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  • DECRETO 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garanta de Ingresos. - Legegunea: Normativa del Pais Vasco - Gobierno Vasco - Euskadi.eus

Normativa

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DECRETO 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garanta de Ingresos.

Identificacin

  • mbito territorial: Autonmico
  • Rango normativo: Decreto
  • rgano emisor: Empleo y Asuntos Sociales
  • Estado vigencia: Vigente

Boletn oficial

  • Boletn oficial: BOPV (Pas Vasco)
  • N boletn: 114
  • N orden: 3020
  • N disposicin: 147
  • Fecha de disposicin: 25/05/2010
  • Fecha de publicacin: 17/06/2010

mbito temtico

  • Materia: Asuntos sociales y empleo; Organizacin administrativa
  • Submateria: Asuntos sociales; Gobierno y Administracin Pblica

Texto legal

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La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social tiene por principal objetivo, como indica expresamente en su Exposicin de Motivos, estructurar un sistema slido, susceptible de garantizar su fortaleza en las situaciones de crisis y bien adaptado a la evolucin de las necesidades observada en los ltimos aos. Aun reconociendo el balance positivo que, en el marco del modelo anterior, fue capaz de contener las tasas de pobreza y de prevenir con eficacia las formas ms extremas del fenmeno, considera indispensable reorientar los esfuerzos de las polticas pblicas, teniendo presentes ciertas tendencias que han venido determinando las caractersticas cualitativas de esta evolucin, en particular, la feminizacin de la pobreza en clara relacin con las situaciones de monoparentalidad y, quiz con mayor calado debido a su perfil estructural, la pobreza asociada a bajos niveles salariales.

Con vistas a alcanzar este objetivo y de adaptar la accin pblica en este campo a las necesidades reales de la poblacin, el texto otorga carta de naturaleza al Sistema Vasco de Garanta de Ingresos e Inclusin Social y le atribuye dos componentes esenciales: las prestaciones econmicas y los instrumentos orientados a la inclusin social y laboral. Entre las primeras, a su vez, distingue dos categoras claramente diferenciadas: las prestaciones econmicas de derecho Renta de Garanta de Ingresos y Prestacin Complementaria de Vivienda y las ayudas econmicas subvencionales Ayudas de Emergencia Social.

Sin duda, la Renta de Garanta de Ingresos constituye, sin perjuicio del complemento fundamental aportado por las dems prestaciones y ayudas, la pieza clave del dispositivo econmico y, en su nueva articulacin, trata de adecuarse a la diversidad de las necesidades, arbitrando, adems de la modalidad ms bsica de prestacin, una segunda frmula destinada a quienes disponen de ingresos procedentes del trabajo, respondiendo as al hecho de que la prestacin se haya venido concediendo cada vez ms en los ltimos aos, como una ayuda orientada a complementar un bajo nivel de ingresos y haya tenido por destinatarias a personas cuyas dificultades son de naturaleza exclusivamente econmica y no precisan, por tanto, de apoyos especializados para la inclusin social aunque s de apoyos orientados a mejorar su situacin laboral. Con este mismo enfoque, otorga tambin, un papel primordial a las actuaciones de carcter no econmico orientadas a la inclusin -reforzando as el nexo entre los dos principales componentes del Sistema-, tanto cuando estas actuaciones tengan un contenido marcadamente social, como cuando, en su esencia, tengan una dimensin laboral y se dirijan a facilitar el acceso al empleo o a la mejora de la situacin laboral. De ah que se haya considerado fundamental regular la coordinacin de los servicios sociales, fundamentalmente de los Servicios Sociales de Base, con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, ncleo presente, pero sobre todo futuro, de una evolucin de las polticas de inclusin que debern tender, siempre que sea posible, a la integracin en el medio laboral.

El Captulo I recoge las disposiciones generales y establece los elementos definitorios de la prestacin el objeto, la definicin, la naturaleza y las caractersticas y las modalidades de la prestacin y algunos de los elementos referenciales clave del conjunto del Sistema, a saber, la definicin de la unidad de convivencia, la definicin de la vivienda o alojamiento y la vinculacin con el Convenio de Inclusin. En esta regulacin destacan aspectos concretos de marcada relevancia:

Al igual que sus precedentes inmediatos la Renta Bsica pero, sobre todo, dado su desarrollo, el ingreso mnimo de insercin su finalidad primera es dar cobertura a los gastos asociados a las necesidades bsicas, entendiendo por tales los gastos bsicos para la supervivencia, pero, adems, y respondiendo a la necesidad de dotar al Sistema Vasco de Garanta de Ingresos e Inclusin Social de una estructura coherente, sin fisuras, extiende su mbito de proteccin a los denominados gastos derivados de un proceso de inclusin social y/o laboral. Si bien esta frmula apareca ya en la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales, nunca fue objeto ni de definicin ni de desarrollo, lo que de algn modo llev a su no aplicacin prctica. En este nuevo marco, los mencionados gastos se definen como aquellos que resultan indispensables para la efectiva realizacin de este proceso, pudiendo, entre otros, quedar incluidos en este concepto, gastos de transporte al lugar de trabajo y gastos de formacin, en los trminos en los que dichos gastos se determinen en el correspondiente Convenio de Inclusin.

En cuanto a su naturaleza y caractersticas, destaca el hecho de que, siguiendo lo previsto en la Ley, adems de articularse como un derecho subjetivo, y de seguir presentando, como ya era el caso de sus predecesoras, carcter subsidiario y, en su caso, complementario de todo tipo de recursos y prestaciones de contenido econmico previstas en la legislacin vigente, se explicita que la prestacin no podr ser complementada, en ninguna de sus modalidades, por otras prestaciones o ayudas de similar naturaleza y se concreta que si dichos complementos existieran tendran la consideracin de ingresos siendo, en consecuencia, objeto de cmputo a efectos de determinacin de la cuanta de la propia Renta de Garanta de Ingresos. Esta medida responde directamente a un pronunciamiento del Parlamento Vasco que, en sesin plenaria de 23 de noviembre de 2005, manifest que la Renta Bsica es competencia del Gobierno Vasco, por lo que su financiacin deber en todos los casos asignarse al mismo, evitando que se produzcan adjudicaciones complementarias a estos ingresos procedentes de otras instituciones, que slo conducen a una desigualdad en el trato de los ciudadanos que tienen derecho a esa prestacin en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

El artculo 4 del texto del Decreto recoge uno de los elementos fundamentales e innovadores de la regulacin de la prestacin, a saber, la ya aludida, distincin de modalidades: por una parte, la Renta Bsica para la Inclusin y Proteccin Social, que se dirigir, fundamentalmente, a las personas y unidades de convivencia que carecen de recursos econmicos propios procedentes de rentas de trabajo y cuyo nivel mensual de ingresos no alcance el importe de la Renta Bsica para la Inclusin y Proteccin social; y, por otra parte, la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, destinada a personas que disponen de rentas de trabajo y cuyo nivel mensual de ingresos no alcance el importe de la Renta Bsica para la Inclusin y Proteccin Social.

El texto especifica adems que entre las dos modalidades previstas, se otorga prioridad a la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, debiendo optarse por esta modalidad no slo cuando sea la persona solicitante de la prestacin quien disponga de rentas de trabajo, sino tambin cuando sea cualquier otro miembro de la unidad de convivencia quien se encuentre en dicha situacin.

La regulacin de la unidad de convivencia, que como se ha sealado, afecta al conjunto del Sistema, distribuye los supuestos en tres grandes categoras: la primera agrupa los supuestos bsicos; la segunda agrupa supuestos excepcionales de personas que se integran en el domicilio de una unidad de convivencia de las consideradas en los supuestos bsicos; la tercera categora agrupa los supuestos, tambin excepcionales, de personas que, por razones de extrema necesidad, son acogidas por unidades de convivencia de las consideradas en los supuestos bsicos sin tener con ellas relacin alguna de parentesco.

Las unidades recogidas entre los supuestos bsicos son:

  • Las personas que viven solas en una vivienda o alojamiento, quedando excluidas de dicha consideracin las personas que, aun viviendo solas, estn unidas a otras por matrimonio u otra forma de relacin permanente anloga a la conyugal, salvando algunos supuestos excepcionales expresamente tasados.

  • Dos o ms personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento cuando estn unidas entre s por matrimonio u otra forma de relacin permanente anloga a la conyugal, por adopcin, por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, o por una relacin de acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela.

  • Cada una de las personas titulares de un contrato de arrendamiento en cualquiera de sus modalidades que vive en una misma vivienda o alojamiento con otras con las que no est unida por ninguno de los vnculos previstos en el apartado b), debido a situaciones constatables de extrema necesidad. Entra aqu una definicin de gran relevancia puesto que cada vez que el texto aluda a una situacin de extrema necesidad ser esta la interpretacin que deba drsele: se entender que existe una situacin de extrema necesidad cuando la persona que solicita la prestacin disponga de un nivel de ingresos computables inferior al 75% de la cuanta de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social que correspondera a una persona sola en el supuesto de ausencia total de recursos o bien cuando se encuentre en una situacin que sea considerada como extrema segn el servicio social de base referente.

    La segunda categora, aunque referida a supuestos de excepcionalidad, agrupa tambin supuestos de gran relevancia. El primero de ellos es el de las unidades de convivencia formadas por personas beneficiarias de pensiones contributivas o no contributivas de vejez, invalidez o viudedad, junto con su cnyuge o persona unida a ellas por relacin permanente anloga a la conyugal y las personas que dependan econmicamente de ellas. En la misma categora, se encuadraran las personas solas o unidas por matrimonio u otra forma de relacin anloga a la conyugal, cuando tengan a su cargo personas menores de edad o adultas que cuenten con una calificacin de discapacidad igual o superior al 45%, o con una calificacin de dependencia igual o superior al Nivel 1 del Grado II, segn lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las personas en situacin de dependencia. Asimismo, incluira las personas que habiendo sido vctimas de maltrato domstico, hayan abandonado su domicilio habitual, junto con sus hijos e hijas si los tuvieren y tambin las personas solas que se hayan visto forzadas a abandonar la vivienda en la que residan habitualmente a consecuencia de una separacin, de un divorcio o de una disolucin de la unin de hecho, o por alguna situacin que sea considerada como extrema por parte del Servicio Social de Base referente. En este ltimo supuesto, el Decreto introduce un lmite de duracin, previendo, para el caso de las personas solas, que la condicin de unidad de convivencia diferenciada de la unidad de convivencia acogedora podr mantenerse por un periodo mximo de doce meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses.

    La tercera categora recoge el caso de las personas que, por su situacin de extrema necesidad, hayan sido acogidas por alguna de las unidades de convivencia previstas en los dos primeros tipos de unidad considerados en los supuestos bsicos, siempre que se cumplan una serie de requisitos, entre ellos la existencia de un informe del Servicio Social de Base referente que confirme la situacin de extrema necesidad. En esos casos, tambin ser aplicable la limitacin temporal ya indicada en el apartado anterior.

    La regulacin de la vivienda o alojamiento, recogida en el artculo 6, tambin constituye un elemento referencial no slo para la Renta de Garanta de Ingresos sino para el conjunto del Sistema. Al objeto de dar respuesta a las dificultades planteadas en el marco de la regulacin anteriormente vigente, el Decreto, diferencia dos tipos de vivienda o alojamiento:

  • Las viviendas o alojamientos particulares, en las que pueden darse dos tipos de situaciones: bien residir una nica unidad de convivencia, bien convivir varias unidades de convivencia, y en este ltimo caso caben diferentes situaciones contractuales, tales como subarriendo, contrato de hospedaje o de alquiler de habitaciones, derecho de habitacin, y coarriendo. En estos supuestos, siempre se considera que existe una nica vivienda o alojamiento, independientemente del nmero de unidades de convivencia que compartan ese marco fsico y de la existencia o no de parentesco entre las mismas.

  • Los denominados marcos fsicos de residencia colectiva, en los que se incluyen los establecimientos de alojamiento turstico y los centros de acogida temporal, especificando el texto, a los efectos de esta regulacin, que tendrn la consideracin de centros de acogida temporal los pisos de acogida, los centros residenciales para personas en situacin de exclusin, as como los centros residenciales para mujeres vctimas de maltrato domstico y otros servicios de acogida para mujeres, cuando la estancia en los mismos est sujeta a la evolucin del plan individual de inclusin que corresponda. Por la amplitud contenida en la alusin a la evolucin del plan individual de inclusin, esta definicin permitir dar cabida a situaciones de personas que si bien son atendidas en centros con vocacin temporal, pueden acabar requiriendo, debido a la evolucin de sus necesidades, estancias de larga duracin o incluso de carcter permanente.

    El ltimo artculo contenido en las disposiciones generales es el referido a la vinculacin con el Convenio de Inclusin que, como los dos anteriores, rige en el conjunto del Sistema. En l, dicha vinculacin obedece a diferentes pautas atendiendo a las dos modalidades de Renta de Garanta de Ingresos:

  • La Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social se vincula al establecimiento de un Convenio de Inclusin cuyos contenidos, definidos de mutuo acuerdo entre la persona titular y el servicio social de base, irn orientados a facilitar tanto su propia inclusin social y/o laboral como la del resto de las personas miembros de la unidad de convivencia. Se excepta de esta obligacin de firmar un Convenio de Inclusin a las unidades de convivencia en las que la persona titular sea pensionista, salvo que ella misma o algunas de las dems personas miembros de la unidad de convivencia se encuentre en edad laboral y no se encuentre en situacin de incapacidad permanente absoluta.

  • La Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo se vincula al establecimiento de un Convenio de Inclusin especficamente orientado a la mejora de la situacin laboral de la persona titular y, en su caso, de otras personas miembros de su unidad de convivencia, en cuya determinacin de contenidos el servicio social de base intervendr en coordinacin con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo; las pautas de coordinacin entre los Servicios Socialesy Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se especifican en el artculo 35 del Decreto, vector esencial de la regulacin dedicado expresamente a esta cuestin. Complementariamente a los mismos, si se considerara necesario, el servicio social de base, con la participacin de la persona titular y de otras personas miembros de la unidad de convivencia, podrn incorporar al convenio contenidos especficamente orientados a la inclusin social.

    El Captulo II integra elementos bsicos y referenciales de la regulacin de las prestaciones econmicas de derecho del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos e Inclusin Social, es decir, tanto de la Renta de Garanta de Ingresos como de la Prestacin Complementaria de Vivienda: los requisitos de acceso a la titularidad del derecho y las obligaciones asociadas a dicha titularidad.

    En relacin con los requisitos de acceso, destacan diferentes elementos que suponen, en una u otra medida, una innovacin con respecto a la regulacin anterior:

  • El Decreto regula las excepciones aplicables al requisito de constitucin de una unidad de convivencia con un ao de antelacin a la solicitud previsto en la Ley y recoge entre ellas, adems de las recogidas en la regulacin anteriormente vigente, nuevos supuestos, como el de las personas que constituyan una nueva unidad de convivencia por haberse visto obligadas a abandonar su domicilio habitual por haber sido vctimas de maltrato domstico, siempre que la nueva unidad est exclusivamente constituida por personas integrantes de la unidad anterior.

    Con respecto al requisito referido a la insuficiencia de recursos, el Decreto especifica las previsiones de la Ley en relacin con los inmuebles y as prev, entre las excepciones a la regla general de no disponer de inmuebles, las siguientes: la vivienda habitual cuando no tenga valor excepcional (e incluyendo en el concepto de vivienda habitual, como se explicita en el artculo 24, un garaje, un trastero y, cuando se trate de vivienda habitual de carcter rstico, la parcela anexa de carcter rstico que no est desagregada) y los inmuebles o partes de inmuebles que constituyan el lugar en el que o desde el que se realiza la o las actividades por cuenta propia que constituyan la fuente de ingresos de la unidad de convivencia. Especifica asimismo que, en el caso de disponer de bienes inmuebles en que no se cuente con la totalidad de la propiedad o se tenga limitado el disfrute de la vivienda en propiedad por situaciones impuestas de usufructo o asimilables, y se trate por lo tanto de bienes de difcil realizacin, se considerarn, a efectos de cmputo del patrimonio, como si se tratara de bienes muebles.

  • Por lo que respecta al lmite de edad establecido en 23 aos, el Decreto especifica una de las excepciones ya previstas en la Ley, definiendo el grado de discapacidad y el de dependencia que debern tener las personas que se encuentren a cargo de la persona titular menor de 23 aos.

  • Se introduce asimismo un requisito exigido por la coherencia misma del modelo, a saber, tener firmado un Convenio de Inclusin o un preacuerdo, salvo cuando el mismo no constituya una obligacin.

    El Decreto regula a continuacin las situaciones de concurrencia de titulares y diferencia al respecto tres situaciones: cuando en una misma unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar la condicin de titular, slo podr otorgarse la Renta de Garanta de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, a una de ellas; cuando una misma vivienda o alojamiento de carcter particular fuera compartido por dos o ms unidades de convivencia, el nmero mximo de prestaciones de Renta de Garanta de Ingresos concesibles en dicha vivienda o alojamiento ser de dos, siempre que se cumplan los requisitos de acceso a la prestacin; finalmente, en el caso de los alojamientos colectivos, podrn acceder a la Renta de Garanta de Ingresos todas las unidades de convivencia que se alojen en ellas, siempre que cumplan los requisitos de acceso a la prestacin.

    Por lo que se refiere a las obligaciones de las personas titulares, el artculo 12, adems de contemplar toda una serie de obligaciones bsicas y comunes, establece obligaciones especficas en funcin de la modalidad de prestacin de la que se es titular, incidiendo en ambos casos en los procesos de inclusin, en plena coherencia con el fin ltimo del Sistema de Garanta de Ingresos e Inclusin Social:

  • As, a las personas titulares de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social, se les impone: la obligacin de negociar, suscribir y cumplir un Convenio de Inclusin salvo las excepciones referidas a pensionistas y a personas no insertables laboralmente; la obligacin de mantenerse, tanto la persona titular como las dems personas miembros de su unidad de convivencia que se encuentren en edad laboral disponibles para el empleo, salvo cuando se trate de personas titulares de pensiones de invalidez absoluta, personas menores de 23 aos que cursen estudios acadmicos reglados, o personas en situacin de alta exclusin que, a juicio de los Servicios Sociales de Base y/o de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, no se encuentren en situacin de incorporarse al mercado laboral. Se explicita adems que esta disponibilidad incorporar tambin el compromiso de permanecer inscritas ininterrumpidamente como demandantes de empleo, de no rechazar un empleo adecuado, de no darse de baja voluntaria, ni definitiva ni temporal del empleo y de no acogerse a una situacin de excedencia laboral ni reduccin de jornada sin causa extrema justificada.

  • Por su parte, a las personas titulares de la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo se les impone la obligacin de negociar, suscribir y cumplir un Convenio de Inclusin orientado a la mejora del empleo, no pudiendo, en consecuencia, darse de baja voluntaria, ni definitiva ni temporal del empleo ni acogerse a una situacin de excedencia laboral sin causa extrema justificada.

    El Captulo III regula el rgimen econmico de la prestacin: la fijacin de la cuanta mensual, la determinacin de los recursos, la determinacin de los rendimientos y la determinacin del patrimonio.

    En relacin con la cuanta de la prestacin, el Decreto, adems de recoger las previsiones de la Ley en relacin con la cuanta mensual correspondiente a cada una de las modalidades de prestacin, expresadas en porcentajes del salario mnimo interprofesional, fija la cuanta correspondiente al complemento previsto para las unidades de convivencia monoparentales en 6,4% del salario mnimo interprofesional anual.

    En la determinacin de los rendimientos, las principales diferencias en relacin con el modelo aplicado hasta la fecha a la renta bsica se centran en tres aspectos. El primero, en los premios e ingresos atpicos que ampla las excepciones a la regla establecida para su cmputo, incluyendo la parte de los mismos que se destine a llevar a cabo reformas en la vivienda habitual, siempre que stas sean necesarias para mantener la vivienda en estado de habitabilidad y no supongan un valor que se pueda considerar excepcional. El segundo elemento destacable viene dado por la extensin de los ingresos no computables a determinadas prestaciones econmicas previstas en la Ley 39/2006, de 14 de noviembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las Personas en Situacin de Dependencia -en concreto, la prestacin econmica vinculada al servicio, la prestacin econmica para asistente personal y la prestacin econmica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a personas cuidadoras no profesionales- y a las prestaciones econmicas destinadas a mujeres vctimas de violencia de gnero. El tercer aspecto diferenciador, tambin incluido en la regulacin de los ingresos no computables viene dado por la modificacin en la consideracin de los denominados estmulos al empleo. En su prrafo 3, el artculo 21, seala que en el caso de la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo quedarn adems excluidos del cmputo de los recursos disponibles, determinados porcentajes de ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena correspondiente a la persona solicitante o a otras personas miembros de su unidad de convivencia, y otorga a dicho estmulo carcter temporal, otorgndose por un periodo mximo de veinticuatro meses, que podr prorrogarse por otro periodo de doce meses si mediara dictamen expreso de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en tal sentido y remitiendo la determinacin de los porcentajes de ingresos a excluir del cmputo en concepto de estmulo al empleo a Orden de desarrollo del presente Decreto.

    En la determinacin del patrimonio, se establecen las pautas de valoracin tanto de la vivienda habitual (considerando incluida en ella los bienes complementarios ya mencionados anteriormente: garaje, trastero y parcela rstica no desagregada) como de los bienes inmuebles que constituyan el lugar en el que o desde el que la persona titular u otras personas miembros de la unidad de convivencia desarrollan las actividades propias que constituyan la fuente de ingresos y de los bienes inmuebles en los que no se cuente con la totalidad de la propiedad o se tenga limitado el disfrute por situaciones impuestas de usufructo o asimilables.

    El Captulo IV regula aspectos procedimentales en relacin con el reconocimiento de la prestacin. En este marco, adems de recoger un procedimiento similar al vigente hasta la fecha en sus aspectos bsicos (presentacin de la solicitud e instruccin del procedimiento en el nivel municipal y resolucin y pago en el nivel foral), se prevn algunas peculiaridades diferenciales:

    Por un lado, se contempla la solicitud y tramitacin simultnea de la Prestacin Complementaria de Vivienda, siempre que dicha simultaneidad sea posible, es decir, siempre que la necesidad de esta ltima prestacin no surja con posterioridad a la solicitud de la Renta de Garanta de Ingresos.

    Por otro, se establece la necesidad de adjuntar a la solicitud, en funcin del tiempo necesario para el diagnstico de necesidades, bien un Convenio de Inclusin, bien un documento de preacuerdo con vistas a la formalizacin posterior de dicho convenio, pudiendo presentar nicamente contenidos orientados a la inclusin social o tambin, si el servicio social de base lo considerara conveniente, la mencin de que convendra incluir actuaciones orientadas al acceso al empleo o a la mejora de la situacin laboral.

    En directa relacin con lo anterior, el artculo 35, verdadero elemento clave del modelo, regula elementos bsicos de comunicacin entre la Diputacin foral competente para la resolucin y el servicio social de base correspondiente as como la coordinacin entre ste y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. A este respecto, se establece que, en los casos de concesin de la prestacin, el servicio social de base proceder atendiendo a las caractersticas de la situacin:

  • Cuando se trate de casos en los que nicamente se estima necesaria la intervencin desde los servicios sociales, es decir, los casos en los que no se requieren actuaciones orientadas al empleo, proceder, si no lo hubiera hecho con anterioridad, a la formalizacin del Convenio de Inclusin.

  • Cuando, en cambio, se trate de casos en los que s son necesarias actuaciones orientadas al acceso al empleo o a la mejora de la situacin laboral, el servicio social de base deber ponerse en contacto con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. En todo caso deber hacerlo en algunos supuestos tasados: siempre que la modalidad de prestacin concedida sea la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo; siempre que, tratndose de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social, la persona titular o alguna de las personas miembros de su unidad de convivencia se encuentren en edad de trabajar, salvo que tengan incapacidad permanente absoluta o se encuentren cursando estudios acadmicos reglados; siempre que en el preacuerdo o en el Convenio de Inclusin social el Servicio Social de Base hubiera indicado que estima necesaria la intervencin desde Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. En todos estos supuestos, aplicarn los mecanismos y los protocolos de coordinacin pertinentes para la firma del Convenio de Inclusin, sin perjuicio de que su formalizacin siempre deba recaer en el servicio social de base, incluso en aquellos supuestos en los que nicamente contemple actuaciones orientadas a la inclusin laboral.

    El artculo 38 regula la duracin del derecho y retomando la renovacin bienal prevista en la Ley, se prevn supuestos de renovacin automtica de la prestacin. Entre ellos se incluyen los dos ya previstos con rango legal -personas titulares de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social formadas exclusivamente por pensionistas que no se encuentren en edad de trabajar o que, estndolo, presenten una incapacidad permanente absoluta y personas en situacin de alta exclusin que, a juicio de los Servicios Sociales de Base y de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, no se encuentren en situacin de incorporarse al mercado laboral.

    En su Captulo V, el Decreto regula los supuestos de revisin, modificacin, suspensin y extincin de la prestacin.

    La suspensin adquiere particular relevancia, en la medida en que constituye un instrumento esencial para garantizar y exigir el adecuado uso de la prestacin. Entre las causas de suspensin, destacan, por la relevancia que adquieren en relacin con la coherencia del conjunto del modelo, todas las asociadas al Convenio de Inclusin, tanto a su suscripcin como a su incumplimiento total o parcial: negarse a negociarlo o suscribirlo cuando el mismo se estime necesario por el servicio social de base referente, en coordinacin, en su caso, con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo; no cumplir los compromisos asumidos en el marco de un Convenio de Inclusin; en la misma lnea, cuando sea de aplicacin, no estar disponible para el empleo, no permanecer inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo o rechazar un empleo adecuado o rechazar modificaciones en las condiciones de empleo que conllevaran una mejora en el nivel de ingresos.

    En relacin con la duracin de la suspensin, se regulan diferentes supuestos:

  • Una pauta general, que indica que la situacin de suspensin se mantendr mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma, y ello por un periodo continuado mximo de dieciocho meses, transcurrido el cual se proceder a la extincin del derecho a la prestacin. En los casos en los que se hubiera producido un supuesto de suspensin, pero el mismo hubiera dejado de producirse en el momento de proceder a la suspensin o pudiera dejar de producirse de forma inmediata, podr suspenderse la prestacin por un periodo que se determinar atendiendo a las circunstancias especficas que concurren y que, en ningn caso, podr ser superior a la duracin del incumplimiento del que trae causa.

  • En caso de suspensin por no comunicar en plazo las modificaciones habidas en la composicin de la unidad de convivencia o en el nivel de recursos, por no permanecer inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo o por rechazar la modificacin en las condiciones de empleo que conllevara una mejora del nivel de ingresos, la suspensin se mantendr por un periodo de un mes cuando ocurra por primera vez y de tres meses si ocurriera de nuevo con posterioridad.

  • En los casos que hayan rechazado un empleo adecuado sin causa justificada, la suspensin se mantendr por un periodo equivalente al de la duracin prevista para el empleo rechazado y, si se desconociera dicha duracin, la suspensin se mantendr por un periodo de tres meses. Por el contrario, y en el supuesto de que se haya rechazado un contrato indefinido, la suspensin se mantendr por un perodo de dieciocho meses.

    En la regulacin de la extincin, el Decreto prev que cuando la prestacin se extinga por causas asociadas al incumplimiento de obligaciones, a la comisin de infracciones, o a la existencia de una situacin de suspensin durante ms de dieciocho meses (salvo que se deba a la percepcin temporal de ingresos por encima del lmite previsto), la persona titular no tendr la posibilidad de volver a solicitar la Renta de Garanta de Ingresos por un periodo de un ao a contar de la fecha de extincin, pudiendo hacerse extensiva esta imposibilidad a cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia que pudiera ostentar la condicin de titular previo informe-propuesta del servicio social de base referencia. As mismo, la existencia de tres suspensiones por incumplimiento de obligaciones en el perodo de vigencia de la prestacin, dar lugar a su extincin.

    El resto del Decreto contempla el reintegro de las prestaciones indebidas, que mantiene, en su esencia, las previsiones vigentes con el modelo anterior, el procedimiento sancionador, que recoge bsicamente las previsiones de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas, el traslado de expedientes, en el que se otorga carcter preferencial, como a lo largo de todo el procedimiento, a la utilizacin de la herramienta Diagnstico e Intervencin Social residida en Gizarte.net, y la financiacin que mantiene tambin las disposiciones bsicas vigentes hasta la fecha.

    Finalmente, el texto se completa con una serie de disposiciones transitorias y finales. Las transitorias adquieren aqu particular relevancia dados los cambios incorporados al modelo; destacan la primera, referidas al rgimen transitorio de los procedimientos:

    En relacin con los procedimientos de reconocimiento, revisin, modificacin, suspensin y extincin del derecho a la Renta de Garanta de Ingresos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto y con las resoluciones de concesin, revisin, modificacin o suspensin aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social y del presente Decreto, la disposicin transitoria primera, en su prrafo primero, regula cul ser la situacin de las personas afectadas por dichos supuestos durante el ao de plazo mximo que el prrafo segundo de la misma disposicin prev para proceder a la adecuacin de su situacin a lo previsto en este Decreto. A este respecto, seala que, durante ese tiempo transitorio, sern de aplicacin los siguientes criterios:

  • En lo relativo a los requisitos de acceso a la prestacin y a las obligaciones resultantes para la persona titular y las dems personas miembros de su unidad de convivencia, seguirn rigindose por lo previsto en la normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

  • En lo relativo a la modalidad de prestacin y a la cuanta de la misma sern de aplicacin las disposiciones contenidas en el presente Decreto en cuanto resulten ms ventajosas para la persona titular y las dems personas miembros de la unidad de convivencia.

    En su prrafo segundo, la disposicin transitoria primera establece expresamente que la entrada en vigor de este Decreto conllevar, tanto para quienes ya fueran titulares de la prestacin de Renta Bsica o de Renta de Garanta de Ingresos, como para quienes dicha prestacin estuviera en curso de tramitacin, la obligacin de renovar su solicitud de conformidad con lo previsto en el artculo 38, y prev que, a estos efectos, la determinacin de la fecha de renovacin obedecer a los siguientes criterios:

  • Cuando la Renta de Garanta de Ingresos hubiera sido concedida o revisada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social, la fecha de la concesin o de la ltima revisin se considerarn fecha de inicio del plazo de 2 aos previsto para la renovacin. Sin perjuicio de lo anterior, la Administracin deber proceder, de oficio, en un plazo mximo de un ao a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, a la revisin del cumplimiento de todos los requisitos de acceso contemplados en el mismo, as como a la aplicacin de los lmites establecidos para su concesin en relacin con la cuanta y con el nmero mximo de prestaciones por vivienda o alojamiento habitual.

  • En relacin con la Renta Bsica, es decir con las prestaciones concedidas o revisadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social, la renovacin deber realizarse en un plazo mximo de un ao a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, siendo de aplicacin a partir de ese momento todas sus previsiones, incluidos los requisitos de acceso y los lmites establecidos para su concesin en relacin con la cuanta y con el nmero mximo de prestaciones por vivienda o alojamiento habitual.

    En su virtud, a propuesta de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, odas la Comisin Interinstitucional para la Inclusin Social y el Consejo Vasco para la Inclusin Social, emitidos los informes preceptivos por razn de la materia, y de acuerdo con la Comisin Jurdica Asesora de Euskadi, y previa deliberacin y aprobacin del Consejo de Gobierno en su sesin celebrada el da 25 de junio de 2010,

  1. Es objeto del presente Decreto la regulacin de la Renta de Garanta de Ingresos establecida por la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social.

  2. Los requisitos para la concesin de esta prestacin y los procedimientos para su aplicacin se regirn por lo dispuesto en la mencionada Ley, en el presente Decreto y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo.

  1. La Renta de Garanta de Ingresos es una prestacin peridica, de naturaleza econmica, dirigida tanto a la cobertura de los gastos asociados a las necesidades bsicas como a la de los gastos derivados de un proceso de inclusin social y/o laboral, y destinada a las personas integradas en unidades de convivencia que no dispongan de ingresos suficientes para hacer frente a dichos gastos.

  2. A efectos de lo anterior se entender que:

    1. Son gastos asociados a las necesidades bsicas los gastos bsicos para la supervivencia.

    2. Son gastos derivados de un proceso de inclusin social y/o laboral aquellos que resultan indispensables para la efectiva realizacin de este proceso, pudiendo, quedar incluidos en este concepto, entre otros, los gastos de transporte al lugar de trabajo y gastos de formacin, en los trminos en los que dichos gastos vengan determinados en el correspondiente Convenio de Inclusin.

  1. La Renta de Garanta de Ingresos se configura como un derecho subjetivo para todas aquellas personas que cumplan los requisitos especficamente regulados para el acceso a esta prestacin, en la modalidad que, en cada caso, resulte de aplicacin.

  2. Tiene carcter subsidiario y, en su caso complementario, de todo tipo de recursos y prestaciones de contenido econmico previstas en la legislacin vigente, que pudieran corresponder a la persona titular o a cualquiera de las personas miembros de su unidad de convivencia, no pudiendo, en consecuencia, ser complementada, en ninguna de sus modalidades, por otras prestaciones o ayudas de la misma ndole, a excepcin de lo dispuesto en la Disposicin Transitoria Primera. En caso de existir ayudas de similar naturaleza tendrn la consideracin de ingresos, siendo, en consecuencia, objeto de cmputo a efectos de determinacin de la cuanta de la Renta de Garanta de Ingresos.

  3. Tiene carcter finalista, debiendo aplicarse nicamente a la cobertura de necesidades bsicas para la supervivencia y, en su caso, a la de los gastos derivados de un proceso de inclusin social y/o laboral.

  4. Es intransferible y, por tanto, no puede:

    1. Ofrecerse en garanta de obligaciones.

    2. Ser objeto de cesin total o parcial.

    3. Ser objeto de compensacin o descuento, salvo para el reintegro de las cuantas indebidamente percibidas en concepto de cualquiera de las prestaciones econmicas reguladas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social, o de otras prestaciones econmicas de carcter social, hasta un lmite mximo del 30% de la cuanta total de las prestaciones que correspondan a la unidad de convivencia por los conceptos de Renta de Garanta de Ingresos, y en su caso, de la Prestacin Complementaria de Vivienda.

    4. Ser objeto de retencin o embargo, salvo en los supuestos y con los lmites previstos en la legislacin general del Estado que resulte de aplicacin.

  5. La Renta de Garanta de Ingresos se otorga en beneficio de todas las personas miembros de la unidad de convivencia, sin perjuicio de que la titularidad del derecho slo pueda corresponder a una de ellas.

  6. La Renta de Garanta de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, ser compatible con la Prestacin Complementaria de Vivienda e incompatible con las ayudas de emergencia social previstas para la cobertura de los gastos de alquiler, siendo de aplicacin en todo caso los lmites establecidos en el artculo 57 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social.

  1. La Renta de Garanta de Ingresos presenta las siguientes modalidades, que sern incompatibles entre s:

    1. La Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social, dirigida a las personas que no dispongan de ingresos procedentes de rentas de trabajo, cuando su nivel mensual de recursos computables no alcance el importe de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social que pudiera corresponder en funcin de la procedencia de los ingresos y del nmero de las personas miembros de la unidad de convivencia, resultando insuficiente para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades bsicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusin social y/o laboral.

    2. La Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo dirigida a complementar el nivel de recursos de las unidades de convivencia que, aun disponiendo de ingresos procedentes del trabajo, cuentan con un nivel mensual de recursos computables inferior al importe de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social que pudiera corresponder en funcin del nmero de personas miembros de la unidad de convivencia, resultando insuficiente para hacer frente tanto a los gastos asociados a las necesidades bsicas como a los gastos derivados de un proceso de inclusin social y/o de mejora de la situacin laboral.

  2. Entre las dos modalidades de Renta de Garanta de Ingresos previstas en el prrafo anterior se otorga prioridad a la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, debiendo optarse por esta modalidad no slo cuando sea la persona solicitante de la prestacin quien disponga de rentas de trabajo, sino tambin cuando sea cualquier otro miembro de la unidad de convivencia quien se encuentre en dicha situacin.

  1. A los efectos del presente Decreto, tendrn la consideracin de unidad de convivencia las siguientes personas o grupos de personas:

    1. Personas que viven solas en una vivienda o alojamiento, quedando excluidas de dicha consideracin las personas que, aun viviendo solas, estn unidas a otras por matrimonio u otra forma de relacin permanente anloga a la conyugal, excepto en los siguientes casos:

      Cuando se encuentren iniciados los trmites judiciales de separacin o divorcio, o el de baja en el Registro de Uniones de Hecho;

      Cuando se trate de personas vctimas de violencia domstica, aun cuando no hubieran iniciado los trmites judiciales de separacin o divorcio, siempre que dicha circunstancia quede justificada mediante informe social favorable del Servicio Social de Base correspondiente y siempre que inicien dichos trmites en un plazo de un ao a partir de la fecha de separacin de hecho;

      Cuando se trate de personas que tengan la condicin de refugiadas o hayan realizado la solicitud para el reconocimiento de tal condicin y dicha solicitud se haya admitido a trmite, y su cnyuge o persona con la que mantengan una forma de relacin permanente anloga a la conyugal no resida en el territorio estatal;

      Cuando se trate de personas inmigrantes, y su cnyuge o persona con la que mantengan una forma de relacin permanente anloga a la conyugal no resida en el territorio estatal, siempre que exista un informe social favorable del Servicio Social de Base correspondiente; en tales supuestos, la condicin de unidad de convivencia podr mantenerse por un periodo mximo de doce meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses.

    2. Dos o ms personas que viven juntas en una misma vivienda o alojamiento, cuando estn unidas entre s por matrimonio u otra forma de relacin permanente anloga a la conyugal, por adopcin, por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, o por una relacin de acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela.

    3. Cada una de las personas titulares de un contrato de arrendamiento en cualquiera de sus modalidades que vive en una misma vivienda o alojamiento con otras con las que no est unida por ninguno de los vnculos previstos en el apartado b), debido a situaciones constatables de extrema necesidad.

      Se entender que existe una situacin de extrema necesidad cuando la persona que solicita la prestacin disponga de un nivel de ingresos computables inferior al 75% de la cuanta de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social que correspondera a una persona sola en el supuesto de ausencia total de recursos, o bien cuando se encuentre en una situacin que sea considerada como extrema segn el Servicio Social de Base referente.

  2. Aun cuando se integren en el domicilio de personas con las que mantengan alguno de los vnculos previstos en el apartado b) del prrafo 1 de este artculo, tendrn la consideracin de unidad de convivencia las siguientes:

    1. Personas beneficiarias de pensiones contributivas o no contributivas de vejez, invalidez o viudedad, junto con su cnyuge o persona unida a ellas por relacin permanente anloga a la conyugal y las personas que dependan econmicamente de ellas. A efectos de lo anterior, se consideran econmicamente dependientes de las primeras a aquellas personas que no tengan ingresos computables en importe superior a la cuanta de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social correspondiente a una persona sola en el supuesto de ausencia total de recursos, quedando exceptuadas de tal consideracin las personas que obtienen ingresos por trabajo o procedentes de pensiones susceptibles de ser complementadas.

    2. Personas que habiendo sido vctimas de maltrato domstico, hayan abandonado su domicilio habitual, junto con sus hijos e hijas si los tuvieren; en el caso de las personas solas, la condicin de unidad de convivencia diferenciada de la unidad de convivencia acogedora podr mantenerse por un periodo mximo de doce meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses.

    3. Personas con menores de edad a su cargo o adultas que cuenten con una calificacin de discapacidad igual o superior al 45%, o con una calificacin de dependencia igual o superior al Nivel 1 del Grado II, segn lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las personas en situacin de dependencia.

    4. Personas solas que se hayan visto forzadas a abandonar la vivienda en la que residan habitualmente a consecuencia de una separacin, de un divorcio o de una disolucin de la unin de hecho, o por alguna situacin que sea considerada como extrema por parte del Servicio Social de Base referente.

      A efectos de lo anterior, se entender que podrn tener la consideracin de situacin extrema los supuestos de prdida repentina de vivienda derivados de desahucio o de siniestro o los casos de imposibilidad manifiesta para hacer frente al pago de la vivienda, siempre que dichas situaciones no resulten imputables a la persona solicitante.

      En los supuestos c) y d) anteriores, la condicin de unidad de convivencia diferenciada de la unidad de convivencia en cuyo domicilio reside podr mantenerse por un periodo mximo de doce meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses.

  3. Asimismo, constituirn unidades de convivencia las personas que, por su situacin de extrema necesidad, definida sta en los trminos sealados en el apartado c) del prrafo 1 de este artculo, hayan sido acogidas por alguna de las unidades de convivencia previstas en los apartados a) y b) del prrafo 1 del presente artculo, siempre que:

    La unidad acogedora disponga de recursos suficientes para hacer frente a sus propios gastos bsicos; a tales efectos no podrn ser perceptores de la Renta de Garanta de Ingresos;

    Las personas acogidas no mantengan con las dems personas miembros de la unidad acogedora ningn vnculo de los contemplados en el apartado b) del prrafo 1: matrimonio u otra forma de relacin permanente anloga a la conyugal, adopcin, consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo grado, acogimiento familiar permanente o preadoptivo o de tutela;

    No medie contraprestacin econmica entre la unidad acogedora y las personas acogidas;

    Exista un informe del Servicio Social de Base referente que confirme la situacin de extrema necesidad.

    En estos casos, la condicin de unidad de convivencia diferenciada de la unidad de convivencia acogedora podr mantenerse por un periodo mximo de doce meses, excepcionalmente prorrogable por un nuevo periodo de doce meses, cuando se mantengan las condiciones que dieron lugar a la situacin de acogimiento, previo informe favorable de los Servicios Sociales de Base.

  4. El Gobierno Vasco, podr definir, a iniciativa propia o a propuesta de otras Administraciones Pblicas, nuevos supuestos de unidad de convivencia atendiendo a la evolucin social y, en particular, a la evolucin de los modelos de estructura familiar.

  5. En los casos previstos en los prrafos 2, 3 y, en su caso, en el prrafo 4, las dems personas residentes en la vivienda o alojamiento, aun las relacionadas con las personas referenciadas por alguno de los vnculos previstos en el apartado b) del prrafo 1, sern consideradas como pertenecientes a otra unidad de convivencia.

    No obstante lo anterior, la unidad de convivencia con la que convivan las unidades previstas en el apartado a) del prrafo 2, para ser considerada como unidad de convivencia diferenciada y para poder acceder a la Renta de Garanta de Ingresos en su modalidad de Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, deber acreditar unos ingresos computables, procedentes de rentas de trabajo, superiores al 75% de la Renta de Garanta de Ingresos; en caso de no justificar dicho nivel de ingresos, se considerar que dependen de la unidad de pensionistas con quien conviven. En tales supuestos, la Renta de Garanta de Ingresos se revisar semestralmente a efectos de verificar por parte de los Servicios Sociales de Base la procedencia o no de continuar con la prestacin.

  6. A los efectos del presente Decreto, la convivencia efectiva o la no convivencia referidas en este artculo debern ser objeto de investigacin por parte de la Administracin competente cuando existan indicios que permitan dudar de la veracidad de la situacin declarada.

  7. A los efectos de la presente norma, se asimilarn a la relacin de tipo filial las distintas situaciones de guarda y custodia o tutela.

  1. A los efectos del presente Decreto, se entender por vivienda o alojamiento todo marco fsico utilizado de forma habitual como residencia por una o ms personas que pretenden convivir de forma independiente, no sometidas a una autoridad o rgimen comn. Se entienden comprendidas como modalidades de vivienda o alojamiento:

    1. Viviendas o alojamientos particulares ocupados por una nica unidad de convivencia.

    2. Viviendas o alojamientos particulares en rgimen de alquiler en los que se hayan subarrendado una o varias partes de conformidad con la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

    3. Viviendas particulares en las que se procure alojamiento en una o varias de sus partes, en virtud de un contrato de hospedaje, de alquiler de habitaciones, o de un derecho de habitacin.

    4. Viviendas o alojamientos particulares en los que varias unidades de convivencia compartan colectivamente un mismo alquiler, apareciendo todas ellas como coarrendatarias.

      En todos los supuestos previstos en este prrafo 1 se entiende que existe una nica vivienda o alojamiento, independientemente del nmero de unidades de convivencia que compartan ese marco fsico y de la existencia o no de parentesco entre las mismas.

  2. Asimismo, podrn ser consideradas vivienda o alojamiento aquellas partes de los siguientes marcos fsicos de residencia colectiva, cuando sean utilizadas de forma independiente por las unidades de convivencia sealadas en el artculo anterior:

    1. Establecimientos de alojamiento turstico, hotelero o extrahotelero, segn quedan definidos en el artculo 12 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de Ordenacin del Turismo de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, modificada por Ley 16/2008, de 23 de diciembre.

    2. Centros de acogida temporal, de carcter pblico o dependientes de entidades privadas sin nimo de lucro, debidamente autorizados y homologados, cuando sean concertados, convenidos o contratados por la Administracin para la prestacin de ese servicio de acogida o cuando sean promovidos por entidades sociales sin nimo de lucro que asocian ese recurso de acogida a otros programas de inclusin social o sociolaboral concertados, convenidos o contratados por la Administracin.

      A los efectos del presente Decreto, tendrn la consideracin de centro de acogida temporal los pisos de acogida, los centros residenciales para personas en situacin de exclusin, as como los centros residenciales para mujeres vctimas de maltrato domstico y otros servicios de acogida para mujeres, contemplados respectivamente en los apartados 1.9.1, 2.4.5 y 2.4.6 del artculo 22 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, cuando la estancia en los mismos est sujeta a la evolucin del plan individual de inclusin que corresponda.

  1. La concesin de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social estar vinculada al establecimiento, con la persona titular, de un Convenio de Inclusin en los trminos que se definen en los artculos 65 y siguientes de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social y entendido como un instrumento para la inclusin social y laboral de los perceptores.

    Los contenidos concretos del Convenio de Inclusin, orientados a facilitar tanto su propia inclusin social y/o laboral como la del resto de las personas miembros de la unidad de convivencia, se definirn, en dicho marco, de mutuo acuerdo entre la persona titular y el Servicio Social de Base correspondiente, y contendrn todas o algunas de las acciones previstas en el artculo 65.2 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social.

    Quedarn exceptuadas de la obligacin de firmar un Convenio de Inclusin aquellas unidades de convivencia en las que la persona titular sea pensionista, salvo cuando dicha persona o alguna de las dems personas miembros de la unidad de convivencia se encuentre en edad laboral y no est en situacin de incapacidad permanente absoluta.

    No obstante lo anterior, la persona titular y las dems personas miembros de la unidad de convivencia referidos anteriormente podrn disponer de apoyos especficamente orientados a su inclusin social, cuando fuera necesario a juicio de los Servicios Sociales de Base.

  2. La Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo quedar vinculada al establecimiento, de un Convenio de Inclusin, en los trminos que se definen en los artculos 65 y siguientes de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social, especficamente orientado a la mejora de la situacin laboral de la persona titular y, en su caso, de otras personas miembros de su unidad de convivencia, cuyos contenidos vendrn determinados por el Servicio Social de Base correspondiente en coordinacin con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Asimismo, si lo estimaran necesario los Servicios Sociales de Base, con la participacin de la persona usuaria y de otras personas miembros de la unidad de convivencia, incorporarn en el convenio contenidos especficamente orientados a la inclusin social.

  3. Se establecer la adecuada coordinacin entre los Servicios Sociales de Base y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo con vistas a la elaboracin y la formalizacin de los convenios de inclusin en los trminos previstos en el artculo 35 del presente Decreto, as como en la normativa especfica reguladora de los convenios de inclusin, al objeto de que colaboren en su diseo y seguimiento y coordinen sus actuaciones con el fin de garantizar la continuidad de la atencin y la coherencia de los itinerarios de inclusin.

  1. Ser titular de la Renta de Garanta de Ingresos en cualquiera de sus modalidades la persona a nombre de quien se tramita y concede la prestacin y en quien recae el derecho a la prestacin y, en su caso, al Convenio de Inclusin.

  2. Tendrn la consideracin de personas destinatarias de la Renta de Garanta de Ingresos las personas que formen parte de la misma unidad de convivencia que la titular.

  3. Con carcter general, ser perceptora de la Renta de Garanta de Ingresos la persona titular de la misma.

    No obstante lo anterior, la Diputacin Foral competente podr acordar el pago de la prestacin a persona distinta de la persona titular en los trminos previstos en el artculo 37.

Podrn ser titulares del derecho a la Renta de Garanta de Ingresos, en las condiciones previstas en el presente Decreto para cada una de sus modalidades, aquellas personas que renan los siguientes requisitos:

  1. Constituir una unidad de convivencia como mnimo con un ao de antelacin a la fecha de presentacin de la solicitud, quedando exceptuado el cumplimiento de dicho plazo en los siguientes supuestos:

    1. Quienes tuviesen econmicamente a su cargo a personas menores de edad.

    2. Quienes constituyeran una nueva unidad de convivencia por matrimonio u otra forma de relacin permanente anloga a la conyugal.

    3. Quienes constituyeran una nueva unidad de convivencia por separacin, divorcio o nulidad matrimonial, por disolucin de la unin de hecho o por fallecimiento de una de las personas miembros de la pareja, siempre que la nueva unidad est exclusivamente constituida por personas integrantes de la unidad de convivencia anterior.

    4. Quienes constituyeran una nueva unidad de convivencia por fallecimiento o por ingreso definitivo en un servicio residencial de carcter social, sanitario o sociosanitario o en un centro penitenciario de los padres, tutores o representantes legales.

    5. Quienes constituyeran una nueva unidad de convivencia por haberse visto obligadas a abandonar su domicilio habitual por haber sido vctimas de maltrato domstico, siempre que la nueva unidad est exclusivamente constituida por personas integrantes de la unidad de convivencia anterior.

    6. Quienes constituyan una nueva unidad de convivencia formada por personas beneficiarias de pensiones contributivas o no contributivas de vejez, invalidez o viudedad, junto con su cnyuge o persona unida a ellas por relacin permanente anloga a la conyugal y las personas que dependan econmicamente de ellas, tal como se indica en el artculo 5.2.a).

    7. Quienes constituyan una unidad de convivencia formada por las restantes personas miembros de la unidad sealada en el apartado anterior, que como consecuencia de la aplicacin de la presente norma, forman ahora tambin una unidad independiente.

  2. Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en el municipio en el que se solicita la prestacin, a la fecha de presentacin de la solicitud y durante el periodo de percepcin de la prestacin, y haber estado empadronadas y haber tenido la residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco al menos con un ao de antelacin a la fecha de presentacin de la solicitud. Si no se cumple ese perodo mnimo previo, debern haber estado empadronadas y haber tenido la residencia efectiva en cualquier municipio de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco durante cinco aos continuados de los diez inmediatamente anteriores.

    Este requisito no ser exigible a las personas miembros de las colectividades vascas a que se refiere el artculo 11.1 de la Ley 8/1994, de 27 de mayo, de Relaciones con las Colectividades y Centros Vascos en el Exterior de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos en dicho artculo.

  3. No disponer de recursos suficientes, considerndose que no se dispone de tales recursos cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

    1. Disponer de unos ingresos o rendimientos mensuales computables inferiores a la cuanta mensual de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social que pudiera corresponder en funcin del nmero de personas miembros de la unidad de convivencia y del tipo de unidad de convivencia.

    2. No disponer de ningn bien inmueble, a excepcin de:

      la vivienda habitual, salvo cuando esta ltima tenga valor excepcional, en los trminos previstos en el artculo 24.2;

      los inmuebles o partes de inmuebles que constituyan el lugar en el que o desde el que se realizan la o las actividades por cuenta propia que constituyan la fuente de ingresos de la unidad de convivencia, en los trminos previstos en el artculo 24.3.

    3. Disponer de dinero, ttulos, valores, vehculos y en general cualquier otro bien mueble de los referidos en la Seccin 4. del Captulo III de este Decreto, por una cuanta mxima equivalente a cuatro veces la cuanta anual de la modalidad de la Renta de Garanta de Ingresos que les pudiera corresponder en el supuesto de ausencia total de recursos, en funcin del nmero total de personas miembros de la unidad de convivencia y del tipo de unidad de convivencia.

    4. No encontrarse en ninguno de los supuestos de recursos suficientes establecidos en el artculo 22 del presente Decreto.

      La determinacin de los ingresos o rendimientos y del patrimonio obedecer a lo establecido en las Secciones 1., 2. y 3. del Captulo III del presente Decreto.

  4. Ser mayor de 23 aos. Quedarn exentas de cumplir este requisito las personas mayores de 18 aos que, reuniendo el resto de los requisitos, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

    1. Ser perceptoras de pensiones de invalidez.

    2. Ser hurfanas de padre y de madre.

    3. Tener econmicamente a su cargo a personas menores de edad o adultas que cuenten con una calificacin de discapacidad igual o superior al 45%, o con una calificacin de dependencia igual o superior al Nivel 1 del Grado II, segn lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las personas en situacin de dependencia.

    4. Haber sido vctimas de maltrato domstico.

    5. Estar unidas a otra persona por matrimonio u otra forma de relacin permanente anloga a la conyugal con al menos seis meses de antelacin a la solicitud.

  5. No ser usuarias, ni en el momento de la solicitud ni durante la instruccin del expediente, de una plaza de servicio residencial, de carcter social, sanitario o sociosanitario, con carcter permanente y financiada total o parcialmente con fondos pblicos.

    En el caso de que dicha circunstancia se produjera con posterioridad a la concesin de la prestacin, se estar a lo determinado en el Captulo V.

  6. No encontrarse en prisin ni en el momento de la solicitud ni durante la instruccin del expediente.

    En el caso de que dicha circunstancia se produjera con posterioridad a la concesin de la prestacin, se estar a lo determinado en el Captulo V.

  7. En el caso de disponer de ingresos de trabajo, no disfrutar de una reduccin de jornada laboral o situacin anloga, salvo cuando dicha circunstancia no sea voluntaria y as se acredite o cuando sea considerada necesaria previo informe del Servicio Social de Base referente.

  8. Hacer valer con carcter previo a la finalizacin de la instruccin del expediente todo derecho o prestacin de contenido econmico que le pudiera corresponder a la persona titular o a cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia.

  9. Tener firmado un Convenio de Inclusin o un preacuerdo en los trminos contemplados en el artculo 35 de este Decreto, salvo en los casos en los que el mismo no constituya una obligacin, de conformidad con lo previsto en el artculo 7.1.

  1. En el supuesto de que en una misma unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar la condicin de titular, slo podr otorgarse la Renta de Garanta de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, a una de ellas. En tal caso, la prestacin se otorgar a quien propongan los Servicios Sociales de Base en funcin del diagnstico social pertinente.

  2. En el caso de que una misma vivienda o alojamiento, en los trminos en que se define en el artculo 6.1 fuera compartido por dos o ms unidades de convivencia, el nmero mximo de prestaciones de Renta de Garanta de Ingresos concesibles en dicha vivienda o alojamiento ser de dos, siempre que se cumplan los requisitos de acceso a la prestacin. En tal caso, la prestacin se conceder a quienes la hubieran solicitado en primer lugar.

    En estos supuestos, el Servicio Social de Base correspondiente orientar a las personas que no puedan acceder a la prestacin hacia las entidades pblicas y privadas que actan en el mbito de la vivienda, al objeto de que puedan acceder a otro alojamiento y, en su caso, a la Renta de Garanta de Ingresos.

  3. En el caso de los alojamientos colectivos definidos en el artculo 6.2, podrn acceder a la Renta de Garanta de Ingresos todas las unidades de convivencia que se alojen en ellos, siempre que cumplan los requisitos de acceso a la prestacin.

El paso de una modalidad a otra de la Renta de Garanta de Ingresos, derivado de una modificacin en la situacin de la unidad de convivencia, se articular de forma automtica, sin ser necesario proceder a ningn trmite especfico de extincin de la primera para acceder a la segunda. A tales efectos, se proceder de oficio al cambio en la denominacin de la modalidad de la prestacin a la que se accede y, en su caso, a la correspondiente modificacin de la cuanta.

  1. Las personas titulares de la Renta de Garanta de Ingresos, cualquiera que sea la modalidad de prestacin a la que accedan, adquirirn, al ejercer su derecho a dicha prestacin econmica, las siguientes obligaciones:

    1. Aplicar la Renta de Garanta de Ingresos a la cobertura de necesidades bsicas de todas las personas miembros de la unidad de convivencia y, en su caso, a la cobertura de gastos derivados de su proceso de inclusin social y/o laboral.

    2. Hacer valer, durante todo el periodo de duracin de la prestacin, todo derecho o prestacin de contenido econmico que le pudiera corresponder o que pudiera corresponder a cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia.

    3. Administrar responsablemente los recursos disponibles y actuar diligentemente con el fin de evitar el agravamiento de la situacin econmica o de la situacin de exclusin.

    4. Escolarizar y poner los medios para garantizar la asistencia efectiva de las personas menores de edad que se encuentren a su cargo.

    5. No practicar la mendicidad ni permitir o forzar su prctica a otras personas miembros de la unidad de convivencia.

    6. Comunicar al Ayuntamiento, en el plazo mximo de quince das naturales contados a partir el momento en el que se produzcan, los siguientes hechos sobrevenidos que pudieran dar lugar a la modificacin, suspensin o extincin del derecho a la prestacin:

      1. Hechos que afecten a la composicin de la unidad de convivencia, y en todo caso:

      Fallecimiento de algn miembro de la unidad de convivencia;

      Ingreso de la persona titular o de cualquier otro miembro de la unidad de convivencia en centros residenciales pblicos o privados, en centros sanitarios pblicos o privados, en centros penitenciarios, en centros de desintoxicacin, en centros de acogida, por un periodo de tiempo igual o superior a un mes;

      Abandono de la unidad de convivencia con salida de la persona titular del domicilio de residencia habitual;

      Adopcin, acogimiento familiar permanente o preadoptivo, o tutela;

      Incorporacin a la unidad de convivencia de una persona que tenga un grado de consanguinidad o afinidad con respecto a la persona titular de hasta el cuarto y el segundo grado, respectivamente;

      Cualquier otra modificacin que afecte a la composicin de la unidad de convivencia.

      2. Hechos que afecten a los recursos que hayan servido de base para el clculo de la cuanta de la prestacin, incluyendo:

      Cambios en el tipo o en la cuanta de los ingresos mensuales, incrementos o disminuciones patrimoniales;

      Incremento de recursos debido a la obtencin de ingresos como consecuencia de haber hecho valer derechos econmicos en los trminos previstos en el apartado b).

      3. Cualquier otro hecho o situacin que pudiera implicar la prdida temporal o definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la prestacin.

    7. Comunicar al Ayuntamiento, en el plazo mximo de quince das naturales contados a partir el momento en el que se produzca, cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual de la persona titular, sin perjuicio, en su caso, de las peculiaridades que se hayan previsto en el Convenio de Inclusin.

    8. Reintegrar el importe de las prestaciones indebidamente percibidas o percibidas en cuanta indebida, en los trminos previstos en el Captulo VI del presente Decreto.

    9. Comparecer ante la Administracin y colaborar con la misma cuando sea requerida para ello, sin perjuicio, en su caso, de las especificidades que se hayan previsto en el Convenio de Inclusin.

    10. Cumplir con cualquier otra obligacin derivada de su condicin de titular de la Renta de Garanta de Ingresos, en la modalidad que corresponda, as como cualesquiera otras que resulten de aplicacin en virtud de la normativa vigente.

  2. Las personas titulares de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social adquirirn adems de las obligaciones previstas en el prrafo 1 del presente artculo, las siguientes obligaciones:

    1. Negociar, suscribir y cumplir un Convenio de Inclusin con la Administracin, en los trminos previstos en el Captulo I del Ttulo III de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social, quedando exentas de esta obligacin las unidades de convivencia en las que la persona titular sea pensionista, salvo cuando ella misma o alguna de las dems personas miembros de la unidad de convivencia se encuentre en edad laboral y no se encuentre en situacin de incapacidad permanente absoluta.

      Quedarn igualmente exentas de dicha obligacin las unidades de convivencia compuestas slo por personas no insertables laboralmente, circunstancia esta que ser determinada por el Servicio Social de Base correspondiente y/o por los Servicios de Empleo.

    2. Mantenerse, tanto la persona titular como las personas miembros de su unidad de convivencia que se encuentren en edad laboral, disponibles para el empleo, salvo cuando se trate de:

      Personas titulares de pensiones de invalidez absoluta;

      Personas menores de 23 aos que cursen estudios acadmicos reglados;

      Personas en situacin de alta exclusin que, a juicio de los Servicios Sociales de Base y/o de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, no se encuentren en situacin de incorporarse al mercado laboral.

      Esta disponibilidad incorporar tambin el compromiso de permanecer inscritas ininterrumpidamente como demandantes de empleo, en el marco de un proceso de acompaamiento adecuado a su diagnstico sociolaboral que, en su caso, pudiera conllevar la intermediacin laboral, de no rechazar un empleo adecuado, de no darse de baja voluntaria, ni definitiva ni temporal del empleo y de no acogerse a una situacin de excedencia laboral ni reduccin de jornada sin causa extrema justificada as reconocida por el Servicio Social de Base en coordinacin con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, responsables del seguimiento de su Convenio de Inclusin, en los trminos previstos en el artculo 9.7 del presente Decreto. La exigencia de inscripcin ininterrumpida como demandantes de empleo no ser aplicable a las personas extranjeras sin permiso de residencia.

      A efectos de lo anterior, se entender por empleo adecuado aquel que se corresponda con la profesin habitual de la persona o cualquier otro que, ajustndose a sus aptitudes fsicas y formativas, implique un salario equivalente al establecido en el sector en el que se le ofrezca el puesto de trabajo y no suponga cambio de residencia habitual, salvo que tenga posibilidad de alojamiento apropiado en el lugar del nuevo empleo.

  3. Las personas titulares de la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo adquirirn, adems de las obligaciones previstas en el prrafo 1, la obligacin de negociar, suscribir y cumplir un Convenio de Inclusin orientado a la mejora del empleo, no pudiendo, en consecuencia, darse de baja voluntaria, ni definitiva ni temporal del empleo ni acogerse a una situacin de excedencia laboral sin causa extrema justificada en los trminos previstos en el artculo 9.7 del presente Decreto, ni reducir voluntariamente su jornada de trabajo, excepto en los supuestos previstos.

  1. En el caso de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social:

    1. La cuanta mensual de la prestacin aplicable a cada unidad de convivencia vendr determinada por la diferencia entre la cuanta de los ingresos mnimos garantizados por la prestacin para las unidades de convivencia de las caractersticas de la de la persona solicitante y los recursos disponibles en su unidad de convivencia.

      Si la unidad de convivencia carece absolutamente de todo tipo de recursos, la cuanta mensual de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social se otorgar en su integridad.

      A tal efecto, los ingresos mnimos garantizados se definirn como porcentajes del salario mnimo interprofesional vigente en el momento de la solicitud y sern los siguientes:

      88% del salario mnimo interprofesional anual para las unidades de convivencia unipersonales.

      113% del salario mnimo interprofesional anual para las unidades de convivencia de dos personas.

      125% del salario mnimo interprofesional anual para las unidades de convivencia de tres o ms personas.

      La cuanta de los ingresos mnimos garantizados no podr superar en ningn caso el 125% del salario mnimo interprofesional anual.

    2. En el caso de las unidades de convivencia del tipo definido en el artculo 5.2.a), los porcentajes para el clculo de la cuanta de los ingresos mnimos garantizados sern los siguientes:

      100% del salario mnimo interprofesional anual para las unidades de convivencia unipersonales.

      125% del salario mnimo interprofesional anual para las unidades de convivencia de dos personas.

      135% del salario mnimo interprofesional anual para las unidades de convivencia de tres o ms personas.

      La cuanta de los ingresos mnimos garantizados no podr superar en ningn caso el 135% del salario mnimo interprofesional anual.

    3. En el caso de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social destinada a las unidades de convivencia monoparentales, la prestacin se ver complementada con un subsidio mensual equivalente a un 6,4% del salario mnimo interprofesional anual. A tales efectos, tendrn la consideracin de unidades monoparentales las constituidas exclusivamente por la madre o el padre con uno o varios hijos o hijas menores de edad a su cargo y sin relacin conyugal o anloga ni en el momento de presentacin de la solicitud, ni con posterioridad a la misma.

  2. En el caso de la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo:

    1. La cuanta mensual de la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo aplicable a cada unidad de convivencia vendr determinada por la diferencia entre los ingresos mnimos garantizados por la prestacin para las unidades de convivencia de las caractersticas de la de la persona solicitante y los recursos disponibles en su unidad de convivencia.

      A tal efecto, los ingresos mnimos garantizados se definirn como porcentajes del salario mnimo interprofesional vigente en el momento de la solicitud y sern los siguientes:

      88% del salario mnimo interprofesional anual para las unidades de convivencia unipersonales.

      113% del salario mnimo interprofesional anual para las unidades de convivencia de dos personas.

      125% del salario mnimo interprofesional anual para las unidades de convivencia de tres o ms personas.

      La cuanta de los ingresos mnimos garantizados no podr superar en ningn caso el 125% del salario mnimo interprofesional anual.

    2. En el caso de la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo destinada a las unidades de convivencia monoparentales, la prestacin se ver complementada con un subsidio mensual equivalente a un 6,4% del salario mnimo interprofesional anual. A tales efectos, tendrn la consideracin de unidades monoparentales las constituidas exclusivamente por la madre o el padre con uno o varios hijos o hijas menores a su cargo y sin relacin conyugal o anloga ni en el momento de presentacin de la solicitud, ni con posterioridad a la misma.

  3. Para la determinacin de los recursos mensuales disponibles de la unidad de convivencia se tomarn en cuenta los recursos de todas las personas miembros, en los trminos previstos en las Secciones 2., 3. y 4. del presente Captulo.

  4. Atendiendo al carcter de mximos otorgado a las cuantas contempladas en los prrafos 1 y 2, y en virtud de lo establecido en el artculo 21 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social, si existieran otras ayudas o prestaciones de la misma ndole, tendran la consideracin de ingresos a efectos de cmputo de la cuanta de la prestacin.

  5. Los Ayuntamientos y las Diputaciones, en el ejercicio de sus competencias de gestin, debern verificar que se respetan los lmites globales mximos previstos para las prestaciones y ayudas econmicas en el artculo 57 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social. A efectos de lo anterior, el cmputo anual de ingresos referido en dicho artculo deber tomar como fecha de inicio la del devengo de la prestacin referida en el artculo 36 del presente Decreto.

    No obstante lo anterior, en los supuestos en los que se superen los lmites globales mximos previstos debido a un incremento en los ingresos derivado del acceso a un puesto de trabajo o de la mejora de la situacin laboral en el marco de un Convenio de Inclusin no se exigir el reintegro de las prestaciones.

  1. Para la determinacin de los recursos de la unidad de convivencia, se computar el conjunto de recursos, tanto los rendimientos como el patrimonio, de la persona solicitante y de las dems personas miembros de dicha unidad.

  2. En los casos en los que una de las personas miembros de la unidad de convivencia se traslade temporalmente, por razones de trabajo, fuera de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, el cmputo de los ingresos correspondientes a esa persona obedecer a los siguientes criterios:

    1. Cuando se trate de la persona titular o de su cnyuge o persona unida a ella por relacin anloga a la conyugal, se computar el 50% de sus ingresos mensuales.

    2. Cuando se trate de un miembro de la unidad de convivencia diferente de los contemplados en el apartado a), no se computarn ni sus ingresos ni a la persona como miembro de la unidad.

      A efectos de lo anterior se considerar que el traslado es de carcter temporal cuando oscile entre uno y doce meses. Los traslados de duracin inferior al mnimo previsto no darn lugar a ninguna modificacin en el cmputo de ingresos y los que superen el tiempo mximo dejarn de tener la consideracin de traslado temporal, debiendo dar lugar a una modificacin de la composicin de la unidad de convivencia y del cmputo de recursos.

  1. Para la determinacin de los rendimientos mensuales de la persona solicitante y de las dems personas miembros de su unidad de convivencia se computar el conjunto de rendimientos o ingresos de que dispongan todos ellos en el mes en que se proceda a la solicitud, si bien se prorratearn por los meses que correspondan cuando se trate de rendimientos de trabajo por cuenta propia o cuando, aun tratndose de rendimientos de trabajo por cuenta ajena, existan notables fluctuaciones de cuanta, ya sean mensuales o estacionales.

  2. El cmputo de los rendimientos incluir:

    1. Rendimientos procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena.

    2. Rendimientos procedentes de pensiones.

    3. Rendimientos procedentes del patrimonio.

    4. Rendimientos procedentes de cualquier otro ttulo.

  3. Quedarn excluidos del cmputo de rendimientos determinados ingresos en los trminos previstos en el artculo 21.

  1. Los rendimientos netos de trabajo por cuenta propia procedentes de actividades comerciales, agropecuarias, profesionales inclusive las actividades desarrolladas en calidad de asistente personal profesional o de otra naturaleza, se determinarn de conformidad con el procedimiento establecido por la normativa fiscal que sea de aplicacin para la determinacin de los rendimientos netos por actividades empresariales o profesionales, considerndose que los rendimientos netos de trabajo por cuenta propia sern iguales a la base imponible correspondiente a la declaracin fiscal del ao inmediatamente anterior al de la solicitud.

  2. Los rendimientos netos mensuales se calcularn dividiendo los rendimientos netos obtenidos segn el procedimiento previsto en el prrafo anterior para el ltimo periodo de declaracin fiscal por el nmero de meses de referencia de la declaracin.

  3. En el caso de no disponerse de declaracin fiscal previa, se realizar una declaracin jurada de ingresos mensuales medios netos a lo largo de los tres ltimos meses.

    En el caso de declaracin jurada de ingresos mensuales medios netos inferiores al 150% del salario mnimo interprofesional, as como en el de ingresos nulos o negativos, la declaracin se aceptar en su integridad en los siguientes supuestos:

    1. Cuando se hubiese iniciado la actividad por cuenta propia en los seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud.

    2. Cuando se hubiese observado una situacin de crisis en la actividad en los seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud.

      En los dems casos, se presumir una cuanta mnima de ingresos mensuales que corresponder al 75% del salario mnimo interprofesional, cuando las circunstancias a) y b) reflejadas se hubieran producido con seis a dieciocho meses de antelacin, y al 150% del salario mnimo interprofesional, cuando se hubieran producido con ms de dieciocho meses de antelacin.

  1. Los rendimientos netos de trabajo por cuenta ajena procedentes de sueldos y salarios se determinarn deduciendo de los ingresos brutos mensuales computables las siguientes cuantas:

    1. El importe de las cuantas mensuales pagadas en concepto de retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas.

    2. El importe de las cuantas mensuales pagadas en concepto de cotizaciones sociales, entendiendo por cotizaciones sociales, a los efectos de este artculo, las cotizaciones sociales satisfechas a la Seguridad Social, las cantidades abonadas por derechos pasivos y mutualidades de carcter obligatorio y las cotizaciones obligatorias a colegios de hurfanos o instituciones similares.

      En la consideracin de los sueldos y salarios deber tenerse en cuenta toda retribucin que perciba la persona trabajadora, bien sea en metlico o en especie, como consecuencia del trabajo que desarrolla.

  2. Los rendimientos netos mensuales se estimarn, para trabajos de duracin anual, aplicando la siguiente frmula:

    Rendimientos netos correspondientes

    al mes de la solicitud x por el nmero de pagas anuales

    12

    El clculo de los rendimientos netos mensuales para trabajos de duracin inferior al ao, se realizar ajustando los parmetros de la frmula anterior al periodo efectivo de trabajo.

Los rendimientos procedentes de pensiones, prestaciones o subsidios por desempleo, o de cualquier otra prestacin social asimilable se calcularn de la misma forma que los rendimientos de trabajo por cuenta ajena. Asimismo, la pensin de alimentos y la pensin compensatoria tendrn el mismo tratamiento.

  1. Los rendimientos patrimoniales incluirn el total de los rendimientos netos procedentes de la explotacin del patrimonio de las personas miembros de la unidad de convivencia, sea cual sea la forma que adopte la mencionada explotacin y, en todo caso, los rendimientos obtenidos por alquileres, precios de traspaso o cesin, tanto de bienes rsticos como urbanos, as como todo tipo de ingresos financieros.

  2. En el caso de bienes inmuebles, los rendimientos patrimoniales netos se determinarn deduciendo de los rendimientos brutos totales un 5% de los mismos.

  3. El clculo de los ingresos mensuales por este concepto se realizar teniendo en cuenta los ingresos netos obtenidos por rendimientos patrimoniales en el ao natural anterior al mes de presentacin de la solicitud, dividindose la cuanta total de los mencionados ingresos por el nmero de meses que han generado dichos rendimientos cuando se trate de rendimientos de bienes inmuebles y dividindose la cuanta total por doce meses cuando se trate de rendimientos de bienes muebles.

  1. Los ingresos procedentes de premios que hubiesen correspondido directamente a alguna persona miembro de la unidad de convivencia sern computados, durante los sesenta meses subsiguientes a la fecha en que se pudo disponer de ellos, como ingresos mensuales equivalentes a la cantidad total del premio dividida por sesenta.

  2. Se proceder de la misma manera en relacin con la obtencin de ingresos atpicos, excepcin hecha de las siguientes cuantas:

    1. La parte de los mismos que se hubiera destinado a adquisicin de la vivienda habitual cuando no se dispusiera de una con anterioridad o a la adquisicin de una vivienda mejor adaptada a las caractersticas y necesidades de la unidad de convivencia, siempre que se hubiera vendido la anterior y el importe de la venta se hubiera destinado a la adquisicin de la nueva vivienda de conformidad con el artculo 21.2 y siempre que no tenga valor excepcional, en cuyo caso slo se dar este tratamiento al valor catastral en los trminos previstos en el artculo 24.2.

    2. La parte de los mismos que se destine a la adquisicin de mobiliario o ajuar para la vivienda habitual, siempre que no tengan valor excepcional y cuya adquisicin se haya producido en un plazo no superior a doce meses desde el percibo de los ingresos atpicos.

    3. La parte de los mismos que se destine a llevar a cabo reformas en la vivienda habitual, siempre que stas sean necesarias para mantener la vivienda en estado de habitabilidad y no supongan un valor que se pueda considerar excepcional.

  3. A los efectos sealados en el prrafo 2, se considerarn ingresos atpicos los siguientes:

    1. Indemnizaciones de cualquier naturaleza.

    2. Atrasos percibidos en concepto de derechos de alimentos y pensiones compensatorias, en la cuanta en que no deban ser reintegrados por causa de prestaciones indebidas.

    3. Herencias y legados.

    4. Donaciones.

    5. Recursos generados por venta de patrimonio y no invertidos en vivienda habitual.

    6. Cualesquiera otros ingresos no contemplados en los apartados anteriores, de carcter no regular u obtenidos de modo excepcional por cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia.

  1. En cualquiera de las modalidades de la Renta de Garanta de Ingresos, quedarn excluidas en su totalidad del cmputo de rendimientos los siguientes ingresos y prestaciones sociales de carcter finalista, correspondientes a la persona solicitante o a las dems personas miembros de su unidad de convivencia:

    1. Las prestaciones familiares por hijo o hija a cargo menor de 18 aos o que, siendo mayor de dicha edad, est afectado o afectada por alguna discapacidad.

    2. Las prestaciones, de carcter peridico o no, de carcter finalista, cuyo objeto sea el acceso de las personas miembros de la unidad de convivencia a la educacin, la formacin profesional, la sanidad, la vivienda, el transporte o la cobertura de situaciones de emergencia social o, de atencin a personas dependientes. No sern, en todo caso, objeto del cmputo de recursos las siguientes ayudas:

      Becas para la educacin o la formacin, salvo que en dichas becas estuviera incluida la manutencin de las personas beneficiarias.

      Ayudas tcnicas.

      Becas-comedor y becas de transporte.

      Ayudas para el acceso o la rehabilitacin de la vivienda habitual.

      Subsidio de movilidad y gastos de transporte de personas con discapacidad.

      Subsidio por ayuda de terceras personas.

      Ayudas de emergencia social, sin perjuicio de su cmputo en relacin con el lmite global previsto en el artculo 57 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social.

      Ayudas finalistas para la integracin social de personas en situacin de riesgo.

      Ayudas para acogimiento de personas menores de edad en situacin de desproteccin; en tales supuestos, la persona menor de edad no se computar como miembro de la unidad de convivencia.

      Prestacin econmica vinculada al servicio, prestacin econmica para asistente personal y prestacin econmica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales todas ellas contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de noviembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las Personas en Situacin de Dependencia.

    3. Prestaciones econmicas para mujeres vctimas de violencia de gnero.

    4. Las cantidades efectivas que se estn destinando a pensin de alimentos o a pensin compensatoria por haber sido retenidas por resolucin judicial o por estar establecidas por sentencia judicial, en el caso de la persona obligada a abonar dicha pensin.

    5. Las cantidades percibidas por contratos de subarriendo, de conformidad con la legislacin vigente, siempre que la suma de las cantidades percibidas por subarriendo no supere la cuanta a pagar por el alquiler de la vivienda.

    6. Los ingresos por capitalizacin del desempleo.

  2. Los recursos generados por la venta de la vivienda habitual no se incluirn en el cmputo de recursos cuando los mismos se vuelvan a invertir en su totalidad en la adquisicin de una nueva vivienda destinada a residencia habitual de la unidad de convivencia.

    El plazo mximo para proceder a la reinversin prevista en el prrafo anterior ser de un ao a partir de la fecha de la venta.

  3. En el caso de la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, y con el fin de reforzar el estmulo al empleo, quedarn adems excluidos del cmputo de los recursos disponibles, determinados porcentajes de ingresos procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena correspondiente a la persona solicitante o a otras personas miembros de su unidad de convivencia. Dicho estmulo tendr carcter temporal, otorgndose por un periodo mximo de veinticuatro meses, que podr prorrogarse por otro periodo de doce meses si mediara dictamen expreso de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en tal sentido. La determinacin de los porcentajes de ingresos a excluir del cmputo en concepto de estmulo al empleo atender a los criterios que estipule el Gobierno Vasco mediante Orden de desarrollo del presente Decreto.

Aun cuando los recursos mensuales de la unidad de convivencia de la persona solicitante sean inferiores a la cuanta mensual de la Renta de Garanta de Ingresos que sea de aplicacin, se considerar que la persona solicitante y las dems personas miembros de la unidad de convivencia disponen de recursos suficientes para hacer frente a los gastos bsicos y a los gastos derivados de su proceso de inclusin social y laboral, y en consecuencia, no podrn ser titulares de la Renta de Garanta de Ingresos, en los siguientes casos:

  1. Cuando la unidad de convivencia disponga de un conjunto de bienes muebles, determinado conforme se establece en el artculo siguiente, cuyo valor sea superior a cuatro veces la cuanta anual mxima de la Renta de Garanta de Ingresos que pudiera corresponder en supuesto de ausencia total de recursos en funcin del nmero de personas miembros de la unidad de convivencia y de la modalidad de la prestacin o disponga de bienes inmuebles distintos a los exceptuados en el apartado b) del prrafo 3 del artculo 9.

  2. Cuando se constate que alguna o algunas personas miembros de la unidad de convivencia acceden a la compra de determinados bienes y servicios o cuentan con gastos de mantenimiento de determinados bienes que exigen la existencia de recursos diferentes de los declarados y de los obtenidos mediante la prestacin, siempre que la persona titular o en su caso, cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia no pueda acreditar que los mismos tienen su origen en recursos econmicos que no les son propios. En tales supuestos, se dar a los bienes el tratamiento previsto en el artculo 20 del presente Decreto para los ingresos atpicos.

El patrimonio de la unidad de convivencia incluir el conjunto de bienes muebles e inmuebles sobre los que se ostente un ttulo jurdico de propiedad, posesin o usufructo, incluyendo al menos los bienes inmuebles urbanos y rsticos, los ttulos, valores, derechos de crdito de fcil realizacin o dinero en efectivo, los ttulos de renta variable o fija, los vehculos a motor y, en casos excepcionales, el ajuar familiar.

  1. Para acceder a la Renta de Garanta de Ingresos, ni la persona titular ni ningn otro miembro de la unidad de convivencia deber tener en propiedad ningn bien inmueble, con las salvedades previstas en el apartado b) del prrafo 3 del artculo 9.

  2. La valoracin de la vivienda o alojamiento en propiedad que constituya la residencia habitual de la unidad de convivencia, al objeto de determinar si se trata de una vivienda de valor excepcional, deber hacerse atendiendo a los valores catastrales en los trminos en que los mismos se prevean en el marco del desarrollo reglamentario.

    A estos efectos, se entender incluido en el concepto de vivienda habitual adems de la propia vivienda:

    1. Un garaje y un trastero, si los hubiese, pudiendo estar localizados tanto en el mismo inmueble en el que se encuentra la vivienda como en otro inmueble cercano al domicilio;

    2. Cuando se trate de una vivienda habitual de carcter rstico, la parcela anexa de carcter rstico que no est desagregada.

      En los casos de vivienda de valor excepcional, se computar a efectos de patrimonio el exceso del valor catastral de la vivienda considerada respecto a los valores que se establezcan en la normativa reguladora referida al inicio del presente prrafo.

  3. En el caso de los inmuebles o partes de inmuebles que constituyan el lugar en el que o desde el que la persona titular u otras personas miembros de la unidad de convivencia desarrollan la o las actividades por cuenta propia que constituyan la fuente de ingresos de la unidad de convivencia ya se trate de lonjas comerciales, oficinas, o explotaciones agropecuarias, previstos en el artculo 9.3.b), su valoracin se har atendiendo a su valor catastral, aplicndose, a efectos de cmputo patrimonial, un descuento de 24.000 euros respecto al valor catastral correspondiente al conjunto de dichos bienes.

  4. En el caso de disponer de bienes inmuebles en los que no se cuente con la totalidad de la propiedad o se tenga limitado el disfrute de tales bienes en propiedad por situaciones impuestas de usufructo o asimilables, y se trate por lo tanto de bienes de difcil realizacin, se aplicarn las siguientes reglas de valoracin:

    1. En el caso de disponer de bienes inmuebles respecto a los que no se cuente con la totalidad de la propiedad, se considerar la parte proporcional de su valor catastral.

    2. En los supuestos de bienes inmuebles sobre los que se haya constituido un derecho de usufructo, el valor de los mismos se computar por la diferencia entre el valor catastral de tales bienes y el valor del citado usufructo. A tales efectos, el valor del usufructo temporal se reputar proporcional al valor total del bien, en razn del 5% por cada perodo de un ao, sin exceder del 70%, mientras que en los usufructos vitalicios se estimar que el valor es igual al 70% del valor del bien cuando la persona usufructuaria cuente menos de veinte aos, minorando, a medida que aumente la edad, en la proporcin de un 1% menos por cada ao ms con el lmite mnimo del 10% del valor total.

    3. En los casos de bienes inmuebles sobre los que se hubieran constituido derechos reales de uso o de habitacin, el valor de aquellos se computar por la diferencia entre su valor catastral y el valor de los citados derechos, siendo este ltimo el que resulte de aplicar al 75% del valor del bien sobre el que fueran impuestos las reglas correspondientes a la valoracin de los usufructos temporales o vitalicios, segn los casos.

      En todo caso, los bienes a los que se refiere el presente prrafo se tratarn, a efectos de cmputo del patrimonio, como si fueran bienes muebles, siendo de aplicacin el lmite establecido en el artculo 9.3.c) del presente Decreto.

  1. Los ttulos, valores, derechos de crdito de fcil realizacin as como el dinero en efectivo existente en depsitos bancarios a disposicin de cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia, se computarn en trminos de su valor de ejecucin.

  2. Los ttulos de renta variable se valorarn por su cotizacin en bolsa o, en caso de no estar cotizando en bolsa, por su valor contable.

  3. Los ttulos de renta fija se valorarn por su valor nominal.

  4. Los derechos de usufructo, de uso y de habitacin se valorarn conforme a las siguientes reglas:

    1. El valor del usufructo temporal se reputar proporcional al valor total del bien sobre el que se haya constituido aquel, en razn del 5% por cada perodo de un ao, sin exceder del 70%, mientras que en los usufructos vitalicios se estimar que el valor es igual al 70% del valor del bien cuando la persona usufructuaria cuente menos de veinte aos, minorando, a medida que aumente la edad, en la proporcin de un 1% menos por cada ao ms con el lmite mnimo del 10% del valor total.

    2. El valor de los derechos reales de uso y de habitacin ser el que resulte de aplicar al 75% del valor del bien sobre el que fueran impuestos las reglas correspondientes a la valoracin de los usufructos temporales o vitalicios, segn los casos.

  1. Los vehculos a motor, considerados de forma conjunta, quedarn exentos de la valoracin del patrimonio hasta las siguientes cuantas:

    1. Hasta 10.000 euros con carcter general.

    2. Hasta 20.000 euros en el caso de vehculos adaptados para personas con discapacidad.

    3. Hasta 20.000 euros en el caso de vehculos afectos a la actividad profesional.

      Las cuantas previstas en los apartados a), b) y c) se actualizarn anualmente atendiendo a la evolucin del ndice de precios al consumo.

  2. En los casos previstos en el prrafo anterior, la valoracin patrimonial se realizar sobre la base de los precios de mercado, computndose nicamente el exceso de valor respecto a las cuantas exentas.

El ajuar familiar quedar exceptuado de la valoracin del patrimonio, salvo que en el mismo existan bienes de valor excepcional y de fcil realizacin.

  1. El reconocimiento de la Renta de Garanta de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, se realizar previa solicitud por parte de la persona interesada dirigida al Ayuntamiento del municipio en el que tenga su empadronamiento y residencia efectiva, y presentada ante el Servicio Social Municipal correspondiente, quien facilitar a las personas solicitantes cuanta informacin y orientacin sean necesarias para la tramitacin.

  2. La solicitud deber presentarse segn el modelo normalizado que se establece al efecto en anexo al presente Decreto y que se encontrar a disposicin de las personas interesadas en todos los Ayuntamientos de la Comunidad Autnoma de Euskadi, e ir acompaada, en su caso, de la solicitud de Prestacin Complementaria de Vivienda.

  1. La solicitud deber ir acompaada de la siguiente documentacin, necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos regulados en el artculo 9 del presente Decreto:

    1. Fotocopia del documento acreditativo de la identidad de la persona solicitante y de las dems personas miembros de la unidad de convivencia de edad igual o superior a 14 aos.

    2. Fotocopia del libro de familia correspondiente o, en su caso, de los documentos que acrediten la guarda y custodia o la tutela.

    3. En el supuesto previsto en el artculo 5.2.b) del presente Decreto, la existencia de malos tratos deber acreditarse mediante fotocopia de la resolucin judicial pertinente o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la denunciante es vctima de violencia de gnero en tanto que se dicta la Orden de proteccin.

    4. En el caso de existencia de relaciones permanentes anlogas a la conyugal, la misma ser acreditada en cualquiera de las formas siguientes:

      Mediante certificacin del Registro de Parejas de Hecho en el que conste dicha unin, ya se trate de un registro municipal, ya del Registro de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, ya de un registro de naturaleza equivalente situado en otra Comunidad Autnoma o en otro pas.

      En los casos de mera convivencia de hecho sin inscripcin registral alguna, la citada convivencia ser acreditada mediante declaracin jurada de las personas miembros de la pareja, o mediante copia compulsada de resolucin judicial que acredite la convivencia de hecho.

    5. En el caso de separacin, divorcio o nulidad matrimonial, fotocopia de la correspondiente resolucin y en el caso de ruptura de la unin de hecho, certificado del registro correspondiente acreditando la cancelacin de la inscripcin de dicha unin o, en su caso, declaracin jurada de las personas miembros de la pareja manifestando el cese de la convivencia de hecho.

    6. En el caso de personas miembros de las colectividades vascas a que se refiere el prrafo segundo del artculo 9.2 de este Decreto, certificados consulares del periodo de residencia fuera del territorio espaol as como certificado de ltima vecindad administrativa en cualquier municipio de los integrados en el territorio de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco o, en defecto de este ltimo, cualesquiera otros documentos que pudieran acreditar dicha vecindad.

    7. En los supuestos previstos en el artculo 6.2 de este Decreto, documento actualizado que acredite cada circunstancia especfica, tales como:

      Factura de alojamiento turstico.

      Certificado de residencia en centro de acogida.

      Contrato de subarriendo, de coarriendo, de hospedaje o de alquiler de habitaciones en vigor, acompaado de los correspondientes recibos.

      Contrato de arrendamiento en vigor, acompaado de los correspondientes recibos.

    8. Declaracin jurada de ingresos o rendimientos referida al mes de presentacin de la solicitud, as como del patrimonio de todas las personas miembros de la unidad de convivencia. A esta declaracin jurada se adjuntarn los siguientes documentos:

      Certificados bancarios relativos al estado de cuentas y ttulos bancarios.

      En el caso de disponer de bienes inmuebles, certificado de bienes inmuebles expedido por el Registro de la Propiedad o ltimo recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana o rstica.

      En el caso de personas trabajadoras por cuenta ajena, fotocopia de la ltima nmina mensual y, en su caso, del contrato de trabajo.

      En el caso de personas pensionistas, fotocopia del recibo de la ltima pensin o certificado del INSS de pensin actualizada.

      En el caso de personas desempleadas con prestacin o subsidio de desempleo, fotocopia del recibo del ltimo pago de prestacin o subsidio o certificado del INEM de prestacin o subsidios actualizados.

      En el caso de otras prestaciones peridicas, fotocopia del recibo del ltimo pago, convenio regulador o resolucin correspondiente.

      En el caso de personas empresarias o profesionales, copia de la ltima declaracin del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas.

    9. Cuando la persona solicitante tenga condicin de refugiada deber presentar: el documento de identidad, cuando tenga ya reconocida dicha condicin, y, cuando la misma se encuentre en trmite, la solicitud en dicho sentido y, en su caso, el documento acreditativo de la admisin a trmite de dicha solicitud.

    10. Cuando la persona solicitante tenga la condicin de aptrida, deber presentar la tarjeta acreditativa del reconocimiento de dicha condicin.

    11. Cuando la persona solicitante tenga derecho a la proteccin subsidiaria contemplada en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del Derecho de Asilo y de la Proteccin Subsidiaria, deber acompaar la documentacin acreditativa de dicha circunstancia.

    12. En su caso, aquellos documentos que la persona solicitante considere oportuno incorporar al expediente.

    1. En su caso, otros documentos que la Administracin considere oportuno solicitar a fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos.

    2. En el caso de las personas menores de 23 aos y mayores de 18 que se encuentren en situacin de orfandad absoluta presentarn los documentos necesarios que acrediten esta situacin.

  2. En el caso de que el Servicio Social de Base haya valorado conjuntamente con la persona solicitante y, en su caso, con las dems personas miembros de su unidad convivencial, alguno de los objetivos a cumplir en el marco de un itinerario personalizado de inclusin, se adjuntar a la solicitud bien un Convenio de Inclusin, bien un documento de preacuerdo con vistas a la formalizacin posterior del Convenio de Inclusin. A efectos de lo anterior, se adoptarn los siguientes criterios:

    1. En los casos en que en el momento de la solicitud el Servicio Social de Base considerara que la persona titular y las dems personas miembros de su unidad de convivencia precisen nicamente de un proceso de inclusin social, dicho Servicio Social de Base podr, en funcin del tiempo necesario para el diagnstico de necesidades, bien acordar con ellos dicho itinerario mediante la firma del correspondiente Convenio de Inclusin, bien establecer un documento de preacuerdo que se formalizar una vez comunicada la resolucin de concesin por parte de la Diputacin Foral competente.

    2. En los casos en que en el momento de la solicitud el Servicio Social de Base considerara que la persona titular o de las personas miembros de su unidad de convivencia precisen de actuaciones orientadas al acceso al empleo o a la mejora de su situacin laboral, as lo establecer en un documento de preacuerdo, que se adjuntar a la solicitud.

  3. El Ayuntamiento informar a las personas solicitantes del plazo mximo establecido para la resolucin y notificacin del procedimiento, as como de los efectos que producir el silencio administrativo. Esta informacin deber contenerse en una comunicacin que dirigir al efecto en el momento de presentacin de la solicitud o dentro de los diez das siguientes a la recepcin de la solicitud en el registro. La comunicacin indicar adems la fecha en que la solicitud ha sido recibida, la cual tendr valor a efectos de devengo de la prestacin, de conformidad con lo dispuesto en el artculo 36 del presente Decreto.

    Asimismo, el Ayuntamiento informar a la persona solicitante de que desde el momento de presentacin de la solicitud est obligada a comunicar cualquier cambio en la unidad de convivencia, as como de las obligaciones que se adquieren con el acceso a la titularidad de la prestacin y de las consecuencias derivadas de su incumplimiento.

  4. En cualquier caso, al objeto de hacer efectivos los principios de agilidad y economa administrativa, y en cumplimiento del deber de cooperacin y coordinacin entre las administraciones pblicas, estas adoptarn, en la marco de la gestin de la Renta de Garanta de Ingresos, las medidas oportunas para garantizar el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a no aportar datos y documentos que ya obren en poder de las citadas administraciones.

    En particular, dichas administraciones utilizarn medios electrnicos para recabar dicha informacin siempre que, en el caso de datos de carcter personal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los trminos establecidos por la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal, o una norma con rango de Ley as lo determine, salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicacin a los datos y documentos recabados. El citado consentimiento podr emitirse y recabarse por medios electrnicos.

  1. La instruccin del expediente de Renta de Garanta de Ingresos ser simultnea con la de la Prestacin Complementaria de Vivienda si ambas se solicitaran simultneamente, y se realizar por el Ayuntamiento del municipio en el que tenga su empadronamiento y residencia efectiva la persona solicitante.

  2. El Ayuntamiento, una vez comprobado el empadronamiento y la residencia efectiva de la persona solicitante, y una vez incorporado al expediente el correspondiente certificado de empadronamiento que incluir la relacin de todas las personas residentes en el domicilio, verificar el contenido de la solicitud referida a la Renta de Garanta de Ingresos y, en su caso, a la Prestacin Complementaria de Vivienda, el contenido de la documentacin presentada y el cumplimiento de los requisitos de acceso a las prestaciones objeto de solicitud.

    A tales efectos, podr pedir cuantos datos e informes sean necesarios a otras instituciones o entidades pblicas y privadas o a la propia persona solicitante, limitndose a aquellos que resulten imprescindibles para la comprobacin del cumplimiento por parte de la persona solicitante de los requisitos cuyo cumplimiento se exige para acceder a la prestacin. Asimismo, el Ayuntamiento deber adjuntar a la solicitud aquellos documentos que se encuentren en su poder cuando pudieran ser relevantes para la resolucin.

  3. En el caso de que se detecten errores o contradicciones en la solicitud, o en el supuesto de que la misma est incompleta o no cumpla con los requisitos de los artculos 28 y 29 del presente Decreto, el Ayuntamiento requerir a la propia persona solicitante o a otras instituciones o entidades pblicas y privadas cualquier otro dato, documento o informe que considere necesario para completar o subsanar el expediente.

    En todo caso, la persona solicitante dispondr de un plazo de diez das para subsanar o completar la solicitud en el sentido requerido por el Ayuntamiento y, si no lo hiciera, se le tendr por desistida de su solicitud, previa resolucin municipal en la que se declare la circunstancia que concurre, los hechos producidos y las normas aplicables.

  4. En caso de que se pudieran tener en cuenta otros hechos o pruebas que los presentados por la persona solicitante en la solicitud, el Ayuntamiento habilitar el correspondiente trmite de audiencia para que aqulla pueda presentar las correspondientes alegaciones.

  1. El Ayuntamiento comprobar que la persona solicitante y las personas miembros de su unidad de convivencia han hecho valer ntegramente los derechos y prestaciones sociales de contenido econmico a los que pudieran tener derecho.

    A tales efectos, se considerar que se han hecho valer ntegramente los derechos en las siguientes circunstancias:

    1. En cuanto a los derechos y prestaciones de cualquier orden jurisdiccional, una vez que se haya emitido la correspondiente sentencia u otra resolucin judicial o, en su defecto, una vez que se haya iniciado en forma el procedimiento de reclamacin del derecho o prestacin de que se trate y no se haya desistido del mismo.

      En el caso de derechos o prestaciones ya reconocidos por resolucin judicial y no percibidos, se entender que los mismos se han hecho valer cuando se justifique haber iniciado el incidente de ejecucin de la resolucin judicial correspondiente por incumplimiento de la persona obligada a prestar aquellos.

    2. En los dems casos, una vez que se hubiese iniciado en forma el procedimiento de reclamacin del derecho o prestacin de que se trate, siempre que no se produzca desistimiento o renuncia, salvo que mediante informe motivado emitido por el Servicio Social de Base referente se acredite la concurrencia de circunstancias extraordinarias que justifiquen la falta de inicio del procedimiento de reclamacin, o en su caso, el desistimiento o la renuncia.

  2. En el caso de que la persona solicitante o las personas miembros de su unidad de convivencia fueran acreedoras de derechos de carcter econmico que no se hubiesen hecho valer, inclusive el derecho de alimentos en aquellos casos en los que se constate el cese efectivo de la convivencia conyugal o anloga a la conyugal, el Ayuntamiento instar a la persona solicitante para que, con carcter previo a la finalizacin de la instruccin del expediente, se hagan valer sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la legislacin vigente.

    La misma obligacin recaer sobre las personas titulares de la Renta de Garanta de Ingresos cuando tales derechos nazcan con posterioridad a la concesin de la prestacin.

  3. En caso de incumplimiento de la obligacin sealada en el prrafo anterior por parte de la persona solicitante, el Ayuntamiento proceder sin ms trmite al archivo del expediente.

  1. Una vez completado el expediente, en un plazo mximo de cuarenta das naturales desde la fecha de presentacin de la solicitud, el Ayuntamiento presentar aquel, junto con un informe-propuesta de resolucin, bien en el registro de la Diputacin Foral del Territorio Histrico en el que se encuentre ubicado el municipio de empadronamiento y residencia efectiva de la persona solicitante, bien mediante su remisin a dicha Diputacin a travs de la aplicacin informtica utilizada para la gestin de la Renta de Garanta de Ingresos.

  2. La Diputacin Foral dictar la correspondiente resolucin de concesin o denegacin y proceder a su notificacin en el plazo mximo de dos meses a partir de la fecha de presentacin de la solicitud correspondiente.

  3. Transcurrido el plazo anterior sin que hubiera recado resolucin expresa, la prestacin se entender concedida, sin perjuicio de la obligacin de dictar resolucin expresa que en todo caso deber ser confirmatoria de dicha decisin.

  4. Los plazos mencionados en los prrafos 1 y 2 quedarn interrumpidos cuando el procedimiento se paralice por causa imputable a la persona solicitante.

La resolucin denegatoria, que en todo caso deber ser motivada, ser notificada por la Diputacin Foral competente a la persona solicitante en el plazo de diez das a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado y dentro del plazo previsto en el prrafo 2 del artculo anterior. Dicha notificacin deber contener el texto ntegro de la resolucin, con indicacin de si es o no definitiva en la va administrativa, la expresin de los recursos que procedan, rgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.

  1. En la resolucin de concesin de la Renta de Garanta de Ingresos, la Diputacin Foral competente establecer la cuanta de la prestacin, la relacin de derechos y obligaciones que corresponden a la persona en su calidad de titular de la prestacin, as como las consecuencias que pudieran derivarse del

  2. La Diputacin Foral deber proceder a la notificacin de la resolucin de concesin a la persona beneficiaria en el plazo de diez das a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, dentro del plazo previsto en el artculo 32.2 de este Decreto. Dicha notificacin deber contener el texto ntegro de la resolucin, con indicacin de si es o no definitiva en la va administrativa, la expresin de los recursos que procedan, el rgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos.

  1. La Diputacin Foral competente deber comunicar tanto las resoluciones estimatorias como las denegatorias al Servicio Social de Base referente, en el plazo de diez das a partir de la fecha en que haya sido dictada.

  2. Tras la recepcin de dicha comunicacin, el Servicio Social de Base, cuando se trate de casos en los que nicamente se estima necesaria la intervencin desde los Servicios Sociales en los trminos previstos en el artculo 29.2.a), proceder, si no lo hubiera hecho con anterioridad, a la formalizacin del Convenio de Inclusin.

    El Servicio Social de Base deber ponerse en contacto con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo cuando estime necesaria la intervencin desde dicho servicio, y en todo caso en los siguientes supuestos:

    Siempre que la modalidad de prestacin concedida sea la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo;

    siempre que, tratndose de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social, la persona titular o alguna de las personas miembros de su unidad de convivencia se encuentren en edad de trabajar, salvo que tengan incapacidad permanente absoluta o se encuentren cursando estudios acadmicos reglados;

    Siempre que en el preacuerdo o en el Convenio de Inclusin social el Servicio Social de Base hubiera indicado que estima necesaria la intervencin desde Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

    El Servicio Social de Base y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo aplicarn los mecanismos y los protocolos de coordinacin pertinentes para la firma del Convenio de Inclusin. Sin perjuicio de la participacin de ambos servicios, dicho Convenio ser en todo caso formalizado por el Servicio Social de Base correspondiente, incluso en aquellos supuestos en los que nicamente contemple actuaciones orientadas a la inclusin laboral.

  3. Comunicada la resolucin de concesin, el Servicio Social de Base, en su caso en coordinacin con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, dispondr de un plazo de dos meses para proceder, cuando corresponda, a la elaboracin y suscripcin del Convenio de Inclusin con la persona titular, salvo cuando dicho convenio se hubiera firmado con anterioridad y se hubiera adjuntado a la solicitud de prestacin de acuerdo con lo previsto en el artculo 29.2.

La Renta de Garanta de Ingresos se devengar, en cualquiera de sus modalidades, a partir del da siguiente al de la fecha de presentacin de la solicitud.

  1. El pago de la prestacin a la persona titular de la Renta de Garanta de Ingresos se efectuar por mensualidades naturales vencidas con efectos econmicos a partir de la fecha del devengo de la prestacin establecida en el artculo anterior.

  2. No obstante lo anterior, la Diputacin Foral competente podr acordar, a propuesta del Servicio Social de Base, el pago de la prestacin a persona distinta de la titular en los siguientes supuestos:

    1. Declaracin legal de incapacidad de la persona titular.

    2. Ingreso de la persona titular en centros residenciales pblicos o privados o en centros de carcter penitenciario por un periodo de tiempo igual o superior a un mes, minorndose en tales supuestos la unidad convivencial en un miembro.

    3. Incumplimiento por la persona titular de la obligacin de aplicar la prestacin a la finalidad para la que se otorg, es decir, a la cobertura de necesidades bsicas de supervivencia y de gastos derivados de un proceso de inclusin social y/o laboral.

    4. Propuesta del servicio social municipal de base que informe de la imposibilidad o dificultad de la persona titular para aplicar la prestacin a la finalidad para la que se otorg, por motivos socio-personales.

  3. En los casos previstos en el prrafo 2, el pago de la prestacin deber efectuarse a la persona que se estime ms idnea, a juicio del Servicio Social de Base referente, de entre las que tengan capacidad de obrar en la unidad de convivencia o, en casos de menor edad o incapacidad jurdica, a la persona a la que legalmente corresponda la tutela o representacin.

  4. Excepcionalmente, podrn tener la consideracin de perceptoras personas ajenas a la titular y a las personas miembros de su unidad de convivencia, preferentemente entidades de Servicios Sociales sin nimo de lucro, debidamente registradas de conformidad con lo establecido en el artculo 50.1 de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, quienes ostentarn, en tal caso, los mismos derechos y obligaciones que las personas titulares de estas prestaciones. Tendrn la consideracin de excepcionales a efectos de lo anterior los siguientes supuestos:

    1. Situaciones en las que la persona titular de la prestacin sea la nica persona de la unidad de convivencia con capacidad de obrar.

    2. Situaciones en las que el pago de la prestacin a cualquier otro miembro de la unidad de convivencia no garantice la aplicacin de la prestacin a la finalidad para la que se otorg.

  5. El pago de las prestaciones a persona distinta de la titular no implicar, en ningn caso, un cambio de la titularidad de la prestacin.

  1. El reconocimiento del derecho a la Renta de Garanta de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, se mantendr mientras subsistan las causas que motivaron su concesin, se cumplan las condiciones econmicas o de otra naturaleza exigidas para el acceso a la prestacin y se cumplan las obligaciones previstas en el presente Decreto, concedindose por un perodo de dos aos, renovable con carcter bienal mientras subsistan dichas causas y se sigan cumpliendo las condiciones y las obligaciones mencionadas.

  2. Con el fin de evitar interrupciones en el devengo de la prestacin en los supuestos en los que se mantengan las causas que motivaron la concesin, la renovacin de la solicitud deber iniciarse tres meses antes de la fecha de extincin de la prestacin. A efectos de lo anterior, la Diputacin Foral competente comunicar a las personas titulares, en la fecha que corresponda en cada caso, la necesidad de iniciar la tramitacin de su solicitud para su renovacin.

  3. No obstante lo anterior, se proceder a la prrroga automtica de la prestacin, sin necesidad de proceder a una renovacin de la solicitud, en los siguientes supuestos:

    1. Personas titulares de la Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social cuando se trate de unidades de convivencia formadas exclusivamente por pensionistas que no se encuentren en edad de trabajar o que, estando en edad laboral, presenten una incapacidad permanente absoluta.

    2. Personas en situacin de alta exclusin que, a juicio de los Servicios Sociales de Base y/o de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, no se encuentren en situacin de incorporarse al mercado laboral.

    3. Personas menores de 23 aos y mayores de 18 en los trminos contemplados en el artculo 9.4.

    4. Otros supuestos que determine el Gobierno Vasco, a iniciativa propia o a propuesta de otras Administraciones pblicas, atendiendo a la evolucin de la realidad social y a los resultados aportados por las sucesivas evaluaciones de la aplicacin de la prestacin en relacin al grado de permanencia en la prestacin de diferentes colectivos.

  1. La persona solicitante de la Renta de Garanta de Ingresos podr desistir de su solicitud mediante escrito al Ayuntamiento en el que la hubiera presentado, quien dictar resolucin en la que se exprese la circunstancia que concurre en tal caso, con indicacin de los hechos producidos y las normas aplicables.

  2. Asimismo, la persona titular de la Renta de Garanta de Ingresos podr renunciar a su derecho a la prestacin reconocida, mediante escrito dirigido bien al Ayuntamiento bien a la Diputacin Foral correspondientes, siendo esta ltima quien dictar resolucin en los mismos trminos previstos en el prrafo anterior.

  1. Una vez fijada la cuanta de la prestacin, y sin perjuicio de posibles revisiones que se realicen como consecuencia de la comunicacin de hechos sobrevenidos en las circunstancias de las personas titulares y de las dems personas miembros de la unidad de convivencia de conformidad con lo previsto en el artculo 12.1.f) del presente Decreto, las Diputaciones Forales realizarn de oficio una revisin anual del cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestacin, excepto del requisito de empadronamiento y residencia efectiva cuya verificacin recae en los Ayuntamientos, de acuerdo con lo previsto en el prrafo 2 del presente artculo. Asimismo, podrn realizar cuantas revisiones estimen oportunas para comprobar si se mantienen las causas que motivaron la concesin.

  2. Los Ayuntamientos verificarn anualmente cualquier cambio relativo al domicilio de residencia efectiva de la persona titular, ponindolo de manifiesto tambin ante el rgano municipal competente para la gestin del padrn municipal de habitantes, sin perjuicio de las posibles revisiones que se deban realizar como consecuencia de la comunicacin prevista en el artculo 12.1.g) del presente Decreto.

    Asimismo, en el marco de la funcin de seguimiento continuado que les corresponde en aplicacin del programa de intervencin diseado en el correspondiente Convenio de Inclusin, los Ayuntamientos realizarn de oficio una supervisin anual del cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestacin, sin perjuicio de que puedan proceder a cuantas revisiones estimen oportunas para comprobar si se mantienen las causas que motivaron la concesin.

  3. El Gobierno Vasco, a travs del Departamento competente en materia de garanta de ingresos e inclusin social, proceder, cuando lo estime pertinente, a la revisin de los expedientes individuales que considere oportuno, y en particular en los siguientes casos:

    1. Cuando la permanencia en la prestacin resulte excesivamente larga atendiendo a las caractersticas de la persona titular.

    2. Cuando existan sospechas fundadas acerca del cumplimiento real y efectivo de alguno de los requisitos de acceso a la prestacin.

    3. Cuando se trate de casos de alta exclusin considerados susceptibles de beneficiarse de la renovacin automtica de la prestacin.

    4. Cuando se observen diferencias muy marcadas en el nmero de prestaciones concedidas en relacin a municipios de caractersticas demogrficas, sociales y econmicas similares.

  1. Sern causas de modificacin de la cuanta de la Renta de Garanta de Ingresos en cualquiera de sus modalidades las siguientes:

    1. La modificacin del nmero de miembros de la unidad de convivencia, debiendo entenderse que existe una minoracin en el nmero de miembros cuando el periodo de ausencia de la vivienda o alojamiento habitual de una o ms de personas que integran aqulla sea igual o superior a un mes, a excepcin de lo dispuesto en el artculo 14.2.

    2. La modificacin de los recursos que hayan servido de base para el clculo de la prestacin, si bien, en el caso de la Renta Complementaria de Ingresos de Trabajo, los cambios observados en los recursos que hayan servido de base para el clculo de la cuanta de la prestacin no se tendrn en cuenta cuando oscilen de la cuanta inicialmente establecida en un porcentaje igual o inferior al 7%.

    3. Cuando una persona titular de Renta Bsica para la Inclusin y la Proteccin Social pase a ser pensionista, en cuyo caso se proceder de oficio a la modificacin de la cuanta correspondiente.

  2. Las Diputaciones Forales procedern con carcter automtico a la modificacin de las cuantas correspondientes a la Renta de Garanta de Ingresos cuando aqulla se derive de cambios en dichas cuantas de aplicacin general para las personas titulares de la Renta de Garanta de Ingresos o para una parte de las mismas.

En el caso de modificacin de la cuanta, el devengo y el pago de la prestacin en su nueva cuanta se producirn a partir del primer da del mes siguiente al de la fecha en la que se haya producido el hecho causante de dicha modificacin o de la fecha en que tengan lugar las modificaciones automticas previstas en el prrafo 2 del artculo anterior.

El derecho a la Renta de Garanta de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, se suspender por las siguientes causas:

  1. Prdida temporal de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento:

    1. El traslado temporal de residencia habitual a un municipio ubicado fuera del mbito territorial de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco cuando este traslado sea superior a dieciocho meses y se deba a razones temporales de trabajo, cuidado de personas, ingreso en centros residenciales, separacin o cualquier otra razn de urgencia temporal que sea calificada como tal, mediante el correspondiente informe tcnico, por el Servicio Social de Base referente.

      En tales casos, se entender que, de procederse al retorno a la Comunidad Autnoma antes de que se hubieran cumplido los dieciocho meses sealados, se sigue cumpliendo el requisito exigido en el artculo 9.2 del presente Decreto.

    2. La percepcin temporal de nuevos ingresos por encima de los lmites mximos previstos.

    3. En el caso de unidades de convivencia unipersonales, el ingreso en centros residenciales pblicos o privados o en centros de carcter penitenciario por un periodo de tiempo igual o superior a un mes, siempre que quede cubierta la manutencin en el centro en el que se produzca el ingreso.

  2. Incumplimiento temporal por parte de la persona titular o de algn miembro de su unidad de convivencia de las obligaciones asumidas al acceder a la prestacin, en particular las reseadas en el artculo 12 del presente Decreto y especficamente las siguientes:

    1. No comunicar en el plazo establecido las modificaciones habidas en la composicin de la unidad de convivencia o en el nivel de recursos.

    2. Negarse a negociar o suscribir un Convenio de Inclusin cuando el mismo se estime necesario por parte del Servicio Social de Base referente, en coordinacin, en su caso, con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

    3. No cumplir los compromisos asumidos en el marco de un Convenio de Inclusin que se encuentre en vigor.

    4. Cuando sea de aplicacin, no estar disponible para el empleo, no permanecer inscrita ininterrumpidamente como demandante de empleo o rechazar un empleo adecuado en los trminos en los que este se define en el artculo 12.2.b).

    5. Cuando sea de aplicacin, rechazar modificaciones en las condiciones de empleo que conllevaran una mejora en el nivel de ingresos.

      No obstante, en los casos de incumplimiento por la persona titular de la prestacin de la obligacin de aplicacin de la misma a la finalidad para la que fue otorgada, podr determinarse que el pago de la prestacin se realice a otra persona distinta a la titular responsable del incumplimiento, en los trminos previstos en el artculo 37.2.c), sin que se proceda a la suspensin en tales supuestos.

  3. En los casos de concurso de ms de una infraccin previstos en el artculo 104 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social.

La suspensin del derecho a la Renta de Garanta de Ingresos implicar la suspensin del pago de la prestacin a partir del primer da del mes siguiente al de la fecha de la suspensin.

  1. La suspensin se mantendr mientras persistan las circunstancias que hubieran dado lugar a la misma, aunque en ningn caso por un periodo continuado superior a dieciocho meses, transcurrido el cual el derecho a la prestacin se extinguir.

    En los casos en los que se hubiera producido un supuesto de suspensin, pero el mismo hubiera dejado de producirse en el momento de proceder a la suspensin o pudiera dejar de producirse de forma inmediata, podr suspenderse la prestacin por un periodo que se determinar atendiendo a las circunstancias especficas que concurren y que, en ningn caso, podr ser superior a la duracin del incumplimiento del que trae causa.

  2. En los casos previstos en los apartados a), d) y e) del prrafo 2 del artculo 43 la suspensin se mantendr por un periodo de un mes cuando ocurra por primera vez y de tres meses si ocurriera de nuevo con posterioridad, una vez verificado por los Servicios Sociales de Base, en coordinacin, en su caso, con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a quienes corresponda hacer el acompaamiento personalizado de inclusin, el incumplimiento de lo pactado en el Convenio de Inclusin.

  3. En los casos que hayan rechazado un empleo adecuado sin causa justificada, la suspensin se mantendr por un periodo equivalente al de la duracin prevista para el empleo rechazado, una vez verificado por los Servicios Sociales de Base, en coordinacin, en su caso, con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a quienes corresponda hacer el acompaamiento personalizado de inclusin, el incumplimiento de lo pactado en el Convenio de Inclusin.

    Cuando se desconozca la duracin que hubiera podido tener dicho empleo, la suspensin se mantendr por un periodo de tres meses, y cuando se haya rechazado un contrato de carcter indefinido, la suspensin se mantendr por un perodo de dieciocho meses.

Decadas las causas que motivaron la suspensin del derecho a la Renta de Garanta de Ingresos, la Diputacin Foral, de oficio o a instancia de parte, proceder a comprobar si en ese momento concurren los requisitos para el devengo de la prestacin y, en su caso, a establecer su cuanta, siendo de aplicacin las normas procedimentales previstas en los artculos 53 a 55 del presente Decreto.

En caso de mantenerse el derecho a la prestacin tras una suspensin, la misma se devengar a partir del da siguiente al de la fecha en que hubieran decado las causas que motivaron la suspensin.

  1. Sin perjuicio de lo previsto en los artculos anteriores, y con independencia de que se haya iniciado o no un procedimiento de extincin, la Diputacin Foral podr proceder, de oficio, previa consulta, en su caso, al Servicio Social de Base responsable del seguimiento de la persona interesada en el marco del Convenio de Inclusin que, a su vez, podr consultar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo si ste estuviera interviniendo, a la suspensin cautelar del pago de la prestacin cuando se hubieran detectado en la unidad de convivencia indicios de una situacin que implique la prdida de alguno de los requisitos exigidos para el reconocimiento y el mantenimiento de la prestacin.

  2. La Diputacin Foral competente resolver acerca del mantenimiento, suspensin o extincin del derecho a la prestacin en el plazo mximo de tres meses a partir de la fecha de la adopcin de la suspensin cautelar. En el caso de que se resuelva el mantenimiento de la prestacin se reconocer a la persona titular de la prestacin el derecho al cobro de las cantidades dejadas de percibir durante la suspensin.

  3. La Diputacin Foral comunicar toda suspensin cautelar al Servicio Social de Base quien, en su caso, la comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, responsables del seguimiento de la persona interesada en el marco del Convenio de Inclusin. Dicha comunicacin deber realizarse en un plazo no superior a quince das desde la fecha en que se dicte la resolucin.

El derecho a la Renta de Garanta de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, se extinguir por las siguientes causas:

  1. Fallecimiento de la persona titular, cuando se trate de unidades de convivencia unipersonales.

  2. Finalizacin del periodo de dos aos de vigencia de la prestacin sin que se proceda a solicitar su renovacin tras haber sido requerido para ello por la Administracin, a excepcin de los supuestos contemplados en el artculo 38.3.

  3. Finalizacin del periodo de 1 ao previsto en el artculo 5.1.a) en relacin con las vctimas de violencia domstica, sin que se hubieran iniciado los trmites de separacin o divorcio o de baja en el Registro de Uniones de Hecho.

  4. Finalizacin del periodo mximo de 2 aos previsto en el apartado 5.1.a) en relacin con las personas inmigrantes, sin que el cnyuge o la persona con la que se mantenga una relacin anloga a la conyugal se hubiera integrado en la unidad de convivencia o sin que se hubieran iniciado los trmites de separacin o divorcio.

  5. Finalizacin del periodo mximo de 2 aos previsto en los apartados b) y d) del prrafo 2 y en el prrafo 3 del artculo 5.

  6. Prdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para su reconocimiento.

  7. Mantenimiento de una situacin de suspensin por periodo continuado superior a dieciocho meses.

  8. Existencia de tres suspensiones por incumplimiento de obligaciones en el periodo de los dos aos de vigencia de la prestacin.

  9. Renuncia de la persona titular.

  10. Resolucin en tal sentido de un procedimiento sancionador.

  11. Incumplimiento de la obligacin prevista en el artculo 12.1.b) del presente Decreto.

  12. Cuando sea de aplicacin, rechazar en tres ocasiones, sin causa justificada, un empleo o una mejora en las condiciones de trabajo que pudiera conllevar un aumento del nivel de ingresos.

  1. En el caso de fallecimiento de la persona titular de la prestacin, cuando las unidades de convivencia no sean unipersonales no se extinguir el derecho a la misma, sino que su cnyuge o persona unida a ella por relacin permanente anloga a la conyugal se subrogar, sin necesidad de incoar nuevo expediente, en la titularidad de la prestacin econmica o, en su defecto, el miembro de la unidad de convivencia que el Servicio Social de Base referente considere ms adecuado.

  2. Si se extinguiera la prestacin por causas asociadas al incumplimiento de obligaciones o a la comisin de infracciones, la persona titular no tendr la posibilidad de volver a solicitar la Renta de Garanta de Ingresos, en cualquiera de sus modalidades, por un periodo de un ao a contar de la fecha de extincin. Esta imposibilidad podr hacerse extensiva a cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia que pudiera ostentar la condicin de titular previo informe-propuesta del Servicio Social de Base referente debidamente motivado.

    La misma consecuencia se derivar de una extincin asociada a los supuestos de suspensin contemplados en los apartados g) y h) del artculo 49, salvo cuando la suspensin sea motivada por la causa prevista en el artculo 43.1.b).

  1. La extincin del derecho a la Renta de Garanta de Ingresos implicar el cese del pago de la prestacin a partir del da siguiente a aquel en que concurran las causas que dieron lugar a la extincin.

  2. Se proceder al pago correspondiente al nmero de das anteriores a la fecha desde la que deba hacerse efectiva la extincin, en la forma en que se establezca en la correspondiente resolucin, excepto en aquellos supuestos en los que existiera una situacin previa de suspensin de pago.

  3. No obstante lo previsto en el prrafo 1, en el caso de fallecimiento del titular de la prestacin, cuando las unidades de convivencia no sean unipersonales, no se extinguir el derecho a la misma sino que su cnyuge o persona unida a ella por relacin permanente anloga a la conyugal, se subrogar, sin necesidad de incoar nuevo expediente, en la titularidad de la prestacin econmica y, en su defecto, el miembro de la unidad de convivencia que los Servicios Sociales de Base consideren ms adecuado, atendiendo a lo previsto en el prrafo 3 del artculo 8 con referencia al pago de la prestacin a persona distinta de la titular.

    En los casos de fallecimiento de la persona titular en las que no se subrogue la prestacin por tratarse de una unidad unipersonal o porque el resto de las personas miembros de la unidad de convivencia no cumplen requisitos para acceder a la prestacin, el cese del pago se producir a partir del primer da de mes siguiente.

Se tramitar con carcter de urgencia y prioritariamente el acceso a la prestacin en los supuestos en que la extincin o el mantenimiento del derecho a la Renta de Garanta de Ingresos correspondiente a la persona que hasta entonces fuera la titular implique, a juicio del Servicio Social de Base referente, perjuicios manifiestos a las dems personas miembros de su unidad de convivencia, reducindose a la mitad el plazo establecido en el artculo 32 del presente Decreto para dictar la propuesta de resolucin y la resolucin.

  1. Los procedimientos de modificacin de la cuanta, suspensin y extincin del derecho a la Renta de Garanta de Ingresos podrn iniciarse, de oficio o a instancia de parte, tanto por el Ayuntamiento como por la Diputacin Foral correspondiente.

    Los procedimientos se iniciarn de oficio, por acuerdo del rgano competente, cuando la Administracin de que se trate haya tenido conocimiento por cualquier circunstancia de hechos que pudieran constituir causa de modificacin, suspensin o extincin del derecho a la prestacin.

  2. Iniciado un procedimiento de modificacin, suspensin o extincin del derecho a Renta de Garanta de Ingresos, cuando se trate de un procedimiento de oficio, se comunicar su incoacin a la persona titular mediante envo al ltimo domicilio declarado, con indicacin de las causas que lo fundamentan y sus posibles consecuencias econmicas, as como el plazo para resolver y notificar y las consecuencias derivadas de la falta de resolucin expresa en el plazo establecido en el artculo 55, todo ello al efecto de que puedan formularse por parte de las personas interesadas las alegaciones que estimen pertinentes.

  3. Asimismo, las Administraciones Foral o Municipal, cuando procedan a incoar de oficio cualquiera de los procedimientos anteriormente citados, debern comunicrselo entre s.

La instruccin de los procedimientos de modificacin, suspensin y extincin corresponder al rgano que hubiera iniciado el procedimiento, quien realizar las comprobaciones previstas en los artculos 30 y 31 del presente Decreto.

  1. Corresponder a la Diputacin Foral competente dictar resolucin en los procedimientos de modificacin, suspensin y extincin, a excepcin de los supuestos de modificacin automtica de las cuantas previstos en el artculo 41.2 del presente Decreto en que no se requerir resolucin.

  2. La resolucin referida en el prrafo anterior deber ser motivada y ser dictada y notificada en un plazo mximo de dos meses, contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de modificacin, suspensin o extincin. En el caso de que el organismo instructor sea el Ayuntamiento, este actuar de conformidad con lo previsto en el artculo 32.1 del presente Decreto.

  3. Todas las resoluciones adoptadas en relacin a la modificacin, suspensin o extincin de la Renta de Garanta de Ingresos debern ser notificadas a la persona titular de la prestacin o, cuando proceda, a las personas tutoras, o a sus representantes legales, dentro del plazo mximo de diez das hbiles a partir de la fecha en que haya sido dictada dicha resolucin.

  1. Si, como consecuencia de un procedimiento de modificacin, suspensin o extincin, o por cualquier otra circunstancia, se comprobara la percepcin indebida de la Renta de Garanta de Ingresos, la Diputacin Foral competente establecer la obligacin de reintegro por parte de la persona titular de las prestaciones indebidamente percibidas o en cuanta indebida.

  2. La obligacin de reintegro prevista en el prrafo anterior tambin ser de aplicacin en el caso de que la persona titular hubiera percibido indebidamente o en cuanta indebida la Renta de Garanta de Ingresos, una vez considerado el pago de atrasos correspondientes a los derechos y prestaciones sociales de contenido econmico previstos en el artculo 31 de este Decreto.

  3. En el caso de personas que hayan sido titulares de alguna prestacin econmica de carcter social y hayan generado deuda con la Administracin, no podr modificarse la titularidad de la prestacin hasta que dichas deudas hayan sido canceladas, salvo en los supuestos contemplados en el artculo 5.2.b) cuando el Servicio Social de Base referente as lo estime pertinente.

  1. En cualquiera de los supuestos previstos en el artculo anterior, la Diputacin Foral correspondiente iniciar el procedimiento de reintegro de prestaciones indebidas.

  2. Iniciado el procedimiento, la Diputacin Foral notificar a la persona titular la incoacin del mismo, las causas que lo fundamentan y sus posibles consecuencias econmicas, as como el plazo para la resolucin y notificacin y las consecuencias de la falta de resolucin expresa en el plazo establecido en el artculo 58. Las personas interesadas, en un plazo mximo de un mes, podrn formular las alegaciones que estimen pertinentes.

  3. Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo sealado sin que se hubiesen formulado, la Diputacin Foral dictar, en el plazo mximo de un mes, la correspondiente resolucin declaratoria o no de la situacin de percepcin indebida, o en cuanta indebida, de la prestacin, la cual deber estar motivada.

  4. En el caso en el que se estime la existencia de una situacin de percepcin indebida o en cuanta indebida de la prestacin, la resolucin prevista en el prrafo anterior declarar la obligacin de reintegrar las cantidades que procedan, fijando en la misma el plazo mximo del que dispondr la persona interesada para hacer efectiva dicha obligacin as como el nmero y cuanta de las devoluciones de carcter mensual a realizar. El plazo mencionado deber fijarse teniendo en cuenta que, salvo voluntad expresa en otro sentido por parte de la persona titular, las cantidades a reintegrar no podrn representar ms del 30% de los ingresos previstos de la persona interesada y de su unidad de convivencia durante el periodo de tiempo al que se refiera dicho plazo.

  5. A los efectos previstos en el prrafo anterior, la Diputacin Foral podr proceder de oficio a la compensacin o descuento mensual de prestaciones de la Renta de Garanta de Ingresos en vigor, correspondientes a cualquiera de las personas miembros de la unidad de convivencia de la persona interesada. Esta compensacin o descuento no podr superar un porcentaje mximo del 30% de la cuanta mxima de la Renta de Garanta de Ingresos que pudiera corresponder, en el supuesto de ausencia total de recursos, en funcin del nmero total de personas de la unidad de convivencia.

  6. Las cuantas que se obtengan, durante cada ejercicio presupuestario, por la devolucin y la compensacin de prestaciones indebidas debern destinarse a la cobertura de las prestaciones de la Renta de Garanta de Ingresos.

  1. El plazo mximo para resolver y notificar la resolucin del procedimiento de reintegro ser de seis meses desde la fecha de incoacin del mismo. Vencido dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolucin expresa se producir la caducidad del procedimiento y la resolucin que la declare ordenar el archivo de las actuaciones. En los supuestos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a la persona interesada se interrumpir el cmputo del plazo para resolver y notificar la resolucin.

  2. La obligacin de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas prescribir de conformidad con lo previsto en la normativa aplicable a los derechos y obligaciones de la Hacienda General del Pas Vasco.

    El plazo de prescripcin comenzar a computarse desde el da en el que la Administracin competente hubiera tenido conocimiento del hecho causante de la obligacin de reintegro o, en su caso, desde el da en que se hubiera hecho efectiva la notificacin de la resolucin de reintegro.

  3. El derecho al percibo de cada mensualidad de la Renta de Garanta de Ingresos caducar al ao de su respectivo vencimiento.

  1. El procedimiento sancionador se ajustar a lo previsto en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas.

  2. Los procedimientos sancionadores se iniciarn de oficio por acuerdo de la Diputacin Foral correspondiente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de peticin razonada del Servicio Social de Base referente en coordinacin, en su caso, con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, responsables del seguimiento, que si bien no vincula a dicha Diputacin, le obliga a comunicar al rgano que la hubiera formulado la decisin sobre la apertura o no del procedimiento.

  3. La peticin razonada deber contener la descripcin de los hechos que pudieran constituir infraccin, su tipificacin, as como la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que se produjeron y, si fuera posible, la identificacin de las personas presuntamente responsables, debiendo aportarse, en su caso, los documentos y pruebas relativos al objeto de la misma que obren en poder del rgano peticionario.

  1. El acuerdo de iniciacin tendr el contenido mnimo siguiente:

    1. La identificacin de la persona o personas presuntamente responsables.

    2. Los hechos que motivan la incoacin del procedimiento, su posible calificacin jurdica y las sanciones que pudieran corresponder.

    3. La persona instructora del procedimiento, con expresa indicacin del rgimen de recusacin del mismo.

    4. El rgano competente para la resolucin del procedimiento y norma que le atribuya la competencia.

  2. El acuerdo de iniciacin se comunicar a la persona instructora y se notificar a la persona inculpada y a las dems personas interesadas, indicndoles que disponen de un plazo de quince das para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y para solicitar la apertura de un periodo probatorio y proponer los medios de prueba que consideren adecuados.

  3. Al acuerdo de iniciacin se acompaarn todos los documentos y pruebas que haya tenido en cuenta la Diputacin Foral para abrir el procedimiento.

Los actos de la persona instructora que denieguen la apertura del periodo probatorio o la prctica de algn medio de prueba propuesto por las partes, sern susceptibles de recurso, en el plazo de tres das, ante la Diputacin Foral, quien decidir, sin ms trmite, en el plazo de tres das, considerndose su silencio desestimatorio.

  1. La Diputacin Foral dictar resolucin motivada, que decidir sobre todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento.

  2. Si no hubiera sido notificada la resolucin en el plazo de seis meses desde la iniciacin del procedimiento se producir la caducidad de ste en los trminos y con las consecuencias que establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. El transcurso del referido plazo de seis meses quedar interrumpido, adems de en los casos que as se establecen en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas, mientras el procedimiento se encuentre paralizado por causas imputables a los interesados.

  3. La resolucin ser ejecutiva cuando adquiera firmeza en la va administrativa. En la resolucin se adoptarn, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

  1. Las resoluciones denegatorias sern presentadas por escrito y suficientemente motivadas, y contra ellas podrn interponerse los recursos administrativos y jurisdiccionales que correspondan.

  2. Sin perjuicio de la interposicin de dichos recursos, las personas interesadas podrn elevar queja razonada al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de garanta de ingresos e inclusin social, a la Diputacin Foral o al Ayuntamiento competentes para la gestin de la prestacin, de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto por cada una de las administraciones.

    El escrito de queja deber expresar los motivos en que se fundamente, que debern referirse a circunstancias diferentes de aquellas que pueden ser objeto de los correspondientes recursos administrativos o jurisdiccionales.

  3. La Administracin ante la que se hubiera presentado la queja, la resolver mediante escrito dirigido a la persona titular, pudiendo remitir copia del mismo al resto de instituciones implicadas, y en particular al Servicio Social de Base referente quien, a su vez, podr informar en su caso a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Asimismo, la Administracin ante la que se hubiera presentado la queja adoptar las medidas oportunas que en todo caso sern congruentes con la naturaleza de la queja formulada.

  1. Las Diputaciones Forales darn cuenta a los Ayuntamientos de todas las resoluciones administrativas que afecten a las personas titulares de la Renta de Garanta de Ingresos residentes en su mbito territorial de actuacin, con el fin de que dispongan de la informacin necesaria para desarrollar las funciones que les competen en materia de Servicios Sociales y de inclusin social.

  2. Los Ayuntamientos, a travs de sus Servicios Sociales de Base, darn cuenta a las Diputaciones Forales de las incidencias que detecten en el seguimiento realizado en el marco de los convenios de inclusin, o del seguimiento de los expedientes relativos a las prestaciones econmicas reguladas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social,, cuando afecten a personas beneficiarias de la Renta de Garanta de Ingresos y puedan tener alguna incidencia en la misma.

  1. Las administraciones pblicas vascas garantizarn la confidencialidad de los datos obtenidos en la tramitacin de los expedientes por parte de los organismos competentes, en los trminos previstos en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal.

  2. Todos los datos e informes que, con relacin a personas solicitantes o titulares de la Renta de Garanta de Ingresos y dems personas miembros de su unidad econmica de convivencia independiente, pudieran ser requeridos o solicitados por las Administraciones Pblicas Vascas competentes en materia de servicios sociales, se limitarn a los que resulten imprescindibles para la comprobacin del cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestacin o de las obligaciones establecidos en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social y en el presente Decreto.

  3. Sin perjuicio de lo anterior, deber entenderse que existe un deber general de colaboracin de las administraciones pblicas entre s para la mejor atencin de la ciudadana y que, en su marco, conviene establecer cauces de comunicacin que permitan un sistema de informacin gil, permanentemente actualizado, y que permitan, previa conformidad de la persona atendida y mediando la aplicacin de todos los dispositivos de seguridad que se estimen necesarios, compartir determinados tipos de informacin entre las diferentes administraciones pblicas vascas.

  1. En el supuesto de cambio de domicilio de residencia habitual de la persona titular de la Renta de Garanta de Ingresos, siempre que el mismo se produzca entre Territorios Histricos de la Comunidad Autnoma de Euskadi, la Diputacin Foral dar traslado del expediente a la nueva Diputacin competente, la cual dar traslado del mismo al Ayuntamiento de su Territorio en cuyo municipio se haya domiciliado la persona titular, a los efectos de su revisin. Para dichos traslados, se recurrir preferentemente a la herramienta informtica Diagnstico e Intervencin Social residida en Gizarte.net.

    A los efectos previstos en el prrafo anterior, los Ayuntamientos comunicarn a la Diputacin Foral de su respectivo Territorio Histrico los cambios de domicilio de titulares de la Renta de Garanta de Ingresos de los que tuvieran conocimiento.

  2. Si el cambio de domicilio se produjera entre municipios pertenecientes al mismo Territorio Histrico, el traslado de expediente, en la forma prevista en el prrafo anterior, se realizar directamente entre los Ayuntamientos correspondientes, con comunicacin expresa de tal circunstancia a la Diputacin Foral interesada.

  3. El Ayuntamiento derivante deber notificar a la persona interesada:

    1. Que se procede a la derivacin de su expediente al territorio de nueva residencia.

    2. Que se mantendr la prestacin reconocida en el municipio derivante durante un periodo mximo de dos meses naturales.

    3. Que deber personarse en el Ayuntamiento del municipio al que se traslada, en un plazo mximo de quince das, a los efectos de control de la efectividad del traslado, valoracin de la nueva situacin y verificacin del cumplimiento de los requisitos.

    4. Que, en caso de no personarse, se proceder a la suspensin de la prestacin.

  1. En el supuesto de cambio de domicilio de residencia habitual de una persona titular de la Renta de Garanta de Ingresos entre Territorios Histricos de la Comunidad Autnoma Vasca, el Ayuntamiento del nuevo domicilio, una vez recibida la copia del expediente que le hubiera trasladado la Diputacin Foral competente, proceder a revisar si se mantienen las causas que motivaron la concesin de la Renta de Garanta de Ingresos.

    En el caso de cambio de domicilio entre municipios pertenecientes a un mismo Territorio Histrico, el Ayuntamiento del nuevo domicilio proceder igualmente a la revisin de la prestacin en los trminos sealados en el prrafo anterior.

  2. Una vez revisado el expediente, en un plazo mximo de cuarenta das naturales a partir del da de la fecha de recepcin del mismo, el Ayuntamiento presentar propuesta de resolucin relativa al mantenimiento, modificacin, suspensin o extincin de la prestacin, bien directamente en el Registro de rea o del Servicio competente para la gestin de la prestacin de la Diputacin Foral correspondiente, bien mediante remisin de la citada propuesta a la Diputacin que corresponda, a travs de la aplicacin informtica utilizada para la gestin de la Renta de Garanta de Ingresos, recurrindose preferentemente a la herramienta informtica Diagnstico e Intervencin Social residida en Gizarte.net.

  3. La Diputacin Foral dictar y notificar la correspondiente resolucin en un plazo mximo de dos meses a partir del inicio del expediente.

  4. En los casos en los que el traslado se haya producido entre municipios ubicados en diferentes Territorios Histricos, cuando exista resolucin de concesin, el pago de la prestacin por la Diputacin Foral a cuyo Territorio se haya trasladado la persona titular se iniciar a partir del mes siguiente a la fecha de la resolucin. Dicha circunstancia ser puesta en conocimiento de la Diputacin Foral remitente quien, a partir del mes siguiente, dejar de realizar los sucesivos pagos.

    En los casos en los que el traslado se haya producido entre municipios de un mismo Territorio Histrico, y cuando exista resolucin de mantenimiento o modificacin de la prestacin, la Diputacin Foral iniciar el pago a partir del mes siguiente a la fecha de la resolucin.

  1. Se consignarn anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco los recursos econmicos necesarios para la financiacin de las cuantas de la Renta de Garanta de Ingresos.

  2. Las Diputaciones Forales y los Ayuntamientos consignarn anualmente en sus respectivos Presupuestos los recursos econmicos necesarios para la ejecucin de las competencias previstas en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social y en el presente Decreto.

El Gobierno Vasco garantizar a las Diputaciones Forales las cantidades precisas para hacer frente al pago de la Renta de Garanta de Ingresos mediante transferencias mensuales en base a las resoluciones de concesin y de conformidad con el siguiente procedimiento:

  1. Para el da 15 de cada mes, las Diputaciones Forales suministrarn al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de garanta de ingresos e inclusin social, en soporte informtico normalizado, la relacin definitiva de titulares y de prestaciones de la Renta de Garanta de Ingresos con efectos econmicos vigentes en el mes inmediatamente anterior, con el correspondiente clculo de gasto.

  2. Recibida la documentacin prevista en el apartado anterior, la Administracin General de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, en la segunda quincena del mes, pondr a disposicin de las Diputaciones Forales las cantidades precisas para atender al pago mensual correspondiente.

  1. Los remanentes de las cantidades mensuales transferidas que no se hubieran destinado al pago de las prestaciones en el mes correspondiente podrn ser destinados por las Diputaciones Forales al pago de la mensualidad posterior, debindose proceder en tal caso a la compensacin por el importe procedente de las cantidades puestas a disposicin de las Diputaciones Forales por la Administracin General de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  2. Podr actuarse de la misma manera en el caso de los ingresos mensuales de las Diputaciones Forales resultantes del reintegro de cuantas indebidamente percibidas por las personas titulares de la Renta de Garanta de Ingresos.

    En estos casos, a efectos documentales, las Diputaciones Forales facilitarn igualmente la documentacin justificativa correspondiente al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de ingresos e inclusin social en los primeros diez das del mes siguiente.

  3. Sin perjuicio de lo previsto en los prrafos anteriores, a la finalizacin del ejercicio presupuestario, las Diputaciones Forales reintegrarn a la Tesorera General del Pas Vasco las cuantas remanentes no aplicadas al pago de las prestaciones.

  1. A los efectos previstos en los artculos 86.1.d) y f) y 86.2 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social, las Diputaciones Forales debern remitir al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de garanta de ingresos e inclusin social, con carcter mensual, copia de las resoluciones de concesin, denegacin, modificacin, suspensin o extincin del ingreso, as como de las resoluciones dictadas en procedimientos de reintegro, junto con la copia de los documentos de pago de las mensualidades satisfechas a los titulares en el mes anterior.

    Igualmente, adjuntarn toda aquella documentacin e informacin relativa al desarrollo y ejecucin de la Renta de Garanta de Ingresos, debiendo posibilitar, en todo caso, la explotacin estadstica de dichos datos.

  2. La remisin de la documentacin reflejada en el prrafo anterior y la transmisin de datos con vistas a su explotacin estadstica se realizar, en cuanto sea posible, mediante soporte informtico normalizado. A tal efecto, las administraciones pblicas vascas utilizarn, preferentemente, la herramienta informtica Diagnstico e Intervencin Social residida en Gizarte.net para la recogida de informacin sobre necesidades y para la gestin de la Renta de Garanta de Ingresos, pudiendo recurrir a otros instrumentos tcnicos validados que faciliten el trasvase de informacin y la comparabilidad de los datos.

  3. El Gobierno Vasco comunicar a las Diputaciones Forales la existencia de titulares o personas miembros de unidades de convivencia en diferentes territorios, sobre la base de la informacin que cada Diputacin le haya remitido de conformidad con lo previsto en el prrafo 1 del presente artculo.

  1. En relacin con los procedimientos de reconocimiento, revisin, modificacin, suspensin y extincin del derecho a la Renta de Garanta de Ingresos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto y con las resoluciones de concesin, revisin, modificacin o suspensin aprobadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social y del presente Decreto sern de aplicacin los siguientes criterios hasta que se proceda, segn los casos, a la revisin prevista en el apartado a) del prrafo 2 o a la renovacin prevista en el apartado b) del prrafo 2, disponiendo la Administracin de un plazo mximo de un ao para proceder a las mismas:

    1. En lo relativo a los requisitos de acceso a la prestacin y a las obligaciones resultantes para la persona titular y las dems personas miembros de su unidad de convivencia, seguirn rigindose por lo previsto en la normativa vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto.

    2. En lo relativo a la modalidad de prestacin y a la cuanta de la misma sern de aplicacin las disposiciones contenidas en el presente Decreto en cuanto resulten ms ventajosas para la persona titular y las dems personas miembros de la unidad de convivencia.

  2. La entrada en vigor de este Decreto conllevar, tanto para quienes ya fueran titulares de la prestacin de Renta Bsica o de Renta de Garanta de Ingresos, como para quienes dicha prestacin estuviera en curso de tramitacin, la obligacin de renovar su solicitud de conformidad con lo previsto en el artculo 38.

    A efectos de lo anterior, la determinacin de la fecha de renovacin obedecer a los siguientes criterios:

    1. Cuando la Renta de Garanta de Ingresos hubiera sido concedida o revisada con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social, la fecha de la concesin o de la ltima revisin se considerarn fecha de inicio del plazo de 2 aos previsto para la renovacin. Sin perjuicio de lo anterior, la Administracin deber proceder, de oficio, en un plazo mximo de un ao a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, a la revisin del cumplimiento de todos los requisitos de acceso contemplados en el mismo, as como a la aplicacin de los lmites establecidos para su concesin en relacin con la cuanta y con el nmero mximo de prestaciones por vivienda o alojamiento habitual.

    2. En relacin con la Renta Bsica, es decir con las prestaciones concedidas o revisadas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social, la renovacin deber realizarse, previa notificacin a la persona titular a los efectos de presentacin de la solicitud, en un plazo mximo de un ao a partir de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, siendo de aplicacin a partir de ese momento todas sus previsiones, incluidos los requisitos de acceso y los lmites establecidos para su concesin en relacin con la cuanta y con el nmero mximo de prestaciones por vivienda o alojamiento habitual.

En tanto no se desarrolle reglamentariamente la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales en relacin con la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y con las condiciones en las que se aplicarn el rgimen de concierto y los convenios, el requisito referido a la concertacin, el convenio o la contratacin contenido en el artculo 6.2.b) no ser de aplicacin.

A efectos de lo previsto en el artculo 24.2 se mantendrn, en tanto no se proceda a su actualizacin expresa, los criterios establecidos hasta la fecha mediante la Orden de 15 de mayo de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se establecen los valores catastrales mximos previstos en el Decreto 198/1999, de 20 de abril, por el que se regula el Ingreso Mnimo de Insercin, a efectos de la consideracin del valor excepcional de las viviendas en propiedad.

A efectos de determinacin de los porcentajes de ingresos a excluir del cmputo de los recursos disponibles en concepto de estmulo al empleo, segn lo previsto en el artculo 21.3 del presente Decreto, se mantendrn, en tanto no se proceda a la determinacin de tales porcentajes mediante Orden de desarrollo del presente Decreto, los establecidos en la Orden de 14 de febrero de 2001, del Consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen los estmulos al empleo de las personas titulares de la Renta Bsica y de las personas beneficiarias de las Ayudas de Emergencia Social (Boletn Oficial del Pas Vasco n. 37, de 21 de febrero de 2001).

Las referencias realizadas en el presente Decreto a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se entendern hechas a Egailan, S.A., Sociedad de Promocin de la Formacin y el Empleo, en tanto no se proceda a la aprobacin del Decreto de especificacin de las condiciones en las que se producir el inicio de las actividades del ente pblico de derecho privado Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y del que precise las condiciones de adscripcin del personal procedente de dicha entidad y otras a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

  1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto.

  2. Queda expresamente derogado el Decreto 198/1999, de 20 de abril, por el que se regula el Ingreso Mnimo de Insercin.

  1. En lo no previsto en el presente Decreto en cuanto al procedimiento administrativo ser de aplicacin la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

  2. En lo no previsto en el presente Decreto en cuanto a procedimiento sancionador ser de aplicacin la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

Se faculta a la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales para adoptar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecucin del presente Decreto as como para actualizar las cuantas previstas en los artculos 24 y 26 del presente Decreto.

El presente Decreto entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Pas Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 25 de mayo de 2010.

El Lehendakari,

FRANCISCO JAVIER LPEZ LVAREZ.

La Consejera de Empleo y Asuntos Sociales,

MARA GEMMA ARNZAZU ZABALETA ARETA.