacin socioeconmica y familiar.

    5. A ser informados de su estado de salud y, en su caso, del tratamiento mdico a que son sometidos, atendiendo a su edad, madurez y estado psicolgico y afectivo, en los trminos contemplados en el artculo 12, y tratando en lo posible de ofrecer la informacin pertinente en la lengua con la que el nio, nia o adolescente se encuentre ms familiarizado.

    6. A otorgar o denegar su consentimiento de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Bsica Reguladora de la Autonoma del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Informacin y Documentacin Clnica.

    7. A no ser sometidos a experimentos, de carcter cientfico o mdico, que puedan poner en peligro su integridad y su salud.

    8. A recibir informacin sobre la salud en general.

    9. A ser tratados con educacin, comprensin y respeto a su intimidad.

    10. A cuantos otros derechos se contemplen en la normativa de aplicacin en los servicios de salud.

  3. En relacin con la promocin y la proteccin de la salud de los nios, nias y adolescentes, sus padres y madres, tutores o guardadores legales tienen derecho:

    1. A ser informados acerca del estado de salud del nio, nia o adolescente, sin perjuicio del derecho fundamental de estos ltimos a su intimidad en funcin de su edad, estado afectivo y desarrollo intelectual.

    2. A ser informados de las pruebas de deteccin o de tratamiento que se considere oportuno aplicar al nio, nia y adolescente, y a dar su consentimiento previo para la realizacin de las mismas en los trminos previstos en la letra f) del apartado anterior. En caso de que no prestaran su consentimiento, ser la autoridad judicial, previa prescripcin facultativa, quien otorgar, en su caso, el consentimiento, primando siempre el derecho a la vida y a la salud de la persona menor de edad.

    3. A cuantos otros derechos se deriven de la normativa de aplicacin en los servicios de salud.

  4. El departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de sanidad garantizar los derechos y deberes de carcter instrumental y complementario que deriven de la regulacin legal del derecho a la proteccin de la salud de los nios, nias y adolescentes, con el mximo respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad en sus relaciones con los servicios sanitarios. En cumplimiento de lo anterior, el departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de sanidad colaborar con el departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de educacin en la elaboracin de programas de educacin para la salud, en la promocin y proteccin de la salud y, en general, en las materias que en cada momento se estimen prioritarias.

Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a acceder al sistema pblico de atencin sanitaria en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos.

  1. El departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de sanidad deber poner los medios necesarios para que se potencie el tratamiento ambulatorio de nios, nias y adolescentes a fin de evitar en lo posible su hospitalizacin. Los centros de salud ambulatorios dispondrn, a tales efectos, de locales adecuados que respondan a las necesidades de cuidados de las personas menores de edad y, en funcin del espacio disponible y de otras posibilidades existentes, tambin a las de juego, de acuerdo con las normas oficiales de seguridad. En particular, deber velarse por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

  2. Si la hospitalizacin del nio, nia o adolescente fuera indispensable, el perodo de hospitalizacin deber ser lo ms breve posible.

  3. Los nios, nias y adolescentes, cuando sean hospitalizados en centros sanitarios, sean stos pblicos o privados, adems de los derechos generales previstos en el artculo 18, tendrn derecho:

    1. A recibir informacin sobre el conjunto del tratamiento mdico al que se les somete y las perspectivas positivas que ste ofrece. Dicha informacin se adaptar a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicolgico.

    2. A ser atendidos, tanto en la recepcin como en el seguimiento, de manera individual y, en lo posible, siempre por el mismo equipo de profesionales.

    3. A estar acompaados, el mximo tiempo posible durante su permanencia en el hospital, de sus padres y madres o de la persona que los sustituya, quienes no asistirn como espectadores pasivos sino como elementos activos de la vida hospitalaria, salvo que ello pudiera perjudicar u obstaculizar la aplicacin de los tratamientos oportunos.

    4. A contactar con sus padres y madres, o con las personas que los sustituya, en momentos de tensin, para lo cual dispondrn de los medios adecuados.

    5. A ser hospitalizados junto a otros nios, por lo que se evitar todo lo posible su hospitalizacin entre adultos.

    6. A disponer de locales adecuados que respondan a sus necesidades en materia de cuidados, de educacin y de juego, de acuerdo con las normas oficiales de seguridad. En particular deber velarse por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

    7. A proseguir su formacin escolar durante su permanencia en el hospital, y a beneficiarse de las enseanzas de los maestros y del material didctico que las autoridades escolares pongan a su disposicin.

    8. A disponer durante su permanencia en el hospital de juguetes, libros y medios audiovisuales adecuados a su edad.

    9. A la seguridad de recibir los cuidados precisos, incluso si para ello fuera necesaria la intervencin de la justicia, en los casos en que los padres y madres o la persona que los sustituya se los negaran, por razones religiosas, culturales o cualquiera otras, o no estuvieran en condiciones de dar los pasos oportunos para hacer frente a la necesidad, debiendo prevalecer en todos los casos el derecho a la vida y a la integridad fsica de la persona menor de edad.

  4. En los centros de salud mental se crearn las condiciones precisas para responder a las necesidades de atencin y tratamiento adecuados de los nios, nias y adolescentes. En particular, se tender a la creacin y equipamiento de unidades especializadas dotadas de personal cualificado para la atencin a nios, nias y adolescentes con problemas de salud mental.

  5. En el marco del Consejo Vasco de Atencin Sociosanitaria se garantizar la necesaria coordinacin entre las administraciones que lo integran al objeto de impulsar la creacin de centros y servicios para la atencin de los nios, nias y adolescentes con discapacidad.

  6. Las administraciones competentes desarrollarn programas de formacin dirigidos a los titulares de los servicios de salud y el personal sanitario, con el fin de que adquieran los conocimientos suficientes que les permitan detectar malos tratos o la existencia de desproteccin o riesgo infantil.

Los titulares de los servicios de salud y el personal sanitario estn obligados a poner en conocimiento de las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin de personas menores de edad, o cuando sea necesario del ministerio fiscal o de la autoridad judicial, aquellos hechos que puedan suponer la existencia de malos tratos o una situacin de desproteccin o riesgo infantil, aportando los datos que resulten necesarios y suficientes para garantizar la calidad y eficacia de las intervenciones, as como colaborando con las citadas administraciones para evitar y resolver tales situaciones.

  1. Todos lo nios, nias y adolescentes tienen derecho a una formacin educativa, que fundamentalmente les ser proporcionada en el mbito sociofamiliar y en los centros educativos, en los trminos previstos en la legislacin vigente.

  2. Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a recibir la enseanza bsica, que comprende la educacin primaria y la educacin secundaria obligatoria, en los trminos establecidos en la legislacin vigente.

  1. El departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de educacin deber disponer en los centros educativos de un nmero de plazas suficiente para prestar la atencin educativa que los nios, nias y adolescentes precisen en los distintos ciclos de enseanza.

  2. Los centros educativos reunirn las condiciones de diseo y equipamiento necesarias al adecuado desarrollo de las capacidades fsicas y mentales de los nios, nias y adolescentes. En particular, deber velarse por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y de accesibilidad.

  3. Los poderes pblicos garantizarn, a travs de los centros que integran la escuela pblica vasca, la escolarizacin gratuita a partir de los tres aos de edad.

  4. La Administracin educativa, en colaboracin con las distintas administraciones y agentes sociales, implantar la escolarizacin a partir de los cero aos en los trminos contemplados en la normativa reguladora de la escuela pblica vasca. En todo caso, en el proceso de implantacin se dar prioridad a las zonas de menor nivel socioeconmico y, en general, a los alumnos con necesidades educativas especiales o necesidades de carcter lingstico.

El departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de educacin deber poner los medios necesarios para que:

  1. El proceso educativo de los nios, nias y adolescentes se adapte a su situacin evolutiva.

  2. Se contemplen en los proyectos educativos y curriculares de los centros de enseanza los siguientes aspectos:

    1. la educacin en valores acordes con los principios, derechos y libertades fundamentales recogidos en el ordenamiento jurdico vigente, en particular el respeto a la diversidad y la no discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social;

    2. una educacin no sexista basada en valores que fomenten la tolerancia, el civismo y la cultura de la paz;

    3. la realidad social y cultural de la Comunidad Autnoma en su pluralidad, garantizando en particular el aprendizaje de los idiomas oficiales de la misma;

    4. el conocimiento del entorno cultural ms prximo y la apertura a otros mbitos culturales;

    5. el respeto al medio ambiente natural y equilibrado sobre las bases de un desarrollo sostenible.

  3. Se respete y se promueva la igualdad de oportunidades en el acceso a la escuela y durante su permanencia en ella, ofreciendo las mismas oportunidades educativas a todos los nios, nias y adolescentes y arbitrando al efecto acciones de discriminacin positiva, de carcter inclusivo, que apoyen el proceso educativo y prevengan el riesgo de fracaso escolar, en favor de quienes presenten desventajas econmicas, sociales, culturales o personales.

  4. Se propicie la participacin de nios, nias y adolescentes en su proceso educativo y en las asociaciones de estudiantes.

  5. Se respete y se promueva el derecho de los padres y madres, tutores o guardadores al seguimiento y a la participacin en la educacin escolar de los nios, nias y adolescentes.

  6. Se emprendan las acciones necesarias para evitar el absentismo escolar en la enseanza obligatoria, en colaboracin con las administraciones locales, el personal docente y las familias.

  7. Se preste atencin prioritaria al alumnado con necesidades educativas especiales con objeto de garantizar la mejor formacin personal, escolar y profesional, propiciando la individualizacin de la atencin desde el inicio de la escolaridad. Las funciones de apoyo correspondern a profesionales cualificados para el desarrollo de las mismas.

  8. Se desarrollen en los centros educativos programas de prevencin de las situaciones de riesgo, fundamentalmente:

    1. Programas de prevencin sanitaria y educacin para la salud, en particular sobre las sustancias que pueden generar dependencias, sobre anticoncepcin, sobre las enfermedades de transmisin sexual y sobre alimentacin, a fin de que los nios, nias y adolescentes adquieran hbitos de conducta no perjudiciales para su propia salud o para la de otras personas.

    2. Programas de educacin afectivo-sexual.

    3. Programas de prevencin y educacin en materia de seguridad vial.

    4. Programas de informacin y prevencin tendentes a advertir de los efectos perjudiciales de las sectas u otras organizaciones que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de los nios, nias y adolescentes.

    5. Programas de sensibilizacin y prevencin sobre los malos tratos y abusos sexuales, con informacin de los derechos de los nios, nias y adolescentes, de los comportamientos propios o ajenos que pueden conculcar esos derechos o desencadenar una situacin de riesgo, as como de las personas u organismos a los que puedan dirigirse para solicitar ayuda. Todo ello, ofrecido con un lenguaje claro y sencillo, adaptado a la capacidad y desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas.

    6. Programas informativos y formativos sobre medio ambiente y consumo responsable.

  9. Se priorice la deteccin y correccin de cualquier situacin de acoso y violencia entre los nios, nias y adolescentes;

  10. Las administraciones competentes desarrollen programas de formacin dirigidos a los titulares de los centros educativos y el personal de los mismos, con el fin de que adquieran los conocimientos suficientes que les permitan detectar malos tratos o la existencia de desproteccin o riesgo infantil.

  1. Las autoridades y las personas que tengan conocimiento de que un nio, nia o adolescente en edad de educacin obligatoria no est escolarizado, o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificacin, debern ponerlo en conocimiento de las autoridades pblicas competentes, en particular de las autoridades educativas, de las entidades locales y del ministerio fiscal, a fin de que adopten las medidas necesarias para su escolarizacin o, en su caso, su asistencia al centro escolar.

  2. Asimismo, los titulares de los centros educativos y el personal de los mismos estn obligados a poner en conocimiento de las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin de personas menores de edad, o cuando sea necesario del ministerio fiscal o de la autoridad judicial, aquellos hechos que puedan suponer malos tratos o la existencia de desproteccin o riesgo infantil, debiendo comunicar los datos e informaciones que resulten necesarios y suficientes para garantizar la calidad y la eficacia de las intervenciones, as como colaborar con las citadas administraciones para evitar y resolver estas situaciones, si bien debern tenerse siempre en cuenta los intereses prioritarios de las personas menores de edad.

  1. Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a recibir, como complemento de la enseanza impartida en los centros escolares, una formacin cultural integral, que les permita desarrollar su capacidad intelectual y artstica y sus habilidades manuales y fsicas.

  2. Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a que se respeten sus opciones culturales, independientemente de cul sea su cultura familiar.

  3. As mismo, todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a conocer y desarrollar su cultura de origen.

Las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco debern:

  1. Desarrollar manifestaciones culturales y artsticas dirigidas a nios, nias y adolescentes y fomentar la organizacin de actividades de esta ndole por parte de la iniciativa privada.

  2. Garantizar, en condiciones de igualdad, el acceso de los nios, nias y adolescentes a los bienes y medios culturales de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, as como su participacin en los mismos.

  3. Disponer y fomentar la creacin de recursos y medios culturales en los que los nios, nias y adolescentes puedan desarrollar sus capacidades y habilidades intelectuales, artsticas, deportivas y manuales.

  4. Ofrecer las mismas oportunidades culturales a todos los nios, nias y adolescentes, arbitrando para ello acciones de discriminacin positiva, de carcter inclusivo, en favor de quienes presenten desventajas econmicas, sociales, culturales o personales.

  5. Garantizar el acceso de los nios, nias y adolescentes a una informacin plural y veraz.

  6. Fomentar que los medios de comunicacin social divulguen informacin de inters para los nios, nias y adolescentes, editen publicaciones y diseen espacios televisivos que estn dirigidos a la poblacin infantil y juvenil en los que se favorezca su participacin, adoptando en todo caso los valores de respeto a los derechos y libertades fundamentales.

Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, deben velar por la idoneidad de las condiciones socioculturales en que crecen los nios, nias y adolescentes, con objeto de favorecer el pleno desarrollo de su personalidad y su plena integracin educativa, cultural y social, adoptando las medidas de supervisin, control e inspeccin que, en cada caso, resulten necesarias para garantizar dicha idoneidad.

El acceso de los nios, nias y adolescentes a los establecimientos y locales de juego se realizar conforme a lo previsto en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego.

La proteccin de los nios, nias y adolescentes respecto a espectculos pblicos y actividades recreativas de pblica concurrencia que se desarrollen en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco se realizar conforme a las previsiones contenidas en la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectculos Pblicos y Actividades Recreativas, y su normativa de desarrollo.

  1. Se prohbe la venta a nios, nias y adolescentes de publicaciones cuyo contenido sea susceptible de resultar perjudicial para el desarrollo de su personalidad y, en todo caso, de aquellas que tengan un contenido violento, pornogrfico o de explotacin en las relaciones personales, reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, o tengan cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.

  2. Se prohbe el ofrecimiento, de forma directa o indirecta, a nios, nias y adolescentes, o la exposicin de manera que queden libremente a su alcance, del tipo de publicaciones mencionado en el apartado anterior.

  3. Se prohbe la difusin en las publicaciones de nombres, imgenes u otros datos correspondientes a nios, nias y adolescentes, en los trminos establecidos en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Proteccin Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y en el artculo 10 de esta ley.

  4. Se prohben cuantas otras actividades referidas a publicaciones se encuentren expresamente prohibidas en el ordenamiento jurdico vigente.

  1. Con respecto al material audiovisual, quedan prohibidas las siguientes actividades:

    1. La venta y el alquiler a nios, nias y adolescentes de vdeos, videojuegos o cualquier material audiovisual susceptible de perjudicar su desarrollo y, en todo caso, de aquel cuyo contenido sea el descrito en el artculo 30.1 de esta ley.

    2. La proyeccin del tipo de material audiovisual referido en la letra anterior, en locales o espectculos a los que est permitida la asistencia de nios, nias y adolescentes y, en general, su difusin, por cualquier medio, entre nios, nias y adolescentes.

    3. Cuantas otras actividades referidas a material audiovisual se encuentren expresamente prohibidas en el ordenamiento jurdico vigente.

  2. Con respecto a la programacin televisiva y radiofnica, se establece que:

    1. En conformidad con la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurdico espaol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinacin de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusin televisiva, las emisiones de los canales propios de televisin de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco y de los servicios de televisin cuyo ttulo habilitante corresponde otorgar a la Administracin autonmica, deben cumplir los siguientes requisitos:

      • Respetar un horario adecuado a los hbitos practicados por los nios, nias y adolescentes para la emisin de programas infantiles y juveniles.

      • Reservar una franja horaria de especial proteccin durante la cual no podrn emitirse programas, escenas o mensajes susceptibles de perjudicar el desarrollo de los nios, nias y adolescentes y, en todo caso, aquellos cuyo contenido sea el descrito en el artculo 30.1 de esta ley.

    2. Las condiciones de emisin contempladas en la letra anterior se aplicarn igualmente a los canales y servicios de emisin radiofnica competencia de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  3. Con respecto a otras formas de telecomunicacin y a la telemtica, se establece que las administraciones pblicas velarn por que los nios, nias y adolescentes no tengan acceso, mediante tales sistemas, a servicios susceptibles de perjudicar su desarrollo y, en todo caso, a aquellos cuyo contenido sea el descrito en el artculo 30.1 de esta ley.

  4. Queda prohibido a los medios de comunicacin social referidos en este artculo difundir el nombre, la imagen o los datos correspondientes a nios, nias y adolescentes, en los trminos establecidos en la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Proteccin Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y en el artculo 10 de esta ley.

  1. Con respecto a la publicidad dirigida a nios, nias y adolescentes, se establece que:

    1. La publicidad dirigida a nios, nias y adolescentes divulgada en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco debe, en orden a proteger adecuadamente sus derechos, atender a los siguientes requisitos:

      • Los anuncios no deben tener un contenido violento, pornogrfico o de explotacin en las relaciones personales, ni reflejar un trato degradante, incitar a actividades delictivas o fomentar la insolidaridad o la discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, o presentar cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.

      • Los anuncios no deben incitar a conductas o actividades perjudiciales para la salud.

      • Las representaciones, las prestaciones y la correcta utilizacin de un producto deben mostrarse de forma que sean comprensibles y correspondan a la realidad, utilizando para ello un lenguaje sencillo y adaptado al nivel de desarrollo de los colectivos infantiles y adolescentes a los que se dirigen.

      • Los anuncios no deben establecer diferencias o discriminaciones por razn del consumo del objeto anunciado.

      • Los anuncios no deben formular promesas de entrega de bienes o servicios que impliquen el cumplimiento de condiciones no explcitas.

      • Los anuncios no deben incitar directamente a los nios, nias y adolescentes a la compra de un producto o de un servicio explotando su inexperiencia o su credulidad, ni a que persuadan a sus padres y madres, tutores o guardadores, o a terceros, para que compren los productos o servicios de que se trate.

      • Los anuncios no deben explotar en ningn caso la especial confianza de los nios, nias y adolescentes en sus padres y madres, tutores o guardadores, profesores u otras personas.

      • Los anuncios no deben presentar a los nios, nias y adolescentes en situaciones peligrosas ni en actividades o actitudes de contenido sexual.

      • Los anuncios no debern generar en los nios, nias y adolescentes expectativas propias del mundo adulto, como son las relacionadas con el xito econmico.

    2. Quedan prohibidas todas las formas de publicidad cuyo contenido sea susceptible de resultar perjudicial para el desarrollo de la personalidad en locales de juego o espectculos pblicos y actividades recreativas de los referidos en el artculo 29; en publicaciones principalmente dirigidas a nios, nias y adolescentes distribuidas en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco; en la publicidad emitida por televisin o radio durante las franjas horarias de especial proteccin de los nios, nias y adolescentes, y en la publicidad emitida por cualquier otro medio de telecomunicacin o de telemtica en servicios cuyo acceso est abierto a los nios, nias y adolescentes.

    3. Los nios, nias y adolescentes estn protegidos respecto de la publicidad de bebidas alcohlicas y de productos de tabaco, en los trminos establecidos en la Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre Prevencin, Asistencia e Insercin en materia de Drogodependencias.

  2. Con respecto a la publicidad protagonizada por nios, nias y adolescentes y divulgada en el territorio de la Comunidad Autnoma, se establece que:

    1. Las escenificaciones publicitarias en las que participen nios, nias y adolescentes no deben transmitir mensajes que inciten al consumo compulsivo.

    2. Queda prohibida la utilizacin de nios, nias y adolescentes para el anuncio de bebidas alcohlicas, de tabaco, o de actividades prohibidas a los nios, nias y adolescentes, o de actividades con contenido pornogrfico, o de explotacin en las relaciones personales, o que reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, o que presenten cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.

  3. Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al ministerio fiscal y a las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin a la infancia y la adolescencia el ejercicio de las acciones de cese y rectificacin de publicidad ilcita, de conformidad con lo previsto en el artculo 5.5 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de febrero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  1. Con respecto al consumo de productos se establece que:

    1. El departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de consumo debe velar por que los derechos e intereses de los nios, nias y adolescentes, como colectivo de consumidores con necesidades y caractersticas especficas, gocen de defensa y proteccin especiales.

    2. Para ser comercializados para su uso o consumo por parte de los nios, nias y adolescentes, los productos deben cumplir los requisitos siguientes:

      • No contener sustancias perjudiciales en los trminos previstos en la legislacin vigente y facilitar, de forma visible, la suficiente informacin sobre su composicin, caractersticas, uso, as como indicar la franja de edad de los nios, nias y adolescentes a quienes van destinados.

      • Cumplir las medidas de seguridad suficientes para garantizar su idoneidad, tanto para el uso al que estn destinados como incluso para evitar las consecuencias nocivas que se puedan derivar de su uso inadecuado.

    3. De conformidad con lo establecido en los artculos 20 y 21 de la Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre Prevencin, Asistencia e Insercin en materia de Drogodependencias, no se permitir la venta ni el suministro de bebidas alcohlicas, de tabaco o de sus productos a personas menores de dieciocho aos.

    4. La Administracin autonmica, en el mbito de su competencia, debe velar por el cumplimiento de la normativa sobre productos farmacuticos y, especialmente, por que los medicamentos se elaboren y presenten de forma que garanticen la prevencin razonable de accidentes, especialmente en relacin con la infancia y personas con capacidad disminuida.

    5. El departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de consumo velar por que los detergentes y, en general, los productos de limpieza se presenten de forma que garanticen la prevencin razonable de accidentes y, en particular, cuenten con cierres de seguridad resistentes a la apertura, y por que se eviten los colores y sabores especialmente atractivos.

  2. Con respecto al consumo de servicios, se establece que:

    1. Las zonas recreativas pblicas a las que tienen acceso los nios, nias y adolescentes deben estar situadas en lugares idneos y, en todo caso, alejadas o protegidas de cualquier elemento peligroso. Deben estar configuradas de forma que garanticen las medidas de seguridad adecuadas y, en lo posible, faciliten el control de los nios, nias y adolescentes, y permitan, adems, la separacin por grupos de edad, con espacios reservados exclusivamente para nios y nias de edad inferior a cuatro aos.

    2. Debe garantizarse que los nios, nias y adolescentes con discapacidades puedan ejercer su derecho de acceso a las zonas recreativas a que se refiere la letra anterior y disfrutar de las mismas, en conformidad con la legislacin vigente.

    3. Los espectculos pblicos y dems actividades recreativas deben contar con personal debidamente preparado a fin de prevenir accidentes yevitar cualquier posible riesgo a las personas usuarias, y deben tener establecidas las medidas de autoproteccin obligatorias para cada caso, conforme a lo sealado en la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestin de Emergencias.

    4. La Administracin general de la Comunidad Autnoma debe reglamentar las caractersticas de las actividades que se llevan a cabo en las zonas recreativas pblicas a las que tienen acceso los nios, nias y adolescentes, as como las medidas de vigilancia de las mismas.

    5. Cuando los nios, nias y adolescentes de edad inferior a diecisis aos soliciten alojamiento en hoteles u otros establecimientos de similares funciones sin el consentimiento expreso de los padres y madres, tutores o guardadores legales, el responsable del local debe ponerlo en conocimiento de estos ltimos o, en su defecto, de la autoridad policial, a los efectos de localizar a sus padres y madres, tutores o guardadores legales.

  3. Queda prohibida a los nios, nias y adolescentes la prctica de juegos de suerte, envite o azar en los que se arriesgan cantidades de dinero u objetos econmicamente evaluables, el uso de mquinas recreativas con premio y la participacin en apuestas, en los trminos establecidos en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. Tambin se prohbe el uso de las mquinas recreativas cuyo contenido sea el descrito en el artculo 30.1 de esta ley.

  1. Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho al descanso, al juego y a las actividades recreativas de ocio propias de su edad,como elementos esenciales de su proceso de desarrollo. Para garantizar el ejercicio de este derecho, las administraciones pblicas promovern la creacin de las instalaciones y los espacios de juego necesarios.

  2. Los juegos y los juguetes deben adaptarse a las necesidades de los nios, nias y adolescentes y ayudar al desarrollo psicomotor en funcin de su edad, respetando las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

  3. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a practicar deportes y otras actividades fsicas, debiendo evitarse el fomento de la actitud competitiva como valor primordial en el ejercicio de estas actividades. En todo caso, su participacin en el deporte de competicin debe ser voluntaria y, a este respecto, los mtodos y planes de entrenamiento deben respetar su condicin fsica y sus necesidades educativas.

    Las administraciones y federaciones con competencia en la materia velarn por el cumplimiento de lo dispuesto en este apartado.

Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, debern:

  1. Ofrecer las mismas oportunidades de ocio a todos los nios, nias y adolescentes, arbitrando para ello acciones de discriminacin positiva, de carcter inclusivo, en favor de quienes presenten desventajas econmicas, sociales, culturales o personales.

  2. Fomentar la organizacin de actividades de ocio en barrios y municipios, bien desde las instituciones pblicas bien apoyando iniciativas vecinales o asociativas.

  3. Promover la participacin en actividades deportivas y de tiempo libre, tanto en el medio escolar como en el entorno comunitario.

  4. Promover el desarrollo del asociacionismo infantil y juvenil en el mbito del ocio y de las actividades deportivas y recreativas.

  5. Reforzar el contenido educativo de las actividades deportivas y de tiempo libre.

Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible del mismo, as como a conocer y disfrutar del medio natural del Pas Vasco.

Las administraciones pblicas debern:

  1. Ofrecer las mismas oportunidades para disfrutar del medio ambiente y del medio natural a todos los nios, nias y adolescentes, arbitrando para ello acciones de discriminacin positiva, de carcter inclusivo, en favor de quienes presenten desventajas econmicas, sociales, culturales o personales.

  2. Potenciar el respeto y el conocimiento de la naturaleza entre los nios, nias y adolescentes, informndoles sobre la importancia de un medio ambiente saludable.

  3. Promover la organizacin de visitas y rutas programadas.

  4. Promover la organizacin de programas formativos, divulgativos y de concienciacin sobre la minimizacin, reciclaje y tratamiento de residuos, el uso responsable de los recursos naturales y la adquisicin de hbitos positivos para la conservacin del medio ambiente.

Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a conocer su pueblo o ciudad y a disfrutar de su entorno en general y de las zonas destinadas a equipamientos infantiles y juveniles en particular.

Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, deben promover acciones dirigidas a:

  1. Tomar en consideracin las necesidades especficas de los nios, nias y adolescentes en la planificacin de los espacios urbanos, observando en los planes urbansticos o en las normas subsidiarias la reserva de suelo destinado a usos y equipamientos para la infancia y la adolescencia.

  2. Garantizar la existencia de mbitos diferenciados destinados a nios, nias y adolescentes en los espacios pblicos, los cuales estarn dotados de mobiliario urbano adaptado a sus necesidades, a las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente y, en todo caso, accesibles a las personas menores de edad con discapacidad. Asimismo, se garantizar que, cuando estos lugares no estn abiertos o al aire libre, sean espacios libres de humos.

  3. Garantizar la seguridad en el acceso a los lugares circundantes de los centros educativos o de otros centros o espacios de uso infantil o juvenil, promoviendo, siempre que sea posible, su peatonalizacin.

  4. Garantizar la educacin de los nios, nias y adolescentes en materia de seguridad vial.

  5. Garantizar la eliminacin de barreras arquitectnicas o urbansticas que pudieran limitar la participacin de los nios, nias y adolescentes con dificultades de movilidad, en los trminos sealados en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promocin de la Accesibilidad.

Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a su plena integracin social y a acceder a los medios que, con esta finalidad primordial, ofrece la red pblica de servicios sociales.

  1. De conformidad con la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, deben:

    1. Garantizar el acceso de todos los nios, nias y adolescentes a los servicios sociales, de base o especializados, que mejor respondan a sus necesidades individuales y/o familiares.

    2. Coordinar sus actuaciones y colaborar con la red pblica de servicios sociales, la red sanitaria y la red educativa, con objeto de facilitar la deteccin de necesidades y posibilitar una intervencin rpida y eficaz.

    3. Informar sobre la existencia y el funcionamiento de los servicios sociales, mediante folletos divulgativos redactados en un lenguaje sencillo, de fcil comprensin para las familias y para los propios nios, nias y adolescentes.

    4. Adecuar la organizacin y el funcionamiento de los servicios tanto a las necesidades de los nios, nias y adolescentes atendidos como a las de sus familias.

  2. Los centros y servicios de atencin a los nios, nias y adolescentes promovidos desde los servicios sociales para la integracin social se encuentran sometidos al rgimen de autorizacin, registro, homologacin e inspeccin previsto en la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, y sus disposiciones de desarrollo.

  1. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, crearn servicios de informacin social que ofrezcan apoyo a los nios, nias y adolescentes. En particular, la Administracin general de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco prestar, a travs del departamento competente en asuntos sociales, un servicio de informacin y orientacin, dotndolo de un sistema gratuito de contacto telefnico o electrnico, al que podrn recurrir todas las personas menores de edad que, por cualquier circunstancia personal o social, requirieran asesoramiento y apoyo.

  2. Este servicio ser el responsable de prestar orientacin en los trminos previstos en el artculo 17.4.

  3. La administracin de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco encargada de gestionar este servicio tomar las medidas necesarias para el conocimiento general del mismo y su forma de acceso.

  1. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, crearn y promovern la creacin de servicios y programas de atencin a la infancia en apoyo a la familia.

  2. A efectos de la presente ley, se entiende por servicios y programas de atencin a la infancia en apoyo a la familia aquellos que atienden a los nios, nias y adolescentes y a sus familias ofreciendo la atencin que resulte adecuada a la cobertura de sus necesidades personales, sociales o educativas, bien en centros de atencin diurna con funciones de guardera, bien con otras modalidades de atencin que se estimen pertinentes en orden a conseguir la plena integracin familiar y social.

  1. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, crearn y promovern la creacin de programas de transicin a la vida adulta.

  2. A efectos de la presente ley, se entiende por programas de transicin a la vida adulta los destinados a adolescentes que requieren una preparacin a las actividades y responsabilidades propias de la vida adulta e independiente.

  1. Los nios, nias y adolescentes debern asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes de la titularidad y el ejercicio de los derechos que les son reconocidos, de tal modo que dicho cumplimiento garantice el ejercicio y pleno disfrute de los derechos de las dems personas.

  2. Los nios, nias y adolescentes debern mantener un comportamiento cvico acorde con las exigencias de convivencia de la sociedad, basadas en la tolerancia y en el respeto de los derechos de todas las personas.

  1. La responsabilidad bsica en la crianza y formacin de los nios, nias y adolescentes corresponde al padre y a la madre, al tutor o a las personas que tienen atribuida su guarda, en los trminos recogidos por la legislacin vigente. En el ejercicio de dicha responsabilidad, deben garantizar, en la medida de sus posibilidades, las condiciones de vida necesarias para el desarrollo integral de los nios, nias y adolescentes.

  2. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, deben velar por que los padres y madres, o quienes vayan a serlo, los tutores y los guardadores desarrollen adecuadamente sus responsabilidades, y, a tal efecto, facilitarn su acceso a todos los servicios existentes en las distintas reas que afectan al desarrollo del nio, nia o adolescente, as como a las prestaciones econmicas a las que tengan derecho, en particular a la renta bsica o a la prestacin de subsistencia que en cada caso resulte de aplicacin.

  3. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, actuarn con carcter subsidiario en el ejercicio de los deberes de crianza y formacin.

  1. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a vivir con sus padres y madres, salvo en aquellos casos en los que la separacin resulte necesaria, en conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurdico vigente. As mismo, tienen derecho a convivir y relacionarse con otros parientes y allegados, en la forma establecida en el artculo 160 del Cdigo Civil, y, en particular, con los abuelos.

  2. En caso de no convivir con su padre, con su madre o con ninguno de ellos, los nios, nias y adolescentes tienen derecho a mantenerse en contacto con los mismos, en los trminos y con los lmites previstos en el ordenamiento jurdico vigente.

  3. En relacin con lo anterior, y con el fin de favorecer el recurso a una va alternativa de resolucin de conflictos familiares, el Gobierno Vasco regular y promover la mediacin familiar. As mismo, impulsar la creacin de puntos de encuentro que permitan preservar la relacin entre padres y madres e hijos en aquellos supuestos en los que las circunstancias aconsejen la supervisin de la visita o en los que se estime que la neutralidad del punto de encuentro pueda facilitar la relacin.

Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, ejercern la proteccin social y jurdica de los nios, nias y adolescentes, atendiendo a los siguientes principios:

  1. Se respetar, en todas las actuaciones, el principio de primaca del inters superior de los nios, nias y adolescentes y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo sobre cualquier otro inters legtimo concurrente.

  2. Se otorgar prioridad a la accin preventiva, y, a tal efecto, se fomentarn las actividades pblicas y privadas dirigidas a favorecer la integracin familiar, interviniendo especialmente con familias en situacin de riesgo.

  3. Se dar prioridad, siempre que sea posible, a la atencin de los nios, nias y adolescentes en su propia familia, ofertando programas de intervencin familiar capaces de orientar a los padres y madres, tutores o guardadores cuando se aprecien deficiencias o irregularidades en el ejerciciode sus deberes de asistencia y cuidado.

  4. En caso necesario, se facilitarn a los nios, nias y adolescentes recursos alternativos a su propia familia, que garanticen un medio idneo para su desarrollo integral y la adecuada evolucin de su personalidad, manteniendo la convivencia entre hermanos; si esto ltimo no fuera posible, se facilitar la conservacin de los vnculos existentes entre los hermanos. En ambos casos se actuar en el supuesto de que esta relacin no resulte perjudicial para la persona menor de edad.

  5. Siempre que resulte posible y adecuado para preservar el inters superior del nio, nia o adolescente, se arbitrarn los medios necesarios para posibilitar la recuperacin de la convivencia, bien en el ncleo familiar de origen, bien con otros miembros de la familia.

  6. Entre los recursos alternativos, siempre que resulte posible e idneo para las necesidades individuales de los nios, nias y adolescentes, se dar prioridad a su integracin en otro ncleo familiar.

  7. La entidad pblica que tenga a un nio, nia o adolescente bajo su guarda o tutela deber informar a los padres y madres, tutores o guardadores sobre su situacin cuando no exista resolucin judicial que lo prohba.

  8. Se limitarn las intervenciones administrativas a las mnimas necesarias para el eficaz ejercicio de la funcin protectora y se actuar con la mayor celeridad que permitan los procedimientos.

  9. Se garantizar la objetividad, la imparcialidad y la seguridad jurdica en la accin protectora, procurando la adopcin colegiada e interdisciplinar de las medidas.

  10. Las administraciones pblicas competentes velarn por que el personal que intervenga en la atencin social a personas menores en situacin de riesgo o de desamparo sea el idneo para el desempeo de las funciones que vaya a desarrollar. A tales efectos, se arbitrarn programas de formacin capaces de responder a las nuevas y muy diversas necesidades de la poblacin menor de edad objeto de estas intervenciones.

    Asimismo, y en el marco de la normativa reguladora de la funcin pblica, se disearn procedimientos de seleccin de personal que garanticen la idoneidad de los o las profesionales a fin de preservar el inters superior de las personas menores de edad y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo. En el marco de las actuaciones de proteccin se adoptarn medidas de la misma naturaleza con respecto a la seleccin de las personas voluntarias que intervengan en la atencin a personas menores de edad.

  11. En toda intervencin se procurar contar con la colaboracin del nio, nia o adolescente y de su familia, y no interferir en su vida escolar, social o laboral.

  12. Se procurar sensibilizar a la poblacin ante situaciones de indefensin de los nios, nias y adolescentes.

  1. Las administraciones pblicas competentes promovern y facilitarn el acogimiento familiar y la adopcin. Asimismo, promovern la participacin y la solidaridad social.

  2. Se aplicarn los principios de actuacin previstos con carcter general en la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales.

  1. A efectos de la presente ley, la proteccin de los nios, nias y adolescentes comprende el conjunto de medidas y actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en situaciones de riesgo y de desamparo en las que puedan verse involucrados y tendentes a garantizar su desarrollo integral y a promover una vida familiar normalizada, primando, en todo caso, el inters de la persona menor.

  2. La determinacin por parte de los servicios sociales de base y de los servicios territoriales especializados de las situaciones de riesgo y de desamparo se realizar mediante la aplicacin de instrumentos tcnicos validados al efecto, en los trminos previstos en la disposicin final primera.

  1. Tanto las autoridades y servicios pblicos como las personas fsicas, en particular aquellas que por su profesin o funcin detecten una situacin de riesgo o de posible desamparo de un nio, nia o adolescente, tienen obligacin de prestar la atencin inmediata que la persona menor de edad precise, de actuar si corresponde a su mbito competencial o, en su caso, de comunicarlo a las autoridades competentes o a sus agentes ms prximos; adems, debern poner los hechos en conocimiento de los representantes legales de la persona menor de edad, o, cuando sea necesario, del ministerio fiscal.

  2. Las administraciones competentes velarn por la seguridad de las autoridades y servicios pblicos y de las personas fsicas, en particular de aquellas que por su profesin o funcin estn en relacin con la persona menor, en los procedimientos administrativos particularmente conflictivos.

    Asimismo, podr solicitarse al fiscal competente la autorizacin de intervenir en los procedimientos conservando el anonimato y salvaguardando las garantas para que su aplicacin no conlleve lesin de intereses legtimos.

Se consideran situaciones de riesgo aquellas que perjudiquen el desarrollo personal o social del nio, nia o adolescente, que no quepa calificar de desamparo y que, por lo tanto, no requieran la asuncin de la tutela por ministerio de la ley.

Aparece una situacin de riesgo cuando el desarrollo y el bienestar de la persona menor de edad se ve limitado o perjudicado a consecuencia de circunstancias de carcter personal, social o familiar y los padres y madres, tutores o guardadores no asumen o pueden no asumir completamente sus responsabilidades para asegurar el normal desarrollo del nio, nia o adolescente. Todo ello, sin que la situacin alcance la suficiente gravedad como para derivar en desproteccin y justificar una separacin del ncleo familiar.

  1. En las situaciones de riesgo, las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin a la infancia y adolescencia debern garantizar los derechos que asisten a la poblacin infantil y adolescente, as como asegurar la atencin de sus necesidades. Las actuaciones pblicas en esta materia estarn orientadas a la desaparicin de los factores de riesgo que incidan de forma negativa en el ajuste personal y social de los nios, nias y adolescentes y de sus familias. Para ello, se promover la colaboracin de los padres y madres, tutores o guardadores, la utilizacin de recursos de apoyo personal y familiar, la intervencin comunitaria, as como los servicios de orientacin y seguimiento.

  2. Cuando las administraciones pblicas competentes tengan conocimiento de que peligra el normal desarrollo del nasciturus, lo pondrn en conocimiento del ministerio fiscal a fin de que adopte las medidas que estime oportunas para garantizar su bienestar hasta el momento del nacimiento. Todo ello, sin perjuicio de los supuestos contemplados en la Ley Orgnica 9/1985, de 5 de julio, de Interrupcin Voluntaria del Embarazo.

  3. Las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin de personas menores de edad estarn obligadas a verificar la situacin detectada o denunciada, a evaluar las caractersticas y necesidades del caso y a adoptar las medidas necesarias para resolverlo en conformidad con el resultado de dicha valoracin.

  1. En situaciones de riesgo, los servicios sociales de base debern proceder a la recepcin del caso y a su investigacin, valoracin y orientacin, debiendo, si lo estiman necesario, intervenir desde el mbito comunitario.

    Cuando consideren que existe una situacin de desproteccin infantil de gravedad elevada, que pudiera requerir una intervencin especializada o incluso la separacin de la persona menor de edad de su mbito familiar, debern derivarlo al servicio especializado de proteccin a la infancia y la adolescencia.

  2. En los casos en los que los servicios sociales de base estimen necesaria la intervencin desde el mbito comunitario, debern elaborar un plan individualizado de atencin en el que se harn constar las intervenciones diseadas para responder a las necesidades detectadas.

  3. Los servicios sociales de base contarn con el personal necesario para el cumplimiento de los objetivos requeridos.

  1. En situaciones en las que existan indicios de desproteccin grave, los servicios territoriales especializados de proteccin a la infancia y la adolescencia debern proceder a la recepcin del caso, haya sido ste comunicado por el servicio social de base correspondiente o por cualquier otra instancia o persona, as como a su investigacin y valoracin complementaria a fin de determinar la gravedad de la situacin y definir la orientacin del caso. En los supuestos en los que se confirme que se trata de una situacin grave, se intervendr desde el propio servicio especializado en coordinacin con el servicio social de base; y en los supuestos en los que se considere que se trata de una situacin de riesgo leve o moderado que no requiere una intervencin especializada se remitir el caso al servicio social de base.

  2. En los casos en los que la derivacin no se produzca, el servicio especializado deber informar peridicamente al servicio social de base de la situacin de la persona menor de edad, tratando de mantener el contacto entre este servicio y el nio, nia o adolescente con el fin de facilitar las relaciones y el seguimiento en caso de vuelta al domicilio familiar. Este deber de informacin podr exceptuarse cuando no sea previsible este retorno al domicilio familiar. Por su parte, los servicios sociales de base podrn solicitar, siempre que lo estimen oportuno, informacin sobre la evolucin de los casos que hubieran derivado.

  3. Las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin debern regular y articular un procedimiento de urgencia que permita responder con la mayor inmediatez a situaciones que, a juicio de los profesionales, as parezcan requerirlo.

  1. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, crearn y promovern programas de intervencin familiar dirigidos a dar respuesta a las situaciones de riesgo.

  2. A efectos de la presente ley, se entiende por programas de intervencin familiar aquellos que proporcionan apoyo socioeducativo a familias cuyas carencias en el mbito de las habilidades personales, sociales o educativas generan o seran susceptibles de generar a los nios, nias o adolescentes una situacin de riesgo que podra llegar a dificultar su permanencia en el hogar familiar.

  3. Los programas de intervencin familiar podrn ser:

    1. bsicos, de aplicacin en el domicilio familiar, como los programas de educacin domstica, o en el entorno comunitario, como los programas de educacin de calle;

    2. especializados, como los servicios de intervencin teraputica en familias problemticas, los servicios de intervencin en situaciones de maltrato, abandono o explotacin, incluido el mbito laboral, as como los servicios de intervencin en situaciones de abuso sexual.

  4. Los programas de intervencin familiar irn dirigidos, cuando se trate de situaciones de riesgo, al mantenimiento de los nios, nias y adolescentes en el ncleo familiar. Podrn, adems, cuando se trate de situaciones de desamparo, aplicarse junto con una medida de acogimiento familiar o institucional, a fin de mejorar las condiciones de convivencia en el hogar, en aras de la integracin del menor en su ncleo familiar de origen, tal y como se prev en el artculo 61.3.

De conformidad con el artculo 172.1 del Cdigo Civil, se considera situacin de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de proteccin establecidos por las leyes para la guarda de las personas menores de edad, cuando stas queden privadas de la necesaria asistencia moral o material.

Cuando la administracin pblica competente en materia de proteccin considere que el nio, nia o adolescente se encuentra en situacin de desamparo, actuar conforme a los artculos 172 y siguientes del Cdigo Civil, asumiendo la tutela de la persona menor de edad, adoptando las medidas de proteccin oportunas y poniendo estas circunstancias en conocimiento del ministerio fiscal.

  1. En el momento en que la administracin pblica competente en materia de proteccin de menores tenga conocimiento de que un nio, nia o adolescente puede encontrarse en situacin de desamparo, debe iniciar un expediente cuya tramitacin responder a las siguientes pautas de actuacin:

    1. Solicitar informes a cuantas personas u organismos puedan facilitar datos relevantes para el conocimiento y la valoracin de la situacin sociofamiliar, especialmente a los servicios sociales de base.

      Si se estima necesario, se solicitarn informes al tutor escolar y al mdico de familia o al pediatra, o a cualquier otro profesional de la salud u otros mbitos de atencin social o educativa, debiendo estos profesionales transmitir por escrito los datos e informaciones necesarias y suficientes de los que dispongan para garantizar la calidad y la eficacia de las intervenciones.

    2. Informar a los organismos y profesionales que colaboren en la deteccin y valoracin de una situacin de riesgo o desproteccin de las lneas generales de su evolucin, dentro de los lmites exigidos por el deber de reserva y siempre que no resulte improcedente dicha comunicacin.

    3. Or al nio, nia o adolescente, directamente o a travs de la persona que designe para que le represente, cuando tenga suficiente juicio. Cuando ello no sea posible o no convenga al inters de la persona menor de edad, podr conocerse su opinin a travs de personas que, por su profesin y relacin de especial confianza con ella, puedan transmitirla objetivamente.

    4. Or a los padres y madres, tutores o guardadores del nio, nia o adolescente siempre que sea posible.

    5. Or a cuantas otras personas puedan aportar informacin sobre la situacin del nio, nia o adolescente y sobre su familia o las personas que lo atiendan.

    6. Prestar la atencin inmediata que precise la persona menor de edad, adoptando, en su caso, las medidas cautelares o provisionales que se estimen pertinentes.

    7. Informar al nio, nia o adolescente, en funcin de su nivel y capacidad de entendimiento, del estado en que se encuentra el procedimiento que le concierne, e informar igualmente a los padres y madres, tutores o guardadores.

    8. Elaborar un plan individual de atencin adecuado a las necesidades detectadas.

    9. Recoger el conjunto de la informacin referida al nio, nia o adolescente en un expediente individual.

  2. Finalizados los trmites anteriormente citados, el rgano competente para resolver dictar, en su caso, una resolucin administrativa que declarar la situacin de desamparo, la asuncin de la tutela por ministerio de la ley y las medidas de proteccin que correspondan. Esta resolucin se notificar al ministerio fiscal y a los padres y madres, tutores o guardadores del nio, nia o adolescente en un plazo de dos das naturales. Siempre que resulte posible, esta notificacin, adems de por escrito, deber comunicarse de forma presencial.

    El plazo mximo de resolucin ser de tres meses a contar desde la fecha de recepcin del caso en el servicio especializado de proteccin a la infancia y adolescencia, y podr prorrogarse de forma motivada por un plazo mximo de otros tres meses en aquellos casos cuyas particulares caractersticas hagan inviable su resolucin en el tiempo legalmente establecido al efecto. Transcurrido este plazo se producir la caducidad, salvo que el procedimiento se paralice por causa no imputable al interesado. En este caso interrumpir el cmputo del plazo para resolver y notificar la resolucin.

    Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asuncin de la tutela por ministerio de la ley debern contener los motivos de la intervencin, as como los posibles efectos de las decisiones y medidas adoptadas. Asimismo, debern indicar que las resoluciones sern recurribles ante la jurisdiccin civil, sin necesidad de reclamacin administrativa previa.

    En el supuesto de no constatarse el desamparo, si se observara una situacin de riesgo leve, el caso se derivar al servicio social de base correspondiente a fin de que adopte las medidas que estime ms adecuadas.

  1. Se entiende por situacin de urgencia aquella que suponga la existencia de desproteccin grave para el nio, nia o adolescente, en lo que a su integridad fsica o psquica se refiere, y haga precisa una intervencin inmediata.

  2. El rgano competente, de modo inmediato y tras el cumplimiento del trmite previsto en la letra c) del artculo anterior, dictar, siempre que se encuentre suficientemente acreditada, una resolucin administrativa que declarar la situacin de desamparo, asumir la tutela y adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar la asistencia al nio, nia o adolescente; esta resolucin ser notificada al ministerio fiscal y a los padres y madres, tutores o guardadores del nio, nia o adolescente. La tramitacin del expediente ordinario continuar de conformidad con lo establecido en el artculo anterior.

    Cumplidos todos los trmites, el rgano competente dictar resolucin administrativa que o bien confirmar la situacin de desamparo y, en tal caso, adoptar las medidas consideradas ms convenientes segn la valoracin realizada, o bien declarar la extincin de la tutela inicialmente constituida, el cese de las medidas provisionales que se hubieran adoptado y el archivo del expediente. En este ltimo supuesto, si se observara una situacin de riesgo leve o moderado, el caso se derivar al servicio social de base correspondiente para que adopte las medidas que estime ms adecuadas.

La asuncin de la tutela por la administracin pblica competente en materia de proteccin de personas menores de edad conlleva la suspensin de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, sern vlidos los actos de contenido patrimonial que realicen los padres y madres o tutores en representacin del nio, nia o adolescente y que sean beneficiosos para la persona menor de edad.

  1. En tanto se mantenga la situacin de tutela de un nio, nia o adolescente por parte de la administracin pblica competente, se acordar, con el fin de garantizar la cobertura de sus necesidades, su atencin bajo alguna de las siguientes modalidades de guarda:

    1. Acogimiento familiar.

    2. Acogimiento residencial.

      Excepcionalmente, y cuando lo aconsejen las circunstancias del caso, podr optarse por modalidades de atencin alternativas que se estimen ms aptas para responder a las necesidades de la persona menor de edad, siempre que las mismas no conlleven una limitacin de derechos superior a la del acogimiento residencial en los trminos que se prevn en la regulacin a la que se refiere el artculo 78. Estas modalidades de atencin se enmarcarn en los servicios experimentales previstos en la disposicin adicional primera.

  2. Durante el ejercicio de la tutela la administracin pblica competente podr promover:

    1. la reintegracin en el domicilio familiar;

    2. la tutela ordinaria;

    3. la adopcin.

  3. Junto con la medida de acogimiento que se establezca, podr aplicarse un programa de intervencin familiar a la familia de origen, con el fin de mejorar las condiciones de convivencia en el hogar en aras de la posible reintegracin del nio, nia o adolescente en su hogar familiar, en los trminos referidos en el artculo 55.

La tutela podr cesar por las siguientes causas:

  1. Acceso a la mayora de edad o emancipacin, salvo que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado.

  2. Concesin a la persona menor de edad del beneficio de la mayor edad.

  3. Resolucin administrativa dictada como consecuencia del cese de las circunstancias que motivaron la medida.

  4. Resolucin administrativa dictada con ocasin del traslado a otra entidad de proteccin. En este caso deber orse previamente a la persona menor de edad y, en lo posible, verificar la adecuacin de las medidas de atencin y proteccin previstas en el lugar de destino.

  5. Resolucin judicial firme que constituya la adopcin o la tutela ordinaria o que dicte el cese de la situacin de desamparo.

  6. Fallecimiento de la persona sometida a tutela.

Declarada la situacin de desamparo, si los padres y madres, tutores o guardadores, o los familiares, impidiesen la ejecucin de las medidas acordadas, o si concurriese alguna otra circunstancia que dificultase gravemente su ejecucin, se solicitar al ministerio fiscal la adopcin, con la mayor celeridad posible, de las medidas precisas para hacerlas efectivas, sin perjuicio de las intervenciones inmediatas que fuesen necesarias si estuviera en peligro la vida o integridad de la persona menor de edad o se estuvieran conculcando sus derechos. Asimismo, podr recabarse la cooperacin y asistencia de los agentes policiales en la ejecucin de las medidas acordadas, en los trminos y con el alcance previsto en la legislacin vigente.

  1. La guarda de un nio, nia o adolescente supone para quien la ejerce la obligacin de velar por l, tenerlo en su compaa, alimentarlo, educarlo y procurarle una atencin y formacin integral.

  2. Adems de la guarda de los nios, nias y adolescentes tutelados por encontrarse en situacin de desamparo, la administracin pblica competente en materia de proteccin de personas menores de edad podr asumir temporalmente la guarda de los nios, nias y adolescentes cuando sus padres y madres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar de ellos. As mismo, asumir la guarda cuando as lo acuerde el juez en los casos en que legalmente proceda.

  3. La resolucin administrativa que determine la modalidad de la guarda deber fijar igualmente las condiciones esenciales que la atencin al nio, nia o adolescente deba cumplir.

  4. Los rganos forales de los territorios histricos elaborarn y mantendrn actualizado un fichero en el que deber constar la identificacin de todos los nios, nias y adolescentes que sean objeto de una medida de tutela o de guarda. Este fichero tendr carcter confidencial y el acceso al mismo ser restringido.

  1. Cuando quienes tengan la patria potestad o la tutela sobre un nio, nia o adolescente justifiquen no poder atenderlo por enfermedad u otras circunstancias graves y soliciten a la administracin pblica competente en materia de proteccin de la infancia y adolescencia que, de conformidad con el artculo 172.2 del Cdigo Civil, asuma temporalmente la guarda de la persona menor de edad, la entidad pblica deber tramitar un expediente atendiendo a las siguientes pautas de actuacin:

    1. Solicitar a los padres y madres, tutores o guardadores legales que acrediten las circunstancias graves y temporales que impiden atender al nio, nia o adolescente.

    2. Solicitar informes a cuantas personas u organismos puedan facilitar datos relevantes para el conocimiento y la valoracin de la situacin sociofamiliar, especialmente a los servicios sociales municipales, y, cuando se considere necesario, a su tutor escolar y al mdico de familia o al pediatra, o a cualquier otro profesional de la salud o de otros mbitos de atencin social o educativa.

    3. Informar a los padres y madres, tutores o guardadores de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto al nio, nia o adolescente y de su obligacin de participar en los programas que se estimen necesarios para superar los factores que han dado lugar a la guarda.

    4. Formalizar la guarda por escrito, dejando constancia de que los padres y madres, tutores, o guardadores han sido informados de los extremos indicados en la letra c) y concretando la forma en que va a ejercerse la guarda por la Administracin.

    5. Or al nio, nia o adolescente, directamente o a travs de la persona que designe para que le represente, cuando tenga suficiente juicio. Cuando ello no sea posible o no convenga al inters de la persona menor de edad, podr conocerse su opinin por medio de sus representantes legales, siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los de aqulla, o a travs de otras personas que, por su profesin y relacin de especial confianza con la persona menor de edad, puedan transmitir su opinin objetivamente.

  2. La entidad pblica competente deber formalizar la adopcin de esta medida de proteccin mediante una resolucin motivada que aceptar o denegar la solicitud, pudiendo, en este ltimo caso, declarar la situacin legal de desamparo si se dan las circunstancias para ello. Esta resolucin se notificar al ministerio fiscal y a los padres y madres o tutores.

Si la administracin pblica competente en materia de proteccin de la infancia y adolescencia estima la urgencia de la asuncin de la guarda tras la presentacin de la correspondiente solicitud por parte de quienes tengan la patria potestad o la tutela del nio, nia o adolescente, proceder a llevar a cabo el acogimiento, previo cumplimiento del trmite sealado en la letra e) del artculo anterior, tras lo cual continuar el procedimiento ordinario establecido en dicho artculo.

  1. Cuando la administracin pblica competente en materia de proteccin de la infancia y adolescencia asuma la guarda temporal de personas menores de edad, acordar, en virtud del artculo 172.3 del Cdigo Civil, con el fin de garantizar la cobertura de las necesidades de la persona menor de edad, alguna de las siguientes medidas:

    1. Acogimiento en un centro residencial.

    2. Acogimiento familiar.

  2. Cualquier variacin posterior en la forma de ejercicio de la guarda ser adoptada mediante resolucin administrativa motivada y notificada a los padres y madres o tutores y al ministerio fiscal.

La guarda podr cesar por alguna de las siguientes causas:

  1. A peticin escrita de los padres y madres o tutores.

  2. A peticin de las personas a quienes se haya otorgado el ejercicio de la guarda.

  3. Por resolucin administrativa de la entidad pblica competente, cuando as lo considere en inters de la persona menor de edad.

  4. Por resolucin judicial firme.

  5. Por alcanzar la mayora de edad o por producirse la emancipacin de la persona menor de edad.

  6. Por fallecimiento de la persona menor de edad.

El acogimiento familiar es aquella medida de proteccin de nios, nias y adolescentes que, con carcter administrativo o judicial, otorga la guarda de un nio, nia o adolescente a una persona o ncleo familiar con la obligacin de velar por l, tenerlo en su compaa, atenderlo, alimentarlo, cuidarlo y procurarle una formacin integral a fin de proporcionarle una vida familiar sustitutiva o complementaria de la propia.

En el marco del acogimiento, la familia acogedora asume una funcin de colaboracin con la Administracin en el ejercicio de sus funciones de proteccin.

  1. De conformidad con lo previsto en el artculo 173.2 del Cdigo Civil, el acogimiento familiar se formalizar por escrito, con el consentimiento de la entidad pblica, tenga o no la tutela o la guarda, el de las personas que reciban a la persona menor de edad y el de sta si tuviera doce aos cumplidos. Cuando fueran conocidos los padres y madres y stos no estuvieran privados de la patria potestad, o, en su caso, el tutor, ser necesario tambin que presten o hayan prestado su consentimiento, salvo que se trate de un acogimiento familiar provisional.

  2. El documento de formalizacin del acogimiento familiar a que se refiere el apartado anterior incluir los siguientes extremos:

    • los consentimientos necesarios;

    • la modalidad de acogimiento y la duracin prevista para el mismo;

    • los derechos y deberes de cada una de las partes, y, en particular, la periodicidad de las visitas por parte de la familia del nio, nia o adolescente acogido, el sistema de cobertura por parte de la entidad pblica o por otros responsables civiles de los daos que sufra el nio, nia o adolescente o de los que pueda causar a terceros, as como la asuncin de los gastos de manutencin, educacin y atencin sanitaria;

    • el contenido del seguimiento que realice la entidad pblica y el compromiso de colaboracin de la familia acogedora en ese seguimiento;

    • la compensacin econmica que, en su caso, vayan a recibir los acogedores, debiendo ser la misma suficiente para dar cobertura a los gastos ordinarios y, en su caso, extraordinarios originados por el acogimiento;

    • las caractersticas del acogimiento, indicando si se lleva a cabo por acogedores que actan con carcter profesionalizado o si se realiza en un hogar funcional;

    • el informe de la entidad pblica de proteccin.

      Dicho documento se remitir al ministerio fiscal.

  3. Si los padres y madres, el tutor o la persona menor que tuviera doce aos cumplidos no consienten o se oponen al acogimiento ste slo podr ser acordado por el juez, en inters de la persona menor de edad. La propuesta de la entidad pblica contendr los mismos extremos referidos en el apartado anterior.

    No obstante, la entidad pblica podr acordar, en inters de la persona menor de edad, un acogimiento familiar provisional que subsistir hasta tanto se produzca resolucin judicial.

    La entidad pblica, una vez realizadas las diligencias oportunas y concluido el expediente, deber presentar la propuesta al juez de manera inmediata y, en todo caso, en el plazo mximo de quince das.

El acogimiento familiar revestir las modalidades de acogimiento simple, permanente y preadoptivo, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 173 bis del Cdigo Civil. Asimismo, el acogimiento familiar podr tener carcter provisional en virtud de su artculo 173.3.

El acogimiento familiar del nio, nia o adolescente podr cesar por las siguientes causas:

  1. Por resolucin judicial firme.

  2. Por decisin de las personas que lo ejercen, previa comunicacin de stas a la administracin pblica competente.

  3. A peticin del tutor o de los padres y madres que tengan la patria potestad y reclamen su compaa.

  4. Por resolucin administrativa de la entidad pblica, tenga o no la tutela, cuando lo considere necesario para salvaguardar el inters del nio, nia o adolescente, odas las personas acogedoras.

  5. A peticin de la persona menor de edad, siempre que tenga los doce aos cumplidos.

  6. Por fallecimiento del nio, nia o adolescente o de la persona acogedora.

    Ser precisa resolucin judicial de cesacin cuando el acogimiento haya sido dispuesto por el juez.

  1. La administracin pblica competente slo aprobar las propuestas de acogimiento a favor de aquellas personas que, mediante un estudio psicosocial previo, acrediten su adecuacin para garantizar la cobertura de las necesidades del nio, nia o adolescente y el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas.

  2. En la valoracin de las circunstancias que concurran en las personas o familias que soliciten acoger a un nio, nia o adolescente, se tendrn en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

    1. Disponer de medios de vida estables y suficientes.

    2. Disfrutar de un estado de salud fsica y psquica que garantice la atencin normalizada del nio, nia o adolescente.

    3. En el caso de que los solicitantes acrediten que constituyen una unin, ya sea matrimonial o de hecho, haber convivido de forma continuada durante aproximadamente un perodo mnimo de un ao inmediatamente anterior a la solicitud.

    4. Llevar una vida familiar estable.

    5. Disfrutar de un entorno familiar y social favorable a la integracin del nio, nia o adolescente.

    6. No existir en las historias personales de los solicitantes episodios que impliquen riesgo para el nio, nia o adolescente.

    7. Mostrar flexibilidad en las actitudes y adaptabilidad a situaciones nuevas.

    8. Comprender la dificultad inherente a la situacin del nio, nia o adolescente.

    9. Respetar la historia personal y familiar del nio, nia o adolescente.

    10. Aceptar las relaciones entre el nio, nia o adolescente y su familia de origen y, en su caso, el rgimen de visitas establecido por la autoridad pblica competente.

    11. Mostrar una actitud positiva de colaboracin y compromiso en la formacin y el seguimiento tcnico.

    12. Compartir entre los miembros de la unidad familiar una actitud favorable al acogimiento.

    1. Manifestar una motivacin al acogimiento familiar en la que prevalezcan el inters superior del nio, nia o adolescente y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo.

  3. Los rganos forales de los territorios histricos crearn y mantendrn actualizada una lista de familias acogedoras en la que se indicar si han realizado algn acogimiento, o si se les ha propuesto realizarlo; y en caso de existir un acogimiento previo, el resultado de ste.

  4. Los rganos forales de los territorios histricos organizarn campaas informativas y de captacin de familias acogedoras.

  1. Los servicios territoriales especializados de proteccin a la infancia y adolescencia debern prestar apoyo a las familias acogedoras tanto para asesorarles en el ejercicio de las funciones que asumen en el marco familiar como para orientarles y, en su caso, ayudarles cuando finalice el perodo de acogimiento o cuando la convivencia prosiga una vez alcanzada la mayora de edad.

  2. Los servicios territoriales especializados de proteccin a la infancia y adolescencia debern proceder, con carcter peridico, a la supervisin de los acogimientos familiares constituidos, a fin de determinar si se desarrollan ajustndose a las necesidades y al inters superior del nio, nia o adolescente acogido.

  3. En el marco de los procedimientos de decisin que apliquen los servicios territoriales especializados con respecto a una persona menor de edad que se encuentra en acogimiento familiar, se oir a todas las personas interesadas, en particular a la familia biolgica, a la familia acogedora y al nio, nia o adolescente cuando tenga suficiente juicio.

El acogimiento residencial es una medida alternativa de guarda, de carcter administrativo o judicial, cuya finalidad es ofrecer una atencin integral en un entorno residencial a nios, nias y adolescentes cuyas necesidades materiales, afectivas y educativas no pueden ser cubiertas, al menos temporalmente, en su propia familia.

  1. La administracin pblica competente, cuando acuerde el acogimiento residencial de un nio, nia o adolescente, procurar que el perodo de internamiento sea lo ms breve posible, salvo que convenga al inters de la persona menor de edad, con objeto de favorecer el retorno a la familia biolgica, el acogimiento familiar, la tutela ordinaria, la adopcin o la emancipacin, principalmente en la primera infancia. El ejercicio de la guarda mediante acogimiento residencial recae en el director o directora o, en su defecto, en la persona responsable del centro donde sea acogido el nio, nia o adolescente.

  2. Las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin a la infancia y adolescencia, para llevar a cabo las medidas de acogimiento residencial, podrn establecer convenios o acuerdos de colaboracin con entidades colaboradoras de integracin familiar donde se contemplen los sistemas de participacin de las personas menores, bajo su directa supervisin, sin que ello suponga la cesin de titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecucin.

Los centros de acogimiento residencial para nios, nias o adolescentes situados en el territorio de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco debern ajustarse al rgimen de autorizacin, registro, homologacin e inspeccin previsto en la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, y sus disposiciones de desarrollo.

En particular, estos centros estarn constituidos conforme a las leyes que les sean aplicables. En sus estatutos o reglas figurar como fin la proteccin de personas menores de edad y debern disponer siempre de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas.

La entidad pblica deber sealar las limitaciones que procedan respecto de la actuacin de los centros de acogimiento residencial, los cuales estarn siempre sometidos a las directrices, inspeccin y control de aqulla.

  1. El Gobierno Vasco, a travs del departamento competente en materia de asuntos sociales, determinar reglamentariamente, de conformidad con lo establecido en la disposicin final segunda, los requisitos materiales, funcionales y de personal exigibles a los diferentes tipos de centros, haciendo expresa referencia a los derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales y a la necesaria existencia en cada centro de un reglamento de rgimen interior que se ajuste a las particularidades del centro y a su proyecto educativo.

  2. El desarrollo reglamentario al que alude el apartado anterior determinar los diferentes tipos de centros de acogimiento residencial en funcin de criterios diversos, como las necesidades de los nios, nias y adolescentes atendidos, los modelos de atencin o el tamao de las estructuras. En particular, regular las caractersticas que debern reunir los centros, en trminos de recursos educativos, teraputicos o de seguridad, en aquellos casos en los que deban atender a personas menores de edad que presenten conductas particularmente disruptivas que supongan un riesgo evidente de daos o de perjuicios graves a s mismos o a terceros. Tales supuestos sern objeto de un control especialmente riguroso tanto por parte de las administraciones forales de las que dependen como por parte de las fiscalas de menores.

  3. La normativa mencionada en los apartados anteriores ser de aplicacin a todos los centros residenciales para nios, nias y adolescentes situados en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, independientemente de su titularidad pblica o privada.

  1. Las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin de personas menores de edad debern realizar la inspeccin de los centros residenciales al menos una vez al semestre y, en todo caso, siempre que as lo exijan las circunstancias.

  2. As mismo, el ministerio fiscal, de acuerdo con lo establecido en el artculo 174 del Cdigo Civil, deber ejercer su vigilancia sobre todos los centros residenciales destinados al acogimiento de nios, nias y adolescentes.

  1. El desarrollo reglamentario al que alude el artculo 78 regular los derechos y obligaciones de los nios, nias y adolescentes en su calidad de residentes.

  2. En todo caso, los nios, nias y adolescentes en acogimiento residencial tendrn derecho a:

    1. Ser informados de sus derechos y obligaciones.

    2. Ser atendidos sin discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, respetando sus orgenes y favoreciendo la conservacin de su bagaje cultural y religioso.

    3. Tener cubiertas las necesidades bsicas de la vida cotidiana que permitan su desarrollo personal integral.

    4. Acceder a los servicios necesarios para atender todas las necesidades que exige el adecuado desarrollo de su personalidad, siendo prioritaria siempre su atencin en la comunidad a travs de la red de servicios ordinarios.

    5. Disfrutar en su vida cotidiana de unos perodos equilibrados de actividad, ocio y sueo.

    6. Recibir un trato digno por parte del personal del centro y de los dems residentes.

    7. Ver respetada la confidencialidad de los datos que constan en su expediente individual y el deber de reserva en su utilizacin.

    8. Mantener relaciones con sus familiares y personas significativas, siempre que no sea contrario a su inters, y recibir visitas en el centro o en otros lugares que se determinen en cada caso.

    9. Ver respetada la intimidad y sus pertenencias individuales en el centro, as como la inviolabilidad de su correspondencia y el derecho a recibir y hacer llamadas telefnicas en privado, salvo que ello ponga en riesgo su proteccin.

    10. Participar en la elaboracin o modificacin de las normas de convivencia contenidas en el reglamento de rgimen interno, as como en la programacin y desarrollo de las actividades del centro.

    11. Ser informados, en un lenguaje adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento, de los procedimientos de reclamacin existentes en el centro y de la posibilidad de manifestar una queja ante el ministerio fiscal, el defensor o defensora de la Infancia y la Adolescencia o los servicios de inspeccin, o ante las administraciones competentes en materia de proteccin.

    12. Conocer su situacin legal en todo momento.

    1. Contar con un plan de intervencin individualizada y participar en su elaboracin y evaluacin peridicas.

    2. Ser odos en las decisiones de trascendencia que les afecten si son mayores de doce aos, en todo caso, y si tuvieren juicio suficiente, tambin los nios, nias y adolescentes que todava no hayan alcanzado dicha edad.

    3. Participar en las evaluaciones y procedimientos de inspeccin de los que sea objeto el centro.

    4. Ser atendidos por personal cualificado por su formacin y experiencia.

    5. Contar con la participacin de sus padres y madres en su atencin y en las decisiones que les conciernen, siempre que no sea contrario a su inters.

    6. No ser separado de sus hermanos o hermanas, permaneciendo todos juntos en el mismo centro, siempre que no sea contrario a su inters.

  3. Los nios, nias y adolescentes, en su calidad de residentes de un centro de acogimiento, tienen las siguientes obligaciones:

    1. Respetar y cumplir las normas de funcionamiento y convivencia del centro.

    2. Respetar la dignidad y funcin de cuantas personas trabajen o vivan en el centro.

    3. Desarrollar las actividades escolares, laborales o cualesquiera otras orientadas a su formacin.

    4. Hacer un uso adecuado de las instalaciones y de los medios materiales que se pongan a su disposicin.

    5. Cumplir las medidas educativas correctoras impuestas, segn lo dispuesto en el artculo siguiente.

    6. Someterse, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Bsica Reguladora de la Autonoma del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Informacin y Documentacin Clnica, a los reconocimientos y pruebas mdicas que sean precisos en garanta del derecho a la salud de la propia persona menor de edad y de las dems personas que viven o trabajan en el centro.

  1. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artculo anterior dar lugar a la aplicacin de medidas educativas correctoras. Estas medidas debern tener contenido y funcin esencialmente educativos y no podrn implicar, directa o indirectamente, castigos corporales, privacin de la alimentacin, privacin del derecho de visita de los familiares, intervencin de las comunicaciones orales o escritas, privacin del derecho a la educacin obligatoria y de asistencia al centro escolar o privacin del derecho a la asistencia sanitaria tampoco podrn atentar contra su dignidad. Se fundamentan en la funcin correctora que el Cdigo Civil, en sus artculos 154 y 268, hace recaer en los padres y madres o tutores.

  2. Las conductas que podrn ser objeto de medidas educativas correctoras, el contenido de estas ltimas y las pautas de aplicacin de las mismas debern ser objeto de regulacin en el marco del desarrollo reglamentario de centros a que se refiere el artculo 78. En dicha regulacin deber preverse el derecho de la persona menor de edad a ser oda, a aportar pruebas y a ser asesorada por la persona que designe, as como el registro de las medidas impuestas, con indicacin de la conducta o hecho que las origine y de las circunstancias de su aplicacin.

  3. Entre las medidas educativas correctoras se otorgar especial relevancia a la peticin de excusas a la persona ofendida, la restitucin de los bienes o la reparacin de los daos.

  4. En funcin de su naturaleza, las medidas podrn ser aplicadas por cualquiera de los profesionales que integran el equipo educativo, o cuando correspondan a conductas o hechos de gravedad, quedar reservadas al director del centro o a quien ejerza funciones de responsable del mismo. Esta disposicin se entender sin perjuicio de las medidas que, con carcter provisional, deban adoptarse de forma inmediata a fin de evitar daos en las personas o en las cosas.

  1. La adopcin se constituye por resolucin judicial, que tendr en cuenta siempre el inters del nio, nia o adolescente adoptado y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad.

  2. Las actuaciones administrativas requeridas para la promocin de un expediente de adopcin, o, en su caso, de adopcin internacional, se ajustarn en todo caso a la regulacin contemplada en el ordenamiento jurdico vigente.

  3. Para iniciar el expediente de adopcin es necesaria la propuesta de la diputacin foral del lugar de vecindad de los solicitantes, en su calidad de entidad competente en materia de proteccin a los nios, nias y adolescentes, a favor del adoptante o adoptantes que previamente hayan sido declarados idneos para el ejercicio de la patria potestad, salvo en las circunstancias previstas en el artculo 176.2 del Cdigo Civil. Dicha propuesta debe reunir una serie de requisitos, regulados en el artculo 1829 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  1. Sern requisitos de idoneidad para la adopcin de nios, nias y adolescentes:

    1. Disponer de medios de vida estables y suficientes.

    2. Disfrutar de un estado de salud fsica y psquica que garantice la atencin normalizada del nio, nia o adolescente.

    3. En el caso de que los solicitantes acrediten que constituyen una unin matrimonial o de hecho, haber convivido de forma continuada durante dos aos con anterioridad a la solicitud.

    4. Llevar una vida familiar estable.

    5. Disfrutar de un entorno familiar y social favorable a la integracin del nio, nia o adolescente.

    6. No existir en las historias personales de los solicitantes episodios que impliquen riesgo para el nio, nia o adolescente.

    7. Mostrar flexibilidad en las actitudes y adaptabilidad a situaciones nuevas.

    8. Respetar y aceptar la historia personal y familiar del nio, nia o adolescente.

    9. Mostrar una actitud positiva de colaboracin y compromiso.

    10. Compartir entre todos los miembros de la unidad familiar una actitud favorable a la adopcin.

    11. Contar el o los adoptantes con una edad que, previsiblemente, no pueda suponer una limitacin para el conveniente desarrollo del adoptando.

    12. Manifestar una motivacin a la adopcin en la que prevalezcan el inters superior del nio, nia o adolescente y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo.

      El perodo de validez del certificado de idoneidad ser de tres aos, sin perjuicio de que sea revisable en cualquier momento si cambian las circunstancias personales o familiares de las personas que se ofrecen para la adopcin.

  2. Reglamentariamente se regular el procedimiento de actuacin que debern seguir las diputaciones forales en materia de adopcin.

  1. Las personas que presten servicios en las entidades pblicas o en las entidades colaboradoras estn obligadas a guardar secreto de la informacin obtenida y de los datos de filiacin de los adoptados.

  2. Sin perjuicio de lo anterior, y en garanta del derecho de los nios, nias y adolescentes a conocer la identidad de su padre y madre biolgicos, de conformidad con lo previsto en el artculo 11 de esta ley, en el artculo 7.1 de la Convencin de los Derechos del Nio y en el artculo 30 del Convenio de La Haya, de 1993, sobre Proteccin del Nio y Cooperacin en materia de Adopcin Internacional, las administraciones pblicas facilitarn a las personas adoptadas, si stas lo solicitaran, los datos de los que dispusieran con respecto a su filiacin biolgica. Para ello debern adoptarse las medidas adecuadas, en particular, un procedimiento confidencial de mediacin, previo a la revelacin, en cuyo marco tanto la persona adoptada como su padre y madre biolgicos sern informados de las respectivas circunstancias familiares y sociales y de la actitud manifestada por la otra parte en relacin con su posible encuentro.

    El acceso efectivo a esta informacin, en el caso de las personas menores de edad, quedar condicionado a la adecuacin del momento evolutivo en el que se encuentre la persona menor de edad y a que tenga suficiente juicio y capacidad para comprender.

    A partir del momento en que una persona en su calidad de adoptante tenga asignada una persona menor de edad, podr solicitar que la entidad le proporcione los datos que posea sobre el nio, nia o adolescente, tanto los referidos a su salud y educacin como los atinentes a otros aspectos que le conciernan, con la salvedad de las informaciones relacionadas con sus datos de filiacin.

  3. El procedimiento de mediacin al que se refiere el apartado 2 se determinar en el marco de la regulacin de la mediacin prevista en el artculo 47.3.

  1. En materia de adopcin internacional se atender a lo dispuesto en el artculo 25 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el Convenio relativo a la Proteccin del Nio y la Cooperacin en materia de Adopcin Internacional, hecho en la Haya el 29 de mayo de 1993 y ratificado por Espaa mediante instrumento de 30 de junio de 1995.

  2. El Gobierno Vasco contar con una comisin tcnica de adopcin internacional que actuar como rgano consultivo del departamento competente en asuntos sociales con la funcin de coordinar las actuaciones en este mbito, as como de estudiar y elevar propuestas sobre la habilitacin de entidades colaboradoras para la adopcin internacional a las que se refiere el artculo 108.

  3. El Gobierno Vasco promover y facilitar la adopcin internacional, utilizando para ello los medios de difusin, informacin y apoyo que estime oportunos.

  4. Reglamentariamente se regular el procedimiento de actuacin que debern seguir las diputaciones forales en materia de adopcin internacional.

De conformidad con lo establecido en la Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, son personas infractoras menores de edad quienes sean objeto de una medida impuesta por el juez de menores por la comisin de hechos tipificados como delitos o faltas en el Cdigo Penal o las leyes penales especiales.

La atencin socioeducativa a las personas infractoras menores de edad se ajustar, en todo caso, a los siguientes principios:

  1. De conformidad con lo establecido en el artculo 17.3 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, mientras dure la detencin, las personas detenidas menores de edad debern permanecer custodiadas en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para las personas mayores de edad, y recibirn los cuidados, proteccin y asistencia social, psicolgica, mdica y fsica que requieran, teniendo en cuenta su edad, sexo y caractersticas individuales.

  2. Se debe tener presente la naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa de las medidas aplicables a las personas infractoras menores de edad y la necesidad de garantizar la flexibilidad en su ejecucin atendiendo a lo que resulte ms conveniente a las particulares caractersticas de cada caso.

  3. En la aplicacin de las medidas deber garantizarse que las personas infractoras menores de edad penal gocen de todos los derechos reconocidos en la Constitucin y en el ordenamiento jurdico, particularmente en la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, y en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, as como en la Convencin sobre los Derechos del Nio, de 20 de noviembre de 1989, y en todas aquellas normas sobre proteccin de la infancia y la adolescencia contenidas en el ordenamiento jurdico vigente.

  4. De conformidad con el principio de legalidad, no podr ejecutarse ninguna medida sino en virtud de sentencia firme dictada de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa vigente. Las referidas medidas no podrn aplicarse en otra forma que la prescrita en dicha normativa, de acuerdo con lo estipulado en el artculo 43 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  5. La ejecucin de las medidas judiciales se realizar bajo el control del juez de menores que dict la sentencia correspondiente, en los trminos previstos en el artculo 44 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  6. La ejecucin de las medidas judiciales se realizar sobre la base del principio de intervencin mnima necesaria desde el mbito de la justicia. Ello implica necesariamente la coordinacin de las actuaciones con otros sistemas sociales, en particular con el sistema educativo y con el sistema de proteccin, y, en su caso, la derivacin a los mismos de casos que pudieran exigir intervenciones desde dichos mbitos.

  7. La aplicacin de las medidas judiciales debe responder al principio de inmediatez a fin de garantizar la eficacia educativa de las medidas aplicadas.

  8. La eficacia de las medidas judiciales a personas infractoras menores de edad, en particular en el marco de las medidas en medio abierto y de los procesos de mediacin, requiere la participacin y la implicacin de la comunidad.

  1. El Gobierno Vasco, en su calidad de administracin pblica competente para la ejecucin de las medidas judiciales impuestas a personas infractoras menores de edad, contar con los medios materiales y personales necesarios para ejercer dichas funciones. En particular:

    1. Contar en cada uno de los territorios histricos con equipos psicosociales especializados de asistencia tcnica y asesoramiento a los fiscales y jueces de menores.

    2. Cuando lo estime necesario y oportuno, podr establecer, a travs del departamento competente en materia de justicia, convenios o acuerdos de colaboracin con otras entidades, pblicas o privadas, sin nimo de lucro para la ejecucin de las medidas judiciales aplicables en el propio entorno del adolescente infractor, bajo su directa supervisin y sin que ello suponga la cesin de titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecucin.

  2. La administracin pblica competente velar por que el personal profesional que intervenga en la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad sea el idneo para el desempeo de las funciones que vaya a desarrollar. A tales efectos se arbitrarn programas de formacin capaces de responder a las nuevas y muy diversas necesidades de la poblacin objeto de estas intervenciones y se disearn procedimientos de acceso a los puestos de trabajo que garanticen la idoneidad del personal profesional en atencin al inters superior de las personas atendidas. Medidas de la misma naturaleza se adoptarn en la aplicacin de medidas judiciales en el marco de los convenios de colaboracin previstos en el apartado anterior.

  3. El Gobierno Vasco, a travs del departamento competente en materia de interior, garantizar el adecuado servicio policial en los casos en que participen personas menores de edad.

    En relacin con ello, deber garantizarse la adecuada formacin de los agentes policiales, la existencia de expertos policiales en intervencin con personas menores de edad, as como la implantacin de sistemas de organizacin y funcionamiento que garanticen la intervencin efectiva de dichos expertos en los casos en que se detecte la participacin de personas menores de edad.

  1. Para la ejecucin de las medidas que deban aplicarse en el medio social de convivencia de la persona infractora menor de edad, la Administracin general de la Comunidad Autnoma, a travs del departamento competente en materia de justicia, deber desarrollar programas de integracin social y promover su desarrollo. En dichos programas se contemplarn actuaciones especficas de ocio, apoyo socioeducativo, tareas prelaborales, habilidades sociales, habilidades de convivencia familiar o cualquier otra actuacin que contribuya a la consecucin de los objetivos educativos perseguidos.

  2. Todas las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, en el mbito de sus competencias, y particularmente en materia de sanidad, educacin y servicios sociales, debern colaborar con la Administracin general de la Comunidad Autnoma en la ejecucin de las medidas que deban aplicarse en el medio social de convivencia de la persona menor de edad dndole acceso a los recursos socioeducativos normalizados. As mismo, se fomentar la colaboracin con entidades privadas sin nimo de lucro en los trminos previstos en el artculo anterior.

  1. De conformidad con el artculo 54 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, las medidas de internamiento se ejecutarn en centros especficos para personas infractoras menores de edad, diferentes de los previstos en la legislacin penitenciaria para la ejecucin de las condenas penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a las personas mayores de edad penal. Estas medidas de internamiento podrn asimismo ser ejecutadas en centros sociosanitarios cuando la medida impuesta as lo requiera y cuente con la previa autorizacin del juez de menores.

  2. Lo previsto en el apartado anterior ser tambin de aplicacin a las medidas cautelares de internamiento.

  1. Los centros estarn divididos en mdulos adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de las personas menores internadas.

    El estado de conservacin y las condiciones de utilizacin de los centros de internamiento sern los adecuados; adems, debern contar con las instalaciones y los espacios adecuados para responder a las necesidades de las personas menores de edad.

  2. La Administracin autnoma, a travs del departamento competente en materia de justicia, determinar reglamentariamente los requisitos materiales, funcionales y de personal que debern reunir los centros para la ejecucin de las distintas medidas privativas de libertad, con referencia expresa a los derechos y obligaciones de las personas menores de edad y de los profesionales que les atienden y a la necesidad de que dispongan de un reglamento de rgimen interior que se ajuste en su contenido a las particularidades del centro y de su proyecto educativo.

  3. La normativa mencionada en el apartado anterior ser de aplicacin a todos los centros de internamiento para personas infractoras menores de edad penal situados en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  1. El departamento competente en materia de justicia deber realizar la inspeccin de los centros de internamiento al menos una vez al semestre y, en todo caso, siempre que as lo exijan las circunstancias. Dichos procedimientos de inspeccin sern objeto de regulacin en la normativa de centros de internamiento referida en el artculo anterior.

  2. El ministerio fiscal deber ejercer su vigilancia sobre todos los centros de internamiento.

  1. La organizacin, el funcionamiento y la actividad de los centros debern fundamentarse en el principio de que las personas menores de edad sujetas a medidas de internamiento son sujetos de derecho integrantes de la sociedad. En aplicacin de este principio, la vida en los centros debe tomar como referencia la vida cotidiana de cualquier persona menor de edad, reduciendo los efectos negativos que el internamiento pueda representar para ella y para su familia y favoreciendo los vnculos sociales y la colaboracin y participacin de las entidades pblicas y privadas en el proceso de integracin social. A tal fin se fijarn reglamentariamente los permisos ordinarios y extraordinarios de los que podr disfrutar.

  2. Las personas infractoras menores de edad sujetas a alguna medida de internamiento tienen derecho a que se respete su personalidad, su libertad ideolgica y religiosa y los derechos e intereses legtimos no afectados por el contenido de la medida, especialmente los inherentes a la minora de edad civil, as como todos los derechos contemplados en el artculo 56 de la Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, y, en particular a que se respete su derecho a:

    1. Ser informadas de sus derechos y obligaciones.

    2. Ser atendidas sin discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, respetando sus orgenes y favoreciendo la conservacin de su bagaje cultural y religioso.

    3. Recibir un trato digno por parte del personal del centro de internamiento y de los dems residentes.

    4. Ver respetada la confidencialidad de los datos que constan en su expediente y el deber de reserva en su utilizacin; en este sentido, su condicin de internados deber ser estrictamente reservada frente a terceros.

    5. Comunicarse libremente con sus padres y madres, representantes legales, familiares u otras personas, salvo que fuera contrario a su inters en el marco de un procedimiento de proteccin; recibir visitas en el centro de internamiento y disfrutar de salidas y permisos conforme se establezca reglamentariamente.

    6. Comunicarse reservadamente con sus letrados, con el juez de menores competente, con el ministerio fiscal y con el servicio competente para la inspeccin de los centros de internamiento.

    7. Ver respetada su intimidad.

    8. Tener cubiertas las necesidades bsicas de la vida cotidiana que permitan su desarrollo personal integral.

    9. Realizar actividades escolares, laborales o cualesquiera otras orientadas a su formacin.

    10. Conocer su situacin legal en todo momento.

    11. Ser informadas, en un lenguaje adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento, de los procedimientos de reclamacin existentes en el centro de internamiento y de la posibilidad de formular peticiones y quejas a la direccin del centro, la administracin autonmica, las autoridades judiciales, el ministerio fiscal o el defensor o defensora de la Infancia y la Adolescencia, y a presentar todos los recursos legales que prev la legislacin vigente en defensa de sus derechos e intereses legtimos.

    12. Ejercer los derechos civiles, polticos, sociales, religiosos, econmicos y culturales que les correspondan, salvo cuando sean incompatibles con el cumplimiento de la medida.

    1. Cumplir la medida de internamiento en el centro ms cercano a su domicilio, de acuerdo con su rgimen de internamiento.

    2. Disponer de un programa de atencin individualizada y participar en su elaboracin y evaluacin peridicas.

    3. Recibir informacin personal y actualizada acerca de sus derechos y obligaciones, de su situacin personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno del centro, as como de los procedimientos concretos para hacer efectivos tales derechos, en especial para formular peticiones, quejas o presentar recursos. Esta informacin deber ser proporcionada a las personas menores de edad en el momento de su ingreso en el centro y deber facilitarse en un idioma que entiendan y en un formato, vocabulario y redaccin adaptados a su capacidad de entendimiento o a sus necesidades especiales.

    4. Saber que sus representantes legales estn informados sobre su situacin y evolucin as como sobre los derechos que les corresponden, con los lmites previstos en la legislacin vigente.

    5. Tener en su compaa, cuando se trate de personas internadas, a sus hijos e hijas menores de tres aos, en las condiciones y con los requisitos que se prevean reglamentariamente.

  3. Las personas infractoras menores de edad sometidas a una medida de internamiento tienen los deberes previstos en el artculo 57 de la Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, y en particular deben:

    1. Permanecer en el centro hasta el momento de la finalizacin de la medida, sin perjuicio de las salidas y actividades autorizadas en el exterior.

    2. Respetar y cumplir las normas de funcionamiento del centro de internamiento y las directrices o instrucciones que reciban del personal de aqul en el ejercicio legtimo de sus funciones.

    3. Respetar la dignidad y funcin de cuantas personas trabajen o vivan en el centro de internamiento.

    4. Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro y los medios materiales que se pongan a su disposicin.

    5. Desarrollar las actividades escolares, laborales o cualesquiera otras orientadas a su formacin.

    6. Cumplir las medidas disciplinarias impuestas segn lo dispuesto en el artculo 95.

    7. Someterse, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Bsica Reguladora de la Autonoma del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Informacin y Documentacin Clnica, a los reconocimientos y pruebas mdicas que sean precisos en garanta del derecho a la salud de la propia persona internada y de las dems personas que vivan o trabajen en el centro.

  1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad en los centros de internamiento podrn suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, inspecciones de los locales y dependencias, as como registros de personas, ropas y enseres personales. Estas medidas de vigilancia y seguridad, en su forma, duracin, horario y frecuencia, procurarn el respeto a la intimidad y enseres personales de las personas menores de edad, primando un criterio restrictivo en cuanto a su utilizacin y evitando, en todo caso, los registros nocturnos.

  2. Se podrn utilizar exclusivamente los medios de contencin necesarios que se establezcan reglamentariamente para evitar y reprimir actos de violencia o intimidacin o lesiones de las personas menores de edad y para impedir actos de fuga y daos en las instalaciones. La aplicacin de los medios de contencin durar slo el tiempo indispensable.

  1. Las personas menores de edad sujetas a medidas judiciales de internamiento podrn ser objeto de medidas disciplinarias en los supuestos de infraccin previstos en los apartados siguientes y de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, debiendo respetarse en todo momento su dignidad. En ningn supuesto se les podr privar de sus derechos de alimentacin, asistencia sanitaria, enseanza obligatoria, comunicaciones y visitas.

    El procedimiento disciplinario ser objeto de regulacin en el marco del desarrollo reglamentario de los centros de internamiento a que se refiere el artculo 91. Dicho procedimiento deber prever el registro de las medidas sancionadoras impuestas, con indicacin de la infraccin que origine la medida sancionadora y de las circunstancias de su aplicacin.

  2. Tendrn la consideracin de infracciones muy graves los siguientes hechos:

    1. Agredir, amenazar o coaccionar a cualquier persona dentro del centro.

    2. Participar en motines, peleas, agresiones, desrdenes colectivos o instigar a los mismos en el caso de que se hayan producido.

    3. Intentar, facilitar o consumar la evasin del centro o no regresar a l tras un permiso o actividad.

    4. Resistirse de forma activa y grave al cumplimiento de las rdenes recibidas del personal adscrito al centro en el ejercicio de sus funciones.

    5. Causar daos de cuanta superior a trescientos euros, de forma deliberada, en las dependencias, materiales u objetos que el centro ponga a disposicin de las personas menores o en las pertenencias de otras personas.

    6. Sustraer objetos, materiales o efectos del centro o pertenencias ajenas.

    7. Introducir, poseer o consumir en el centro bebidas alcohlicas, drogas txicas, sustancias psicotrpicas o estupefacientes, salvo prescripcin facultativa.

    8. Negarse a cumplir una medida disciplinaria impuesta por la comisin de un acto de indisciplina grave.

    9. La comisin de tres faltas graves en un mismo da o cinco en una misma semana.

  3. Tendrn la consideracin de infracciones graves los siguientes hechos:

    1. Incumplir los hbitos u horarios de higiene personal o colectiva, vestimenta, alimentacin u otros especificados en las normas de funcionamiento del centro, siempre que se produzca una alteracin en la vida del mismo y en la ordenada convivencia.

    2. Calumniar, injuriar, insultar y faltar gravemente al respeto y consideracin debidos a cualquier persona dentro del centro.

    3. Instigar a otras personas internadas a motines o desrdenes colectivos, sin conseguir ser secundadas por stas.

    4. Introducir, poseer, usar, consumir en el centro o hacer salir de l objetos o sustancias prohibidas por las normas de funcionamiento interno del centro.

    5. Causar daos de cuanta inferior a trescientos euros, de forma deliberada, en las dependencias, materiales u objetos que el centro ponga a disposicin de las personas infractoras menores de edad internadas o en las pertenencias de otras personas.

    6. Desobedecer las rdenes recibidas del personal adscrito al centro en el ejercicio de sus funciones, cuando se cause alteracin de la vida del centro y de la ordenada convivencia.

    7. Organizar o participar en juegos de suerte, envite o azar que no se hallen permitidos por las normas de funcionamiento del centro.

    8. Divulgar noticias o datos falsos con la intencin de menoscabar la buena marcha del centro.

    9. Acceder a espacios prohibidos dentro del centro o a espacios de acceso restringido sin el permiso correspondiente.

    10. No asistir sin causa justificada a cualquiera de las actividades que el centro organice para las personas infractoras menores de edad internadas, ser expulsado de las mismas o abandonarlas sin el permiso correspondiente.

    11. Salir del centro sin el permiso correspondiente o regresar a l ms tarde de lo permitido por las normas de funcionamiento del centro.

    12. Negarse a cumplir una medida disciplinaria impuesta por la comisin de un acto de indisciplina leve.

    1. La comisin de tres faltas leves en un mismo da.

  4. Tendrn la consideracin de infracciones leves los siguientes hechos:

    1. Incumplir los hbitos u horarios de higiene personal o colectiva, vestimenta, alimentacin u otros especificados en las normas de funcionamiento del centro, siempre que no se produzca una alteracin en la vida del mismo y en la ordenada convivencia.

    2. Desobedecer las rdenes recibidas del personal adscrito al centro, cuando no se cause alteracin de la vida del centro y de la ordenada convivencia.

    3. Faltar levemente al respeto y consideracin debidos a cualquier persona dentro del centro.

    4. Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos o sustancias no prohibidas por las normas de funcionamiento interno del centro.

    5. Causar daos, por falta de diligencia o cuidado, en las dependencias, materiales u objetos que el centro ponga a disposicin de las personas infractoras menores de edad internadas o en las pertenencias de otras personas.

    6. Cualquier otra accin u omisin que implique incumplimiento de los deberes y obligaciones de la persona infractora menor de edad internada, produzca alteracin en la vida del centro y en la ordenada convivencia y no est calificada como grave o muy grave.

  5. Las nicas sanciones que se podrn imponer sern las previstas en el artculo 60 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  6. La proporcionalidad y la flexibilidad sern criterios generales a tener en cuenta en la imposicin de sanciones.

    Por otra parte, los criterios determinantes para graduar la sancin aplicable sern los siguientes:

    1. La edad, las caractersticas del adolescente y la situacin en la que se encuentra en el momento de comisin de la falta.

    2. El proyecto educativo individual.

    3. La gravedad objetiva del hecho.

    4. La reincidencia de la conducta, entendiendo que existir reincidencia cuando la persona responsable de la infraccin cometiera en el trmino de un ao ms de una infraccin de la misma naturaleza.

  7. La peticin de excusas a la persona ofendida, la restitucin de bienes o la reparacin de daos podrn, en el marco de un procedimiento de mediacin, suspender la aplicacin de la sancin, siempre que no se reitere la conducta sancionable.

  8. El procedimiento disciplinario garantizar, en todo caso, los derechos de la persona menor de edad a:

    1. Ser oda.

    2. Aportar pruebas.

    3. Ser asesorada por la persona que designe.

    4. Recurrir ante el juez de menores que impuso la medida de internamiento, de acuerdo con lo previsto en el artculo 60.7 de la Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  9. La aplicacin de las sanciones correspondientes a faltas leves podr recaer en cualquiera de los profesionales que integran el equipo educativo multidisciplinar, y la aplicacin de las sanciones correspondientes a faltas graves y muy graves quedar reservada al director del centro o al responsable del mismo. Esta disposicin se entender sin perjuicio de las medidas que, con carcter cautelar, deban adoptarse de forma inmediata a fin de evitar daos en las personas o en las cosas.

  10. El departamento competente en materia de justicia deber comunicar al juez de menores y al ministerio fiscal cualquier sancin impuesta cuando corresponda a una falta grave o muy grave.

  11. Reglamentariamente se podr establecer un sistema de incentivos adecuado para premiar o incentivar la buena conducta y el comportamiento responsable de las personas infractoras.

  1. Se crea la Defensora para la Infancia y la Adolescencia como rgano de defensa ante situaciones de amenaza o vulneracin de los derechos de la infancia y la adolescencia y de sensibilizacin y promocin de stas en el mbito de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  2. La defensora ejerce sus funciones con plena autonoma respecto a la Administracin y se adscribe al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales sin integrarse en l.

  1. La Defensora de la Infancia y la Adolescencia ejercer sus funciones con objetividad e imparcialidad e intervendr de forma inmediata, en las situaciones en que los derechos de los nios y adolescentes se vean amenazados o hayan sido vulnerados.

  2. Le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

    1. Recogida y primera evaluacin de las quejas que se formulen por amenaza o vulneracin de los derechos de la infancia y la adolescencia. A estos efectos, la defensora abrir un perodo de informacin o contraste previo con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de tramitar la queja.

    2. Derivar, en su caso, a las instituciones y rganos competentes las quejas que se formulen por amenaza o vulneracin de los derechos de la infancia y la adolescencia.

    3. Facilitar vas de negociacin y colaboracin interinstitucional y dirigir recomendaciones con el fin de corregir situaciones o prcticas de amenaza o vulneracin de los derechos de la infancia y la adolescencia. Se realizar un seguimiento del cumplimiento de las citadas recomendaciones.

    4. Realizar funciones de sensibilizacin a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia y de promocin social de estos derechos.

    5. Fomentar la divulgacin de los derechos de la infancia y la adolescencia y promover su ejercicio.

    6. Prestar asesoramiento y asistencia a la infancia y la adolescencia ante posibles situaciones o prcticas de amenaza o vulneracin de sus derechos.

    7. Potenciar el asociacionismo a favor de los derechos de la infancia y la adolescencia, as como la promocin directa de las asociaciones y entidades que trabajan en pro de estos derechos.

    8. Proponer mecanismos de coordinacin con el Ararteko, as como con otros rganos e instituciones competentes en materia de infancia y adolescencia.

    9. Analizar y evaluar el grado de cumplimiento y adecuacin de la normativa relativa a la proteccin de la infancia y la adolescencia tanto a nivel institucional como social. A estos efectos, elaborar un dictamen anual en el que se recojan las actuaciones llevadas a cabo y que ser presentado ante el Parlamento Vasco.

    10. Proponer reformas legales, administrativas y procedimentales que agilicen la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia y contribuyan a mejorar los servicios destinados a su atencin.

    11. Cualquier otra funcin incluida en esta ley o que le sea encomendada para el cumplimiento de sus fines.

  3. La defensora no entra en el examen individual de las quejas sobre las que haya recado sentencia firme o que estn pendientes de resolucin judicial. Asimismo, suspender su actuacin si iniciada sta se interpusiera por persona interesada demanda o recurso ante juzgados o tribunales.

  1. La persona titular de la defensora es la defensora o defensor de la infancia y la adolescencia.

  2. La defensora o defensor de la Infancia y la Adolescencia se designa, a propuesta del consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, por decreto del Lehendakari por un perodo de cuatro aos y podr volverse a nombrar por otro perodo de la misma duracin. Este nombramiento deber ser ratificado por el Pleno del Parlamento Vasco y por mayora absoluta.

    Se reconoce a toda la ciudadana el derecho a usar tanto el euskera como el castellano en sus relaciones con la Defensora para la Infancia y la Adolescencia y a ser atendidos en la lengua oficial que elijan. A tal efecto se arbitrarn las medidas oportunas para garantizar el ejercicio de este derecho.

  3. La condicin de defensora o defensor de la Infancia y la Adolescencia es incompatible con:

    1. Todo mandato representativo de eleccin popular.

    2. Cualquier cargo poltico de libre designacin.

    3. La afiliacin a un partido poltico, sindicato u organizacin empresarial.

    4. El desempeo de funciones directivas en una asociacin o fundacin.

    5. El ejercicio de las carreras judicial y fiscal.

    6. El ejercicio de cualquier actividad profesional, liberal, mercantil o laboral.

  4. La defensora o defensor de la Infancia y la Adolescencia cesa en su cargo por alguna de las siguientes causas:

    1. Renuncia.

    2. Expiracin del perodo para el que se ha producido su nombramiento.

    3. Fallecimiento o incapacidad sobrevenida.

    4. Incumplimiento grave de sus deberes en el ejercicio de su cargo.

    5. Haber sido condenada o condenado en sentencia firme por delito doloso.

    6. Incompatibilidad sobrevenida.

  5. Si se produce alguno de los supuestos del apartado anterior, el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales informar de ello al Pleno del Parlamento. Si del examen del asunto resulta la existencia de razones para el cese, ste se formalizar mediante decreto del Lehendakari.

  6. Cuando el cese se produce por la causa establecida en el apartado 4b), el defensor o defensora de la Infancia y la Adolescencia contina desempeando sus funciones hasta que surta efecto el nombramiento de la nueva defensora o defensor.

  7. El defensor o defensora de la Infancia y la Adolescencia podr designar personal asesor y de confianza para el ejercicio de sus funciones de acuerdo con su reglamento y dentro de los lmites del presupuesto. Dicho personal tendr el mismo rgimen que el personal eventual del Gobierno Vasco.

  8. Al resto del personal le es de aplicacin el rgimen jurdico del funcionariado al servicio de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  9. En el plazo de un ao, a contar desde la entrada en vigor de esta ley, se proceder a la elaboracin y aprobacin del reglamento de organizacin y funcionamiento de la Defensora de la Infancia y la Adolescencia.

Se han de consignar anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Euskadi los recursos econmicos para la financiacin de la defensora.

  1. El Gobierno Vasco crear un Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, adscrito al departamento competente en materia de asuntos sociales, con la misin de analizar de forma permanente la realidad de las nias, nios y adolescentes en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco y el impacto de las polticas desarrolladas en aplicacin de esta ley.

  2. La estructura de este observatorio se determinar reglamentariamente.

El Observatorio de la Infancia y la Adolescenciadesarrollar las siguientes funciones:

  1. Estudiar las necesidades y condiciones de vida de los nios, nias y adolescentes y proponer a las administraciones competentes actuaciones y programas dirigidos a su mejora.

  2. Evaluar las actuaciones de la Administracin en el mbito de atencin a la infancia y la adolescencia.

  3. Asesorar a las administraciones pblicas que lo requieran en relacin con las actuaciones de proteccin a las personas menores de edad en situacin de riesgo o de desamparo y de atencin a las personas infractoras menores de edad penal.

  4. Informar peridicamente a la comisin permanente sectorial del Consejo Vasco de Bienestar Social mediante la remisin de los informes y estudios elaborados en el seno del consejo y asesorarla cuando as lo requiera.

  5. Informar a las administraciones competentes sobre la adecuacin del ordenamiento jurdico a las necesidades de la infancia y la adolescencia y proponerles la adopcin de nuevas regulaciones o la modificacin de las existentes.

  6. Aquellas otras que le encargue la persona titular del departamento de adscripcin.

  1. En el seno del Consejo Vasco de Bienestar Social se constituir la Comisin Permanente Sectorial para la Atencin a la Infancia y la Adolescencia como foro especfico de participacin de las instituciones pblicas y los agentes sociales implicados en la atencin a la infancia y la adolescencia, en particular en la atencin a nios, nias y adolescentes en situacin de desproteccin y en la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad. Esta comisin se constituir como rgano de consulta y asesoramiento respecto de los proyectos de ley, disposiciones generales y reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno Vasco en los aspectos a que se refiere la presente ley.

  2. Su composicin y funciones se establecern reglamentariamente.

Las actuaciones pblicas y el desarrollo normativo a que hubiere lugar en aplicacin de esta ley se ejercern por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos conforme a sus respectivas competencias en los mbitos de la sanidad, la educacin, los servicios sociales, la cultura, el urbanismo, la seguridad ciudadana, el comercio interior, la defensa de la persona consumidora y usuaria, la publicidad u otros.

  1. El Gobierno Vasco, a travs del departamento competente en asuntos sociales, adems del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, tiene atribuidas, para el desarrollo y aplicacin de esta ley en lo referente a la proteccin de personas menores de edad en situacin de riesgo o de desamparo, las siguientes funciones:

    1. Planificacin general de las actuaciones y de los servicios sociales dirigidos a nios, nias y adolescentes.

    2. Coordinacin de las actuaciones de los diversos rganos de las administraciones pblicas, as como de los sectores de la iniciativa privada concertada, en materia de proteccin de personas menores de edad, con el fin de garantizar una poltica homognea en este campo.

    3. Actuaciones de promocin de la adopcin internacional, acreditacin de las entidades colaboradoras de adopcin internacional, tramitacin de los expedientes y coordinacin de las actuaciones en este campo, contando para ello con el asesoramiento de la comisin tcnica de adopcin internacional referida en el artculo 85.

    4. Regulacin de los requisitos materiales, funcionales y de personal de los servicios y centros que intervienen en el mbito de la proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo.

    5. Evaluacin de las actuaciones desarrolladas en el mbito de la proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo y de desamparo, a travs del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia.

    6. Sensibilizacin de la opinin pblica mediante la organizacin de campaas de divulgacin y la promocin de medidas positivas en el mbito comunitario en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

  2. Las diputaciones forales, en el mbito territorial de su competencia, tienen atribuidas, para la aplicacin de la presente ley, las siguientes funciones:

    1. Realizacin de las actuaciones previstas en el ttulo III en materia de proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de desproteccin grave o de desamparo.

    2. Gestin directa o indirecta de los servicios y centros que se estimen necesarios para la atencin de nios, nias y adolescentes en situacin de desproteccin grave o de desamparo.

    3. Autorizacin, registro, homologacin, inspeccin y evaluacin de los servicios y centros mencionados en la letra anterior.

    4. Formacin y seguimiento de las personas solicitantes de acogimientos y adopciones y, en su caso, de las respectivas familias.

    5. Sensibilizacin de la opinin pblica mediante la organizacin de campaas de divulgacin y la promocin de medidas positivas en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

  3. Los ayuntamientos tienen atribuidas, en el mbito territorial de sus competencias, las siguientes funciones:

    1. Realizacin de las actuaciones previstas en el ttulo III en materia de proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo.

    2. Gestin directa o indirecta de los servicios y centros que se estimen necesarios para la atencin de nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo.

    3. Autorizacin, registro, homologacin, inspeccin y evaluacin de los servicios y centros a los que se refiere la letra anterior.

    4. Sensibilizacin de la opinin pblica mediante la organizacin de campaas de divulgacin y la promocin de medidas positivas en el mbito comunitario en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

  1. El Gobierno Vasco, a travs del departamento competente en justicia, adems del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, tiene atribuidas, para el desarrollo y aplicacin de esta ley en lo referente a la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad, las siguientes funciones:

    1. Ejecucin de las medidas adoptadas por los jueces de menores respecto de personas infractoras menores de edad.

    2. Provisin de los recursos materiales y personales necesarios para la ejecucin de medidas judiciales impuestas a personas infractoras menores de edad.

    3. Regulacin de los requisitos materiales, funcionales y de personal de los servicios y centros que intervienen en el mbito de la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad penal.

    4. Creacin, mantenimiento y gestin de servicios y centros propios destinados a la ejecucin de las medidas judiciales impuestas a personas infractoras menores de edad, e inspeccin de los mismos.

    5. Autorizacin, registro, homologacin, inspeccin y evaluacin de los servicios y centros con los que establezca convenios o acuerdos para la aplicacin de determinadas medidas judiciales en los trminos previstos en el artculo 88.

    6. Comunicacin al ministerio fiscal y al juez de menores de la ejecucin de las medidas judiciales y extrajudiciales impuestas a personas infractoras menores de edad y del seguimiento de las citadas medidas.

    7. Planificacin, elaboracin y evaluacin de los programas de actuacin en esta materia.

    8. Asesoramiento tcnico para la formacin de las autoridades policiales que intervengan con personas infractoras menores de edad.

    9. Coordinacin con los juzgados de menores, fiscalas y dems entidades que intervienen en la atencin a personas infractoras menores de edad.

    10. Coordinacin de la actuacin de los equipos psicosociales especializados, en las funciones de apoyo a los jueces y fiscales de menores, conforme a los trminos establecidos por la Ley 5/2000.

    11. Regulacin de la composicin y funcionamiento de los equipos psicosociales especializados a los que se refieren las letras anteriores.

    12. Evaluacin de los programas de intervencin en el mbito de la atencin a personas infractoras menores de edad penal.

    1. Sensibilizacin de la opinin pblica mediante la organizacin de campaas de divulgacin.

  2. Las diputaciones forales, en el mbito territorial de su competencia, para la aplicacin de la presente ley en materia de atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad penal, debern colaborar con el Gobierno Vasco para la aplicacin de medidas judiciales cuando las mismas aconsejen la intervencin de los servicios de proteccin.

  3. Los ayuntamientos, en el mbito territorial de su competencia, para la aplicacin de la presente ley en materia de atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad penal, debern colaborar con el Gobierno Vasco para la aplicacin de medidas judiciales cuando tales medidas deban desarrollarse en el entorno comunitario de los propios ayuntamientos.

  1. Las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, en el mbito de sus competencias, fomentarn el desarrollo de la iniciativa social en actividades de atencin a la infancia y la adolescencia, pudiendo realizar, entre otras, las siguientes funciones:

    1. Fomento de iniciativas cuyas actividades contribuyan a reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos de los nios, nias y adolescentes.

    2. Establecimiento de cauces para la participacin de la iniciativa social en rganos de carcter consultivo cuya funcin consista en asesorar en materia de atencin a la infancia y la adolescencia.

    3. Asesoramiento a las entidades privadas que realicen actividades en el mbito de la atencin a la infancia y adolescencia.

    4. Fomento del asociacionismo de nios, nias y adolescentes a fin de favorecer su participacin e integracin en la sociedad.

  2. Las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, en el mbito de sus competencias, podrn, a los efectos de fomento de la iniciativa social, conceder subvenciones o establecer convenios de colaboracin con entidades que intervengan en la promocin y proteccin de los derechos de los nios, nias y adolescentes, en la proteccin de nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo o en la atencin a personas infractoras menores de edad.

  3. En el marco de sus acuerdos de colaboracin con entidades privadas, las administraciones pblicas velarn, en el mbito de sus competencias y en el ejercicio de sus funciones de autorizacin, inspeccin y homologacin, por la adecuacin de las intervenciones desarrolladas desde las entidades colaboradoras, por que el personal, profesional o voluntario, que intervenga en la atencin a nios, nias y adolescentes sea el idneo para el desempeo de las funciones que desarrolla. Asimismo, velarn por que las entidades de colaboracin apliquen procedimientos de seleccin y formacin que garanticen esta idoneidad y por que las condiciones laborales de estos profesionales resulten adecuadas.

  1. Se consideran entidades colaboradoras de integracin familiar las que desarrollan actividades en el mbito de la proteccin a nios, nias o adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo.

  2. Las entidades colaboradoras de integracin familiar podrn ser habilitadas como entidades colaboradoras por las administraciones pblicas competentes, siempre que cumplan los requisitos de autorizacin, registro, inspeccin y homologacin que se determinen reglamentariamente.

  3. Las funciones para las que pueden ser habilitadas las entidades colaboradoras de integracin familiar son las siguientes:

    1. Guarda de nios, nias y adolescentes.

    2. Mediacin en procesos de acogimiento familiar o de adopcin de nios, nias y adolescentes.

    3. Asesoramiento tcnico a las administraciones pblicas competentes en los procedimientos de proteccin de nios, nias y adolescentes.

    4. Valoracin de las competencias parentales y educacin en dichas competencias.

  1. Las entidades colaboradoras de adopcin internacional son habilitadas por el Gobierno Vasco para realizar servicios de mediacin que tengan como finalidad la integracin de los nios, nias y adolescentes en una familia, a travs de la adopcin internacional.

  2. Las entidades a las que hace referencia el apartado anterior podrn ser habilitadas por la Administracin autnoma para desarrollar funciones de mediacin. Dichas funciones incluirn la informacin y asesoramiento a los interesados en materia de adopcin internacional, la intervencin en la tramitacin de expedientes de adopcin ante las autoridades competentes, tanto espaolas como extranjeras, y el asesoramiento y apoyo a los solicitantes de adopcin en los trmites y gestiones que deban realizar en Espaa y en el extranjero, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.

  3. Sern habilitadas las entidades sin nimo de lucro inscritas en el registro correspondiente y en cuyos estatutos figure comofinalidad la proteccin de personas menores. Para ello, dichas entidades debern disponer de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas y estarn dirigidas y administradas por personas cualificadas por su integridad moral y por su formacin en el mbito de la adopcin internacional, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.

  4. El Gobierno Vasco crear, a travs del departamento competente en asuntos sociales, un registro de reclamaciones formuladas por las personas que acudan a las entidades colaboradoras de adopcin internacional, de conformidad con lo establecido en el artculo 25.4 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  1. Las entidades colaboradoras de atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad son habilitadas por la Administracin autnoma para colaborar en la aplicacin de las medidas adoptadas por los jueces de menores, en los trminos previstos en el artculo 88, as como en la aplicacin de medidas previas de reparacin de daos y de conciliacin con la vctima, excepto en los casos en los que tales funciones deban ejercerse necesariamente por personal pblico de conformidad con lo previsto en esta ley.

  2. Las entidades a las que hace referencia el apartado 1 podrn ser habilitadas para tales funciones por la Administracin autnoma, siempre que cumplan los requisitos de autorizacin, registro, inspeccin y homologacin que se determinen reglamentariamente.

  3. El departamento competente en materia de justicia crear y regular un registro de entidades colaboradoras de atencin socioeducativa apersonas infractoras menores de edad, en el que debern constar inscritas todas las instituciones de esta naturaleza que hayan sido habilitadas por dicha administracin.

  1. Se consideran infracciones administrativas a la presente ley las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en el presente captulo.

  2. Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves atendiendo a la importancia de los bienes jurdicos objeto de proteccin y a la lesin o riesgo de lesin que se derive de las conductas contempladas.

Constituyen infracciones leves las siguientes conductas:

  1. Incumplir la normativa aplicable en el mbito de los derechos de los nios, nias y adolescentes, si de ello no se derivan perjuicios graves para ellos.

  2. No gestionar plaza escolar para un nio, nia o adolescente en perodo de escolarizacin obligatoria, o impedir o no procurar su asistencia al centro escolar, sin causa que lo justifique, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para los nios, nias y adolescentes.

  3. Incumplir las normas de creacin o funcionamiento de centros o servicios de atencin a la infancia y la adolescencia, siempre que no se deriven perjuicios graves para los nios, nias o adolescentes atendidos.

  4. No facilitar el tratamiento y atencin que correspondan a las necesidades de los nios, nias y adolescentes, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para stos.

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

  1. La reincidencia en las infracciones leves.

  2. Incumplir la normativa aplicable en el mbito de los derechos de los nios, nias y adolescentes, si de ello se derivan perjuicios graves para ellos.

  3. Incumplir las normas de creacin o funcionamiento de centros o servicios de atencin a la infancia y la adolescencia, si de ello se derivan perjuicios graves para los nios, nias o adolescentes.

  4. No facilitar, en los centros o servicios, el tratamiento y atencin que correspondan a las necesidades de los nios, nias y adolescentes, si de ello se derivan perjuicios sensibles para stos.

  5. No poner en conocimiento de la administracin pblica competente o de otra autoridad pblica la posible situacin de riesgo o de desamparo en que pudiera encontrarse un nio, nia o adolescente, de conformidad con lo establecido en el artculo 13 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  6. No poner a disposicin de la administracin pblica competente o de otra autoridad pblica, o en su caso de la familia, en el plazo de veinticuatro horas, al nio, nia o adolescente que se encuentre abandonado, extraviado o fugado de su hogar.

  7. Incumplir los acuerdos adoptados por la administracin pblica competente en materia de proteccin.

  8. Incumplir la obligacin por parte del centro o personal sanitario de identificar al recin nacido, de acuerdo con la normativa vigente.

  9. Proceder a la apertura de un centro o servicio por parte de las entidades titulares del mismo sin haber obtenido las autorizaciones administrativas establecidas en la presente ley, o a su cierre sin previa comunicacin.

  10. Incumplir la regulacin especfica establecida o que se pueda establecer para cada tipo de centro o servicio, por parte de las entidades titulares del mismo.

  11. Incumplir el deber de confidencialidad y reserva respecto a los datos personales de los nios, nias y adolescentes, por parte de los profesionales que intervengan en su proteccin.

  12. No facilitar el tratamiento y atencin que, acordes con la finalidad de los centros o servicios, correspondan a las necesidades de los nios, nias y adolescentes, cuando de ello se deriven perjuicios notables para stos.

  1. Aplicar, por parte de los titulares, trabajadores o colaboradores de los centros residenciales y de internamiento, medidas disciplinarias o de limitacin de sus derechos a los nios, nias o adolescentes, excedindose de lo establecido en la normativa reguladora de dichos centros.

  2. Amparar o ejercer prcticas lucrativas en centros o servicios definidos sin nimo de lucro.

  3. Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo las funciones de inspeccin, seguimiento y evaluacin de la administracin pblica competente, por parte de los titulares o del personal de los servicios y centros objeto de tales actuaciones.

  4. Destinar las ayudas y subvenciones pblicas de los centros y servicios a finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido otorgadas.

  5. Percibir por parte de los titulares de los centros o de su personal, en concepto de precio o contraprestacin por los servicios prestados, cantidades econmicas que no estn autorizadas por la Administracin.

  6. Acoger a un nio, nia o adolescente con la intencin de su futura adopcin sin la intervencin de la entidad competente en materia de proteccin.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

  1. La reincidencia en las infracciones graves.

  2. Las infracciones recogidas en el artculo anterior cuando de ellas se desprendiera dao de imposible o difcil reparacin a los derechos de los nios, nias y adolescentes.

A los efectos del presente rgimen sancionador, existir reincidencia cuando las personas responsables de las infracciones cometieran, en el trmino de un ao, ms de una infraccin de la misma naturaleza y as haya sido declarado por resolucin firme.

  1. La responsabilidad administrativa por la comisin de infracciones se imputar a la persona fsica o jurdica que cometa la infraccin y, solidariamente, a la persona fsica o jurdica titular de la entidad, centro o servicio que, en su caso, resulte responsable por haber infringido su deber de vigilancia.

  2. Si los hechos constitutivos de la responsabilidad administrativa pudieran ser, adems, tipificados como delitos o faltas en el Cdigo Penal, deber suspenderse la tramitacin del expediente sancionador hasta que se dicte la correspondiente resolucin judicial.

  3. Si del procedimiento sancionador se derivaran responsabilidades administrativas para los padres y madres, tutores o guardadores, la autoridad sancionadora deber ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal por si pudieran deducirse responsabilidades civiles.

Las infracciones contenidas en los artculos anteriores darn lugar a la imposicin de alguna o algunas de las sanciones siguientes:

  1. Apercibimiento.

  2. Multa.

  3. Supresin de las subvenciones o revocacin del convenio de colaboracin.

  4. Prohibicin de acceder a cualquier tipo de ayuda de las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma por un perodo comprendido entre uno y cinco aos.

  5. Cierre temporal, total o parcial, del centro o servicio, por un perodo de hasta dos aos.

  6. Clausura definitiva, total o parcial, del centro o servicio.

  7. Inhabilitacin temporal por un perodo mximo de hasta cinco aos de la persona fsica autora de la infraccin y/o de la persona fsica o jurdica titular del centro o servicio, para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atencin a la infancia y la adolescencia y/o para ejercer cualquier profesin en el mbito de la atencin a la infancia y la adolescencia.

  8. Inhabilitacin temporal por un perodo de entre seis y veinte aos de la persona fsica autora de la infraccin y/o de la persona fsica o jurdica titular del centro o servicio, para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atencin a la infancia y la adolescencia y/o para ejercer cualquier profesin en el mbito de la atencin a la infancia y la adolescencia.

Para la determinacin de la cuanta de las multas y la aplicacin de las dems sanciones, el rgano competente atender a los siguientes criterios de graduacin:

  1. Los perjuicios fsicos, morales y materiales causados.

  2. El riesgo generado.

  3. El grado de culpabilidad e intencionalidad.

  4. La reincidencia de la persona infractora.

  5. El tipo de servicio.

  1. La aplicacin de las sanciones se realizar de la siguiente forma:

    1. Las infracciones leves sern sancionadas con apercibimiento y/o multa de hasta 3.000 euros.

    2. Las infracciones graves sern sancionadas con multas de cuanta comprendida entre 3.001 y 30.000 euros.

    3. Las infracciones muy graves sern sancionadas con multa de cuanta comprendida entre 30.001 y 600.000 euros.

  2. Con independencia de las multas que puedan imponerse conforme al apartado anterior, en los supuestos de infracciones graves o muy graves y en funcin de las circunstancias que concurran en la infraccin, la autoridad sancionadora competente podr acordar adems:

    1. La supresin de las subvenciones o la revocacin del convenio de colaboracin.

    2. La prohibicin de acceder a cualquier tipo de ayuda pblica de las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma por un perodo de hasta dos aos en el caso de las infracciones graves, y por un perodo de dos a cinco aos para las infracciones muy graves.

    3. El cierre total o parcial del centro o servicio por un perodo de hasta un ao, en el caso de infracciones graves, y cierre total o parcial por un perodo de hasta dos aos o clausura definitiva, total o parcial, del centro o servicio en el caso de infracciones muy graves.

    4. Inhabilitacin temporal por un perodo mximo de hasta cinco aos de la persona fsica autora de la infraccin y/o de la persona fsica o jurdica titular del centro o servicio, para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atencin a la infancia y la adolescencia y/o para ejercer cualquier profesin en el mbito de la atencin a la infancia y la adolescencia, en el caso de infracciones graves.

    5. Inhabilitacin temporal por un perodo de entre seis y veinte aos de la persona fsica autora de la infraccin y/o de la persona fsica o jurdica titular del centro o servicio, para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atencin a la infancia y a la adolescencia y/o para ejercer cualquier profesin en el mbito de la atencin a la infancia y la adolescencia, en el caso de infracciones muy graves.

  1. Los ayuntamientos y diputaciones forales ejercitarn la potestad sancionadora en las materias propias de su competencia atribuidas por esta ley. La determinacin del concreto rgano sancionador se realizar conforme a su normativa propia.

  2. El Gobierno Vasco ejercitar la potestad sancionadora en las materias atribuidas a su competencia por esta ley, recayendo dicho ejercicio en los rganos que al efecto designen los departamentos competentes en materia de sanidad, educacin, servicios sociales, justicia, cultura, urbanismo, seguridad ciudadana, comercio interior, defensa de la persona consumidora u otros, cuando la infraccin se produzca en su mbito competencial de actuacin, de acuerdo con lo previsto en los decretos de estructura orgnica de los departamentos competentes.

En atencin al inters de la infancia y la adolescencia, las administraciones pblicas vascas podrn apoyar con medios econmicos y tcnicos aquellas iniciativas de carcter experimental que puedan aportar soluciones innovadoras, siempre que concuerden con los fines previstos en la presente ley y siempre que no conlleven una limitacin de derechos superior a las previsiones de la ley para los supuestos que sean objeto de atencin en cada caso.

Los servicios de carcter experimental a los que se refiere el apartado anterior podrn ser autorizados por la administracin competente, con carcter excepcional, por un plazo mximo de dos aos. Si al cabo de este plazo se considerara, conforme a una evaluacin cualitativa, que la modalidad de atencin as desarrollada constituye una alternativa adecuada y viable, se deber proceder a la regulacin de los requisitos materiales y funcionales que le correspondan. Si no se considerara tal alternativa, dicho servicio perder su autorizacin.

Se autoriza al Gobierno Vasco para actualizar el importe de las multas previstas en el artculo 117 de esta ley.

De conformidad con lo previsto en el artculo 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, no ser necesaria la reclamacin previa en va administrativa para formular oposicin ante los tribunales civiles a las resoluciones administrativas en materia de proteccin de personas menores.

Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, el Pleno del Parlamento proceder a ratificar el nombramiento de la defensora o defensor de la Infancia y la Adolescencia. El nombramiento se producir por decreto del Lehendakari.

En el caso de que como consecuencia de una reforma de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institucin del Ararteko, se acogiera en el seno de la propia institucin una adjunta con funciones y competencias idnticas a las atribuidas al defensor o defensora de la Infancia y la Adolescencia, habra de procederse a las oportunas modificaciones del captulo I del ttulo V de la presente ley.

Se declaran, como accin directa las competencias de ejecucin relativas al servicio de informacin y orientacin previsto en el artculo 42 de la presente ley; la elaboracin y aprobacin de los instrumentos de valoracin y de los protocolos de aplicacin en situaciones de riesgo y de desamparo prevista en la disposicin final primera en relacin con el artculo 49, as como las actuaciones de promocin de la adopcin internacional, acreditacin de las entidades colaboradoras de adopcin internacional, tramitacin de expedientes y coordinacin de actuaciones en este campo previstas en el artculo 104c) de la presente ley.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango igual o inferior se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

El Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos elaborarn y aprobarn, en el plazo de un ao a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, un instrumento bsico para determinar la gravedad de las situaciones de desproteccin y definir si constituyen una situacin de riesgo leve o moderado, una situacin de riesgo grave o una situacin de desamparo. Lo anterior se entender sin perjuicio de que cada diputacin foral, en su calidad de entidad competente en materia de proteccin a la infancia y la adolescencia, pueda desarrollar dicho instrumento de la forma que mejor se adecue a su realidad. As mismo, se disearn los protocolos de valoracin y comunicacin que permitan agilizar la coordinacin de las actuaciones administrativas.

Complementariamente, las administraciones competentes determinarn en este marco los mecanismos de resolucin idneos para dilucidar los niveles de gravedad de determinadas situaciones de desproteccin cuando estos no se hayan podido definir mediante la aplicacin de los instrumentos tcnicos a los que se refiere el prrafo anterior.

El Gobierno Vasco proceder, en el plazo de un ao a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, a la elaboracin y aprobacin de las normativas reguladoras de los centros residenciales y de los centros de internamiento a las que se refieren, respectivamente, los artculos 78 y 91 de la presente ley.

En tanto no se aprueben las normas reguladoras de los requisitos de autorizacin y homologacin de los servicios y centros que intervienen en la atencin social a la infancia y la adolescencia previstos en esta ley, las administraciones pblicas podrn, en el mbito de sus competencias, mantener los convenios de colaboracin o los conciertos que tengan suscritos con entidades pblicas o privadas.

El Gobierno Vasco proceder, en el plazo de un ao a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, a la elaboracin de la normativa reguladora de la autorizacin, registro, inspeccin y homologacin de las entidades colaboradoras de atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad penal a la que se refiere el apartado 2 del artculo 109.

En lo no previsto por la presente ley ser de aplicacin:

  1. En materia de procedimiento administrativo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

  2. En materia de rgimen sancionador, las normas sustantivas y de procedimiento previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

En tanto en cuanto no sea sustituido por otro, el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorizacin, registro, homologacin e inspeccin de los servicios sociales de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, ser de aplicacin como norma de desarrollo de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales.

Se faculta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco para dictar disposiciones reglamentarias para el desarrollo de la presente ley.

La presente Ley entrar en vigor a los treinta das de su publicacin en el Boletn Oficial del Pas Vasco.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, a 21 de febrero de 2005.

El Lehendakari,

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La presente Ley de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia establece, por primera vez en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, un marco global de referencia en la materia.

Hasta el momento actual, las instituciones comunes de nuestra Comunidad Autnoma han limitado su actividad legislativa en el mbito de la atencin a los nios, nias y adolescentes a la regulacin de aspectos especficos en reas de su competencia, como son por ejemplo la educacin o la salud. Otros mbitos, en cambio, tambin de fundamental importancia para la promocin y proteccin de los derechos de un colectivo especialmente vulnerable como es la poblacin infantil y adolescente, no han tenido desarrollo normativo. Es el caso de la proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo y de la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad.

La presente ley pretende colmar ese vaco jurdico definiendo los principios de actuacin y el marco competencial e institucional. Pretende, asimismo, reunir en un nico texto el conjunto de derechos bsicos que otros instrumentos normativos, de carcter autonmico, estatal o internacional, ya reconocen en favor de nios, nias y adolescentes, y, en particular, legislar expresamente los principios que deben regir la actuacin administrativa a fin de promover y defender el ejercicio efectivo de tales derechos.

La evolucin que la figura del nio ha tenido en los ltimos aos exige articular una legislacin acorde con esta nueva dimensin social. El nio ha pasado de ser objeto de proteccin a ser sujeto de derechos, siendo la proteccin uno de los derechos que le amparan. Este cambio de enfoque ha sido, en gran parte, promovido por la Convencin de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nio, de 20 de noviembre de 1989. La rpida respuesta de la comunidad internacional nica en la evolucin de los derechos del hombre ha acelerado aceptacin, divulgacin y afianzamiento de esta nueva perspectiva. Los contenidos declarativos han tenido en nuestro entorno sociocultural reflejo normativo, y los principios de proteccin, provisin y participacin defendidos por la convencin se han traducido en derechos especficos, cuyo contenido garantiza la efectiva aplicacin de aqullos.

Otras aportaciones recientes de la doctrina europea e internacional ms progresista y de los textos internacionales ms novedosos han contribuido a asentar esta tendencia al reconocimiento jurdico del papel social de la infancia y de la adolescencia. Son de obligada referencia la Resolucin sobre los problemas de los nios en la Comunidad Europea, aprobada por el Parlamento Europeo el 13 de diciembre de 1991; la Recomendacin del Consejo de las Comunidades Europeas sobre el cuidado de los nios y las nias, de 31 de marzo de 1992; el Dictamen sobre la adopcin, aprobado por el Consejo Econmico y Social el 1 de julio de 1992; la Carta Europea de los Derechos del Nio, aprobada por el Parlamento Europeo en Resolucin del 8 de julio de 1992, y el Convenio sobre Proteccin de Menores y Cooperacin en materia de Adopcin Internacional, aprobado el 29 de mayo de 1993 por la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

En nuestro ordenamiento jurdico se observa un acercamiento progresivo a tales planteamientos, como refleja el protagonismo cada vez ms marcado que otorgan a la infancia y a la adolescencia las reformas y los desarrollos legislativos de los ltimos aos.

La Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificacin del Cdigo Civil en materia de Filiacin, Patria Potestad y Rgimen Econmico del Matrimonio, inici el ciclo de innovaciones al suprimir la distincin entre filiacin legtima e ilegtima, equiparar al padre y a la madre a efectos del ejercicio de la patria potestad e introducir la investigacin de la paternidad. La Ley sobre la Tutela, de 1983, continu el proceso, hasta que la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artculos del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopcin, introdujo cambios fundamentales en el mbito de la proteccin de la infancia y de la adolescencia. A ella se debe la consideracin de la adopcin como un elemento de plena integracin familiar, la configuracin del acogimiento familiar como una nueva institucin de proteccin, la generalizacin de la primaca del inters superior del nio, nia o adolescente y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo a todas las actuaciones administrativas o judiciales relacionadas con l, la ampliacin de las competencias del como defensor de nios, nias y adolescentes, la sustitucin del concepto de abandono por la figura del desamparo y la agilizacin de los procedimientos de proteccin al posibilitar la asuncin de la tutela automtica por parte de la entidad pblica competente.

Algunas disposiciones posteriores insistieron tambin en otorgar protagonismo a los derechos de la poblacin infantil y adolescente: la Ley Orgnica 5/1988, de 9 de junio, sobre Exhibicionismo y Provocacin Sexual en relacin con las Personas Menores de Edad; la Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, y la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurdico la Directiva 89/552/CEE sobre la coordinacin de disposiciones legales reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativos al ejercicio de actividades de radiodifusin televisiva.

En fechas ms recientes, la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha supuesto el ltimo gran avance. En respuesta a las peticiones manifestadas por instituciones pblicas y privadas en orden a solicitar una normativa que colmara las lagunas detectadas en el curso de la aplicacin de la Ley 21/87 y que ofreciera un marco legal de actuacin ms acorde con las nuevas necesidades y demandas de la sociedad, establece las pautas de actuacin que, en adelante, debern presidir los desarrollos normativos en la materia y la intervencin de las administraciones pblicas. La exposicin de motivos de la Ley 1/1996 expresa claramente su espritu al declarar que "la mejor forma de garantizar social y jurdicamente la proteccin de la infancia es promover su autonoma como sujetos"; las necesidades de nios, nias y adolescentes se convierten as en eje de sus derechos y de su proteccin.

En garanta de esa autonoma, recoge y desarrolla expresamente el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen; el derecho a la informacin; a la libertad ideolgica; a la participacin, asociacin y reunin; el derecho a la libertad de expresin y el derecho a ser odo. Extendido progresivamente a todo el ordenamiento jurdico en todas aquellas cuestiones que pueden afectar a los nios, nias y adolescentes, el derecho a emitir su opinin y a que esta opinin se tenga en cuenta cuando tuviera suficiente juicio confirma y afianza el principio de democratizacin que, en el marco de las relaciones con los nios, nias y adolescentes, ya proclamara el Ao Internacional de la Familia y cuya ampliacin alcanza ahora mbitos extrafamiliares. Esta democratizacin de las relaciones se ve reforzada por el hecho de que las limitaciones que pudieran derivarse del desarrollo evolutivo deben interpretarse restrictivamente y paliarse recurriendo a los procedimientos y a los instrumentos de interpretacin ms adecuados a la edad del sujeto.

Proclamado este cambio de orientacin, al regular los principios de actuacin en situaciones de desproteccin social, la Ley 1/1996, de Proteccin Jurdica del Menor, eleva a rango normativo la distincin entre situaciones de riesgo y situaciones de desamparo que las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin ya venan aplicando en la prctica. Asimismo, otorga prioridad al principio de agilidad e inmediatez en todos los procedimientos administrativos y judiciales, articula diferentes tipos de acogimiento familiar, con objeto de dar respuesta a la diversidad que se observa en las necesidades de los nios, nias y adolescentes en situacin de desproteccin, e introduce, en materia de adopcin, el requisito de idoneidad de los adoptantes.

A comienzos del ao 2000, la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, completa el marco normativo respondiendo a la necesidad impuesta por lo establecido en la Ley Orgnica 4/1992, de 5 de junio, sobre reforma de la Ley Reguladora de la Competencia y el Procedimiento de los Juzgados de Menores, y en el artculo 19 de la vigente Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal. En este sentido, conviene tener en cuenta las ltimas modificaciones operadas mediante la Ley Orgnica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, y de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relacin con los delitos de terrorismo.

Era necesario que, sobre esta base doctrinal, estas tendencias legislativas internacionales y estatales, y la prctica de las administraciones pblicas, la Comunidad Autnoma del Pas Vasco desarrollara la actividad normativa que corresponde a las competencias que le vienen atribuidas por el Estatuto de Autonoma, la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autnoma y los rganos Forales de sus Territorios Histricos y la Ley de Servicios Sociales, respondiendo as a las recomendaciones planteadas desde la Organizacin de las Naciones Unidas en el marco del seguimiento de la aplicacin de la Convencin sobre los Derechos del Nio.

La presente ley, de acuerdo con el modelo competencial vigente, establece los principios sustantivos y de procedimiento que deben observar las distintas administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco llamadas a ejercer sus competencias, hacindose las remisiones legales pertinentes en materia de legislacin civil, penal y procesal. El respeto al mbito de distribucin competencial entre el Estado y la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, la confluencia con el ejercicio de competencias exclusivas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco y razones de naturaleza teleolgica y sistemtica han exigido en ciertas ocasiones adaptaciones de la mencionada regulacin estatal a la estructura y finalidad de la presente ley. En cualquier caso, el contenido recogido en los artculos concernidos debe atenerse a la norma estatal que en cada momento rija en la materia.

La ley se sita en el marco de las competencias que el Estatuto de Autonoma otorga a la Comunidad Autnoma del Pas Vasco en materia, entre otras, de sanidad, educacin, polica, comercio interior, defensa de las personas consumidoras y usuarias y publicidad.

Especial consideracin merecen las competencias que fundamentan los servicios sociales como conjunto de recursos, actividades, prestaciones o equipamientos que contribuyen a promover el bienestar y el desarrollo de los individuos y los grupos en la comunidad y su adaptacin al entorno social, destacndose la atencin y proteccin a la infancia y a la adolescencia como un captulo esencial en las polticas de bienestar social. En este sentido, destacan las competencias exclusivas de la Comunidad Autnoma vasca en materia de asistencia social (artculo 10.12 del Estatuto de Autonoma para el Pas Vasco), fundaciones y asociaciones de carcter benfico asistencial (artculo 10.13), organizacin, rgimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de proteccin y tutela de menores y reinsercin social (artculo 10.14), ocio y esparcimiento (artculo 10.36), desarrollo comunitario, condicin femenina y poltica infantil, juvenil y de la tercera edad (artculo 10.39).

Considerando la peculiaridad de la organizacin institucional de nuestra Comunidad Autnoma en virtud de la Ley de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autnoma y los rganos Forales de sus Territorios Histricos, esta ley respeta las competencias de ejecucin, dentro del territorio histrico correspondiente, de la legislacin de las instituciones comunes en materia de asistencia social, desarrollo comunitario, condicin femenina, poltica infantil y juvenil, tercera edad, ocio y esparcimiento quecorresponden a los respectivos rganos forales, sin perjuicio de la accin directa de las instituciones comunes del Pas Vasco.

Precisamente el criterio de clasificacin de los servicios sociales en servicios sociales de base y servicios sociales especializados, que deriva de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, y la distribucin de competencias que la misma realiza a favor de las administraciones autnoma, foral y municipal, se han considerado en esta ley como base para la distribucin de competencias en materia de atencin y proteccin de personas menores de edad entre las distintas administraciones pblicas del Pas Vasco. Por otro lado, esta ley atribuye definitivamente a la Administracin autnoma del Pas Vasco la competencia de ejecucin de las medidas adoptadas por los juzgados de menores, en aplicacin de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

La presente Ley de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia tiene un triple objeto:

  1. Garantizar a los nios, nias y adolescentes, residentes o transentes en el territorio de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, el ejercicio de los derechos que les reconocen la Constitucin, la Convencin de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nio, la Carta Europea de los Derechos del Nio y el ordenamiento jurdico en su conjunto.

  2. Establecer el marco de actuacin en el que deben ejercerse las actividades de fomento de los derechos y del bienestar de la infancia y de la adolescencia, as como las intervenciones dirigidas a su atencin y proteccin, en orden a garantizar su desarrollo en los mbitos familiar y social.

  3. Definir los principios de actuacin y el marco competencial e institucional en el mbito de la proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo, as como en el de la intervencin con personas infractoras menores de edad.

    Estructurado en ocho ttulos, el texto legal pretende establecer el marco global de actuacin en cada uno de los mbitos que regula.

    Las disposiciones generales del ttulo I marcan la orientacin de la ley, relegando implcitamente el tan polmico concepto de "menores", de connotaciones paternalistas, y optando por los de "personas menores de edad", "nios, nias y adolescentes", o "infancia y adolescencia". Se adopta el principio del inters superior de los nios, nias y adolescentes y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo como principio inspirador bsico de todas las decisiones y actuaciones privadas o pblicas que guarden relacin con ellos, y se estipulan los principios generales que necesariamente deben informar las intervenciones. En particular, la ley proclama el derecho de los nios, nias y adolescentes a ser claramente informados de sus derechos; a ver respetados sus derechos individuales y colectivos, con referencia especfica a su derecho a la participacin; a ser protegidos contra cualquier accin u omisin que pudiera perjudicarles, dando prioridad siempre en tales casos al mantenimiento en el entorno familiar; a que las medidas que se adopten a su respecto presenten un carcter eminentemente socioeducativo. Asimismo, la ley subraya la necesidad de sensibilizar a la sociedad con objeto de prevenir la marginacin y la explotacin infantil, as como los abusos y malos tratos.

    El texto incide en el derecho de las personas menores de edad a ser odas cuando tengan suficiente juicio, y asume la capacidad progresiva de stas de edad para el ejercicio de sus derechos. En este sentido, se recoge, con respecto a sus derechos en el mbito de la proteccin a la salud, la facultad para prestar o denegar consentimiento reconocida a las personas que hayan cumplido diecisis aos en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Bsica Reguladora de la Autonoma del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Informacin y Documentacin Clnica.

    Se insiste igualmente, en todos los mbitos de aplicacin de la ley, en la obligacin de colaboracin interinstitucional que se impone a los organismos, entidades e instituciones pblicas y privadas, a fin de proporcionar a la poblacin infantil y juvenil una atencin coherente y organizada, que no slo facilite la deteccin de situaciones de desproteccin, sino que tambin permita intervenciones ms eficaces y ms acordes con una utilizacin racional de los recursos.

    El ttulo II recoge los derechos bsicos de la poblacin infantil y adolescente, as como sus derechos en los mbitos de la salud, la educacin, la cultura, el tiempo libre, el medio ambiente, el entorno, la participacin social y la integracin social, implicando de esta manera en la aplicacin de la ley a todas las administraciones pblicas y a todas las entidades privadas que participan activamente en estos mbitos.

    El ttulo III establece el marco de intervencin en materia de proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo.

    Con referencia a la accin protectora de la Administracin, el texto explicita principios de actuacin acordes con la filosofa de la Ley Orgnica 1/1996, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, regula las pautas procedimentales con objeto de alcanzar cierta uniformidad en la aplicacin de los preceptos de la norma y garantizar as el cumplimiento del principio de igualdad. En la regulacin de las medidas que puede adoptar la Administracin, se incide con detalle en aquellas que implican una separacin del medio familiar, es decir, el acogimiento familiar, el acogimiento residencial y la adopcin, introduciendo garantas de calidad mediante la aplicacin de procedimientos de autorizacin, registro, homologacin, inspeccin y evaluacin de servicios y centros, la atribucin a la Administracin autnoma de la responsabilidad de regular los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben reunir los centros residenciales y la proclamacin de los derechos y obligaciones de los nios, nias y adolescentes residentes.

    Con relacin a los casos de adopcin, la ley establece el derecho a conocer la filiacin biolgica de conformidad con lo establecido en la Convencin de los Derechos del Nio as como en el Convenio de La Haya, de 1993, sobre Proteccin del Nio y Cooperacin en materia de Adopcin Internacional.

    En el mbito de la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad, recogida en el ttulo IV, se establecen igualmente los principios de actuacin y las modalidades de ejecucin de las medidas dictadas por el juez de menores, atendiendo al tenor de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, con especial incidencia en las medidas de internamiento, e introduciendo, tambin en este caso, garantas tendentes a favorecer la calidad de la atencin y el respeto de los derechos de las personas infractoras menores de edad. A tales efectos, se prev que la Administracin autnoma regule los requisitos materiales, funcionales y de personal que debern reunir los centros de internamiento, con mencin expresa de los derechos y obligaciones de los adolescentes internados.

    Al regular la organizacin institucional en su ttulo V, la ley prev la creacin de la figura de la Defensora para la Infancia y la Adolescencia, estableciendo entre sus funciones las de sensibilizacin y promocin social de los derechos de la infancia y la adolescencia.

    El texto opta, as mismo, por la creacin de un Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, dedicado fundamentalmente al estudio de las condiciones de vida de los nios, nias y adolescentes y al asesoramiento de las entidades implicadas en su atencin.

    Por ltimo, la ley consolida la funcin de la Comisin Permanente Sectorial para la Atencin a la Infancia y la Adolescencia, en el seno del Consejo Vasco de Bienestar Social, como foro especfico de participacin de las instituciones pblicas y agentes sociales implicados en la atencin, seguimiento y proteccin de las personas menores de edad y como rgano de consulta y asesoramiento respecto de los proyectos de ley, disposiciones generales y reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno Vasco en los aspectos a que se refiere la presente ley.

    El ttulo VI contiene la distribucin competencial entre las distintas Administraciones pblicas que intervienen en la atencin y proteccin a la infancia y a la adolescencia.

    En el ttulo VII, la ley regula la relacin de la Administracin pblica con las entidades privadas, recogiendo el principio de fomento de la iniciativa social adoptado por la Ley de Servicios Sociales.

    Finalmente, la ley incorpora en su ttulo VIII un rgimen sancionador, que determina las infracciones, las sanciones y el procedimiento aplicable. Con este sistema se pretende garantizar la aplicacin real de los principios y preceptos legales y la no vulneracin de unos derechos cuyo contenido puramente declarativo es imprescindible trascender.

La presente ley tiene por objeto la atencin y proteccin a la infancia y la adolescencia en garanta del ejercicio de sus derechos y de sus responsabilidades. En particular, tiene por objeto:

  1. Garantizar a los nios, nias y adolescentes que residan o se encuentren en territorio de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco el ejercicio de los derechos que les reconocen la Constitucin, la Convencin de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Nio, la Carta Europea de los Derechos del Nio y el ordenamiento jurdico en su conjunto.

  2. Establecer el marco de actuacin en el que deben ejercerse las actividades de fomento de los derechos y del bienestar de la infancia y la adolescencia, as como las intervenciones dirigidas a su atencin y proteccin, en orden a garantizar su desarrollo en los mbitos familiar y social.

  3. Definir los principios de actuacin y el marco competencial e institucional en el mbito de la proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo, as como en el de la intervencin con personas infractoras menores de edad.

A los efectos de la presente ley y de sus disposiciones de desarrollo:

  1. Se entiende que son personas menores de edad quienes tienen una edad inferior a la mayora de edad establecida en el Cdigo Civil, siempre que no hayan sido emancipadas o no hayan alcanzado la mayora de edad en virtud de lo dispuesto en la ley que les sea aplicable. La minora de edad se entender referida a la establecida en el Cdigo Penal para las disposiciones relativas a personas infractoras menores de edad.

  2. Se entiende por infancia el perodo de vida comprendido entre el nacimiento y la edad de doce aos, y por nios y nias las personas que se encuentran en dicho perodo de vida.

  3. Se entiende por adolescencia el perodo de vida comprendido entre la edad de trece aos y la mayora de edad establecida por ley o la emancipacin, y por adolescentes las personas que se encuentran en dicho perodo de vida.

Corresponde a las instituciones comunes de la Comunidad Autnoma de Euskadi el desarrollo normativo y la accin directa en materia de atencin y proteccin a la infancia y la adolescencia.

  1. De conformidad con lo dispuesto en el artculo 2 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica de Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el inters superior de los nios, nias y adolescentes y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo deben ser el principio inspirador de las decisiones y actuaciones que a su respecto adopten y apliquen los padres y madres, tutores o guardadores. Tambin lo sern de todas las actuaciones pblicas que guarden relacin directa con ellos y, en particular, de todas las decisiones adoptadas por la autoridad judicial o administrativa o por las instituciones pblicas o privadas responsables de su atencin y proteccin.

    Para la determinacin de ese inters se atender en primer trmino a las necesidades y derechos de la persona menor de edad, se tendrn en cuenta sus opiniones y deseos manifestados con juicio suficiente y se considerar su individualidad en el marco familiar y social.

  2. El inters superior de los nios, nias y adolescentes y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo deben primar sobre cualquier otro inters legtimo concurrente.

Los principios de actuacin que rigen la intervencin de las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco en el ejercicio de sus competencias de atencin a la infancia y la adolescencia velarn por:

  1. Garantizar el respeto de los derechos individuales ycolectivos reconocidos a los nios, nias y adolescentes en el ordenamiento jurdico vigente.

  2. Garantizar el derecho de los nios, nias y adolescentes a ser informados de sus derechos, verbalmente y/o por escrito, en un idioma que entiendan y con un lenguaje claro y sencillo, adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento y, en su caso, a sus necesidades educativas especiales.

  3. Garantizar el respeto al principio de igualdad, evitando y, en su caso, eliminando cualquier condicionante derivado del hecho de vivir en un entorno rural, marginal o degradado y cualquier forma de discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social de los nios, nias y adolescentes o de sus familias.

  4. Adoptar los medios que resulten necesarios para favorecer el desarrollo integral de los nios, nias y adolescentes, en particular el desarrollo de su personalidad, garantizando la prestacin de una atencin adecuada a las diferentes etapas evolutivas.

  5. Fomentar en los nios, nias y adolescentes los valores de tolerancia, solidaridad, respeto, igualdad, responsabilidad, participacin y, en general, los principios democrticos de convivencia social.

  6. Adoptar cuantas medidas resulten necesarias para evitar que el contenido esencial de los derechos de los nios, nias y adolescentes quede afectado por la carencia de recursos adaptados a sus necesidades.

  7. Garantizar que el ejercicio efectivo de los derechos regulados en esta ley no se vea obstaculizado o impedido por la existencia de barreras cuya eliminacin se contemple en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promocin de la Accesibilidad.

  8. Prevenir las situaciones de explotacin, desasistencia, indefensin, inadaptacin, marginacin, abandono o desproteccin que puedan afectar a los nios, nias y adolescentes y adoptar las medidas que resulten necesarias para ello.

  9. Prestar especial consideracin a los casos en los que los nios, nias o adolescentes sean vctimas de delitos y adoptar las medidas de apoyo y proteccin que resulten ms adecuadas.

  10. Garantizar el carcter eminentemente educativo de las medidas que se adopten, con vistas a favorecer la plena integracin social de los nios, nias y adolescentes.

  11. Fomentar la solidaridad y la sensibilidad social ante las cuestiones relacionadas con la infancia y la adolescencia, con objeto, particularmente, de prevenir la marginacin y la explotacin infantil, as como cualquier manifestacin de abuso, acoso y maltrato fsico, psquico o emocional, e impulsar el papel de la sociedad civil en defensa de los derechos y libertades de la infancia y la adolescencia.

  12. Promover la participacin de la iniciativa social en la aplicacin de los planes y programas de promocin, atencin y proteccin de la infancia y la adolescencia impulsados por las administraciones pblicas, as como en la ejecucin de medidas judiciales en medio abierto impuestas por los juzgados de menores en el mbito de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  1. Favorecer las relaciones intergeneracionales, fomentando el voluntariado de las personas mayores y de los jvenes para colaborar en actividades con nios, nias y adolescentes, de conformidad con la Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado.

  2. Fomentar las relaciones solidarias con otros pueblos, favoreciendo los intercambios culturales, la cooperacin orientada a la infancia en situacin de vulnerabilidad, as como la estancia temporal de nios, nias y adolescentes procedentes de pases empobrecidos o en conflicto, de conformidad con la legislacin aplicable.

  3. Promover la colaboracin y coordinacin entre las diferentes administraciones al objeto de garantizar todos los derechos que asisten a los nios, nias y adolescentes.

Los organismos, entidades e instituciones pblicas y privadas actuarn con la obligada reserva en el mbito de la atencin y proteccin a la infancia y la adolescencia, adoptando las medidas oportunas para garantizar, en aplicacin del derecho a la intimidad, el tratamiento confidencial de la informacin con la que cuenten y de los ficheros o registros en los que conste dicha informacin, en los trminos regulados en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal.

El mismo deber de reserva se har extensivo a las autoridades y personas que, por su profesin o funcin, conozcan de casos en los que podra existir o exista una situacin de riesgo o de desamparo o tengan acceso a la informacin citada en el prrafo anterior.

Los organismos, entidades e instituciones pblicas y privadas tienen la obligacin de colaborar y de coordinar sus actuaciones, a fin de proporcionar a la poblacin infantil y adolescente una atencin coherente, organizada e integral, que no slo facilite la deteccin de situaciones de desproteccin, sino que tambin permita intervenciones ms eficaces y ms acordes con una utilizacin racional de los recursos.

Las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, en el mbito de sus competencias, tendrn entre sus prioridades presupuestarias las actividades de promocin, atencin, proteccin, formacin, ocio e integracin de los nios, nias y adolescentes.

Los nios, nias y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurdico vigente, entre los que destacan particularmente, al igual que para el resto de la ciudadana, el derecho a la vida y a la integridad fsica y psquica, el derecho al libre y pleno desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad.

As mismo, son titulares de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, a la identidad, a la informacin, a la libertad ideolgica, a la participacin, asociacin y reunin, a la libertad de expresin, a ser odos en cuantas decisiones les incumben y a defender sus derechos.

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil:

  1. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, quedando comprendidos en este derecho la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, as como el secreto de las comunicaciones.

  2. En los casos en que los derechos recogidos en la letra anterior queden vulnerados por la difusin de informacin o la utilizacin de imgenes o nombres de nios, nias y adolescentes en los medios de comunicacin que pueda implicar una intromisin ilegtima en su intimidad, honra o reputacin, o que sea contraria a sus intereses, el ministerio fiscal deber intervenir instando de inmediato las medidas cautelares y de proteccin previstas en la ley y solicitando las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados. Tales actuaciones procedern incluso si consta el consentimiento del nio, nia o adolescente o de sus representantes legales.

  3. En los casos a que se refiere la letra anterior, y sin perjuicio de las acciones de las que sean titulares los representantes legales del nio, nia o adolescente, el ministerio fiscal podr actuar de oficio o a instancia del propio nio, nia o adolescente o de cualquier persona interesada, fsica o jurdica, o entidad pblica.

  4. Los padres y madres, tutores o guardadores y los poderes pblicos respetarn estos derechos y los protegern frente a posibles ataques de terceros.

  1. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a conocer su identidad, a tener un nombre y una nacionalidad, y deben ser registrados desde su nacimiento.

  2. Los poderes pblicos habrn de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho y, en particular, velar por el cumplimiento de las siguientes obligaciones:

    1. La identificacin de la madre en el parte mdico de nacimiento.

    2. La inscripcin de la filiacin materna en el Registro Civil, que deber extenderse de conformidad con la normativa registral.

    3. La facilitacin del acceso de las personas adoptadas a la informacin de la que disponga cualquier administracin pblica sobre su filiacin de origen, en los trminos regulados en el artculo 84 de esta ley.

  3. Las personas extranjeras menores de edad que se encuentren en territorio de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco tienen el derecho y la obligacin de conservar la documentacin que, expedida por las autoridades competentes del pas de origen o de procedencia, acredite su identidad, as como la que acredite su situacin en la Comunidad Autnoma, y no pueden ser privadas de su documentacin salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en la ley.

    Si se diera el caso de que dichas personas estuvieran indocumentadas, tendrn derecho a que la administracin competente para ello les documente debidamente.

  1. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los nios, nias y adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la informacin adecuada a su desarrollo segn su edad y condiciones de madurez, debiendo los padres y madres, tutores o guardadores y los poderes pblicos velar por que la informacin que reciban sea veraz, plural y respetuosa con los principios constitucionales.

  2. Las administraciones pblicas vascas competentes por razn de la materia incentivarn la produccin y difusin de materiales informativos destinados a los nios, nias y adolescentes y facilitarn el acceso de stos a los servicios de informacin, documentacin, bibliotecas y dems servicios culturales. En particular, velarn por que los medios de comunicacin, en sus mensajes dirigidos a personas menores de edad, promuevan los valores de igualdad, solidaridad y respeto; eviten imgenes de contenido violento, pornogrfico o de explotacin en las relaciones personales, o que reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, o presenten cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo, todo ello en los trminos contemplados en los artculos 30, 31 y 32.

  3. Las administraciones pblicas vascas promovern por la existencia de cdigos ticos referentes a los contenidos emitidos por los medios de comunicacin.

  1. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a la libertad de ideologa, conciencia y religin, con las limitaciones prescritas por la ley y respetando los derechos y libertades fundamentales de los dems.

  2. Los padres y madres, tutores o guardadores tienen el derecho y el deber de cooperar para que la persona menor de edad ejerza esta libertad de modo que contribuya a su desarrollo integral.

  1. Las personas menores de edad tienen derecho a participar plenamente en sus ncleos de convivencia ms inmediatos y en la vida social, cultural, artstica y recreativa de su entorno, y a incorporarse progresivamente a la ciudadana activa, de acuerdo con su grado de desarrollo personal.

  2. Los nios, nias y adolescentes tienen el derecho de asociacin, que comprende, en particular, el derecho a formar parte de asociaciones y organizaciones juveniles de partidos polticos y sindicatos y el derecho a promover asociaciones infantiles y juveniles e inscribirlas en los trminos previstos en el ordenamiento jurdico vigente.

  3. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a participar en reuniones pblicas y manifestaciones pacficas convocadas en los trminos establecidos por la ley, as como a promoverlas y convocarlas con el consentimiento expreso de sus padres y madres, tutores o guardadores.

  4. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus respectivas competencias, promovern medidas destinadas a fomentar la participacin de las personas menores de edad en foros destinados a recoger sus opiniones respecto a proyectos, programas o decisiones que les afecten.

  1. Los nios, nias y adolescentes gozan del derecho a la libertad de expresin en los trminos constitucionalmente previstos, con el lmite de la proteccin de la intimidad y la imagen de la propia persona menor de edad recogido en el artculo 10 de esta ley y con las restricciones que prevea el ordenamiento jurdico para garantizar el respeto de los derechos de los dems o la proteccin de la seguridad, salud, moral u orden pblico.

  2. En especial, el derecho a la libertad de expresin se extiende a la publicacin y difusin de sus opiniones, a la edicin y produccin de medios de difusin y al acceso a las ayudas que las administraciones pblicas establezcan con tal fin.

  1. Los nios, nias y adolescentes, cuando tengan suficiente juicio, tienen derecho a ser odos tanto en el mbito familiar como en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que se encuentren directamente implicados y que conduzca a una decisin que afecte a su esfera personal, familiar o social. En todo caso, las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, velarn por que, en el ejercicio de este derecho, se respeten las necesarias condiciones de discrecin, intimidad, seguridad, ausencia de presin y adecuacin a la situacin.

  2. Se garantizar que el nio, nia o adolescente pueda manifestar su opinin, por s mismo o a travs de la persona que designe para que le represente, cuando tenga suficiente juicio; no obstante, cuando ello no sea posible o no convenga al inters de la persona menor de edad, podr conocerse su opinin por medio de sus representantes legales, siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los de aqulla, o a travs de otras personas que por su profesin o relacin de especial confianza con la persona menor de edad puedan transmitir su opinin objetivamente. Este derecho deber entenderse sin perjuicio de las previsiones especiales que se establezcan por ley a su respecto, como las recogidas en el artculo 18.2f) con referencia al derecho a otorgar o denegar el consentimiento en materia de intervenciones sanitarias.

  3. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, velarn por que en los procedimientos directos con las personas menores de edad se utilice un idioma que entiendan y un lenguaje adaptado a su capacidad de entendimiento.

  1. Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a defender sus derechos por s mismos cuando lo permitan las leyes y, en todo caso, mediante sus representantes legales, siempre que stos no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los de la persona menor de edad, o a travs de otras personas que por su profesin o relacin de especial confianza puedan transmitir su opinin objetivamente. Las personas que ejerzan la patria potestad, tutela o guarda quedan obligadas a la defensa de tales derechos, y las administraciones pblicas competentes a velar por su adecuado ejercicio y a poner en marcha los mecanismos necesarios para cumplir con esos objetivos.

  2. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a recibir de las administraciones pblicas la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos. A tal fin, pueden:

    1. Solicitar la proteccin y tutela de la entidad pblica competente.

    2. Poner en conocimiento del ministerio fiscal las situaciones que consideren que atentan contra sus derechos con el fin de que ste promueva las acciones oportunas.

      c) ...

    1. Solicitar de las administraciones pblicas los recursos sociales disponibles.

    2. Contar con defensa letrada en los procedimientos judiciales en que se vean implicados como acusados de haber cometido alguna infraccin penal, defensa que ser prestada a travs del turno de oficio en caso de no designar letrado de confianza, as como disfrutar del derecho a la asistencia jurdica gratuita en los procedimientos de jurisdiccin voluntaria relativos al mbito contemplado en la presente ley, todo ello en los trminos previstos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita, y en el Decreto 210/1996, de 30 de julio, de asistencia jurdica gratuita de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  3. En el marco de los procedimientos judiciales, cuando se considere que la participacin presencial de la persona menor de edad pudiera resultar traumtica para sta o pudiera hacer peligrar la prueba testifical, se procurar garantizar su participacin por medios tcnicos que eviten su presencia en la sala, y se solicitar, si se estimara necesario, la autorizacin del fiscal competente para que la persona menor de edad intervenga en el procedimiento conservando el anonimato.

  4. Las administraciones pblicas tienen el deber de facilitar a las personas menores de edad el ejercicio de este derecho, asesorndoles y orientndoles en la tramitacin de los procedimientos en los que se encuentren incursas. A tal efecto, el servicio de informacin dependiente del departamento competente en asuntos sociales regulado en el artculo 42 de la presente ley desarrollar funciones de orientacin hacia las instancias ms adecuadas para garantizar a los nios, nias y adolescentes la defensa de sus derechos.

    En aquellos casos en los que pudiera existir un conflicto de intereses entre la persona menor de edad y la entidad pblica bajo cuya guarda o tutela se encuentre, deber ponerse en conocimiento de la persona menor de edad su derecho a contar con un defensor judicial en los trminos previstos en la legislacin vigente.

  5. La actuacin de las administraciones pblicas ser prioritaria en los casos de amenaza y coaccin, de manera que la administracin pblica competente actuar de oficio ante cualquier indicio de estas situaciones.

  1. Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a la promocin y la proteccin de su salud y a la atencin sanitaria integral de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin vigente.

  2. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho:

    1. A ser correctamente identificados en el momento de su nacimiento mediante los instrumentos que a tal efecto garanticen este derecho.

    2. A disponer desde su nacimiento de una cartilla de salud infantil que contemple las principales acciones de prevencin sanitaria y de proteccin de la salud que se consideren pertinentes.

    3. A ser inmunizados contra las enfermedades infectocontagiosas contempladas en el calendario de vacunas propuesto por la autoridad sanitaria.

    4. A la proteccin de la confidencialidad de su historia clnica y de su historia social, si la hubiere, o de cualquier otro dato relativo a su situacin socioeconmica y familiar.

    5. A ser informados de su estado de salud y, en su caso, del tratamiento mdico a que son sometidos, atendiendo a su edad, madurez y estado psicolgico y afectivo, en los trminos contemplados en el artculo 12, y tratando en lo posible de ofrecer la informacin pertinente en la lengua con la que el nio, nia o adolescente se encuentre ms familiarizado.

    6. A otorgar o denegar su consentimiento de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Bsica Reguladora de la Autonoma del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Informacin y Documentacin Clnica.

    7. A no ser sometidos a experimentos, de carcter cientfico o mdico, que puedan poner en peligro su integridad y su salud.

    8. A recibir informacin sobre la salud en general.

    9. A ser tratados con educacin, comprensin y respeto a su intimidad.

    10. A cuantos otros derechos se contemplen en la normativa de aplicacin en los servicios de salud.

  3. En relacin con la promocin y la proteccin de la salud de los nios, nias y adolescentes, sus padres y madres, tutores o guardadores legales tienen derecho:

    1. A ser informados acerca del estado de salud del nio, nia o adolescente, sin perjuicio del derecho fundamental de estos ltimos a su intimidad en funcin de su edad, estado afectivo y desarrollo intelectual.

    2. A ser informados de las pruebas de deteccin o de tratamiento que se considere oportuno aplicar al nio, nia y adolescente, y a dar su consentimiento previo para la realizacin de las mismas en los trminos previstos en la letra f) del apartado anterior. En caso de que no prestaran su consentimiento, ser la autoridad judicial, previa prescripcin facultativa, quien otorgar, en su caso, el consentimiento, primando siempre el derecho a la vida y a la salud de la persona menor de edad.

    3. A cuantos otros derechos se deriven de la normativa de aplicacin en los servicios de salud.

  4. El departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de sanidad garantizar los derechos y deberes de carcter instrumental y complementario que deriven de la regulacin legal del derecho a la proteccin de la salud de los nios, nias y adolescentes, con el mximo respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad en sus relaciones con los servicios sanitarios. En cumplimiento de lo anterior, el departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de sanidad colaborar con el departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de educacin en la elaboracin de programas de educacin para la salud, en la promocin y proteccin de la salud y, en general, en las materias que en cada momento se estimen prioritarias.

Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a acceder al sistema pblico de atencin sanitaria en condiciones de igualdad con el resto de los ciudadanos.

  1. El departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de sanidad deber poner los medios necesarios para que se potencie el tratamiento ambulatorio de nios, nias y adolescentes a fin de evitar en lo posible su hospitalizacin. Los centros de salud ambulatorios dispondrn, a tales efectos, de locales adecuados que respondan a las necesidades de cuidados de las personas menores de edad y, en funcin del espacio disponible y de otras posibilidades existentes, tambin a las de juego, de acuerdo con las normas oficiales de seguridad. En particular, deber velarse por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

  2. Si la hospitalizacin del nio, nia o adolescente fuera indispensable, el perodo de hospitalizacin deber ser lo ms breve posible.

  3. Los nios, nias y adolescentes, cuando sean hospitalizados en centros sanitarios, sean stos pblicos o privados, adems de los derechos generales previstos en el artculo 18, tendrn derecho:

    1. A recibir informacin sobre el conjunto del tratamiento mdico al que se les somete y las perspectivas positivas que ste ofrece. Dicha informacin se adaptar a su edad, desarrollo mental y estado afectivo y psicolgico.

    2. A ser atendidos, tanto en la recepcin como en el seguimiento, de manera individual y, en lo posible, siempre por el mismo equipo de profesionales.

    3. A estar acompaados, el mximo tiempo posible durante su permanencia en el hospital, de sus padres y madres o de la persona que los sustituya, quienes no asistirn como espectadores pasivos sino como elementos activos de la vida hospitalaria, salvo que ello pudiera perjudicar u obstaculizar la aplicacin de los tratamientos oportunos.

    4. A contactar con sus padres y madres, o con las personas que los sustituya, en momentos de tensin, para lo cual dispondrn de los medios adecuados.

    5. A ser hospitalizados junto a otros nios, por lo que se evitar todo lo posible su hospitalizacin entre adultos.

    6. A disponer de locales adecuados que respondan a sus necesidades en materia de cuidados, de educacin y de juego, de acuerdo con las normas oficiales de seguridad. En particular deber velarse por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

    7. A proseguir su formacin escolar durante su permanencia en el hospital, y a beneficiarse de las enseanzas de los maestros y del material didctico que las autoridades escolares pongan a su disposicin.

    8. A disponer durante su permanencia en el hospital de juguetes, libros y medios audiovisuales adecuados a su edad.

    9. A la seguridad de recibir los cuidados precisos, incluso si para ello fuera necesaria la intervencin de la justicia, en los casos en que los padres y madres o la persona que los sustituya se los negaran, por razones religiosas, culturales o cualquiera otras, o no estuvieran en condiciones de dar los pasos oportunos para hacer frente a la necesidad, debiendo prevalecer en todos los casos el derecho a la vida y a la integridad fsica de la persona menor de edad.

  4. En los centros de salud mental se crearn las condiciones precisas para responder a las necesidades de atencin y tratamiento adecuados de los nios, nias y adolescentes. En particular, se tender a la creacin y equipamiento de unidades especializadas dotadas de personal cualificado para la atencin a nios, nias y adolescentes con problemas de salud mental.

  5. En el marco del Consejo Vasco de Atencin Sociosanitaria se garantizar la necesaria coordinacin entre las administraciones que lo integran al objeto de impulsar la creacin de centros y servicios para la atencin de los nios, nias y adolescentes con discapacidad.

  6. Las administraciones competentes desarrollarn programas de formacin dirigidos a los titulares de los servicios de salud y el personal sanitario, con el fin de que adquieran los conocimientos suficientes que les permitan detectar malos tratos o la existencia de desproteccin o riesgo infantil.

Los titulares de los servicios de salud y el personal sanitario estn obligados a poner en conocimiento de las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin de personas menores de edad, o cuando sea necesario del ministerio fiscal o de la autoridad judicial, aquellos hechos que puedan suponer la existencia de malos tratos o una situacin de desproteccin o riesgo infantil, aportando los datos que resulten necesarios y suficientes para garantizar la calidad y eficacia de las intervenciones, as como colaborando con las citadas administraciones para evitar y resolver tales situaciones.

  1. Todos lo nios, nias y adolescentes tienen derecho a una formacin educativa, que fundamentalmente les ser proporcionada en el mbito sociofamiliar y en los centros educativos, en los trminos previstos en la legislacin vigente.

  2. Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a recibir la enseanza bsica, que comprende la educacin primaria y la educacin secundaria obligatoria, en los trminos establecidos en la legislacin vigente.

  1. El departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de educacin deber disponer en los centros educativos de un nmero de plazas suficiente para prestar la atencin educativa que los nios, nias y adolescentes precisen en los distintos ciclos de enseanza.

  2. Los centros educativos reunirn las condiciones de diseo y equipamiento necesarias al adecuado desarrollo de las capacidades fsicas y mentales de los nios, nias y adolescentes. En particular, deber velarse por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y de accesibilidad.

  3. Los poderes pblicos garantizarn, a travs de los centros que integran la escuela pblica vasca, la escolarizacin gratuita a partir de los tres aos de edad.

  4. La Administracin educativa, en colaboracin con las distintas administraciones y agentes sociales, implantar la escolarizacin a partir de los cero aos en los trminos contemplados en la normativa reguladora de la escuela pblica vasca. En todo caso, en el proceso de implantacin se dar prioridad a las zonas de menor nivel socioeconmico y, en general, a los alumnos con necesidades educativas especiales o necesidades de carcter lingstico.

El departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de educacin deber poner los medios necesarios para que:

  1. El proceso educativo de los nios, nias y adolescentes se adapte a su situacin evolutiva.

  2. Se contemplen en los proyectos educativos y curriculares de los centros de enseanza los siguientes aspectos:

    1. la educacin en valores acordes con los principios, derechos y libertades fundamentales recogidos en el ordenamiento jurdico vigente, en particular el respeto a la diversidad y la no discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social;

    2. una educacin no sexista basada en valores que fomenten la tolerancia, el civismo y la cultura de la paz;

    3. la realidad social y cultural de la Comunidad Autnoma en su pluralidad, garantizando en particular el aprendizaje de los idiomas oficiales de la misma;

    4. el conocimiento del entorno cultural ms prximo y la apertura a otros mbitos culturales;

    5. el respeto al medio ambiente natural y equilibrado sobre las bases de un desarrollo sostenible.

  3. Se respete y se promueva la igualdad de oportunidades en el acceso a la escuela y durante su permanencia en ella, ofreciendo las mismas oportunidades educativas a todos los nios, nias y adolescentes y arbitrando al efecto acciones de discriminacin positiva, de carcter inclusivo, que apoyen el proceso educativo y prevengan el riesgo de fracaso escolar, en favor de quienes presenten desventajas econmicas, sociales, culturales o personales.

  4. Se propicie la participacin de nios, nias y adolescentes en su proceso educativo y en las asociaciones de estudiantes.

  5. Se respete y se promueva el derecho de los padres y madres, tutores o guardadores al seguimiento y a la participacin en la educacin escolar de los nios, nias y adolescentes.

  6. Se emprendan las acciones necesarias para evitar el absentismo escolar en la enseanza obligatoria, en colaboracin con las administraciones locales, el personal docente y las familias.

  7. Se preste atencin prioritaria al alumnado con necesidades educativas especiales con objeto de garantizar la mejor formacin personal, escolar y profesional, propiciando la individualizacin de la atencin desde el inicio de la escolaridad. Las funciones de apoyo correspondern a profesionales cualificados para el desarrollo de las mismas.

  8. Se desarrollen en los centros educativos programas de prevencin de las situaciones de riesgo, fundamentalmente:

    1. Programas de prevencin sanitaria y educacin para la salud, en particular sobre las sustancias que pueden generar dependencias, sobre anticoncepcin, sobre las enfermedades de transmisin sexual y sobre alimentacin, a fin de que los nios, nias y adolescentes adquieran hbitos de conducta no perjudiciales para su propia salud o para la de otras personas.

    2. Programas de educacin afectivo-sexual.

    3. Programas de prevencin y educacin en materia de seguridad vial.

    4. Programas de informacin y prevencin tendentes a advertir de los efectos perjudiciales de las sectas u otras organizaciones que puedan perjudicar el libre desarrollo de la personalidad de los nios, nias y adolescentes.

    5. Programas de sensibilizacin y prevencin sobre los malos tratos y abusos sexuales, con informacin de los derechos de los nios, nias y adolescentes, de los comportamientos propios o ajenos que pueden conculcar esos derechos o desencadenar una situacin de riesgo, as como de las personas u organismos a los que puedan dirigirse para solicitar ayuda. Todo ello, ofrecido con un lenguaje claro y sencillo, adaptado a la capacidad y desarrollo evolutivo de los alumnos y alumnas.

    6. Programas informativos y formativos sobre medio ambiente y consumo responsable.

  9. Se priorice la deteccin y correccin de cualquier situacin de acoso y violencia entre los nios, nias y adolescentes;

  10. Las administraciones competentes desarrollen programas de formacin dirigidos a los titulares de los centros educativos y el personal de los mismos, con el fin de que adquieran los conocimientos suficientes que les permitan detectar malos tratos o la existencia de desproteccin o riesgo infantil.

  1. Las autoridades y las personas que tengan conocimiento de que un nio, nia o adolescente en edad de educacin obligatoria no est escolarizado, o no asiste al centro escolar de forma habitual y sin justificacin, debern ponerlo en conocimiento de las autoridades pblicas competentes, en particular de las autoridades educativas, de las entidades locales y del ministerio fiscal, a fin de que adopten las medidas necesarias para su escolarizacin o, en su caso, su asistencia al centro escolar.

  2. Asimismo, los titulares de los centros educativos y el personal de los mismos estn obligados a poner en conocimiento de las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin de personas menores de edad, o cuando sea necesario del ministerio fiscal o de la autoridad judicial, aquellos hechos que puedan suponer malos tratos o la existencia de desproteccin o riesgo infantil, debiendo comunicar los datos e informaciones que resulten necesarios y suficientes para garantizar la calidad y la eficacia de las intervenciones, as como colaborar con las citadas administraciones para evitar y resolver estas situaciones, si bien debern tenerse siempre en cuenta los intereses prioritarios de las personas menores de edad.

  1. Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a recibir, como complemento de la enseanza impartida en los centros escolares, una formacin cultural integral, que les permita desarrollar su capacidad intelectual y artstica y sus habilidades manuales y fsicas.

  2. Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a que se respeten sus opciones culturales, independientemente de cul sea su cultura familiar.

  3. As mismo, todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a conocer y desarrollar su cultura de origen.

Las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco debern:

  1. Desarrollar manifestaciones culturales y artsticas dirigidas a nios, nias y adolescentes y fomentar la organizacin de actividades de esta ndole por parte de la iniciativa privada.

  2. Garantizar, en condiciones de igualdad, el acceso de los nios, nias y adolescentes a los bienes y medios culturales de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, as como su participacin en los mismos.

  3. Disponer y fomentar la creacin de recursos y medios culturales en los que los nios, nias y adolescentes puedan desarrollar sus capacidades y habilidades intelectuales, artsticas, deportivas y manuales.

  4. Ofrecer las mismas oportunidades culturales a todos los nios, nias y adolescentes, arbitrando para ello acciones de discriminacin positiva, de carcter inclusivo, en favor de quienes presenten desventajas econmicas, sociales, culturales o personales.

  5. Garantizar el acceso de los nios, nias y adolescentes a una informacin plural y veraz.

  6. Fomentar que los medios de comunicacin social divulguen informacin de inters para los nios, nias y adolescentes, editen publicaciones y diseen espacios televisivos que estn dirigidos a la poblacin infantil y juvenil en los que se favorezca su participacin, adoptando en todo caso los valores de respeto a los derechos y libertades fundamentales.

Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, deben velar por la idoneidad de las condiciones socioculturales en que crecen los nios, nias y adolescentes, con objeto de favorecer el pleno desarrollo de su personalidad y su plena integracin educativa, cultural y social, adoptando las medidas de supervisin, control e inspeccin que, en cada caso, resulten necesarias para garantizar dicha idoneidad.

El acceso de los nios, nias y adolescentes a los establecimientos y locales de juego se realizar conforme a lo previsto en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego.

La proteccin de los nios, nias y adolescentes respecto a espectculos pblicos y actividades recreativas de pblica concurrencia que se desarrollen en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco se realizar conforme a las previsiones contenidas en la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectculos Pblicos y Actividades Recreativas, y su normativa de desarrollo.

  1. Se prohbe la venta a nios, nias y adolescentes de publicaciones cuyo contenido sea susceptible de resultar perjudicial para el desarrollo de su personalidad y, en todo caso, de aquellas que tengan un contenido violento, pornogrfico o de explotacin en las relaciones personales, reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, o tengan cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.

  2. Se prohbe el ofrecimiento, de forma directa o indirecta, a nios, nias y adolescentes, o la exposicin de manera que queden libremente a su alcance, del tipo de publicaciones mencionado en el apartado anterior.

  3. Se prohbe la difusin en las publicaciones de nombres, imgenes u otros datos correspondientes a nios, nias y adolescentes, en los trminos establecidos en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Proteccin Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y en el artculo 10 de esta ley.

  4. Se prohben cuantas otras actividades referidas a publicaciones se encuentren expresamente prohibidas en el ordenamiento jurdico vigente.

  1. Con respecto al material audiovisual, quedan prohibidas las siguientes actividades:

    1. La venta y el alquiler a nios, nias y adolescentes de vdeos, videojuegos o cualquier material audiovisual susceptible de perjudicar su desarrollo y, en todo caso, de aquel cuyo contenido sea el descrito en el artculo 30.1 de esta ley.

    2. La proyeccin del tipo de material audiovisual referido en la letra anterior, en locales o espectculos a los que est permitida la asistencia de nios, nias y adolescentes y, en general, su difusin, por cualquier medio, entre nios, nias y adolescentes.

    3. Cuantas otras actividades referidas a material audiovisual se encuentren expresamente prohibidas en el ordenamiento jurdico vigente.

  2. Con respecto a la programacin televisiva y radiofnica, se establece que:

    1. En conformidad con la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurdico espaol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinacin de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusin televisiva, las emisiones de los canales propios de televisin de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco y de los servicios de televisin cuyo ttulo habilitante corresponde otorgar a la Administracin autonmica, deben cumplir los siguientes requisitos:

      • Respetar un horario adecuado a los hbitos practicados por los nios, nias y adolescentes para la emisin de programas infantiles y juveniles.

      • Reservar una franja horaria de especial proteccin durante la cual no podrn emitirse programas, escenas o mensajes susceptibles de perjudicar el desarrollo de los nios, nias y adolescentes y, en todo caso, aquellos cuyo contenido sea el descrito en el artculo 30.1 de esta ley.

    2. Las condiciones de emisin contempladas en la letra anterior se aplicarn igualmente a los canales y servicios de emisin radiofnica competencia de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  3. Con respecto a otras formas de telecomunicacin y a la telemtica, se establece que las administraciones pblicas velarn por que los nios, nias y adolescentes no tengan acceso, mediante tales sistemas, a servicios susceptibles de perjudicar su desarrollo y, en todo caso, a aquellos cuyo contenido sea el descrito en el artculo 30.1 de esta ley.

  4. Queda prohibido a los medios de comunicacin social referidos en este artculo difundir el nombre, la imagen o los datos correspondientes a nios, nias y adolescentes, en los trminos establecidos en la Ley 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Proteccin Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, y en el artculo 10 de esta ley.

  1. Con respecto a la publicidad dirigida a nios, nias y adolescentes, se establece que:

    1. La publicidad dirigida a nios, nias y adolescentes divulgada en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco debe, en orden a proteger adecuadamente sus derechos, atender a los siguientes requisitos:

      • Los anuncios no deben tener un contenido violento, pornogrfico o de explotacin en las relaciones personales, ni reflejar un trato degradante, incitar a actividades delictivas o fomentar la insolidaridad o la discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, o presentar cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.

      • Los anuncios no deben incitar a conductas o actividades perjudiciales para la salud.

      • Las representaciones, las prestaciones y la correcta utilizacin de un producto deben mostrarse de forma que sean comprensibles y correspondan a la realidad, utilizando para ello un lenguaje sencillo y adaptado al nivel de desarrollo de los colectivos infantiles y adolescentes a los que se dirigen.

      • Los anuncios no deben establecer diferencias o discriminaciones por razn del consumo del objeto anunciado.

      • Los anuncios no deben formular promesas de entrega de bienes o servicios que impliquen el cumplimiento de condiciones no explcitas.

      • Los anuncios no deben incitar directamente a los nios, nias y adolescentes a la compra de un producto o de un servicio explotando su inexperiencia o su credulidad, ni a que persuadan a sus padres y madres, tutores o guardadores, o a terceros, para que compren los productos o servicios de que se trate.

      • Los anuncios no deben explotar en ningn caso la especial confianza de los nios, nias y adolescentes en sus padres y madres, tutores o guardadores, profesores u otras personas.

      • Los anuncios no deben presentar a los nios, nias y adolescentes en situaciones peligrosas ni en actividades o actitudes de contenido sexual.

      • Los anuncios no debern generar en los nios, nias y adolescentes expectativas propias del mundo adulto, como son las relacionadas con el xito econmico.

    2. Quedan prohibidas todas las formas de publicidad cuyo contenido sea susceptible de resultar perjudicial para el desarrollo de la personalidad en locales de juego o espectculos pblicos y actividades recreativas de los referidos en el artculo 29; en publicaciones principalmente dirigidas a nios, nias y adolescentes distribuidas en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco; en la publicidad emitida por televisin o radio durante las franjas horarias de especial proteccin de los nios, nias y adolescentes, y en la publicidad emitida por cualquier otro medio de telecomunicacin o de telemtica en servicios cuyo acceso est abierto a los nios, nias y adolescentes.

    3. Los nios, nias y adolescentes estn protegidos respecto de la publicidad de bebidas alcohlicas y de productos de tabaco, en los trminos establecidos en la Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre Prevencin, Asistencia e Insercin en materia de Drogodependencias.

  2. Con respecto a la publicidad protagonizada por nios, nias y adolescentes y divulgada en el territorio de la Comunidad Autnoma, se establece que:

    1. Las escenificaciones publicitarias en las que participen nios, nias y adolescentes no deben transmitir mensajes que inciten al consumo compulsivo.

    2. Queda prohibida la utilizacin de nios, nias y adolescentes para el anuncio de bebidas alcohlicas, de tabaco, o de actividades prohibidas a los nios, nias y adolescentes, o de actividades con contenido pornogrfico, o de explotacin en las relaciones personales, o que reflejen un trato degradante, inciten a actividades delictivas o fomenten la insolidaridad o la discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, o que presenten cualquier otro contenido susceptible de resultar perjudicial para su desarrollo.

  3. Sin perjuicio de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al ministerio fiscal y a las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin a la infancia y la adolescencia el ejercicio de las acciones de cese y rectificacin de publicidad ilcita, de conformidad con lo previsto en el artculo 5.5 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de febrero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  1. Con respecto al consumo de productos se establece que:

    1. El departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de consumo debe velar por que los derechos e intereses de los nios, nias y adolescentes, como colectivo de consumidores con necesidades y caractersticas especficas, gocen de defensa y proteccin especiales.

    2. Para ser comercializados para su uso o consumo por parte de los nios, nias y adolescentes, los productos deben cumplir los requisitos siguientes:

      • No contener sustancias perjudiciales en los trminos previstos en la legislacin vigente y facilitar, de forma visible, la suficiente informacin sobre su composicin, caractersticas, uso, as como indicar la franja de edad de los nios, nias y adolescentes a quienes van destinados.

      • Cumplir las medidas de seguridad suficientes para garantizar su idoneidad, tanto para el uso al que estn destinados como incluso para evitar las consecuencias nocivas que se puedan derivar de su uso inadecuado.

    3. De conformidad con lo establecido en los artculos 20 y 21 de la Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre Prevencin, Asistencia e Insercin en materia de Drogodependencias, no se permitir la venta ni el suministro de bebidas alcohlicas, de tabaco o de sus productos a personas menores de dieciocho aos.

    4. La Administracin autonmica, en el mbito de su competencia, debe velar por el cumplimiento de la normativa sobre productos farmacuticos y, especialmente, por que los medicamentos se elaboren y presenten de forma que garanticen la prevencin razonable de accidentes, especialmente en relacin con la infancia y personas con capacidad disminuida.

    5. El departamento de la Administracin general de la Comunidad Autnoma competente en materia de consumo velar por que los detergentes y, en general, los productos de limpieza se presenten de forma que garanticen la prevencin razonable de accidentes y, en particular, cuenten con cierres de seguridad resistentes a la apertura, y por que se eviten los colores y sabores especialmente atractivos.

  2. Con respecto al consumo de servicios, se establece que:

    1. Las zonas recreativas pblicas a las que tienen acceso los nios, nias y adolescentes deben estar situadas en lugares idneos y, en todo caso, alejadas o protegidas de cualquier elemento peligroso. Deben estar configuradas de forma que garanticen las medidas de seguridad adecuadas y, en lo posible, faciliten el control de los nios, nias y adolescentes, y permitan, adems, la separacin por grupos de edad, con espacios reservados exclusivamente para nios y nias de edad inferior a cuatro aos.

    2. Debe garantizarse que los nios, nias y adolescentes con discapacidades puedan ejercer su derecho de acceso a las zonas recreativas a que se refiere la letra anterior y disfrutar de las mismas, en conformidad con la legislacin vigente.

    3. Los espectculos pblicos y dems actividades recreativas deben contar con personal debidamente preparado a fin de prevenir accidentes yevitar cualquier posible riesgo a las personas usuarias, y deben tener establecidas las medidas de autoproteccin obligatorias para cada caso, conforme a lo sealado en la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestin de Emergencias.

    4. La Administracin general de la Comunidad Autnoma debe reglamentar las caractersticas de las actividades que se llevan a cabo en las zonas recreativas pblicas a las que tienen acceso los nios, nias y adolescentes, as como las medidas de vigilancia de las mismas.

    5. Cuando los nios, nias y adolescentes de edad inferior a diecisis aos soliciten alojamiento en hoteles u otros establecimientos de similares funciones sin el consentimiento expreso de los padres y madres, tutores o guardadores legales, el responsable del local debe ponerlo en conocimiento de estos ltimos o, en su defecto, de la autoridad policial, a los efectos de localizar a sus padres y madres, tutores o guardadores legales.

  3. Queda prohibida a los nios, nias y adolescentes la prctica de juegos de suerte, envite o azar en los que se arriesgan cantidades de dinero u objetos econmicamente evaluables, el uso de mquinas recreativas con premio y la participacin en apuestas, en los trminos establecidos en la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, Reguladora del Juego en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco. Tambin se prohbe el uso de las mquinas recreativas cuyo contenido sea el descrito en el artculo 30.1 de esta ley.

  1. Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho al descanso, al juego y a las actividades recreativas de ocio propias de su edad,como elementos esenciales de su proceso de desarrollo. Para garantizar el ejercicio de este derecho, las administraciones pblicas promovern la creacin de las instalaciones y los espacios de juego necesarios.

  2. Los juegos y los juguetes deben adaptarse a las necesidades de los nios, nias y adolescentes y ayudar al desarrollo psicomotor en funcin de su edad, respetando las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

  3. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a practicar deportes y otras actividades fsicas, debiendo evitarse el fomento de la actitud competitiva como valor primordial en el ejercicio de estas actividades. En todo caso, su participacin en el deporte de competicin debe ser voluntaria y, a este respecto, los mtodos y planes de entrenamiento deben respetar su condicin fsica y sus necesidades educativas.

    Las administraciones y federaciones con competencia en la materia velarn por el cumplimiento de lo dispuesto en este apartado.

Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, debern:

  1. Ofrecer las mismas oportunidades de ocio a todos los nios, nias y adolescentes, arbitrando para ello acciones de discriminacin positiva, de carcter inclusivo, en favor de quienes presenten desventajas econmicas, sociales, culturales o personales.

  2. Fomentar la organizacin de actividades de ocio en barrios y municipios, bien desde las instituciones pblicas bien apoyando iniciativas vecinales o asociativas.

  3. Promover la participacin en actividades deportivas y de tiempo libre, tanto en el medio escolar como en el entorno comunitario.

  4. Promover el desarrollo del asociacionismo infantil y juvenil en el mbito del ocio y de las actividades deportivas y recreativas.

  5. Reforzar el contenido educativo de las actividades deportivas y de tiempo libre.

Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible del mismo, as como a conocer y disfrutar del medio natural del Pas Vasco.

Las administraciones pblicas debern:

  1. Ofrecer las mismas oportunidades para disfrutar del medio ambiente y del medio natural a todos los nios, nias y adolescentes, arbitrando para ello acciones de discriminacin positiva, de carcter inclusivo, en favor de quienes presenten desventajas econmicas, sociales, culturales o personales.

  2. Potenciar el respeto y el conocimiento de la naturaleza entre los nios, nias y adolescentes, informndoles sobre la importancia de un medio ambiente saludable.

  3. Promover la organizacin de visitas y rutas programadas.

  4. Promover la organizacin de programas formativos, divulgativos y de concienciacin sobre la minimizacin, reciclaje y tratamiento de residuos, el uso responsable de los recursos naturales y la adquisicin de hbitos positivos para la conservacin del medio ambiente.

Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a conocer su pueblo o ciudad y a disfrutar de su entorno en general y de las zonas destinadas a equipamientos infantiles y juveniles en particular.

Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, deben promover acciones dirigidas a:

  1. Tomar en consideracin las necesidades especficas de los nios, nias y adolescentes en la planificacin de los espacios urbanos, observando en los planes urbansticos o en las normas subsidiarias la reserva de suelo destinado a usos y equipamientos para la infancia y la adolescencia.

  2. Garantizar la existencia de mbitos diferenciados destinados a nios, nias y adolescentes en los espacios pblicos, los cuales estarn dotados de mobiliario urbano adaptado a sus necesidades, a las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente y, en todo caso, accesibles a las personas menores de edad con discapacidad. Asimismo, se garantizar que, cuando estos lugares no estn abiertos o al aire libre, sean espacios libres de humos.

  3. Garantizar la seguridad en el acceso a los lugares circundantes de los centros educativos o de otros centros o espacios de uso infantil o juvenil, promoviendo, siempre que sea posible, su peatonalizacin.

  4. Garantizar la educacin de los nios, nias y adolescentes en materia de seguridad vial.

  5. Garantizar la eliminacin de barreras arquitectnicas o urbansticas que pudieran limitar la participacin de los nios, nias y adolescentes con dificultades de movilidad, en los trminos sealados en la Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la Promocin de la Accesibilidad.

Todos los nios, nias y adolescentes tienen derecho a su plena integracin social y a acceder a los medios que, con esta finalidad primordial, ofrece la red pblica de servicios sociales.

  1. De conformidad con la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, deben:

    1. Garantizar el acceso de todos los nios, nias y adolescentes a los servicios sociales, de base o especializados, que mejor respondan a sus necesidades individuales y/o familiares.

    2. Coordinar sus actuaciones y colaborar con la red pblica de servicios sociales, la red sanitaria y la red educativa, con objeto de facilitar la deteccin de necesidades y posibilitar una intervencin rpida y eficaz.

    3. Informar sobre la existencia y el funcionamiento de los servicios sociales, mediante folletos divulgativos redactados en un lenguaje sencillo, de fcil comprensin para las familias y para los propios nios, nias y adolescentes.

    4. Adecuar la organizacin y el funcionamiento de los servicios tanto a las necesidades de los nios, nias y adolescentes atendidos como a las de sus familias.

  2. Los centros y servicios de atencin a los nios, nias y adolescentes promovidos desde los servicios sociales para la integracin social se encuentran sometidos al rgimen de autorizacin, registro, homologacin e inspeccin previsto en la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, y sus disposiciones de desarrollo.

  1. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, crearn servicios de informacin social que ofrezcan apoyo a los nios, nias y adolescentes. En particular, la Administracin general de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco prestar, a travs del departamento competente en asuntos sociales, un servicio de informacin y orientacin, dotndolo de un sistemagratuito de contacto telefnico o electrnico, al que podrn recurrir todas las personas menores de edad que, por cualquier circunstancia personal o social, requirieran asesoramiento y apoyo.

  2. Este servicio ser el responsable de prestar orientacin en los trminos previstos en el artculo 17.4.

  3. La administracin de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco encargada de gestionar este servicio tomar las medidas necesarias para el conocimiento general del mismo y su forma de acceso.

  1. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, crearn y promovern la creacin de servicios y programas de atencin a la infancia en apoyo a la familia.

  2. A efectos de la presente ley, se entiende por servicios y programas de atencin a la infancia en apoyo a la familia aquellos que atienden a los nios, nias y adolescentes y a sus familias ofreciendo la atencin que resulte adecuada a la cobertura de sus necesidades personales, sociales o educativas, bien en centros de atencin diurna con funciones de guardera, bien con otras modalidades de atencin que se estimen pertinentes en orden a conseguir la plena integracin familiar y social.

  1. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, crearn y promovern la creacin de programas de transicin a la vida adulta.

  2. A efectos de la presente ley, se entiende por programas de transicin a la vida adulta los destinados a adolescentes que requieren una preparacin a las actividades y responsabilidades propias de la vida adulta e independiente.

  1. Los nios, nias y adolescentes debern asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes de la titularidad y el ejercicio de los derechos que les son reconocidos, de tal modo que dicho cumplimiento garantice el ejercicio y pleno disfrute de los derechos de las dems personas.

  2. Los nios, nias y adolescentes debern mantener un comportamiento cvico acorde con las exigencias de convivencia de la sociedad, basadas en la tolerancia y en el respeto de los derechos de todas las personas.

  1. La responsabilidad bsica en la crianza y formacin de los nios, nias y adolescentes corresponde al padre y a la madre, al tutor o a las personas que tienen atribuida su guarda, en los trminos recogidos por la legislacin vigente. En el ejercicio de dicha responsabilidad, deben garantizar, en la medida de sus posibilidades, las condiciones de vida necesarias para el desarrollo integral de los nios, nias y adolescentes.

  2. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, deben velar por que los padres y madres, o quienes vayan a serlo, los tutores y los guardadores desarrollen adecuadamente sus responsabilidades, y, a tal efecto, facilitarn su acceso a todos los servicios existentes en las distintas reas que afectan al desarrollo del nio, nia o adolescente, as como a las prestaciones econmicas a las que tengan derecho, en particular a la renta bsica o a la prestacin de subsistencia que en cada caso resulte de aplicacin.

  3. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, actuarn con carcter subsidiario en el ejercicio de los deberes de crianza y formacin.

  1. Los nios, nias y adolescentes tienen derecho a vivir con sus padres y madres, salvo en aquellos casos en los que la separacin resulte necesaria, en conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurdico vigente. As mismo, tienen derecho a convivir y relacionarse con otros parientes y allegados, en la forma establecida en el artculo 160 del Cdigo Civil, y, en particular, con los abuelos.

  2. En caso de no convivir con su padre, con su madre o con ninguno de ellos, los nios, nias y adolescentes tienen derecho a mantenerse en contacto con los mismos, en los trminos y con los lmites previstos en el ordenamiento jurdico vigente.

  3. En relacin con lo anterior, y con el fin de favorecer el recurso a una va alternativa de resolucin de conflictos familiares, el Gobierno Vasco regular y promover la mediacin familiar. As mismo, impulsar la creacin de puntos de encuentro que permitan preservar la relacin entre padres y madres e hijos en aquellos supuestos en los que las circunstancias aconsejen la supervisin de la visita o en los que se estime que la neutralidad del punto de encuentro pueda facilitar la relacin.

Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, ejercern la proteccin social y jurdica de los nios, nias y adolescentes, atendiendo a los siguientes principios:

  1. Se respetar, en todas las actuaciones, el principio de primaca del inters superior de los nios, nias y adolescentes y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo sobre cualquier otro inters legtimo concurrente.

  2. Se otorgar prioridad a la accin preventiva, y, a tal efecto, se fomentarn las actividades pblicas y privadas dirigidas a favorecer la integracin familiar, interviniendo especialmente con familias en situacin de riesgo.

  3. Se dar prioridad, siempre que sea posible, a la atencin de los nios, nias y adolescentes en su propia familia, ofertando programas de intervencin familiar capaces de orientar a los padres y madres, tutores o guardadores cuando se aprecien deficiencias o irregularidades en el ejerciciode sus deberes de asistencia y cuidado.

  4. En caso necesario, se facilitarn a los nios, nias y adolescentes recursos alternativos a su propia familia, que garanticen un medio idneo para su desarrollo integral y la adecuada evolucin de su personalidad, manteniendo la convivencia entre hermanos; si esto ltimo no fuera posible, se facilitar la conservacin de los vnculos existentes entre los hermanos. En ambos casos se actuar en el supuesto de que esta relacin no resulte perjudicial para la persona menor de edad.

  5. Siempre que resulte posible y adecuado para preservar el inters superior del nio, nia o adolescente, se arbitrarn los medios necesarios para posibilitar la recuperacin de la convivencia, bien en el ncleo familiar de origen, bien con otros miembros de la familia.

  6. Entre los recursos alternativos, siempre que resulte posible e idneo para las necesidades individuales de los nios, nias y adolescentes, se dar prioridad a su integracin en otro ncleo familiar.

  7. La entidad pblica que tenga a un nio, nia o adolescente bajo su guarda o tutela deber informar a los padres y madres, tutores o guardadores sobre su situacin cuando no exista resolucin judicial que lo prohba.

  8. Se limitarn las intervenciones administrativas a las mnimas necesarias para el eficaz ejercicio de la funcin protectora y se actuar con la mayor celeridad que permitan los procedimientos.

  9. Se garantizar la objetividad, la imparcialidad y la seguridad jurdica en la accin protectora, procurando la adopcin colegiada e interdisciplinar de las medidas.

  10. Las administraciones pblicas competentes velarn por que el personal que intervenga en la atencin social a personas menores en situacin de riesgo o de desamparo sea el idneo para el desempeo de las funciones que vaya a desarrollar. A tales efectos, se arbitrarn programas de formacin capaces de responder a las nuevas y muy diversas necesidades de la poblacin menor de edad objeto de estas intervenciones.

    Asimismo, y en el marco de la normativa reguladora de la funcin pblica, se disearn procedimientos de seleccin de personal que garanticen la idoneidad de los o las profesionales a fin de preservar el inters superior de las personas menores de edad y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo. En el marco de las actuaciones de proteccin se adoptarn medidas de la misma naturaleza con respecto a la seleccin de las personas voluntarias que intervengan en la atencin a personas menores de edad.

  11. En toda intervencin se procurar contar con la colaboracin del nio, nia o adolescente y de su familia, y no interferir en su vida escolar, social o laboral.

  12. Se procurar sensibilizar a la poblacin ante situaciones de indefensin de los nios, nias y adolescentes.

  1. Las administraciones pblicas competentes promovern y facilitarn el acogimiento familiar y la adopcin. Asimismo, promovern la participacin y la solidaridad social.

  2. Se aplicarn los principios de actuacin previstos con carcter general en la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales.

  1. A efectos de la presente ley, la proteccin de los nios, nias y adolescentes comprende el conjunto de medidas y actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en situaciones de riesgo y de desamparo en las que puedan verse involucrados y tendentes a garantizar su desarrollo integral y a promover una vida familiar normalizada, primando, en todo caso, el inters de la persona menor.

  2. La determinacin por parte de los servicios sociales de base y de los servicios territoriales especializados de las situaciones de riesgo y de desamparo se realizar mediante la aplicacin de instrumentos tcnicos validados al efecto, en los trminos previstos en la disposicin final primera.

  1. Tanto las autoridades y servicios pblicos como las personas fsicas, en particular aquellas que por su profesin o funcin detecten una situacin de riesgo o de posible desamparo de un nio, nia o adolescente, tienen obligacin de prestar la atencin inmediata que la persona menor de edad precise, de actuar si corresponde a su mbito competencial o, en su caso, de comunicarlo a las autoridades competentes o a sus agentes ms prximos; adems, debern poner los hechos en conocimiento de los representantes legales de la persona menor de edad, o, cuando sea necesario, del ministerio fiscal.

  2. Las administraciones competentes velarn por la seguridad de las autoridades y servicios pblicos y de las personas fsicas, en particular de aquellas que por su profesin o funcin estn en relacin con la persona menor, en los procedimientos administrativos particularmente conflictivos.

    Asimismo, podr solicitarse al fiscal competente la autorizacin de intervenir en los procedimientos conservando el anonimato y salvaguardando las garantas para que su aplicacin no conlleve lesin de intereses legtimos.

Se consideran situaciones de riesgo aquellas que perjudiquen el desarrollo personal o social del nio, nia o adolescente, que no quepa calificar de desamparo y que, por lo tanto, no requieran la asuncin de la tutela por ministerio de la ley.

Aparece una situacin de riesgo cuando el desarrollo y el bienestar de la persona menor de edad se ve limitado o perjudicado a consecuencia de circunstancias de carcter personal, social o familiar y los padres y madres, tutores o guardadores no asumen o pueden no asumir completamente sus responsabilidades para asegurar el normal desarrollo del nio, nia o adolescente. Todo ello, sin que la situacin alcance la suficiente gravedad como para derivar en desproteccin y justificar una separacin del ncleo familiar.

  1. En las situaciones de riesgo, las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin a la infancia y adolescencia debern garantizar los derechos que asisten a la poblacin infantil y adolescente, as como asegurar la atencin de sus necesidades. Las actuaciones pblicas en esta materia estarn orientadas a la desaparicin de los factores de riesgo que incidan de forma negativa en el ajuste personal y social de los nios, nias y adolescentes y de sus familias. Para ello, se promover la colaboracin de los padres y madres, tutores o guardadores, la utilizacin de recursos de apoyo personal y familiar, la intervencin comunitaria, as como los servicios de orientacin y seguimiento.

  2. Cuando las administraciones pblicas competentes tengan conocimiento de que peligra el normal desarrollo del nasciturus, lo pondrn en conocimiento del ministerio fiscal a fin de que adopte las medidas que estime oportunas para garantizar su bienestar hasta el momento del nacimiento. Todo ello, sin perjuicio de los supuestos contemplados en la Ley Orgnica 9/1985, de 5 de julio, de Interrupcin Voluntaria del Embarazo.

  3. Las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin de personas menores de edad estarn obligadas a verificar la situacin detectada o denunciada, a evaluar las caractersticas y necesidades del caso y a adoptar las medidas necesarias para resolverlo en conformidad con el resultado de dicha valoracin.

  1. En situaciones de riesgo, los servicios sociales de base debern proceder a la recepcin del caso y a su investigacin, valoracin y orientacin, debiendo, si lo estiman necesario, intervenir desde el mbito comunitario.

    Cuando consideren que existe una situacin de desproteccin infantil de gravedad elevada, que pudiera requerir una intervencin especializada o incluso la separacin de la persona menor de edad de su mbito familiar, debern derivarlo al servicio especializado de proteccin a la infancia y la adolescencia.

  2. En los casos en los que los servicios sociales de base estimen necesaria la intervencin desde el mbito comunitario, debern elaborar un plan individualizado de atencin en el que se harn constar las intervenciones diseadas para responder a las necesidades detectadas.

  3. Los servicios sociales de base contarn con el personal necesario para el cumplimiento de los objetivos requeridos.

  1. En situaciones en las que existan indicios de desproteccin grave, los servicios territoriales especializados de proteccin a la infancia y la adolescencia debern proceder a la recepcin del caso, haya sido ste comunicado por el servicio social de base correspondiente o por cualquier otra instancia o persona, as como a su investigacin y valoracin complementaria a fin de determinar la gravedad de la situacin y definir la orientacin del caso. En los supuestos en los que se confirme que se trata de una situacin grave, se intervendr desde el propio servicio especializado en coordinacin con el servicio social de base; y en los supuestos en los que se considere que se trata de una situacin de riesgo leve o moderado que no requiere una intervencin especializada se remitir el caso al servicio social de base.

  2. En los casos en los que la derivacin no se produzca, el servicio especializado deber informar peridicamente al servicio social de base de la situacin de la persona menor de edad, tratando de mantener el contacto entre este servicio y el nio, nia o adolescente con el fin de facilitar las relaciones y el seguimiento en caso de vuelta al domicilio familiar. Este deber de informacin podr exceptuarse cuando no sea previsible este retorno al domicilio familiar. Por su parte, los servicios sociales de base podrn solicitar, siempre que lo estimen oportuno, informacin sobre la evolucin de los casos que hubieran derivado.

  3. Las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin debern regular y articular un procedimiento de urgencia que permita responder con la mayor inmediatez a situaciones que, a juicio de los profesionales, as parezcan requerirlo.

  1. Las administraciones pblicas, en el mbito de sus competencias, crearn y promovern programas de intervencin familiar dirigidos a dar respuesta a las situaciones de riesgo.

  2. A efectos de la presente ley, se entiende por programas de intervencin familiar aquellos que proporcionan apoyo socioeducativo a familias cuyas carencias en el mbito de las habilidades personales, sociales o educativas generan o seran susceptibles de generar a los nios, nias o adolescentes una situacin de riesgo que podra llegar a dificultar su permanencia en el hogar familiar.

  3. Los programas de intervencin familiar podrn ser:

    1. bsicos, de aplicacin en el domicilio familiar, como los programas de educacin domstica, o en el entorno comunitario, como los programas de educacin de calle;

    2. especializados, como los servicios de intervencin teraputica en familias problemticas, los servicios de intervencin en situaciones de maltrato, abandono o explotacin, incluido el mbito laboral, as como los servicios de intervencin en situaciones de abuso sexual.

  4. Los programas de intervencin familiar irn dirigidos, cuando se trate de situaciones de riesgo, al mantenimiento de los nios, nias y adolescentes en el ncleo familiar. Podrn, adems, cuando se trate de situaciones de desamparo, aplicarse junto con una medida de acogimiento familiar o institucional, a fin de mejorar las condiciones de convivencia en el hogar, en aras de la integracin del menor en su ncleo familiar de origen, tal y como se prev en el artculo 61.3.

De conformidad con el artculo 172.1 del Cdigo Civil, se considera situacin de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de proteccin establecidos por las leyes para la guarda de las personas menores de edad, cuando stas queden privadas de la necesaria asistencia moral o material.

Cuando la administracin pblica competente en materia de proteccin considere que el nio, nia o adolescente se encuentra en situacin de desamparo, actuar conforme a los artculos 172 y siguientes del Cdigo Civil, asumiendo la tutela de la persona menor de edad, adoptando las medidas de proteccin oportunas y poniendo estas circunstancias en conocimiento del ministerio fiscal.

  1. En el momento en que la administracin pblica competente en materia de proteccin de menores tenga conocimiento de que un nio, nia o adolescente puede encontrarse en situacin de desamparo, debe iniciar un expediente cuya tramitacin responder a las siguientes pautas de actuacin:

    1. Solicitar informes a cuantas personas u organismos puedan facilitar datos relevantes para el conocimiento y la valoracin de la situacin sociofamiliar, especialmente a los servicios sociales de base.

      Si se estima necesario, se solicitarn informes al tutor escolar y al mdico de familia o al pediatra, o a cualquier otro profesional de la salud u otros mbitos de atencin social o educativa, debiendo estos profesionales transmitir por escrito los datos e informaciones necesarias y suficientes de los que dispongan para garantizar la calidad y la eficacia de las intervenciones.

    2. Informar a los organismos y profesionales que colaboren en la deteccin y valoracin de una situacin de riesgo o desproteccin de las lneas generales de su evolucin, dentro de los lmites exigidos por el deber de reserva y siempre que no resulte improcedente dicha comunicacin.

    3. Or al nio, nia o adolescente, directamente o a travs de la persona que designe para que le represente, cuando tenga suficiente juicio. Cuando ello no sea posible o no convenga al inters de la persona menor de edad, podr conocerse su opinin a travs de personas que, por su profesin y relacin de especial confianza con ella, puedan transmitirla objetivamente.

    4. Or a los padres y madres, tutores o guardadores del nio, nia o adolescente siempre que sea posible.

    5. Or a cuantas otras personas puedan aportar informacin sobre la situacin del nio, nia o adolescente y sobre su familia o las personas que lo atiendan.

    6. Prestar la atencin inmediata que precise la persona menor de edad, adoptando, en su caso, las medidas cautelares o provisionales que se estimen pertinentes.

    7. Informar al nio, nia o adolescente, en funcin de su nivel y capacidad de entendimiento, del estado en que se encuentra el procedimiento que le concierne, e informar igualmente a los padres y madres, tutores o guardadores.

    8. Elaborar un plan individual de atencin adecuado a las necesidades detectadas.

    9. Recoger el conjunto de la informacin referida al nio, nia o adolescente en un expediente individual.

  2. Finalizados los trmites anteriormente citados, el rgano competente para resolver dictar, en su caso, una resolucin administrativa que declarar la situacin de desamparo, la asuncin de la tutela por ministerio de la ley y las medidas de proteccin que correspondan. Esta resolucin se notificar al ministerio fiscal y a los padres y madres, tutores o guardadores del nio, nia o adolescente en un plazo de dos das naturales. Siempre que resulte posible, esta notificacin, adems de por escrito, deber comunicarse de forma presencial.

    El plazo mximo de resolucin ser de tres meses a contar desde la fecha de recepcin del caso en el servicio especializado de proteccin a la infancia y adolescencia, y podr prorrogarse de forma motivada por un plazo mximo de otros tres meses en aquellos casos cuyas particulares caractersticas hagan inviable su resolucin en el tiempo legalmente establecido al efecto. Transcurrido este plazo se producir la caducidad, salvo que el procedimiento se paralice por causa no imputable al interesado. En este caso interrumpir el cmputo del plazo para resolver y notificar la resolucin.

    Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asuncin de la tutela por ministerio de la ley debern contener los motivos de la intervencin, as como los posibles efectos de las decisiones y medidas adoptadas. Asimismo, debern indicar que las resoluciones sern recurribles ante la jurisdiccin civil, sin necesidad de reclamacin administrativa previa.

    En el supuesto de no constatarse el desamparo, si se observara una situacin de riesgo leve, el caso se derivar al servicio social de base correspondiente a fin de que adopte las medidas que estime ms adecuadas.

  1. Se entiende por situacin de urgencia aquella que suponga la existencia de desproteccin grave para el nio, nia o adolescente, en lo que a su integridad fsica o psquica se refiere, y haga precisa una intervencin inmediata.

  2. El rgano competente, de modo inmediato y tras el cumplimiento del trmite previsto en la letra c) del artculo anterior, dictar, siempre que se encuentre suficientemente acreditada, una resolucin administrativa que declarar la situacin de desamparo, asumir la tutela y adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar la asistencia al nio, nia o adolescente; esta resolucin ser notificada al ministerio fiscal y a los padres y madres, tutores o guardadores del nio, nia o adolescente. La tramitacin del expediente ordinario continuar de conformidad con lo establecido en el artculo anterior.

    Cumplidos todos los trmites, el rgano competente dictar resolucin administrativa que o bien confirmar la situacin de desamparo y, en tal caso, adoptar las medidas consideradas ms convenientes segn la valoracin realizada, o bien declarar la extincin de la tutela inicialmente constituida, el cese de las medidas provisionales que se hubieran adoptado y el archivo del expediente. En este ltimo supuesto, si se observara una situacin de riesgo leve o moderado, el caso se derivar al servicio social de base correspondiente para que adopte las medidas que estime ms adecuadas.

La asuncin de la tutela por la administracin pblica competente en materia de proteccin de personas menores de edad conlleva la suspensin de la patria potestad o de la tutela ordinaria. No obstante, sern vlidos los actos de contenido patrimonial que realicen los padres y madres o tutores en representacin del nio, nia o adolescente y que sean beneficiosos para la persona menor de edad.

  1. En tanto se mantenga la situacin de tutela de un nio, nia o adolescente por parte de la administracin pblica competente, se acordar, con el fin de garantizar la cobertura de sus necesidades, su atencin bajo alguna de las siguientes modalidades de guarda:

    1. Acogimiento familiar.

    2. Acogimiento residencial.

      Excepcionalmente, y cuando lo aconsejen las circunstancias del caso, podr optarse por modalidades de atencin alternativas que se estimen ms aptas para responder a las necesidades de la persona menor de edad, siempre que las mismas no conlleven una limitacin de derechos superior a la del acogimiento residencial en los trminos que se prevn en la regulacin a la que se refiere el artculo 78. Estas modalidades de atencin se enmarcarn en los servicios experimentales previstos en la disposicin adicional primera.

  2. Durante el ejercicio de la tutela la administracin pblica competente podr promover:

    1. la reintegracin en el domicilio familiar;

    2. la tutela ordinaria;

    3. la adopcin.

  3. Junto con la medida de acogimiento que se establezca, podr aplicarse un programa de intervencin familiar a la familia de origen, con el fin de mejorar las condiciones de convivencia en el hogar en aras de la posible reintegracin del nio, nia o adolescente en su hogar familiar, en los trminos referidos en el artculo 55.

La tutela podr cesar por las siguientes causas:

  1. Acceso a la mayora de edad o emancipacin, salvo que con anterioridad hubiera sido judicialmente incapacitado.

  2. Concesin a la persona menor de edad del beneficio de la mayor edad.

  3. Resolucin administrativa dictada como consecuencia del cese de las circunstancias que motivaron la medida.

  4. Resolucin administrativa dictada con ocasin del traslado a otra entidad de proteccin. En este caso deber orse previamente a la persona menor de edad y, en lo posible, verificar la adecuacin de las medidas de atencin y proteccin previstas en el lugar de destino.

  5. Resolucin judicial firme que constituya la adopcin o la tutela ordinaria o que dicte el cese de la situacin de desamparo.

  6. Fallecimiento de la persona sometida a tutela.

Declarada la situacin de desamparo, si los padres y madres, tutores o guardadores, o los familiares, impidiesen la ejecucin de las medidas acordadas, o si concurriese alguna otra circunstancia que dificultase gravemente su ejecucin, se solicitar al ministerio fiscal la adopcin, con la mayor celeridad posible, de las medidas precisas para hacerlas efectivas, sin perjuicio de las intervenciones inmediatas que fuesen necesarias si estuviera en peligro la vida o integridad de la persona menor de edad o se estuvieran conculcando sus derechos. Asimismo, podr recabarse la cooperacin y asistencia de los agentes policiales en la ejecucin de las medidas acordadas, en los trminos y con el alcance previsto en la legislacin vigente.

  1. La guarda de un nio, nia o adolescente supone para quien la ejerce la obligacin de velar por l, tenerlo en su compaa, alimentarlo, educarlo y procurarle una atencin y formacin integral.

  2. Adems de la guarda de los nios, nias y adolescentes tutelados por encontrarse en situacin de desamparo, la administracin pblica competente en materia de proteccin de personas menores de edad podr asumir temporalmente la guarda de los nios, nias y adolescentes cuando sus padres y madres o tutores, por circunstancias graves, no puedan cuidar de ellos. As mismo, asumir la guarda cuando as lo acuerde el juez en los casos en que legalmente proceda.

  3. La resolucin administrativa que determine la modalidad de la guarda deber fijar igualmente las condiciones esenciales que la atencin al nio, nia o adolescente deba cumplir.

  4. Los rganos forales de los territorios histricos elaborarn y mantendrn actualizado un fichero en el que deber constar la identificacin de todos los nios, nias y adolescentes que sean objeto de una medida de tutela o de guarda. Este fichero tendr carcter confidencial y el acceso al mismo ser restringido.

  1. Cuando quienes tengan la patria potestad o la tutela sobre un nio, nia o adolescente justifiquen no poder atenderlo por enfermedad u otras circunstancias graves y soliciten a la administracin pblica competente en materia de proteccin de la infancia y adolescencia que, de conformidad con el artculo 172.2 del Cdigo Civil, asuma temporalmente la guarda de la persona menor de edad, la entidad pblica deber tramitar un expediente atendiendo a las siguientes pautas de actuacin:

    1. Solicitar a los padres y madres, tutores o guardadores legales que acrediten las circunstancias graves y temporales que impiden atender al nio, nia o adolescente.

    2. Solicitar informes a cuantas personas u organismos puedan facilitar datos relevantes para el conocimiento y la valoracin de la situacin sociofamiliar, especialmente a los servicios sociales municipales, y, cuando se considere necesario, a su tutor escolar y al mdico de familia o al pediatra, o a cualquier otro profesional de la salud o de otros mbitos de atencin social o educativa.

    3. Informar a los padres y madres, tutores o guardadores de las responsabilidades que siguen manteniendo respecto al nio, nia o adolescente y de su obligacin de participar en los programas que se estimen necesarios para superar los factores que han dado lugar a la guarda.

    4. Formalizar la guarda por escrito, dejando constancia de que los padres y madres, tutores, o guardadores han sido informados de los extremos indicados en la letra c) y concretando la forma en que va a ejercerse la guarda por la Administracin.

    5. Or al nio, nia o adolescente, directamente o a travs de la persona que designe para que le represente, cuando tenga suficiente juicio. Cuando ello no sea posible o no convenga al inters de la persona menor de edad, podr conocerse su opinin por medio de sus representantes legales, siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los de aqulla, o a travs de otras personas que, por su profesin y relacin de especial confianza con la persona menor de edad, puedan transmitir su opinin objetivamente.

  2. La entidad pblica competente deber formalizar la adopcin de esta medida de proteccin mediante una resolucin motivada que aceptar o denegar la solicitud, pudiendo, en este ltimo caso, declarar la situacin legal de desamparo si se dan las circunstancias para ello. Esta resolucin se notificar al ministerio fiscal y a los padres y madres o tutores.

Si la administracin pblica competente en materia de proteccin de la infancia y adolescencia estima la urgencia de la asuncin de la guarda tras la presentacin de la correspondiente solicitud por parte de quienes tengan la patria potestad o la tutela del nio, nia o adolescente, proceder a llevar a cabo el acogimiento, previo cumplimiento del trmite sealado en la letra e) del artculo anterior, tras lo cual continuar el procedimiento ordinario establecido en dicho artculo.

  1. Cuando la administracin pblica competente en materia de proteccin de la infancia y adolescencia asuma la guarda temporal de personas menores de edad, acordar, en virtud del artculo 172.3 del Cdigo Civil, con el fin de garantizar la cobertura de las necesidades de la persona menor de edad, alguna de las siguientes medidas:

    1. Acogimiento en un centro residencial.

    2. Acogimiento familiar.

  2. Cualquier variacin posterior en la forma de ejercicio de la guarda ser adoptada mediante resolucin administrativa motivada y notificada a los padres y madres o tutores y al ministerio fiscal.

La guarda podr cesar por alguna de las siguientes causas:

  1. A peticin escrita de los padres y madres o tutores.

  2. A peticin de las personas a quienes se haya otorgado el ejercicio de la guarda.

  3. Por resolucin administrativa de la entidad pblica competente, cuando as lo considere en inters de la persona menor de edad.

  4. Por resolucin judicial firme.

  5. Por alcanzar la mayora de edad o por producirse la emancipacin de la persona menor de edad.

  6. Por fallecimiento de la persona menor de edad.

El acogimiento familiar es aquella medida de proteccin de nios, nias y adolescentes que, con carcter administrativo o judicial, otorga la guarda de un nio, nia o adolescente a una persona o ncleo familiar con la obligacin de velar por l, tenerlo en su compaa, atenderlo, alimentarlo, cuidarlo y procurarle una formacin integral a fin de proporcionarle una vida familiar sustitutiva o complementaria de la propia.

En el marco del acogimiento, la familia acogedora asume una funcin de colaboracin con la Administracin en el ejercicio de sus funciones de proteccin.

  1. De conformidad con lo previsto en el artculo 173.2 del Cdigo Civil, el acogimiento familiar se formalizar por escrito, con el consentimiento de la entidad pblica, tenga o no la tutela o la guarda, el de las personas que reciban a la persona menor de edad y el de sta si tuviera doce aos cumplidos. Cuando fueran conocidos los padres y madres y stos no estuvieran privados de la patria potestad, o, en su caso, el tutor, ser necesario tambin que presten o hayan prestado su consentimiento, salvo que se trate de un acogimiento familiar provisional.

  2. El documento de formalizacin del acogimiento familiar a que se refiere el apartado anterior incluir los siguientes extremos:

    • los consentimientos necesarios;

    • la modalidad de acogimiento y la duracin prevista para el mismo;

    • los derechos y deberes de cada una de las partes, y, en particular, la periodicidad de las visitas por parte de la familia del nio, nia o adolescente acogido, el sistema de cobertura por parte de la entidad pblica o por otros responsables civiles de los daos que sufra el nio, nia o adolescente o de los que pueda causar a terceros, as como la asuncin de los gastos de manutencin, educacin y atencin sanitaria;

    • el contenido del seguimiento que realice la entidad pblica y el compromiso de colaboracin de la familia acogedora en ese seguimiento;

    • la compensacin econmica que, en su caso, vayan a recibir los acogedores, debiendo ser la misma suficiente para dar cobertura a los gastos ordinarios y, en su caso, extraordinarios originados por el acogimiento;

    • las caractersticas del acogimiento, indicando si se lleva a cabo por acogedores que actan con carcter profesionalizado o si se realiza en un hogar funcional;

    • el informe de la entidad pblica de proteccin.

      Dicho documento se remitir al ministerio fiscal.

  3. Si los padres y madres, el tutor o la persona menor que tuviera doce aos cumplidos no consienten o se oponen al acogimiento ste slo podr ser acordado por el juez, en inters de la persona menor de edad. La propuesta de la entidad pblica contendr los mismos extremos referidos en el apartado anterior.

    No obstante, la entidad pblica podr acordar, en inters de la persona menor de edad, un acogimiento familiar provisional que subsistir hasta tanto se produzca resolucin judicial.

    La entidad pblica, una vez realizadas las diligencias oportunas y concluido el expediente, deber presentar la propuesta al juez de manera inmediata y, en todo caso, en el plazo mximo de quince das.

El acogimiento familiar revestir las modalidades de acogimiento simple, permanente y preadoptivo, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 173 bis del Cdigo Civil. Asimismo, el acogimiento familiar podr tener carcter provisional en virtud de su artculo 173.3.

El acogimiento familiar del nio, nia o adolescente podr cesar por las siguientes causas:

  1. Por resolucin judicial firme.

  2. Por decisin de las personas que lo ejercen, previa comunicacin de stas a la administracin pblica competente.

  3. A peticin del tutor o de los padres y madres que tengan la patria potestad y reclamen su compaa.

  4. Por resolucin administrativa de la entidad pblica, tenga o no la tutela, cuando lo considere necesario para salvaguardar el inters del nio, nia o adolescente, odas las personas acogedoras.

  5. A peticin de la persona menor de edad, siempre que tenga los doce aos cumplidos.

  6. Por fallecimiento del nio, nia o adolescente o de la persona acogedora.

    Ser precisa resolucin judicial de cesacin cuando el acogimiento haya sido dispuesto por el juez.

  1. La administracin pblica competente slo aprobar las propuestas de acogimiento a favor de aquellas personas que, mediante un estudio psicosocial previo, acrediten su adecuacin para garantizar la cobertura de las necesidades del nio, nia o adolescente y el cumplimiento de las obligaciones legalmente establecidas.

  2. En la valoracin de las circunstancias que concurran en las personas o familias que soliciten acoger a un nio, nia o adolescente, se tendrn en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:

    1. Disponer de medios de vida estables y suficientes.

    2. Disfrutar de un estado de salud fsica y psquica que garantice la atencin normalizada del nio, nia o adolescente.

    3. En el caso de que los solicitantes acrediten que constituyen una unin, ya sea matrimonial o de hecho, haber convivido de forma continuada durante aproximadamente un perodo mnimo de un ao inmediatamente anterior a la solicitud.

    4. Llevar una vida familiar estable.

    5. Disfrutar de un entorno familiar y social favorable a la integracin del nio, nia o adolescente.

    6. No existir en las historias personales de los solicitantes episodios que impliquen riesgo para el nio, nia o adolescente.

    7. Mostrar flexibilidad en las actitudes y adaptabilidad a situaciones nuevas.

    8. Comprender la dificultad inherente a la situacin del nio, nia o adolescente.

    9. Respetar la historia personal y familiar del nio, nia o adolescente.

    10. Aceptar las relaciones entre el nio, nia o adolescente y su familia de origen y, en su caso, el rgimen de visitas establecido por la autoridad pblica competente.

    11. Mostrar una actitud positiva de colaboracin y compromiso en la formacin y el seguimiento tcnico.

    12. Compartir entre los miembros de la unidad familiar una actitud favorable al acogimiento.

    1. Manifestar una motivacin al acogimiento familiar en la que prevalezcan el inters superior del nio, nia o adolescente y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo.

  3. Los rganos forales de los territorios histricos crearn y mantendrn actualizada una lista de familias acogedoras en la que se indicar si han realizado algn acogimiento, o si se les ha propuesto realizarlo; y en caso de existir un acogimiento previo, el resultado de ste.

  4. Los rganos forales de los territorios histricos organizarn campaas informativas y de captacin de familias acogedoras.

  1. Los servicios territoriales especializados de proteccin a la infancia y adolescencia debern prestar apoyo a las familias acogedoras tanto para asesorarles en el ejercicio de las funciones que asumen en el marco familiar como para orientarles y, en su caso, ayudarles cuando finalice el perodo de acogimiento o cuando la convivencia prosiga una vez alcanzada la mayora de edad.

  2. Los servicios territoriales especializados de proteccin a la infancia y adolescencia debern proceder, con carcter peridico, a la supervisin de los acogimientos familiares constituidos, a fin de determinar si se desarrollan ajustndose a las necesidades y al inters superior del nio, nia o adolescente acogido.

  3. En el marco de los procedimientos de decisin que apliquen los servicios territoriales especializados con respecto a una persona menor de edad que se encuentra en acogimiento familiar, se oir a todas las personas interesadas, en particular a la familia biolgica, a la familia acogedora y al nio, nia o adolescente cuando tenga suficiente juicio.

El acogimiento residencial es una medida alternativa de guarda, de carcter administrativo o judicial, cuya finalidad es ofrecer una atencin integral en un entorno residencial a nios, nias y adolescentes cuyas necesidades materiales, afectivas y educativas no pueden ser cubiertas, al menos temporalmente, en su propia familia.

  1. La administracin pblica competente, cuando acuerde el acogimiento residencial de un nio, nia o adolescente, procurar que el perodo de internamiento sea lo ms breve posible, salvo que convenga al inters de la persona menor de edad, con objeto de favorecer el retorno a la familia biolgica, el acogimiento familiar, la tutela ordinaria, la adopcin o la emancipacin, principalmente en la primera infancia. El ejercicio de la guarda mediante acogimiento residencial recae en el director o directora o, en su defecto, en la persona responsable del centro donde sea acogido el nio, nia o adolescente.

  2. Las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin a la infancia y adolescencia, para llevar a cabo las medidas de acogimiento residencial, podrn establecer convenios o acuerdos de colaboracin con entidades colaboradoras de integracin familiar donde se contemplen los sistemas de participacin de las personas menores, bajo su directa supervisin, sin que ello suponga la cesin de titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecucin.

Los centros de acogimiento residencial para nios, nias o adolescentes situados en el territorio de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco debern ajustarse al rgimen de autorizacin, registro, homologacin e inspeccin previsto en la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, y sus disposiciones de desarrollo.

En particular, estos centros estarn constituidos conforme a las leyes que les sean aplicables. En sus estatutos o reglas figurar como fin la proteccin de personas menores de edad y debern disponer siempre de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas.

La entidad pblica deber sealar las limitaciones que procedan respecto de la actuacin de los centros de acogimiento residencial, los cuales estarn siempre sometidos a las directrices, inspeccin y control de aqulla.

  1. El Gobierno Vasco, a travs del departamento competente en materia de asuntos sociales, determinar reglamentariamente, de conformidad con lo establecido en la disposicin final segunda, los requisitos materiales, funcionales y de personal exigibles a los diferentes tipos de centros, haciendo expresa referencia a los derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales y a la necesaria existencia en cada centro de un reglamento de rgimen interior que se ajuste a las particularidades del centro y a su proyecto educativo.

  2. El desarrollo reglamentario al que alude el apartado anterior determinar los diferentes tipos de centros de acogimiento residencial en funcin de criterios diversos, como las necesidades de los nios, nias y adolescentes atendidos, los modelos de atencin o el tamao de las estructuras. En particular, regular las caractersticas que debern reunir los centros, en trminos de recursos educativos, teraputicos o de seguridad, en aquellos casos en los que deban atender a personas menores de edad que presenten conductas particularmente disruptivas que supongan un riesgo evidente de daos o de perjuicios graves a s mismos o a terceros. Tales supuestos sern objeto de un control especialmente riguroso tanto por parte de las administraciones forales de las que dependen como por parte de las fiscalas de menores.

  3. La normativa mencionada en los apartados anteriores ser de aplicacin a todos los centros residenciales para nios, nias y adolescentes situados en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, independientemente de su titularidad pblica o privada.

  1. Las administraciones pblicas competentes en materia de proteccin de personas menores de edad debern realizar la inspeccin de los centros residenciales al menos una vez al semestre y, en todo caso, siempre que as lo exijan las circunstancias.

  2. As mismo, el ministerio fiscal, de acuerdo con lo establecido en el artculo 174 del Cdigo Civil, deber ejercer su vigilancia sobre todos los centros residenciales destinados al acogimiento de nios, nias y adolescentes.

  1. El desarrollo reglamentario al que alude el artculo 78 regular los derechos y obligaciones de los nios, nias y adolescentes en su calidad de residentes.

  2. En todo caso, los nios, nias y adolescentes en acogimiento residencial tendrn derecho a:

    1. Ser informados de sus derechos y obligaciones.

    2. Ser atendidos sin discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, respetando sus orgenes y favoreciendo la conservacin de su bagaje cultural y religioso.

    3. Tener cubiertas las necesidades bsicas de la vida cotidiana que permitan su desarrollo personal integral.

    4. Acceder a los servicios necesarios para atender todas las necesidades que exige el adecuado desarrollo de su personalidad, siendo prioritaria siempre su atencin en la comunidad a travs de la red de servicios ordinarios.

    5. Disfrutar en su vida cotidiana de unos perodos equilibrados de actividad, ocio y sueo.

    6. Recibir un trato digno por parte del personal del centro y de los dems residentes.

    7. Ver respetada la confidencialidad de los datos que constan en su expediente individual y el deber de reserva en su utilizacin.

    8. Mantener relaciones con sus familiares y personas significativas, siempre que no sea contrario a su inters, y recibir visitas en el centro o en otros lugares que se determinen en cada caso.

    9. Ver respetada la intimidad y sus pertenencias individuales en el centro, as como la inviolabilidad de su correspondencia y el derecho a recibir y hacer llamadas telefnicas en privado, salvo que ello ponga en riesgo su proteccin.

    10. Participar en la elaboracin o modificacin de las normas de convivencia contenidas en el reglamento de rgimen interno, as como en la programacin y desarrollo de las actividades del centro.

    11. Ser informados, en un lenguaje adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento, de los procedimientos de reclamacin existentes en el centro y de la posibilidad de manifestar una queja ante el ministerio fiscal o los servicios de inspeccin, o ante las administraciones competentes en materia de proteccin.

    12. Conocer su situacin legal en todo momento.

    1. Contar con un plan de intervencin individualizada y participar en su elaboracin y evaluacin peridicas.

    2. Ser odos en las decisiones de trascendencia que les afecten si son mayores de doce aos, en todo caso, y si tuvieren juicio suficiente, tambin los nios, nias y adolescentes que todava no hayan alcanzado dicha edad.

    3. Participar en las evaluaciones y procedimientos de inspeccin de los que sea objeto el centro.

    4. Ser atendidos por personal cualificado por su formacin y experiencia.

    5. Contar con la participacin de sus padres y madres en su atencin y en las decisiones que les conciernen, siempre que no sea contrario a su inters.

    6. No ser separado de sus hermanos o hermanas, permaneciendo todos juntos en el mismo centro, siempre que no sea contrario a su inters.

  3. Los nios, nias y adolescentes, en su calidad de residentes de un centro de acogimiento, tienen las siguientes obligaciones:

    1. Respetar y cumplir las normas de funcionamiento y convivencia del centro.

    2. Respetar la dignidad y funcin de cuantas personas trabajen o vivan en el centro.

    3. Desarrollar las actividades escolares, laborales o cualesquiera otras orientadas a su formacin.

    4. Hacer un uso adecuado de las instalaciones y de los medios materiales que se pongan a su disposicin.

    5. Cumplir las medidas educativas correctoras impuestas, segn lo dispuesto en el artculo siguiente.

    6. Someterse, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Bsica Reguladora de la Autonoma del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Informacin y Documentacin Clnica, a los reconocimientos y pruebas mdicas que sean precisos en garanta del derecho a la salud de la propia persona menor de edad y de las dems personas que viven o trabajan en el centro.

  1. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artculo anterior dar lugar a la aplicacin de medidas educativas correctoras. Estas medidas debern tener contenido y funcin esencialmente educativos y no podrn implicar, directa o indirectamente, castigos corporales, privacin de la alimentacin, privacin del derecho de visita de los familiares, intervencin de las comunicaciones orales o escritas, privacin del derecho a la educacin obligatoria y de asistencia al centro escolar o privacin del derecho a la asistencia sanitaria tampoco podrn atentar contra su dignidad. Se fundamentan en la funcin correctora que el Cdigo Civil, en sus artculos 154 y 268, hace recaer en los padres y madres o tutores.

  2. Las conductas que podrn ser objeto de medidas educativas correctoras, el contenido de estas ltimas y las pautas de aplicacin de las mismas debern ser objeto de regulacin en el marco del desarrollo reglamentario de centros a que se refiere el artculo 78. En dicha regulacin deber preverse el derecho de la persona menor de edad a ser oda, a aportar pruebas y a ser asesorada por la persona que designe, as como el registro de las medidas impuestas, con indicacin de la conducta o hecho que las origine y de las circunstancias de su aplicacin.

  3. Entre las medidas educativas correctoras se otorgar especial relevancia a la peticin de excusas a la persona ofendida, la restitucin de los bienes o la reparacin de los daos.

  4. En funcin de su naturaleza, las medidas podrn ser aplicadas por cualquiera de los profesionales que integran el equipo educativo, o cuando correspondan a conductas o hechos de gravedad, quedar reservadas al director del centro o a quien ejerza funciones de responsable del mismo. Esta disposicin se entender sin perjuicio de las medidas que, con carcter provisional, deban adoptarse de forma inmediata a fin de evitar daos en las personas o en las cosas.

  1. La adopcin se constituye por resolucin judicial, que tendr en cuenta siempre el inters del nio, nia o adolescente adoptado y la idoneidad del adoptante o adoptantes para el ejercicio de la patria potestad.

  2. Las actuaciones administrativas requeridas para la promocin de un expediente de adopcin, o, en su caso, de adopcin internacional, se ajustarn en todo caso a la regulacin contemplada en el ordenamiento jurdico vigente.

  3. Para iniciar el expediente de adopcin es necesaria la propuesta de la diputacin foral del lugar de vecindad de los solicitantes, en su calidad de entidad competente en materia de proteccin a los nios, nias y adolescentes, a favor del adoptante o adoptantes que previamente hayan sido declarados idneos para el ejercicio de la patria potestad, salvo en las circunstancias previstas en el artculo 176.2 del Cdigo Civil. Dicha propuesta debe reunir una serie de requisitos, regulados en el artculo 1829 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  1. Sern requisitos de idoneidad para la adopcin de nios, nias y adolescentes:

    1. Disponer de medios de vida estables y suficientes.

    2. Disfrutar de un estado de salud fsica y psquica que garantice la atencin normalizada del nio, nia o adolescente.

    3. En el caso de que los solicitantes acrediten que constituyen una unin matrimonial o de hecho, haber convivido de forma continuada durante dos aos con anterioridad a la solicitud.

    4. Llevar una vida familiar estable.

    5. Disfrutar de un entorno familiar y social favorable a la integracin del nio, nia o adolescente.

    6. No existir en las historias personales de los solicitantes episodios que impliquen riesgo para el nio, nia o adolescente.

    7. Mostrar flexibilidad en las actitudes y adaptabilidad a situaciones nuevas.

    8. Respetar y aceptar la historia personal y familiar del nio, nia o adolescente.

    9. Mostrar una actitud positiva de colaboracin y compromiso.

    10. Compartir entre todos los miembros de la unidad familiar una actitud favorable a la adopcin.

    11. Contar el o los adoptantes con una edad que, previsiblemente, no pueda suponer una limitacin para el conveniente desarrollo del adoptando.

    12. Manifestar una motivacin a la adopcin en la que prevalezcan el inters superior del nio, nia o adolescente y la proteccin de sus derechos en orden a garantizar su desarrollo.

      El perodo de validez del certificado de idoneidad ser de tres aos, sin perjuicio de que sea revisable en cualquier momento si cambian las circunstancias personales o familiares de las personas que se ofrecen para la adopcin.

  2. Reglamentariamente se regular el procedimiento de actuacin que debern seguir las diputaciones forales en materia de adopcin.

  1. Las personas que presten servicios en las entidades pblicas o en las entidades colaboradoras estn obligadas a guardar secreto de la informacin obtenida y de los datos de filiacin de los adoptados.

  2. Sin perjuicio de lo anterior, y en garanta del derecho de los nios, nias y adolescentes a conocer la identidad de su padre y madre biolgicos, de conformidad con lo previsto en el artculo 11 de esta ley, en el artculo 7.1 de la Convencin de los Derechos del Nio y en el artculo 30 del Convenio de La Haya, de 1993, sobre Proteccin del Nio y Cooperacin en materia de Adopcin Internacional, las administraciones pblicas facilitarn a las personas adoptadas, si stas lo solicitaran, los datos de los que dispusieran con respecto a su filiacin biolgica. Para ello debern adoptarse las medidas adecuadas, en particular, un procedimiento confidencial de mediacin, previo a la revelacin, en cuyo marco tanto la persona adoptada como su padre y madre biolgicos sern informados de las respectivas circunstancias familiares y sociales y de la actitud manifestada por la otra parte en relacin con su posible encuentro.

    El acceso efectivo a esta informacin, en el caso de las personas menores de edad, quedar condicionado a la adecuacin del momento evolutivo en el que se encuentre la persona menor de edad y a que tenga suficiente juicio y capacidad para comprender.

    A partir del momento en que una persona en su calidad de adoptante tenga asignada una persona menor de edad, podr solicitar que la entidad le proporcione los datos que posea sobre el nio, nia o adolescente, tanto los referidos a su salud y educacin como los atinentes a otros aspectos que le conciernan, con la salvedad de las informaciones relacionadas con sus datos de filiacin.

  3. El procedimiento de mediacin al que se refiere el apartado 2 se determinar en el marco de la regulacin de la mediacin prevista en el artculo 47.3.

  1. En materia de adopcin internacional se atender a lo dispuesto en el artculo 25 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el Convenio relativo a la Proteccin del Nio y la Cooperacin en materia de Adopcin Internacional, hecho en la Haya el 29 de mayo de 1993 y ratificado por Espaa mediante instrumento de 30 de junio de 1995.

  2. El Gobierno Vasco contar con una comisin tcnica de adopcin internacional que actuar como rgano consultivo del departamento competente en asuntos sociales con la funcin de coordinar las actuaciones en este mbito, as como de estudiar y elevar propuestas sobre la habilitacin de entidades colaboradoras para la adopcin internacional a las que se refiere el artculo 108.

  3. El Gobierno Vasco promover y facilitar la adopcin internacional, utilizando para ello los medios de difusin, informacin y apoyo que estime oportunos.

  4. Reglamentariamente se regular el procedimiento de actuacin que debern seguir las diputaciones forales en materia de adopcin internacional.

De conformidad con lo establecido en la Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, son personas infractoras menores de edad quienes sean objeto de una medida impuesta por el juez de menores por la comisin de hechos tipificados como delitos o faltas en el Cdigo Penal o las leyes penales especiales.

La atencin socioeducativa a las personas infractoras menores de edad se ajustar, en todo caso, a los siguientes principios:

  1. De conformidad con lo establecido en el artculo 17.3 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, mientras dure la detencin, las personas detenidas menores de edad debern permanecer custodiadas en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para las personas mayores de edad, y recibirn los cuidados, proteccin y asistencia social, psicolgica, mdica y fsica que requieran, teniendo en cuenta su edad, sexo y caractersticas individuales.

  2. Se debe tener presente la naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa de las medidas aplicables a las personas infractoras menores de edad y la necesidad de garantizar la flexibilidad en su ejecucin atendiendo a lo que resulte ms conveniente a las particulares caractersticas de cada caso.

  3. En la aplicacin de las medidas deber garantizarse que las personas infractoras menores de edad penal gocen de todos los derechos reconocidos en la Constitucin y en el ordenamiento jurdico, particularmente en la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, y en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, as como en la Convencin sobre los Derechos del Nio, de 20 de noviembre de 1989, y en todas aquellas normas sobre proteccin de la infancia y la adolescencia contenidas en el ordenamiento jurdico vigente.

  4. De conformidad con el principio de legalidad, no podr ejecutarse ninguna medida sino en virtud de sentencia firme dictada de acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa vigente. Las referidas medidas no podrn aplicarse en otra forma que la prescrita en dicha normativa, de acuerdo con lo estipulado en el artculo 43 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  5. La ejecucin de las medidas judiciales se realizar bajo el control del juez de menores que dict la sentencia correspondiente, en los trminos previstos en el artculo 44 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  6. La ejecucin de las medidas judiciales se realizar sobre la base del principio de intervencin mnima necesaria desde el mbito de la justicia. Ello implica necesariamente la coordinacin de las actuaciones con otros sistemas sociales, en particular con el sistema educativo y con el sistema de proteccin, y, en su caso, la derivacin a los mismos de casos que pudieran exigir intervenciones desde dichos mbitos.

  7. La aplicacin de las medidas judiciales debe responder al principio de inmediatez a fin de garantizar la eficacia educativa de las medidas aplicadas.

  8. La eficacia de las medidas judiciales a personas infractoras menores de edad, en particular en el marco de las medidas en medio abierto y de los procesos de mediacin, requiere la participacin y la implicacin de la comunidad.

  1. El Gobierno Vasco, en su calidad de administracin pblica competente para la ejecucin de las medidas judiciales impuestas a personas infractoras menores de edad, contar con los medios materiales y personales necesarios para ejercer dichas funciones. En particular:

    1. Contar en cada uno de los territorios histricos con equipos psicosociales especializados de asistencia tcnica y asesoramiento a los fiscales y jueces de menores.

    2. Cuando lo estime necesario y oportuno, podr establecer, a travs del departamento competente en materia de justicia, convenios o acuerdos de colaboracin con otras entidades, pblicas o privadas, sin nimo de lucro para la ejecucin de las medidas judiciales aplicables en el propio entorno del adolescente infractor, bajo su directa supervisin y sin que ello suponga la cesin de titularidad y responsabilidad derivada de dicha ejecucin.

  2. La administracin pblica competente velar por que el personal profesional que intervenga en la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad sea el idneo para el desempeo de las funciones que vaya a desarrollar. A tales efectos se arbitrarn programas de formacin capaces de responder a las nuevas y muy diversas necesidades de la poblacin objeto de estas intervenciones y se disearn procedimientos de acceso a los puestos de trabajo que garanticen la idoneidad del personal profesional en atencin al inters superior de las personas atendidas. Medidas de la misma naturaleza se adoptarn en la aplicacin de medidas judiciales en el marco de los convenios de colaboracin previstos en el apartado anterior.

  3. El Gobierno Vasco, a travs del departamento competente en materia de interior, garantizar el adecuado servicio policial en los casos en que participen personas menores de edad.

    En relacin con ello, deber garantizarse la adecuada formacin de los agentes policiales, la existencia de expertos policiales en intervencin con personas menores de edad, as como la implantacin de sistemas de organizacin y funcionamiento que garanticen la intervencin efectiva de dichos expertos en los casos en que se detecte la participacin de personas menores de edad.

  1. Para la ejecucin de las medidas que deban aplicarse en el medio social de convivencia de la persona infractora menor de edad, la Administracin general de la Comunidad Autnoma, a travs del departamento competente en materia de justicia, deber desarrollar programas de integracin social y promover su desarrollo. En dichos programas se contemplarn actuaciones especficas de ocio, apoyo socioeducativo, tareas prelaborales, habilidades sociales, habilidades de convivencia familiar o cualquier otra actuacin que contribuya a la consecucin de los objetivos educativos perseguidos.

  2. Todas las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, en el mbito de sus competencias, y particularmente en materia de sanidad, educacin y servicios sociales, debern colaborar con la Administracin general de la Comunidad Autnoma en la ejecucin de las medidas que deban aplicarse en el medio social de convivencia de la persona menor de edad dndole acceso a los recursos socioeducativos normalizados. As mismo, se fomentar la colaboracin con entidades privadas sin nimo de lucro en los trminos previstos en el artculo anterior.

  1. De conformidad con el artculo 54 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, las medidas de internamiento se ejecutarn en centros especficos para personas infractoras menores de edad, diferentes de los previstos en la legislacin penitenciaria para la ejecucin de las condenas penales y medidas cautelares privativas de libertad impuestas a las personas mayores de edad penal. Estas medidas de internamiento podrn asimismo ser ejecutadas en centros sociosanitarios cuando la medida impuesta as lo requiera y cuente con la previa autorizacin del juez de menores.

  2. Lo previsto en el apartado anterior ser tambin de aplicacin a las medidas cautelares de internamiento.

  1. Los centros estarn divididos en mdulos adecuados a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de las personas menores internadas.

    El estado de conservacin y las condiciones de utilizacin de los centros de internamiento sern los adecuados; adems, debern contar con las instalaciones y los espacios adecuados para responder a las necesidades de las personas menores de edad.

  2. La Administracin autnoma, a travs del departamento competente en materia de justicia, determinar reglamentariamente los requisitos materiales, funcionales y de personal que debern reunir los centros para la ejecucin de las distintas medidas privativas de libertad, con referencia expresa a los derechos y obligaciones de las personas menores de edad y de los profesionales que les atienden y a la necesidad de que dispongan de un reglamento de rgimen interior que se ajuste en su contenido a las particularidades del centro y de su proyecto educativo.

  3. La normativa mencionada en el apartado anterior ser de aplicacin a todos los centros de internamiento para personas infractoras menores de edad penal situados en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  1. El departamento competente en materia de justicia deber realizar la inspeccin de los centros de internamiento al menos una vez al semestre y, en todo caso, siempre que as lo exijan las circunstancias. Dichos procedimientos de inspeccin sern objeto de regulacin en la normativa de centros de internamiento referida en el artculo anterior.

  2. El ministerio fiscal deber ejercer su vigilancia sobre todos los centros de internamiento.

  1. La organizacin, el funcionamiento y la actividad de los centros debern fundamentarse en el principio de que las personas menores de edad sujetas a medidas de internamiento son sujetos de derecho integrantes de la sociedad. En aplicacin de este principio, la vida en los centros debe tomar como referencia la vida cotidiana de cualquier persona menor de edad, reduciendo los efectos negativos que el internamiento pueda representar para ella y para su familia y favoreciendo los vnculos sociales y la colaboracin y participacin de las entidades pblicas y privadas en el proceso de integracin social. A tal fin se fijarn reglamentariamente los permisos ordinarios y extraordinarios de los que podr disfrutar.

  2. Las personas infractoras menores de edad sujetas a alguna medida de internamiento tienen derecho a que se respete su personalidad, su libertad ideolgica y religiosa y los derechos e intereses legtimos no afectados por el contenido de la medida, especialmente los inherentes a la minora de edad civil, as como todos los derechos contemplados en el artculo 56 de la Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, y, en particular a que se respete su derecho a:

    1. Ser informadas de sus derechos y obligaciones.

    2. Ser atendidas sin discriminacin por razn de nacimiento, edad, raza, sexo, estado civil, orientacin sexual, aptitud fsica o psquica, estado de salud, lengua, cultura, religin, creencia, ideologa o cualquier otra condicin o circunstancia personal, econmica o social, respetando sus orgenes y favoreciendo la conservacin de su bagaje cultural y religioso.

    3. Recibir un trato digno por parte del personal del centro de internamiento y de los dems residentes.

    4. Ver respetada la confidencialidad de los datos que constan en su expediente y el deber de reserva en su utilizacin; en este sentido, su condicin de internados deber ser estrictamente reservada frente a terceros.

    5. Comunicarse libremente con sus padres y madres, representantes legales, familiares u otras personas, salvo que fuera contrario a su inters en el marco de un procedimiento de proteccin; recibir visitas en el centro de internamiento y disfrutar de salidas y permisos conforme se establezca reglamentariamente.

    6. Comunicarse reservadamente con sus letrados, con el juez de menores competente, con el ministerio fiscal y con el servicio competente para la inspeccin de los centros de internamiento.

    7. Ver respetada su intimidad.

    8. Tener cubiertas las necesidades bsicas de la vida cotidiana que permitan su desarrollo personal integral.

    9. Realizar actividades escolares, laborales o cualesquiera otras orientadas a su formacin.

    10. Conocer su situacin legal en todo momento.

    11. Ser informadas, en un lenguaje adaptado a su nivel y capacidad de entendimiento, de los procedimientos de reclamacin existentes en el centro de internamiento y de la posibilidad de formular peticiones y quejas a la direccin del centro, la administracin autonmica, las autoridades judiciales, el ministerio fiscal, y a presentar todos los recursos legales que prev la legislacin vigente en defensa de sus derechos e intereses legtimos.

    12. Ejercer los derechos civiles, polticos, sociales, religiosos, econmicos y culturales que les correspondan, salvo cuando sean incompatibles con el cumplimiento de la medida.

    1. Cumplir la medida de internamiento en el centro ms cercano a su domicilio, de acuerdo con su rgimen de internamiento.

    2. Disponer de un programa de atencin individualizada y participar en su elaboracin y evaluacin peridicas.

    3. Recibir informacin personal y actualizada acerca de sus derechos y obligaciones, de su situacin personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno del centro, as como de los procedimientos concretos para hacer efectivos tales derechos, en especial para formular peticiones, quejas o presentar recursos. Esta informacin deber ser proporcionada a las personas menores de edad en el momento de su ingreso en el centro y deber facilitarse en un idioma que entiendan y en un formato, vocabulario y redaccin adaptados a su capacidad de entendimiento o a sus necesidades especiales.

    4. Saber que sus representantes legales estn informados sobre su situacin y evolucin as como sobre los derechos que les corresponden, con los lmites previstos en la legislacin vigente.

    5. Tener en su compaa, cuando se trate de personas internadas, a sus hijos e hijas menores de tres aos, en las condiciones y con los requisitos que se prevean reglamentariamente.

  3. Las personas infractoras menores de edad sometidas a una medida de internamiento tienen los deberes previstos en el artculo 57 de la Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, y en particular deben:

    1. Permanecer en el centro hasta el momento de la finalizacin de la medida, sin perjuicio de las salidas y actividades autorizadas en el exterior.

    2. Respetar y cumplir las normas de funcionamiento del centro de internamiento y las directrices o instrucciones que reciban del personal de aqul en el ejercicio legtimo de sus funciones.

    3. Respetar la dignidad y funcin de cuantas personas trabajen o vivan en el centro de internamiento.

    4. Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro y los medios materiales que se pongan a su disposicin.

    5. Desarrollar las actividades escolares, laborales o cualesquiera otras orientadas a su formacin.

    6. Cumplir las medidas disciplinarias impuestas segn lo dispuesto en el artculo 95.

    7. Someterse, de conformidad con lo establecido en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Bsica Reguladora de la Autonoma del Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Informacin y Documentacin Clnica, a los reconocimientos y pruebas mdicas que sean precisos en garanta del derecho a la salud de la propia persona internada y de las dems personas que vivan o trabajen en el centro.

  1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad en los centros de internamiento podrn suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca reglamentariamente, inspecciones de los locales y dependencias, as como registros de personas, ropas y enseres personales. Estas medidas de vigilancia y seguridad, en su forma, duracin, horario y frecuencia, procurarn el respeto a la intimidad y enseres personales de las personas menores de edad, primando un criterio restrictivo en cuanto a su utilizacin y evitando, en todo caso, los registros nocturnos.

  2. Se podrn utilizar exclusivamente los medios de contencin necesarios que se establezcan reglamentariamente para evitar y reprimir actos de violencia o intimidacin o lesiones de las personas menores de edad y para impedir actos de fuga y daos en las instalaciones. La aplicacin de los medios de contencin durar slo el tiempo indispensable.

  1. Las personas menores de edad sujetas a medidas judiciales de internamiento podrn ser objeto de medidas disciplinarias en los supuestos de infraccin previstos en los apartados siguientes y de acuerdo con el procedimiento que se establezca reglamentariamente, debiendo respetarse en todo momento su dignidad. En ningn supuesto se les podr privar de sus derechos de alimentacin, asistencia sanitaria, enseanza obligatoria, comunicaciones y visitas.

    El procedimiento disciplinario ser objeto de regulacin en el marco del desarrollo reglamentario de los centros de internamiento a que se refiere el artculo 91. Dicho procedimiento deber prever el registro de las medidas sancionadoras impuestas, con indicacin de la infraccin que origine la medida sancionadora y de las circunstancias de su aplicacin.

  2. Tendrn la consideracin de infracciones muy graves los siguientes hechos:

    1. Agredir, amenazar o coaccionar a cualquier persona dentro del centro.

    2. Participar en motines, peleas, agresiones, desrdenes colectivos o instigar a los mismos en el caso de que se hayan producido.

    3. Intentar, facilitar o consumar la evasin del centro o no regresar a l tras un permiso o actividad.

    4. Resistirse de forma activa y grave al cumplimiento de las rdenes recibidas del personal adscrito al centro en el ejercicio de sus funciones.

    5. Causar daos de cuanta superior a trescientos euros, de forma deliberada, en las dependencias, materiales u objetos que el centro ponga a disposicin de las personas menores o en las pertenencias de otras personas.

    6. Sustraer objetos, materiales o efectos del centro o pertenencias ajenas.

    7. Introducir, poseer o consumir en el centro bebidas alcohlicas, drogas txicas, sustancias psicotrpicas o estupefacientes, salvo prescripcin facultativa.

    8. Negarse a cumplir una medida disciplinaria impuesta por la comisin de un acto de indisciplina grave.

    9. La comisin de tres faltas graves en un mismo da o cinco en una misma semana.

  3. Tendrn la consideracin de infracciones graves los siguientes hechos:

    1. Incumplir los hbitos u horarios de higiene personal o colectiva, vestimenta, alimentacin u otros especificados en las normas de funcionamiento del centro, siempre que se produzca una alteracin en la vida del mismo y en la ordenada convivencia.

    2. Calumniar, injuriar, insultar y faltar gravemente al respeto y consideracin debidos a cualquier persona dentro del centro.

    3. Instigar a otras personas internadas a motines o desrdenes colectivos, sin conseguir ser secundadas por stas.

    4. Introducir, poseer, usar, consumir en el centro o hacer salir de l objetos o sustancias prohibidas por las normas de funcionamiento interno del centro.

    5. Causar daos de cuanta inferior a trescientos euros, de forma deliberada, en las dependencias, materiales u objetos que el centro ponga a disposicin de las personas infractoras menores de edad internadas o en las pertenencias de otras personas.

    6. Desobedecer las rdenes recibidas del personal adscrito al centro en el ejercicio de sus funciones, cuando se cause alteracin de la vida del centro y de la ordenada convivencia.

    7. Organizar o participar en juegos de suerte, envite o azar que no se hallen permitidos por las normas de funcionamiento del centro.

    8. Divulgar noticias o datos falsos con la intencin de menoscabar la buena marcha del centro.

    9. Acceder a espacios prohibidos dentro del centro o a espacios de acceso restringido sin el permiso correspondiente.

    10. No asistir sin causa justificada a cualquiera de las actividades que el centro organice para las personas infractoras menores de edad internadas, ser expulsado de las mismas o abandonarlas sin el permiso correspondiente.

    11. Salir del centro sin el permiso correspondiente o regresar a l ms tarde de lo permitido por las normas de funcionamiento del centro.

    12. Negarse a cumplir una medida disciplinaria impuesta por la comisin de un acto de indisciplina leve.

    1. La comisin de tres faltas leves en un mismo da.

  4. Tendrn la consideracin de infracciones leves los siguientes hechos:

    1. Incumplir los hbitos u horarios de higiene personal o colectiva, vestimenta, alimentacin u otros especificados en las normas de funcionamiento del centro, siempre que no se produzca una alteracin en la vida del mismo y en la ordenada convivencia.

    2. Desobedecer las rdenes recibidas del personal adscrito al centro, cuando no se cause alteracin de la vida del centro y de la ordenada convivencia.

    3. Faltar levemente al respeto y consideracin debidos a cualquier persona dentro del centro.

    4. Hacer uso abusivo y perjudicial de objetos o sustancias no prohibidas por las normas de funcionamiento interno del centro.

    5. Causar daos, por falta de diligencia o cuidado, en las dependencias, materiales u objetos que el centro ponga a disposicin de las personas infractoras menores de edad internadas o en las pertenencias de otras personas.

    6. Cualquier otra accin u omisin que implique incumplimiento de los deberes y obligaciones de la persona infractora menor de edad internada, produzca alteracin en la vida del centro y en la ordenada convivencia y no est calificada como grave o muy grave.

  5. Las nicas sanciones que se podrn imponer sern las previstas en el artculo 60 de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  6. La proporcionalidad y la flexibilidad sern criterios generales a tener en cuenta en la imposicin de sanciones.

    Por otra parte, los criterios determinantes para graduar la sancin aplicable sern los siguientes:

    1. La edad, las caractersticas del adolescente y la situacin en la que se encuentra en el momento de comisin de la falta.

    2. El proyecto educativo individual.

    3. La gravedad objetiva del hecho.

    4. La reincidencia de la conducta, entendiendo que existir reincidencia cuando la persona responsable de la infraccin cometiera en el trmino de un ao ms de una infraccin de la misma naturaleza.

  7. La peticin de excusas a la persona ofendida, la restitucin de bienes o la reparacin de daos podrn, en el marco de un procedimiento de mediacin, suspender la aplicacin de la sancin, siempre que no se reitere la conducta sancionable.

  8. El procedimiento disciplinario garantizar, en todo caso, los derechos de la persona menor de edad a:

    1. Ser oda.

    2. Aportar pruebas.

    3. Ser asesorada por la persona que designe.

    4. Recurrir ante el juez de menores que impuso la medida de internamiento, de acuerdo con lo previsto en el artculo 60.7 de la Ley 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.

  9. La aplicacin de las sanciones correspondientes a faltas leves podr recaer en cualquiera de los profesionales que integran el equipo educativo multidisciplinar, y la aplicacin de las sanciones correspondientes a faltas graves y muy graves quedar reservada al director del centro o al responsable del mismo. Esta disposicin se entender sin perjuicio de las medidas que, con carcter cautelar, deban adoptarse de forma inmediata a fin de evitar daos en las personas o en las cosas.

  10. El departamento competente en materia de justicia deber comunicar al juez de menores y al ministerio fiscal cualquier sancin impuesta cuando corresponda a una falta grave o muy grave.

  11. Reglamentariamente se podr establecer un sistema de incentivos adecuado para premiar o incentivar la buena conducta y el comportamiento responsable de las personas infractoras.

  1. El Gobierno Vasco crear un Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, adscrito al departamento competente en materia de asuntos sociales, con la misin de analizar de forma permanente la realidad de las nias, nios y adolescentes en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco y el impacto de las polticas desarrolladas en aplicacin de esta ley.

  2. La estructura de este observatorio se determinar reglamentariamente.

El Observatorio de la Infancia y la Adolescenciadesarrollar las siguientes funciones:

  1. Estudiar las necesidades y condiciones de vida de los nios, nias y adolescentes y proponer a las administraciones competentes actuaciones y programas dirigidos a su mejora.

  2. Evaluar las actuaciones de la Administracin en el mbito de atencin a la infancia y la adolescencia.

  3. Asesorar a las administraciones pblicas que lo requieran en relacin con las actuaciones de proteccin a las personas menores de edad en situacin de riesgo o de desamparo y de atencin a las personas infractoras menores de edad penal.

  4. Informar peridicamente a la comisin permanente sectorial del Consejo Vasco de Bienestar Social mediante la remisin de los informes y estudios elaborados en el seno del consejo y asesorarla cuando as lo requiera.

  5. Informar a las administraciones competentes sobre la adecuacin del ordenamiento jurdico a las necesidades de la infancia y la adolescencia y proponerles la adopcin de nuevas regulaciones o la modificacin de las existentes.

  6. Aquellas otras que le encargue la persona titular del departamento de adscripcin.

  1. En el seno del Consejo Vasco de Bienestar Social se constituir la Comisin Permanente Sectorial para la Atencin a la Infancia y la Adolescencia como foro especfico de participacin de las instituciones pblicas y los agentes sociales implicados en la atencin a la infancia y la adolescencia, en particular en la atencin a nios, nias y adolescentes en situacin de desproteccin y en la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad. Esta comisin se constituir como rgano de consulta y asesoramiento respecto de los proyectos de ley, disposiciones generales y reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno Vasco en los aspectos a que se refiere la presente ley.

  2. Su composicin y funciones se establecern reglamentariamente.

Las actuaciones pblicas y el desarrollo normativo a que hubiere lugar en aplicacin de esta ley se ejercern por el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos conforme a sus respectivas competencias en los mbitos de la sanidad, la educacin, los servicios sociales, la cultura, el urbanismo, la seguridad ciudadana, el comercio interior, la defensa de la persona consumidora y usuaria, la publicidad u otros.

  1. El Gobierno Vasco, a travs del departamento competente en asuntos sociales, adems del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, tiene atribuidas, para el desarrollo y aplicacin de esta ley en lo referente a la proteccin de personas menores de edad en situacin de riesgo o de desamparo, las siguientes funciones:

    1. Planificacin general de las actuaciones y de los servicios sociales dirigidos a nios, nias y adolescentes.

    2. Coordinacin de las actuaciones de los diversos rganos de las administraciones pblicas, as como de los sectores de la iniciativa privada concertada, en materia de proteccin de personas menores de edad, con el fin de garantizar una poltica homognea en este campo.

    3. Actuaciones de promocin de la adopcin internacional, acreditacin de las entidades colaboradoras de adopcin internacional, tramitacin de los expedientes y coordinacin de las actuaciones en este campo, contando para ello con el asesoramiento de la comisin tcnica de adopcin internacional referida en el artculo 85.

    4. Regulacin de los requisitos materiales, funcionales y de personal de los servicios y centros que intervienen en el mbito de la proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo.

    5. Evaluacin de las actuaciones desarrolladas en el mbito de la proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo y de desamparo, a travs del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia.

    6. Sensibilizacin de la opinin pblica mediante la organizacin de campaas de divulgacin y la promocin de medidas positivas en el mbito comunitario en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

  2. Las diputaciones forales, en el mbito territorial de su competencia, tienen atribuidas, para la aplicacin de la presente ley, las siguientes funciones:

    1. Realizacin de las actuaciones previstas en el ttulo III en materia de proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de desproteccin grave o de desamparo.

    2. Gestin directa o indirecta de los servicios y centros que se estimen necesarios para la atencin de nios, nias y adolescentes en situacin de desproteccin grave o de desamparo.

    3. Autorizacin, registro, homologacin, inspeccin y evaluacin de los servicios y centros mencionados en la letra anterior.

    4. Formacin y seguimiento de las personas solicitantes de acogimientos y adopciones y, en su caso, de las respectivas familias.

    5. Sensibilizacin de la opinin pblica mediante la organizacin de campaas de divulgacin y la promocin de medidas positivas en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

  3. Los ayuntamientos tienen atribuidas, en el mbito territorial de sus competencias, las siguientes funciones:

    1. Realizacin de las actuaciones previstas en el ttulo III en materia de proteccin a nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo.

    2. Gestin directa o indirecta de los servicios y centros que se estimen necesarios para la atencin de nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo.

    3. Autorizacin, registro, homologacin, inspeccin y evaluacin de los servicios y centros a los que se refiere la letra anterior.

    4. Sensibilizacin de la opinin pblica mediante la organizacin de campaas de divulgacin y la promocin de medidas positivas en el mbito comunitario en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

  1. El Gobierno Vasco, a travs del departamento competente en justicia, adems del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, tiene atribuidas, para el desarrollo y aplicacin de esta ley en lo referente a la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad, las siguientes funciones:

    1. Ejecucin de las medidas adoptadas por los jueces de menores respecto de personas infractoras menores de edad.

    2. Provisin de los recursos materiales y personales necesarios para la ejecucin de medidas judiciales impuestas a personas infractoras menores de edad.

    3. Regulacin de los requisitos materiales, funcionales y de personal de los servicios y centros que intervienen en el mbito de la atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad penal.

    4. Creacin, mantenimiento y gestin de servicios y centros propios destinados a la ejecucin de las medidas judiciales impuestas a personas infractoras menores de edad, e inspeccin de los mismos.

    5. Autorizacin, registro, homologacin, inspeccin y evaluacin de los servicios y centros con los que establezca convenios o acuerdos para la aplicacin de determinadas medidas judiciales en los trminos previstos en el artculo 88.

    6. Comunicacin al ministerio fiscal y al juez de menores de la ejecucin de las medidas judiciales y extrajudiciales impuestas a personas infractoras menores de edad y del seguimiento de las citadas medidas.

    7. Planificacin, elaboracin y evaluacin de los programas de actuacin en esta materia.

    8. Asesoramiento tcnico para la formacin de las autoridades policiales que intervengan con personas infractoras menores de edad.

    9. Coordinacin con los juzgados de menores, fiscalas y dems entidades que intervienen en la atencin a personas infractoras menores de edad.

    10. Coordinacin de la actuacin de los equipos psicosociales especializados, en las funciones de apoyo a los jueces y fiscales de menores, conforme a los trminos establecidos por la Ley 5/2000.

    11. Regulacin de la composicin y funcionamiento de los equipos psicosociales especializados a los que se refieren las letras anteriores.

    12. Evaluacin de los programas de intervencin en el mbito de la atencin a personas infractoras menores de edad penal.

    1. Sensibilizacin de la opinin pblica mediante la organizacin de campaas de divulgacin.

  2. Las diputaciones forales, en el mbito territorial de su competencia, para la aplicacin de la presente ley en materia de atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad penal, debern colaborar con el Gobierno Vasco para la aplicacin de medidas judiciales cuando las mismas aconsejen la intervencin de los servicios de proteccin.

  3. Los ayuntamientos, en el mbito territorial de su competencia, para la aplicacin de la presente ley en materia de atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad penal, debern colaborar con el Gobierno Vasco para la aplicacin de medidas judiciales cuando tales medidas deban desarrollarse en el entorno comunitario de los propios ayuntamientos.

  1. Las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, en el mbito de sus competencias, fomentarn el desarrollo de la iniciativa social en actividades de atencin a la infancia y la adolescencia, pudiendo realizar, entre otras, las siguientes funciones:

    1. Fomento de iniciativas cuyas actividades contribuyan a reconocer y garantizar el ejercicio de los derechos de los nios, nias y adolescentes.

    2. Establecimiento de cauces para la participacin de la iniciativa social en rganos de carcter consultivo cuya funcin consista en asesorar en materia de atencin a la infancia y la adolescencia.

    3. Asesoramiento a las entidades privadas que realicen actividades en el mbito de la atencin a la infancia y adolescencia.

    4. Fomento del asociacionismo de nios, nias y adolescentes a fin de favorecer su participacin e integracin en la sociedad.

  2. Las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, en el mbito de sus competencias, podrn, a los efectos de fomento de la iniciativa social, conceder subvenciones o establecer convenios de colaboracin con entidades que intervengan en la promocin y proteccin de los derechos de los nios, nias y adolescentes, en la proteccin de nios, nias y adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo o en la atencin a personas infractoras menores de edad.

  3. En el marco de sus acuerdos de colaboracin con entidades privadas, las administraciones pblicas velarn, en el mbito de sus competencias y en el ejercicio de sus funciones de autorizacin, inspeccin y homologacin, por la adecuacin de las intervenciones desarrolladas desde las entidades colaboradoras, por que el personal, profesional o voluntario, que intervenga en la atencin a nios, nias y adolescentes sea el idneo para el desempeo de las funciones que desarrolla. Asimismo, velarn por que las entidades de colaboracin apliquen procedimientos de seleccin y formacin que garanticen esta idoneidad y por que las condiciones laborales de estos profesionales resulten adecuadas.

  1. Se consideran entidades colaboradoras de integracin familiar las que desarrollan actividades en el mbito de la proteccin a nios, nias o adolescentes en situacin de riesgo o de desamparo.

  2. Las entidades colaboradoras de integracin familiar podrn ser habilitadas como entidades colaboradoras por las administraciones pblicas competentes, siempre que cumplan los requisitos de autorizacin, registro, inspeccin y homologacin que se determinen reglamentariamente.

  3. Las funciones para las que pueden ser habilitadas las entidades colaboradoras de integracin familiar son las siguientes:

    1. Guarda de nios, nias y adolescentes.

    2. Mediacin en procesos de acogimiento familiar o de adopcin de nios, nias y adolescentes.

    3. Asesoramiento tcnico a las administraciones pblicas competentes en los procedimientos de proteccin de nios, nias y adolescentes.

    4. Valoracin de las competencias parentales y educacin en dichas competencias.

  1. Las entidades colaboradoras de adopcin internacional son habilitadas por el Gobierno Vasco para realizar servicios de mediacin que tengan como finalidad la integracin de los nios, nias y adolescentes en una familia, a travs de la adopcin internacional.

  2. Las entidades a las que hace referencia el apartado anterior podrn ser habilitadas por la Administracin autnoma para desarrollar funciones de mediacin. Dichas funciones incluirn la informacin y asesoramiento a los interesados en materia de adopcin internacional, la intervencin en la tramitacin de expedientes de adopcin ante las autoridades competentes, tanto espaolas como extranjeras, y el asesoramiento y apoyo a los solicitantes de adopcin en los trmites y gestiones que deban realizar en Espaa y en el extranjero, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.

  3. Sern habilitadas las entidades sin nimo de lucro inscritas en el registro correspondiente y en cuyos estatutos figure comofinalidad la proteccin de personas menores. Para ello, dichas entidades debern disponer de los medios materiales y equipos pluridisciplinares necesarios para el desarrollo de las funciones encomendadas y estarn dirigidas y administradas por personas cualificadas por su integridad moral y por su formacin en el mbito de la adopcin internacional, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente.

  4. El Gobierno Vasco crear, a travs del departamento competente en asuntos sociales, un registro de reclamaciones formuladas por las personas que acudan a las entidades colaboradoras de adopcin internacional, de conformidad con lo establecido en el artculo 25.4 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  1. Las entidades colaboradoras de atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad son habilitadas por la Administracin autnoma para colaborar en la aplicacin de las medidas adoptadas por los jueces de menores, en los trminos previstos en el artculo 88, as como en la aplicacin de medidas previas de reparacin de daos y de conciliacin con la vctima, excepto en los casos en los que tales funciones deban ejercerse necesariamente por personal pblico de conformidad con lo previsto en esta ley.

  2. Las entidades a las que hace referencia el apartado 1 podrn ser habilitadas para tales funciones por la Administracin autnoma, siempre que cumplan los requisitos de autorizacin, registro, inspeccin y homologacin que se determinen reglamentariamente.

  3. El departamento competente en materia de justicia crear y regular un registro de entidades colaboradoras de atencin socioeducativa apersonas infractoras menores de edad, en el que debern constar inscritas todas las instituciones de esta naturaleza que hayan sido habilitadas por dicha administracin.

  1. Se consideran infracciones administrativas a la presente ley las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en el presente captulo.

  2. Las infracciones se clasifican en leves, graves o muy graves atendiendo a la importancia de los bienes jurdicos objeto de proteccin y a la lesin o riesgo de lesin que se derive de las conductas contempladas.

Constituyen infracciones leves las siguientes conductas:

  1. Incumplir la normativa aplicable en el mbito de los derechos de los nios, nias y adolescentes, si de ello no se derivan perjuicios graves para ellos.

  2. No gestionar plaza escolar para un nio, nia o adolescente en perodo de escolarizacin obligatoria, o impedir o no procurar su asistencia al centro escolar, sin causa que lo justifique, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para los nios, nias y adolescentes.

  3. Incumplir las normas de creacin o funcionamiento de centros o servicios de atencin a la infancia y la adolescencia, siempre que no se deriven perjuicios graves para los nios, nias o adolescentes atendidos.

  4. No facilitar el tratamiento y atencin que correspondan a las necesidades de los nios, nias y adolescentes, siempre que no se deriven perjuicios sensibles para stos.

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:

  1. La reincidencia en las infracciones leves.

  2. Incumplir la normativa aplicable en el mbito de los derechos de los nios, nias y adolescentes, si de ello se derivan perjuicios graves para ellos.

  3. Incumplir las normas de creacin o funcionamiento de centros o servicios de atencin a la infancia y la adolescencia, si de ello se derivan perjuicios graves para los nios, nias o adolescentes.

  4. No facilitar, en los centros o servicios, el tratamiento y atencin que correspondan a las necesidades de los nios, nias y adolescentes, si de ello se derivan perjuicios sensibles para stos.

  5. No poner en conocimiento de la administracin pblica competente o de otra autoridad pblica la posible situacin de riesgo o de desamparo en que pudiera encontrarse un nio, nia o adolescente, de conformidad con lo establecido en el artculo 13 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

  6. No poner a disposicin de la administracin pblica competente o de otra autoridad pblica, o en su caso de la familia, en el plazo de veinticuatro horas, al nio, nia o adolescente que se encuentre abandonado, extraviado o fugado de su hogar.

  7. Incumplir los acuerdos adoptados por la administracin pblica competente en materia de proteccin.

  8. Incumplir la obligacin por parte del centro o personal sanitario de identificar al recin nacido, de acuerdo con la normativa vigente.

  9. Proceder a la apertura de un centro o servicio por parte de las entidades titulares del mismo sin haber obtenido las autorizaciones administrativas establecidas en la presente ley, o a su cierre sin previa comunicacin.

  10. Incumplir la regulacin especfica establecida o que se pueda establecer para cada tipo de centro o servicio, por parte de las entidades titulares del mismo.

  11. Incumplir el deber de confidencialidad y reserva respecto a los datos personales de los nios, nias y adolescentes, por parte de los profesionales que intervengan en su proteccin.

  12. No facilitar el tratamiento y atencin que, acordes con la finalidad de los centros o servicios, correspondan a las necesidades de los nios, nias y adolescentes, cuando de ello se deriven perjuicios notables para stos.

  1. Aplicar, por parte de los titulares, trabajadores o colaboradores de los centros residenciales y de internamiento, medidas disciplinarias o de limitacin de sus derechos a los nios, nias o adolescentes, excedindose de lo establecido en la normativa reguladora de dichos centros.

  2. Amparar o ejercer prcticas lucrativas en centros o servicios definidos sin nimo de lucro.

  3. Impedir, obstruir o dificultar de cualquier modo las funciones de inspeccin, seguimiento y evaluacin de la administracin pblica competente, por parte de los titulares o del personal de los servicios y centros objeto de tales actuaciones.

  4. Destinar las ayudas y subvenciones pblicas de los centros y servicios a finalidades distintas de aquellas para las que hubieran sido otorgadas.

  5. Percibir por parte de los titulares de los centros o de su personal, en concepto de precio o contraprestacin por los servicios prestados, cantidades econmicas que no estn autorizadas por la Administracin.

  6. Acoger a un nio, nia o adolescente con la intencin de su futura adopcin sin la intervencin de la entidad competente en materia de proteccin.

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas:

  1. La reincidencia en las infracciones graves.

  2. Las infracciones recogidas en el artculo anterior cuando de ellas se desprendiera dao de imposible o difcil reparacin a los derechos de los nios, nias y adolescentes.

A los efectos del presente rgimen sancionador, existir reincidencia cuando las personas responsables de las infracciones cometieran, en el trmino de un ao, ms de una infraccin de la misma naturaleza y as haya sido declarado por resolucin firme.

  1. La responsabilidad administrativa por la comisin de infracciones se imputar a la persona fsica o jurdica que cometa la infraccin y, solidariamente, a la persona fsica o jurdica titular de la entidad, centro o servicio que, en su caso, resulte responsable por haber infringido su deber de vigilancia.

  2. Si los hechos constitutivos de la responsabilidad administrativa pudieran ser, adems, tipificados como delitos o faltas en el Cdigo Penal, deber suspenderse la tramitacin del expediente sancionador hasta que se dicte la correspondiente resolucin judicial.

  3. Si del procedimiento sancionador se derivaran responsabilidades administrativas para los padres y madres, tutores o guardadores, la autoridad sancionadora deber ponerlo en conocimiento del ministerio fiscal por si pudieran deducirse responsabilidades civiles.

Las infracciones contenidas en los artculos anteriores darn lugar a la imposicin de alguna o algunas de las sanciones siguientes:

  1. Apercibimiento.

  2. Multa.

  3. Supresin de las subvenciones o revocacin del convenio de colaboracin.

  4. Prohibicin de acceder a cualquier tipo de ayuda de las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma por un perodo comprendido entre uno y cinco aos.

  5. Cierre temporal, total o parcial, del centro o servicio, por un perodo de hasta dos aos.

  6. Clausura definitiva, total o parcial, del centro o servicio.

  7. Inhabilitacin temporal por un perodo mximo de hasta cinco aos de la persona fsica autora de la infraccin y/o de la persona fsica o jurdica titular del centro o servicio, para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atencin a la infancia y la adolescencia y/o para ejercer cualquier profesin en el mbito de la atencin a la infancia y la adolescencia.

  8. Inhabilitacin temporal por un perodo de entre seis y veinte aos de la persona fsica autora de la infraccin y/o de la persona fsica o jurdica titular del centro o servicio, para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atencin a la infancia y la adolescencia y/o para ejercer cualquier profesin en el mbito de la atencin a la infancia y la adolescencia.

Para la determinacin de la cuanta de las multas y la aplicacin de las dems sanciones, el rgano competente atender a los siguientes criterios de graduacin:

  1. Los perjuicios fsicos, morales y materiales causados.

  2. El riesgo generado.

  3. El grado de culpabilidad e intencionalidad.

  4. La reincidencia de la persona infractora.

  5. El tipo de servicio.

  1. La aplicacin de las sanciones se realizar de la siguiente forma:

    1. Las infracciones leves sern sancionadas con apercibimiento y/o multa de hasta 3.000 euros.

    2. Las infracciones graves sern sancionadas con multas de cuanta comprendida entre 3.001 y 30.000 euros.

    3. Las infracciones muy graves sern sancionadas con multa de cuanta comprendida entre 30.001 y 600.000 euros.

  2. Con independencia de las multas que puedan imponerse conforme al apartado anterior, en los supuestos de infracciones graves o muy graves y en funcin de las circunstancias que concurran en la infraccin, la autoridad sancionadora competente podr acordar adems:

    1. La supresin de las subvenciones o la revocacin del convenio de colaboracin.

    2. La prohibicin de acceder a cualquier tipo de ayuda pblica de las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma por un perodo de hasta dos aos en el caso de las infracciones graves, y por un perodo de dos a cinco aos para las infracciones muy graves.

    3. El cierre total o parcial del centro o servicio por un perodo de hasta un ao, en el caso de infracciones graves, y cierre total o parcial por un perodo de hasta dos aos o clausura definitiva, total o parcial, del centro o servicio en el caso de infracciones muy graves.

    4. Inhabilitacin temporal por un perodo mximo de hasta cinco aos de la persona fsica autora de la infraccin y/o de la persona fsica o jurdica titular del centro o servicio, para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atencin a la infancia y la adolescencia y/o para ejercer cualquier profesin en el mbito de la atencin a la infancia y la adolescencia, en el caso de infracciones graves.

    5. Inhabilitacin temporal por un perodo de entre seis y veinte aos de la persona fsica autora de la infraccin y/o de la persona fsica o jurdica titular del centro o servicio, para ostentar la titularidad de centros o servicios dedicados a la atencin a la infancia y a la adolescencia y/o para ejercer cualquier profesin en el mbito de la atencin a la infancia y la adolescencia, en el caso de infracciones muy graves.

  1. Los ayuntamientos y diputaciones forales ejercitarn la potestad sancionadora en las materias propias de su competencia atribuidas por esta ley. La determinacin del concreto rgano sancionador se realizar conforme a su normativa propia.

  2. El Gobierno Vasco ejercitar la potestad sancionadora en las materias atribuidas a su competencia por esta ley, recayendo dicho ejercicio en los rganos que al efecto designen los departamentos competentes en materia de sanidad, educacin, servicios sociales, justicia, cultura, urbanismo, seguridad ciudadana, comercio interior, defensa de la persona consumidora u otros, cuando la infraccin se produzca en su mbito competencial de actuacin, de acuerdo con lo previsto en los decretos de estructura orgnica de los departamentos competentes.

En atencin al inters de la infancia y la adolescencia, las administraciones pblicas vascas podrn apoyar con medios econmicos y tcnicos aquellas iniciativas de carcter experimental que puedan aportar soluciones innovadoras, siempre que concuerden con los fines previstos en la presente ley y siempre que no conlleven una limitacin de derechos superior a las previsiones de la ley para los supuestos que sean objeto de atencin en cada caso.

Los servicios de carcter experimental a los que se refiere el apartado anterior podrn ser autorizados por la administracin competente, con carcter excepcional, por un plazo mximo de dos aos. Si al cabo de este plazo se considerara, conforme a una evaluacin cualitativa, que la modalidad de atencin as desarrollada constituye una alternativa adecuada y viable, se deber proceder a la regulacin de los requisitos materiales y funcionales que le correspondan. Si no se considerara tal alternativa, dicho servicio perder su autorizacin.

Se autoriza al Gobierno Vasco para actualizar el importe de las multas previstas en el artculo 117 de esta ley.

De conformidad con lo previsto en el artculo 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, no ser necesaria la reclamacin previa en va administrativa para formular oposicin ante los tribunales civiles a las resoluciones administrativas en materia de proteccin de personas menores.

Dentro de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, el Pleno del Parlamento proceder a ratificar el nombramiento de la defensora o defensor de la Infancia y la Adolescencia. El nombramiento se producir por decreto del Lehendakari.

En el caso de que como consecuencia de una reforma de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la institucin del Ararteko, se acogiera en el seno de la propia institucin una adjunta con funciones y competencias idnticas a las atribuidas al defensor o defensora de la Infancia y la Adolescencia, habra de procederse a las oportunas modificaciones del captulo I del ttulo V de la presente ley.

Se declaran, como accin directa las competencias de ejecucin relativas al servicio de informacin y orientacin previsto en el artculo 42 de la presente ley; la elaboracin y aprobacin de los instrumentos de valoracin y de los protocolos de aplicacin en situaciones de riesgo y de desamparo prevista en la disposicin final primera en relacin con el artculo 49, as como las actuaciones de promocin de la adopcin internacional, acreditacin de las entidades colaboradoras de adopcin internacional, tramitacin de expedientes y coordinacin de actuaciones en este campo previstas en el artculo 104c) de la presente ley.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de rango igual o inferior se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

El Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos elaborarn y aprobarn, en el plazo de un ao a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, un instrumento bsico para determinar la gravedad de las situaciones de desproteccin y definir si constituyen una situacin de riesgo leve o moderado, una situacin de riesgo grave o una situacin de desamparo. Lo anterior se entender sin perjuicio de que cada diputacin foral, en su calidad de entidad competente en materia de proteccin a la infancia y la adolescencia, pueda desarrollar dicho instrumento de la forma que mejor se adecue a su realidad. As mismo, se disearn los protocolos de valoracin y comunicacin que permitan agilizar la coordinacin de las actuaciones administrativas.

Complementariamente, las administraciones competentes determinarn en este marco los mecanismos de resolucin idneos para dilucidar los niveles de gravedad de determinadas situaciones de desproteccin cuando estos no se hayan podido definir mediante la aplicacin de los instrumentos tcnicos a los que se refiere el prrafo anterior.

El Gobierno Vasco proceder, en el plazo de un ao a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, a la elaboracin y aprobacin de las normativas reguladoras de los centros residenciales y de los centros de internamiento a las que se refieren, respectivamente, los artculos 78 y 91 de la presente ley.

En tanto no se aprueben las normas reguladoras de los requisitos de autorizacin y homologacin de los servicios y centros que intervienen en la atencin social a la infancia y la adolescencia previstos en esta ley, las administraciones pblicas podrn, en el mbito de sus competencias, mantener los convenios de colaboracin o los conciertos que tengan suscritos con entidades pblicas o privadas.

El Gobierno Vasco proceder, en el plazo de un ao a contar desde la fecha de entrada en vigor de esta ley, a la elaboracin de la normativa reguladora de la autorizacin, registro, inspeccin y homologacin de las entidades colaboradoras de atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad penal a la que se refiere el apartado 2 del artculo 109.

En lo no previsto por la presente ley ser de aplicacin:

  1. En materia de procedimiento administrativo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

  2. En materia de rgimen sancionador, las normas sustantivas y de procedimiento previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

En tanto en cuanto no sea sustituido por otro, el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autorizacin, registro, homologacin e inspeccin de los servicios sociales de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, ser de aplicacin como norma de desarrollo de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales.

Se faculta al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco para dictar disposiciones reglamentarias para el desarrollo de la presente ley.

La presente Ley entrar en vigor a los treinta das de su publicacin en el Boletn Oficial del Pas Vasco.

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