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Normativa

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LEY 12/1998, de 22 de mayo, contra la exclusin social.

Identificacin

  • mbito territorial: Autonmico
  • Rango normativo: Ley
  • rgano emisor: Presidencia del Gobierno
  • Estado vigencia: Vigente

Boletn oficial

  • Boletn oficial: BOPV (Pas Vasco)
  • N boletn: 105
  • N orden: 2519
  • N disposicin: 12
  • Fecha de disposicin: 22/05/1998
  • Fecha de publicacin: 08/06/1998

mbito temtico

  • Materia: Asuntos sociales y empleo
  • Submateria: Asuntos sociales

Texto legal

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Se hace saber a todos/as los/las ciudadanos/as de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente

La lucha contra la exclusin social se ha convertido, dada la creciente amplitud del fenmeno, en uno de los principales retos de las sociedades occidentales. Se observa con alarma su naturaleza estructural y no caben dudas sobre su carcter multidimensional, la compleja imprecisin de sus lmites, la profunda interrelacin existente entre los factores que la determinan y el reflejo del proceso de dualizacin social que representa.

La exclusin social no debe identificarse con la pobreza, entendida sta como dificultad o imposibilidad de acceso a los bienes y servicios propios del nivel medio de bienestar de una determinada sociedad. La pobreza es quiz, junto con la precariedad de los tejidos relacionales, su manifestacin ms visible, pero no su esencia. La exclusin se define como la imposibilidad o la incapacidad de ejercer los derechos sociales, fundamentalmente el derecho al trabajo, pero tambin el derecho a la educacin, a la formacin, a la cultura, a la salud, a una vivienda digna, a la proteccin social.

Es indudable que, en gran medida, los procesos y las situaciones de exclusin, la ruptura del vnculo existente entre el individuo y la sociedad, se derivan de su no participacin en el proceso productivo.

En nuestra sociedad moderna el trabajo constituye el medio por excelencia de adquirir derechos y deberes respecto a la sociedad y de que sta los adquiera respecto al individuo. As entendido, el derecho al trabajo se convierte en condicin sine qua non de la plena ciudadana, y adquiere todo su significado como derecho poltico.

La no participacin o la participacin residual en el mercado de trabajo determinan, casi necesariamente, el inicio de un proceso de exclusin con consecuencias directas en el ejercicio de otros derechos sociales. En esta dinmica, las carencias y las dependencias no slo se acumulan o yuxtaponen, sino que se refuerzan mutuamente.

Sin embargo, la exclusin social no puede, por la pluralidad de sus efectos y la diversidad de los grados en que se manifiesta, reducirse a una serie de situaciones fcilmente discernibles.

Si abordamos la cuestin desde una perspectiva general, cabe considerar que est excluida toda persona que, en mayor o menor medida, se encuentra incapacitada o imposibilitada para el ejercicio de alguno o de varios de los derechos sociales que otorgan estatus de ciudadana a un individuo, es decir, toda persona que carece de los recursos personales, sociales o econmicos suficientes para ejercer estos derechos.

De acuerdo con esta aproximacin, y sin pretender ser exhaustivos, podemos considerar excluidos a los siguientes tipos de personas:

  1. las personas que carecen de recursos econmicos suficientes para cubrir las necesidades alimenticias bsicas;

  2. las personas que carecen de los recursos de todo tipo necesarios para acceder o mantener una vivienda digna y en condiciones,

  3. y, de forma ms genrica, cualquier persona incapacitada para acceder a los derechos sociales bsicos -derecho al empleo, a la educacin, a la salud, etc.-, quedando como consecuencia deello al margen de la posibilidad de desarrollar una vida independiente plenamente normalizada.

    Las polticas contra la exclusin deben abordar las diferentes realidades sealadas, con independencia del posible origen de las mismas, se encuentre ste en el desempleo, los bajos salarios, las situaciones de ruptura familiar, la pertenencia a minoras tnicas o nacionales, la enfermedad, la minusvala o incapacidad, el alcoholismo, la drogadiccin o cualquier otra problemtica similar.

    La naturaleza estructural de las causas de la exclusin, la tendencia acumulativa de sus efectos y el carcter multidimensional de sus manifestaciones exigen por parte de la sociedad en general, y de las Administraciones pblicas en particular, una intervencin global destinada, por un lado, a iniciar y a encauzar el largo proceso de transformaciones estructurales indispensables para la progresiva erradicacin del fenmeno, y, por otro, a paliar a corto plazo las graves consecuencias sociales de los procesos y de las situaciones de exclusin.

    Esta intervencin debe comprender necesariamente un conjunto de medidas sectoriales capaces de actuar en los ms diversos mbitos de la vida social. Los esfuerzos desarrollados en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco por las polticas de empleo y, ms concretamente, por las iniciativas de lucha contra el paro, las polticas de fomento de la formacin profesional tendentes a adecuar el nivel y el tipo de formacin a las necesidades del mercado de trabajo, las polticas de incremento de las viviendas sociales, las acciones de integracin escolar, la universalizacin del acceso a la salud o el considerable reforzamiento de las prestaciones de proteccin social, son todos ellos elementos bsicos en la lucha contra la exclusin y en la erradicacin de las causas de la pobreza.

    Para maximizar su eficacia, sin embargo, se hace necesario tener siempre presente este objetivo de lucha contra la exclusin, tanto en el diseo como en la aplicacin de las polticas pblicas, con el fin de potenciar los efectos directos e indirectos que de ellas pudieran derivarse. Se hace igualmente indispensable coordinar las intervenciones de cara al mejor aprovechamiento de su efecto conjugado.

    Simultneamente, siendo la carencia de recursos econmicos una de las caractersticas ms frecuentes y visibles de los procesos y de las situaciones de exclusin, es necesario garantizar a los grupos ms desfavorecidos el acceso a un nivel de vida que les permita cubrir sus necesidades materiales bsicas.

    Esta doble accin de la Administracin, desde las polticas sectoriales por un lado, y desde las polticas de bienestar social por otro, es la respuesta por la que los pases de nuestro entorno socioeconmico han optado en su lucha contra la exclusin social.

    La Unin Europea tambin se ha decantado por esta estrategia. Desde que en 1988 el Parlamento Europeo recomendara a los poderes pblicos la instauracin de una renta mnima garantizada, las instituciones comunitarias tratan de orientar a los Estados miembros en su lucha contra la exclusin social.

    La Resolucin del Consejo de Ministros de Asuntos Sociales de 29 de septiembre de 1989 recomienda el desarrollo de acciones que favorezcan el acceso a la formacin, al empleo, a la vivienda, a los servicios y a la atencin sanitaria. En su Recomendacin de 24 de junio de 1992 sobre Criterios Comunes Relativos a Recursos y Prestaciones Suficientes en los Sistemas de Proteccin Social, el Consejo recomienda la instauracin de una renta mnima. La Comunicacin de la Comisin de 23 de diciembre de 1992 (Hacia una Europa de la Solidaridad) se orienta hacia la intensificacin de la lucha contra la exclusin social y la promocin de la integracin. El Libro Blanco sobre la Poltica Social Europea -Un paso adelante para la Unin-, documento determinante de la evolucin futura de las iniciativas de la Unin Europea en estas materias, recoge la prioridad de estos objetivos.

    En la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, el lanzamiento en 1989 del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza en el marco del Programa Euskadi en la Europa del 93 ha sido el elemento clave del avance hacia la integracin y la cohesin social. A este modelo se han acogido progresivamente la mayora de las legislaciones autonmicas, y ha sido un ejemplo de prontitud en su puesta en marcha y de eficacia en la cobertura casi inmediata de la poblacin potencialmente beneficiaria.

    La evaluacin de su aplicacin, si bien positiva en su globalidad, evidencia sin embargo una serie de lagunas en el diseo y desarrollo de este plan.

    La principal carencia detectada tiene sin duda que ver con el desarrollo de su tercer nivel de intervencin -relativo a la insercin-, que no ha alcanzado, por diversas razones, todos los objetivos inicialmente previstos.

    La mencionada carencia encuentra su origen en una serie de aspectos que han caracterizado la puesta en marcha del plan. Por un lado, el protagonismo adquirido desde un principio por el ingreso mnimo de insercin y la fuerte presin administrativa derivada de la tramitacin de las prestaciones econmicas han determinado un desarrollo ms limitado de los convenios de insercin, cuya eficaz aplicacin exige la dedicacin propia del trabajo social de orientacin y de seguimiento.

    Por otro lado, la escasa focalizacin de las polticas sectoriales hacia medidas especficas de lucha contra la pobreza y la exclusin y las disfunciones en los mecanismos de coordinacin entre las Administraciones pblicas implicadas en la gestin del plan han contribuido tambin a la limitada aplicacin del tercer nivel.

    Sin embargo, aun siendo importantes los factores sealados, conviene no olvidar los propios lmites del diseo del tercer nivel planteado originalmente en el propio Plan Integral de Lucha contra la Pobreza. Estos lmites se asocian a tres tipos de deficiencias del plan.

    En primer lugar, se observa en el plan un tratamiento no totalmente adecuado de la relacin entre prestaciones econmicas e insercin y, por extensin, entre pobreza y exclusin. Como ya ha sido sealado, pobreza y exclusin no son trminos sinnimos, resultando inadecuados aquellos planteamientos que asimilan automticamente exclusin social y exclusin econmica o bienestar econmico y bienestar social.

    Una consideracin ms ajustada de esta cuestin aconseja reformular el principio de la insercin en unos trminos diferentes, diferenciando el tratamiento de la insercin del que corresponde a las prestaciones econmicas necesarias para evitar la pobreza. As, los convenios de insercin deben orientarse a satisfacer las necesidades de insercin de todas las personas que en la actualidad se encuentran en situacin de exclusin, con independencia de que su situacin de exclusin se vincule o no con problemticas de tipo econmico.

    En segundo lugar, el plan evidencia un escaso nivel de profundizacin en cuanto al propio modelo de desarrollo de la insercin. Esta deficiencia se asocia bsicamente a una insuficiente consideracin de cmo ligar el tratamiento social de casos concretos -a travs de los convenios de insercin- con la planificacin de las medidas sectoriales de carcter general en que stos deben necesariamente sustentarse. El plan no ha sido en este sentido capaz de generar este tipo de actuaciones planificadoras de mbito general.

    Finalmente el desarrollo del Plan Integral contra la Pobreza se ha visto claramente limitado, en lo relativo a la insercin, por su propio carcter de pacto interinstitucional de desarrollo limitado en el tiempo, circunstancia que no siempre ha favorecido un detallado desarrollo normativo posterior de sus contenidos. La ausencia de una normativa legal global que sustentara el plan en todos sus niveles de desarrollo ha constituido una rmora fundamental en lo relativo al desarrollo de su tercer nivel.

    El muy desigual nivel de desarrollo normativo de las distintas partes del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza constituye de hecho una de sus carencias fundamentales, habindose comprobado paulatinamente la necesidad de una nica formulacin bsica, de carcter legal, para el conjunto de los instrumentos de actuacin previstos en su momento.

    Existen otros tipos de razones de importancia que tambin justifican el empeo en abordar una nueva regulacin de carcter legal en materia de lucha contra la exclusin.

    Estas razones tienen que ver con la necesidad de dar solucin a algunas de las lagunas o deficiencias normativas existentes en relacin al ingreso mnimo de insercin y a las ayudas de emergencia social, las cuales tienen que ver sobre todo con las siguientes cuestiones:

  1. Una insuficiente claridad en la delimitacin de las unidades susceptibles de beneficiarse del ingreso mnimo de insercin, particularmente en lo que se refiere a las personas que conviven juntas sin tener entre s lazos de afinidad o consanguinidad y a ciertas categoras especiales.

  2. Un excesivo rigor normativo en los criterios no econmicos de acceso al ingreso mnimo de insercin que, al menos en relacin a ciertos colectivos poblacionales, debera ser superado con unos planteamientos algo ms abiertos.

  3. Una excesiva rigidez en la regulacin de las ayudas de emergencia social, prestaciones que requieren de un cierto nivel de anlisis, valoracin y decisin autnomos por los servicios sociales de base.

  4. En general, una excesiva complejidad procedimental en la gestin de las prestaciones econmicas.

  5. La inexistencia de un rgimen de infracciones y sanciones.

    Pero las mencionadas razones tambin tienen que ver con la necesidad de superar el carcter estrictamente extraordinario del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza, configurando un modelo de tratamiento de la exclusin claramente inscrito en los mecanismos de actuacin ordinarios de nuestra Comunidad Autnoma.

    En consecuencia, y de conformidad con las directrices adoptadas por el Parlamento Vasco en su acuerdo de 21 de junio de 1994, se impone inscribir las medidas especficas de lucha contra la exclusin social en un marco de actuacin ordinario, abandonando el carcter extraordinario del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza, y, dada la accin complementaria de dichas medidas, poner trmino a la dispersin normativa, recogindolas en un nico texto con rango de ley, todo ello sin perjuicio de su posterior desarrollo normativo.

    En cuanto a las lneas bsicas de la nueva regulacin legal, hay que destacar ante todo el planteamiento que se hace en materia de insercin. Definindose la exclusin en trminos de carencia de los recursos personales, sociales o econmicos suficientes para desarrollar una vida independiente, el principal instrumento de intervencin que plantea la ley est constituido por los convenios de insercin. Estos convenios quedan definidos como documentos-programa, en los que las partes intervinientes establecen las intervenciones y/o actuaciones especficas de carcter social necesarias para conseguir la insercin de las personas en situacin de exclusin. El acceso a los convenios hace realidad el derecho a la insercin.

    De los convenios de insercin sern destinatarios o destinatarias, sin perjuicio de las excepciones previstas, los titulares del ingreso mnimo de insercin, los miembros de su unidad econmica de convivencia independiente, as como cualquier persona que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera una intervencin para la insercin enfocada en el medio y largo plazo. El contenido de los convenios es de naturaleza negociada entre los Ayuntamientos y los destinatarios o destinatarias de los mismos.

    La ley intensifica los mecanismos polticos de coordinacin interinstitucional necesarios para consolidar las actuaciones generales en que pueda sustentarse el desarrollo de los convenios de insercin individualizados.

    En esta lnea la ley, de una parte, da rango legal a la Comisin Interdepartamental para la Insercin, manteniendo dicho rango para la Comisin Interinstitucional para la Insercin, previendo adems la creacin de la Comisin Permanente para la Insercin en el seno del Consejo Vasco de Bienestar Social como rgano superior de participacin de los sectores sociales implicados en la lucha contra la exclusin; de otra, prev la aprobacin del Plan Vasco de Insercin, instrumento que debe recoger, de forma coordinada y global, las lneas y directrices de intervencin y actuacin que deben orientar la actividad de las Administraciones competentes para la consecucin de la insercin de las personas en situacin de exclusin.

    La ley reafirma el derecho a una renta mnima, el ingreso mnimo de insercin, que ya elevara a rango de derecho social la Ley 2/1990, de 3 de mayo. Fiel a la filosofa que la inspirara, el nuevo texto parte de considerar que la exclusin, y la pobreza como manifestacin ms visible de la misma y como forma ms extrema de desigualdad, son hechos sociales cuya existencia y desarrollo obedecen a causas de carcter estructural, externas a los sujetos que se ven atrapados en dichos procesos. El principio de solidaridad social exige que el conjunto de los ciudadanos comparta una responsabilidad que es de todos y ponga los medios necesarios para posibilitar un acceso igualitario a las oportunidades y al ejercicio de los derechos sociales.

    A tales fines, la ley prev para los beneficiarios del ingreso mnimo de insercin su necesaria participacin en programas y acciones de insercin en base a convenios de contenido negociado. Este compromiso representa para el individuo su derecho a tomar parte activa en la vida social, su insercin en el sistema y no su dependencia del mismo. Asimismo, pone de relieve la necesidad que la sociedad tiene de su participacin, garantizando, en suma, la igualdad de las partes intervinientes.

    La ley incorpora, precisando su contenido, las ayudas de emergencia social. La regulacin de estas prestaciones combina el intento de definir un marco global de gestin comn para el conjunto de la Comunidad Autnoma con la necesidad de respetar la capacidad de decisin de los servicios sociales de base en relacin a la evaluacin de la necesidad en relacin a estas prestaciones.

    Se modifican parcialmente los criterios no econmicos de acceso a las prestaciones, de forma que puedan acceder a las mismas ciertos colectivos necesitados que actualmente quedan excesivamente desprotegidos.

    Estas modificaciones se complementan con un replanteamiento del concepto de hogar independiente regulado en la normativa hasta ahora en vigor, que se sustituye por el de unidad econmica de convivencia independiente. Por medio de la introduccin de este nuevo concepto la ley pretende acercarse de forma ms adecuada a las muy diversas realidades familiares y no familiares de convivencia existentes en nuestra Comunidad Autnoma y abordar todos los supuestos planteados en la actualidad.

    Se ampla el marco de ingresos no computables a efectos de determinacin de la cuanta de las prestaciones con objeto, fundamentalmente, de evitar la desincentivacin para el trabajo. De esta forma, la ley prev que podrn quedar excluidos del cmputo de recursos determinados porcentajes de ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena. Este instrumento debe constituir un aspecto fundamental de la poltica de apoyo a la insercin laboral de las personas en situacin de exclusin.

    Se modifica el modelo de gestin a fin de garantizar el mejor desarrollo y aplicacin de las prestaciones, facilitando en todo lo posible su tramitacin.

    Como consecuencia de toda la reordenacin indicada y de la superacin del carcter extraordinario de las medidas de actuacin previstas en el Plan Integral de Lucha contra la Pobreza, se disea un rgimen de financiacin ordinario segn el cual:

    1. El Gobierno asume, en virtud de su competencia de accin directa en materia de asistencia social, la financiacin de los recursos econmicos necesarios para hacer frente a las cuantas de las prestaciones econmicas reguladas en esta ley.

    2. Las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos consignarn anualmente en sus respectivos Presupuestos los recursos econmicos necesarios para la gestin de las prestaciones econmicas y dems instrumentos de carcter social y, en general, para la ejecucin de las competencias previstas en la presente ley.

    3. La Comisin Interinstitucional para la Insercin analizar los criterios para la distribucin del Gobierno a las Diputaciones Forales, y de stas a los Ayuntamientos, de los recursos econmicos destinados a la financiacin de las ayudas de emergencia social y propondr, en su caso, la revisin de los mismos.

      Finalmente, se incorpora un sistema de infracciones y sanciones, el primero de su naturaleza en nuestro panorama legislativo, el cual, por un lado, debe garantizar la adecuacin de la aplicacin de las medidas de lucha contra la exclusin a los principios de justicia social y de responsabilidad en el destino de los recursos pblicos, y, por otro, dada la alta sensibilidad social respecto a esta cuestin, debe evitar que algunas irregularidades excepcionales incidan negativamente en la imagen social del conjunto del dispositivo.

De conformidad con lo establecido en el artculo 9.2 de la Constitucin Espaola, la Ley Orgnica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonoma para el Pas Vasco, establece con carcter general en el artculo 9. de su Ttulo Preliminar que los poderes pblicos vascos, en el mbito de su competencia, adoptarn aquellas medidas dirigidas a promover las condiciones y a remover los obstculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales.

Si bien no otorgan competencias materiales, estos artculos explicitan los valores superiores del ordenamiento jurdico e imponen a los poderes pblicos el deber de instrumentar los medios que resulten necesarios para alcanzar la igualdad entre los individuos con independencia de su situacin social.

Asimismo, dentro del Ttulo I De las competencias del Pas Vasco, el artculo 10. en sus apartados 12, 13, 14 y 39 reserva a la Comunidad Autnoma del Pas Vasco la competencia exclusiva en el mbito de los servicios sociales.

Por su parte, el artculo 12.2. del texto estatutario atribuye a la Comunidad Autnoma del Pas Vasco la ejecucin de la legislacin del Estado en materia laboral, procurando que las condiciones de trabajo se adecuen al nivel de desarrollo y progreso social, promoviendo la cualificacin de los trabajadores y su formacin integral. En esta lnea, el Gobierno Vasco ha venido desarrollando una serie de programas de fomento del empleo y de la formacin ocupacional.

Amparada en estos fundamentos jurdicos, la ley contra la Exclusin Social regula un dispositivo global en el que intervienen, complementndose, instrumentos sociales y prestaciones econmicas.

El dispositivo de lucha contra la exclusin social articulado en la ley -a excepcin del derecho a la insercin, que puede ejercerse con independencia de la percepcin o no percepcin de prestaciones econmicas de proteccin social y con independencia, en su caso, de la naturaleza de las mismas- se configura como subsidiario y complementario de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido econmico previstas en la legislacin vigente. Se constituye as en el ltimo nivel de proteccin, con la misin de amparar a aquellas personas y a aquellos colectivos que quedan al margen de la cobertura ordinaria del sistema de proteccin social.

Manteniendo la naturaleza que se le atribua en el Plan de Lucha contra la Pobreza, el ingreso mnimo de insercin se define como una prestacin peridica de naturaleza econmica dirigida a cubrir las necesidades de aquellas personas que carezcan de recursos econmicos suficientes para hacer frente a los gastos bsicos para la supervivencia. Su carcter finalista, reflejado en la obligacin contrada por los titulares de aplicar la misma a alimentos, hace de ella una prestacin intransferible, excepto en los casos de compensacin o descuento para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas, y en los casos de retencin o embargo previstos en la legislacin general del Estado.

La cobertura de la prestacin queda parcialmente ampliada en la ley contra la Exclusin Social. En este sentido, la ley modifica las condiciones de acceso a la prestacin, estableciendo unos requisitos algo menos rigurosos.

Otros aspectos relevantes a destacar de la nueva regulacin del ingreso mnimo de insercin hacen referencia a la obligatoriedad de realizar al menos una revisin anual del cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestacin; se prev la tramitacin con carcter de urgencia y prioritariamente para el acceso a la prestacin en los supuestos en que la extincin del derecho al ingreso mnimo de insercin correspondiente al hasta entonces titular implique perjuicios manifiestos a los dems miembros de la unidad econmica de convivencia independiente, y, finalmente, la posibilidad de acordar, en determinados supuestos, el pago de la prestacin a persona distinta del titular.

Las ayudas de emergencia social se definen en la ley como prestaciones econmicas no peridicas de naturaleza subvencional, de carcter finalista, destinadas a cubrir gastos especficos, de carcter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, paliar o evitar situaciones de marginacin social. Son intransferibles dentro de los mismos lmites que el ingreso mnimo de insercin.

La ley hace un repaso detallado a los gastos especficos que podrn ser considerados a efectos de este tipo de prestaciones, mantenindose en lo fundamental el modelo de actuaciones existente en la actualidad.

En el caso de gastos derivados de la adquisicin de una vivienda o alojamiento habitual en propiedad, la ley introduce sin embargo la novedad de que estas prestaciones podrn concederse en forma de prstamo, pudiendo resultar en tal caso obligatorio suscribir un documento de reconocimiento de deuda por parte del beneficiario de las ayudas.

Los requisitos no econmicos de acceso a las ayudas de emergencia social se mantienen en lo fundamental en relacin a la actual normativa de desarrollo.

El acceso a las ayudas de emergencia social est condicionado a la existencia de disponibilidades presupuestarias y a la comprobacin de una situacin real de necesidad por parte de los servicios sociales. Con esta formulacin, la ley reconoce el papel fundamental que, en relacin a la concesin de estas prestaciones, tendr la valoracin que realicen los servicios sociales de base sobre la pertinencia de la concesin de las ayudas y la cuantificacin de las mismas.

La ley se dota de un sistema organizativo basado en la coordinacin de las Administraciones pblicas.

A tal fin se crea una Comisin Interinstitucional para la Insercin que, en su calidad de mximo organismo de colaboracin y de coordinacin interinstitucional, tiene como funciones la propuesta de criterios para la elaboracin de las normas de desarrollo, aplicacin y, en su caso, revisin de la ley, la elaboracin de la propuesta del Plan Vasco de Insercin, la recomendacin de medidas de coordinacin a las diferentes Administraciones, la realizacin de un informe de control de calidad de la gestin, as como el anlisis de los criterios para la distribucin de los recursos econmicos destinados a la financiacin de las ayudas de emergencia social.

La ley se dota igualmente de un dispositivo institucional especfico para la insercin estructurado sobre la base de la coordinacin entre las Administraciones pblicas y la participacin de los sectores sociales implicados en la lucha contra la exclusin, as como la necesaria cooperacin y coordinacin de los Departamentos que en dichas Administraciones sean competentes en materias que participan directa o indirectamente del objetivo de insercin.

A tales efectos se crea en el mbito de competencia del Gobierno Vasco la Comisin Interdepartamental para la Insercin y la Comisin Permanente para la Insercin, como rgano consultivo del Gobierno Vasco en cuestiones de insercin.

Dicha Comisin Permanente se incardina en el Consejo Vasco de Bienestar Social, lo que ha exigido la modificacin de la ley de Servicios Sociales para adaptar la composicin de dicho Consejo a esta nueva realidad. Esa modificacin se plasma en la disposicin adicional cuarta, y la causa que la justifica es que a la hora de crear una estructura participativa para la lucha contra la exclusin se entiendecomo ms operativo aprovechar y potenciar un foro ya existente.

Debe tenerse en cuenta que el rgano participativo por su propia esencia tiene que ser amplio, y adems en la parte pblica del mismo es coincidente casi en su totalidad con el vigente Consejo Vasco de Bienestar Social. Si se hubiese creado uno nuevo surgiran duplicidades en la composicin de ambos rganos.

Ante esta situacin se ha optado por la solucin de constituir en el seno del Consejo Vasco de Bienestar Social una comisin permanente que podramos llamar sectorial o especializada para la lucha contra la exclusin.

En este sentido, en un futuro prximo es fcilmente imaginable la aparicin de comisiones permanentes especficas para la inmigracin, la tercera edad, las minusvalas, etc.

Se logra as, adems, una potenciacin del Consejo Vasco de Bienestar Social, que se convierte en el rgano nuclear y de referencia de todo el mundo de los servicios sociales, aunque persistan otros foros que tericamente seran integrables en su seno como comisiones permanentes pero que por su logro, tradicin y vigencia se considera que deben pervivir con personalidad propia, como son el Consejo de la Juventud, el Consejo de la Mujer y el Consejo de Drogodependencias.

No obstante, tenemos que tener en cuenta que en la composicin de la comisin permanente contra la exclusin social tienen presencia colectivos que no estn reconocidos en el Consejo Vasco de Bienestar Social (los empresarios); por ello se hace preciso modificar la composicin de ste para evitar que en una comisin permanente estn representados ms sectores que en el propio Pleno.

Finalmente, la ley incorpora un sistema de infracciones y sanciones con la finalidad de disuadir y, en su caso, de sancionar a quienes ocultan o falsean datos econmicos o no econmicos determinantes de la concesin, conservacin o denegacin de las prestaciones econmicas previstas en la ley, o de su mayor o menor cuanta.

Los criterios determinantes de la gravedad de las infracciones son el acceso o no a las prestaciones como consecuencia de la actuacin fraudulenta, la cuanta defraudada y el nivel de ingresos de la unidad econmica de convivencia independiente del infractor al tiempo de la comisin de la infraccin.

Las sanciones, cuya graduacin atiende a la negligencia e intencionalidad del sujeto, a su capacidad de discernimiento, a la cuanta indebidamente percibida, al grado de incumplimiento de la obligacin de comunicacin de las circunstancias sobrevenidas que pudieran afectar a las prestaciones, a la existencia o no de requerimientos previos por parte de las Administraciones pblicas en relacin a la modificacin de dichas circunstancias y a las circunstancias familiares, pueden ser econmicas -multas- o no econmicas, consistentes en un mero apercibimiento, sin perjuicio, en todo caso, de la obligacin de devolver las cantidades indebidamente percibidas o en cuanta indebida.

La presente ley tiene por objeto regular, en el mbito de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, los instrumentos de carcter social y las prestaciones econmicas que resulten necesarios para prevenir el riesgo de exclusin personal, social y laboral, as como para contribuir a la insercin de quienes carezcan de los recursos personales, sociales o econmicos suficientes para desarrollar una vida independiente.

La presente ley tiene igualmente por objeto establecer la organizacin institucional y el plan y programas que resulten necesarios para sustentar los esfuerzos de prevencin de la exclusin y de insercin de las personas afectadas.

Los instrumentos destinados a la insercin y a la prevencin de la exclusin son los siguientes:

  1. Los convenios de insercin, documentos-programa en los que se recogen las acciones especficas de carcter social necesarias para la insercin personal, social y laboral.

  2. El ingreso mnimo de insercin, prestacin econmica dirigida a la cobertura de los gastos bsicos para la supervivencia.

  3. Las ayudas de emergencia social, prestaciones econmicas dirigidas a la cobertura de gastos especficos, de carcter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, paliar o evitar situaciones de marginacin social.

  1. A los efectos de la presente ley tendrn la consideracin de unidad econmica de convivencia independiente las siguientes personas o grupos de personas residentes en una vivienda o alojamiento:

    1. Personas que viven solas en una vivienda o alojamiento.

    2. Dos o ms personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando estn unidas entre s por matrimonio u otra forma de relacin permanente anloga a la conyugal, por adopcin, consanguinidad o afinidad hasta el 4. y 2. grado, respectivamente.

      A los efectos de esta ley, la existencia de relaciones permanentes anlogas a la conyugal deber ser acreditada fehacientemente.

    3. Dos o ms personas que, no estando unidas entre s por alguno de los vnculos previstos en el apartado anterior, viven juntas en una misma vivienda o alojamiento debido a situaciones constatables de extrema necesidad.

  2. Podrn excepcionalmente tener la consideracin de unidad econmica de convivencia independiente las personas que vivan en una misma vivienda o alojamiento junto con unidades de las sealadas en el nmero anterior.

  3. A los efectos de la presente ley, se entender por vivienda o alojamiento todo marco fsico utilizado de forma habitual como residencia por una o ms personas que pretenden convivir de forma independiente, no sometidas a una autoridad o rgimen comn.

    Reglamentariamente podrn determinarse los supuestos de marco fsico de residencia colectiva que puedan ser considerados vivienda o alojamiento independiente a los efectos de esta ley.

  1. Los convenios de insercin son documentos-programa en los que las partes intervinientes establecen, de mutuo acuerdo, las acciones especficas de carcter social necesarias para conseguir la insercin personal, social y laboral o prevenir el riesgo de exclusin de los miembros de la unidad econmica de convivencia independiente.

  2. Las acciones susceptibles de incluirse en los mencionados convenios de insercin podrn ser de la siguiente naturaleza:

    1. Acciones encaminadas al desarrollo de los elementos necesarios para promover la estabilidad personal, el equilibrio en la convivencia y la insercin y participacin social, en especial en su entorno de vida cotidiana.

    2. Acciones que faciliten el acceso al sistema general de salud, en especial en casos en los que se requiera un tratamiento mdico especializado o se requieran acciones especficas de desintoxicacin y deshabituacin.

    3. Acciones que permitan el desarrollo de las actitudes y de los hbitos necesarios para la adquisicin de nuevos conocimientos educativos y formativos.

    4. Actividades especficas de formacin, reglada o no, que permitan adecuar el nivel de formacin de partida o las competencias profesionales adquiridas a las necesidades del sistema productivo.

    5. Acciones que posibiliten el acceso a un puesto de trabajo, sea por cuenta ajena o por las vas de acceso existentes para la creacin de una empresa propia.

    6. Otras acciones que pudieran considerarse necesarias para garantizar la insercin social.

  3. No podrn incluirse en los convenios de insercin actuaciones que pudieran ser consideradas de naturaleza laboral, salvo que las mismas se sustenten en un contrato de esa naturaleza.

  1. Las partes intervinientes en los convenios de insercin sern, por un lado, los Ayuntamientos, y, por otro, las personas que, por encontrarse en situacin o riesgo de exclusin, sean susceptibles de ser destinatarias de los convenios de insercin.

  2. En todo caso se suscribirn convenios de insercin con quienes sean titulares del derecho al ingreso mnimo de insercin.

  3. El Ayuntamiento podr:

    1. Incluir como destinatario o destinataria del convenio de insercin a otros miembros de la unidad econmica de convivencia independiente cuando en los mismos concurran causas de exclusin distintas a las de naturaleza estrictamente econmicas.

    2. Eximir como destinatarios o destinatarias del convenio de insercin a quienes sean titulares del derecho al ingreso mnimo de insercin cuando en los mismos no concurran otras causas de exclusin que las de naturaleza estrictamente econmica.

    3. Suscribir un convenio de insercin con cualquier persona que lo solicite y que, a juicio de los servicios sociales de base, requiera una intervencin o actuacin especfica para la insercin enfocada en el medio y largo plazo.

  1. Los Ayuntamientos desarrollarn, de forma individualizada, el diagnstico relativo a las necesidades de insercin personal, social y laboral de las personas que sean destinatarias de los convenios de insercin.

    De acuerdo con el mencionado diagnstico, los Ayuntamientos disearn, para cada persona, la correspondiente propuesta de convenio de insercin. ste incluir la relacin de compromisos a asumir por las partes intervinientes, y, en concreto, los relativos a las medidas a desarrollar por las partes para la ms eficaz integracin econmica, social y laboral de las personas a las que van destinados, estableciendo adems la periodicidad con la que ser evaluada la idoneidad de las acciones especficas aplicadas.

    Una vez negociado el contenido de la propuesta de convenio de insercin por las partes intervinientes, los Ayuntamientos procedern a la elaboracin definitiva del convenio de insercin, procedindose a la suscripcin del mismo por ambas partes.

  2. En el proceso de elaboracin de los convenios de insercin los Ayuntamientos actuarn a travs de los servicios sociales de base, teniendo en cuenta el conjunto de acciones para la insercin susceptibles de ser utilizadas, inclusive aquellas cuya titularidad corresponda al resto de las entidades pblicas o privadas competentes.

  3. A los efectos sealados, las dems Administraciones pblicas vascas as como las entidades privadas inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras de Servicios Sociales vendrn obligadas a actuar en relacin a los Ayuntamientos de acuerdo con los principios de coordinacin, cooperacin y servicio a los ciudadanos.

  1. Son obligaciones de las partes intervinientes en los convenios de insercin:

    1. Desarrollar las acciones a las que se hubieran comprometido en el convenio de insercin.

    2. Comunicar los cambios sobrevenidos que incidieran en la posibilidad de desarrollar las actuaciones comprometidas.

    3. Realizar todas aquellas actuaciones que se deriven del objeto y finalidad del convenio de insercin suscrito.

  2. En todo caso, y con independencia de los compromisos que pudieran haberse suscrito mediante la firma del convenio de insercin, el desarrollo de los mismos en ningn caso constituir un obstculo para el acceso de las personas destinatarias de dicho convenio a un empleo o a un proceso de formacin no previsto en el mismo, sin perjuicio de la revisin del convenio que ello pudiera suponer.

  3. Las actuaciones e intervenciones incluidas en los convenios de insercin se realizarn, de acuerdo con los principios previstos en el artculo 6.3, por los Ayuntamientos o por las dems Administraciones y entidades competentes en el rea de actuacin de que se trate en ejecucin de sus respectivos programas en los trminos que se establezcan en los mismos.

  1. El convenio de insercin deber determinar la periodicidad con la que se efectuar la evaluacin del mismo. En funcin de dicha evaluacin o por acuerdo de las partes intervinientes, previa solicitud de cualquiera de las mismas o por circunstancias de fuerza mayor, podr revisarse y modificarse el contenido del convenio de insercin o suspenderse su aplicacin.

  2. En situaciones de excepcional gravedad en las que sea imposible el cumplimiento por parte de la persona titular, se podr suspender de forma temporal la obligatoriedad del cumplimiento de los compromisos derivados del mismo, hasta tanto desaparezca o se modifique la situacin justificada.

Son causas de resolucin del convenio de insercin:

  1. Haberse alcanzado los objetivos de insercin previstos en el mismo.

  2. No haberse realizado por el beneficiario o beneficiaria, por causa imputable al mismo o a la misma, las actuaciones a las que se hubiera comprometido.

  3. Alcanzarse un acuerdo en tal sentido por las partes intervinientes.

  4. Cumplirse el plazo para el que fue establecido, salvo que se hubiera acordado la prrroga del mismo.

  5. Las dems causas previstas en el ordenamiento jurdico.

La organizacin institucional de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco para la insercin social se integra por:

  1. La Comisin Permanente para la Insercin.

  2. La Comisin Interinstitucional para la Insercin.

  3. La Comisin Interdepartamental para la Insercin.

  1. En el seno del Consejo Vasco de Bienestar Social se constituir una Comisin Permanente para la Insercin como foro especfico de participacin de los sectores sociales implicados en la lucha contra la exclusin y de consulta y asesoramiento respecto de los proyectos de ley, disposiciones generales y reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno Vasco en los aspectos a los que se refiere la presente ley.

  2. La Comisin Permanente para la Insercin estar integrada por los siguientes miembros:

    1. Dieciocho representantes de las Administraciones pblicas vascas, distribuidos de la siguiente manera:

      Seis representantes designados por el Gobierno Vasco, uno de los cuales la presidir y otro actuar como secretario, con voz y con voto.

      Dos representantes designados por cada una de las Diputaciones Forales.

      Seis representantes designados por la asociacin de municipios vascos ms representativa, procurando reflejar los distintos tipos de municipios que existen en la Comunidad Autnoma.

    2. Ocho representantes designados por aquellas entidades privadas, inscritas en el Registro de Entidades Colaboradoras de Servicios Sociales, cuyo objeto prioritario sea la lucha contra la exclusin. En caso de no existir unanimidad sobre la designacin de todos o parte de estos representantes, stos sern designados por el Consejero del Departamento competente en materia de servicios sociales.

    3. Cuatro representantes designados por las asociaciones empresariales de la Comunidad Autnoma vasca que ostenten la representacin institucional de los empresarios segn la normativa general de aplicacin.

    4. Cuatro representantes designados por las organizaciones y confederaciones sindicales que ostenten la condicin de ms representativas y las representativas que hayan obtenido el 10% o ms de delegados de personal y miembros de comit de empresa y de los correspondientes rganos de las Administraciones pblicas, en el mbito de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

    5. Un representante designado por el Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.

    6. Un representante de la Confederacin de Cooperativas de Euskadi.

  3. La representacin prevista en los apartados b) y d) del prrafo anterior tendr una duracin de cuatro aos.

  4. Sern funciones de la Comisin Permanente para la Insercin:

    1. Detectar y analizar las necesidades bsicas de las personas en situacin de exclusin a fin de proponer a la Comisin Interinstitucional para la Insercin las lneas de actuacin que deberan desarrollarse para hacerles frente.

    2. Informar preceptivamente la propuesta de Plan Vasco de Insercin.

    3. Elaborar anualmente un informe de seguimiento y evaluacin de la ejecucin del Plan Vasco de Insercin. A los efectos previstos en el artculo 40.2 de esta ley, los citados informes debern ser remitidos al Gobierno antes del ltimo trimestre de aplicacin del Plan Vasco de Insercin.

    4. Informar sobre el anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma en lo referente a los recursos econmicos consignados para la financiacin de las cuantas de las prestaciones econmicas a que se refiere esta ley.

    5. Realizar, al resto de rganos o entidades pblicos y a las entidades privadas competentes, propuestas relativas a las actuaciones que deberan desarrollarse para la insercin de las personas en situacin de exclusin.

    6. Informar preceptivamente las disposiciones normativas en materia de exclusin social as como los programas generales o sectoriales cuyo mbito territorial sea la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

    7. Elaborar su reglamento de organizacin y funcionamiento.

  1. A fin de asegurar la coordinacin interinstitucional en las diversas actuaciones derivadas de la aplicacin de la presente ley por parte de las Administraciones pblicas vascas competentes, se crea la Comisin Interinstitucional para la Insercin como mximo organismo de colaboracin.

  2. La Comisin Interinstitucional para la Insercin estar integrada por:

    1. Tres representantes del Gobierno Vasco, designados por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejero del Departamento competente en materia de servicios sociales, de los cuales al menos uno, que actuar como presidente, pertenecer a dicho Departamento.

    2. Un representante designado por cada una de las Diputaciones Forales.

    3. Tres representantes designados por la asociacin de municipios vascos ms representativa.

Corresponde a la Comisin Interinstitucional para la Insercin el ejercicio de las siguientes funciones:

  1. Proponer los criterios para la elaboracin de las normas de desarrollo, aplicacin y, en su caso, revisin de la presente ley.

  2. Elaborar la propuesta del Plan Vasco de Insercin.

  3. Proponer a las distintas Administraciones pblicas vascas la adopcin de las medidas necesarias para la coordinacin de sus actuaciones en las materias previstas en esta ley, con particular referencia al anlisis de los recursos humanos y materiales para su desarrollo.

  4. Realizar trienalmente un informe de control de calidad de la gestin dirigido a detectar las ineficiencias que pudiera generar la intervencin de los tres niveles institucionales en la aplicacin y ejecucin de lo dispuesto en la presente ley, proponiendo, en su caso, las acciones precisas para su eficaz cumplimiento y desarrollo. A los efectos previstos en el artculo 40.2 de esta ley, el citado informe deber ser remitido al Gobierno antes del ltimo trimestre de aplicacin del Plan Vasco de Insercin.

  5. Analizar los criterios para la distribucin del Gobierno Vasco a las Diputaciones Forales y de stas a los Ayuntamientos de los recursos econmicos destinados a la financiacin de las ayudas de emergencia social, y proponer, en su caso, la revisin de los mismos.

  6. Las dems funciones que pudieran serle encomendadas por el ordenamiento jurdico.

  1. Adscrita al Departamento competente en materia de servicios sociales, se crea la Comisin Interdepartamental para la Insercin como rgano de coordinacin de las actuaciones del Gobierno Vasco en materia de insercin.

  2. Dicha Comisin estar presidida por el Consejero del Departamento competente en materia de servicios sociales y compuesta por doce representantes, con rango mnimo de Director, designados por los Consejeros competentes en las materias de:

    • Hacienda.

    • Empleo.

    • Formacin para el empleo.

    • Servicios sociales.

    • Justicia.

    • Drogodependencias.

    • Educacin.

    • Sanidad.

    • Juventud.

    • Vivienda.

    • Seguridad ciudadana.

    • Igualdad entre hombres y mujeres.

  3. Sern funciones de la Comisin Interdepartamental para la Insercin:

    1. Identificar y censar las intervenciones y actuaciones especficas de lucha contra la exclusin as como las intervenciones y actuaciones de carcter general susceptibles de ser aplicadas para promover la insercin personal, social y laboral de las personas en situacin de exclusin en el mbito de competencia de la Administracin General de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

    2. Proponer los principios generales para garantizar el acceso de las personas en situacin de exclusin a las mencionadas intervenciones y actuaciones, estableciendo en su caso propuestas respecto a la proporcin mnima de las ayudas o acciones previstas en cada intervencin o actuacin general que debern destinarse a las personas en situacin de exclusin.

    3. Establecer propuestas para la coordinacin de las intervenciones y actuaciones interdepartamentales en materia de insercin as como, en su caso, respecto a los criterios para la distribucin interdepartamental de las cargas financieras relativas a actuaciones que afecten a varios Departamentos.

    4. Analizar la aplicacin de las distintas intervenciones o actuaciones de lucha contra la exclusin, estudiando en su caso nuevas propuestas para el tratamiento de los problemas planteados por las realidades de exclusin.

    5. Proponer las lneas bsicas para la ejecucin del Plan Vasco de Insercin por los Departamentos a travs de los programas departamentales de insercin.

    6. Elaborar anualmente un informe de seguimiento y evaluacin de la ejecucin del Plan Vasco de Insercin, en el que necesariamente se incluir la evaluacin de los objetivos de insercin alcanzados. A los efectos previstos en el artculo 40.2 de esta ley, los informes debern ser remitidos al Gobierno antes del ltimo trimestre de aplicacin del Plan Vasco de Insercin.

    7. Elaborar su reglamento de organizacin y funcionamiento.

    8. Las dems que le pueda atribuir el resto del ordenamiento jurdico.

  1. El Plan Vasco de Insercin, que tendr carcter trienal, recoger de forma coordinada y global las lneas y directrices de intervencin y actuacin que deben orientar la actividad de las Administraciones competentes para la consecucin de la insercin de las personas en situacin de exclusin.

  2. El Plan Vasco de Insercin ser elaborado por la Comisin Interinstitucional para la Insercin, y aprobado por el Gobierno Vasco previo informe preceptivo de la Comisin Permanente para la Insercin. El Gobierno lo elevar como comunicacin al Parlamento Vasco.

El Plan Vasco de Insercin se ejecutar mediante los diferentes programas que elaboren y desarrollen las distintas Administraciones en el mbito de sus competencias.

  1. El ingreso mnimo de insercin es una prestacin peridica de naturaleza econmica dirigida a cubrir las necesidades de aquellas personas que carezcan de recursos econmicos suficientes para hacer frente a los gastos bsicos para la supervivencia.

  2. Esta prestacin:

    1. Tendr carcter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido econmico previstas en la legislacin vigente que pudierancorresponder al titular o a cualquiera de los miembros de su unidad econmica de convivencia independiente.

    2. Se otorgar con carcter alimenticio en beneficio de todos los miembros de la unidad econmica de convivenciaindependiente.

    3. Ser intransferible, y por tanto no podr:

      ofrecerse en garanta de obligaciones.

      ser objeto de cesin total o parcial.

      ser objeto de compensacin o descuento, salvo para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

      ser objeto de retencin o embargo, salvo en los supuestos y con los lmites previstos en la legislacin general del Estado que resulte de aplicacin.

  1. Podrn ser titulares del derecho al ingreso mnimo de insercin, en las condiciones previstas en la presente ley, aquellas personas que renan los siguientes requisitos:

    1. Constituir una unidad econmica de convivencia independiente, como mnimo con un ao de antelacin a la fecha de presentacin de la solicitud. Quedan exceptuados de cumplir este plazo:

      quienes tuviesen econmicamente a su cargo a menores o a personas con minusvala o estuviesen unidos a otra persona por matrimonio o por otra forma de relacin permanente anloga a la conyugal.

      quienes constituyeran una nueva unidad econmica de convivencia independiente por separacin, tanto matrimonial como de parejas de hecho, divorcio o nulidad matrimonial, siempre que la nueva unidad est exclusivamente constituida por personas integrantes de la unidad econmica de convivencia independiente anterior.

      quienes constituyeran una nueva unidad econmica de convivencia independiente por fallecimiento de los padres, tutores o representantes legales.

    2. Figurar en el Padrn de cualquier municipio de los integrados en el territorio de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco al menos con un ao de antelacin a la fecha de presentacin de la solicitud.

      Para los ciudadanos que no lo sean de la Unin Europea, ser necesario cumplir las condiciones previstas en el prrafo anterior o acreditar tres aos de residencia legal en la Comunidad Autnoma, de los cuales doce meses han de ser inmediatamente anteriores a la solicitud, salvo que, segn lo establecido en los tratados internacionales o, en su defecto, segn el principio de reciprocidad, deban considerarse plazos inferiores.

    3. No disponer de recursos suficientes. Se considerar que no se dispone de tales recursos cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

      Disponer de unos rendimientos mensuales, determinados conforme se establece en el Captulo VI de esta ley, que sean inferiores a la cuanta mensual del ingreso mnimo de insercin correspondiente.

      En el supuesto de personas que, siendo susceptibles de ser consideradas unidad econmica de convivencia independiente en virtud de lo previsto en el artculo 3.2 de esta ley y reglamentos de desarrollo, convivan en la misma vivienda o alojamiento con otras personas con las que mantengan alguno de los vnculos previstos en su artculo 3.1.b), disponer en conjunto todas ellas, para el periodo de tiempo que corresponda, de rendimientos propios cuyo valor sea inferior a cinco veces la cuanta mxima del ingreso mnimo de insercin que les pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en funcin del nmero total de personas relacionadas entre s por los mencionados vnculos.

      Disponer de un patrimonio, determinado conforme se establece en el Captulo VI de esta ley, cuyo valor sea inferior a cuatro veces la cuanta anual del ingreso mnimo de insercin que les pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en funcin del nmero total de personas relacionadas entre s por los mencionados vnculos.

    4. Ser mayor de 25 aos y menor de la edad mnima exigida por la legislacin correspondiente para tener derecho a una pensin pblica por vejez.

      Quedan exceptuados los menores de 25 aos que, reuniendo el resto de los requisitos, tengan econmicamente a su cargo a menores o a personas con minusvala, as como los hurfanos de padre y de madre. Igualmente se considerarn exceptuados los menores de 25 aos que, reuniendo el resto de los requisitos, estuviesen unidos a otra persona por matrimonio u otra forma de relacin permanente anloga a la conyugal con al menos seis meses de antelacin.

  2. En el supuesto de que en una misma unidad econmica de convivencia independiente existieran varias personas que pudieran ostentar la condicin de titular, slo podr otorgarse el ingreso mnimo de insercin a una de ellas.

Son obligaciones de los titulares del derecho al ingreso mnimo de insercin:

  1. Aplicar la prestacin a la finalidad para la que se ha otorgado.

  2. Comunicar los hechos sobrevenidos que, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley, pudieran dar lugar a la modificacin, suspensin o extincin de la prestacin.

  3. Comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual del titular, sin perjuicio, en su caso, de las peculiaridades que se hayan previsto en el convenio de insercin.

  4. Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuanta indebida.

  5. Negociar, suscribir y cumplir un convenio de insercin con la Administracin, en los supuestos y trminos previstos en el Captulo II de la presente ley.

  6. Comparecer ante la Administracin y colaborar con la misma cuando sea requerido, sin perjuicio, en su caso, de las peculiaridades que se hayan previsto en el convenio de insercin.

  7. Todas aquellas que se deriven del objeto y finalidad del ingreso mnimo de insercin y que se determinen reglamentariamente.

  1. La cuanta mensual del ingreso mnimo de insercin aplicable a cada unidad econmica de convivencia independiente ser el resultado de aadir a la cuanta mensual establecida para una unidad constituida por una sola persona los complementos que se establezcan reglamentariamente por cada miembro de ms que conviva con el titular, si los hubiese.

  2. La cuanta mensual para una unidad econmica de convivencia independiente constituida por una sola persona, as como los complementos por cada miembro de ms que conviva con el titular, sern fijados anualmente en la ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  3. La cuanta mensual del ingreso mnimo de insercin aplicable a cada unidad econmica de convivencia independiente se otorgar en su integridad en el supuesto de que sta carezca absolutamente de todo tipo de recursos. En caso contrario, se restarn de dicha cuanta los recursos mensuales de que disponga, procedindose al abono del ingreso mnimo de insercin en la cantidad resultante de la diferencia, en los trminos establecidos en el artculo 38 de esta ley.

  4. La cuanta mensual del ingreso mnimo de insercin deber revisarse con arreglo a los incrementos del ndice de precios al consumo y del salario mnimo interprofesional, no pudiendo resultar inferior al que ms crezca de estos indicadores.

  1. La prestacin se devengar a partir del da siguiente al de la fecha de presentacin de la solicitud.

  2. El pago del ingreso mnimo de insercin se efectuar por mensualidades vencidas.

  1. El reconocimiento del derecho al ingreso mnimo de insercin se mantendr mientras subsistan las causas que motivaron su concesin y se cumplan las obligaciones previstas para los titulares en el artculo 19 de la presente ley.

  2. El rgano competente realizar de oficio revisiones peridicas para comprobar si se mantienen las causas que motivaron la concesin del ingreso mnimo de insercin. A tal efecto, podr requerirse a los titulares del derecho a la prestacin para que comparezcan ante la Administracin y colaboren con la misma. En todo caso, se proceder al menos a una revisin anual del cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestacin.

Ser causa de modificacin de la cuanta del ingreso mnimo de insercin la modificacin sobrevenida del nmero de miembros de la unidad econmica de convivencia independiente o de los recursos que hayan servido de base para el clculo de la prestacin. Se determinar el procedimiento para la modificacin de la cuanta.

  1. El derecho al ingreso mnimo de insercin se suspender por las siguientes causas:

    1. Prdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.

    2. Negativa a negociar o suscribir un convenio de insercin, en los supuestos y trminos previstos en el Captulo II de la presente ley.

  2. As mismo, el derecho al ingreso mnimo de insercin podr suspenderse como consecuencia del incumplimiento por parte del titular o de algn miembro de su unidad econmica de convivencia independiente de las actuaciones a las que se hubiesen comprometido en el convenio de insercin.

  3. La suspensin del derecho al ingreso mnimo de insercin implicar la suspensin del pago de la prestacin y se mantendr mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma, aunque en ningn caso por un periodo continuado superior a 18 meses, transcurrido el cual el derecho a la prestacin se extinguir.

  4. Decadas las causas que motivaron la suspensin del derecho al ingreso mnimo de insercin, de oficio o a instancia de parte, se proceder a comprobar si en ese momento concurren los requisitos para el devengo de la prestacin y, en su caso, a establecer su cuanta. La prestacin se devengar a partir del da siguiente al de la fecha en que hubieran decado las causas que motivaron la suspensin.

El rgano competente podr proceder a la suspensin cautelar del pago de la prestacin cuando se hubieran detectado en la unidad econmica de convivencia independiente indicios de una situacin que implique la prdida de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento o mantenimiento de la prestacin, y resolver acerca del mantenimiento, suspensin o extincin del derecho a la prestacin en el plazo de tres meses.

  1. El derecho al ingreso mnimo de insercin se extinguir por las siguientes causas:

    1. Fallecimiento del titular.

    2. Prdida de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.

    3. Mantenimiento de una situacin de suspensin por periodo continuado superior a 18 meses.

    4. Renuncia del titular.

    5. Resolucin en tal sentido de un procedimiento sancionador.

    6. Incumplimiento de la obligacin prevista en el artculo 47.2 de esta ley, siempre que el derecho al ingreso mnimo de insercin se hubiera reconocido.

  2. Se tramitar con carcter de urgencia y prioritariamente el acceso a la prestacin en los supuestos en que la extincin del derecho al ingreso mnimo de insercin correspondiente al hasta entonces titular implique perjuicios manifiestos a los dems miembros de la unidad econmica de convivencia independiente.

  1. En la forma y en los supuestos que se establezcan reglamentariamente, y en cualquier caso en los supuestos de declaracin legal de incapacidad del titular y en los que se haya producido el incumplimiento del titular de la obligacin de aplicar la prestacin a la finalidad para la que se otorg, el rgano competente podr acordar el pago de la prestacin a persona distinta del titular.

  2. El pago de la prestacin previsto en el prrafo anterior no implicar en ningn caso el cambio de la titularidad del derecho a la prestacin.

  1. Las ayudas de emergencia social son prestaciones no peridicas de naturaleza econmica y subvencional destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos especficos, de carcter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginacin social.

  2. Tendrn tal consideracin, en todo caso, los siguientes gastos:

    1. Gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual, incluyendo:

      Gastos de alquiler.

      Gastos derivados de intereses y de amortizacin de crditos contrados con anterioridad a la situacin de emergencia social como consecuencia de la adquisicin de una vivienda o alojamiento.

      Gastos de energa, agua, alcantarillado, basuras, as como los correspondientes al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rstica.

    2. Gastos necesarios para la habitabilidad y el equipamiento bsico de la vivienda o alojamiento habitual.

    3. Gastos relativos a las necesidades primarias de una o ms personas de la unidad econmica de convivencia independiente, tales como vestido, educacin y formacin y atencin sanitaria, no cubiertas por los diferentes sistemas pblicos.

    4. Gastos de endeudamiento previo originados por alguno de los conceptos de gasto sealados con anterioridad o por la realizacin de gastos necesarios para atender necesidades bsicas de la vida.

  3. Estas prestaciones:

    1. Tendrn carcter finalista, debiendo destinarse nicamente al objeto para el que hayan sido concedidas.

    2. Tendrn carcter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido econmico previstas en la legislacin vigente que pudieran corresponder al beneficiario o a cualquiera de los miembros de su unidad econmica de convivencia independiente as como, en su caso, de acuerdo con lo previsto en el artculo 29.2 de esta ley, a otras personas residentes en la misma vivienda o alojamiento.

    3. Sern intransferibles, y por tanto no podrn:

      ofrecerse en garanta de obligaciones.

      ser objeto de cesin total o parcial.

      ser objeto de compensacin o descuento, salvo para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

      ser objeto de retencin o embargo, salvo en los supuestos y con los lmites previstos en la legislacin general del Estado que resulte de aplicacin.

  4. En el caso de gastos derivados de la adquisicin de una vivienda o alojamiento habitual en propiedad, y en la forma que se establezca reglamentariamente, estas prestaciones podrn concederse en forma de prstamo, estableciendo, en su caso, un periodo de carencia adaptado a la situacin econmica y social de quien recibe la prestacin y a la de quienes, conviviendo en la misma vivienda o alojamiento, pudieran igualmente recibirla.

  1. Podrn obtener las ayudas de emergencia social, en las condiciones previstas en la presente ley, aquellas personas que renan los siguientes requisitos:

    1. Figurar en el Padrn de cualquier municipio integrado en el territorio de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco como mnimo con seis meses de antelacin a la fecha de presentacin de la solicitud.

    2. Tener cumplidos 18 aos.

      Quedan exceptuados quienes, no alcanzando dicha edad y reuniendo el resto de los requisitos, tengan econmicamente a su cargo a personas dependientes, as como los hurfanos de padre y de madre.

    3. No disponer de recursos suficientes con los que afrontar los gastos especficos contemplados en el artculo 28.2 de esta ley que afecten a los miembros de su unidad econmica de convivencia independiente. Se considerar que no se dispone de recursos suficiente cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

      Disponer, en el ltimo ao o en el periodo de tiempo al que se asocian o vayan a asociarse los gastos para los que se solicitan las prestaciones, de unos rendimientos, determinados conforme se establece en el Captulo VI de esta ley, inferiores al 150% de la cuanta mxima del ingreso mnimo de insercin que le hubiera podido corresponder segn el nmero de miembros de la unidad econmica de convivencia independiente.

      Sin perjuicio de lo anterior, y en los supuestos que se determinen reglamentariamente, podrn considerarse adems los rendimientos de las dems personas que, conviviendo en la misma vivienda o alojamiento que el solicitante, pudieran beneficiarse de las prestaciones.

      En el supuesto de personas que, siendo susceptibles de ser consideradas unidad econmica de convivencia independiente en virtud de lo previsto en el artculo 3.2 de esta ley y reglamentos de desarrollo, convivan en la misma vivienda o alojamiento con otras personas con las que mantengan alguno de los vnculos previstos en su artculo 3.1.b), disponer en conjunto todas ellas, para el periodo de tiempo que corresponda, de rendimientos propios cuyo valor sea inferior a cinco veces la cuanta mxima del ingreso mnimo de insercin que les pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en funcin del nmero total de personas relacionadas entre s por los mencionados vnculos.

      Disponer de un patrimonio, determinado conforme se establece en el Captulo VI, cuyo valor sea inferior a cuatro veces la cuanta anual del ingreso mnimo de insercin que les pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en funcin del nmero total de personas relacionadas entre s por los mencionados vnculos.

  2. En el supuesto de que en una misma vivienda o alojamiento existieran varias personas que pudieran ostentar la condicin de beneficiario y hubieran solicitado las prestaciones para hacer frente al mismo gasto, slo podrn otorgarse las ayudas de emergencia social a una de ellas.

  1. Son obligaciones de los beneficiarios de las ayudas de emergencia social:

    1. Aplicar las prestaciones recibidas a la finalidad para la que se hubieran otorgado.

    2. Comunicar los hechos sobrevenidos en relacin al cumplimiento de los requisitos que pudieran dar lugar al acceso a las prestaciones.

    3. Comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual del beneficiario.

    4. Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuanta indebida.

    5. En su caso, y en la forma que se establezca reglamentariamente, suscribir un documento de reconocimiento de deuda.

    6. Comparecer ante la Administracin y colaborar con la misma cuando sea requerido.

    7. Todas aquellas que se deriven del objeto y finalidad de las ayudas de emergencia social y que se determinen reglamentariamente.

  2. En el supuesto de incumplimiento del beneficiario de la obligacin de aplicar las prestaciones a la finalidad para la que se hubieran otorgado, el rgano competente podr acordar el pago de las prestaciones a persona distinta del beneficiario. El pago de la prestacin no implicar en ningn caso el cambio de la titularidad de la prestacin.

  1. Con carcter general se establecern reglamentariamente para cada uno de los gastos especficos previstos en el artculo 28.2 de esta ley unas cuantas mximas en concepto de ayudas de emergencia social. En ningn caso podrn sobrepasarse las mencionadas cuantas.

  2. Para la fijacin de la cuanta aplicable a cada solicitante por cada uno de los gastos especficos previstos en el artculo 28.2 de esta ley se tendrn en cuenta los siguientes criterios:

    1. La cuanta mxima aplicable a cada solicitante por cada uno de los gastos especficos previstos quedar determinada por:

      Los recursos del solicitante y de los dems miembros de su unidad econmica de convivencia independiente as como, en su caso, de las dems personas que, de acuerdo con lo previsto en el artculo 3.2 de esta ley, pudieran beneficiarse de las prestaciones.

      La cuanta de los gastos especficos realizados o por realizar.

      Las cuantas mximas a las que se refiere el prrafo 1 de este artculo.

    2. La cuanta mxima aplicable podr ser minorada en funcin de:

      Las disponibilidades presupuestarias existentes.

      La valoracin que realicen los servicios sociales de base respecto a la efectiva necesidad del gasto, su importancia para contribuir a la insercin de las personas en situacin de exclusin o su carcter prioritario.

  1. Las ayudas de emergencia social se concedern, en todo caso, previa comprobacin de la existencia de una situacin real de necesidad por parte de los servicios sociales de base y de la existencia de crdito consignado para esa finalidad en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco

  2. Las ayudas de emergencia social se harn efectivas en los trminos previstos en la correspondiente resolucin de concesin, correspondiendo el pago de las mismas al rgano que la hubiera dictado.

  3. De acuerdo con lo que determinen los servicios sociales de base, el pago de las prestaciones podr realizarse de forma fraccionada o de una sola vez. En la correspondiente resolucin de concesin el rgano competente concretar la forma especfica de pago y establecer un plazo para la presentacin de las facturas o justificantes correspondientes a los gastos realizados. En el supuesto de que dichas facturas o justificantes no se presentaran en el mencionado plazo se iniciara, en su caso, el correspondiente procedimiento de reintegro de las prestaciones.

A efectos de las prestaciones contempladas en esta ley, para la determinacin de los recursos del solicitante y de los dems miembros de su unidad econmica de convivencia independiente as como, en su caso, de los correspondientes a las dems personas que, de acuerdo con lo previsto en el artculo 3.2, pudieran beneficiarse de las prestaciones, se computar el conjunto de recursos de los mismos.

  1. El cmputo de los rendimientos incluir los procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena, del patrimonio, de pensiones o de cualquier otro ttulo.

  2. Podrn quedar excluidos del cmputo de rendimientos determinados ingresos y prestaciones sociales de carcter finalista, as como determinados porcentajes de ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena correspondiente al solicitante, a los dems miembros de su unidad econmica de convivencia independiente o, en su caso, a las dems personas previstas en el artculo 3.2.

  3. Cuando la determinacin de los rendimientos sea mensual, se referir al mes de la solicitud. Cuando sea superior a un mes o anual, se referir a los meses inmediatamente anteriores a la solicitud.

  1. El patrimonio de la unidad econmica de convivencia independiente incluir el conjunto de bienes muebles e inmuebles sobre los que se ostente un ttulo jurdico de propiedad, posesin o usufructo.

  2. Queda exceptuada de la valoracin del patrimonio de la unidad econmica de convivencia independiente la vivienda o alojamiento que constituya su residencia habitual, salvo en el caso de una vivienda en propiedad de valor excepcional y de fcil realizacin.

    Las normas de desarrollo de esta ley concretarn los requisitos previstos en el prrafo anterior. En todo caso dichas normas, a efectos de determinar si el bien es de extraordinario valor, debern tener en cuenta el valor catastral medio de las viviendas del municipio en que radique.

  3. Asimismo, queda exceptuado de la valoracin el ajuar familiar, salvo que en el mismo existan bienes de valor excepcional y de fcil realizacin.

  1. Las Administraciones que hayan concedido cualquiera de las prestaciones previstas en esta norma debern proceder al cobro de las indebidamente percibidas.

  2. Las cuantas que, en su caso, obtengan por la devolucin de prestaciones indebidas debern destinarse a la misma finalidad a la que fueron inicialmente aplicadas conforme al procedimiento que se establezca.

  1. La obligacin de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas prescribir de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable a los derechos y obligaciones de la Hacienda General del Pas Vasco.

  2. El derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez caducar al ao, a contar desde el da siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su concesin.

  3. Cuando se trate de prestaciones peridicas, el derecho al percibo de cada mensualidad caducar al ao de su respectivo vencimiento.

  1. En el caso de personas que hubieran sido titulares del ingreso mnimo de insercin en el ao en curso, el importe anual de las ayudas econmicas que podrn obtener en concepto de ingreso mnimo de insercin y de ayudas de emergencia social no podr en ningn supuesto exceder del 175% de la cuanta mxima del ingreso mnimo de insercin que pudiera haber correspondido con carcter anual a una unidad econmica de convivencia independiente de las caractersticas de la del titular.

  2. Para los beneficiarios de las ayudas de emergencia social que no hubieran sido titulares del ingreso mnimo de insercin en el ao en curso, el porcentaje sealado en el prrafo anterior ser del 125%.

Para el desarrollo y aplicacin de esta ley y de sus disposiciones de desarrollo sern competentes, de conformidad con lo dispuesto en los artculos siguientes, el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos.

  1. Corresponde al Gobierno Vasco, a travs de los Departamentos competentes en la materia, el ejercicio de las siguientes funciones:

    1. Elaboracin y aprobacin de las normas de desarrollo de la presente ley.

    2. Puesta en marcha de la Comisin Interdepartamental para la Insercin y de la Comisin Permanente para la Insercin e impulso al desarrollo de sus trabajos, as como promover la constitucin de la Comisin Interinstitucional para la Insercin.

    3. Aprobacin del Plan Vasco de Insercin y elevacin del mismo al Parlamento Vasco como comunicacin.

    4. Instrumentacin con carcter general de los recursos y medios suficientes para la ejecucin del Plan Vasco de Insercin, mediante los programas departamentales a incluir anualmente en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

    5. Planificacin, coordinacin y diseo de las estadsticas relativas a las prestaciones econmicas y dems instrumentos de carcter social previstos en la ley, as como elaboracin y mantenimiento de las mismas, de acuerdo con la normativa estadstica.

    6. Las dems funciones que pudieran serle encomendadas por el ordenamiento jurdico.

  2. El Gobierno Vasco, a travs del Departamento competente en materia de servicios sociales, elaborar trienalmente una memoria en base a los informes elaborados por la Comisin Permanente para la Insercin, previsto en el artculo 11.4 c), la Comisin Interinstitucional para la Insercin, previsto en el artculo 13 d), y por la Comisin Interdepartamental, previsto en el artculo 14.3 f), para su elevacin al Parlamento Vasco en el ltimo trimestre de aplicacin del Plan Vasco de Insercin.

Corresponde a la Diputacin Foral de cada territorio histrico:

  1. Elaboracin y desarrollo de los programas forales de insercin aprobados en ejecucin del Plan Vasco de Insercin.

  2. Reconocimiento, denegacin y, en su caso, revisin, modificacin, suspensin y extincin del ingreso mnimo de insercin.

  3. Realizacin del pago mensual del ingreso mnimo de insercin.

  4. Las dems funciones que pudieran serle encomendadas por el ordenamiento jurdico.

  5. Ejercicio de la potestad sancionadora en el mbito de su competencia, en los trminos recogidos en el Captulo X de la presente ley y dems normas que la desarrollen.

Corresponde a los Ayuntamientos de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco la realizacin de las siguientes funciones:

  1. En su caso, elaboracin y desarrollo de los programas municipales de insercin aprobados en ejecucin del Plan Vasco de Insercin.

  2. Deteccin de las personas en situacin de exclusin y diagnstico de sus necesidades.

  3. Promocin, elaboracin y desarrollo de intervenciones y actuaciones para la insercin por los servicios sociales de base.

  4. Recepcin de las solicitudes e instruccin de los expedientes relativos al ingreso mnimo de insercin, incluida la propuesta de resolucin.

  5. Negociacin y elaboracin de los convenios de insercin por los servicios sociales de base y suscripcin de los mismos.

  6. Reconocimiento y denegacin de las ayudas de emergencia social.

  7. Realizacin del pago de las ayudas de emergencia social.

  8. Seguimiento continuado de los titulares y beneficiarios de las prestaciones econmicas previstas en esta ley y de los correspondientes convenios de insercin. En su caso, suspensin temporal, revisin y modificacin de los convenios de insercin conforme a lo previsto en el artculo 8 de la presente ley.

  9. Las dems funciones que pudieran serles encomendadas por el ordenamiento jurdico.

  10. Ejercicio de la potestad sancionadora en el mbito de su competencia, en los trminos recogidos en el Captulo X de la presente ley y dems normas que la desarrollen.

  1. En razn de la competencia de accin directa en materia de asistencia social, se consignarn anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco los recursos econmicos necesarios para la financiacin de las cuantas de las prestaciones econmicas reguladas en la presente ley.

  2. Las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos consignarn anualmente en sus respectivos presupuestos los recursos econmicos necesarios para la ejecucin de las competencias previstas en la presente ley.

Las Diputaciones Forales de los territorios histricos de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco podrn delegar en los Ayuntamientos funciones que les fueran propias en relacin al reconocimiento, denegacin, revisin, modificacin, suspensin, extincin y pago del ingreso mnimo de insercin.

  1. El reconocimiento de los instrumentos de carcter social y de las prestaciones econmicas previstas en la presente ley se realizar previa solicitud del interesado dirigida al Ayuntamiento del municipio en el que tenga su residencia.

    Los servicios sociales de base facilitarn a las personas solicitantes cuanta informacin y orientacin sea necesaria para la tramitacin de los instrumentos de carcter social y prestaciones econmicas previstas en la presente ley.

  2. La solicitud deber ir acompaada de los documentos necesarios para justificar el cumplimiento de los requisitos que, en cada caso, se hubieran establecido en la presente ley y en las normas de desarrollo de la misma.

  1. La instruccin del expediente se realizar por el Ayuntamiento del municipio en el que tenga su residencia el solicitante.

  2. En todo caso, el Ayuntamiento comprobar el contenido de las solicitudes presentadas, pudiendo a estos efectos pedir cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o entidades pblicas y privadas o al propio solicitante, sin perjuicio de las dems actuaciones de control y revisin que al respecto pudieran desarrollar con posterioridad otras Administraciones pblicas vascas competentes.

  3. Los datos e informes a los que alude el prrafo anterior debern limitarse a aquellos que resulten imprescindibles para la comprobacin del cumplimiento por parte del solicitante de los requisitos establecidos en la presente ley.

  1. El Ayuntamiento comprobar que los recursos y prestaciones sociales de contenido econmico a los que pudieran tener derecho el solicitante o los miembros de su unidad econmica de convivencia independiente se hubieran hecho valer ntegramente.

  2. En el caso de que el solicitante o los miembros de su unidad econmica de convivencia independiente fueran acreedores de derechos de carcter econmico que no se hubiesen hecho valer, inclusive el derecho de alimentos en aquellos casos en los que se constate el cese efectivo de la convivencia conyugal, el Ayuntamiento instar al solicitante para que, con carcter previo a la finalizacin de la instruccin del expediente, se hagan valer sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la legislacin vigente. La misma obligacin recaer sobre los titulares del ingreso mnimo de insercin cuando tales derechos nazcan con posterioridad a la prestacin.

  3. En caso de incumplimiento de la obligacin sealada en el prrafo anterior por parte del solicitante, el Ayuntamiento podr proceder sin ms trmite al archivo del expediente.

  4. En aquellas circunstancias extraordinarias que se establezcan reglamentariamente podr eximirse al solicitante de la obligacin prevista en el prrafo 2.

  1. En el caso de las prestaciones econmicas, el rgano competente para resolver dictar la resolucin de concesin o de denegacin en un plazo mximo de dos meses a partir de la fecha de presentacin de la solicitud correspondiente.

    Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recado resolucin expresa, en el caso del ingreso mnimo de insercin la prestacin correspondiente se entender concedida. En el caso de las ayudas de emergencia social, las prestaciones correspondientes se entendern denegadas.

  2. En el caso de los instrumentos de carcter social, el rgano competente para resolver, en un plazo mximo de dos meses a partir de la fecha de presentacin de la solicitud de aquellos instrumentos, dictar resolucin denegatoria o suscribir el correspondiente convenio de insercin.

    Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera suscrito el citado convenio de insercin, se entender denegada la solicitud de convenio.

  3. Los plazos citados en los nmeros anteriores quedarn interrumpidos cuando el procedimiento se paralice por causa imputable al solicitante.

Las Administraciones pblicas vascas garantizarn la confidencialidad de los datos obtenidos en la tramitacin de los expedientes por parte de los organismos competentes.

Contra las resoluciones denegatorias podrn interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que correspondan.

Sin perjuicio de la interposicin de dichos recursos, los interesados podrn elevar queja razonada al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de derechos sociales.

Son sujetos responsables los que incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracciones en la presente ley.

Son infracciones leves:

  1. Incumplimiento de la obligacin de comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual del titular o beneficiario, cuando de dicho cambio no se derivara percepcin o conservacin indebida de alguna de las prestaciones previstas en la presente ley.

  2. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mnimo de insercin o las ayudas de emergencia social cuando de dichas actuaciones no se hubiera derivado la obtencin o la conservacin pretendida.

  3. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mnimo de insercin o las ayudas de emergencia social cuando de dichas actuaciones se hubiera derivado una percepcin indebida de alguna de las prestaciones en cuanta inferior o igual al 50% de la cuanta mxima del ingreso mnimo de insercin que pudiera corresponder con carcter anual a una unidad econmica de convivencia independiente de las caractersticas de la del presunto infractor.

Son infracciones graves:

  1. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mnimo de insercin o las ayudas de emergencia social cuando de dichas actuaciones se hubiera derivado una percepcin indebida de alguna de las prestaciones en cuanta superior al 50% e inferior o igual al 100% de la cuanta mxima del ingreso mnimo de insercin que pudiera corresponder con carcter anual a una unidad econmica de convivencia independiente de las caractersticas de la del presunto infractor.

  2. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mnimo de insercin o las ayudas de emergencia social cuando, obtenido o no el resultado pretendido, en el momento de la comisin de esas actuaciones la unidad econmica de convivencia independiente del presunto infractor dispusiera de unos recursos mensuales superiores al 200% e inferiores o iguales al 250% de la cuanta mxima del ingreso mnimo de insercin que pudiera corresponder con carcter mensual a una unidad econmica de convivencia independiente de las caractersticas de la del presunto infractor.

Son infracciones muy graves:

  1. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mnimo de insercin o las ayudas de emergencia social cuando de dichas actuaciones se hubiera derivado una percepcin indebida de alguna de las prestaciones en cuanta superior al 100% de la cuanta mxima del ingreso mnimo de insercin que pudiera corresponder con carcter anual a una unidad econmica de convivencia independiente de las caractersticas de la del presunto infractor.

  2. Las actuaciones fraudulentas dirigidas a obtener o a conservar el ingreso mnimo de insercin o las ayudas de emergencia social cuando, obtenido o no el resultado pretendido, en el momento de la comisin de esas actuaciones la unidad econmica de convivencia independiente del presunto infractor dispusiera de unos recursos mensuales superiores al 250% de la cuanta mxima del ingreso mnimo de insercin que pudiera corresponder con carcter mensual a una unidad econmica de convivencia independiente de las caractersticas de la del presunto infractor.

Cuando las actuaciones fraudulentas a las que se refieren los artculos 53.b) y 54.b) de esta ley hubieran dado lugar adems a una percepcin indebida del ingreso mnimo de insercin o de las ayudas de emergencia social tipificada en los artculos 52 c), 53 a) y 54 a), concurriendo en consecuencia ms de una infraccin, se proceder a sancionar solamente la ms grave de las infracciones cometidas.

  1. Las infracciones leves se sancionarn con el apercibimiento al sujeto infractor.

  2. Las infracciones graves se sancionarn con multa, en su grado mnimo, de 20.000 a 30.000 PTA; en su grado medio, de 30.001 a 40.000 PTA, y, en su grado mximo, de 40.001 a 50.000 PTA.

  3. Las infracciones muy graves se sancionarn con multa, en su grado mnimo, de 50.001 a 200.000 PTA; en su grado medio, de 200.001 a 350.000 PTA, y, en su grado mximo, de 350.001 a 500.000 PTA.

  4. Las sanciones a que se refiere este artculo se entienden sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

  1. Calificadas las infracciones, las sanciones econmicas se graduarn en los niveles mnimo, medio y mximo teniendo en cuenta las circunstancias que pudieran, en su caso, atenuar o agravar las infracciones cometidas.

  2. Las sanciones se graduarn en atencin a:

    1. La intencionalidad del infractor.

    2. La capacidad real de discernimiento del infractor.

    3. La cuanta econmica percibida indebidamente.

    4. El incumplimiento de requerimientos previos por parte de las Administraciones pblicas vascas.

    5. Las circunstancias familiares, en particular en lo relativo a su situacin econmica.

    6. La realizacin en el trmino de un ao, a contar desde la comisin de la infraccin calificada, de otra u otras infracciones de la misma o distinta naturaleza que hayan sido declaradas firmes por resolucin administrativa.

    7. El arrepentimiento y la subsanacin de los perjuicios que dieron lugar a la iniciacin del procedimiento sancionador, siempre que se hubiera producido antes de la conclusin de dicho procedimiento.

Los Ayuntamientos suscribirn los convenios de insercin regulados en el Captulo II de esta ley con los perceptores del ingreso mnimo de insercin existentes a la entrada en vigor de la misma de forma progresiva segn las posibilidades que se deriven de los medios humanos y materiales de los servicios sociales de base, priorizando las situaciones que puedan generar mayores riesgos de exclusin.

El requisito previsto en los artculos 18.1 b) y 29.1 a) de esta ley no ser exigible a los miembros de las colectividades vascas a que se refiere el artculo 11.1 de la Ley 8/1994, de 27 de mayo, de Relaciones con las colectividades y centros vascos en el exterior de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en dicho artculo.

El artculo 16.1 de la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de Servicios Sociales, queda redactado como sigue:

El Consejo Vasco de Bienestar Social se constituye como un rgano de carcter consultivo, adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente por razn de la materia, en el que estarn representados el Gobierno, las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos, as como las organizaciones sindicales y empresariales, las de personas usuarias, las de voluntariado social y las de profesionales que trabajen en el campo de los servicios sociales.

De acuerdo con las funciones que le encomienda el artculo 13 de esta ley, la Comisin Interinstitucional para la Insercin evaluar cada cinco aos el desarrollo, la aplicacin y, en su caso, la oportunidad de revisin de la presente ley. El informe de la Comisin Interinstitucional para la Insercin ser remitido al Parlamento Vasco.

Mientras el Gobierno Vasco no proceda al desarrollo reglamentario de la presente ley, se aplicar la actual normativa en cuanto no se oponga a las disposiciones de esta ley.

  1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

  2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

    1. Ley 2/1990, de 3 de mayo, de Ingreso Mnimo de Insercin.

    2. Decreto 200/1989, de 31 de agosto, por el que se crea la Comisin Interdepartamental para el estudio y propuesta de medidas sectoriales derivadas del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza integrado en el Programa Euskadi en la Europa de 1993.

    3. Decreto 25/1993, de 9 de febrero, de desarrollo de la Ley 2/1990, de 3 de mayo, de Ingreso Mnimo de Insercin.

    4. Decreto 26/1993, de 9 de febrero, por el que se establecen las Ayudas Econmicas a Situaciones de Emergencia Social.

    5. Orden de 10 de febrero de 1993, del Consejero de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establece el sistema de determinacin de recursos previsto en el Decreto 25/1993, de 9 de febrero, de desarrollo de la Ley 2/1990, de 3 de mayo.

    6. Orden de 10 de febrero de 1993, del Consejero de Trabajo y Seguridad Social, por la que se desarrolla el Decreto 26/1993, de 9 de febrero, por el que se establecen las Ayudas Econmicas a Situaciones de Emergencia Social.

La acreditacin fehaciente a que se refiere el segundo prrafo del artculo 3.1 b) de esta ley deber realizarse, cuando exista un registro legalmente constituido para la inscripcin de aquellas situaciones en el que los interesados puedan inscribirse, mediante certificacin del mismo.

En lo no previsto en la presente ley sern de aplicacin:

En materia de procedimiento administrativo, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

En materia de rgimen sancionador, las normas sustantivas y de procedimiento previstas en la legislacin general vigente sobre la materia.

En materia de rgimen subvencional por lo que afecta a las ayudas de emergencia social, la normativa general de subvenciones y ayudas.

Se autoriza al Gobierno Vasco para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicacin de la presente ley.

La presente ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Pas Vasco.

Por consiguiente, ordeno a todos/as los/las ciudadanos/as de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Dada en Vitoria-Gasteiz, a 29 de mayo de 1998.

El Lehendakari,

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