Euskadi.eus
  • LEY 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias. - Legegunea: Normativa del Pais Vasco - Gobierno Vasco - Euskadi.eus

Normativa

Imprimir

LEY 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias.

Identificacin

  • mbito territorial: Autonmico
  • Rango normativo: Ley
  • rgano emisor: Lehendakaritza
  • Estado vigencia: Vigente

Boletn oficial

  • Boletn oficial: BOPV (Pas Vasco)
  • N boletn: 87
  • N orden: 2169
  • N disposicin: 4
  • Fecha de disposicin: 27/04/2023
  • Fecha de publicacin: 10/05/2023

mbito temtico

  • Materia: Organizacin administrativa; Sanidad y consumo
  • Submateria: Gobierno y Administracin Pblica

Texto legal

Mostrar ndiceOcultar ndice

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 4/2023, de 27 de abril, del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias.

Han pasado ms de 15 aos desde la entrada en vigor, el 31 de diciembre de 2003, del Estatuto Vasco de las Personas Consumidoras y Usuarias, aprobado por la Ley 6/2003, de 22 de diciembre. Durante este tiempo, la perspectiva de la proteccin de los derechos en materia de consumo ha cambiado sustancialmente, tanto por la modificacin de la realidad social sobre la que tal produccin normativa ha de actuar como por la importante ampliacin del acervo jurdico producido en los ltimos aos, especialmente, en el entorno de la Unin Europea.

De un lado, es indudable que la sociedad reclama la consideracin y el fomento de un consumo responsable, en lnea con el objetivo n. 12, Produccin y consumo responsables, de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015. Se trata de potenciar nuevos hbitos y actitudes que faciliten relaciones de consumo ajustadas a criterios de racionalidad y sostenibilidad, propiciando un consumo moderado, informado, reflexivo y consciente, con especial atencin a la preservacin del medio ambiente, la calidad de vida, la especificidad cultural, el endeudamiento familiar, la igualdad de mujeres y hombres, los riesgos admisibles y los dems factores que determinan un desarrollo socioeconmico individual y colectivo responsable. Al mismo tiempo, la experiencia de la crisis econmica sufrida en los ltimos aos ha puesto de manifiesto la necesidad de prestar especial proteccin a las personas consumidoras o usuarias vulnerables y a los colectivos o grupos de personas que se encuentren en situacin de inferioridad, subordinacin, indefensin o discriminacin, en su condicin de consumidoras o usuarias.

A tales circunstancias hay que aadir el cambio sustancial de los hbitos de consumo que se ha producido en los ltimos tiempos. En efecto, hoy en da asistimos a un mercado con tipos de productos y formas de uso muy novedosas, en gran medida de carcter tecnolgico, ofrecidos usualmente en pginas web, a travs de empresas diferentes, lo que dificulta identificar en cada caso el carcter de la intervencin, la posicin y la responsabilidad jurdica de cada una de ellas. A ello se une el incremento considerable de las contrataciones a distancia o fuera de establecimiento mercantil, la relajacin documental en las contrataciones, el aumento tanto de contratos verbales o sin formalizacin escrita como de contratos de adhesin, as como la aparicin de nuevas formas de publicitar y comercializar los productos a distancia, sobre todo en el mbito de la prestacin de servicios, lo que conlleva una sucesin de distintas empresas prestadoras que concurren en la misma relacin de consumo.

De otro lado, el cambio del marco normativo de referencia exige tambin una labor de adaptacin y actualizacin normativa en nuestro mbito. En este sentido, la Unin Europea ha dictado gran nmero de normas de proteccin en materia de consumo, regulando numerosos sectores y estableciendo mecanismos de proteccin tendentes a facilitar la ejecucin real y efectiva de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, a los que ms adelante nos referiremos. As mismo, el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, refundi la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y las normas de transposicin de las directivas comunitarias dictadas en materia de proteccin de las personas consumidoras y usuarias que incidan en los aspectos regulados en ella. La disposicin, que ha sido objeto de varias modificaciones posteriores, seala entre sus preceptos los que tienen carcter bsico y los que se dictan al amparo de competencias exclusivas del Estado, estableciendo un marco a partir del cual ha de desarrollarse el Estatuto vasco de las Personas Consumidoras y Usuarias.

En el mbito organizativo interno, la creacin de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, mediante la Ley 9/2007, de 29 de junio, marca un hito que naturalmente ha de ser considerado en la nueva regulacin. Dicho organismo autnomo, que tiene como objetivos definir, planificar, impulsar y ejecutar las polticas del Gobierno Vasco en materia de defensa y proteccin de las personas consumidoras y usuarias, asume con carcter general todas las competencias y funciones que con anterioridad correspondan al rgano del Gobierno Vasco competente en materia de consumo. Esta nueva estructura organizativa facilita una mejor y ms rpida respuesta a las exigencias sociales cada vez mayores para asesorar y encauzar los conflictos que surgen en relacin con el consumo.

La proteccin de los intereses de las personas consumidoras y usuarias es uno de los principios rectores de la poltica social y econmica, que exige disponer de un marco jurdico adecuado para garantizar la seguridad, la salud y los legtimos intereses econmicos, con especial atencin a la informacin y a la educacin; en virtud de lo dispuesto por el artculo 51 de la Constitucin, es una obligacin de todos los poderes pblicos, que, en consecuencia, alcanza tanto al Estado como a las comunidades autnomas y a la Administracin local.

La materia consumo, entendida como el conjunto de reglas jurdicas que tienen por objeto proteger a las personas consumidoras y usuarias, tiene carcter pluridisciplinar o trasversal y se articula a travs de distintos sectores de la actividad administrativa, como la ordenacin sanitaria, la industria, el comercio o los transportes. El Tribunal Constitucional ha puesto de relieve la dificultad de deslindar esta competencia, pues la defensa de las personas consumidoras es un concepto de tal amplitud y de contornos tan imprecisos que supone encontrarnos ante una materia que se caracteriza ante todo por su contenido pluridisciplinar, en la que se concita una amplia variedad de materias y es frecuente que una norma pueda estar comprendida en ms de una de las reglas definitorias de competencias. En efecto, la regulacin atinente a la proteccin del consumo puede ser parte de la legislacin civil o mercantil, del derecho procesal, del rgimen sobre determinados productos (farmacuticos, explosivos, entre otros) o del comercio interior; adems de ello, es susceptible de integrar las bases y la coordinacin de la planificacin general de la economa, las bases y coordinacin general de la sanidad o la regulacin de las condiciones bsicas que garanticen la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes.

En todo caso, la jurisprudencia constitucional ha ido elaborando una serie de reglas competenciales que han de ser consideradas, entre otras, de un lado, la reserva al Estado de las determinaciones legales que afecten al contenido de los contratos, as como el rgimen de responsabilidad civil, el rgimen de garantas, mediante el establecimiento de un servicio de posventa obligatorio, el rgimen de la tutela judicial y las reglas de legitimacin en orden al acceso de las personas consumidoras y usuarias a los tribunales y la regulacin del arbitraje y las clusulas abusivas; de otro lado, la atribucin al mbito legislativo autonmico de los aspectos jurdico-administrativos de las relaciones de consumo, en especial, de determinados tipos de ventas, de las normas preventivas contra las clusulas abusivas y de aquellas que abordan aspectos administrativos sobre la condicin y capacidad jurdica de las personas comerciantes, as como el derecho de informacin de las personas consumidoras y usuarias, a lo que hay que aadir el desarrollo de las bases estatales, en las materias citadas.

La presente ley contiene 163 artculos, dos disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposicin derogatoria y una disposicin final. La ley, que se estructura en siete ttulos, contiene una regulacin completa y sistemtica de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y de las actuaciones administrativas encaminadas a su promocin y garanta, de cuyo contenido, por su carcter novedoso, podemos destacar las siguientes cuestiones:

La declaracin, en el artculo 17, del principio de consumo responsable, que orientar las relaciones de consumo hacia criterios de racionalidad y sostenibilidad; y, ms concretamente, con la finalidad de evitar el despilfarro alimentario, la regulacin en el artculo 18 de dos medidas referidas a los establecimientos que presten servicios de restauracin, sin coste alguno para la clientela: de un lado, el ofrecimiento de agua de grifo para su consumo, y, de otro, poder llevarse los alimentos que no se hayan consumido, tras informarla de esta posibilidad de manera clara y visible, a travs de la carta o men o de avisos colocados en el establecimiento.

La obligacin, que se recoge en el artculo 23.1, de que los servicios mdicos, tanto de Osakidetza-Servicio vasco de salud como de carcter privado, comuniquen los riesgos derivados del uso o consumo de un producto, que conozcan por razn de la atencin prestada.

La prohibicin, recogida en el artculo 30, de vender bienes y servicios a domicilio, salvo que la visita haya sido aceptada previa y expresamente por las personas interesadas, correspondiendo a la empresa acreditar dicha aceptacin.

La proteccin contra abusos contractuales a travs de la difusin de clusulas y prcticas empresariales abusivas, informando sobre su contenido y caractersticas y las empresas que las realizan, cuando hayan sido objeto de sancin administrativa o declaracin judicial en tal concepto, de conformidad con la previsin del artculo 35.2.

En los suministros a las viviendas habituales de servicios de carcter bsico de inters general, tales como agua, electricidad, gas, telfono o Internet, la obligacin de las empresas de ofrecer un plazo de subsanacin a la persona usuaria, antes de interrumpir la prestacin, de conformidad con el artculo 36.

La regulacin, en el artculo 37, de los servicios de atencin a la clientela de las personas empresarias, las cuales debern poner a disposicin de las personas consumidoras y usuarias una direccin postal y, as mismo, una direccin electrnica o un nmero de telfono de tipo geogrfico; y, en el caso de grandes establecimientos comerciales, su personal habr de contar con formacin acreditada en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

El impulso de cdigos de buenas prcticas empresariales y la posibilidad de que Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo participe en su elaboracin, en los trminos del artculo 40.

La previsin contenida en los artculos 42.3 y 155, que permite que la resolucin sancionadora en materia de consumo pueda acordar igualmente la obligacin de resarcir por los daos y perjuicios ocasionados y determinar el importe de la correspondiente indemnizacin, que ser ejecutiva por la va de apremio.

La obligacin establecida por el artculo 49, a cuyo tenor, los parques o espacios recreativos, autopistas y cualesquiera otras empresas que ofrezcan al pblico un servicio o actividad cuyo disfrute pueda verse afectado por obras de mantenimiento o reparacin, afluencia de un elevado nmero de personas, previsin de condiciones meteorolgicas adversas u otras circunstancias que puedan afectar al desarrollo de la actividad, debern facilitar dicha informacin para que pueda ser tenida en cuenta por las personas consumidoras y usuarias antes de su contratacin.

La exigencia, establecida por el artculo 50, de que las ofertas en lnea de servicios tcnicos, asistencia al hogar, reparacin u otros similares, informen con claridad a las personas consumidoras y usuarias acerca de la identidad de la empresa con la que vaya a celebrarse el contrato y de la responsabilidad que sobre tal contratacin corresponde a las oferentes.

La previsin del artculo 52, que permite a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo dar difusin de las reclamaciones planteadas, sus motivos, las empresas y los sectores afectados, cuando sea conveniente para garantizar la salud, la seguridad o los intereses econmicos y sociales de las personas consumidoras y usuarias o su derecho a la informacin.

Una regulacin completa y sistemtica, en el captulo VII del ttulo III, de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, estableciendo sus principios de actuacin y los requerimientos de independencia y transparencia exigibles para poder utilizar tal denominacin, as como los requisitos necesarios para ser consideradas asociaciones representativas.

La apuesta clara, en el ttulo IV de la ley, por la promocin de los sistemas alternativos de resolucin de conflictos, a travs de la regulacin de la mediacin; la consideracin de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo como autoridad competente para la acreditacin de entidades de resolucin alternativa de conflictos en materia de consumo en el mbito de Euskadi; y la introduccin de la adhesin al arbitraje como regla general en el sector pblico y en el mbito de la contratacin pblica, as como su valoracin en los premios de calidad y en el otorgamiento de ayudas y subvenciones.

La inclusin en el ttulo V de una regulacin completa y sistemtica y con carcter general no solo en el mbito del procedimiento sancionador de las actuaciones administrativas de vigilancia y control de bienes y servicios y, entre ellas, las medidas provisionales a adoptar en caso de riesgo, la toma de muestras, incluidas las compras de prueba, y la prctica de anlisis, en concordancia con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas y en la normativa de la Unin Europea.

Al abordar la regulacin de la inspeccin de consumo, la autorizacin, en el artculo 118.2, al personal inspector a no identificarse, cuando por tal motivo pueda frustrarse la finalidad de su actuacin o en aquellos supuestos en los que sta se realice en entornos incompatibles con la identificacin; la previsin expresa, en el artculo 122.h), de la toma de muestras y compras de prueba bajo identidad encubierta, cuando sea necesario para comprobar el cumplimiento de la normativa afectada; previsiones que se completan con la posibilidad, reflejada en el artculo 118.2, de realizar inspecciones sin presencia de la persona objeto de las actuaciones cuando no haya obligacin de identificarse, todo ello en lnea con los criterios establecidos en las ltimas normas de la Unin Europea.

La inclusin en la regulacin de la potestad sancionadora de un extenso catlogo de infracciones, en los artculos 135 a 142, ajustado al panorama normativo actual, as como, la posibilidad de publicar, sin carcter de sancin, una relacin sucinta de las infracciones cometidas en los ltimos tres aos, con objeto de que las personas consumidoras y usuarias puedan conocerlas y prevenir la continuidad de las conductas ilcitas, segn establece el artculo 154.

Por lo que atae a las competencias municipales, la nueva regulacin no se propone innovar el diseo que ha venido funcionando con plena satisfaccin hasta la fecha, al amparo de la normativa vigente. As, se parte de lo establecido por el artculo 17.1.11) de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, a cuyo tenor los municipios podrn ejercer competencias propias en el mbito material de ordenacin y gestin de la defensa y proteccin de las personas consumidoras y usuarias. En tal marco, la presente ley, tras atribuir a los ayuntamientos la funcin de velar por la defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en el mbito de su territorio, concretamente establece que, cuando dispongan de personal inspector, podrn ejercer funciones de vigilancia y control de bienes y servicios, as como la potestad sancionadora, en los trminos sealados por el artculo 134.d), siempre que se trate de empresas y establecimientos domiciliados en su trmino municipal y la infraccin se haya cometido en tal mbito. El precepto citado delimita la competencia municipal a la imposicin de sanciones de multa de hasta 50.000 euros por la comisin de infracciones leves y graves.

De otro lado, la ley atribuye igualmente a los ayuntamientos funciones de fomento y apoyo de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, actuaciones de informacin y formacin de las personas consumidoras y usuarias y de tramitacin de quejas, reclamaciones y denuncias. Y dispone que dichos cometidos se desarrollarn a travs de las oficinas municipales de informacin a las personas consumidoras y usuarias, cuando los ayuntamientos, en ejercicio de su potestad de autoorganizacin, se doten de ellas. En tales casos, las oficinas de informacin podrn tramitar quejas, reclamaciones y denuncias, as como realizar las funciones de mediacin que se regulan en el ttulo IV.

En definitiva, la opcin del legislador permite complementar la actuacin de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, de carcter ms especializado y con una visin ms global de las polticas pblicas en materia de consumo, con la de los distintos municipios, que cuentan con una mayor cercana a las personas consumidoras y usuarias, as como la aplicacin, en el caso de concurrencia de actuaciones administrativas, de los principios de especialidad, subsidiariedad, cooperacin, coordinacin y unidad de accin, tal y como establece el artculo 7 de la ley, con el objetivo de ofrecer una mejor y ms eficaz proteccin a las personas consumidoras y usuarias.

El ttulo I de la ley, sobre disposiciones generales, aborda su objeto y mbito de aplicacin y establece un principio general de proteccin de las personas consumidoras y usuarias, as como las definiciones ms relevantes utilizadas en el texto normativo.

El ttulo II, que se estructura en dos captulos, contempla las competencias de las administraciones pblicas de Euskadi. El captulo I seala las competencias en materia de proteccin de las personas consumidoras y usuarias que corresponden al Gobierno Vasco y a sus distintos departamentos, a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, as como a los ayuntamientos; igualmente, regula los principios aplicables a los supuestos de concurrencia de actuaciones administrativas y la cooperacin administrativa.

El captulo II, dedicado a la Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi, establece su naturaleza, funciones, composicin y funcionamiento.

El ttulo III de la ley se dedica a los derechos de las personas consumidoras y usuarias, y se divide en ocho captulos, con el contenido que se indica a continuacin. El captulo I, sobre disposiciones generales, tras enumerar los derechos de las personas consumidoras y usuarias que son objeto de desarrollo en los captulos siguientes, establece los mbitos o las situaciones a las que deber orientarse con carcter preferente la actuacin protectora; as mismo, recoge el principio de irrenunciabilidad de los derechos en materia de consumo, de interpretacin favorable a las personas consumidoras y usuarias, de buena fe y equilibrio de las posiciones jurdicas, as como el principio de consumo responsable; y regula, en concreto, dos medidas contra el despilfarro alimentario, a las que ya nos hemos referido al sealar las novedades de esta ley. En coherencia con lo expuesto, finaliza el captulo condicionando las actuaciones en materia de consumo a la asuncin por las personas consumidoras y usuarias de las responsabilidades que enumera.

El captulo II regula el derecho a la proteccin frente a riesgos que afecten a la salud y la seguridad; en tal sentido, declara el deber general de seguridad, a cuyo tenor, los bienes y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras o usuarias han de ser seguros, por remisin al Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos, y al resto de la normativa que sea de aplicacin; as mismo, establece el deber de informar sobre los riesgos, as como de comunicacin de riesgos por parte de los servicios mdicos, antes sealada.

El captulo III aborda el derecho a la proteccin de los intereses econmicos y sociales, en cuatro secciones. La seccin primera regula el derecho a la conformidad de los bienes y servicios y las prcticas comerciales, establece el contenido de las ofertas comerciales y obliga a reprimir las prcticas comerciales ilcitas o agresivas; prohbe, como se ha dicho, la venta a domicilio sin previa cita y declara el derecho a que consten por escrito las condiciones de las ofertas realizadas verbalmente antes de interrumpir la prestacin de que se trate.

La seccin segunda, sobre el principio de no discriminacin y la proteccin contra abusos contractuales, recoge el derecho a acceder sin discriminacin a los bienes y servicios, dentro de las disponibilidades del oferente, y prohbe que se establezca una diferenciacin en los precios en funcin del gnero; igualmente, establece la necesidad de actuar preventivamente contra los abusos contractuales y prev la obligacin antes citada que incumbe a las empresas de servicios de carcter bsico de inters general en vivienda habitual, de ofrecer un plazo a la persona interesada antes de interrumpir la prestacin.

La seccin tercera regula los servicios de atencin a la clientela en las empresas, estableciendo como ya se ha sealado la obligacin de poner a disposicin de las personas consumidoras y usuarias una direccin postal y, as mismo, una direccin electrnica o un nmero de telfono, que ser de tipo geogrfico. Proclama tambin la atencin diligente de las personas empresarias en la satisfaccin de las quejas y reclamaciones que se pudieran formular y establece unas normas mnimas de obligado cumplimiento. Finalmente, en el caso de grandes establecimientos comerciales, exige que el servicio sea atendido por personal con formacin acreditada en la materia; as mismo, en servicios de carcter bsico de inters general en las viviendas, requiere que haya un telfono de atencin urgente.

La seccin cuarta, finalmente, ordena promover los cdigos de buenas prcticas como instrumento para la proteccin de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y de mejora de la regulacin del mercado; y atribuye a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y a los ayuntamientos en su caso el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes para hacer cesar las actividades lesivas para los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias.

El captulo IV, dedicado al derecho a la reparacin del dao derivado de bienes y servicios, contiene uno de los aspectos novedosos de esta ley que ya se ha anticipado, que permite contemplar en la propia resolucin sancionadora el importe de la indemnizacin de daos y perjuicios ocasionados a la persona consumidora o usuaria.

El captulo V, relativo al derecho a la informacin de las personas consumidoras y usuarias, est estructurado en tres secciones. La primera, que establece el contenido del derecho a la informacin sobre los bienes y servicios, regula la informacin mnima del etiquetado y la presentacin de los bienes y servicios; la publicidad de las ofertas promocionales; y, adems, la informacin sobre precios y otras informaciones, entre las que destaca la obligacin ya citada de las empresas que desarrollen determinadas actividades o servicios de indicar, antes de la contratacin, las incidencias que puedan afectar a su ptimo disfrute. La seccin segunda, sobre actuaciones administrativas de informacin, tras enumerar los tipos de actuaciones, prev, de un lado, la difusin de las reclamaciones planteadas, a la que ya se ha hecho alusin; y, de otro, las campaas especficas de informacin. Finalmente, la seccin tercera tiene por objeto las oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias, previendo su creacin y coordinacin, as como sus funciones.

El captulo VI, que regula el derecho a la educacin y a la formacin en materia de consumo, establece una serie de actuaciones y responsabilidades de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en orden a su promocin.

El captulo VII, sobre derecho de representacin, participacin y consulta, se estructura en cuatro secciones, que ofrecen una regulacin completa de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias. En la seccin primera se incluyen las disposiciones generales sobre el reconocimiento y fomento del asociacionismo, la definicin del concepto de asociaciones de personas consumidoras y usuarias, vinculado a su inscripcin en el registro especfico, y la fijacin de los requisitos de las asociaciones representativas en el mbito de Euskadi, a quienes se otorga legitimacin para representar los intereses generales o difusos de las personas consumidoras y usuarias en este mbito.

En la seccin segunda se establecen los principios de actuacin y los requisitos de independencia y transparencia que deben cumplir todas las asociaciones de personas consumidoras y usuarias para poder utilizar esa denominacin, y se dispone la obligacin de depositar sus cuentas anuales en Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

En la seccin tercera se regulan las funciones y los derechos de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y la colaboracin entre asociaciones de personas consumidoras y usuarias y organizaciones empresariales.

Finalmente, en la seccin cuarta se ordena el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi y se prev la baja de la inscripcin, por una duracin no inferior a cinco aos de aquellas asociaciones que incumplan los requisitos exigibles, realicen actividades prohibidas o divulguen, dolosa o negligentemente, informacin errnea de la que se deriven daos o perjuicios para personas terceras. La baja de la inscripcin tendr una duracin entre dos y cinco aos en el caso de aquellas asociaciones que no puedan acreditar haber desarrollado durante el periodo de un ao las actividades que les son propias.

El captulo VIII aborda la regulacin de los derechos lingsticos de las personas consumidoras y usuarias, partiendo de los principios que inspiraron la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, bsica de normalizacin del uso del Euskera y la Ley 2/2012, de 9 de febrero, de modificacin de la Ley 6/2003, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, en el sentido de entender que, en el mbito de la utilizacin de los idiomas oficiales por las personas particulares no integradas en la Administracin pblica, es preferible la disposicin de medidas de fomento y estmulo que refuercen la oportunidad de facilitar a la ciudadana el uso de cualquiera de las lenguas cooficiales en los diferentes mbitos en que se desenvuelve.

Por ello, partiendo de la configuracin del derecho de toda persona consumidora y usuaria a expresarse en la lengua oficial que escoja, la ley ofrece distintas respuestas segn la relacin de aquellas se trabe con las entidades pblicas o el sector privado. Con respecto a las primeras, la ley define su posicin en trminos anlogos a los vigentes con anterioridad, de forma que, adems de la puesta a disposicin de las personas consumidoras y usuarias de una serie de documentos y otros elementos en euskera o en castellano o de forma bilinge, comprende tambin el derecho de disponibilidad lingstica de dichas personas, esto es, el derecho a ser atendidas por las entidades pblicas en la lengua oficial que elijan.

Junto a ello, la ordenacin del sector privado se cie a establecer ciertas obligaciones en relacin con los documentos y otros elementos que han de facilitarse en los idiomas oficiales, por parte de las empresas de sectores de carcter bsico de inters general, as como por los grandes establecimientos comerciales, para cuya efectividad la disposicin adicional primera concede el plazo de un ao.

En coherencia con ese planteamiento, la ley hace un llamamiento a las administraciones pblicas con competencias en la materia para que de forma coordinada articulen las medidas y los programas de promocin y fomento que permitan avanzar en la efectividad del ejercicio de los derechos lingsticos que la ley reconoce a las personas consumidoras y usuarias. Para facilitar el conocimiento de esa efectividad, la disposicin adicional segunda prev la cumplimentacin voluntaria peridica de cuestionarios.

El ttulo IV, sobre actuaciones administrativas en el mbito de la resolucin de conflictos de consumo, se enmarca en la regulacin vigente, constituida fundamentalmente por la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediacin en asuntos civiles y mercantiles y la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurdico espaol la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolucin alternativa de litigios en materia de consumo. El ttulo est dividido en cuatro captulos:

En el captulo I, sobre disposiciones generales, se establece la obligacin de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo de llevar a cabo las actuaciones necesarias para que las personas consumidoras y usuarias y las empresas puedan disponer de sistemas alternativos de resolucin de conflictos.

En el captulo II se regulan las quejas, reclamaciones y denuncias, as como las hojas de reclamaciones a disposicin de las personas consumidoras o usuarias, respecto de las que se prev la utilizacin de medios electrnicos.

En el captulo III se regula la mediacin, estableciendo los principios de actuacin y el procedimiento, as como la consideracin de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo como autoridad competente para la acreditacin de entidades de resolucin alternativa de conflictos en materia de consumo, en el mbito territorial de Euskadi.

Finalmente, en el captulo IV se contempla el arbitraje y se encomienda a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo articular el sistema arbitral de consumo, en coordinacin con los ayuntamientos, a travs de la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi. Como novedad ya sealada, se establece la adhesin al arbitraje en el sector pblico y en las empresas que contraten con las administraciones pblicas vascas, as como su valoracin en el otorgamiento de premios de calidad y ayudas y subvenciones.

El ttulo V regula las actuaciones administrativas de vigilancia y control, en tres captulos. En el captulo I, sobre medidas de carcter general, se establecen los principios de actuacin y se atribuyen a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo facultades de control y vigilancia de bienes y servicios, que sern igualmente aplicables a los ayuntamientos que dispongan de personal inspector.

En el captulo II se regula expresamente, por primera vez con carcter general y no solo en el mbito del procedimiento sancionador, como ya se ha sealado, las medidas provisionales que pueden adoptarse en caso de riesgo, con arreglo al principio de proporcionalidad y siguiendo el procedimiento que se establece.

Igualmente, en el captulo III se abordan con igual carcter general para todas las actuaciones la toma de muestras y las compras de prueba, incluso en la venta a distancia, as como la prctica de anlisis, con previsin de la responsabilidad por los gastos derivados de tales operaciones y los distintos supuestos que pueden darse.

El ttulo VI contempla la inspeccin de consumo. Destaca, por su novedad, como ya se ha dicho, la previsin expresa que autoriza al personal inspector a no identificarse cuando por tal circunstancia pueda frustrarse la finalidad de su actuacin. As mismo, se regulan el mbito, los criterios y los principios de actuacin, los deberes, la condicin de autoridad, las funciones y facultades del personal inspector, las obligaciones de las personas objeto de inspeccin, el deber de colaboracin, las modalidades de actuacin y su documentacin.

Finalmente, el ttulo VII de la ley regula la potestad sancionadora, en seis captulos. En el captulo I, sobre disposiciones generales, se establece su mbito de aplicacin, la validez de documentos admitidos por otras administraciones y los rganos competentes para sancionar.

El captulo II contiene una extensa tipificacin de las infracciones, que se ajusta al panorama normativo vigente, distinguiendo entre infracciones en materia de proteccin de la salud y seguridad de las personas consumidoras y usuarias; infracciones por alteracin, adulteracin, fraude o engao; infracciones en materia de informacin, comercializacin y condiciones de venta y suministro de bienes y servicios; infracciones en materia de informacin precontractual; infracciones en materia de contratos con personas consumidoras y usuarias; infracciones en materia de garanta y servicio posventa; infracciones en relacin con las actuaciones de vigilancia, control e inspeccin y otras infracciones.

En el captulo III se regula la calificacin de las infracciones, partiendo, como criterio general, de considerarlas como leves, salvo que concurra una o ms de las circunstancias que establece: como criterio especfico, se califican como graves o muy graves los incumplimientos que se sealan expresamente, y que hacen referencia al rgimen de contratacin fuera del establecimiento o a distancia; a la falta de ofrecimiento de determinada informacin en relacin con la resolucin alternativa de litigios; a la negativa, tras un segundo o posterior requerimiento, a facilitar datos o informaciones expresamente solicitadas; as como la comisin de otra infraccin en los dos aos anteriores.

El captulo IV se estructura en tres secciones y regula las sanciones principales y accesorias y su graduacin, de acuerdo con las circunstancias que establece. Como novedades, ya sealadas, hay que citar la posibilidad de publicar las infracciones cometidas, que no tiene carcter de sancin, y la previsin en la propia resolucin sancionadora de la indemnizacin de daos y perjuicios a la persona perjudicada. El ttulo se cierra con los captulos V, sobre responsabilidad, y VI, sobre prescripcin y caducidad.

Finalmente, las disposiciones transitorias primera y segunda mantienen la vigencia de los actuales decretos que establecen, respectivamente, los requisitos de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias representativas, as como la regulacin de las hojas de reclamaciones, hasta que se desarrollen reglamentariamente los preceptos que en la presente ley contemplan dichas cuestiones. La disposicin transitoria tercera establece para las mquinas automticas dispensadoras de bienes o servicios un plazo de adaptacin de dos aos para el cumplimiento de la obligacin recogida en el artculo 25.3. La disposicin derogatoria deja sin vigor la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, as como el Decreto 123/2008, de 1 de julio, sobre los derechos lingsticos de las personas consumidoras y usuarias, en aquellos de sus contenidos que no encuentren acomodo en la ley. Por ltimo, la disposicin final regula la entrada en vigor de la ley al da siguiente de su publicacin en el Boletn Oficial del Pas Vasco.

  1. La presente ley tiene por objeto la proteccin, defensa y promocin de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  2. Quedan excluidas del mbito de aplicacin de esta ley las relaciones entre las administraciones pblicas o los entes del sector pblico y las personas consumidoras y usuarias, cuando lleven a cabo actividades de servicio pblico por las que no haya de pagarse contraprestacin o esta sea de naturaleza tributaria.

La defensa y proteccin de las personas consumidoras y usuarias guiarn la actuacin de las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma de Euskadi y, en particular, de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

A los efectos de esta ley, se entiende por:

  1. Brecha digital: diferencias entre colectivos sociales en el acceso, uso o impacto de las tecnologas de la informacin y la comunicacin (TIC). Estos colectivos se definen en funcin de criterios socioeconmicos, geogrficos, de gnero, edad y diversidad funcional.

  2. Cdigo de buenas prcticas: conjunto de normas de carcter voluntario en el marco de la autorregulacin empresarial, que definen el comportamiento de personas empresarias que se comprometen a cumplirlas en relacin con una o ms prcticas comerciales o sectores econmicos y cuyo objeto es mejorar la informacin, proteccin y defensa de las personas consumidoras y usuarias.

  3. Consumo responsable: Se entiende por consumo responsable aquel que se realiza de forma moderada y reflexiva y basado en la libre, consciente e informada toma de decisiones en funcin de criterios econmicos, sociales, laborales y medioambientales.

  4. Denuncia: comunicacin ante la Administracin de unos determinados hechos relativos a una relacin de consumo, que pueden ser constitutivos de infraccin administrativa. La denuncia deber expresar la identidad de la persona que la formule, la fecha en que se produjeron los hechos y, cuando sea posible, la identificacin de los presuntos responsables.

  5. Distintivo de calidad: signo externo o visible que pueden otorgar las administraciones pblicas o los organismos legalmente acreditados a las personas empresarias que se adhieran a determinados cdigos de buenas prcticas o a los bienes o servicios que tengan marcas de garanta.

  6. Establecimiento comercial: toda instalacin inmueble en la que se practique la venta al por menor o en la que se ejerza una profesin u oficio de forma permanente, o toda instalacin mvil en la que la persona empresaria ejerce su actividad de forma habitual.

  7. Queja: manifestacin que realiza una persona consumidora o usuaria, expresando su disconformidad sobre un bien o servicio objeto de una relacin de consumo, sin ejercer otras pretensiones.

  8. Mediacin de consumo: procedimiento a travs del cual la intervencin de una tercera persona imparcial, neutral y experta intenta ayudar a las partes de una relacin de consumo en la consecucin, por ellas mismas, de un acuerdo satisfactorio para ambas.

  9. Personas consumidoras y usuarias: las personas fsicas que acten con un propsito ajeno a una actividad comercial, empresarial, oficio o profesin. En todo caso, se presume que las personas fsicas ostentan la condicin de consumidoras o usuarias, salvo prueba en contrario.

    Son tambin personas consumidoras o usuarias las personas jurdicas y las entidades sin personalidad jurdica que acten sin nimo de lucro en un mbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.

  10. Personas consumidoras y usuarias vulnerables: aquellas personas fsicas que, de forma individual o colectiva, respecto de relaciones concretas de consumo, por sus caractersticas, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o temporalmente, en una especial situacin de subordinacin, indefensin o desproteccin que les impide el ejercicio de sus derechos como personas consumidoras o usuarias en condiciones de igualdad.

    Lo indicado en este artculo se aplicar sin perjuicio de la normativa sectorial que en cada caso resulte de aplicacin.

  11. Persona empresaria: toda persona fsica o jurdica, ya sea privada o pblica, que acte directamente o a travs de otra persona en su nombre o siguiendo sus instrucciones, con un propsito relacionado con su actividad comercial o empresarial, oficio o profesin.

  12. Persona o entidad productora: quien fabrica el bien o presta el servicio o su persona intermediaria, o quien importa el bien o servicio en el territorio de la Unin Europea, as como cualquier persona que se presente como tal al indicar en el bien ya sea en el envase, en el envoltorio o en cualquier otro elemento de proteccin o presentacin o servicio su nombre, marca u otro signo distintivo.

  1. Persona o entidad proveedora o distribuidora: la persona empresaria que suministra o distribuye bienes en el mercado, cualquiera que sea el ttulo o contrato en virtud del cual realice dicha distribucin, con inclusin de las personas minoristas.

  2. Prctica comercial: todo acto, omisin, conducta, manifestacin o comunicacin comercial, incluida la publicidad y la comercializacin, directamente relacionado con la promocin, la venta o el suministro de bienes o servicios, incluidos los inmuebles, con independencia de que sea realizada antes, durante o despus de una operacin comercial.

    No tienen la consideracin de prcticas comerciales las relaciones de naturaleza contractual.

  1. Precio: cualquier contraprestacin, dineraria o de otro tipo, que deban realizar las personas consumidoras y usuarias para la adquisicin de un bien o la prestacin de un servicio, con independencia de que se presente bajo la denominacin de puntos, canon, matrcula u otras anlogas.

  2. Reclamacin: manifestacin que realiza una persona consumidora o usuaria, poniendo en conocimiento de la Administracin su disconformidad sobre un bien o servicio objeto de una relacin de consumo, unida a la solicitud de que se cumplimente correctamente o se sustituya la prestacin y en su caso se le resarza de los daos y perjuicios sufridos.

  3. Relacin de consumo: relacin jurdica establecida entre una persona consumidora o usuaria y una persona empresaria, que comprende la informacin, oferta, promocin, publicidad, comercializacin, utilizacin, venta y suministro de bienes o servicios, incluidos aquellos de carcter digital, y cuantas obligaciones se deriven de tales aspectos.

  4. Resolucin alternativa de conflictos: cualquier procedimiento distinto del jurisdiccional que permita poner fin a las controversias surgidas en el marco de una relacin de consumo.

  5. Riesgo: probabilidad de que la salud, la seguridad o los intereses econmicos de las personas consumidoras o usuarias sufran un dao o perjuicio derivado de la utilizacin, el consumo o la presencia de un producto, bien o servicio.

  6. Servicios de carcter bsico de inters general: los de suministro de agua, gas, electricidad, servicios de telefona, financieros y de seguros, postales, transporte areo, ferroviario y por carretera, proteccin de la salud, saneamiento y residuos, as como aquellos que legalmente se determinen.

  7. Empresa de servicios bsicos: aquellas que atienden los servicios esenciales para la ciudadana y empresas, tales como agua, energa, telefona o seguros.

  1. Corresponden al Gobierno Vasco las siguientes competencias:

    1. Disear la planificacin general de la poltica de proteccin de las personas consumidoras y usuarias en su mbito territorial y promover planes de actuacin interdepartamentales que afecten a aquella.

    2. Aprobar los reglamentos en desarrollo y aplicacin de esta ley.

    3. Ejercer la potestad sancionadora en esta materia, en los trminos establecidos en la presente ley.

  2. Corresponde al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de consumo desarrollar las funciones previstas en la presente ley, y en particular, al menos, las siguientes actuaciones:

    1. Realizar la inspeccin y control de mercado de bienes y productos y adoptar las medidas administrativas oportunas para la proteccin de las personas consumidoras frente a cada tipo de riesgo.

    2. Fomentar y desarrollar los sistemas de resolucin extrajudicial de conflictos de consumo.

    3. Fomentar el asociacionismo de consumo.

    4. Ejercer la potestad sancionadora, en los trminos sealados en esta ley.

    5. La resolucin de los recursos de alzada contra los actos de naturaleza administrativa dictados por la Direccin de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

  3. Sin perjuicio de las atribuciones que en virtud de esta ley corresponden a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, los departamentos del Gobierno Vasco competentes en materia de salud, vivienda, agroalimentacin, medio ambiente, turismo y otras reas especficas, ejercern las funciones que expresamente les atribuya la normativa sectorial aplicable, de acuerdo con el principio de especialidad.

Corresponde a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo el ejercicio de las funciones en materia de proteccin a las personas consumidoras y usuarias no atribuidas expresamente en la presente ley a otros rganos o administraciones y, en particular, las establecidas por el artculo 4 de la Ley 9/2007, de 29 de junio, de creacin de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

  1. Corresponde a los ayuntamientos velar por la proteccin y defensa de las personas consumidoras y usuarias, en el mbito de su territorio, con el alcance y contenido que les atribuye la presente ley y el resto de normas jurdicas que sean de aplicacin, de conformidad con los principios de descentralizacin y de mxima proximidad de la gestin administrativa a la poblacin.

  2. Cuando dispongan de personal inspector, los ayuntamientos podrn ejercer las siguientes funciones:

    1. Adoptar las medidas de vigilancia y control de bienes y servicios previstas en el ttulo V de esta ley.

    2. Ejercer la potestad sancionadora en la materia, en los trminos sealados en el artculo 134.d) de esta ley, cuando se trate de personas empresarias domiciliadas o establecimientos instalados en su trmino municipal y la infraccin se haya cometido en dicho trmino.

  3. Igualmente corresponde a los ayuntamientos:

    1. Fomentar y apoyar en su mbito territorial a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

    2. Llevar a cabo actuaciones de informacin y formacin dirigidas a las personas consumidoras y usuarias.

    3. Recibir las quejas, reclamaciones y denuncias de las personas consumidoras y usuarias o de las asociaciones que las representen cuando estn legitimadas para interponerlas.

  4. Las funciones sealadas en el apartado precedente se desarrollarn a travs de las oficinas municipales de informacin a las personas consumidoras y usuarias, cuando los ayuntamientos, en ejercicio de su potestad de autoorganizacin, se doten de ellas.

    En tal caso, dichas oficinas podrn tramitar quejas, reclamaciones y denuncias, y realizar funciones de mediacin, de conformidad con lo dispuesto en el ttulo IV de esta ley.

  1. En los supuestos de concurrencia de varias administraciones, se actuar bajo los principios de especialidad, subsidiariedad, cooperacin, coordinacin y unidad de accin, a fin de garantizar una eficaz proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

  2. Con objeto de evitar disfunciones, los ayuntamientos que ejerzan la potestad sancionadora en materia de consumo lo comunicarn a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo. Igualmente, remitirn las rdenes de incoacin de expedientes sancionadores y las resoluciones sancionadoras que dicten, cuando sean definitivas en va administrativa.

  3. Cuando, por la naturaleza y gravedad de la infraccin, haya de superarse la cuanta mxima de la multa que puedan imponer los ayuntamientos, estos remitirn lo actuado a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, el cual deber, a su vez, comunicarles cuantas actuaciones se deriven de su intervencin.

  1. Las administraciones pblicas vascas, en el mbito de sus respectivas competencias, promovern un elevado nivel de proteccin de las personas consumidoras y usuarias y ajustarn su actuacin a los principios de colaboracin y cooperacin, conforme a las reglas generales de las relaciones interadministrativas.

  2. El Gobierno Vasco podr establecer convenios de colaboracin con la Administracin del Estado, las comunidades autnomas y las regiones de Europa, con objeto de mejorar el nivel de proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

  3. Igualmente, el Gobierno Vasco y Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podrn acordar con las diversas administraciones las medidas que se estimen oportunas con objeto de optimizar la dedicacin de los recursos humanos y materiales de que disponen y hacer efectivo y eficaz el control del cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

  4. Los ayuntamientos y las diputaciones forales facilitarn a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, cuando este lo solicite, informacin actualizada sobre la titularidad y localizacin de las empresas y los establecimientos comerciales de su mbito territorial.

La Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi, adscrita a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, es un rgano asesor, de participacin y de fomento de la colaboracin y coordinacin entre los agentes sociales involucrados en el consumo y con las distintas administraciones pblicas competentes en la tutela de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

Corresponden a la Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi las siguientes funciones:

  1. Ser consultada en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones de carcter general dictadas en desarrollo de esta ley y, en general, en todos los dems casos en que se regulen materias que afecten a los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

  2. Proponer aquellas asociaciones de personas consumidoras y usuarias, de entre las incluidas en el artculo 62, que deban formar parte de rganos colegiados, organismos y entidades pblicas o privadas, de mbito autonmico, en los que deban estar representadas las personas consumidoras y usuarias.

  3. Formular cuantas propuestas sean consideradas de inters en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y asesorar a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

  4. Solicitar informacin a las administraciones pblicas competentes sobre materias de inters general o sectorial que afecten a las personas consumidoras y usuarias.

  5. Ser oda en la elaboracin de los cdigos de buenas prcticas promovidos por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

  6. Proponer a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo la elaboracin de estudios especficos sobre consumo, mercados y abastecimiento de productos y servicios.

  1. La Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi ser presidida por quien ostente la Direccin de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y estar integrada por representantes de los intereses sociales, profesionales y econmicos, de las administraciones pblicas con competencias en las materias que afecten al sector del consumo y de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias. En su composicin, se promover que los representantes designados sean conocedores y puedan expresarse tanto en euskera como en castellano.

  2. Reglamentariamente se desarrollar su composicin y rgimen de funcionamiento.

  1. Las personas consumidoras y usuarias son titulares de los siguientes derechos:

    1. A la proteccin frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad, concebida aquella de forma integral, incluyendo, por tanto, los riesgos que amenacen al medio ambiente.

    2. A la proteccin de sus intereses econmicos y sociales, en particular frente a prcticas comerciales desleales y la inclusin de clusulas abusivas en los contratos.

    3. A la reparacin del dao sufrido como consecuencia de la adquisicin o el uso de bienes o servicios.

    4. A la informacin correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educacin y divulgacin para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute, as como la toma de decisiones ptimas para sus intereses.

    5. A la educacin y a la formacin en las cuestiones que puedan afectarlas como personas consumidoras y usuarias, con atencin al principio de consumo responsable.

    6. A la audiencia en consulta, la participacin en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones generales que las afectan directamente y la representacin de sus intereses a travs de las asociaciones, agrupaciones, federaciones o confederaciones de personas consumidoras y usuarias legalmente constituidas.

    7. Al uso de las lenguas oficiales, en los trminos de la presente ley.

  2. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo proporcionar a las personas consumidoras y usuarias la proteccin administrativa que proceda, con arreglo a lo dispuesto en los ttulos IV y V de esta ley, especialmente cuando la relacin de consumo afecte a las personas consumidoras y usuarias vulnerables.

  1. La actuacin de los poderes pblicos se orientar preferentemente a proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias en las siguientes situaciones:

    1. Cuando guarden relacin directa con bienes o servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado.

    2. Cuando afecten a las personas consumidoras y usuarias vulnerables.

  2. Con tal finalidad, se pondr especial atencin a:

    1. La idoneidad de los bienes destinados a las personas menores de edad.

    2. Las necesidades especficas de las personas mayores.

    3. La integracin social como personas consumidoras y usuarias de las personas con discapacidad.

    4. El etiquetado, la informacin, la publicidad, la composicin y la calidad de los productos.

    5. La seguridad de los aparatos y las instalaciones del hogar.

    6. Las relaciones de consumo en los servicios de telefona, Internet y otros servicios de comunicaciones electrnicas, as como los contratos celebrados a distancia y fuera del establecimiento comercial y los vinculados a financiacin a las personas consumidoras y usuarias.

  1. Ser nula la renuncia previa al ejercicio de los derechos reconocidos a las personas consumidoras y usuarias por esta ley, de acuerdo con la norma bsica estatal. As mismo, sern nulos los actos realizados en fraude de ley, de conformidad con lo previsto en el artculo 6 del Cdigo Civil.

  2. Cuando la renuncia del derecho se produzca con posterioridad a su adquisicin, se podr exigir a quien la alegue que acredite que se ha otorgado, as como su carcter libre. La renuncia de una persona consumidora o usuaria no afectar a otras personas que se encuentren en anloga situacin.

  1. Las normas de proteccin a las personas consumidoras y usuarias se interpretarn a favor de estas.

  2. Las dudas o diferencias interpretativas a que d lugar cualquier tipo de publicidad, comunicacin comercial, oferta, prctica o clusula que sean aplicables a una relacin de consumo se resolvern a favor de las personas consumidoras o usuarias.

  3. Cuando con la presente ley concurra en su aplicacin otra disposicin propia de la Comunidad Autnoma de Euskadi, el conflicto se resolver por aplicacin del principio de condicin ms beneficiosa para las personas consumidoras y usuarias.

Se promover la aplicacin del principio de buena fe y justo equilibrio de las posiciones jurdicas de las partes en las relaciones de consumo, con interdiccin de las prcticas comerciales desleales o abusivas y de la insercin de clusulas abusivas en los contratos.

  1. Las actuaciones pblicas se orientarn a que las relaciones de consumo se ajusten a criterios de racionalidad y sostenibilidad que propicien un consumo moderado, informado, reflexivo y consciente, en relacin con la preservacin del medio ambiente, la calidad de vida, la especificidad cultural, el endeudamiento familiar, el objetivo de la igualdad de mujeres y hombres, los riesgos admisibles y dems factores que determinan un desarrollo socioeconmico individual y colectivo responsable.

  2. En especial, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo fomentar el consumo de bienes de comercio justo, sostenible, de cercana (km 0) y de temporada, de los que favorezcan la reduccin del impacto de materiales plsticos y otros envases y recipientes de un solo uso y de los que utilicen materiales reutilizables o que sean reciclables.

  1. Con la finalidad de evitar el despilfarro alimentario, los establecimientos que presten servicios de restauracin debern ofrecer a su clientela agua de grifo para su consumo, sin coste econmico alguno por tal concepto.

  2. Dichos establecimientos debern informar a la clientela, de manera clara y visible, a travs de la carta o men, de avisos colocados en el establecimiento o de viva voz, de la posibilidad de llevarse los alimentos que no haya consumido.

    Para ello, podrn utilizarse envases aptos para el uso alimentario o los que lleven las propias personas consumidoras con esta finalidad.

Las actuaciones pblicas en materia de consumo estarn encaminadas igualmente a que las personas consumidoras y usuarias asuman las responsabilidades que les correspondan y, en especial:

  1. En la exigencia y el reconocimiento de los derechos de que son titulares, mediante la solicitud de las facturas y otros documentos acreditativos de las relaciones de consumo.

  2. Evitando la adquisicin y el uso de bienes y servicios producidos o comercializados de forma irregular o ilcita.

  3. Haciendo un uso adecuado de los bienes y servicios que adquieran y atendiendo cuantas indicaciones y advertencias reciban al respecto.

  4. Poniendo en conocimiento de las autoridades la existencia de riesgos para la salud y la seguridad de las personas consumidoras y usuarias, as como para sus derechos e intereses.

  5. Colaborando con las administraciones competentes en materia de consumo, en orden a la resolucin de conflictos y al control y cumplimiento de la normativa vigente.

  1. Los bienes y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras o usuarias han de ser seguros, en los trminos establecidos por la normativa especfica que resulte de aplicacin.

  2. El carcter gratuito de un producto o servicio facilitado a una persona consumidora o usuaria no excluye la exigencia de su seguridad.

  3. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo fomentar la inclusin del sistema braille en el etiquetado, especialmente cuando sean susceptibles de afectar a la salud y la seguridad de las personas consumidoras o usuarias.

Las personas o entidades productoras, proveedoras o distribuidoras proporcionarn, por medios apropiados, dentro de los lmites de sus respectivas actividades, informacin previa sobre los riesgos que puedan provenir de un uso previsible de los bienes o servicios, de conformidad con lo dispuesto por la normativa vigente.

En los procedimientos derivados del deber de seguridad, sern de cuenta de las personas empresarias los costes derivados del cumplimiento de los requerimientos documentales, como los de traduccin de los documentos que se presenten en un idioma distinto a las lenguas oficiales de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  1. Osakidetza-Servicio vasco de salud y las empresas de servicios mdicos de carcter privado, cuando, por razn de la atencin prestada, tengan conocimiento de que la utilizacin, el consumo o la presencia de un determinado producto de consumo pueda producir daos de carcter grave para la salud o seguridad de las personas consumidoras o usuarias, han de comunicarlo a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

  2. Igualmente, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias han de poner en conocimiento de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo los accidentes comprobados de los que tuviesen conocimiento, derivados de la existencia de un riesgo en un producto de consumo.

  3. Asimismo, las personas consumidoras y usuarias afectadas por los hechos de que se trate, podrn ponerlos en conocimiento de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

  4. Se excluyen de la obligacin regulada en el presente artculo los supuestos referidos a alimentos, as como a medicamentos, productos sanitarios, productos cosmticos y productos de cuidado personal que sean objeto de comunicacin a la red de alerta alimentaria o al sistema de vigilancia de medicamentos y productos sanitarios, respectivamente.

  1. Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a exigir que los bienes y servicios tengan la calidad, idoneidad y conformidad derivadas de la oferta, la promocin y la publicidad que se realicen, as como del contrato y de la normativa aplicable.

  2. Concretamente ostentan los siguientes derechos:

    1. La adecuacin de los bienes y servicios a las expectativas de uso, calidad y caractersticas de consumo que ofrecen.

    2. Como mnimo, la calidad y las prestaciones que consten en el contrato, presupuesto, publicidad, comunicacin comercial o cualquier otro documento que vincule a la persona empresaria en las relaciones de consumo.

    3. Conocer el peso y la medida correctos de los bienes y la prestacin correcta de los servicios.

    4. La existencia de repuestos, en su caso, y el disfrute de un servicio tcnico y de atencin a la clientela adecuado sin demoras o retrasos injustificados, cuando sea obligatorio, de conformidad con la normativa especfica aplicable.

    5. La informacin sobre los derechos que les corresponden como adquirentes de bienes o servicios, especialmente en cuanto a la conformidad y garanta de los bienes de naturaleza duradera.

    6. La informacin del origen de los bienes y servicios.

  1. Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a la entrega en papel de la factura u otro documento acreditativo de la relacin de consumo, en el que consten la identificacin de la persona empresaria, las condiciones esenciales de la operacin, el bien o servicio contratado, la fecha y el precio final completo, desglosando, cuando as lo exija la legislacin aplicable, la cuota tributaria y el tipo impositivo aplicado.

  2. Dicha obligacin ser exigible en la adquisicin de bienes y servicios a travs de cualquier medio, incluidas las mquinas automticas.

  3. Podr sustituirse la entrega de la factura o documento a que se refiere el apartado 1 del presente artculo, por la factura electrnica o documento acreditativo previa manifestacin expresa de la persona consumidora y usuaria de su conformidad a la sustitucin.

  4. En ningn caso la recepcin de la factura o documento acreditativo de la relacin de consumo, sea en formato en papel o digital, podr estar condicionada al pago de cantidad econmica alguna.

  1. Cuando, en el marco de una relacin de consumo, la persona consumidora o usuaria entregue un bien para que se realice alguna verificacin, comprobacin, reparacin, sustitucin o cualquier otra intervencin, en el resguardo de depsito que la persona empresaria entregue a la persona consumidora o usuaria constarn los datos necesarios que permitan una correcta identificacin de las partes intervinientes, la identificacin del bien, el motivo de la entrega, estado en el que se encuentra el bien, la fecha y el plazo en que ser devuelto, el lugar en que se devolver en caso de ser distinto al de la entrega, as como los extremos que al respecto exija la normativa especfica aplicable.

  2. Se presume que el bien se entrega en buenas condiciones, salvo que se indique otra cosa de forma expresa y detallada en el resguardo de depsito o ello sea incompatible con el motivo de la entrega.

  3. La presentacin del resguardo de depsito permitir la recogida del bien depositado. En el caso de no disponerse del resguardo, la retirada quedar condicionada a la acreditacin, por cualquiera de las formas admitidas en derecho, de la titularidad del bien.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo adoptar las medidas oportunas para que las prcticas comerciales de los bienes o servicios se ajusten a su naturaleza, caractersticas, condiciones, utilidad o finalidad, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones sobre publicidad.

  2. En especial, se atender a las prcticas comerciales que se dirijan a las personas consumidoras y usuarias vulnerables.

  1. Las ofertas comerciales han de contener, al menos, la siguiente informacin:

    1. Nombre, razn social y domicilio completo de la persona empresaria responsable de la oferta comercial y, en su caso, nombre, razn social y direccin completa de la empresa por cuya cuenta acta.

    2. Las caractersticas esenciales del bien o servicio de una forma adecuada a su naturaleza y al medio de comunicacin utilizado.

    3. El precio final completo, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicacin a la oferta y los gastos adicionales que se repercutan a la persona consumidora o usuaria.

      Cuando, por la naturaleza del bien o servicio, no pueda fijarse con exactitud el precio, deber informarse sobre la base de clculo utilizado, que permita su comprobacin.

      Cuando los gastos adicionales no puedan ser calculados de antemano por razones objetivas, ha de informarse de que existen dichos gastos adicionales y, si se conoce, de su importe estimado.

    4. Los procedimientos de pago, plazos de entrega y ejecucin del contrato, cuando se aparten de la diligencia profesional, entendiendo por tal el nivel de competencia y cuidados especiales que caben esperar de una persona empresaria conforme a las prcticas honestas del mercado.

    5. En su caso, existencia del derecho de desistimiento.

    6. En el caso de bienes y servicios ofrecidos en mercados en lnea, si el tercero que ofrece el bien o servicio tiene la condicin de empresario o no, con arreglo a su declaracin al proveedor del mercado en lnea.

  2. A efectos del cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, y sin perjuicio de la normativa sectorial que en su caso resulte de aplicacin, la informacin necesaria a incluir en la oferta comercial deber facilitarse a las personas consumidoras o usuarias, principalmente cuando se trate de personas consumidoras y usuarias vulnerables, en trminos claros, comprensibles, veraces y en un formato que garantice su accesibilidad, de forma que aseguren su adecuada comprensin y permitan la toma de decisiones ptimas para sus intereses.

  3. Las prcticas comerciales consistentes en ofrecer a las personas consumidoras y usuarias la posibilidad de buscar bienes y servicios ofertados por distintas personas empresarias o personas consumidoras y usuarias sobre la base de una consulta en forma de palabra clave, expresin u otro tipo de dato introducido, independientemente de dnde se realicen las transacciones en ltimo trmino, debern contener, en una seccin especfica de la interfaz en lnea que sea fcil y directamente accesible desde la pgina en la que se presenten los resultados de la bsqueda, la siguiente informacin:

    1. Informacin general relativa a los principales parmetros que determinan la clasificacin de los bienes y servicios presentados a las personas consumidoras y usuarias como resultado de la bsqueda.

    2. La importancia relativa de dichos parmetros frente a otros.

      El presente apartado no se aplicar a proveedores de motores de bsqueda en lnea, tal como se definen en el artculo 2.6 del Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediacin en lnea.

  1. Las ofertas comerciales de bienes y servicios destinados a las personas consumidoras y usuarias, sean cuales sean los soportes utilizados, se realizarn de forma que no induzcan a error sobre sus caractersticas y condiciones de adquisicin, en el marco de la legislacin general sobre publicidad ilcita y prcticas comerciales desleales.

  2. Se consideran ilcitas las prcticas comerciales agresivas, entendiendo como tales las que puedan limitar la libertad de eleccin de la persona consumidora y usuaria, en especial de las consideradas vulnerables, mediante la utilizacin de la coaccin, el acoso o la influencia indebida o desproporcionada, con nimo de captar clientes y comercializar el producto o servicio, a travs del telfono, los medios telemticos, las visitas a domicilio o cualquier otro medio.

  3. Igualmente, se consideran ilcitas las prcticas comerciales que persistan, a pesar de que la persona consumidora y usuaria haya manifestado expresamente, por los medios generalmente admitidos, su voluntad de no recibir comunicaciones comerciales.

  1. La venta de productos o servicios en el domicilio de la persona consumidora o usuaria que no haya sido solicitada por sta exige su autorizacin previa. Dicha autorizacin deber obtenerse, al menos, 48 horas antes de la visita de venta y contener:

    1. Fecha y hora de la visita.

    2. Producto o servicio que quiere vender.

    3. Razn y domicilio social de la empresa que vende el producto o servicio.

    4. Nombre de la persona que realizar la visita.

  2. Es responsabilidad de las personas empresarias acreditar la informacin y la autorizacin y presentarla ante las autoridades de consumo, si fuesen requeridas para ello.

En todo lo referente a venta telefnica, telemtica o contratos celebrados a distancia y/o fuera del establecimiento mercantil, se atender al libro II, Contratos celebrados a distancia y contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil, del Real Decreto Legislativo 1/2007.

Cualquier oferta, modificacin contractual o condicin realizada verbalmente por una persona empresaria en la venta de bienes o la prestacin de servicios, deber ser formalizada por escrito, en papel o en cualquier otro soporte duradero y de manera inmediata.

Las personas empresarias que suministren bienes o presten servicios tienen obligacin de atender las demandas de las personas consumidoras o usuarias cuando su satisfaccin est dentro de sus disponibilidades. Queda prohibida cualquier discriminacin por motivos de gnero, raza, religin, lugar de nacimiento, lugar de residencia, discapacidad o cualquiera otra circunstancia personal o social, sin perjuicio de la posibilidad de establecer diferencias en las condiciones de acceso directamente justificadas por criterios objetivos.

No podrn asignarse diferentes precios a idnticos productos o servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias en funcin del gnero de la persona destinataria.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo adoptar las medidas necesarias para conseguir un cumplimiento efectivo de la legislacin vigente en orden a la proteccin contra las clusulas y las prcticas abusivas en las relaciones de consumo.

  2. Con tal finalidad, podr difundir dichas prcticas y clusulas abusivas, informando sobre su contenido y caractersticas y las empresas que las realizan, cuando as se haya determinado por sancin administrativa firme o declaracin judicial.

  1. Cuando no exista normativa especfica aplicable, las personas empresarias que suministren en la vivienda habitual de las personas fsicas servicios de carcter bsico de inters general, antes de proceder a interrumpir la prestacin de que se trate, por algn motivo justificado que afecte a las obligaciones de la persona usuaria, han de darle a esta un plazo de un mes para que pueda proceder a su subsanacin.

  2. Corresponde a las empresas acreditar que la persona usuaria ha recibido la notificacin a que se refiere el apartado anterior.

  3. Se excluyen de dicha obligacin los cortes de suministro generales motivados por averas, reparaciones u otros anlogos, as como los cortes de suministro de carcter individual, en caso de fraude flagrante o de riesgo para la seguridad.

  1. Las personas empresarias que produzcan, comercialicen u ofrezcan bienes y servicios deben poner a disposicin de las personas consumidoras y usuarias una direccin postal y, as mismo, una direccin electrnica o un nmero de telfono, que permita ponerse en contacto con ellas de forma rpida, con objeto de que puedan, si lo consideran necesario:

    1. Solicitar asesoramiento o informacin sobre el bien o servicio objeto de la relacin de consumo.

    2. Formular las quejas o reclamaciones.

  2. En el caso de que se ponga a disposicin de la clientela una lnea telefnica, esta no podr suponer para la persona consumidora un coste superior al coste de una llamada a una lnea telefnica fija geogrfica o mvil estndar. No obstante, las personas empresarias prestadoras de servicios de carcter bsico de inters general pondrn a disposicin de las personas consumidoras o usuarias un telfono de atencin a la clientela de carcter gratuito.

  3. Si el servicio de atencin se presta a travs de medios telefnicos o electrnicos, deber garantizarse una atencin personal directa, ms all de que puedan utilizarse complementariamente otros medios tcnicos.

  4. Los establecimientos calificados como grandes establecimientos comerciales, as como las grandes empresas dedicadas a la prestacin de servicios, por la legislacin vigente en materia de actividad comercial, dispondrn de personal afecto al servicio de atencin a la clientela que habr de contar con formacin acreditada en materia de mediacin y arbitraje, as como en la defensa de los derechos de las personas consumidoras o usuarias.

  5. Los servicios de informacin a la clientela se adecuarn al principio de accesibilidad universal.

Las personas empresarias deben actuar diligentemente para encontrar una solucin satisfactoria a las quejas y reclamaciones presentadas y, concretamente, estn obligadas a:

  1. Acusar recibo de las quejas y reclamaciones, asignndoles un nmero o clave, y entregar a la persona interesada un justificante de su presentacin, en papel o en otro soporte duradero.

  2. Dar respuesta en el plazo ms breve posible, que no exceder de un mes desde la presentacin de la queja o reclamacin.

  3. En caso de no resolverse satisfactoriamente la reclamacin en el plazo indicado, cuando la empresa est adherida a un sistema alternativo de resolucin de litigios, o venga obligada por una norma o cdigo de conducta a aceptar su intervencin, deber ofrecer a la persona consumidora o usuaria la informacin establecida por el artculo 40 de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, que incorpora al ordenamiento jurdico espaol la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolucin alternativa de litigios en materia de consumo.

Las personas empresarias que presten en las viviendas servicios de carcter bsico de inters general pondrn a disposicin de las personas consumidoras o usuarias un telfono gratuito para la atencin de averas y avisos de carcter urgente, que estar en funcionamiento veinticuatro horas al da todos los das del ao.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo promover las buenas prcticas como instrumento para la proteccin de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y de mejora de la regulacin del mercado.

  2. A tal fin, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr firmar convenios con entidades pblicas o privadas de carcter independiente, con objeto de colaborar en la efectividad y el control de los sistemas de autorregulacin publicitaria y otros cdigos de buenas prcticas, en garanta de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

  3. La adopcin por parte de las personas empresarias de cdigos de buenas prcticas tendr carcter voluntario y ser independiente de las actividades de inspeccin, control y verificacin que desarrollen las administraciones pblicas competentes.

  4. Sin perjuicio de su carcter voluntario, reglamentariamente se establecern los requisitos y las condiciones para el reconocimiento oficial de los cdigos de buenas prcticas.

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y los ayuntamientos, en su caso, en los trminos previstos por la legislacin procesal vigente, ejercern las acciones judiciales pertinentes para hacer cesar las actividades lesivas para los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias, especialmente cuando afecten a las personas consumidoras y usuarias vulnerables.

  1. Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a la indemnizacin de los daos y perjuicios que hayan sufrido como consecuencia de la adquisicin o del uso de los bienes y servicios que se pongan a su disposicin en el mercado, de conformidad con la legislacin vigente.

  2. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, as como los ayuntamientos, en su caso, informarn a las personas consumidoras y usuarias perjudicadas por la comisin de infracciones en materia de consumo, sobre los medios a su disposicin para obtener el pleno resarcimiento de los daos y perjuicios que hayan sufrido.

  3. De conformidad con lo previsto por el artculo 156 de esta ley, la resolucin sancionadora que en su caso se dicte podr acordar la obligacin de resarcir los daos y perjuicios ocasionados.

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y los ayuntamientos, en el mbito de sus competencias, promovern la celebracin de convenios con universidades, colegios profesionales u otras instituciones o entidades pblicas o privadas, con el objetivo de facilitar el acceso de las personas consumidoras y usuarias a los servicios tcnicos necesarios para acreditar la existencia y el importe de los daos y perjuicios causados en su patrimonio como consecuencia del consumo de bienes o de la utilizacin de servicios.

Los daos derivados de la prestacin de un servicio pblico sern exigibles de conformidad con las reglas aplicables sobre responsabilidad patrimonial de las administraciones pblicas.

  1. Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a recibir, de forma cierta y objetiva, una informacin veraz, eficaz, correcta, suficiente, comprensible, de fcil acceso y transparente sobre los bienes y servicios puestos a su disposicin de tal forma que puedan realizar una eleccin consciente y racional y utilizarlos de manera segura y satisfactoria.

  2. Sin perjuicio del cumplimiento de los reglamentos de etiquetado y presentacin, todos los bienes y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias debern facilitar o permitir la siguiente informacin, de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio y con la legislacin vigente:

    1. Nombre y direccin completa de la persona empresaria productora del bien o suministradora del servicio.

    2. Origen, naturaleza, composicin y finalidad de los productos.

    3. Calidad, cantidad, categora y denominacin usual o comercial, si la tienen.

    4. Fecha de produccin o suministro y lote, cuando sea exigible reglamentariamente, y plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad.

    5. Instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles.

    6. Informacin sobre los servicios de informacin y atencin al cliente, as como los procedimientos de interposicin de quejas y reclamaciones.

  3. La informacin ofrecida no ha de inducir a error sobre las caractersticas de los bienes y servicios puestos a su disposicin, en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composicin, cantidad, duracin, origen o procedencia y modo de fabricacin o de obtencin, ni resultar ambigua sobre su contenido, en especial, respecto a los alrgenos alimentarios, debiendo ser el etiquetado claro y riguroso en la informacin exacta del contenido, ni atribuir al bien o servicio efectos o propiedades que no posea, ni sugerir que tiene caractersticas particulares, cuando todos los bienes o servicios similares posean estas mismas caractersticas.

  4. La obligacin de informar ser exigible a las personas empresarias responsables de la produccin, importacin, comercializacin, distribucin y venta de bienes o servicios.

  5. Con excepcin de los supuestos en los que as se prevea expresamente, el secreto de fabricacin no podr ser invocado para incumplir la obligacin de informacin regulada en esta ley.

  6. A las personas consumidoras deber facilitarse un documento resumen que, de forma legible, clara, sencilla y suficiente, incluya las condiciones esenciales del producto o servicio que se ofrece y especialmente aquellas que tengan una afectacin econmica.

  7. En los casos en los que se ofrezca financiacin para la adquisicin de un producto o servicio, deber facilitarse un documento en el que se informe de forma clara y completa la comparativa del coste final del producto o servicio con y sin financiacin.

La publicidad de las ofertas promocionales o el ofrecimiento de condiciones especiales ms beneficiosas para la persona consumidora, en relacin con las practicadas habitualmente por la empresa o el establecimiento, debe contener, al menos, las siguientes informaciones:

  1. La fecha de inicio de la oferta promocional.

  2. La duracin de la oferta promocional, el nmero de unidades disponibles o el nmero de personas consumidoras o usuarias que pueden beneficiarse de aquella.

  3. Los requisitos que deben cumplir las personas consumidoras o usuarias para beneficiarse de la oferta.

  4. Las condiciones, la calidad y las prestaciones de los bienes o servicios ofertados en promocin.

  5. Las ventajas que supone la oferta promocional.

  6. La persona empresaria responsable de la oferta promocional, con indicacin del nombre o la razn social y la direccin de los establecimientos donde pueda hacerse efectiva.

  1. Antes de que la persona consumidora o usuaria quede vinculada por un contrato u oferta, tiene derecho a conocer los precios de los bienes o las tarifas de los servicios. Tal informacin debe ofrecerse con claridad, de forma tal que no induzca a error o confusin.

  2. Los precios o tarifas debern comprender la cantidad final total que la persona consumidora o usuaria deba satisfacer como contraprestacin, con inclusin de los tributos y de los recargos o descuentos aplicados.

  3. El precio de los bienes en establecimientos comerciales deber facilitarse de modo que sea accesible por su simple lectura, sin necesidad de solicitar informacin complementaria. En especial:

    1. Si los bienes se muestran en un escaparate, los precios habrn de ser visibles desde el exterior, sin necesidad de entrar en el establecimiento comercial.

    2. Cuando se trate de bienes iguales, expuestos en forma conjunta, a un mismo precio unitario, el precio podr indicarse de forma genrica, para todos ellos.

    3. Cuando se trate de bienes heterogneos pero vendidos en forma conjunta, la indicacin del precio expresar, como mnimo, el valor total del conjunto.

    4. En los productos que se vendan a granel, se indicar el precio por unidad de medida. Cuando habitualmente se vendan a granel y se presenten a la venta en cantidades o volmenes preestablecidos, se expondrn a la venta con indicacin del precio por unidad de medida habitual, la medida del producto y el precio resultante.

  4. No proceder la exigencia o el cobro de un precio superior al anunciado. Cuando exista discordancia entre los precios anunciados para un mismo producto o servicio, solo podr exigirse el menor de ellos, salvo que se acredite error manifiesto de alguna de las partes o mala fe de la persona consumidora o usuaria.

Los establecimientos y las empresas de prestacin de servicios debern informar sobre:

  1. El horario de atencin al pblico, de forma que sea visible desde el exterior del establecimiento, incluso cuando permanezca cerrado.

  2. Si se encuentran adheridos a cdigos de buenas prcticas o a sistemas alternativos de resolucin de conflictos.

Los parques o espacios recreativos, autopistas y cualesquiera otras empresas que ofrezcan al pblico un servicio o actividad cuyo disfrute pueda verse afectado por obras de mantenimiento o reparacin, afluencia de un elevado nmero de personas, previsin de condiciones meteorolgicas adversas u otras circunstancias que puedan afectar al desarrollo de la actividad debern facilitar informacin sobre estas, cuando concurran, para que puedan ser tenidas en cuenta por las personas consumidoras y usuarias antes de su contratacin.

Quienes oferten en lnea a las personas consumidoras la posibilidad de adquirir bienes o contratar servicios debern informar con claridad y de forma permanentemente visible a las personas consumidoras y usuarias acerca de la identidad de la empresa con la que vaya a celebrarse el contrato o la adquisicin del producto y de la responsabilidad que sobre tal contratacin corresponde a las oferentes.

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y los ayuntamientos debern llevar a cabo las siguientes actuaciones:

  1. Impulsar la difusin de la informacin a las personas consumidoras y usuarias sobre sus derechos y la forma de ejercerlos, con especial atencin a las personas consumidoras y usuarias vulnerables y a los colectivos especialmente protegidos y con necesidades especficas.

  2. Realizar estudios sobre dinmicas de consumo, para fijar los instrumentos que permitan la eleccin de los bienes y servicios ms adecuados a las necesidades de las personas consumidoras y usuarias.

  3. Concertar frmulas de participacin en las campaas informativas con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, las organizaciones empresariales y las cmaras de comercio.

  4. Promover espacios divulgativos sobre consumo en los medios de comunicacin, ferias y otras manifestaciones pblicas, resaltando especialmente el consumo responsable.

  5. Fomentar distintivos de calidad para bienes y servicios del mbito de Euskadi, en colaboracin con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, organizaciones empresariales y cmaras de comercio.

  6. Informar a las personas consumidoras y usuarias sobre los productos peligrosos detectados en el mercado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

  7. Impulsar la utilizacin de smbolos relativos a las cualidades medioambientales generalmente aceptadas, en la comercializacin de bienes o servicios.

Cuando la garanta de la salud, la seguridad o los intereses econmicos y sociales de las personas consumidoras y usuarias o su derecho a la informacin lo aconsejen, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr dar difusin de las reclamaciones planteadas en ese sentido, sus motivos, las personas empresarias objeto de reclamacin y los sectores afectados, con respeto al derecho a la proteccin de datos personales, en los trminos que se deriven de la legislacin aplicable en la materia.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, directamente o en colaboracin con los ayuntamientos o con las organizaciones y asociaciones de personas consumidoras y usuarias, o con las organizaciones empresariales organizar campaas informativas, especialmente en relacin con los siguientes bienes y servicios:

    1. Los de uso o consumo comn, ordinario o generalizado.

    2. Los que sean objeto de un especial nmero de reclamaciones o quejas.

    3. Los que sean objeto de programas especficos de investigacin.

    4. Aquellos otros que, debido a su rgimen o proceso de produccin y comercializacin, puedan ser ms fcilmente objeto de fraude o adulteracin.

  2. Estas campaas irn dirigidas a:

    1. Conseguir un mayor conocimiento por parte de las personas consumidoras y usuarias de los modos de consumo o empleo de los bienes o servicios y la defensa de sus derechos.

    2. Prevenir los riesgos que puedan derivarse del uso inadecuado de productos eventualmente peligrosos, fundamentalmente los que puedan afectar en mayor grado a la salud, a la seguridad de las personas y al medio ambiente.

    3. Evitar los fraudes en el proceso de comercializacin de los bienes.

    4. Evitar las situaciones de indefensin o inferioridad en que se puedan encontrar las personas consumidoras y usuarias, tanto en la contratacin como durante la ejecucin del contrato.

  3. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo facilitar a las personas consumidoras y usuarias el acceso al contenido bsico de la legislacin vigente europea, estatal y autonmica sobre consumo, de manera sencilla, prctica y til.

  1. Con el fin de facilitar a las personas consumidoras y usuarias la informacin y orientacin precisas para el adecuado ejercicio de sus derechos, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo promover la creacin de oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias municipales o de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, facilitndoles asesoramiento tcnico para su implantacin si en su caso fuera solicitado.

  2. La creacin de oficinas municipales de informacin se ajustar al criterio de mayor proximidad a las personas consumidoras y usuarias, procurando que, al menos, exista una oficina en todos los municipios de ms de 15.000 habitantes, prestando el servicio de forma directa o mancomunada.

  3. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo coordinar la labor de las oficinas de informacin pblicas y privadas, con la finalidad de mejorar su eficacia y evitar disfunciones. En especial, posibilitar el funcionamiento en red de las oficinas de informacin, con la finalidad de facilitar la circulacin gil de la informacin, evitar duplicidades en la tramitacin de las reclamaciones y favorecer la identificacin de los problemas y la planificacin de las actuaciones.

  4. Queda prohibida toda forma de publicidad, expresa o encubierta, de bienes o servicios en las oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias a las que se refiere el presente artculo.

Las oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias podrn asumir las siguientes funciones:

  1. Informar y orientar a las personas consumidoras y usuarias para el adecuado ejercicio de sus derechos, as como tramitar y, en su caso, mediar en las reclamaciones de consumo dentro de su mbito territorial de actuacin.

  2. Acusar recibo de las denuncias que presenten las personas consumidoras y usuarias, remitirlas a las entidades u rganos competentes para su tramitacin y mantener a aquellas informadas sobre su curso.

  3. Acusar recibo de las quejas presentadas por las personas consumidoras y usuarias, y tramitarlas.

  4. Realizar tareas de educacin y formacin en materia de consumo.

  5. Facilitar a las personas consumidoras y usuarias los datos referentes al registro y la autorizacin de los bienes o servicios puestos a su disposicin en el mercado y los de aquellos que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su peligrosidad, as como informar sobre la regulacin de los precios y las condiciones de los bienes o servicios de uso o de consumo comn, ordinario y generalizado.

  6. En el caso de oficinas de titularidad pblica, prestar apoyo a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de su mbito de actuacin y facilitar a las personas consumidoras y usuarias toda la informacin necesaria sobre la existencia y actividades de dichas asociaciones, potenciando el asociacionismo en materia de consumo.

  7. Trasladar las solicitudes de arbitraje a la junta arbitral municipal que corresponda o, en su defecto, a la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi.

  8. Trasladar a los rganos competentes las peticiones concretas que reciban, en relacin con los servicios que prestan.

  9. Proponer a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo la elaboracin de informes y estudios sobre consumo, mercados y suministro de productos y servicios.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo velar por el acceso de las personas consumidoras y usuarias a la educacin y formacin en materia de consumo.

  2. La formacin de las personas consumidoras y usuarias estar orientada al conocimiento de sus derechos y la manera de ejercerlos y a sealar pautas de consumo que tiendan hacia la utilizacin racional de los recursos y el consumo responsable.

  3. Los medios de comunicacin de titularidad pblica de la Comunidad Autnoma de Euskadi dedicarn espacios no publicitarios, en bandas horarias adecuadas, que ofrezcan informacin de su inters a las personas consumidoras y usuarias. Se garantizar la participacin en dichos programas de las administraciones pblicas con competencia en materia de consumo, as como de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo colaborar con los ayuntamientos y las instituciones competentes en el mbito educativo para el desarrollo de programas de formacin de especialistas en consumo.

  2. As mismo, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo colaborar con las entidades pblicas y privadas autonmicas, estatales, comunitarias e internacionales, con objeto de llevar a cabo planes y programas formativos y educativos en materia de consumo.

  3. Con objeto de desarrollar las actuaciones de colaboracin previstas en este artculo, se podrn suscribir convenios con las correspondientes administraciones.

  1. La educacin y la formacin de las personas consumidoras y usuarias est orientada a favorecer los siguientes objetivos:

    1. Facilitar la comprensin y la utilizacin de la informacin en materia de consumo.

    2. Difundir el conocimiento de los derechos y deberes de las personas consumidoras y usuarias, as como las formas ms adecuadas de ejercerlos.

    3. Fomentar la prevencin de los riesgos que puedan derivarse del consumo de bienes o de la utilizacin de servicios.

    4. Adecuar las pautas de consumo al principio de consumo responsable, de conformidad con lo previsto por el artculo 17 de esta ley.

    5. Fomentar la economa circular de los bienes de consumo.

    6. La formacin de las personas consumidoras y usuarias en las relaciones de consumo digitales y en los nuevos medios de pago.

  2. Para la consecucin de los objetivos previstos en el apartado anterior, el sistema educativo incorporar en los currculos de las diferentes etapas y niveles de enseanza reglada, contenidos en materia de consumo, adecuados para favorecer el tratamiento de la educacin para el consumo, en la forma que mejor se ajuste a la finalidad pedaggica de cada uno de ellos.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo organizar programas de educacin y formacin de las personas consumidoras y usuarias, con los siguientes objetivos:

    1. Formar a las personas consumidoras y usuarias para que en sus actos de consumo conozcan sus derechos y mantengan una actitud responsable que contribuya a un consumo sostenible y a la creacin de una sociedad responsable y concienciada.

    2. Potenciar la formacin de su personal, especialmente de quienes desarrollen funciones de control de mercado e informacin y orientacin a las personas consumidoras y usuarias, as como del personal de los ayuntamientos y de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, en colaboracin con ellas.

    3. Promover la implicacin del personal docente en el desarrollo de la educacin en materia de consumo, en los diferentes niveles educativos, as como proporcionar el material didctico necesario para ello.

    4. Promocionar y desarrollar, en colaboracin con las organizaciones empresariales, la formacin en materia de consumo de los distintos sectores empresariales, as como de sus personas trabajadoras.

  2. En la organizacin de los citados programas de formacin y educacin y en la elaboracin del correspondiente material didctico, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo propiciar el uso paritario de las lenguas oficiales de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

As mismo, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr desarrollar las siguientes actuaciones en materia de educacin y formacin de las personas consumidoras y usuarias:

  1. Diseo, elaboracin y desarrollo de acciones formativas orientadas a promocionar los principios de responsabilidad, sostenibilidad y solidaridad y dirigidas, entre otros, a:

    Personas consumidoras y usuarias.

    Centros de educacin y de formacin.

    Personas profesionales del mundo del consumo y agentes econmicos.

    Personas profesionales del mundo de la comunicacin.

  2. Diseo, elaboracin y publicacin de material didctico de apoyo a la educacin y formacin de las personas consumidoras y usuarias, en especial dirigido a la infancia, adolescencia y otros colectivos de especial proteccin.

  3. Diseo y desarrollo de campaas informativas y formativas sobre consumo responsable y sostenible.

  4. Cualquier otra accin que contribuya a la formacin en consumo y a la construccin de una sociedad de personas consumidoras y usuarias responsables y activas.

  1. Se reconoce a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias que desarrollen su actividad en el mbito de Euskadi como el cauce de representacin y participacin para la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

  2. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y los ayuntamientos fomentarn, en sus respectivos mbitos, el asociacionismo de las personas consumidoras y usuarias, y asegurarn su participacin en todos los mbitos de la vida pblica en los que se vean afectados, directa o indirectamente, sus derechos o intereses.

  1. Tienen la consideracin de asociaciones de personas consumidoras y usuarias las entidades sin nimo de lucro constituidas al amparo de la legislacin sobre asociaciones cuya finalidad sea la proteccin y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias, incluyendo su informacin, formacin y educacin, bien con carcter general, bien en relacin con bienes o servicios determinados, cuando tengan su domicilio o una delegacin en Euskadi, siempre que cumplan los requisitos establecidos en los artculos siguientes y figuren inscritas como tales en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi.

  2. As mismo, tienen la consideracin de asociaciones de personas consumidoras y usuarias las entidades constituidas por personas consumidoras y usuarias con arreglo a la legislacin de cooperativas, entre cuyos fines figure necesariamente la educacin y formacin de sus personas asociadas y estn obligadas a constituir un fondo con tal objeto, segn su legislacin especfica, cuando tengan su domicilio o una delegacin en la Comunidad Autnoma de Euskadi, y cumplan adems los requisitos establecidos en los artculos siguientes y figuren inscritas como tales en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi.

  3. Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias podrn integrarse en uniones, federaciones o confederaciones que tengan idnticos fines y cumplan los requisitos especficos exigidos por esta norma.

  4. Las asociaciones u organizaciones que no cumplan los requisitos exigidos por esta ley no podrn utilizar, en su actuacin en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi, la denominacin de asociacin de personas consumidoras y usuarias o cualquier otra expresin similar que induzca a error o confusin sobre su naturaleza o su legitimidad para la defensa de los derechos e intereses de aquellas.

Tendrn la consideracin de asociaciones representativas las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, as como las federaciones y confederaciones constituidas por ellas, que cumplan los requisitos de implantacin territorial en Euskadi, nmero de personas asociadas y programa de actividades que se establezcan reglamentariamente y sean inscritas con tal carcter en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi.

  1. La representacin de los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias corresponde en exclusiva a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias constituidas conforme a lo previsto en este ttulo.

    Las asociaciones que no renan los requisitos exigidos en este ttulo solo podrn representar los intereses de sus asociados o de la asociacin, pero no los intereses generales, colectivos o difusos, de las personas consumidoras o usuarias.

  2. A efectos de lo previsto en el artculo 11.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tendrn la consideracin legal de asociaciones de personas consumidoras y usuarias representativas las que se regulan en el artculo 63.

  1. Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias deben actuar para el cumplimiento de sus fines de acuerdo con los criterios de independencia frente a los operadores del mercado y a los poderes pblicos, as como de transparencia, en los trminos sealados en esta seccin.

  2. Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias ajustarn sus actuaciones a los principios de buena fe, lealtad y diligencia, no pudiendo divulgar datos que no se encuentren respaldados por acreditaciones, resultados analticos o controles de calidad suficientemente contrastados, sin perjuicio de su derecho a presentar las denuncias que estimen oportunas.

  1. No se considera falta de independencia con respecto a los poderes pblicos la obtencin de subvenciones u otros recursos pblicos concedidos sobre la base de criterios objetivos.

  2. Con objeto de asegurar su independencia respecto a los operadores del mercado, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias tendrn que abstenerse de realizar las siguientes actuaciones:

    1. Incluir como asociados a personas jurdicas con nimo de lucro.

    2. Percibir ayudas econmicas o financieras de las empresas o grupos de empresas que suministren bienes o servicios a las personas consumidoras o usuarias.

      No tendrn la consideracin de ayudas econmicas las aportaciones que se realicen a travs de convenios o acuerdos de colaboracin, en las condiciones de transparencia establecidas en esta seccin, siempre que efectivamente no mermen la independencia de la asociacin.

    3. Realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios.

      A estos efectos, se entiende por comunicacin comercial todo acto, conducta o manifestacin, incluida la publicidad, no meramente informativa, que se relacione directamente con la promocin o venta de bienes y servicios.

    4. Autorizar el uso de su denominacin, imagen o cualquier otro signo representativo en la publicidad comercial realizada por los operadores del mercado u omitir las actuaciones tendentes a impedir dicha utilizacin, a partir del momento en que se tenga conocimiento de esta conducta.

      No se considerarn operadores de mercado las sociedades mercantiles en las que participen las asociaciones de personas consumidoras en los trminos contemplados en el artculo siguiente.

    5. Dedicarse a actividades distintas de la defensa de los intereses de las personas consumidoras o usuarias.

  3. Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias constituidas con arreglo a la legislacin de cooperativas debern cumplir los requisitos de independencia recogidos en el apartado precedente exclusivamente en relacin con su actuacin como tales asociaciones, sin tener en cuenta la actividad econmica propia de la entidad cooperativa.

  1. Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias podrn participar en sociedades mercantiles, siempre que stas renan los siguientes requisitos:

    1. Tener como objeto social exclusivo el desarrollo de actividades instrumentales concretamente delimitadas que sirvan a los fines de informacin, formacin y defensa de las personas consumidoras y usuarias.

    2. Que su capital social corresponda ntegramente a asociaciones de personas consumidoras y usuarias que renan los requisitos exigidos por esta ley y cuyos beneficios solo se repartan entre aquellas.

    3. Ajustarse a los requisitos de independencia y transparencia regulados para las asociaciones de personas consumidoras y usuarias en la presente ley, incluida la obligacin de depositar sus cuentas en Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

  2. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior por parte de las sociedades mercantiles se considerar imputable a las propias asociaciones de personas consumidoras y usuarias que participen en su capital social, pudiendo derivarse de ello la prdida de su consideracin como asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

  1. Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias definirn estatutariamente o mediante acuerdo de su asamblea general y con pleno respeto a lo establecido en esta ley:

    1. El marco legtimo de su colaboracin con los operadores del mercado en defensa de los derechos de personas consumidoras y usuarias y la leal competencia.

    2. Los supuestos en que puedan celebrar convenios o acuerdos de colaboracin con los operadores del mercado, su alcance y modo de instrumentarlos.

  2. Los estatutos o acuerdos de la asamblea general en los que se establezca el citado marco de colaboracin se depositarn en Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

Los convenios o acuerdos de colaboracin, de duracin temporal o indefinida, entre las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las empresas, agrupaciones o asociaciones de empresas, fundaciones o cualquier organizacin sin nimo de lucro debern cumplir los siguientes requisitos:

  1. Tener como finalidad exclusiva el desarrollo de proyectos especficos de informacin, formacin y defensa de las personas consumidoras y usuarias, mejorando su posicin en el mercado.

  2. Respetar los principios de independencia y transparencia.

  3. Consistir en la realizacin de actuaciones, trabajos, estudios o publicaciones de inters general para las personas consumidoras y usuarias.

  4. Ser depositados en Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

Las cuentas anuales de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias se depositarn en Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo en el plazo de un mes desde que sean aprobadas por los rganos estatutarios correspondientes.

  1. La informacin depositada por las asociaciones de personas consumidoras y usuarias a que se refieren los artculos precedentes ser pblica.

  2. Reglamentariamente podrn establecerse los plazos, condiciones y requisitos adicionales de las obligaciones de depsito reguladas en esta seccin.

Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias constituidas de conformidad con lo dispuesto en esta ley tendrn las siguientes funciones:

  1. La informacin a las personas consumidoras y usuarias sobre sus derechos y obligaciones.

  2. La educacin y la formacin de las personas consumidoras y usuarias.

  3. La proteccin jurdica de las personas consumidoras y usuarias, dirigida a la reparacin e indemnizacin de los daos y perjuicios que sufran como consecuencia de la adquisicin o el uso de bienes y servicios.

  4. La gestin de los conflictos en materia de consumo, especialmente a travs de la mediacin.

  5. El ejercicio de acciones en defensa de sus personas asociadas, de la organizacin y de los intereses generales o difusos de las personas consumidoras y usuarias, cuando ostenten la correspondiente legitimacin, de conformidad con la legislacin procesal vigente.

  6. La consulta, el informe y el asesoramiento a los poderes pblicos en defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias.

  7. Cualquier otra funcin que, legal o convencionalmente, pueda derivarse de las relaciones de consumo en defensa de las personas consumidoras y usuarias.

  1. Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias constituidas de conformidad con esta ley tendrn derecho a:

    1. Utilizar la denominacin de asociacin de personas consumidoras y usuarias y actuar, en general, en defensa y representacin de sus intereses.

    2. Representar a las personas consumidoras y usuarias ante las administraciones pblica y obtener informacin sobre ellas en los trminos que reglamentariamente se establezcan.

    3. Promover sistemas de resolucin alternativa de conflictos.

    4. Ser consideradas parte interesada en los procedimientos administrativos de carcter sancionador promovidos por ellas mismas, en relacin con la proteccin de los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

    5. Ejercer acciones judiciales y extrajudiciales en defensa de los socios y de las socias, as como de la asociacin.

    6. Exigir la rectificacin pblica de las comunicaciones e informaciones publicitarias engaosas o ilcitas, y ejercer, si procede, el correspondiente derecho de rplica, de acuerdo con las leyes.

    7. Representar a las personas consumidoras y usuarias en los medios de comunicacin pblicos y privados.

    8. Disfrutar del beneficio de justicia gratuita en los trminos legalmente establecidos.

    9. Ser declaradas de utilidad pblica cuando renan los requisitos establecidos para ello, y gozar de las correspondientes exenciones y bonificaciones fiscales legalmente establecidas.

  2. Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias que tengan la condicin de representativas podrn adems ejercer los siguientes derechos:

    1. Formar parte de los rganos colegiados de participacin y representacin de carcter general y sectorial que aborden cuestiones que puedan afectar a la defensa de las personas consumidoras y usuarias, en los trminos que reglamentariamente se establezca.

    2. Formar parte de la Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi, en el modo en que reglamentariamente se determine, y participar, a travs de ella, en el procedimiento de elaboracin de disposiciones de carcter general que afecten directamente a los derechos e intereses que representan.

    3. Participar en la elaboracin y aprobacin de los modelos de contrato de prestacin de servicios a las personas consumidoras y usuarias, cuando sean prestados por las administraciones pblicas a travs de empresas pblicas o privadas.

    4. Participar en el sistema arbitral de consumo, de acuerdo con las disposiciones que lo regulan, adhirindose a este y nombrando rbitros que representen los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias en los tribunales arbitrales.

    5. Percibir las ayudas y subvenciones que oportunamente se aprueben para el desarrollo de sus fines, en los trminos de las correspondientes convocatorias.

    6. Ejercer acciones judiciales y extrajudiciales en defensa de los intereses generales o difusos de las personas consumidoras y usuarias en general, de conformidad con la legislacin procesal aplicable.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo fomentar la colaboracin entre las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las organizaciones empresariales del mbito de Euskadi.

  2. A tal efecto, promover el desarrollo de las siguientes actuaciones:

    1. Fomentar el sistema arbitral de consumo.

    2. Colaborar en la comunicacin de los posibles riesgos, cuando por su amplitud sea necesaria una actuacin pblica para garantizar la eficacia de la medida.

    3. Promover el desarrollo de smbolos de calidad empresarial en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

    4. Desarrollar actuaciones de informacin y formacin con las personas consumidoras y usuarias sobre bienes y servicios de uso y consumo generalizado, y en especial con respecto a las personas con necesidades especficas.

    5. Impulsar la autorregulacin de los sectores empresariales por medio de la promocin de cdigos de buenas prcticas y de otros mecanismos que puedan constituirse con estas finalidades.

    6. Estimular las prcticas de un consumo socialmente responsable y ecolgicamente sostenible, impulsando el consumo de bienes y servicios respetuosos con el medio ambiente.

    7. Fomentar el cooperativismo de consumo.

    8. Apoyar las iniciativas para promocionar la proteccin de las personas consumidoras y usuarias en los pases en desarrollo.

  1. Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias que tengan su domicilio o una delegacin en la Comunidad Autnoma de Euskadi debern inscribirse en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi para ejercer los derechos conferidos por la presente ley.

  2. En el plazo de tres meses desde la solicitud, Kontsumobide resolver sobre la procedencia de la inscripcin y el carcter representativo de la asociacin, en su caso.

  3. Reglamentariamente se desarrollar el procedimiento para la inscripcin y el funcionamiento del Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi.

  4. El registro estar adscrito a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr requerir a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias que acten en el mbito de Euskadi la documentacin e informacin precisa para verificar el cumplimiento de los requisitos que se regulan en esta ley.

  2. Asimismo, podr realizar, por s o mediante la contratacin con entidades externas e independientes, auditoras de cuentas con idntica finalidad.

  1. Podr acordarse la baja de la inscripcin en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:

    1. Que la asociacin incumpla los requisitos y condiciones exigibles o lleve a cabo actuaciones prohibidas por esta ley o por la normativa que se dicte en su desarrollo y, en especial, cuando divulgue, por dolo o negligencia, informacin errnea en el mbito de consumo, de la que se deriven daos o perjuicios para terceros.

    2. Cuando, a requerimiento de la Administracin, no pueda acreditar, durante el perodo de un ao, haber llevado a cabo las actividades que le son propias.

  2. La resolucin de baja en el registro se adoptar tras la tramitacin de un procedimiento administrativo en el que se garantice el derecho de audiencia de la asociacin.

  3. La declaracin de baja en el registro tendr una duracin no inferior a cinco aos, en los supuestos contemplados en el prrafo a) del apartado uno de este artculo, y de entre uno y dos aos, en el supuesto del prrafo b) del mismo apartado.

  4. Transcurrido el plazo para el que se haya acordado la baja en el registro, la asociacin podr instar nuevamente su inscripcin.

  1. A los exclusivos efectos de publicidad, en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi podr figurar informacin sobre las asociaciones inscritas tanto en el registro estatal como en los registros que, con tal finalidad, puedan crearse en otras comunidades autnomas.

  2. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo cooperar con la Administracin general del Estado y con las administraciones autonmicas en orden a facilitar la informacin precisa que haya de constar en los registros de cada administracin, de conformidad con sus respectivas competencias.

Con arreglo a lo establecido en la presente ley, las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a recibir en euskera o en castellano la informacin sobre bienes y servicios y a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones de consumo.

  1. Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a recibir en euskera y castellano la informacin sobre bienes y servicios en los trminos contemplados en el artculo 45 de esta ley.

  2. Se garantizar la presencia de las dos lenguas oficiales en las relaciones con las personas consumidoras y usuarias, mediante la puesta a disposicin en euskera y en castellano o de forma bilinge, de los siguientes elementos:

    1. Los rtulos, avisos y, en general, las comunicaciones, escritas o verbales, dirigidas al pblico en general de los establecimientos radicados en Euskadi.

    2. La oferta, promocin y publicidad de los bienes y servicios destinados a las personas consumidoras y usuarias, cualesquiera que sean los soportes utilizados.

    3. Los impresos o modelos oficiales que se confeccionen, en papel o en formato electrnico, para su cumplimentacin por las personas consumidoras y usuarias.

    4. Los contratos de adhesin, con clusulas tipo, contratos normados, las condiciones generales y la documentacin que se refiera estos o que se desprenda de la realizacin de los citados contratos, salvo que la persona consumidora o usuaria opte expresamente a favor de la utilizacin de una de las dos lenguas oficiales.

    5. Las comunicaciones escritas dirigidas a las personas consumidoras y usuarias en particular, as como las facturas, los presupuestos y otros documentos anlogos, salvo que la persona consumidora y usuaria elija expresamente la utilizacin de una de las dos lenguas oficiales.

    6. Los manuales de instrucciones de uso y mantenimiento, documentos de garanta, etiquetaje y envasado de los productos o servicios de los bienes producidos o elaborados en la Comunidad Autnoma de Euskadi debern redactarse, al menos, en euskera y castellano.

  1. Sin perjuicio de la exigencia de utilizar el castellano en la presentacin y el etiquetado de determinados bienes y servicios, por razn de la proteccin de la salud y la seguridad, en los trminos establecidos en la normativa vigente, la informacin que se facilite en los bienes y servicios distribuidos en el mbito territorial de Euskadi, incluyendo la contenida en etiquetas, envases e impresos o indicaciones sobre las instrucciones de uso, se expresar en euskera, en castellano, o en euskera y en castellano conjuntamente, segn el deseo de la persona oferente.

  2. En el caso de bienes con denominacin de origen o denominacin de calidad y productos artesanales regulados en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi, se promover el uso del euskera en su presentacin y etiquetado.

  3. En los dems supuestos, se promover la utilizacin de forma conjunta del euskera y el castellano en la informacin que se ofrezca sobre los bienes y servicios.

  1. A los efectos de lo dispuesto en la presente ley, tienen la consideracin de entidades pblicas:

    1. Las administraciones pblicas de Euskadi y la Administracin del Estado radicada en el mbito de la Comunidad Autnoma, incluyendo los entes sujetos a derecho pblico o privado dependientes de aquellas o que integran su administracin institucional.

    2. Las entidades de cualquier naturaleza que gestionan servicios pblicos cuya titularidad corresponda a las administraciones mencionadas en el apartado anterior, cuando acten en el mbito de prestacin de estos servicios.

    3. Las entidades de cualquier naturaleza participadas mayoritariamente o controladas por las administraciones y entes mencionados en el apartado a). Se entender a estos efectos que existe una relacin de control cuando se disponga de la mayora de los derechos de voto de la entidad o se tenga derecho a nombrar a la mayora de los miembros de los rganos de gobierno.

  2. Las entidades pblicas garantizarn la presencia de las dos lenguas oficiales en sus relaciones con las personas consumidoras y usuarias, mediante la puesta a disposicin en euskera y en castellano o de forma bilinge de los elementos sealados en los artculos 80.2 y 81.1.

  3. En sus relaciones con las entidades pblicas, las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a ser atendidas en la lengua oficial que elijan, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, bsica de normalizacin del uso del Euskera.

  4. Las disposiciones de esta ley aplicables a la Administracin del Estado se entienden sin perjuicio de la competencia estatal para ordenar sus servicios.

  1. Las entidades que presten servicios de carcter bsico de inters general y los establecimientos calificados como grandes establecimientos comerciales por la legislacin vigente en materia de actividad comercial pondrn a disposicin de las personas consumidoras y usuarias, en euskera y en castellano o de forma bilinge, los elementos sealados en los artculos 80.2 y 81.1.

  2. Las administraciones pblicas de Euskadi, desde los departamentos correspondientes por razn de la materia y en uso de las competencias que tengan atribuidas, actuarn coordinadamente, a fin de facilitar el acceso y la extensin progresiva de lo establecido en el apartado anterior a las dems personas o entidades privadas proveedoras o distribuidoras de bienes o servicios, mediante la implementacin de medidas de apoyo y promocin del uso del euskera, en los elementos sealados en los artculos 80.2 y 81.1.

  1. Las entidades que reciban subvenciones destinadas especficamente a la integracin del euskera en el mbito de las relaciones laborales y en el de la atencin al pblico debern poder atender a las personas consumidoras y usuarias en la lengua oficial en que estas se expresen o soliciten.

  2. Las administraciones pblicas competentes, articularn coordinadamente las medidas de fomento que resulten necesarias para garantizar el derecho de las personas consumidoras y usuarias para usar y ser atendidas en sus relaciones de consumo cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen.

  1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, bsica de normalizacin del uso del Euskera, las administraciones pblicas competentes adoptarn las medidas oportunas para impulsar el uso del euskera en el mbito de las relaciones de consumo.

  2. Sern objeto de preferente atencin las medidas de fomento que propicien la extensin del uso del euskera en el mbito de relaciones de consumo entre particulares, entre ellas:

    1. la oferta, promocin y publicidad de bienes y servicios,

    2. la puesta a disposicin de documentos o manuales de uso o instrucciones,

    3. la lengua de atencin a las personas consumidoras y usuarias.

  3. As mismo, las administraciones pblicas vascas fomentarn activamente que en la atencin y asesoramiento que presten las oficinas de informacin y atencin que no sean de titularidad pblica a las personas consumidoras y usuarias, se garantice que puedan relacionarse en el idioma de su eleccin.

  4. Los planes sectoriales cuyo mbito de actuacin alcance las actividades derivadas de las relaciones de consumo promovern lneas especficas de fomento que faciliten la presencia de las dos lenguas oficiales en el ejercicio de esta actividad.

  5. Igualmente, las administraciones pblicas vascas, en el mbito de sus competencias, impulsarn la difusin de materiales con lenguaje especializado que faciliten el uso del euskera en el mbito de consumo.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo facilitar el acceso de las personas consumidoras y usuarias y de las personas empresarias a sistemas alternativos de resolucin de conflictos derivados de las relaciones de consumo, en colaboracin con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y con las asociaciones empresariales.

  2. Lo dispuesto en este ttulo con respecto a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo ser de aplicacin igualmente a los ayuntamientos que, a travs de las oficinas municipales de informacin a las personas consumidoras y usuarias, tramiten quejas, reclamaciones y denuncias y desarrollen funciones de mediacin, de conformidad con lo dispuesto por el artculo 6.4.

  1. La resolucin alternativa de conflictos derivados de las relaciones de consumo se canalizar a travs de la mediacin y el arbitraje de consumo, sin perjuicio de otros procedimientos especficos previstos para determinados sectores de la actividad.

  2. Las personas consumidoras y usuarias, as como las personas empresarias, podrn someterse, con carcter voluntario, a los sistemas alternativos de resolucin de conflictos derivados de las relaciones de consumo, siempre que afecten a materias sobre las que puedan disponer libremente.

Se promover la implantacin de sistemas electrnicos para la presentacin y resolucin de quejas, reclamaciones y denuncias y el desarrollo de la mediacin y el arbitraje de consumo. Se garantizar que las personas consumidoras y usuarias puedan seguir planteando estos temas de forma presencial o telefnica, para evitar la brecha digital.

  1. Las personas consumidoras y usuarias, directamente o por medio de las asociaciones que las representan, tienen derecho a hacer llegar a la Administracin quejas, reclamaciones y denuncias en materia de consumo.

  2. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo o los servicios municipales competentes, en su caso, trasladarn el resultado de la tramitacin a las personas que hayan presentado una queja o reclamacin.

  3. Las reclamaciones podrn dar lugar a la iniciacin de un procedimiento de mediacin, de conformidad con lo dispuesto en el siguiente captulo.

  4. Cuando a consecuencia de la presentacin de una denuncia se incoe procedimiento sancionador, se comunicar tal circunstancia a la persona denunciante.

  5. Reglamentariamente se establecer el procedimiento de tramitacin de las quejas, reclamaciones y denuncias que se presenten.

  1. Con objeto de facilitar la presentacin de quejas, reclamaciones y denuncias, en todos los establecimientos comerciales se pondr a disposicin de las personas consumidoras y usuarias, hayan o no contratado con la persona empresaria, hojas de reclamaciones, en papel o formato electrnico, con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

  2. Dicha obligacin abarca a todas las personas fsicas o jurdicas, titulares de establecimientos comerciales o de prestacin de servicios, pblicos o privados, situados en la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  3. As mismo, la obligacin incluye a las personas empresarias que no dispongan de establecimiento fsico y las que operen a travs de medios electrnicos, siempre que suministren bienes o servicios directamente a las personas consumidoras y usuarias, y tengan su domicilio social o fiscal en la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  4. La existencia de hojas de reclamaciones no impedir la presentacin de quejas, reclamaciones o denuncias a travs de otros medios.

  5. Reglamentariamente se establecern los requisitos y la forma de presentacin de las hojas de reclamaciones.

  1. La actividad de mediacin se ajustar a los principios de voluntariedad, imparcialidad, neutralidad y confidencialidad.

  2. Las partes sern libres para acogerse a la mediacin, as como de desistir de ella en cualquier momento.

  3. Se ha de garantizar la igualdad de oportunidades de las partes y el equilibrio de sus posiciones, sin que la persona mediadora pueda actuar en perjuicio o inters de cualquiera de ellas.

  4. La funcin de mediacin ha de desarrollarse con neutralidad y, en consecuencia, la persona mediadora debe intentar ayudar a las partes a alcanzar por s mismas los acuerdos pertinentes, sin imponer ninguna solucin ni medida concreta.

  5. La persona mediadora se abstendr de intervenir cuando concurra un conflicto de intereses con alguna de las partes.

  6. Tanto la persona mediadora como las partes asumen un deber de confidencialidad y se comprometen a mantener el secreto sobre la mediacin, de modo que no podrn revelar la informacin que hayan podido obtener como consecuencia de su participacin en la mediacin.

  1. El procedimiento de mediacin se iniciar por solicitud de una de las partes, con el acuerdo de la otra, o en cumplimiento de un pacto de sometimiento a mediacin.

  2. El procedimiento se tramitar de acuerdo con la voluntad de las partes, con respeto a los principios de lealtad, buena fe y respeto mutuo.

  3. La persona mediadora podr pertenecer a los servicios correspondientes de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo o de los ayuntamientos, cuando estos dispongan de oficina municipal de informacin a las personas consumidoras y usuarias, o estar acreditada para tales funciones.

  4. El procedimiento de mediacin ser gratuito para las personas consumidoras y usuarias.

  5. El procedimiento de mediacin podr ser aplicado a cualquier relacin de consumo, salvo que exista una regulacin sectorial especfica.

  1. Los acuerdos a los que lleguen las partes tras el procedimiento de mediacin sern vinculantes en los trminos que las propias partes hayan fijado.

  2. Dichos acuerdos se debern formalizar por escrito suscrito por las partes y la persona mediadora.

  3. Los acuerdos sern ejecutivos con arreglo a la legislacin vigente.

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo tendr la consideracin de autoridad competente para la acreditacin de entidades de resolucin alternativa de conflictos en materia de consumo, establecidas en el mbito territorial de Euskadi, en relacin con los procedimientos de mediacin regulados en este ttulo.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo ejercer las funciones de fomento, gestin y desarrollo del sistema arbitral de consumo a travs de la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi y coordinar su funcionamiento con los ayuntamientos.

  2. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo promover la adhesin a la Junta Arbitral de Consumo de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, de las personas empresarias y profesionales y de sus respectivas organizaciones, con las que podr suscribir convenios de colaboracin con tal finalidad.

  3. El Gobierno Vasco impulsar la firma de convenios para el establecimiento de colegios arbitrales, dependientes de la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi, en aquellos municipios o mancomunidades que, debido a su poblacin o nmero de solicitudes de arbitraje, as lo soliciten.

  1. Las empresas del sector pblico vasco debern acordar, de conformidad con las normas que regulen su actuacin, su adhesin al sistema arbitral de consumo.

    Se exceptan de esta obligacin las empresas pblicas que cuenten con un sistema especfico de resolucin de reclamaciones establecido normativamente.

  2. Cuando cualquiera de las entidades pblicas de Euskadi enumeradas en el artculo 82.1 de esta ley celebre un contrato de concesin de obras, concesin de servicios o de los previstos en el artculo 312 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pblico, por la que se transponen al ordenamiento jurdico espaol las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, con un operador econmico que ofrezca bienes o servicios a la persona consumidora y usuaria mediante una relacin de consumo incluir, como condicin especial de ejecucin en los pliegos de contratacin, la adhesin de la empresa adjudicataria al sistema arbitral de consumo como mtodo de resolucin de conflictos entre la contratista y las personas consumidoras y usuarias.

  1. La adhesin al sistema arbitral de consumo se considerar como mrito objetivo en la valoracin de los premios a la calidad que otorguen las administraciones pblicas vascas a aquellas personas empresarias que ofrezcan bienes y servicios a las personas consumidoras y usuarias.

  2. Las normas reguladoras de las ayudas o subvenciones valorarn la procedencia de la inclusin de dicha adhesin entre los criterios objetivos de adjudicacin de las ayudas o subvenciones.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo y los ayuntamientos llevarn a cabo las actuaciones de vigilancia y control necesarias para garantizar la proteccin efectiva de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, en los trminos que se recogen en los artculos siguientes.

  2. Con tal finalidad, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr dirigirse a las dems administraciones pblicas, colegios profesionales y, en general, cualquier autoridad, proponiendo las medidas que en su caso puedan ser adoptadas en aplicacin de la legislacin sectorial correspondiente.

  3. Lo dispuesto en este ttulo con respecto a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo ser de aplicacin igualmente a los ayuntamientos que dispongan de personal inspector, de conformidad con el artculo 6.2 de esta ley.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo llevar a cabo las actuaciones necesarias para prevenir, detectar, impedir y, en su caso, sancionar la produccin, fabricacin, elaboracin, almacenamiento, distribucin y comercializacin de bienes o servicios que no cumplan las condiciones exigidas para garantizar los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias.

  2. Las labores de vigilancia y control podrn desarrollarse en la forma y momento que mejor permitan conocer la realidad, y por los medios que en cada caso se consideren ms adecuados.

  3. En particular, podrn realizarse, directamente o en colaboracin con otras entidades pblicas o privadas, estudios, controles, ensayos, anlisis y comprobaciones, referidas a cualquier fase del proceso de produccin, fabricacin, elaboracin, almacenamiento, distribucin o comercializacin de bienes o prestacin de servicios dirigidos a las personas consumidoras y usuarias.

  4. Dichas actuaciones podrn recaer tanto sobre los bienes y servicios destinados a la comercializacin directa o indirecta en el mercado como sobre los locales y establecimientos mercantiles utilizados para su produccin, fabricacin, elaboracin, almacenamiento, distribucin o comercializacin.

  5. Se excluyen de las actuaciones de vigilancia y control reguladas en este ttulo los supuestos de riesgos para la salud derivados de medicamentos, productos sanitarios, productos cosmticos, productos de cuidado personal y de alimentos, que sean objeto de procedimientos especficos de vigilancia y control por parte de las autoridades sanitarias.

Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr advertir de su situacin a las personas empresarias que incumplan alguno de los deberes que afecten a los derechos de las personas consumidoras y usuarias, as como requerirles su cumplimiento, en un plazo adecuado a la ndole de la obligacin y al riesgo detectado, sin perjuicio de las dems medidas contempladas en esta ley, incluida la incoacin de expedientes sancionadores.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo elaborar un plan anual de campaas de control de mercado, a fin de garantizar una proteccin homognea de las personas consumidoras y usuarias.

  2. Las actuaciones desarrolladas en ejecucin del plan anual, as como su resultado, sern objeto de publicidad con la finalidad de mejorar el funcionamiento de los sectores afectados y de reforzar la proteccin de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr adoptar, de oficio o a instancia de parte, mediante acuerdo motivado, las medidas provisionales oportunas que sean imprescindibles para asegurar la eficacia de la resolucin que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

  2. Estas medidas, que no tendrn carcter sancionador, podrn adoptarse en el curso de un procedimiento de tal naturaleza o de cualquier otro.

  3. Por razones de urgencia, cuando haya indicios racionales de riesgo para la salud y seguridad de las personas consumidoras y usuarias o puedan lesionarse de forma grave los intereses econmicos y sociales de aquellas, las medidas provisionales podrn ser adoptadas antes de la iniciacin del procedimiento administrativo por el personal inspector de consumo, mediante el levantamiento de la correspondiente acta, en la que se justifique el motivo de las medidas y la urgencia de su adopcin.

Las medidas provisionales sern proporcionadas a la gravedad de los riesgos, y se ajustarn a las siguientes reglas:

  1. Se adoptarn las medidas menos restrictivas que sea posible para la libre circulacin de mercancas y la libertad de empresa.

  2. Se mantendrn durante el tiempo que sea estrictamente necesario para realizar las comprobaciones necesarias y eliminar los riesgos que hayan surgido o, cuando ello fuera posible, para eliminar el hecho que motiv la medida.

Se podrn adoptar los siguientes tipos de medidas provisionales:

  1. Suspender o prohibir temporalmente la oferta, promocin, comercializacin o venta de un bien o la prestacin de un servicio, que se realice a travs de cualquier medio, incluidos los servicios de la sociedad de la informacin.

  2. Imponer condiciones previas en cualquier fase de comercializacin de bienes o prestacin de servicios, con el fin de que se subsanen las deficiencias detectadas.

  3. Inmovilizacin o intervencin de determinados bienes, de forma que quede prohibida su disposicin sin expresa autorizacin.

  4. Inmovilizacin o retirada de determinados bienes del mercado y, en su caso, recuperacin de los que estn en manos de las personas consumidoras y usuarias.

  5. Destruccin de los bienes en condiciones adecuadas.

  6. Clausura temporal de establecimientos o instalaciones.

  7. Obligacin de informar, incluso mediante la publicacin de avisos especiales, a las personas que puedan verse afectadas, sobre la existencia del riesgo, de forma inmediata y por los medios ms adecuados para asegurar su conocimiento.

  8. Cualquier otra medida que se prevea expresamente en las leyes o que se estime necesaria para la desaparicin del riesgo.

  1. En el plazo de 15 das hbiles desde que se hubieran adoptado, las medidas provisionales debern ser confirmadas, modificadas o levantadas mediante acuerdo de inicio del procedimiento, que dicte el rgano competente.

    Antes del transcurso de dicho plazo, las medidas provisionales podrn dejarse sin efecto cuando se constate la desaparicin de la circunstancia que haya justificado su adopcin.

  2. El acuerdo al que se refiere el apartado precedente se notificar a las personas interesadas, que podrn formular los recursos que procedan.

  3. En caso de no dictarse en plazo el acuerdo de inicio del procedimiento o cuando en l no se contuviera un pronunciamiento expreso sobre las medidas adoptadas, estas quedarn sin efecto por el transcurso de dicho plazo.

  4. Las medidas provisionales se extinguirn cuando surta efectos la resolucin administrativa que ponga fin al procedimiento.

  5. Los gastos ocasionados por las medidas provisionales y definitivas sern a cargo de quien, por accin u omisin, haya dado lugar a su adopcin, sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos 109 y 115.

  6. La resolucin que ponga fin al procedimiento deber notificarse a las personas interesadas en el plazo de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciacin.

  7. Con la finalidad de evitar que se produzcan daos, podr acordarse la tramitacin de urgencia del procedimiento.

  8. Lo dispuesto en este captulo no impedir, en su caso, la incoacin de un procedimiento sancionador si concurren hechos constitutivos de infraccin administrativa.

Para la exaccin de los gastos en los supuestos contemplados en los artculos 105.5, 109.2 y 115.2 podr utilizarse el procedimiento administrativo de apremio.

  1. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo dispondr de un servicio de alerta de bienes de consumo, con objeto de coordinar las actuaciones con los municipios y con las dems administraciones y de facilitar el intercambio rpido de informacin y la reaccin ante situaciones de riesgo para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias.

  2. En caso de que sea necesario para la proteccin de las personas consumidoras y usuarias, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr informar sobre los riesgos o las irregularidades detectadas, los bienes o servicios y las empresas afectadas, las medidas provisionales y definitivas adoptadas y, en su caso, las precauciones que deban adoptarse.

  1. La inspeccin de consumo, en el ejercicio de sus funciones, podr tomar muestras y efectuar cualquier control o anlisis sobre los bienes y servicios en cualquier fase de comercializacin, a fin de comprobar su adecuacin a la normativa aplicable sobre funcionalidad, composicin, etiquetado, presentacin, publicidad, seguridad y cualquier otro aspecto que pueda afectar a las personas consumidoras o usuarias.

  2. Con la misma finalidad, la inspeccin de consumo podr adquirir bienes o servicios como compras de prueba, incluso en la venta a distancia.

  3. Lo dispuesto en este captulo tendr carcter supletorio cuando sea de aplicacin otra normativa especfica por razn del tipo de producto o procedimiento de que se trate.

  1. La Administracin no deber abonar a la persona empresaria el valor de las muestras o compras de prueba cuando en los anlisis que realice se constate cualquier irregularidad.

  2. En tal supuesto, si se hubiera hecho el abono anticipadamente, la Administracin exigir su reembolso mediante resolucin motivada.

  1. Cuando, a consecuencia de una prueba analtica, se detecte una irregularidad, se presumir que el incumplimiento afecta a toda la produccin, salvo en el caso de que el responsable del bien pueda acreditar que se limita a un lote o a un nmero determinado de unidades o que se trata de un fallo puntual del control de calidad.

  2. A tal efecto, la persona empresaria deber aportar, en el plazo de un mes desde la recepcin de la notificacin de los resultados analticos, la acreditacin de tales extremos.

  1. La toma de muestras ser documentada mediante acta de inspeccin, en la que se dejar constancia de todos los datos y circunstancias que sean necesarios para la correcta identificacin del acto y del contenido e identidad de las muestras.

  2. La muestra reglamentaria constar de tres ejemplares homogneos, que sern precintados y etiquetados, de tal forma que quede garantizada la integridad de su contenido y la trazabilidad de cada ejemplar.

  1. Las pruebas analticas se realizarn en laboratorios oficiales, en laboratorios privados acreditados o en los que sean designados al efecto por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

  2. Cuando del resultado del anlisis inicial se deduzcan incumplimientos y la persona empresaria no acepte los resultados, podr solicitar la realizacin del anlisis contradictorio.

  3. Si se producen desacuerdos entre los dictmenes de los anlisis inicial y contradictorio, el rgano competente designar otro laboratorio para que, a la vista de los antecedentes de los anteriores anlisis y utilizando la tercera muestra, realice un tercer anlisis, que tendr carcter dirimente.

  1. Se podrn realizar los anlisis en un nico acto, en los siguientes supuestos:

    1. Cuando se trate de bienes perecederos o de difcil conservacin.

    2. Cuando concurran razones de urgencia, por los peligros que puedan derivarse para la seguridad de las personas consumidoras o usuarias.

    3. Cuando concurran otras circunstancias tcnicas que as lo aconsejen y se hagan constar expresamente en el acta.

  2. A tal efecto, se citarn en un nico laboratorio a tres personas peritas, dos de ellas nombradas por la Administracin y la tercera, por la persona interesada, y se practicarn los anlisis inicial, contradictorio y, en su caso, dirimente, sin solucin de continuidad.

  1. Bastar el resultado analtico obtenido de una muestra compuesta por un nico ejemplar, en los siguientes casos:

    1. Cuando se trate de productos sometidos a certificacin u homologacin para determinar su seguridad o aptitud funcional.

    2. Cuando, por la escasa cantidad o nmero de unidades disponibles de producto, su elevado valor econmico o por otras circunstancias justificadas, que se harn constar en el acta, no sea posible o proporcionada la obtencin de muestras por triplicado.

  2. En estos casos, la realizacin de las pruebas se notificar a las personas responsables del producto.

  1. Los gastos derivados de la realizacin del anlisis contradictorio sern por cuenta de quien lo promueva.

  2. Los gastos originados por la realizacin del anlisis inicial y, en su caso, dirimente sern por cuenta de la persona empresaria cuando su resultado acredite alguna irregularidad. En otro caso, sern por cuenta de la Administracin.

  1. Corresponde a la inspeccin de consumo llevar a cabo las actuaciones necesarias para prevenir, detectar, impedir y, en su caso, sancionar el incumplimiento de la normativa vigente en materia de consumo, en defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, en los trminos que se establecen en el presente ttulo.

  2. La inspeccin de consumo ejercer sus funciones en relacin con los bienes y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias en cualquier fase de su comercializacin.

  3. Las referencias de esta ley a la inspeccin de consumo o a su personal se entendern hechas tanto a la que dependa de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo como de los ayuntamientos, en caso de que existan servicios de inspeccin municipal, sin perjuicio de la normativa que les sea de aplicacin en el mbito municipal.

  1. El personal inspector ejercer sus funciones con independencia, imparcialidad y objetividad, sin perjuicio de su dependencia orgnica y funcional con respecto a las autoridades administrativas.

  2. El desarrollo de las funciones de inspeccin se ajustar a los criterios de profesionalizacin, coordinacin, especializacin y sujecin a los principios de legalidad, proporcionalidad y eficacia.

  3. La organizacin y el funcionamiento de la inspeccin de consumo de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo se determinar reglamentariamente.

  1. Con carcter general, cuando la persona inspectora se encuentre en el ejercicio de su funcin, se identificar como tal e informar a la persona inspeccionada del objeto de las actuaciones, as como de los derechos y deberes que le corresponden en dichas actuaciones.

  2. Se exceptan de lo anterior aquellos supuestos en los que la inspeccin se realice en entornos incompatibles con la identificacin (telemticos, telefnicos, etctera) o cuando la finalidad de aquella pueda frustrarse por motivo de la identificacin. En el acta o informe que elabore dejar constancia de las causas y circunstancias que justifican su modo de actuacin.

  3. La identificacin de la persona inspectora podr hacerse mediante un cdigo identificativo, que sustituir a la indicacin de su nombre y apellidos.

En el desarrollo de las actuaciones propias de las funciones de inspeccin, el personal inspector tendr los siguientes deberes especficos:

  1. Observar el mximo respeto y consideracin con las personas objeto de la inspeccin.

  2. Guardar secreto y sigilo profesional respecto a los asuntos que conozca por razn de sus funciones.

  3. Guardar confidencialidad respecto a los datos personales, quedando prohibida su cesin o comunicacin a personas terceras.

  4. Llevar a cabo sus actuaciones de forma que afecten lo menos posible a la actividad normal de las personas fsicas o jurdicas objeto de inspeccin.

El personal inspector, en el ejercicio de sus funciones, tendr la condicin de autoridad a todos los efectos.

La inspeccin de consumo llevar a cabo la vigilancia y control de los bienes y servicios objeto de su actuacin, a travs de las siguientes funciones:

  1. Vigilar, verificar y constatar el cumplimiento de la normativa que pueda afectar, directa o indirectamente, a los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la comercializacin de bienes y la prestacin de servicios puestos a su disposicin.

  2. Informar a las empresas durante la realizacin de sus actuaciones, sobre las exigencias, cumplimiento y aplicacin de la normativa vigente en materia de proteccin y defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

  3. Realizar las actuaciones previas a un eventual procedimiento sancionador cuando lo estime necesario el rgano competente para su incoacin.

  4. Elaborar los informes que le sean requeridos por los rganos competentes en materia de mediacin o arbitraje de consumo o en la tramitacin de procedimientos sancionadores.

  5. Participar en el estudio de los sectores del mercado para determinar los bienes y servicios de los que pudieran derivarse riesgos para la salud, seguridad y los intereses econmicos de las personas consumidoras y usuarias, con la finalidad de incluirlos como objetivos prioritarios de las actividades de vigilancia y control.

  6. Elaborar informes sobre la adecuacin de los distintos sectores a la normativa protectora de los derechos de las personas consumidoras.

  7. Ejecutar las rdenes dictadas por las autoridades competentes en materia de consumo.

  8. Cualquier otra funcin que se le atribuya legal o reglamentariamente.

En el ejercicio de sus funciones el personal de la inspeccin de consumo podr:

  1. Acceder sin previo aviso a los establecimientos industriales o comerciales abiertos al pblico y a cualquier dependencia u oficina en las que se realicen actividades que puedan afectar a las personas consumidoras y usuarias.

  2. En caso de apreciar indicios de irregularidad que lo justifique, o cuando ello fuera necesario por razones de urgencia, acceder a cualquier lugar o recinto, aunque no estn abiertos al pblico en general.

    Cuando el inmueble constituya el domicilio de una persona fsica o jurdica y esta no preste el consentimiento para la entrada del personal inspector, deber solicitarse previamente autorizacin judicial, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que puedan derivarse de la negativa o resistencia a permitir el acceso a los locales e instalaciones.

  3. Exigir la exhibicin de los documentos que deban estar en disposicin de la persona empresaria y obtener copias y reproducciones de ellos, aunque contengan datos de carcter personal.

  4. Examinar toda la documentacin mercantil, industrial o contable de la persona empresaria y, en particular, requerir a las personas intermediarias de servicios de la sociedad de la informacin que les informen sobre los datos transmitidos, las actividades realizadas y la identificacin de los destinatarios de sus servicios.

  5. Requerir el envo a las dependencias administrativas de la documentacin solicitada que no se haya podido facilitar en el momento de la visita inspectora.

  6. Solicitar de terceros datos o antecedentes tiles para la investigacin.

  7. Tomar fotografas y realizar mediciones y todo tipo de pruebas, investigaciones o exmenes necesarios para comprobar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de consumo, as como tomar muestras para la realizacin de anlisis y comprobaciones en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente.

  8. Realizar tomas de muestras y compras de prueba bajo una identidad encubierta, cuando ello sea necesario para comprobar el cumplimiento de la normativa en materia de proteccin a las personas consumidoras y usuarias.

  9. Requerir la comparecencia y colaboracin de cualquier persona fsica o jurdica que de forma directa o indirecta pudiera tener alguna relacin con el objeto de la inspeccin.

  10. Realizar advertencias a las personas objeto de inspeccin, indicndoles la situacin irregular en la que se encuentren, y requerirles para que realicen las adecuaciones necesarias.

  11. Adoptar las medidas provisionales previstas en esta ley.

  12. Proponer al rgano competente la adopcin de las medidas que procedan para subsanar las irregularidades constatadas y colaborar en su ejecucin.

  1. Recabar la asistencia de personas con conocimientos tcnicos especializados para la realizacin de sus funciones.

Quienes sean objeto de una inspeccin de consumo debern colaborar con el personal inspector, cumplir las obligaciones y facilitar todas aquellas actuaciones que se derivan de lo dispuesto en el artculo precedente.

  1. Las administraciones pblicas y cuantas personas ejerzan funciones pblicas prestarn a la inspeccin de consumo la colaboracin que les sea solicitada cuando sea necesaria para el ejercicio de la funcin inspectora.

  2. Las empresas del sector pblico de Euskadi, las organizaciones empresariales y corporativas, as como las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, facilitarn cualquier informacin que les solicite la inspeccin de consumo en el ejercicio de sus funciones, incluidos datos de carcter personal cuando sean imprescindibles, con respeto al derecho a la proteccin de datos personales, en los trminos que se deriven de la legislacin aplicable a la materia.

  3. El incumplimiento de la obligacin recogida en el apartado anterior supondr infraccin en materia de consumo.

  4. El personal inspector podr recabar el auxilio y la colaboracin de las fuerzas y cuerpos de seguridad cuando sea preciso para la ejecucin de sus cometidos.

  1. La inspeccin de consumo desarrollar sus funciones a travs de las siguientes actuaciones:

    1. Visitas de inspeccin, que se realizarn tanto en los establecimientos fsicos como en los medios digitales, electrnicos o del comercio a distancia.

    2. Comparecencias u otro tipo de actuaciones que se lleven a cabo en las dependencias de la inspeccin.

  2. Las visitas de inspeccin se documentarn mediante actas; las comparecencias y las dems actuaciones, hechos y circunstancias de las que haya que dejar constancia se formalizarn mediante diligencias.

  3. Los hechos constatados por el personal de la inspeccin de consumo, que se formalicen en las actas de inspeccin y en las diligencias, observando los requisitos legales pertinentes, tendrn presuncin de certeza, sin perjuicio de las pruebas en contrario que pueden aportar las personas interesadas.

  4. El personal inspector elaborar igualmente los informes necesarios para el desarrollo de sus funciones.

  1. Las visitas de inspeccin se documentarn mediante actas en las que se har constar, como mnimo:

    1. Identificacin de la persona empresaria o establecimiento en el que se realiza la inspeccin o la actividad sobre la que esta se efecta.

    2. Identificacin de la persona o personas que atiendan a la inspeccin, con expresin de la calidad en que acten salvo si concurren los supuestos sealados en el artculo 118.2.

    3. Identificacin y firma de la persona inspectora actuante.

    4. Lugar, fecha y hora de la actuacin.

    5. Objeto de la actuacin inspectora.

    6. Hechos, actos y negocios constatados.

  2. Quien atienda la inspeccin podr formular las manifestaciones que estime oportunas en relacin con el contenido del acta.

    En los supuestos en los que no sea necesaria la participacin en la elaboracin del acta de una persona que atienda a la inspeccin, las personas interesadas podrn formular las manifestaciones que estimen oportunas en relacin con el acta una vez hayan sido puestos a su disposicin los documentos elaborados por la inspeccin, segn lo establecido en el artculo 128.

  3. La firma del acta de inspeccin por la persona que atiende a la inspeccin no supone el reconocimiento de los presuntos incumplimientos e irregularidades descritos, ni la aceptacin de las responsabilidades que se deriven.

    La negativa a firmar el acta no invalida su contenido ni el procedimiento administrativo a que d lugar, ni desvirta el valor probatorio a que se refiere. Si esta negativa se produce, se comunicar a la persona compareciente que puede firmar a los nicos efectos de recepcin del documento, lo cual se har constar.

  4. Constarn en acta las actuaciones realizadas por parte de la inspeccin, tales como: controles de documentos, retirada de muestras, mediciones, pruebas practicadas, verificaciones, comprobaciones, medidas cautelares adoptadas, as como los requerimientos de documentacin.

  5. Al acta podrn adjuntarse los documentos, en papel o en otro soporte duradero, que el personal inspector estime pertinentes para asegurar el buen fin de las actuaciones.

  1. La inspeccin de consumo formalizar mediante diligencia los hechos y las circunstancias que constate, en relacin con una actuacin en el mbito de sus funciones, as como, en su caso, las manifestaciones que realice la persona que haya comparecido a tal efecto.

  2. Cuando sea necesario citar a una persona para realizar alguna actuacin en las dependencias de la inspeccin de consumo, se le indicar el lugar, fecha y hora y objeto de la comparecencia, evitando perturbar, en la medida de lo posible, sus obligaciones laborales o profesionales.

  3. Quienes sean citados en representacin de las personas empresarias podrn comparecer acompaados de otras personas que les asesoren y tendrn derecho a que se recojan en la diligencia las manifestaciones que realicen en relacin con lo actuado.

Las actas de inspeccin y diligencias elaboradas por la inspeccin de consumo debern ser puestas a disposicin de la persona empresaria una vez finalizadas las actuaciones, salvo que los medios tcnicos utilizados en estas no lo permitan. En tal caso, dichos documentos se facilitarn en el plazo mximo de tres das hbiles.

En sus respectivos mbitos, corresponde a la Administracin de la Comunidad Autnoma de Euskadi y a los ayuntamientos, en los trminos que se sealan en el artculo 6.2.b) y en este captulo, el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otra ndole que puedan concurrir.

  1. Los rganos competentes en materia de consumo previstos en esta ley sancionarn las infracciones tipificadas como infracciones en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias.

  2. Asimismo, sancionarn las conductas tipificadas como infracciones en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias de las que resulten responsables las personas empresarias de los sectores que cuenten con regulacin especfica y las prcticas comerciales desleales con las personas consumidoras y usuarias, as como el incumplimiento por las empresas de la obligacin de suministrar las condiciones generales de la contratacin, cuando sean requeridas para ello por Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

  1. La potestad sancionadora objeto de regulacin en este ttulo se ejercer en relacin con las infracciones que se cometan en el mbito territorial de Euskadi. As mismo, se ejercer en relacin con las infracciones que sean consecuencia de prcticas comerciales dirigidas a las personas consumidoras y usuarias de dicho mbito, cualquiera que sea la nacionalidad o el domicilio de las personas responsables o el lugar en que se ubiquen los establecimientos.

  2. Las infracciones se entendern cometidas en cualquiera de los lugares en que se desarrollen las acciones u omisiones constitutivas de estas infracciones y, adems, salvo en el caso de infracciones relativas a los requisitos de los establecimientos e instalaciones o del personal, en todos aquellos en que se manifieste la lesin o riesgo para los intereses de las personas consumidoras y usuarias protegidos por la norma sancionadora.

    En concreto, en relacin con el lugar de manifestacin de la lesin o riesgo indicado en el prrafo anterior, las infracciones cometidas a travs de Internet se considerarn cometidas en el lugar en el que la persona consumidora o usuaria tenga su residencia habitual tanto en el caso de que la infraccin se produzca en el marco de un contrato de consumo como cuando la infraccin derive de una prctica comercial no vinculada a un contrato de consumo pero haya sido dirigida de forma activa por parte de la persona empresaria a dicha persona consumidora o usuaria.

  3. Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr incoar expediente sancionador por infracciones en materia de consumo cuando resulten afectados los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias residentes en Euskadi, a pesar de que los mismos hechos hayan sido objeto de sancin en otra comunidad autnoma, siempre que en la infraccin objeto de sancin no se haya tenido en cuenta la afeccin a dichas personas.

  1. Las infracciones en materia de consumo sern objeto de las sanciones administrativas correspondientes, previa instruccin del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que puedan corresponder.

  2. En los supuestos en que las infracciones tipificadas en esta ley pudieran ser constitutivas de delito, el rgano competente en materia de consumo comunicar tal extremo a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal. De no haberse estimado la existencia de ilcito penal, o en el caso de haberse dictado resolucin de otro tipo que ponga fin al procedimiento penal, podr iniciarse o proseguir el procedimiento sancionador. En todo caso, el rgano competente quedar vinculado por los hechos declarados probados en va judicial.

  3. La instruccin de causa penal ante los tribunales de justicia suspender la tramitacin del expediente administrativo sancionador que haya sido incoado por los mismos hechos y, en su caso, la eficacia de los actos administrativos de imposicin de sancin. No obstante, la instruccin de causa penal no ser obstculo para que la Administracin adopte las medidas necesarias para salvaguardar la salud, seguridad y otros intereses de las personas consumidoras y usuarias en virtud de las potestades no sancionadoras que tenga conferidas.

  4. En ningn caso se producir una doble sancin por los mismos hechos y en funcin de los mismos intereses pblicos protegidos, si bien debern exigirse las dems responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.

  5. Cuando el mismo hecho y en funcin de idntico ataque a los intereses pblicos pueda ser calificado como infraccin con arreglo a dos o ms preceptos de esta ley o de otras normas sancionadoras, se aplicar el que prevea ms especficamente la conducta realizada y, si todos ofrecieran los mismos caracteres, el que establezca mayor sancin, sin perjuicio de que prevalezcan y sean de aplicacin preferente las disposiciones sectoriales respecto de aquellos aspectos expresamente previstos en las disposiciones del derecho de la Unin Europea de las que traigan causa.

  6. Cuando de la comisin de una infraccin derive necesariamente la comisin de otra u otras, se deber imponer nicamente la sancin correspondiente a la infraccin ms grave cometida, sin perjuicio de que, al calificar la infraccin o al fijar la extensin de la sancin, se tengan en cuenta todas las circunstancias.

  7. Cuando se trate de hechos concurrentes constitutivos de infraccin, proceder la imposicin de todas las sanciones o multas previstas en esta y otras leyes aplicables para cada una de las infracciones. No obstante, al imponer las sanciones, se tendrn en cuenta, a efectos de su graduacin, las otras sanciones recadas para que conjuntamente resulten proporcionadas a la gravedad de la conducta del infractor.

    Se considerar que hay hechos concurrentes constitutivos de infraccin cuando el mismo sujeto haya incumplido diversos deberes que supongan diferentes lesiones del mismo o de distintos intereses pblicos, sin que una de las infracciones conlleve necesariamente la otra, aunque haya servido para facilitarla o encubrirla, y ello con independencia de que se refieran a los mismos productos o servicios, o que esos incumplimientos sean sancionables conforme al mismo tipo de infraccin.

  8. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se sancionar como nica infraccin, aunque valorando la totalidad de la conducta, la pluralidad continuada de acciones u omisiones idnticas o similares realizadas por un sujeto en relacin con una serie de productos o prestaciones del mismo tipo.

  9. Cuando se vean afectados los intereses generales, colectivos o difusos de las personas consumidoras y usuarias, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias constituidas conforme a lo previsto en esta ley tendrn la consideracin de partes interesadas en el procedimiento administrativo sancionador correspondiente cuando el objeto de las actuaciones administrativas coincida con los fines establecidos en sus respectivos estatutos.

En los procedimientos sancionadores que se incoen en materia de consumo, las actas de inspeccin u otros documentos emitidos vlidamente por las autoridades competentes o sus agentes, tanto de otras comunidades autnomas como de otros estados miembros de la Unin Europea, tendrn la misma validez que si hubieran sido emitidos por los servicios de inspeccin de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo o de los ayuntamientos.

En el marco de las atribuciones reguladas por esta ley, son rganos competentes:

  1. El Consejo de Gobierno, para decretar el cierre temporal de los establecimientos.

  2. La persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de consumo, para imponer sanciones por infracciones muy graves.

  3. La Direccin de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, para la imposicin de sanciones por infracciones graves y leves.

  4. Los rganos correspondientes de los ayuntamientos, segn la legislacin de rgimen local, para la imposicin de sanciones de multa de hasta 50.000 euros por la comisin de infracciones leves y graves.

Constituyen infracciones en materia de proteccin de la salud y seguridad de las personas consumidoras y usuarias:

  1. El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones en materia de salud y seguridad de los bienes y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias, establecidos legal o reglamentariamente.

  2. Las acciones u omisiones que, aunque no supongan incumplimiento formal de ninguna disposicin, produzcan riesgos o daos efectivos para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalacin de que se trate.

  3. El incumplimiento o desatencin de los requerimientos o advertencias que concretamente formulen las autoridades competentes para situaciones especficas, al objeto de corregir o evitar situaciones o circunstancias que puedan resultar perjudiciales para la salud o seguridad de las personas consumidoras o usuarias.

  4. El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para las personas consumidoras y usuarias.

Constituyen infracciones por alteracin, adulteracin, fraude o engao:

  1. La alteracin, adulteracin o fraude en bienes y servicios susceptibles de consumo por adicin o sustraccin de cualquier sustancia o elemento, alteracin de su composicin o calidad o incumplimiento de las condiciones que correspondan a su naturaleza.

  2. La elaboracin, distribucin, suministro o venta de bienes cuando su composicin o calidad no se ajuste a las disposiciones vigentes o a la correspondiente autorizacin administrativa o difiera de la declarada y anotada en el registro correspondiente y, en general, cualquier situacin que induzca a engao o confusin o que impida reconocer la verdadera naturaleza del bien o servicio.

  3. El incumplimiento, en cualquiera de las fases de la distribucin de bienes o en la prestacin de servicios, de las normas relativas al origen, naturaleza, calidad, precio, plazo, composicin, cantidad, peso, tamao y presentacin por medio de envases, etiquetas, letreros, cierres, precintos u otros elementos relevantes.

  4. Ofrecer bienes o servicios, por cualquier medio de publicidad o de suministro de informacin, atribuyndoles cualidades, caractersticas, comprobaciones, certificaciones o resultados que difieran de los que realmente tienen o pueden obtener, o que induzca o pueda inducir a error, engao o confusin a las personas a quienes se dirige, o que silencie datos fundamentales que impidan conocer las verdaderas caractersticas o naturaleza de los bienes o servicios.

  5. Anunciar bienes o servicios sin advertir su contenido publicitario.

  6. Otorgar, utilizar, exhibir o hacer publicidad de cualquier distintivo, oficial o no, marca de calidad o mencin que por su apariencia o configuracin pueda inducir a error a las personas consumidoras y usuarias, o hacerlo sin cumplir los presupuestos para ello.

  7. Incumplir las obligaciones hacia las personas consumidoras y usuarias derivadas de cdigos de conducta, a los que la persona empresaria se haya adherido voluntariamente.

  8. Manipular los aparatos o sistemas de medicin de los bienes o servicios suministrados a las personas consumidoras y usuarias.

  9. Publicitar, exhibir o utilizar el distintivo de adhesin al sistema arbitral de consumo, cuando no se encuentre adherido a este o el de adhesin sin limitaciones a dicho sistema, cuando existieran.

  10. Sustituir piezas, cuando no est justificado, en la prestacin de servicios de instalacin o reparacin de bienes y servicios a domicilio y de asistencia en el hogar para conseguir un aumento del precio, aunque la persona consumidora y usuaria haya dado su consentimiento; facturar trabajos no realizados, utilizar materiales de calidad inferior a la indicada en la prestacin de dichos servicios y facturar por ellos un importe superior al de su precio de venta al pblico.

  11. Ofrecer como premio o regalo bienes o servicios, cuando su coste se repercuta en el precio de la transaccin, cuando por ello se reduzca la calidad o cantidad del objeto principal de la transaccin y cuando, de cualquier otro modo, la persona consumidora y usuaria no reciba, de forma real y efectiva, lo que se le haya prometido en la oferta.

Constituyen infracciones en materia de informacin, comercializacin y condiciones de venta y suministro de bienes y servicios:

  1. El incumplimiento de las normas o resoluciones administrativas que establezcan prohibiciones de venta, comercializacin o distribucin de determinados bienes o de prestacin de servicios en determinados establecimientos o en relacin con tipos especficos de personas consumidoras y usuarias.

  2. Vender, comercializar o distribuir sin autorizacin administrativa bienes o servicios, cuando sea exigible.

  3. El incumplimiento de las normas sobre envasado, marcado, etiquetado y presentacin de productos.

  4. Tener dispuestos para la venta bienes con fecha de consumo preferente o caducidad sobrepasada.

  5. El incumplimiento de las normas relativas a la informacin y publicidad de los precios en los bienes y servicios.

  6. Omitir la informacin exigible sobre el horario de atencin al pblico de los establecimientos comerciales y las personas prestadoras de servicios.

  7. Omitir la informacin sobre la adhesin a cdigos de buenas prcticas o a sistemas alternativos de resolucin de conflictos, en los casos en que el establecimiento o la persona empresaria resulten obligados a facilitarla.

  8. No facilitar informacin a las personas consumidoras y usuarias, antes de su contratacin, sobre obras de mantenimiento o reparacin, afluencia de un elevado nmero de personas, previsin de condiciones meteorolgicas adversas o las dems circunstancias que puedan afectar al disfrute del servicio o actividad, cuando concurran.

  9. Enviar comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrnico u otro medio de comunicacin electrnica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por la persona destinataria.

  10. Incluir en el contrato la oferta, la promocin o la publicidad de bienes y servicios, formatos, tamaos de letras o contrastes que incumplan la normativa aplicable al respecto.

  11. Incumplir las normas relativas a la documentacin, informacin o registros obligatorios para el rgimen y funcionamiento del establecimiento, empresa, instalacin o servicio, cuando afecte a los derechos e intereses de las personas consumidoras o usuarias.

  12. Incumplir las condiciones establecidas legal o reglamentariamente sobre las prcticas comerciales.

  13. Incumplir la normativa o las condiciones convenidas sobre la entrega y el cambio de bienes y servicios promocionales o promocionados.

  14. Acaparar y retirar del mercado bienes y servicios con la finalidad de incrementar sus precios o esperar los aumentos previsibles, en perjuicio de las personas consumidoras y usuarias.

  15. No formalizar los seguros, avales y dems garantas impuestas normativamente en beneficio de las personas consumidoras y usuarias.

  16. Asignar diferentes precios a bienes o servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias que solo se diferencien por el gnero de la persona destinataria.

Constituyen infracciones en materia de informacin precontractual:

  1. Poner a disposicin de las personas consumidoras o usuarias bienes o servicios sin la informacin mnima o relevante, veraz, correcta, suficiente y transparente sobre sus caractersticas esenciales, as como sobre sus condiciones de utilizacin.

  2. No proporcionar gratuitamente la informacin precontractual que debe facilitarse a la persona consumidora o usuaria.

  3. Utilizar cualquier mtodo de venta que no informe, no posibilite o dificulte la obtencin de los descuentos a los que tengan derecho las personas consumidoras o usuarias.

  4. No entregar presupuesto cuando sea preceptivo, entregarlo sin los requisitos legal o reglamentariamente previstos o cobrar por su elaboracin, cuando est prohibido.

  5. No obtener el consentimiento previo de la persona consumidora o usuaria, cuando se modifique o se incremente el precio de los servicios presupuestados.

  6. Realizar ofertas comerciales o modificaciones contractuales en la que se considere que la falta de respuesta de la persona destinataria de una oferta o de publicidad equivale a la aceptacin del bien o servicio ofrecidos o la modificacin del contrato, salvo que la norma especfica aplicable le d tal efecto.

  7. No hacer constar en las comunicaciones comerciales realizadas a distancia, de modo inequvoco, el carcter comercial de la comunicacin y la identidad de la empresa.

  8. Realizar una visita a domicilio con el propsito de vender bienes o servicios sin que haya sido aceptada previa y expresamente por la persona consumidora o usuaria.

  9. Ofrecer en lnea la contratacin de servicios tcnicos, de asistencia al hogar, reparacin o cualesquiera otros, sin informar con claridad a las personas consumidoras y usuarias acerca de la identidad de la persona empresaria con la que vaya a celebrarse el contrato o de la responsabilidad que sobre tal contratacin corresponde a las oferentes.

Constituyen infracciones en materia de contratos con personas consumidoras y usuarias:

  1. La inclusin de clusulas abusivas en los contratos que suscriban las personas consumidoras o usuarias o la realizacin de prcticas abusivas.

  2. Incluir en los contratos clusulas o realizar prcticas que excluyan o limiten los derechos de las personas consumidoras o usuarias reconocidos legal o reglamentariamente.

  3. Incumplir los requisitos establecidos legalmente sobre las clusulas no negociadas individualmente.

  4. No enviar inmediatamente a la persona consumidora o usuaria justificacin de la contratacin o modificacin contractual efectuada telefnica o electrnicamente, incluyendo las condiciones generales y particulares.

  5. No facilitar a la persona consumidora o usuaria, de manera inmediata, copia, en papel o cualquier otro soporte duradero, de cualquier oferta, modificacin contractual o condicin realizada verbalmente.

  6. Vender al pblico bienes o prestar servicios a precios superiores a los mximos legalmente establecidos o a los precios comunicados o anunciados.

  7. Imponer la condicin, expresa o tcita, de comprar una cantidad mnima del bien solicitado o de contratar bienes o servicios accesorios no deseados, que no son objeto de la transaccin, o vincular la formalizacin de otro contrato a la contratacin realmente deseada, salvo que se trate de una unidad de venta o haya una relacin funcional entre ellos, aprovechando la persona empresaria su posicin de superioridad o prevalindose de una situacin en la que se encuentre mermada la libertad de eleccin de la persona consumidora o usuaria.

  8. Utilizar cualquier mtodo de venta que induzca a pagar bienes o servicios accesorios que vienen predeterminados en la oferta, sin que la persona consumidora o usuaria los haya solicitado expresamente o cuando se induzca a la persona consumidora o usuaria a que los solicite.

  9. Comercializar bienes y prestar servicios sin que la persona consumidora o usuaria pueda, en cualquiera de sus fases, identificar, localizar y contactar con la persona empresaria o profesional.

  10. No prever o no informar los prestadores de servicios o de suministros de tracto sucesivo o continuado sobre el procedimiento para darse de baja del servicio, limitar injustificadamente este derecho u obstaculizar su ejercicio.

  11. Suspender el suministro de servicios de carcter bsico de inters general en vivienda habitual sin ofrecer la informacin o el plazo de subsanacin que sea exigible contractual o normativamente en tales supuestos.

  12. No informar a las personas consumidoras o usuarias, en los servicios cuyo consumo se calcule mediante contador, sobre el procedimiento de medicin y sobre si se aplica el sistema de lectura real o estimada, cuando ello sea obligatorio; o aplicar un sistema de facturacin de consumo incumpliendo los requisitos legal o reglamentariamente exigibles.

  13. No entregar a la persona consumidora o usuaria la factura o el documento acreditativo de la relacin de consumo, emitirlo incumpliendo los requisitos preceptivos, o cobrar o incrementar el precio por su entrega.

  14. No entregar a la persona consumidora o usuaria el resguardo de depsito, cuando proceda, o emitirlo con incumplimiento de los requisitos preceptivos.

  15. No facilitar a la persona consumidora o usuaria, gratuitamente y en soporte duradero, recibo justificante, copia o documento acreditativo de las condiciones esenciales del contrato en el que se incluyan todos los datos exigidos legal o reglamentariamente, junto con las condiciones generales de contratacin, en su caso, aceptadas y firmadas por la persona consumidora o usuaria.

  16. No integrar en el contrato las condiciones establecidas en la oferta, la promocin y la publicidad de bienes, productos y servicios, as como no ajustarse estos a las descripciones realizadas en la oferta, publicidad, presentacin o a lo dispuesto en el contrato.

  17. No facilitar a las personas consumidoras o usuarias, junto con el contrato, las instrucciones de uso y mantenimiento o cualquier otro documento exigido por la normativa, al efecto de poder utilizar, ocupar, mantener y conservar un bien.

  18. Incluir en los contratos, en las instrucciones de uso o en las condiciones de utilizacin, formatos, tamaos de letras o contrastes que incumplan la normativa aplicable al respecto.

  19. Toda actuacin discriminatoria contra personas consumidoras y usuarias vulnerables, independientemente del motivo, o contra cualquier persona consumidora o usuaria por el ejercicio de los derechos que confiere esta ley o sus normas de desarrollo, ya sea no atendiendo sus demandas, negndoles el acceso a los establecimientos o dispensndoles un trato o imponindoles unas condiciones desiguales, as como el incumplimiento de las prohibiciones de discriminacin previstas en el Reglamento (UE) 2018/302, cuando dicha actuacin no sea constitutiva de delito.

  20. Las conductas discriminatorias en el acceso a los bienes y la prestacin de los servicios, y en especial las previstas como tales en legislacin sobre igualdad de mujeres y hombres.

  21. El incumplimiento del rgimen legalmente establecido en materia de contratos celebrados fuera de establecimientos mercantiles.

  22. El incumplimiento de las obligaciones que la regulacin de contratos celebrados a distancia impone en materia de plazos de ejecucin y de devolucin de cantidades abonadas; el envo o suministro a la persona consumidora o usuaria de cualquier tipo de bienes, contenido digital o prestacin de servicios no solicitados por ella, cuando dichos envos o suministros incluyan una pretensin de pago de cualquier naturaleza; el uso de tcnicas de comunicacin que requieran el consentimiento expreso previo o la falta de oposicin de la persona consumidora y usuaria, cuando no concurra la circunstancia correspondiente; as como la negativa u obstruccin al ejercicio del derecho de desistimiento.

  23. El incumplimiento de las obligaciones que la regulacin de contratos celebrados a distancia impone en materias no recogidas en el apartado anterior.

  24. El uso de tcnicas de comunicacin comercial que requieran el consentimiento expreso previo o la ausencia de oposicin de la persona consumidora o usuaria, sin ajustarse a estos requisitos.

  25. Incumplir la obligacin de anular, a solicitud de la persona consumidora o usuaria, los cargos derivados de un uso fraudulento o indebido de la tarjeta de crdito, en los trminos establecidos por la normativa vigente.

  26. Imponer a la persona consumidora o usuaria la realizacin de una prestacin o pago que normativa o contractualmente corresponda la persona empresaria.

  27. Realizar o facturar trabajos de reparacin, instalacin o similares que no hayan sido solicitados o autorizados expresamente por la persona consumidora o usuaria.

  28. Exigir cualquier tipo de contraprestacin, precio o pago por bienes o servicios no entregados o no prestados.

  29. Restringir o limitar la cantidad o calidad real de las prestaciones, o causar cualquier tipo de discriminacin por razn de las condiciones, los medios o las formas de pago de los bienes o servicios.

  30. La realizacin de transacciones en las que se impongan injustificadamente a la persona consumidora o usuaria condiciones, recargos o cobros indebidos, as como la no aceptacin de los medios de pago admitidos legalmente u ofertados.

  31. Cobrar por la utilizacin de medios de pagos, cantidades superiores a las permitidas legal o reglamentariamente.

  32. El incumplimiento del plazo o los plazos acordados para la entrega de los bienes comprados o del plazo mximo fijado normativamente.

  33. El retraso injustificado en la devolucin de las cantidades abonadas por la persona consumidora o usuaria en caso de resolucin del contrato por incumplimiento de las obligaciones de la persona empresaria previstas legalmente o establecidas en el contrato.

  34. La obstruccin o negativa a suministrar las condiciones generales de la contratacin que establece el artculo 81.1 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios o cualquier otra informacin requerida por la Administracin competente en el ejercicio de sus competencias de acuerdo con esta ley.

Constituyen infracciones en materia de garanta y servicio posventa:

  1. Incumplir las obligaciones que se derivan de la falta de conformidad o del derecho de garanta legalmente establecido en la compra de bienes o en la prestacin de servicios, o imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos para el cumplimiento de dichas obligaciones, incluidos los bienes que se ofrecen como premio o regalo.

  2. No asumir o incumplir la garanta comercial publicitada o entregada a la persona consumidora y usuaria en el momento de la adquisicin de bienes o servicios.

  3. Poner a disposicin de las personas consumidoras o usuarias bienes de naturaleza duradera sin garantizar un servicio de asistencia tcnica adecuado para su reparacin y piezas de repuesto en la forma obligada o exigida, o no disponer de ellos en los supuestos y plazos establecidos por la normativa aplicable.

  4. Comprometerse a proporcionar un servicio posventa a las personas consumidoras o usuarias sin advertirles claramente antes de contratar que el idioma en el que este servicio estar disponible no es el utilizado en la operacin comercial.

  5. Crear la impresin falsa de que el servicio posventa del bien o servicio promocionado est disponible en un Estado miembro distinto de aquel en el que se ha contratado.

  6. Inducir a error sobre el carcter oficial de los servicios de asistencia tcnica.

  7. En general, cualquier incumplimiento de las disposiciones normativas sobre los servicios de asistencia tcnica.

Constituyen infracciones en relacin con las actuaciones de vigilancia, control e inspeccin:

  1. La resistencia, negativa u obstruccin a facilitar las labores de inspeccin o a suministrar datos o informaciones solicitadas por las autoridades competentes o sus agentes en el desarrollo de sus funciones, as como el suministro de informacin inexacta o incompleta o documentacin falsa.

  2. Impedir o dificultar el acceso del personal inspector a los locales y dependencias para desarrollar su labor de inspeccin y control.

  3. No permitir o dificultar a la inspeccin el acceso a la documentacin industrial, mercantil, contable o de cualquier otro tipo de las personas empresarias inspeccionadas.

  4. Coaccionar o amenazar al personal encargado de las funciones de vigilancia, control e inspeccin, a los particulares, a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias o a otras personas o entidades productoras, proveedoras o distribuidoras que hayan iniciado o pretendan iniciar una accin legal, que hayan presentado una denuncia o que participen en procedimientos ya incoados, o bien ejercer represalias o cualquier otra forma de presin.

  5. Carecer de la documentacin que sea exigible legal o reglamentariamente, o tenerla de modo defectuoso, cuando tal circunstancia afecte a la determinacin o calificacin de los hechos imputados.

  6. La manipulacin, traslado o disposicin en cualquier forma no autorizada de las muestras depositadas, o de las mercancas decomisadas o sujetas a medidas provisionales.

  7. El incumplimiento de los requerimientos y las medidas provisionales adoptadas de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

  8. La excusa reiterada, la negativa o la resistencia a la comparecencia ante las dependencias propias o de las autoridades competentes, cuando se haya hecho el oportuno requerimiento.

Adems de las infracciones tipificadas en los artculos anteriores, se considerarn tambin como infracciones en materia de consumo:

  1. Realizar cualquier tipo de prctica comercial desleal, en los trminos sealados por la legislacin vigente.

  2. No ofrecer los establecimientos que prestan servicios de restauracin, a su clientela, agua de grifo para su consumo, sin coste econmico alguno, o hacerlo cobrando alguna cantidad por tal concepto.

  3. No facilitar los establecimientos que prestan servicios de restauracin, a su clientela, que pueda llevarse, sin coste adicional, los alimentos que no haya consumido; o hacerlo cobrando alguna cantidad por tal concepto; o no informar de esta posibilidad de manera clara y visible.

  4. No poner a disposicin de las personas consumidoras y usuarias hojas de reclamaciones, en papel o formato electrnico, o no hacerlo con los requisitos que se establezcan reglamentariamente; negar su entrega a las personas que lo soliciten, hayan o no contratado con la persona empresaria; o no exhibir, de modo visible, la informacin sobre su existencia.

  5. No dar respuesta a las reclamaciones de las personas consumidoras o usuarias o hacerlo fuera de plazo.

  6. Incumplir la normativa en materia de establecimiento, gratuidad, condiciones, contenido o funcionamiento de los servicios de atencin a la clientela.

  7. En los establecimientos calificados como grandes establecimientos comerciales por la legislacin vigente en materia de actividad comercial, no ser atendido el servicio de atencin a la clientela por personal con formacin acreditada en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

  8. No ofrecer a las personas consumidoras o usuarias la informacin establecida por el artculo 40 de la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, que incorpora al ordenamiento jurdico espaol la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolucin alternativa de litigios en materia de consumo.

  9. No facilitar los comerciantes que celebren contratos de compraventa o de prestacin de servicios en lnea, a las personas consumidoras y usuarias, la informacin recogida por el artculo 14 del Reglamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolucin de litigios en lnea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n. 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Reglamento sobre resolucin de litigios en lnea en materia de consumo).

  10. En los servicios de carcter bsico de inters general a las viviendas, no facilitar la atencin telefnica gratuita para averas y avisos de carcter urgente durante veinticuatro horas todos los das del ao.

  11. Imponer a las personas consumidoras o usuarias el deber de comparecer personalmente para ejercer sus derechos o para realizar pagos, cobros o trmites similares; exigir la formalizacin de impresos y la aportacin de datos innecesarios, y, en general, obstaculizar, impedir o dificultar el ejercicio de sus derechos.

  12. No cumplir el acuerdo a que se haya llegado con la persona consumidora o usuaria en un proceso de mediacin o no cumplir el laudo arbitral en plazo.

  13. El incumplimiento relativo a los deberes y las prohibiciones impuestos por la Administracin mediante rdenes o como medidas cautelares o provisionales dictadas con el fin de evitar la produccin o continuacin de riesgos o lesiones para las personas consumidoras y usuarias, as como el incumplimiento de los compromisos adquiridos para poner fin a la infraccin y corregir sus efectos.

  14. Cualquier otro incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidos en la presente ley o en las dems disposiciones en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, salvo las referentes a los derechos lingsticos regulados en el captulo VIII del ttulo III de la ley.

  1. Las infracciones en materia de proteccin de la salud y seguridad de las personas consumidoras y usuarias recogidas en el artculo 135, apartados 1, 2 y 3, se calificarn de conformidad con lo previsto en el artculo 35 de la Ley 14/1986, General de Sanidad. Las mismas reglas, adaptando las referencias al bien jurdico protegido, se aplicarn respecto a las infracciones lesivas de la seguridad de las personas consumidoras y usuarias.

  2. Cuando no sea de aplicacin lo previsto en el apartado anterior, las infracciones se calificarn inicialmente por los caracteres de la accin u omisin y de la culpabilidad del responsable conforme a las siguientes reglas:

  1. Se calificarn como graves, salvo que tengan la consideracin de muy graves de acuerdo con el apartado tercero de este artculo, las infracciones tipificadas en:

    1. el artculo 135, apartado 4,

    2. el artculo 136, apartado 1,

    3. el artculo 138, apartados 6 y 8,

    4. el artculo 139, apartados 1, 21 y 22,

    5. el artculo 140,

    6. el artculo 142, apartado 8, 9 y 13.

  2. Las restantes infracciones en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias tipificadas en la presente ley se califican inicialmente como leves, salvo que tengan la consideracin de graves de acuerdo con el apartado tercero de este artculo.

  3. Las infracciones que, de acuerdo con el apartado anterior, merezcan en principio la calificacin de leve o grave sern calificadas respectivamente como graves o muy graves si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

    1. Haber sido realizadas aprovechando situaciones de necesidad de determinados bienes, productos o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado, as como originar igual situacin.

    2. Haberse realizado explotando la especial inferioridad, subordinacin o indefensin de determinadas personas consumidoras o grupos de ellas.

    3. Cometerse con incumplimiento total de los deberes impuestos o con una habitualidad, duracin u otras circunstancias cualitativas o cuantitativas que impliquen desprecio manifiesto de los intereses pblicos protegidos por esta ley.

    4. Producir una alteracin social grave, injustificada y previsible en el momento de la comisin, originando alarma o desconfianza en las personas consumidoras o usuarias o incidiendo desfavorablemente en un sector econmico.

    5. Realizarse prevalindose de la situacin de predominio del infractor en un sector del mercado.

    6. Ser reincidente el responsable por la comisin de cualesquiera delitos o infracciones lesivas de los intereses de las personas consumidoras o usuarias en las condiciones y plazos previstos en el artculo 29.3.d) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico.

  4. Las infracciones que, de acuerdo con los apartados anteriores, merezcan en principio la calificacin de grave o muy grave se considerarn respectivamente como leve o grave si antes de iniciarse el procedimiento sancionador el responsable corrige diligentemente las irregularidades en que consista la infraccin siempre que no haya causado perjuicios directos, devolviera voluntariamente las cantidades cobradas, colaborara activamente para evitar o disminuir los efectos de la infraccin u observara espontneamente cualquier otro comportamiento de anlogo significado.

    No obstante, no se tendr en cuenta lo dispuesto en el prrafo anterior, y se impondr la sancin en su grado mximo, cuando se acredite alguna de las siguientes circunstancias:

    1. Que se trate de una infraccin continuada o de una prctica habitual.

    2. Que la infraccin comporte un riesgo para la salud o la seguridad de las personas consumidoras y usuarias, salvo que el riesgo forme parte del tipo infractor.

      5 Cuando concurrieran circunstancias del apartado 3 con las del apartado 4 se podrn compensar para la calificacin de la infraccin.

Por la comisin de las infracciones tipificadas en esta ley podrn imponerse las siguientes sanciones:

  1. Como sancin principal, multa..

  2. Adems de las sanciones principales, podr acordarse tambin, como sanciones accesorias, el decomiso y la destruccin de la mercanca, la publicidad de las sanciones y el cierre del establecimiento, instalacin o servicio, segn se dispone en los artculos siguientes.

  1. La imposicin de sanciones deber garantizar, en cualquier circunstancia, que la comisin de una infraccin no resulte ms beneficiosa para la parte infractora que el cumplimiento de las normas infringidas. Sobre esta base, las infracciones sern sancionadas con multa comprendida entre los siguientes importes mximos y mnimos:

    1. Para las infracciones leves, multa comprendida entre 150 y 10.000 euros, en los grados que se indican, pudindose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre dos y cuatro veces el beneficio ilcito obtenido:

      Grado mnimo: entre 150 y 3.000 euros.

      Grado medio: entre 3.001 y 7.000 euros.

      Grado mximo: entre 7.001 y 10.000 euros.

    2. Para las infracciones graves, multa comprendida entre 10.001 y 100.000 euros, en los grados que se indican, pudindose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilcito obtenido:

      Grado mnimo: entre 10.001 y 30.000 euros.

      Grado medio: entre 30.001 y 70.000 euros.

      Grado mximo: entre 70.001 y 100.000 euros.

    3. Para las infracciones muy graves, multa comprendida entre 100.001 y 1.000.000 euros, en los grados que se indican, pudindose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilcito obtenido:

      Grado mnimo: entre 100.001 y 300.000 euros.

      Grado medio: entre 300.001 y 650.000 euros.

      Grado mximo: entre 650.001 y 1.000.000 euros.

  2. La imposicin de sanciones deber garantizar, en cualquier circunstancia, que la comisin de una infraccin no resulte ms beneficiosa para la parte infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.

  3. El beneficio ilcito se calcular, cuando no pueda ser determinado exactamente, con criterios estimativos e incluir el aumento de ingresos y el ahorro de gastos que haya supuesto directa o indirectamente la infraccin sin descontar multas, perjuicios de los comisos o cierres, ni las cantidades que por cualquier concepto haya tenido que abonar el responsable a la Administracin o a las personas consumidoras y usuarias como consecuencia de la infraccin.

  1. Cuando se hayan cometido infracciones muy graves y el establecimiento, la instalacin o el servicio radiquen en territorio de Euskadi, la resolucin sancionadora podr proponer al Consejo de Gobierno que, adems de la sancin pecuniaria, acuerde su cierre temporal, por un plazo mximo de cinco aos, as como las medidas complementarias que aseguren la plena eficacia de la decisin.

  2. Cuando la infraccin afecte a entidades prestadoras de servicios de la sociedad de la informacin, podrn adoptarse las medidas necesarias para la interrupcin de la prestacin, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacin y de comercio electrnico o norma que la sustituya.

  3. Del acuerdo de cierre deber darse traslado al ayuntamiento del trmino en que se ubique el establecimiento, instalacin o servicio.

  4. La clausura o cierre de establecimientos, instalaciones o servicios que no cuenten con las autorizaciones o registros sanitarios preceptivos, o la suspensin de su funcionamiento hasta tanto se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos por razones de sanidad, higiene o seguridad y la retirada del mercado precautoria o definitiva de bienes o servicios por razones de salud y seguridad no tienen el carcter de sancin.

  1. En la misma resolucin sancionadora, podr acordarse como sancin accesoria, el decomiso de las mercancas adulteradas, deterioradas, falsificadas, fraudulentas, no identificadas o que puedan suponer riesgo para las personas consumidoras o usuarias. Cuando, pudiendo resultar de lcito comercio tras las modificaciones que procedan, su valor, sumado a la multa, no guarde proporcin con la gravedad de la infraccin, podr no acordarse tal medida o acordarse solo parcialmente para que sea proporcional.

  2. caso, dichas mercancas debern destruirse si su utilizacin o su consumo constituyen un peligro para la salud.

  3. Los gastos que originen las operaciones de intervencin, depsito, decomiso, transporte, distribucin y destruccin de las mercancas objeto de los hechos sancionados sern a cuenta de la persona responsable de la infraccin.

  1. Por razones de ejemplaridad y en evitacin de futuras conductas infractoras y siempre que concurra riesgo para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, reincidencia en infracciones de naturaleza anloga o acreditada intencionalidad en la infraccin, la resolucin sancionadora podr acordar, como sancin accesoria, la publicidad de las sanciones impuestas.

  2. La publicidad har referencia a los nombres y apellidos o razn social de la persona responsable de la infraccin, los hechos y el tipo de infraccin cometida.

  3. La publicacin de estos datos se realizar, una vez que la resolucin sancionadora sea firme en va administrativa, a travs de los medios de comunicacin social que se estimen ms adecuados a la finalidad de la sancin.

  4. El coste de dicha publicacin ser sufragado por la persona empresaria sancionada.

  1. Para determinar la cuanta y extensin de las sanciones que hay que imponer se tendrn en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas contempladas en los artculos siguientes.

  2. La concurrencia de dichas circunstancias no supondrn un cambio en la calificacin jurdica de la infraccin.

  3. Cuando no concurra ninguna circunstancia agravante ni atenuante, se impondr la sancin en su grado medio.

  4. Si concurre una o varias circunstancias agravantes, se impondr la sancin en su grado mximo.

  5. Si concurren una o ms circunstancias atenuantes, se impondr la sancin en su grado mnimo.

  6. Se podrn compensar las circunstancias agravantes con las atenuantes.

  7. No se tendrn en cuenta, para graduar la sancin, las circunstancias agravantes o atenuantes que ya hayan sido consideradas en la definicin del tipo infractor o en su calificacin.

  8. La imposicin de las sanciones pecuniarias se har de manera que la comisin de las infracciones no resulte ms beneficiosa que el cumplimiento de las normas infringidas, con respeto del principio de proporcionalidad.

Son circunstancias agravantes:

  1. Aprovecharse de la posicin relevante de la persona infractora en el mercado.

  2. La afeccin directa a personas especialmente vulnerables, cuando tal condicin tenga relacin con los hechos constitutivos de infraccin.

  3. La utilizacin de mtodos, sistemas de contratacin o interpretaciones normativas con el fin de eludir la aplicacin de una norma protectora de las personas consumidoras y usuarias.

  4. La voluntad manifiesta de no reparar los perjuicios causados a las personas consumidoras y usuarias.

  5. Aprovecharse de una posicin de poder respecto de una persona consumidora o usuaria o de una situacin en la que la libertad de eleccin de esta se encuentre mermada por cualquier circunstancia.

Son circunstancias atenuantes las siguientes:

  1. Que la infraccin se haya cometido por simple inobservancia de las normas derivada de error o ignorancia.

  2. Que la persona responsable de la infraccin colabore activamente con la Administracin competente en materia de consumo, con la finalidad de disminuir o reparar las consecuencias derivadas de la comisin de la infraccin.

  3. El sometimiento de los hechos al arbitraje de consumo o a otro arbitraje institucional.

Son aquellas circunstancias que, en funcin de la naturaleza, motivos o efectos de la infraccin, pueden agravar o atenuar la responsabilidad. Son circunstancias mixtas las siguientes:

  1. El volumen de negocio en relacin con los hechos objeto de la infraccin y la capacidad econmica de la persona empresaria.

  2. La cuanta del beneficio ilcito obtenido.

  3. Los daos o perjuicios causados a las personas consumidoras o usuarias.

  4. El nmero de personas consumidoras o usuarias afectadas.

  5. El grado de intencionalidad.

  1. En caso de que la sancin propuesta consista nicamente en la imposicin de una multa, su importe se reducir en un 20 por ciento cuando la persona responsable de la infraccin reconozca su responsabilidad, mostrando su conformidad con el contenido de la resolucin de inicio del procedimiento sancionador y renuncie a la presentacin de recursos en va administrativa.

  2. El importe de la sancin propuesta se reducir adems en otro 20 por ciento cuando la persona responsable de la infraccin realice el pago voluntario de la sancin antes de dictarse la resolucin sancionadora y renuncie a la presentacin de recursos en va administrativa.

  3. Se aplicar una reduccin del 40 por ciento sobre el importe de la sancin propuesta, cuando la persona responsable de la infraccin acredite haber compensado satisfactoriamente los daos y perjuicios ocasionados a las personas consumidoras y usuarias. La reduccin, en su caso, tendr carcter acumulativo a las sealadas en los apartados 1 y 2 de este artculo y no proceder cuando se hayan producido intoxicacin, daos personales, enfermedad o muerte o concurran indicios racionales de la comisin de delitos.

  4. La interposicin de recursos administrativos supondr la prdida de la reduccin realizada.

  1. Con la finalidad de que las personas consumidoras y usuarias conozcan las infracciones cometidas en materia de consumo y puedan prevenir la continuidad de las conductas ilcitas, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo podr dar a conocer pblicamente una relacin sucinta de las infracciones que hayan sido objeto de resolucin firme en va administrativa durante los tres aos anteriores.

  2. Dicha relacin podr contener la indicacin de los nombres y apellidos o razn social de las personas responsables de la infraccin, los hechos y el tipo de infracciones cometidas y la cuanta de la sancin impuesta.

  3. La publicacin a que se refiere el presente artculo no tendr carcter de sancin.

Si la sancin se impone por infracciones en materia de publicidad, podr exigirse a la persona responsable de la infraccin, de oficio o a instancia de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, que publique a sus expensas y en condiciones anlogas a las iniciales, una rectificacin pblica, que no tendr carcter de sancin.

  1. Con independencia de las sanciones establecidas por la presente ley, en la misma resolucin sancionadora podr preverse, como obligacin de la persona responsable de la infraccin, la reposicin de la situacin alterada por la infraccin a su estado original y, en su caso, la devolucin de las cantidades indebidamente percibidas y el importe de los dems daos y perjuicios que hayan sido acreditados.

  2. En tales supuestos, cuando la persona consumidora o usuaria perjudicada no tenga la condicin de parte interesada en el procedimiento sancionador, se le dar audiencia con objeto de que pueda acreditar los daos y perjuicios sufridos y formular las alegaciones que tenga por conveniente.

  3. De no satisfacerse la indemnizacin en el plazo que al efecto se determine, se proceder a su cobro por la va de apremio.

  4. El importe de la indemnizacin, una vez que sea cobrado por la Administracin, se reintegrar a la persona consumidora o usuaria perjudicada.

  5. Contra la resolucin que ponga fin al procedimiento podrn interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que procedan.

Podr denegarse la concesin de una ayuda o subvencin con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma cuando la empresa haya sido sancionada en los dos aos anteriores a su convocatoria por la comisin de una infraccin grave o muy grave de las reguladas en esta ley.

  1. Sern responsables de las infracciones tipificadas en esta ley aquellas personas fsicas o jurdicas a las que, por accin u omisin, les sean imputables.

  2. En particular, sern responsables, salvo prueba que acredite la responsabilidad de un tercero:

    1. De las infracciones cometidas en productos envasados, etiquetados o cerrados con cierre ntegro:

      La firma o razn social que figure en el envase o etiqueta, presentacin o publicidad. Dicha persona empresaria podr eximirse de su responsabilidad si acredita su falsificacin o incorrecta manipulacin por terceras personas, a quienes se imputar la infraccin.

      Quien distribuya, comercialice y envase dichos productos.

      Cuando la infraccin consista en no utilizar el idioma exigible legal o reglamentariamente en el etiquetado o presentacin del producto, quien lo distribuya o comercialice.

      De las infracciones cometidas en relacin con los productos comercializados con marca propia, genrica o de distribucin, tanto la persona titular de la marca como quien los fabrique.

    2. De las infracciones cometidas en productos que carezcan de etiquetado, cuando en la etiqueta no conste la identificacin de la persona empresaria, o se vendan a granel, la persona tenedora.

    3. De las infracciones relacionadas con la falta de conformidad de los productos, la persona o entidad proveedora o distribuidora.

      Cuando a la persona consumidora o usuaria le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse frente a la persona o entidad proveedora o distribuidora, podr reclamar directamente a la persona o entidad productora, la cual responder por la falta de conformidad cuando sta se refiera al origen, la identidad o la idoneidad de los productos, de acuerdo con su naturaleza y finalidad y con las normas que los regulan.

    4. De las infracciones cometidas por incumplimiento del rgimen establecido en materia de garantas, as como del derecho de desistimiento reconocido legal o contractualmente, responder la persona o entidad proveedora o distribuidora, salvo que no sea posible dirigirse contra ella, o ello constituya una carga excesiva, en cuyo caso, ser responsable quien produzca los bienes.

    5. De las infracciones cometidas en la prestacin de servicios, la persona fsica o jurdica con la que se contrat la prestacin del servicio o la que resulte legalmente obligada a prestarlo.

  3. En el supuesto de infracciones cometidas en bienes procedentes de otros pases de la Unin Europea o de estados que no formen parte de esta, se considerar responsable a la persona fsica o jurdica que en primer lugar introduzca o ponga en circulacin el producto en el mercado espaol.

  4. Cuando una infraccin sea imputada a una persona jurdica, podrn ser consideradas responsables tambin las personas fsicas que integren sus rganos rectores o de direccin, as como las personas tcnicas responsables de la elaboracin y el control de los productos o servicios en relacin con los cuales se ha producido la infraccin, de acuerdo con la legislacin vigente en materia societaria.

    Quedar exonerada de responsabilidad quien, formando parte de los rganos rectores o de direccin de la persona jurdica infractora, acredite su negativa o voto en contra en relacin con las actuaciones constitutivas de la infraccin.

  5. La actuacin infractora de una persona empresaria podr ser imputada tambin a las personas fsicas o jurdicas que la controlen o mantengan con ella un contrato de franquicia o de venta o comercializacin en exclusiva de sus productos y servicios.

  6. Las personas prestadoras de servicios de la sociedad de la informacin sern responsables de las acciones u omisiones que les sean imputables, en los trminos establecidos por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la informacin y de comercio electrnico o norma que la sustituya.

  7. Si en la comisin de la infraccin concurren varias personas, respondern solidariamente todas ellas.

Quien se presente en el mercado como representante, acte en nombre de otra empresa, haga ostentacin pblica de esta condicin o acte como si la tuviera, ser responsable solidario con la empresa representada, salvo que se acredite ausencia de vinculacin entre ellas.

Sin perjuicio de lo establecido en los preceptos anteriores, ser tambin responsable de las infracciones cometidas en el marco de una relacin de consumo, quien reciba una contraprestacin de la persona consumidora o usuaria, sin perjuicio de su derecho de repeticin frente a quien considere responsable.

  1. Las infracciones tipificadas en esta ley prescribirn:

    1. A los cinco aos, las infracciones muy graves.

    2. A los tres aos, las infracciones graves.

    3. Al ao, las infracciones leves.

  2. El plazo de prescripcin de las infracciones no comenzar a computar hasta que esta se manifieste o exteriorice y, en el caso de infracciones continuadas, solo cuando finalice la accin infractora o el ltimo acto con que la infraccin se consume.

    En los supuestos de concurrencia de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripcin ser el que corresponda a la infraccin ms grave.

  3. Interrumpirn la prescripcin las actuaciones judiciales en el mbito penal sobre los mismos hechos o sobre otros hechos conexos cuya separacin de los constitutivos de la infraccin de la normativa de consumo sea jurdicamente imposible, de manera que la sentencia que pudiera recaer vincular a la Administracin actuante.

  4. Igualmente interrumpir la prescripcin de las infracciones la iniciacin de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora por los mismos hechos, con conocimiento de la persona interesada, sobre la base de normativa sectorial si, finalmente, aprecindose identidad de fundamento, procediese la aplicacin preferente de la normativa de consumo. En estos supuestos, se reiniciar el cmputo del plazo de prescripcin si el expediente sancionador estuviera paralizado durante ms de un mes por causa no imputable a la presunta persona responsable.

  1. Se producir la caducidad del procedimiento sancionador en caso de no haber recado resolucin transcurridos nueve meses desde su iniciacin.

  2. Si se acuerda la acumulacin en un nico procedimiento de infracciones que hasta entonces se tramitaban separadamente, el plazo para dictar resolucin se contar desde el acuerdo de iniciacin del ltimo de los procedimientos incoados.

  1. Las sanciones establecidas en aplicacin de esta ley prescribirn al trmino de los siguientes plazos: leves, al ao; graves, a los tres aos; y muy graves, a los cinco aos.

  2. El plazo de prescripcin de las sanciones comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolucin por la que se impone la sancin o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Interrumpir la prescripcin en estos supuestos la iniciacin, con conocimiento de la persona interesada, del procedimiento de ejecucin, volviendo a transcurrir el plazo si aqul est paralizado durante ms de un mes por causa no imputable a la persona infractora. En el caso de desestimacin presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolucin por la que se impone la sancin, el plazo de prescripcin de la sancin comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolucin de dicho recurso.

La puesta a disposicin de las personas consumidoras y usuarias de los elementos indicados el artculo 83.1 se efectuar antes de transcurrido un ao desde la entrada en vigor de la ley tanto por las entidades que presten servicios de carcter bsico de inters general como por los establecimientos calificados como grandes establecimientos comerciales por la legislacin vigente en materia de actividad comercial.

Las entidades que presten servicios de carcter bsico de inters general y los establecimientos calificados como grandes establecimientos comerciales por la legislacin vigente remitirn al departamento competente en materia de consumo, cada cinco aos o con la periodicidad que aquel determine, un cuestionario que les ser facilitado a fin de identificar las actuaciones efectuadas en materia de derechos lingsticos contemplados en este estatuto.

La confeccin del cuestionario, as como la evaluacin de la informacin recibida, ser realizada conjuntamente con el rgano competente en materia de poltica lingstica, y servir de base para identificar la activacin de las polticas necesarias para impulsar el cumplimiento de los derechos lingsticos de las personas consumidoras y usuarias.

Hasta que se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto por el artculo 62, se entender que los requisitos de implantacin territorial, nmero de personas asociadas y programa de actividades de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias representativas, en todo lo que no sea contario a la presente ley, son los regulados por el Decreto 249/1985, de 30 de julio, por el que se modifica el Decreto de 17 de agosto de 1981, sobre creacin del Censo de Asociaciones de Consumidores, segn lo establecido en la Ley sobre el Estatuto del Consumidor o disposicin que la sustituya.

  1. Hasta que no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto por el artculo 90 sobre hojas de reclamaciones, continuar vigente, en todo lo que no sea contrario a la presente ley, el Decreto 142/2014, de 1 de julio, de hojas de reclamaciones de consumo y del procedimiento de atencin de quejas, reclamaciones y denuncias de las personas consumidoras y usuarias.

  2. En ausencia de regulacin especfica, las hojas de reclamaciones electrnicas se ajustarn, en cuanto a su contenido, al modelo de hojas de reclamaciones del Anexo I de dicho decreto.

Las personas proveedoras de bienes o servicios mediante mquinas automticas y que no hagan uso de la posibilidad prevista en el artculo 25.3, dispondrn de un plazo de dos aos a partir de la entrada en vigor de la presente ley para la adecuacin de estas, de cara al cumplimiento de la entrega de documento acreditativo de la relacin de consumo.

Quedan derogados:

  1. La Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.

  2. El Decreto 123/2008, de 1 de julio, sobre los derechos lingsticos de las personas consumidoras y usuarias, en la medida en que se oponga a lo dispuesto en la presente ley.

La presente ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Pas Vasco.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, a 2 de mayo de 2023.

El Lehendakari,

IIGO URKULLU RENTERIA.

Contenidos relacionados.


Competencias y transferencias

No existe ningn contenido relacionado.

Documentacin de relevancia jurdica

No existe ningn contenido relacionado.