Euskadi.eus
  • LEY 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin. - Legegunea: Normativa del Pais Vasco - Gobierno Vasco - Euskadi.eus

Normativa

Imprimir

LEY 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

Identificacin

  • mbito territorial: Autonmico
  • Rango normativo: Ley
  • rgano emisor: Lehendakaritza
  • Estado vigencia: Vigente

Boletn oficial

  • Boletn oficial: BOPV (Pas Vasco)
  • N boletn: 248
  • N orden: 5728
  • N disposicin: 14
  • Fecha de disposicin: 22/12/2022
  • Fecha de publicacin: 29/12/2022

mbito temtico

  • Materia: Asuntos sociales y empleo; Organizacin administrativa
  • Submateria: Asuntos sociales; Gobierno y Administracin Pblica

Texto legal

Mostrar ndiceOcultar ndice

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

La prctica totalidad de los pases de la Unin Europea cuenta con sistemas de garanta de ingresos dirigidos a las personas en edad activa que no perciben ingresos suficientes para atender sus necesidades y las de sus familias. Estos sistemas constituyen una de las caractersticas distintivas de los estados de bienestar de la Unin Europea y forman parte del ncleo del modelo social europeo. De hecho, el desarrollo de una renta de inclusin fue una de las recomendaciones que la Unin Europea hizo a los estados miembros para hacer frente a las consecuencias de la crisis financiera de 2008, en el marco del paradigma de la inclusin activa. As, mediante la Recomendacin de la Comisin 2008/867/CE, de 3 de octubre de 2008, la Comisin instaba a los estados miembros a que reconocieran y aplicaran el derecho de las personas a los recursos y la ayuda social suficientes como parte de un dispositivo global y coherente para combatir la exclusin social.

La recomendacin se vincula a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unin Europea, que establece el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todas aquellas personas que no dispongan de recursos suficientes. Tambin, a la Carta Social Europea revisada de 1996, que entr en vigor el 1 de julio de 2021. Esta carta establece en su artculo 13 que toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a la asistencia social y mdica. Ms concretamente, en su artculo 13.1, la Carta Social Europea compromete a las partes firmantes a velar por que toda persona que no disponga de recursos suficientes y no est en condiciones de conseguir stos por su propio esfuerzo o de recibirlos de otras fuentes, especialmente por va de prestaciones de un rgimen de seguridad social, pueda obtener una asistencia adecuada y, en caso de enfermedad, los cuidados que exija su estado.

En el mismo sentido, la Recomendacin (UE) 2017/761 de la Comisin Europea de 26 de abril de 2017 sobre el pilar europeo de derechos sociales establece, entre otros aspectos relativos al modelo europeo de proteccin social, que toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mnima adecuadas que garanticen una vida digna a lo largo de todas las etapas de la vida, as como el acceso a bienes y servicios de capacitacin. Para las personas que pueden trabajar aade la Recomendacin las prestaciones de renta mnima deben combinarse con incentivos a la (re)integracin en el mercado laboral.

Cabe finalmente citar la Resolucin del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre las polticas encaminadas a garantizar la renta mnima como instrumento para luchar contra la pobreza (2016/2270(INI)), que insta a todos los estados miembros a que introduzcan regmenes de renta mnima adecuados, acompaados de medidas para favorecer la reincorporacin al mercado de trabajo de todas las personas capaces de trabajar y de programas de educacin y formacin adaptados a la situacin personal y familiar del beneficiario, con el fin de ayudar a las familias con ingresos insuficientes y permitirles que tengan un nivel de vida digno.

Las rentas garantizadas son, pues, una parte esencial del modelo de proteccin social europeo y la mayor parte de los pases de Europa cuentan con este tipo de medidas. Si bien no puede decirse que las rentas garantizadas hayan sido capaces de erradicar por completo el problema de la pobreza y la exclusin social en Europa, es innegable el impacto positivo que tienen tanto en lo que se refiere a la reduccin de la pobreza especialmente la severa como a la mejora de las condiciones de vida de las familias que las perciben. Adems de actuar para muchas personas como ltima red de seguridad, y tambin como trampoln para el empleo y la inclusin social, las rentas garantizadas tienen un impacto macroeconmico reseable, pues han contribuido a paliar los efectos de la crisis, a estabilizar la economa y a generar crecimiento econmico adicional.

As, ms all del impacto de estas prestaciones sobre la reduccin de la pobreza o de su incidencia como mecanismo anticclico y estabilizador de la economa, es importante sealar los efectos positivos que estas prestaciones tienen sobre muchos otros aspectos relacionados con el bienestar y con la calidad de vida de las personas beneficiarias. En ese sentido, diversos estudios ponen de manifiesto que existe una relacin directa entre la percepcin de estas prestaciones e indicadores de calidad de vida, relaciones sociales, estado de salud e, incluso, mortalidad.

En ese contexto, el modelo vasco de garanta de ingresos resulta plenamente coherente con las orientaciones emanadas desde las instituciones europeas y con las polticas desarrolladas por los principales pases de la Unin Europea. Parcialmente inspirado en las polticas contra la pobreza que se realizaban en pases como Francia o Reino Unido, el sistema vasco de rentas garantizadas surge al final de la III legislatura con la aprobacin por el Gobierno Vasco de un Plan Integral de Lucha contra la Pobreza. Este plan establece, por primera vez en Espaa, un sistema de garanta de recursos mnimos basado en la implantacin de lo que popularmente se conoci entonces como salario social. El Plan de Lucha contra la Pobreza se desarrolla inicialmente a travs del Decreto 39/1989, de 28 de febrero, relativo al Ingreso Mnimo Familiar, y del Decreto 64/1989, de 21 de marzo, regulador de las Ayudas de Emergencia Social. Apenas un ao despus, sera aprobada en el Parlamento Vasco la primera ley autonmica en la materia, la Ley 2/1990, de 3 mayo, de Ingreso Mnimo de Insercin.

Este recorrido culmina con la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social, en el actual sistema de prestaciones pblicas, sustentado en la renta de garanta de ingresos (RGI), la prestacin complementaria de vivienda (PCV) y las ayudas de emergencia social (AES) y en la modificacin operada en la misma por Ley 4/2011, de 24 de noviembre, que sita la gestin de la garanta de ingresos en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Tras ms de treinta aos de desarrollo, el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos e Inclusin Social se ha convertido en una de las principales seas distintivas del autogobierno vasco, un xito colectivo y un referente fuera de nuestras fronteras. Con un gasto pblico y una capacidad de proteccin similar a la de los sistemas de este tipo que existen en los pases de nuestro entorno, las prestaciones vascas de garanta de ingresos protegen de la pobreza severa a la inmensa mayora de quienes las perciben y reducen drsticamente los niveles generales de pobreza y exclusin social en Euskadi.

En ese sentido, las evaluaciones y anlisis del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos e Inclusin Social ponen de manifiesto dos elementos esenciales.

Por una parte, la capacidad de reduccin de la pobreza que tienen las prestaciones que conforman el sistema, con una reduccin de las tasas generales de pobreza de entre el 35 % y el 40 % en cualquiera de los aos analizados: en 2020, 182.000 personas, el 8,4 % de la poblacin vasca, estara si se tienen en cuenta nicamente sus ingresos propios y los que se obtienen de los sistemas estatales de proteccin social en situacin de pobreza real si no existiera la RGI. Tras su percepcin, esas tasas de pobreza se reducen en un tercio (un 33,3 % la tasa de pobreza real, en el citado ao) y, sobre todo, se reduce drsticamente la intensidad de la pobreza que padecen estas familias, es decir, la distancia entre los ingresos reales de la poblacin beneficiaria y los umbrales econmicos que definen la pobreza (un 76,2 % la intensidad de la pobreza real en el mismo periodo considerado).

Por otra parte, la ausencia de efectos adversos en trminos de incentivos a la inactividad. De acuerdo con los estudios realizados, la RGI no retrasa o frena el acceso al empleo de quienes la perciben y, de hecho, las medidas de activacin especficamente orientadas a este colectivo resultan efectivas para acelerar la transicin de la prestacin al empleo.

Efectivamente, los estudios realizados en torno a la RGI indican que, si bien la tasa mensual media de acceso a un empleo de quienes estn percibiendo la RGI es del 3 %, frente al 9 % del resto de las personas desempleadas, estas diferencias desaparecen cuando se compara la evolucin de personas perceptoras y no perceptoras de la RGI que tienen las mismas caractersticas personales (edad, sexo, formacin, duracin del desempleo, cargas familiares, etctera). Esto es, a igual nivel educativo o duracin del desempleo, la tasa media mensual de salida al empleo es la misma para todas las personas desempleadas, independientemente de que perciban o no la RGI. En conclusin, la RGI, adems de reducir la pobreza y por tanto favorecer la cohesin social, no reduce la tasa de salida hacia un empleo.

Los mismos estudios ponen de manifiesto, por otra parte, que la participacin en programas de activacin de las personas perceptoras de la RGI incrementa las posibilidades de acceder a un empleo, teniendo en cuenta sus caractersticas personales. La intervencin o poltica activa que ms aumenta la salida hacia un empleo para el colectivo RGI es, sin duda, la formacin. Un individuo que acude a cursos de formacin incrementa su probabilidad de salida en tres puntos porcentuales, lo que supone duplicar sus posibilidades de empleabilidad.

Puede, por tanto, decirse que el modelo vasco de garanta de ingresos ha sido capaz de prevenir y contener el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad en Euskadi, sin comprometer la competitividad y la capacidad de generacin de empleo de la economa vasca y sin generar un efecto adicional de atraccin de poblacin en situacin de necesidad. La poltica de garanta de ingresos ha permitido, en este sentido, que el proceso de movilidad descendente que ha afectado a Euskadi durante la crisis no se tradujera en un sustancial incremento de las situaciones ms graves de pobreza. Lejos de haber comprometido el futuro de Euskadi, el sistema vasco de prestaciones es uno de los factores que explican la mejor posicin socioeconmica comparada de la comunidad vasca y su capacidad para seguir avanzando hacia el bienestar.

En ese sentido, los datos de la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales (EPDS) ponen de manifiesto que, a pesar del deterioro de la situacin socioeconmica derivada del impacto diferencial de la crisis en los pases del sur de Europa, la tasa de pobreza grave de la Comunidad Autnoma de Euskadi se mantiene en 2020 por debajo de las correspondientes a la Unin Europea y a los 18 pases del euro (6,1 % frente al 7 % en Europa).

En lo que se refiere a las situaciones de exclusin, el ltimo informe sobre exclusin y desarrollo social en Euskadi realizado por la fundacin Foessa pone de manifiesto que, en consonancia con su mayor gasto social y sus menores tasas de pobreza, desempleo y desigualdad, las tasas de exclusin son en Euskadi ms bajas que en el conjunto de Espaa. Efectivamente, Euskadi se ubica, junto a las dems comunidades del centro norte y la cornisa cantbrica, entre las comunidades con tasas de exclusin ms bajas (56 % frente al 48,4 % de media en Espaa). Adems, el porcentaje de poblacin en situacin de integracin plena es sensiblemente mayor y, de hecho, la Comunidad Autnoma de Euskadi es una de las comunidades autnomas que registra tasas ms elevadas de integracin plena.

Sin embargo, el crecimiento econmico posterior a la crisis financiera de 2008 no ha impedido que la pobreza y la exclusin social crezcan en Euskadi. El efecto que explica el crecimiento de la pobreza incluso en tiempos de bonanza tiene que ver con el desigual incremento de los ingresos de los diferentes grupos de renta y con el consiguiente incremento de los umbrales de pobreza. En ese sentido, el ltimo informe de la EPDS pone de manifiesto el incremento de todos los indicadores de desigualdad en Euskadi, debido al menor incremento de los ingresos de los grupos de menor renta. Entre 2008 y 2020, el 60 % ms acomodado de la poblacin vasca ha experimentado un incremento de sus ingresos, en trminos de euros constantes, del 13 %. El 10 % ms pobre, por el contrario, ha experimentado una reduccin de sus ingresos del 9 %, que hubiera llegado al 21 % en ausencia de la RGI.

El propio crecimiento econmico al no repartirse de forma uniforme entre todos los grupos de renta est en parte provocando el crecimiento de la pobreza, medida en trminos relativos.

En trminos ms generales, el aumento del desempleo, el crecimiento en el nmero de las personas paradas de larga duracin, la falta de recursos de las personas migrantes, la feminizacin del riesgo de exclusin, la discapacidad o la situacin de las personas pensionistas con escasos recursos econmicos son solo algunos ejemplos de los distintos factores que han contribuido al incremento del volumen de personas necesitadas de proteccin. En el contexto de un sistema que trata de apoyar a personas con bajos salarios, esta realidad se est viendo acentuada por el crecimiento de las formas ms precarias de empleo, tanto en trminos de contratacin eventual como a tiempo parcial, que afectan de manera significativa a la poblacin con menor cualificacin.

Por otra parte, el panorama que acaba de describirse ha cambiado radicalmente como consecuencia de la crisis sociosanitaria y socioeconmica provocada por la pandemia de COVID-19. En efecto, la brusca cada de la actividad econmica derivada de las medidas adoptadas para evitar la transmisin del virus ha tenido como consecuencia un notable incremento de las tasas generales de desempleo, una importante mortalidad empresarial y, sin duda, un incremento en las tasas de pobreza.

Tal y como pone de manifiesto la publicacin del Consejo Econmico y Social Vasco-Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea Aproximacin al impacto del COVID-19 en Euskadi, el impacto econmico de esta crisis no tiene precedentes y ha provocado un shock internacional, tanto de oferta como de demanda, que ha generado un entorno de elevada incertidumbre. En lo que a Euskadi respecta, el estudio constata una contraccin interanual en trminos reales del PIB vasco de un 3,2 % en el primer trimestre de 2020 y de un 19,5 % en el segundo, y una significativa destruccin del tejido empresarial, con una prdida entre febrero y septiembre de 2020 de 1.115 empresas inscritas en la Seguridad Social, a la que se aade una tasa de paro general del 10 % durante el tercer trimestre de 2020, con un peso de las personas paradas sobre el total de la demanda de empleo en septiembre de 2020 del 29,7 %.

Este fuerte impacto ha sido moderado por efecto de los expedientes de regulacin temporal de empleo, que han permitido mantener, como apunta el estudio, la proteccin de las personas trabajadoras, facilitando la flexibilidad de las plantillas ante la incertidumbre sobre la paralizacin de la economa. Quiz esto explique, al menos en parte, que no se hayan apreciado cambios reseables en el nmero de familias beneficiarias del Sistema de Garanta de Ingresos.

En cualquier caso, a la incertidumbre derivada de la crisis sociosanitaria y socioeconmica se aaden los cambios vinculados a la aprobacin del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mnimo vital, que nace como prestacin econmica de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, con el objetivo principal de garantizar, a travs de la satisfaccin de unas condiciones materiales mnimas, la participacin plena de toda la ciudadana en la vida social y econmica, rompiendo el vnculo entre ausencia estructural de recursos y falta de acceso a oportunidades en los mbitos laboral, educativo o social de las personas.

La aprobacin del ingreso mnimo vital (IMV) obliga a replantear y a redisear el conjunto del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin por dos razones esenciales.

Por una parte, el IMV se plantea como una prestacin suelo, un mnimo comn que ofrece la oportunidad de que el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin extienda su proteccin a todas aquellas personas domiciliadas en Euskadi que se hallen en situacin de necesidad.

Por otra, en lo que se refiere a la gestin del IMV, la disposicin adicional quinta de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mnimo vital, prev que, en razn de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, en relacin con esta prestacin, las comunidades autnomas de rgimen foral asumirn, con referencia a su mbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en esta ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social, as como, en atencin al sistema de financiacin de dichas haciendas forales, el pago en los trminos que se acuerde.

La transferencia de la gestin del IMV, que har posible una gestin integrada del conjunto de las prestaciones econmicas que conforman el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, y dar una mejor respuesta a las necesidades de la ciudadana, se ha materializado con el Convenio para la asuncin por la Comunidad Autnoma del Pas Vasco de la gestin de la prestacin no contributiva del ingreso mnimo vital, vigente desde el 1 de abril de 2022.

Al mismo tiempo, la gestin autonmica de ambas prestaciones y la necesidad de seguir desarrollando las polticas activas de empleo y los servicios sociales que las personas beneficiarias de estas prestaciones puedan requerir obliga a un ajuste normativo, financiero y organizativo importante. Precisamente, buena parte de las disposiciones contenidas en esta ley est orientada a facilitar una gestin ms eficiente, gil y racional de un sistema conformado por una prestacin de configuracin estatal y otra genuinamente autonmica, con requisitos, obligaciones y criterios de acceso propios.

Esta ley busca, precisamente, adaptarse a la coyuntura que acaba de referirse.

Lo anterior hace preciso adecuar las medidas de proteccin social, de garanta de ingresos mnimos y de inclusin atendiendo a lo dispuesto en el artculo 9 del Estatuto de Autonoma para el Pas Vasco y al amparo de su artculo 10, que atribuye a la Comunidad Autnoma de Euskadi la competencia exclusiva en el mbito de la asistencia social, ttulo competencial que legitima la aprobacin de esta ley y en cuyo mbito se inserta la totalidad de sus contenidos.

El objetivo es, por un lado, mejorar la cobertura y el acceso a las prestaciones econmicas que ofrece el sistema de garanta de ingresos y, por otro, mejorar el acceso de la ciudadana vasca con dificultades para desenvolverse en la vida laboral y social a servicios sociales y de empleo de calidad. Para ello, el principal fin de esta ley es adaptar el funcionamiento del conjunto del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, y muy especialmente el de las prestaciones econmicas que lo integran, a los profundos cambios que se han venido produciendo en el seno de la sociedad vasca desde la aprobacin del marco normativo vigente.

El proceso para la elaboracin de la ley se ha apoyado, en gran medida, en el trabajo desarrollado en la legislatura anterior para la presentacin en 2018 de una proposicin de ley para la garanta de ingresos y para la inclusin social en el Parlamento Vasco. En ese sentido, esta ley recoge gran parte de los elementos que se incorporaron a aquella proposicin de ley, as como los criterios, argumentos y propuestas planteados en los documentos tcnicos elaborados en el marco de aquel proceso de reforma. Esta ley recoge elementos extrados del informe elaborado por la comisin tcnica para la reforma de la RGI, presentado en mayo de 2016 al Departamento de Empleo y Polticas Sociales, y del Documento de Bases para la Reforma de la RGI elaborado por el propio departamento en mayo de 2017.

Se mantiene, por tanto, como se planteaba en los documentos referidos, la necesidad de preservar y mejorar el modelo puesto en marcha en Euskadi tras la crisis de los aos 80, garantizando su legitimidad social y su sostenibilidad econmica en los prximos aos. Con ese punto de partida, los criterios bsicos que han guiado la elaboracin de esta ley son los siguientes:

Profundizar en la aplicacin del enfoque familiar y amigable con la infancia de la poltica vasca de garanta de ingresos, multiplicando, especficamente, su capacidad para combatir la pobreza infantil y la transmisin intergeneracional de la exclusin social.

Clarificar el concepto de unidad de convivencia, garantizando el acceso a las prestaciones de todas las unidades de convivencia que puedan residir en un mismo domicilio y, al mismo tiempo, estableciendo mecanismos que tengan en cuenta las economas de escala.

Ajustar el sistema de clculo de la prestacin, asegurando la suficiencia y la racionalizacin de las cuantas garantizadas, especialmente en el caso de las familias de mayor tamao.

Mejorar la atencin a las necesidades y colectivos que hoy no estn adecuadamente cubiertos, evitando la desigualdad en el acceso al sistema.

Facilitar una gestin ms eficaz de las prestaciones, reconociendo el derecho de las personas usuarias a relacionarse por medios electrnicos, favoreciendo el acceso por las declaraciones responsables, racionalizando los procedimientos de actualizacin de las cuantas y el control de las prestaciones y garantizando una mayor seguridad jurdica de las personas beneficiarias.

Reforzar el acompaamiento laboral de los servicios de empleo y el acompaamiento social de los servicios sociales, mediante la introduccin de procedimientos de diagnstico, estratificacin o segmentacin capaces de identificar las necesidades de las personas beneficiarias y de prescribir los servicios de apoyo que esas necesidades requieren.

Impulsar la activacin laboral de las personas beneficiarias, favoreciendo la implicacin de las empresas vascas y de la economa solidaria en la lucha contra la exclusin.

Consolidar un sistema estructural de bonificacin del empleo que evite la trampa de la pobreza y d respuesta a la pobreza en el empleo.

Mejorar la gobernanza del conjunto del sistema para la garanta de ingresos y la inclusin social, facilitando la participacin en su gestin del conjunto de las administraciones competentes y del tercer sector social de Euskadi.

Consolidar las polticas de garanta de ingresos e inclusin mediante el refuerzo de los mecanismos que permitan estabilizar, articular e impulsar las actividades de investigacin, innovacin, evaluacin, difusin, anlisis y formacin que se realizan en la actualidad, en el marco de una estrategia ms amplia de I+D+I en este mbito.

La ley se estructura en nueve ttulos, ciento cincuenta y un artculos, siete disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposicin derogatoria y cuatro disposiciones finales.

El ttulo I, dedicado a las disposiciones generales, se inicia con la identificacin del objeto de la norma, la regulacin del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, estableciendo, a su vez, la finalidad a que el mismo se dirige.

Se define el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin en el artculo 2, a la vez que se establece su estructura organizativa, primera manifestacin de la interaccin de los servicios sociales, de vivienda, educacin y salud, que tendr su reflejo a lo largo del texto de la ley.

A los principios y modelo de atencin del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, que mantienen las seas de identidad de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social, se suma la identificacin de sus componentes, que s incorporan novedades significativas.

De un lado, la distincin conceptual que apunta el artculo 6 entre prestaciones econmicas (RGI e IMV) y ayudas (AES), en tanto llevan aparejado un diferente rgimen jurdico, ligado a la categorizacin de las primeras como derechos subjetivos, naturaleza ajena a las AES, tal y como aparecen configuradas en el artculo 10.

El mismo artculo integra el IMV entre el elenco de prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, no en vano son sus estructuras organizativas las que asumen su gestin con destino a la ciudadana vasca, eliminando, por ltimo, la referencia a la prestacin complementaria de vivienda, por corresponder la articulacin del derecho subjetivo a la vivienda y la prestacin complementaria sustitutiva al desarrollo de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

De otro, el artculo 7 introduce modificaciones respecto a su predecesora en los instrumentos y servicios orientados a la inclusin laboral y social: en primer lugar, identificando con mayor pormenor el conglomerado de herramientas que se ponen a disposicin de las personas para el logro de la insercin laboral y social. En segundo lugar, distinguiendo los servicios que se subsumen especficamente en el objetivo de la insercin laboral de los servicios de apoyo y mejora de la inclusin social. Un paso trascendental en el futuro del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, que trata de superar ineficiencias en la colaboracin entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y los servicios sociales; y, finalmente, la sustitucin del convenio de inclusin por el Programa Integrado y Personal de Inclusin (PIPEI). Un cambio que, ms all de la simple denominacin, supone un revulsivo en los modos de afrontar el proceso de inclusin de las personas beneficiarias del Sistema.

El artculo 9, cierre del ttulo I, introduce por primera vez la relacin de derechos de las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones, ayudas y servicios del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

Es expresin de la transformacin que trata de imprimir esta ley, situando a las ciudadanas y a los ciudadanos vascos en el centro del Sistema y garantizando la igualdad de todas las personas en su desenvolvimiento jurdico con las administraciones competentes, en lnea con la reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislacin civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurdica.

El ttulo II, referido a las prestaciones econmicas y ayudas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, contiene su regulacin sustantiva, respetando lo dispuesto en la normativa reguladora del IMV. Se estructura en cuatro captulos.

El captulo I, dedicado a las disposiciones generales, define la naturaleza de las prestaciones y ayudas del Sistema y ordena las relaciones entre ellas.

El captulo II regula la RGI. Se estructura en cinco secciones, que abarcan desde el artculo 14 al artculo 50.

La seccin 1., dedicada a la definicin y caractersticas de la prestacin, as como a las personas titulares y beneficiarias, contiene importantes modificaciones respecto a la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social:

  1. Atribuye a la RGI la caracterizacin de indefinida, adems de complementaria y de naturaleza subsidiaria e intransferible.

    La ley, en consonancia con el artculo 13.1 de la Carta Social Europea, introduce ex novo aquella caracterstica, que responde a la consideracin de la prestacin como verdadero derecho subjetivo, eliminando cargas innecesarias a sus titulares, como la necesidad de su renovacin peridica. Los efectos de la indefinitud de la prestacin estn debidamente calibrados a travs del mecanismo de actualizacin trimestral de la cuanta de la prestacin y del procedimiento de control, que permitirn tener datos actualizados acerca del cumplimiento de los requisitos de acceso y del cumplimiento de obligaciones.

  2. Suprime las modalidades de la RGI (renta bsica para la inclusin y proteccin social y renta complementaria de ingresos de trabajo), que pasa a ser una nica prestacin, variable en su cuanta en funcin del conjunto de recursos de la unidad de convivencia y de las circunstancias de sus miembros, resultando un modelo prestacional ms sencillo y comprensible para sus destinatarios y destinatarias.

  3. Garantiza el acceso a la prestacin a las personas mayores de edad, de conformidad con la Carta Social Europea, as como con la propuesta de Recomendacin del Consejo COM (2022) 490 final, de 28 de septiembre de 2022, sobre una renta mnima adecuada que procure la inclusin activa, la cual aboga por el establecimiento de criterios de elegibilidad transparentes y no discriminatorios que salvaguarden el acceso efectivo a la renta mnima para los adultos jvenes.

  4. A su vez, facilita el acceso a la RGI a travs de la combinacin de dos medidas:

    1. De un lado, la supresin de la exigencia de que la unidad de convivencia se halle constituida con una antigedad determinada hasta ahora, un ao, cuya funcionalidad es cuestionable.

    2. De otro, la exigencia del ejercicio previo de derechos vinculados exclusivamente a pensiones y prestaciones pblicas, eliminando la obligacin de hacer valer todo derecho de contenido econmico que pudiera corresponder a la persona solicitante o a cualquier miembro de la unidad de convivencia, vigente hasta el momento como requisito-obligacin.

      Con esta supresin se pone fin a una forma de discriminacin indirecta de las mujeres, al concentrarse el ejercicio de aquellos derechos significativamente en reclamaciones de pensiones de alimentos y ser las mujeres las titulares de las unidades de convivencia en las que en su mayora viene concurriendo esta circunstancia.

      El mantenimiento de este requisito-obligacin incida negativamente en el acceso de la mujer a la prestacin por causa de un incumplimiento imputable a la otra persona progenitora.

      No hay, por otra parte, efectos perversos anudados a esta medida. Ni los hijos e hijas de quien incumple sus deberes vern agravada su situacin gracias, precisamente, a la prestacin econmica del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, ni se producir menoscabo alguno en las arcas pblicas, al introducirse un mecanismo corrector en el clculo de rendimientos que evitar cualquier riesgo de pasividad en el ejercicio de aquellos derechos.

  5. Los artculos 17, 18 y 19 identifican los colectivos que, por su especial vulnerabilidad, exigen la relajacin de ciertos requisitos de acceso edad y periodo exigible de empadronamiento y residencia efectiva o de uno solo de ellos, segn los casos.

    Se cumple, as, el objetivo fundamental del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin y se atiende, al tiempo, al mandato de la Proposicin no de Ley 95/2016 del Parlamento Vasco, sobre modificacin de la normativa que regula las ayudas sociales, aprobada el 15 de diciembre de 2016, que instaba al Gobierno Vasco a promover un pacto social de amplio consenso que, entre otros contenidos, respondiera a las nuevas situaciones de pobreza generadas por la crisis, revisando las unidades de convivencia y la de cada uno de sus miembros, de manera que se mejore su proteccin y evitando que se puedan cronificar situaciones de emergencia social.

    Se incorporan a los colectivos especialmente protegidos las vctimas de trata de seres humanos y de explotacin sexual, las personas que hayan estado sujetas al sistema de proteccin de menores, las vctimas del terrorismo en un gesto de reparacin histrica, las personas con una discapacidad reconocida de, al menos, el 33 % o con calificacin de dependencia y, de manera novedosa, se prev la proteccin de situaciones sobrevenidas de extrema necesidad, declaradas por el Gobierno Vasco, que demanden la intervencin del Sistema de Garanta de Ingresos.

    Igualmente, se facilita el acceso a la prestacin a las familias con personas menores de edad y adultas con discapacidad reconocida de al menos el 33 % o con calificacin de dependencia, reduciendo a un ao el tiempo exigido de empadronamiento y de residencia efectiva en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi, frente a los tres vigentes en la actualidad.

  6. El artculo 21 contempla una situacin cada vez ms frecuente, cual es la de las personas casadas o con un vnculo anlogo al conyugal que residen en domicilio distinto al de su cnyuge o pareja. No es esta circunstancia impeditiva del acceso o mantenimiento de la prestacin, si bien se exige que la distinta residencia est avalada por causa debidamente justificada, a cuyo efecto la ley establece una relacin de circunstancias justificativas meramente enunciativa.

    La seccin 2. regula las unidades de convivencia, para cuya definicin se ha partido de la realidad sociolgica y de los anlisis prospectivos a medio plazo sobre las caractersticas de los hogares de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

    Segn el estudio del Euskal Estatistika Erakundea-Instituto Vasco de Estadstica sobre familias por tipo y tamao medio, fechado el 28 de febrero de 2018, los modelos porcentualmente ms numerosos en Euskadi son la familia nuclear con hijos e hijas (33,63 %), la familia unipersonal (28,47 %) y la familia nuclear sin descendientes (29,96 %), estando significativamente relegadas otras formas de familia, como las compuestas, ampliadas o polinucleares.

    Por su parte, la proyeccin al ao 2035, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadstica, apunta a una disminucin del tamao medio de personas por hogar en Euskadi, de las actuales 2,38 personas/hogar a las 2,27 personas/hogar en 2035.

    Con base en estos datos, el artculo 25.1 define la unidad de convivencia bsica en torno a la familia con vnculos de parentesco, matrimonial o anlogo al conyugal, reduciendo el grado de consanguinidad y afinidad considerado, que se sita en el segundo grado, por resultar ms ajustado al presente y futuro de las familias vascas.

    En aras de dotar a la definicin de las unidades de convivencia de la necesaria flexibilidad, se permite a aquellas personas residentes en un mismo domicilio que no tengan vnculos de parentesco, conyugal o relacin anloga la libre agrupacin en orden a conformar una nica unidad de convivencia, o bien optar por el mantenimiento de unidades de convivencia unipersonales, aunque en tal caso habrn de someterse a las consecuencias econmicas que se apuntarn al abordar la determinacin de la cuanta de la prestacin.

    Por lo que se refiere a las unidades excepcionales (artculo 26), se incorporan a las ya existentes las personas vctimas de trata de seres humanos y de explotacin sexual y las personas pensionistas.

    Se modifica, por otra parte, la duracin mxima de las unidades excepcionales hasta los tres aos, en sintona con el IMV. Quedan a salvo de esta limitacin, como es lgico, las unidades de convivencia formadas por personas pensionistas, cuya duracin ser indefinida.

    El artculo 28 colma el vaco existente, definiendo la relacin anloga a la conyugal a los efectos de esta ley, en adecuado paralelismo con la Ley 2/2003, de 7 de mayo, Reguladora de las Parejas de Hecho, pero considerando, a su vez, la realidad de las parejas no formalizadas, que deriva en el establecimiento de una presuncin iuris tantum de su existencia a partir de la consideracin de regularidad, normalidad y probabilidad de las distintas formas de convivencia, cuya aplicacin evitar la divisin artificiosa de comunidades de vida estables a los solos efectos de la prestacin, redundando, adems, en beneficio de su gestin y tramitacin.

    Finalmente, se elimina el lmite, hasta ahora fijado reglamentariamente, de un nmero mximo de RGI reconocidas por domicilio, una reivindicacin histrica de las entidades del tercer sector social de Euskadi, propuesta igualmente por el Ararteko en el Estudio sobre jvenes migrantes sin referentes familiares en Euskadi. Diagnstico y propuestas de actuacin, de 18 de marzo de 2021.

    La seccin 3. regula las obligaciones de las personas titulares y beneficiarias, introduciendo cambios relevantes, dirigidos a objetivar el catlogo de obligaciones por su directa conexin con la finalidad a la que sirve la prestacin, eliminando deberes de funcionalidad inexistente o cuya comprobacin exige la intromisin en la esfera privada de titulares y beneficiarias, sin mayor justificacin que el control de ciertas conductas o gastos desde un escrutinio necesariamente discrecional.

    Por su parte, el artculo 30 introduce el deber de comparecencia que, conforme dispone el artculo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, exige su consideracin en norma con rango de ley. Se trata de una medida proporcionada, que encuentra justificacin en el deber de colaboracin de las personas titulares y beneficiarias y en la necesidad de establecer un mecanismo eficaz que permita comprobar, en concurrencia con otros, el requisito de la residencia efectiva, de singular relevancia en aquellos supuestos en los que existan indicios slidos de una percepcin indebida o fraudulenta de la prestacin.

    Se incorporan, en definitiva, deberes dirigidos a garantizar la correcta gestin de la prestacin, posibilitando un adecuado anlisis de la existencia de la necesidad y de su alcance, y otros como colaborar en la valoracin de necesidades, en el diagnstico social y laboral, o estar disponible para el empleo, que nacen del vnculo entre la prestacin y el desarrollo de un itinerario de inclusin, con el nico fin de procurar la superacin de las dificultades de la persona, tal y como ha avalado el Comit Europeo de Derechos Sociales (Digest of the case law, diciembre de 2018).

    El artculo 31, dedicado a la exencin de obligaciones, cierra la seccin, desvinculando el derecho a la prestacin econmica del devenir del proceso de inclusin en aquellos supuestos, debidamente objetivados y calibrados, en los que el compromiso individual con la inclusin est suficientemente contrastado, en los que las condiciones personales o en las que la valoracin realizada por las profesionales y los profesionales de referencia permiten presumir que la exigibilidad de ciertas obligaciones resulta innecesaria, cuando no meramente formal o intil.

    La seccin 4., dedicada a la determinacin de la cuanta, introduce cambios significativos.

  1. La renta mxima garantizada que corresponde a una unidad de convivencia viene determinada, segn dispone el artculo 32, por la suma de determinadas cuantas que se subsumen en conceptos hasta ahora inexistentes:

    1. Cuanta base, regulada en el artculo 33, expresin del gasto mnimo que se dedica en un domicilio unipersonal en Euskadi a la satisfaccin de las necesidades bsicas. Su cuanta, referenciada mensualmente, vendr determinada por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Euskadi, si bien el ao de la entrada en vigor de la ley se har coincidir con el importe de la renta garantizada mensual que corresponda a una persona beneficiaria individual del IMV, lgica consecuencia de la consideracin de esta prestacin como una prestacin suelo, como un mnimo comn.

      La ley garantiza la adecuacin de la prestacin a los estndares europeos, a la par que a las singularidades que pudieran concurrir en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, fijando un lmite infranqueable, en virtud del cual la renta mxima garantizada que corresponda a una persona beneficiaria individual no podr ser inferior a la mayor cuanta que resulte de la tasa de riesgo de pobreza, esto es, al 60 % de la renta mediana equivalente correspondiente al conjunto del Estado, conforme a los datos que publique el Instituto Nacional de Estadstica, o la media ponderada de los umbrales de pobreza de ingresos (mantenimiento) correspondientes a la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, una vez descontados los gastos relativos al alquiler de la vivienda, referida al ltimo ao disponible.

      De este modo, la renta de garanta de ingresos se constituye en una slida red de seguridad, puntal de una vida digna y salvaguarda imprescindible de la ciudadana frente a la trampa del riesgo de pobreza.

    2. Complementos individuales, regulados en el artculo 34.1, que cuantifican el reparto de los gastos de la unidad de convivencia en funcin del nmero de las personas que la integran, tomando como referencia los coeficientes de equivalencia de la unidad familiar que derivan del artculo 6 del Decreto 154/2012, de 24 de julio, sobre el sistema de estandarizacin de la renta familiar en el marco de las polticas de familia, razn por la que se cuantifica el complemento de la persona titular y de la segunda persona adulta integrada en la unidad de convivencia en el 50 % de la cuanta base, y en el 30 % de la misma cantidad los del resto de personas integrantes de esta.

    3. Complementos vinculados a las caractersticas de la unidad de convivencia, regulados en el artculo 34.2, se aplicarn a las unidades de convivencia monoparentales y a las constituidas por vctimas de trata de seres humanos, de violencia de gnero, de explotacin sexual o de violencia domstica, por pensionistas y por personas con una discapacidad igual o superior al 33 %, que no perciban pensin por este motivo. Se atribuye a dichos complementos un valor del 40 % de la cuanta base para las unidades conformadas por pensionistas y del 25 % para el resto.

  2. El artculo 35 regula la determinacin de los periodos computables en el clculo de recursos determinantes del acceso a la prestacin, delimitndolo al mes de la solicitud, y previendo actualizaciones trimestrales de la cuanta, en las que se considerar el conjunto de las rentas e ingresos disponibles en el trimestre considerado.

    Los beneficios anudados a esta frmula son relevantes, tanto desde la perspectiva de la agilizacin de la gestin, y de la erradicacin de ingresos indebidamente percibidos uno de los problemas ms acuciantes que presenta la gestin de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, como desde la proteccin de las personas beneficiarias de la prestacin, que no vern mermada la accin protectora de la RGI.

  3. El establecimiento en el artculo 36 de un ndice corrector para el clculo de la cuanta final de la prestacin en caso de concurrencia de ms de una unidad de convivencia residente en un mismo domicilio, que refleja las economas de escala que se generan en estas circunstancias, en las que inevitablemente existirn gastos compartidos, bien que con una incidencia mesurada en la cuantificacin de la prestacin.

  4. Finalmente, la regulacin de los estmulos al empleo en el artculo 40, de orden ms programtico, apunta un cambio radical en la concepcin de estos incentivos al configurarlos con carcter indefinido, eliminando la desincentivacin de mantenerse en el mercado laboral que deriva de su duracin temporal.

    La seccin 5. regula la suspensin y extincin de la prestacin.

    La ley mantiene el rgimen clsico de la suspensin y extincin de la prestacin desvinculado del ejercicio de la potestad sancionadora, que ha recibido el aval de la jurisprudencia.

    El mantenimiento de aquellas categoras conceptuales se rodea, tambin, de modificaciones en su rgimen jurdico:

  1. Los artculos 43 y 44 introducen un mecanismo indito de proteccin de las familias.

    Se trata de la suspensin parcial del pago de la prestacin en caso de residencia efectiva fuera de la Comunidad Autnoma en un determinado espacio temporal, de ocupacin de una plaza de un servicio residencial de carcter social, sanitario o sociosanitario de carcter temporal, financiada en su integridad con fondos pblicos, o de incumplimiento de determinadas obligaciones. De este modo, la suspensin solo afectar a los complementos individuales, a los que podrn sumarse los vinculados a las caractersticas de la unidad de convivencia, segn los casos.

  2. El artculo 45, adems de abordar la suspensin por incumplimiento de obligaciones, regula por primera vez los supuestos en que se entienden justificadas una reduccin de jornada o excedencia voluntaria, o el rechazo, abandono o absentismo de un curso de formacin para el empleo o de la participacin en un proceso de seleccin para el empleo. El artculo 48 identifica, de modo paralelo, los casos en que se consideran justificados el rechazo de una oferta de empleo o el cese voluntario de la actividad laboral.

    Se trata de una regulacin que, por su carcter tcnico y casustico, hace especialmente oportuna la intervencin reglamentaria, tal y como se prev en la disposicin final tercera, si bien su insercin en la ley aporta seguridad y garantiza, a la vez, la necesaria coherencia del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin con las polticas de conciliacin de la vida familiar y laboral que vienen impulsndose desde los distintos niveles institucionales.

  3. El artculo 46, dedicado a los efectos de la suspensin, determina el tiempo de duracin y la fecha de efectos y de finalizacin de aquella.

  4. El artculo 47, referido a la suspensin cautelar de la prestacin, contempla por vez primera la imposibilidad de que aquella pueda afectar a la cuanta base de la prestacin, en caso de ausencia de recursos, o a la cuanta resultante si los hubiera, cuando la unidad de convivencia que se ve afectada por la medida cautelar integre menores de edad.

    Se atiende as al inters superior de la persona menor de edad, un principio que vertebra la ley y que resulta especialmente evidente en la definicin de medidas que tratan de atemperar los efectos de los actos de gravamen cuando las personas menores pudieran verse afectadas.

  5. Los artculos 48 y 49 relacionan los supuestos determinantes de la extincin del derecho a la prestacin y sus efectos.

    A la prdida de la prestacin propia de la extincin se sumar la imposibilidad de solicitarla nuevamente durante un ao, en el caso de la generalidad de los incumplimientos determinantes de la extincin de la RGI, y de dos, si la extincin trae causa de inexactitudes, falsedades u omisiones de carcter esencial en la declaracin responsable y otras circunstancias vinculadas a estas, que evidencien la improcedencia de la prestacin reconocida.

    Se trata de una previsin que relaciona, desde parmetros de estricta proporcionalidad, la confianza que la Administracin deposita en las declaraciones de las personas solicitantes y las consecuencias de su prdida por causa imputable a las titulares o beneficiarias de la prestacin.

  6. Finalmente, el artculo 50 cierra la seccin regulando los efectos de la extincin de la prestacin cuando en la unidad de convivencia se integren personas menores de edad. Este precepto encuentra razn de ser en lo dispuesto en el artculo 2 de la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que impone a las instituciones, pblicas o privadas, a los tribunales y a los rganos legislativos la valoracin y consideracin como primordial del inters superior del menor sobre cualquier otro inters legtimo que pudiera concurrir.

    El captulo III, dedicado a las AES, completa el dispositivo econmico del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin. Se articulan como ayudas de naturaleza subvencional, destinadas a personas que disponen de un nivel de recursos insuficiente para hacer frente a gastos especficos, de carcter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginacin social.

    Su regulacin no introduce cambios significativos respecto a la Ley 18/2008, ms all de los que precisan la adaptacin a la configuracin de las unidades de convivencia contempladas en esta ley y la consideracin del conjunto de recursos de las personas beneficiarias, que resultan comunes a la RGI.

    El captulo IV regula el rgimen econmico de las prestaciones y ayudas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin de modo paralelo al establecido en la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social, si bien introduce tres novedades:

    1. La regulacin del rgimen de reintegro de prestaciones y ayudas indebidamente percibidas, contenida en los artculos 64 y 65 de la ley, que establece la regla de la ejecutividad del deber de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas una vez sea firme en va administrativa la resolucin que lo declara, as como la preferencia del pago por compensacin, por resultar ms ajustada a la situacin de vulnerabilidad econmica en que se hallan muchas de las personas deudoras que continan siendo titulares o beneficiarias de las prestaciones.

      Se trata de dos medidas informadas por el derecho a una buena administracin.

    2. La previsin de responsabilidad solidaria de las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, y de quienes, en virtud de hechos, omisiones, negocios o actos jurdicos, participen en la obtencin de una prestacin de forma fraudulenta.

    3. El artculo 66 define el rgimen de prescripcin de prestaciones indebidamente percibidas reduciendo el plazo a dos aos, ms ajustado a la singular posicin de las personas destinatarias de las prestaciones del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin. Esta previsin trata de conjugar, desde parmetros de proporcionalidad, la proteccin del inters pblico, vinculada a la integridad de la Hacienda General del Pas Vasco, con la de otros principios e intereses concurrentes, como el de seguridad jurdica, del que se infiere la procedencia de eliminar la incertidumbre derivada del establecimiento de plazos muy prolongados para el reconocimiento y cobro de los derechos de la hacienda sin que los rganos competentes desplieguen una actuacin dirigida a hacerlos efectivos; un inters singularmente protegible en los casos en que las personas se hallen en situacin de vulnerabilidad.

      Resulta contrario a la equidad que la falta de ejercicio de las acciones durante un tiempo extenso termine incidiendo en la situacin econmica de quienes estn en una situacin de exclusin o de riesgo de padecerla.

      La reduccin del plazo de prescripcin a dos aos permite el adecuado equilibro en la proteccin de los intereses en conflicto, abocando a la Administracin a una gestin eficaz conforme dispone el artculo 103 de la Constitucin y resulta respetuosa con el artculo 44 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del Pas Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre.

      Por otra parte, el artculo establece el dies a quo del cmputo del plazo de prescripcin y la relacin de los supuestos en que aquel se interrumpe, en claro beneficio de la seguridad jurdica.

      El ttulo III, dedicado a los procedimientos, est integrado por cuatro captulos.

      El captulo I, dedicado a disposiciones generales, regula la competencia para la tramitacin y reconocimiento de las prestaciones y ayudas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, los principios informadores del procedimiento, los derechos de las personas en el marco de los procedimientos vinculados a las prestaciones y ayudas previstos en esta ley, el derecho a relacionarse por medios electrnicos y las notificaciones y comunicaciones electrnicas.

      Este captulo ilustra la evolucin y el cambio que pretende imprimirse a la gestin del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, agilizando la tramitacin de las prestaciones y ayudas y orientando su actuacin al servicio de la ciudadana.

      La ley recoge los principios y derechos que derivan de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, y proclama el derecho a la buena administracin, en lnea con lo dispuesto en el artculo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unin Europea (2010/C 83/02) y en la normativa reguladora del sector pblico vasco.

      Aquel derecho ha venido adquiriendo en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unin Europea y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo un protagonismo notable en los ltimos aos, alumbrando un cuerpo doctrinal en torno a l que obliga a reconsiderar los modos de actuacin de la Administracin a partir de un nuevo paradigma que aboga por el cuidado y diligencia debidas, excluye la gestin negligente y va ms all de la mera observancia del procedimiento y de sus trmites.

      El artculo 69 concreta el significado del derecho a la buena administracin que habr de guiar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el ejercicio de sus competencias, atendiendo, precisamente, al singular contexto en que se desarrollan los procedimientos de reconocimiento y control de las prestaciones del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

      El artculo 70 regula el derecho a relacionarse por medios electrnicos, garantizando la accesibilidad de los servicios electrnicos, salvaguardando el derecho a la no exclusin digital, en el que se reconoce a las entidades del tercer sector social de Euskadi un papel en la transformacin hacia un entorno cada vez ms digital, y apostando por la alfabetizacin digital de las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones del Sistema, en lnea con la reciente Comunicacin de la Comisin Europea al Parlamento, al Consejo, al Comit Econmico y Social Europeo y al Comit de las Regiones. Brjula digital 2030: el camino europeo para la dcada. COM (2021) 118 final, de 9 de marzo de 2021.

      El captulo II, dedicado al reconocimiento de las prestaciones, se estructura en dos secciones: la primera, dedicada al procedimiento, regula el inicio, la subsanacin, la instruccin y la resolucin, y contiene una regulacin precisa de los modelos normalizados de solicitud; la segunda, referida a las declaraciones responsables, supone una importante novedad de esta ley.

      Refleja el mximo reconocimiento de la confianza en las personas destinatarias del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin y, tambin, la asuncin por estas de una responsabilidad plena vinculada a la trascendencia de los efectos de aquella declaracin.

      Las declaraciones responsables facilitan el acceso gil a la prestacin de todas aquellas personas que se hallen en una situacin acuciante, salvaguardando paralelamente los intereses pblicos ya que, en torno a las mismas, se generan importantes dinmicas de control dirigidas a evitar menoscabos en el Sistema, estableciendo rigurosas consecuencias derivadas de la falsedad, inexactitud esencial o cualquier otra circunstancia anudada a la declaracin responsable que evidencie la improcedencia del reconocimiento de la prestacin.

      Las declaraciones responsables son una pieza imprescindible para el desarrollo electrnico del Sistema, como lo son los intercambios de informacin con otras administraciones pblicas. Justamente, la funcionalidad de aquellas se despliega, tal y como establece el artculo 79.3, cuando los documentos necesarios para completar la solicitud no puedan comprobarse de forma telemtica o no obren en poder de la Administracin.

      Los efectos de la declaracin responsable se regulan en el artculo 80, reconociendo la prestacin con efectos desde el primer da del mes siguiente al de su presentacin, sin perjuicio de las facultades de control e inspeccin que pueda desplegar Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. En todo caso, la declaracin responsable no surtir aquel efecto si de la comprobacin de la documentacin que obre en poder de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de la que hubiera aportado la persona solicitante o de la que pudiera obtenerse mediante sistemas de intercambio de informacin se pusiera de manifiesto el incumplimiento de alguno de los requisitos de acceso al derecho a la prestacin.

      El captulo III regula los procedimientos de actualizacin de cuanta y control de las prestaciones.

      Lo ms significativo del primero de ellos es que somete todos los reconocimientos de la RGI a una revisin trimestral para determinar la cuanta que corresponder en el trimestre siguiente. Se cuida el procedimiento de calibrar los periodos considerados, debidamente dimensionados a las posibilidades de gestin de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, establecindose seguidamente las consecuencias del silencio administrativo.

      Por otra parte, el procedimiento de control, cuyo objeto es la comprobacin del cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y de las integrantes de la unidad de convivencia, no presenta novedades significativas, ms all de establecer la periodicidad con que habr de llevarse a cabo.

      La ley prev en su artculo 86 la utilizacin de sistemas de inteligencia artificial en el control de las prestaciones; lo hace consciente del protagonismo que adquirirn en el quehacer de la totalidad de las administraciones pblicas en los prximos aos y desde el compromiso declarado de un uso tico de aquellos.

      La regulacin parte de las consideraciones del documento Directrices ticas para una IA fiable, publicado el 8 de abril de 2019; del Libro Blanco de la Comisin Europea sobre la inteligencia artificial un enfoque europeo orientado a la excelencia y la confianza. COM (2020) 65 final, de 19 de febrero de 2020; de estudios doctrinales sobre la aplicacin de la inteligencia artificial al Derecho administrativo, al control de la Administracin pblica o sobre las garantas frente al uso de la inteligencia artificial (los desarrollados por los profesores Alejandro Huergo, Susana de la Sierra o Lorenzo Cotino, por poner algunos ejemplos); as como de los incipientes pronunciamientos judiciales sobre la materia sentencias del Consejo de Estado italiano n. 2270, de 8 de abril de 2019, y n. 8472, de 13 de diciembre de 2019, y la ms reciente del Tribunal de Distrito de la Haya, de 5 de febrero de 2020.

      Ms recientemente, la Carta de Derechos Digitales, presentada el 14 de julio de 2021, ha servido, tambin, para precisar el alcance del derecho a relacionarse por medios electrnicos y fijar los parmetros de utilizacin de sistemas de inteligencia artificial en el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

      El captulo IV, dedicado a la proteccin de datos de carcter personal y al suministro de informacin, proclama el respeto a la legislacin de proteccin de datos y la confidencialidad de los datos de todas las personas que consten en los expedientes para la gestin de las prestaciones del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, y detalla la informacin precisa para la adecuada gestin de aquellas, en una expresin de mxima transparencia y, tambin, de la responsabilidad de todas las administraciones y entidades pblicas en el deber de colaboracin para el adecuado ejercicio de las competencias que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tiene atribuidas.

      Igualmente, se aborda el deber de suministro de informacin de las personas fsicas o jurdicas privadas y de las entidades sin personalidad jurdica, y se identifica la informacin relevante que podr solicitarse, as como las garantas que habrn de rodear aquella solicitud.

      El ttulo IV, dedicado a la potestad de inspeccin y a la potestad sancionadora, cierra el abanico de controles a los que se someten las prestaciones econmicas y ayudas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin. El ttulo se estructura en dos captulos.

      El captulo I tiene por objeto la potestad inspectora, cuya regulacin sigue los parmetros clsicos de vigilancia y control de la normativa en una contribucin decisiva a la preservacin de los fundamentos del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, de los derechos de las personas titulares y beneficiarias, y de la correccin y ajuste de las prestaciones a los parmetros normativos de acceso y mantenimiento.

      La inspeccin es un servicio esencial en el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, que culmina el conjunto de medidas que garantizarn su sostenibilidad y legitimidad.

      El artculo 96 prev la aprobacin anual del plan de asistencia, inspeccin y control, cuyo objeto ser la prevencin, investigacin y control de incumplimientos, as como la promocin del cumplimiento voluntario de las obligaciones para el reconocimiento y percepcin de prestaciones del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

      Por lo dems, las funciones y facultades que se atribuyen a la inspeccin de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a que se refieren los artculos 93 y 94 son las necesarias en garanta de la preservacin del cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y en la normativa que la desarrolle.

      El captulo II est dedicado a la potestad sancionadora. El artculo 99 regula la responsabilidad por la comisin de las infracciones previstas en la ley, estableciendo la responsabilidad de las personas mayores de 16 aos, en debida correlacin con la posibilidad de acceder al trabajo prevista en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, atendiendo a la funcionalidad del empleo como uno de los ejes sobre los que esta ley vertebra la inclusin de las personas.

      El elenco de infracciones previsto en los artculos 100 a 102, calificadas en leves, graves y muy graves, es fiel reflejo de los bienes jurdicos protegidos y de la reprochabilidad que deriva de su vulneracin y menoscabo.

      Las sanciones incorporan tres novedades fundamentales:

    1. La primera, relacionada con la eliminacin de las sanciones de multa para las infracciones ms graves cometidas por personas titulares o beneficiarias de las prestaciones y ayudas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, si bien se anuda a aquellas, en proporcionada correspondencia con la gravedad de la infraccin, la extincin de las prestaciones y del cobro de las ayudas de emergencia social y, en su caso, la devolucin de las percibidas, as como la imposibilidad de acceder a ellas durante un tiempo que oscila entre el ao y medio y los tres aos, que podr ampliarse hasta los cinco en circunstancias de singular gravedad.

      En la determinacin de los efectos vinculados a la sancin de extincin de la prestacin se ha atendido, igualmente, al superior inters del menor, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 2 de la citada Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero.

    2. La segunda, vinculada a la previsin de un catlogo de sanciones para aquellas personas responsables que no sean titulares o beneficiarias de las prestaciones del Sistema.

    3. La tercera, previendo la posibilidad de que las personas responsables mayores de diecisis aos y menores de dieciocho puedan sustituir las sanciones establecidas en el artculo 103, siempre con su expreso consentimiento, por prestaciones de inters social que se prolongarn en periodos ajustados a la minora de edad, respetando, as, el principio de legalidad en materia sancionadora.

      Se ha considerado que las prestaciones de inters social, por su finalidad educativa, resultan especialmente adecuadas para las personas menores de edad.

      El ttulo V regula los instrumentos y servicios orientados a la inclusin social y laboral. Los cuatro captulos que lo integran abordan, respectivamente, las disposiciones generales relativas a estos servicios, las herramientas establecidas para el diagnstico social y laboral y la valoracin de necesidades de las personas beneficiarias, el PIPEI, y los programas y servicios de inclusin laboral y social.

      En lo que se refiere a las disposiciones generales, contenidas en el captulo I, la principal novedad radica en la asignacin del profesional o de la profesional de referencia, que, en los casos de las personas destinatarias de servicios de insercin laboral, se asignar por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

      Para las personas que, en funcin de sus necesidades, sean destinatarias de servicios sociales se estar a lo que disponga su normativa reguladora. Se establece, tambin, la posibilidad de que las entidades del tercer sector social de Euskadi puedan ser reconocidas como colaboradoras en los procesos de inclusin laboral y social de las personas beneficiarias, en trminos similares a los previstos en el artculo 10 de la Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi.

      El captulo II introduce la aplicacin, con carcter inmediato, de una herramienta de triaje dirigida a detectar las necesidades de las personas beneficiarias e identificar los sistemas que han de intervenir en su diagnstico, que habr de incorporar la prescripcin del servicio de la cartera de los servicios sociales o del programa de activacin de empleo que, en su caso, resulte procedente.

      El PIPEI, regulado en el captulo III de este ttulo, reemplaza al convenio de inclusin activa existente hasta el momento. Al objeto de focalizar la intervencin individualizada, las personas titulares y beneficiarias de la prestacin de garanta de ingresos estarn obligadas a negociar y suscribir este programa cuando se cumpla un ao del acceso a la RGI, sin perjuicio de ofrecer este instrumento de insercin a todas las personas beneficiarias del IMV.

      A partir de ese momento, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo asignar un profesional o una profesional de referencia que se encargar del impulso, negociacin, suscripcin, seguimiento y evaluacin del PIPEI. En los casos en que su elaboracin ponga de manifiesto la necesidad de priorizar la intervencin en servicios sociales, el profesional o la profesional de referencia se situar en este sistema.

      En cualquier caso, la ley apuesta por una intervencin inmediata para el logro del objetivo de la inclusin, bien que a travs de instrumentos diversos que culminarn, llegado el caso, en el PIPEI.

      El captulo IV regula los programas y servicios de inclusin laboral y social, que consisten en los programas de apoyo individualizado para la mejora de la empleabilidad ofrecidos, con carcter garantizado, desde Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, como en otros programas y servicios de las administraciones pblicas vascas orientados a la inclusin.

      Destaca la previsin contenida en el artculo 121.2.b), en cuya virtud, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo se compromete, en el marco del PIPEI y siempre a la luz del diagnstico laboral, a garantizar a las personas destinatarias del mismo la intermediacin laboral en el mercado laboral ordinario o mediante programas subvencionados pblicamente, ajustada a sus caractersticas y, al menos, una actividad formativa adecuada anual, que permita la acreditacin de los resultados del aprendizaje.

      Los ttulos VI y VII, dedicados, respetivamente, a la planificacin y desarrollo del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, y al rgimen competencial y financiacin del citado Sistema, mantienen, en esencia, la regulacin hasta ahora vigente.

      El haz de competencias que se atribuyen al Gobierno Vasco, a las diputaciones forales y a los ayuntamientos es respetuoso con el Estatuto de Autonoma, con la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relaciones entre las Instituciones Comunes de la Comunidad Autnoma y los rganos Forales de sus Territorios Histricos, y con la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

      En relacin con esta ltima, cabe sealar que el mantenimiento, en esencia, de facultades atribuidas actualmente a los municipios encuentra razn de ser en la legislacin de servicios sociales, en la que se imbrican buena parte de las atribuciones vinculadas a la inclusin (informacin, valoracin, diagnstico y orientacin de las personas, elaboracin del diagnstico social y del plan de atencin personalizada, etctera), en la que esta ley no interfiere, ni introduce modificacin alguna.

      Por lo dems, se reconocen a los municipios facultades de planificacin en el mbito de la inclusin e importantes atribuciones en materia de ayudas de emergencia social, sin menoscabo de la competencia de accin directa que corresponde al Gobierno Vasco en esta materia, en particular en los aspectos relativos a la financiacin de estas prestaciones. Se reserva el reconocimiento y gestin de la renta de garanta de ingresos a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, tal y como deriva de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, pues solo a nivel autonmico podr garantizarse la necesaria homogeneidad en la definicin del derecho de contenido econmico y solo una gestin a idntico nivel servir de adecuada garanta para un reconocimiento y gestin uniformes que, de otro modo, no podra conseguirse.

      El ttulo VIII, dedicado a la cooperacin, coordinacin y participacin, regula la Comisin Interinstitucional para la Inclusin, como mximo organismo de colaboracin entre las administraciones pblicas vascas, configurando el Consejo Vasco para la Inclusin, como rgano consultivo y de participacin.

      Por ltimo, el ttulo IX regula la evaluacin del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin y el rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin, expresin del compromiso de la ley con la transparencia y la rendicin de cuentas.

      El Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin ser objeto de una evaluacin de funcionamiento, de resultados, de calidad, de impacto de las estructuras de gestin y de sus componentes con periodicidad bienal, como establece el artculo 146.

      A tal fin, se atribuye la evaluacin a un rgano independiente a cuya regulacin se dedica el captulo II.

      Con la creacin de dicho rgano se profundiza en la cultura de la evaluacin como el medio ms adecuado para la mejora de la calidad en las mltiples reas de la actividad que inciden en el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, a la par que se contribuye a la obtencin y canalizacin de un flujo constante de informacin a la sociedad, en un marco de transparencia que estimular la mejora del rendimiento de aquel Sistema.

      Al tiempo, el rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin servir a los poderes pblicos concernidos para la ms adecuada planificacin y desarrollo de sus competencias y a los rganos de cooperacin y participacin para la optimizacin y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, en tanto habrn de tener en cuenta el resultado de la evaluacin que lleve a cabo aquel rgano y motivar el apartamiento de sus recomendaciones.

      El rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin se configura como un rgano administrativo especializado que, en el desarrollo de sus funciones, actuar con plena objetividad e independencia funcional y que tiene como mbito de competencia la evaluacin, la promocin de la innovacin y de la investigacin en materia garanta de ingresos e inclusin.

      La importancia de los recursos pblicos aplicados al Sistema exige una dacin de cuentas permanente y la garanta de que las polticas desplegadas son eficaces, se ajustan a los parmetros exigibles de sostenibilidad y redundan en beneficio de toda la sociedad. A tal fin, el rgano se constituye en un instrumento imprescindible para el desarrollo y mejora continua de las capacidades de intervencin en la prevencin y erradicacin de la exclusin por parte de las administraciones pblicas vascas.

      La ley se completa con siete disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una disposicin derogatoria y cuatro disposiciones finales.

      La disposicin adicional primera determina la regla para establecer la cuanta base en el momento de entrada en vigor de la ley, en tanto aquella se constituye en el parmetro fundamental para la cuantificacin de la RGI.

      Las disposiciones adicionales segunda y tercera introducen mandatos para garantizar la efectividad de las previsiones del ttulo V de la ley, posibilitando, de un lado, la interoperabilidad e interconexin de los sistemas de garanta de ingresos y de servicios sociales y, de otro, la elaboracin de la herramienta de triaje para la realizacin de la valoracin inicial de situacin y de necesidades de las personas usuarias, que permitir el desarrollo de un itinerario de inclusin debidamente focalizado a partir de los diagnsticos laboral y social, cuando sean necesarios.

      La disposicin adicional cuarta ordena la realizacin de un estudio para su remisin al Consejo Vasco de Finanzas que profundice en la deseable integracin de las polticas fiscales y de garanta de ingresos. Finalmente, las disposiciones adicionales quinta y sexta se refieren, respectivamente, al inicio de la actividad del rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin y a la transferencia directa de las cantidades asignadas para las AES a diputaciones o entidades de carcter supramunicipal.

      Por su parte, la disposicin transitoria primera determina el rgimen aplicable a las solicitudes de la RGI y de las AES que se encuentren en tramitacin a la entrada en vigor de esta ley.

      La disposicin transitoria segunda garantiza el reconocimiento y percepcin de la prestacin complementaria de vivienda en tanto no se aprueben las disposiciones reglamentarias que desarrollen la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en relacin con el derecho subjetivo de acceso a la ocupacin legal de una vivienda y el establecimiento del sistema de prestaciones econmicas que, con carcter subsidiario, satisfaga aquel derecho, garantizando, a su vez, un trnsito razonable de una prestacin a otra.

      La disposicin transitoria tercera prev la aplicacin de la Orden de 14 de febrero de 2001, del consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen los estmulos al empleo de los titulares de la renta bsica y de los beneficiarios de las ayudas de emergencia social, en tanto no se desarrolle el reglamento previsto en el artculo 40, sin que pueda sujetarse a periodo mximo de duracin.

      Por su parte, las disposiciones transitorias cuarta y quinta regulan el rgimen de la Comisin Interinstitucional para la Inclusin y del Consejo Vasco para la Inclusin hasta la aplicacin definitiva de las normas que prevn los artculos 142 a 145. La disposicin transitoria sexta regula la situacin jurdica de quienes tuvieran reconocidas las prestaciones econmicas del Fondo de Bienestar Social a la entrada en vigor de la ley, manteniendo la aplicacin del Decreto 129/1986, de 26 de mayo, por el que se regulan las pensiones del Fondo de Bienestar Social de la Comunidad Autnoma de Euskadi a ancianos e incapacitados para el trabajo.

      Finalmente, la disposicin transitoria sptima aborda la aplicacin gradual de los artculos 25; 26; 28; 35.1.b), 2 y 3; y 82. Estos preceptos versan sobre dos de las principales novedades de la ley: de un lado, la configuracin de las unidades de convivencia y, de otro, la actualizacin peridica de las cuantas de la RGI.

      La disposicin ordena, desde parmetros objetivos, el calendario de actualizacin de la cuanta de aquellas prestaciones que estuvieran reconocidas a la entrada en vigor de la ley, as como el modo en que se irn adaptando las prestaciones a la nueva formulacin de las unidades de convivencia, estableciendo los efectos que pudieran derivar de aquella aplicacin, singularmente, la aparicin de nuevas unidades de convivencia. En este sentido, se prev la actuacin de oficio de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en pos de su reconocimiento, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

      La necesidad de establecer una aplicacin gradual de los preceptos citados responde al mandato del artculo 103 de la Constitucin, que impone la eficacia como principio ordenador de la actuacin de las administraciones pblicas, de forma que estas han de procurar la consecucin de los objetivos establecidos, atendiendo, como es obvio, a su capacidad para lograrlos.

      Se ha utilizado un criterio temporal para dirigir el trnsito a la aplicacin plena de la ley, parmetro objetivo que respeta las exigencias del principio de igualdad, transparente para las personas interesadas y susceptible de control. Las posibles diferencias que puedan surgir de la aplicacin de la disposicin resultarn justificadas a la luz de la doctrina constitucional sobre el principio de igualdad pues, aun admitiendo que los supuestos de hecho sobre los que se proyecta la aplicacin progresiva de determinados preceptos de la ley pudieran ser idnticos, la finalidad que se persigue es legtima, al tratar de evitar retrasos en la tramitacin de los procedimientos, cuando no el colapso del servicio por efecto de una aplicacin simultnea de la ley a la totalidad de los expedientes ms de 50.000; en todo caso, la disposicin supera el juicio de proporcionalidad.

      Se procura, en definitiva, un funcionamiento ptimo de los servicios concernidos, manteniendo a las personas titulares y beneficiarias de la RGI en el nterin, hasta la plena aplicacin de la ley, en la plenitud de sus derechos.

      La disposicin derogatoria identifica expresamente las normas que esta ley deroga.

      La disposicin final primera, de modificacin de la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, especifica los sistemas de identificacin y firma de las personas usuarias en sus relaciones con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y los criterios para su eleccin. Las disposiciones finales segunda y tercera se dedican, respectivamente, al desarrollo reglamentario y a la deslegalizacin de determinados artculos de la ley. Por ltimo, la disposicin final cuarta establece el plazo de entrada en vigor de la ley.

La presente ley tiene por objeto regular el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, que se dirige a prevenir el riesgo de exclusin de las personas, a paliar situaciones de exclusin personal, social y laboral, a garantizar el desarrollo de una vida digna y a promover la plena inclusin en la sociedad de quienes carezcan de suficientes recursos personales, laborales, sociales o econmicos.

  1. El Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin es el conjunto de estructuras, prestaciones y servicios necesarios para promover y desarrollar la poltica de inclusin.

  2. La estructura del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin se integra por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por los servicios sociales y, cuando sea preciso, por los servicios de educacin, salud y vivienda.

El Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin est informado por los siguientes principios:

  1. Doble derecho. Se reconoce el derecho subjetivo a las prestaciones pblicas de naturaleza econmica, cuyo objeto es hacer frente con suficiencia a las necesidades bsicas de la vida, y a los instrumentos y servicios dirigidos a garantizar apoyo personalizado en orden a la inclusin laboral y social.

  2. Universalidad. Todas las personas que renan los requisitos y condiciones exigidos en esta ley, y en aquellas a las que remite, tendrn acceso a las prestaciones reguladas en ellas.

  3. Igualdad y equidad. Las administraciones pblicas vascas garantizarn, en el marco de sus competencias, el acceso a las prestaciones y ayudas previstas en esta ley en condiciones de igualdad, con arreglo a criterios de equidad, sin discriminacin alguna asociada a condiciones personales o sociales, y de forma homognea en todo el territorio de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  4. Solidaridad. El Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin promover la colaboracin y corresponsabilidad de toda la ciudadana en la consecucin de los objetivos de inclusin laboral y social, de autonoma y participacin social de ciudadanas y ciudadanos.

  5. Integracin de la perspectiva de gnero. El Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin contribuir, en coherencia con el conjunto de las polticas pblicas vascas, al objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres y, en particular, de prevenir y paliar la mayor incidencia de la pobreza y la exclusin en la poblacin femenina.

  6. Proteccin de la infancia. El Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin contribuir, en coherencia con el conjunto de las polticas pblicas vascas, a prevenir y paliar la incidencia de la pobreza en la infancia.

  7. Reconocimiento del empleo. El Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin garantizar que la incorporacin al mercado de trabajo sea siempre una opcin prioritaria a la simple percepcin de las prestaciones econmicas previstas en la presente ley.

  8. Transversalidad de la poltica para la inclusin. El Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin garantizar la intervencin, cuando sea preciso, de otros sistemas sectoriales, como el de servicios sociales, salud, educacin y vivienda, a fin de procurar una inclusin real y efectiva de las personas titulares y beneficiarias.

  9. Atencin personalizada, especializada, flexible, integrada y continua.

  10. Accesibilidad universal. Es la condicin que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, as como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma ms autnoma y natural posible.

  11. Calidad y optimizacin de recursos. El funcionamiento del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin responder a criterios de calidad, de aprovechamiento ptimo de los recursos y de mejora continua de los procedimientos.

  12. Coordinacin e implicacin de todas las administraciones vascas. En el marco del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, las administraciones pblicas vascas actuarn de acuerdo con los principios de coordinacin y cooperacin, prestndose el apoyo mutuo y facilitndose la informacin y colaboracin necesarias para la efectiva aplicacin de las previsiones de esta ley.

  1. Participacin. El Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin promover la participacin de las personas usuarias, de las entidades del tercer sector social de Euskadi y del conjunto de la ciudadana en los procesos de inclusin social y laboral.

  2. Evaluacin. El funcionamiento del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin estar sujeto a evaluacin.

  3. Transparencia y publicidad activa. La informacin pblica referida al Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin ser accesible, y solo podr ser limitada para proteger derechos e intereses legtimos de acuerdo con esta u otras leyes. Asimismo, las estructuras que conforman dicho sistema difundirn la informacin que obra en su poder de forma veraz, actualizada, objetiva, comprensible y gratuita, sin perjuicio de los lmites que deriven de la proteccin de otros derechos.

El Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin garantizar, de conformidad con los principios a que se refiere el artculo anterior, un modelo de atencin profesional, personalizada, flexible, integrada, continua, que se beneficie de los avances tecnolgicos, que garantice la atencin presencial cuando sea requerida, que ofrezca un enfoque inclusivo, comunitario y de proximidad y que otorgue prioridad a las actuaciones de prevencin, as como a la atencin en el entorno habitual, siempre que resulte posible y conveniente.

El Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin est integrado por los siguientes componentes:

  1. Prestaciones econmicas y ayudas de emergencia social.

  2. Instrumentos y servicios orientados a la inclusin laboral y social.

  1. Las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin son las siguientes:

    1. Renta de garanta de ingresos.

    2. Ingreso mnimo vital, en los trminos que disponga la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mnimo vital, o la norma que la sustituya y la que se dicte en su desarrollo.

  2. Las ayudas de emergencia social se destinan a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos especficos, ordinarios o extraordinarios, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de exclusin social.

Los instrumentos y servicios orientados a la inclusin laboral y social del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin son los siguientes:

  1. Herramientas de valoracin de situacin y de necesidades.

  2. Programa Integrado y Personal de Inclusin.

  3. Servicios de apoyo y mejora de la empleabilidad.

  4. Servicios de apoyo y mejora de la inclusin social.

  5. Otras medidas especficas de intervencin en el marco del Programa Integrado y Personal de Inclusin.

  1. Son titulares de las prestaciones econmicas y de las ayudas de emergencia social las personas a las que se les reconozcan, de acuerdo con lo establecido en esta ley y en la normativa reguladora del ingreso mnimo vital.

    Son titulares de los instrumentos y servicios orientados a la inclusin laboral y social las personas destinatarias de la valoracin inicial de situacin y de necesidades, quienes suscriban el Programa Integrado y Personal de Inclusin y sean destinatarias de los servicios de apoyo y mejora de la empleabilidad, de los servicios de apoyo y mejora de la inclusin social o de las medidas especficas de intervencin.

  2. Son beneficiarias las personas integrantes de la misma unidad de convivencia que la persona titular de las prestaciones econmicas. En caso de unidades de convivencia unipersonales, la persona titular ser, a su vez, beneficiaria de las prestaciones y servicios.

    En los instrumentos y servicios orientados a la inclusin laboral y social y en las ayudas de emergencia social coincidirn la persona titular y beneficiaria.

  3. Son perceptoras las personas que reciban el abono de las prestaciones econmicas y de las ayudas de emergencia social. Con carcter general, el pago se realizar a quien ostente la titularidad de las prestaciones y ayudas.

    Reglamentariamente se determinarn los supuestos en que pueda realizarse el pago a persona distinta de la titular. Proceder, en todo caso, cuando lo soliciten las personas integrantes de las unidades de convivencia a que se refiere el artculo 25.2 y as lo acuerde el rgano competente.

  1. Se reconoce a las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones econmicas, ayudas, instrumentos y servicios del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin los siguientes derechos:

    1. Ser tratadas con respeto y correccin en un clima de seguridad y confianza con las profesionales y los profesionales que las atienden.

    2. Obtener informacin completa, veraz, continuada, comprensible, accesible y suficiente sobre las prestaciones econmicas, las ayudas de emergencia social, los instrumentos y servicios orientados a la inclusin laboral y social, las necesidades diagnosticadas, as como sobre la evolucin del proceso de inclusin.

    3. Garantizar el derecho a entender y a ser entendidas de las personas con discapacidad que comparezcan ante las administraciones competentes para el reconocimiento y tramitacin de las prestaciones, ayudas y servicios del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

      En particular, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo garantizar la utilizacin de un lenguaje claro, sencillo y accesible en todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, ya sean orales o escritas, teniendo en cuenta sus caractersticas personales y sus necesidades, pudiendo realizar la comunicacin a quien preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurdica. Cuando la eficacia de un acto administrativo est supeditada a la notificacin, esta se ajustar a lo dispuesto en la legislacin de procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas.

      Se facilitar a las personas con discapacidad la asistencia o apoyos necesarios para que puedan hacerse entender, en los trminos que reglamentariamente se establezcan.

    4. Recibir una atencin personalizada especializada, integrada, temprana y flexible, en la que se consideren los aspectos individuales, familiares y comunitarios.

    5. Recibir las prestaciones, ayudas y servicios con respeto a la confidencialidad, a la dignidad e intimidad de la persona y a la proteccin de sus datos personales, garantizando, en todo caso, sus derechos y libertades fundamentales.

    6. Participar en el diseo y programacin de los servicios de inclusin en los trminos previstos en esta ley y elegir libremente entre las opciones que le presente el profesional o la profesional de referencia.

    7. A la asignacin de un profesional o una profesional de referencia, que asumir la interlocucin con las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones y con los servicios de inclusin.

    8. Pedir la sustitucin de la profesional o del profesional de referencia, en los trminos que reglamentariamente se establezcan.

    9. Realizar sugerencias y reclamaciones.

    10. Escoger la lengua oficial en la que deseen relacionarse, sin que su uso pueda comportar discriminacin alguna, de acuerdo con la legislacin de normalizacin del uso del euskera.

    11. Los dems previstos en la legislacin de procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas y del sector pblico vasco.

  2. En el marco de la transversalidad de la poltica para la inclusin y de acuerdo con lo que disponga la normativa sectorial respectiva, las administraciones pblicas vascas promovern el reconocimiento a las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones, ayudas y servicios del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin de los siguientes derechos:

    1. Vivienda en el marco de los procedimientos establecidos en la normativa de desarrollo de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

    2. Conciliacin de la vida laboral y familiar, garantizando la disponibilidad de plazas en centros pblicos que impartan el primer ciclo de educacin infantil, as como en centros sociocomunitarios de atencin a personas mayores y a personas en situacin de dependencia.

    3. Ayudas al estudio y becas en todas las etapas educativas.

    4. Prestaciones y servicios sanitarios de los recogidos en el catlogo de prestaciones y en la cartera de servicios del Sistema Sanitario de Euskadi.

    5. Acceso a servicios municipales de ocio y deporte.

  1. La renta de garanta de ingresos se configura como derecho subjetivo de todas aquellas personas que cumplan los requisitos de acceso a la prestacin previstos en esta ley. Carece de naturaleza subvencional.

  2. El ingreso mnimo vital se configura como derecho subjetivo en los trminos previstos en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mnimo vital o en la norma que la sustituya.

  3. Las ayudas de emergencia social tienen naturaleza subvencional y, por ello, no se configuran como derechos subjetivos de las personas beneficiarias.

  1. Las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin sern compatibles entre s.

  2. El reconocimiento de las prestaciones econmicas se efectuar conforme a los siguientes criterios:

    1. Preferencia de los trmites dirigidos al reconocimiento y percibo de la prestacin del ingreso mnimo vital.

    2. Subsidiariedad y complementariedad de la renta de garanta de ingresos, a cuyo efecto se computar la cuanta reconocida del ingreso mnimo vital, que deber hacerse valer previamente a la solicitud o, en todo caso, durante la tramitacin de aquella prestacin, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 15.

      No podr variar la cuanta de la renta de garanta de ingresos por eventuales modificaciones, suspensiones o extinciones del ingreso mnimo vital que traigan causa de incumplimientos de las obligaciones impuestas a las personas titulares y beneficiarias de esta ltima prestacin.

  3. La renta de garanta de ingresos ser compatible con las ayudas de emergencia social.

  4. Las ayudas de emergencia social sern compatibles con el ingreso mnimo vital.

El reconocimiento de las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin se vincular a los servicios de inclusin en los trminos previstos en el ttulo V, sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley y en la normativa reguladora del ingreso mnimo vital en relacin con los requisitos de acceso y el rgimen de obligaciones y de suspensin y extincin de cada una de las prestaciones.

  1. A efectos de la renta de garanta de ingresos y de las ayudas de emergencia social, tendrn la consideracin de domicilio las viviendas y alojamientos dotacionales definidos conforme a la legislacin de vivienda, as como aquellos servicios de alojamiento, centros residenciales, establecimientos de alojamiento u otros que sirvan a idntico fin, cuya identificacin, requisitos y condiciones de funcionamiento se establecern reglamentariamente.

  2. El uso exclusivo de una zona determinada de una vivienda por una unidad de convivencia podr considerarse domicilio en los trminos que reglamentariamente se determinen.

La renta de garanta de ingresos es una prestacin econmica reconocida a la persona o personas integrantes de una unidad de convivencia que no disponga de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos asociados a las necesidades bsicas, as como a los derivados de un proceso de inclusin laboral o social.

La renta de garanta de ingresos presenta las siguientes caractersticas:

  1. Complementaria y de naturaleza subsidiaria respecto de los recursos econmicos de que disponga la persona titular y las personas integrantes de la unidad de convivencia, as como de cualesquiera prestaciones econmicas pblicas previstas en la legislacin vigente, las cuales debern hacerse valer ntegramente con carcter previo a la solicitud o, en todo caso, durante su tramitacin.

  2. Intransferible, por lo que no podr ofrecerse en garanta de obligaciones, ni ser objeto de cesin total o parcial, de compensacin o de descuento, salvo para el reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

    No podr ser objeto de retencin o embargo, salvo en los supuestos y con los lmites previstos en la legislacin estatal civil y procesal.

  3. Indefinida, por lo que su duracin se prolongar mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesin y se cumplan los requisitos y obligaciones para su mantenimiento.

  1. Podrn ser titulares del derecho a la renta de garanta de ingresos las personas que renan los siguientes requisitos:

    1. Ser mayores de 18 aos.

    2. Estar integradas en una de las unidades de convivencia a que se refieren los artculos 25 y 26.

    3. Quienes tengan entre 18 y 29 aos debern acreditar, adems, vivir de forma independiente con, al menos, un ao de antelacin a la fecha de la solicitud.

      Se entender que una persona vive de forma independiente cuando acredite que su domicilio es distinto al de sus progenitores y progenitoras, tutores y tutoras o acogedores y acogedoras.

    4. Asimismo, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos siguientes, quienes tengan entre 18 y 23 aos debern acreditar:

      1. Estar inscritas como demandantes de servicios de empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo durante el ao inmediato anterior al de la solicitud, haber realizado las actividades para la mejora de la empleabilidad y las acciones de formacin, haber cumplido la carga lectiva, haberse sometido a las evaluaciones de competencia y habilidades y haber aceptado las ofertas de empleo adecuadas, cuando se trate de personas desempleadas, de acuerdo con la legislacin de empleo. Reglamentariamente se determinarn los requisitos de las ofertas de empleo para entenderse adecuadas.

        No podrn acceder a la prestacin quienes en el ltimo ao hayan incumplido lo dispuesto en el artculo 29.2.

      2. No ser de aplicacin lo dispuesto en el ordinal anterior cuando las personas hayan permanecido en situacin de alta en cualquiera de los regmenes que integran el Sistema de la Seguridad Social durante un mnimo de 240 das en los dos ltimos aos.

        Asimismo, tampoco ser de aplicacin cuando las personas se hallen de alta en cualquiera de aquellos regmenes a la fecha de la solicitud. En tal caso, durante el ao inmediato anterior y en los periodos en que hubieran causado baja en dichos regmenes, debern haber estado inscritas como demandantes de servicios de empleo o de servicios previos al empleo en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en los trminos previstos en el ordinal 1..

    5. Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi de forma continuada durante, al menos, los siguientes periodos:

      1. Tres aos inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud, sin perjuicio de las excepciones previstas en los artculos siguientes.

      2. Cuando no se cumpla el periodo a que se refiere el ordinal anterior o aquellos que singularmente vengan establecidos en los artculos siguientes, cinco aos continuados de los diez anteriores a la fecha de la solicitud.

    6. Estar en situacin de necesidad econmica en los trminos previstos en el artculo 37.

    7. Haber solicitado todas las pensiones y prestaciones pblicas a las que pudieran tener derecho.

      Este requisito no resultar de aplicacin en aquellos casos en que la pensin o prestacin pblica sea incompatible con la renta de garanta de ingresos y de cuanta inferior a la que correspondera mensualmente a la unidad de convivencia por este concepto.

  2. No podrn acceder a la renta de garanta de ingresos las personas que se hallen internas en un centro penitenciario en rgimen ordinario o cerrado y aquellas que sean usuarias de una plaza de carcter permanente de un servicio residencial de carcter social, sanitario o sociosanitario, financiada en su integridad con fondos pblicos.

    Se entender que la plaza del servicio residencial se halla financiada en su integridad con fondos pblicos cuando estos sufraguen todos los servicios prestados, sean propios o complementarios, incluyendo el alojamiento y la manutencin de la persona usuaria, con independencia de que el servicio se preste directamente por la administracin competente o a travs de una entidad privada en virtud de un contrato, concierto o convenio.

  3. A efectos de lo dispuesto en este artculo, se entender que una persona tiene su residencia efectiva en la Comunidad Autnoma de Euskadi cuando sus estancias fuera de la misma no hayan superado los noventa das dentro de cada ao natural considerado. No se tendrn en cuenta en dicho cmputo las ausencias por enfermedad debidamente justificada o por las causas que reglamentariamente se determinen.

  1. Las personas que sean refugiadas, las que tengan reconocido el derecho a la proteccin subsidiaria, aquellas a quienes se haya admitido a trmite la solicitud de asilo o proteccin internacional en tanto esta no se resuelva, las personas beneficiarias de proteccin temporal, y las vctimas de trata de seres humanos, de explotacin sexual, de violencia de gnero y de violencia domstica podrn ser titulares de la renta de garanta de ingresos siempre que cumplan los requisitos siguientes:

    1. Ser mayores de edad o menores emancipadas.

    2. Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi a la fecha de la solicitud.

    3. El resto de los establecidos en el artculo 16, a salvo de lo dispuesto en sus apartados 1.c) y d).

  2. Las personas que hayan estado sujetas en algn periodo inmediato anterior a la mayora de edad al sistema de proteccin de menores o de atencin socioeducativa a personas infractoras menores de edad o que hayan participado en programas de preparacin para la vida independiente, previstos en la legislacin de proteccin del menor, podrn ser titulares de la renta de garanta de ingresos cuando cumplan los requisitos siguientes:

    1. Ser mayores de edad.

    2. Haber estado empadronadas y tener la residencia efectiva en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi durante los periodos de sujecin del sistema de proteccin y estar empadronadas y tener la residencia efectiva en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi a la fecha de la solicitud.

    3. Ser usuarias de servicios de la Cartera de Servicios Sociales dirigidos a su inclusin social, en los trminos que reglamentariamente se determinen.

    4. El resto de los establecidos en el artculo 16, a salvo de lo dispuesto en sus apartados 1.c) y d).

Las personas mayores de edad que tengan reconocida la condicin de vctima del terrorismo, sus cnyuges o con quienes mantengan relacin anloga a la conyugal, hijos e hijas, que retornen a la Comunidad Autnoma de Euskadi y fijen su residencia en alguno de sus municipios, as como las personas a que se refiere el artculo 11.1 de la Ley 8/1994, de 27 de mayo, de relaciones con las colectividades y centros vascos en el exterior de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, podrn ser titulares de la renta de garanta de ingresos, siempre que cumplan los requisitos del artculo 16, con las salvedades siguientes:

  1. Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi a la fecha de la solicitud.

  2. No ser de aplicacin lo dispuesto en los apartados 1.c) y d) del artculo 16.

  1. Las personas mayores de edad o menores emancipadas que se hallen en las circunstancias que a continuacin se indican podrn ser titulares de la renta de garanta de ingresos, siempre que cumplan los requisitos establecidos en el artculo 16, a salvo de lo dispuesto en sus apartados 1.c) y d), y los que en cada caso se especifican:

    1. Orfandad absoluta y las situaciones anlogas que se determinen reglamentariamente, siempre que no residan con personas con las que mantengan un vnculo de hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

    2. Las previstas en las letras c), d), e), f) y g) del artculo 26.1.

    3. Tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33 % o calificacin de dependencia.

    4. Tener personas menores a su cargo o adultas con una discapacidad igual o superior al 33 % o calificacin de dependencia, en cuyo caso debern estar empadronadas y tener la residencia efectiva en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi de forma continuada durante, al menos, el ao inmediato anterior a la fecha de la solicitud.

    5. Estar unidas a otra persona por vnculo matrimonial o anlogo al conyugal con, al menos, seis meses de antelacin.

  2. Las personas mayores de edad o menores emancipadas que se hallen en las situaciones determinantes de extrema necesidad que reglamentariamente se establezcan podrn ser titulares de la renta de garanta de ingresos siempre que cumplan los requisitos siguientes:

    1. Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi de forma continuada durante, al menos, el ao inmediato anterior a la fecha de la solicitud.

    2. El resto de los establecidos en el artculo 16, a salvo de lo dispuesto en sus apartados 1.c) y d).

    3. En todo caso el Gobierno determinar los requisitos vinculados a la Cartera de Servicios Sociales y de Servicios de Empleo que resultarn exigibles.

  1. Los requisitos a que se refieren los artculos 16 a 19 debern cumplirse en la fecha de presentacin de la solicitud o en el de su revisin y mantenerse a la fecha de la resolucin y durante el tiempo de percepcin de la prestacin.

    No obstante, el requisito de la solicitud de todas las pensiones y prestaciones pblicas a las que pudieran tener derecho podr acreditarse durante la tramitacin del procedimiento de reconocimiento de la prestacin.

  2. Reglamentariamente se establecer la documentacin exigible para la acreditacin de los requisitos para ser titular de la renta de garanta de ingresos.

  1. A efectos de lo dispuesto en este captulo, las personas titulares de la renta de garanta de ingresos que estn casadas o mantengan un vnculo anlogo al conyugal y no hayan iniciado trmites de separacin o divorcio, o instado la cancelacin de la inscripcin del correspondiente registro de parejas o uniones de hecho, o no sean vctimas de violencia de gnero o de violencia domstica, debern residir en el mismo domicilio que sus cnyuges o parejas, salvo causa debidamente justificada.

  2. Se entender que existe causa que justifica la residencia en domicilio distinto al del cnyuge o de la pareja cuando concurra, entre otras, alguna de las siguientes circunstancias:

    1. Que el lugar de trabajo o estudio del cnyuge o de la pareja est a una distancia igual o superior a la que se establezca reglamentariamente. En ningn caso se entender justificada la residencia en domicilio distinto al habitual cuando el cnyuge o la pareja preste trabajo a distancia.

    2. Que el cnyuge o la pareja no resida en Espaa por imposibilidad de reagrupacin familiar u otra circunstancia anloga.

    3. Que el cnyuge o la pareja est sometido a tratamiento mdico, rehabilitacin u otra circunstancia que se establezca reglamentariamente, cuya duracin habr de ser necesariamente transitoria.

    4. Que el cnyuge o la pareja se halle en alguno de los supuestos previstos en el artculo 16.2.

Cuando en una misma unidad de convivencia existan varias personas que puedan ostentar la condicin de titular, se reconocer la renta de garanta de ingresos a una de ellas, preferentemente, a aquella que la hubiera solicitado en primer lugar.

  1. En los casos de fallecimiento o internamiento de la persona titular en centro penitenciario en rgimen ordinario o cerrado o en un servicio residencial de carcter social, sanitario o sociosanitario permanente, la titularidad de la renta de garanta de ingresos podr asumirse por su cnyuge o persona con la que mantuviera relacin anloga a la conyugal o, en su defecto, por alguna de las personas beneficiarias mayores de edad o menores emancipadas integrantes de la misma unidad de convivencia.

    La solicitud de cambio de titular deber presentarse en el plazo de tres meses a contar desde el da siguiente a la fecha de concurrencia de las circunstancias citadas.

  2. Los efectos econmicos que pudieran derivarse del cambio de titularidad se producirn a partir del primer da del mes siguiente a la fecha del hecho causante, siempre que la solicitud se hubiera realizado dentro del plazo establecido. En otro caso, los efectos nacern a partir del primer da del mes siguiente al de la fecha de presentacin de la solicitud.

  1. Podrn ser beneficiarias de la renta de garanta de ingresos las personas que estn empadronadas y tengan la residencia efectiva en el mismo domicilio de la titular, se integren en su unidad de convivencia y cumplan los requisitos establecidos en el artculo 16.1.f) y g).

  2. No obstante, el deber de residencia quedar excepcionado por razn de estudio, trabajo, tratamiento mdico, rehabilitacin u otras razones anlogas que se establezcan reglamentariamente, cuya duracin habr de ser necesariamente transitoria.

  3. En el caso de la unidad de convivencia a que se refiere el apartado 2 del artculo siguiente, las personas beneficiarias debern ser mayores de edad o menores emancipadas.

  4. Quienes se hallen en las circunstancias previstas en el artculo 16.2 no podrn ser beneficiarias de la renta de garanta de ingresos.

  5. Las personas beneficiarias de la renta de garanta de ingresos debern cumplir los requisitos establecidos en este artculo desde el momento de su integracin en la unidad de convivencia y durante el tiempo de percepcin de la prestacin, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 20.1 en relacin con la solicitud de todas las pensiones y prestaciones pblicas a las que aquellas pudieran tener derecho.

  1. La unidad de convivencia se constituye por la persona o personas residentes en un domicilio, unidas entre s por relacin hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, de adopcin, o de acogimiento familiar permanente o preadoptivo, as como las unidas por vnculo matrimonial o anlogo al conyugal.

  2. Cuando en un mismo domicilio residan personas sin los vnculos a que se refiere el apartado anterior, podrn constituirse unidades de convivencia unipersonales o una unidad de convivencia que agrupe a todas o algunas de las personas residentes, exigindose en tal caso el consentimiento de todas aquellas que la integran, del que deber quedar expresa constancia en la solicitud.

  3. Una misma persona no podr formar parte de dos o ms unidades de convivencia.

  1. Como excepcin de lo dispuesto en el artculo anterior, constituyen unidades de convivencia quienes, con independencia de los vnculos que pudieran existir con las personas que residan en el mismo domicilio, se hallen en alguna de las circunstancias siguientes:

    1. Ser vctimas de trata de seres humanos y de explotacin sexual.

    2. Ser vctimas de violencia de gnero o ser vctimas de violencia domstica.

    3. Ser pensionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo siguiente.

    4. Haber iniciado trmites de separacin o divorcio, o instado la cancelacin de la inscripcin del correspondiente registro de parejas o uniones de hecho.

    5. Haber tenido o adoptado al primer hijo o hija, haber acogido con carcter permanente a una persona menor de edad o haber acogido a una persona mayor de edad con una discapacidad igual o superior al 33 % o con calificacin de dependencia.

    6. Haber abandonado el domicilio habitual en virtud de desahucio por impago de rentas como consecuencia de una incapacidad de pago sobrevenida, de un procedimiento de ejecucin hipotecaria, por haber quedado este inhabitable o por problemas de accesibilidad de la vivienda debidamente acreditados.

    7. Las que se definan reglamentariamente, que habrn de estar vinculadas a situaciones de especial vulnerabilidad, exclusin o necesaria convivencia en el mismo domicilio.

  2. La duracin de las unidades de convivencia excepcionales no podr exceder de tres aos, que se contarn desde la fecha del hecho causante en los trminos que reglamentariamente se establezcan, transcurridos los cuales sus integrantes conformarn la unidad de convivencia de acuerdo con las reglas establecidas en el artculo anterior. Este lmite no ser de aplicacin a las unidades de convivencia formadas por personas pensionistas.

    Podrn acumularse periodos de duracin de la unidad de convivencia excepcional cuando traigan causa de hechos distintos, a cuyo efecto se tomar como fecha para el cmputo del periodo mximo de duracin de la unidad de convivencia la del ltimo hecho causante.

  3. Las unidades de convivencia excepcionales se integrarn por las personas que se hallen en las circunstancias descritas en el apartado 1 y, siempre que las acompaen, por sus hijos, hijas o menores en rgimen de guarda con fines de adopcin o acogimiento familiar permanente, as como por las personas econmicamente a su cargo con una discapacidad igual o superior al 33 % o con calificacin de dependencia, siempre que no tengan la condicin de pensionistas.

    Adems, en las unidades de convivencia formadas por pensionistas y en las referidas en las letras e) y f) del apartado 1, se integrarn, en su caso, sus cnyuges o personas unidas a aquellas por vnculo anlogo.

  4. La constitucin de la unidad de convivencia a que se refieren las letras b) y d) del apartado 1 exigir el abandono del domicilio habitual y la residencia en otro distinto al del cnyuge o al de la persona con quien mantuviera una relacin anloga a la conyugal y, en el caso de las vctimas de violencia de gnero o de violencia domstica, en domicilio distinto al de quien la hubiera ejercido.

A los efectos de esta ley, tendr la consideracin de pensionista la persona beneficiaria de una pensin contributiva de jubilacin, incapacidad permanente, viudedad, de seguro obligatorio de vejez e invalidez, de una pensin no contributiva de invalidez o jubilacin, de una pensin de orfandad en aquellos casos en que la persona beneficiaria sea mayor de edad incapacitada en grado de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, as como la persona mayor de edad causante de una prestacin familiar por hijo a cargo, y quien tenga reconocida alguna de las prestaciones econmicas del Fondo de Bienestar Social, el subsidio de garanta de ingresos mnimos o el subsidio por ayuda de tercera persona, y no haya pasado a percibir una pensin no contributiva.

Asimismo, tendrn tal consideracin las personas beneficiarias de prestaciones de cualquier rgimen de seguridad social, de mutualidades de previsin social y de otras entidades, que cubran las mismas o anlogas contingencias, en los trminos que reglamentariamente se determinen.

  1. A efectos de lo dispuesto en los artculos 25 y 26, se entiende por relacin anloga a la conyugal el vnculo afectivo mantenido por dos personas mayores de edad o menores emancipadas que, sin relacin de parentesco en lnea recta o en lnea colateral dentro del segundo grado, sin estar casadas o, en caso de estarlo, hallarse separadas de hecho, convivan de modo estable y notorio en un mismo domicilio.

    La inscripcin en alguno de los registros de parejas de hecho de conformidad con lo dispuesto en la legislacin sobre parejas o uniones de hecho, la formalizacin de la relacin en documento pblico o su prueba mediante cualquier otro medio admitido en derecho determinarn el reconocimiento de relacin anloga a la conyugal.

  2. Salvo prueba en contrario, se presumir la existencia de relacin anloga a la conyugal cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

    1. Convivencia al menos de dos aos, ininterrumpidos o no, dentro de los cuatros ltimos.

    2. Descendencia comn de las personas convivientes.

  1. Las personas titulares y las beneficiarias de la renta de garanta de ingresos debern cumplir durante todo el periodo de percepcin de la prestacin, adems de los requisitos a que se refiere la seccin 1. de este captulo, las obligaciones siguientes:

    1. Colaborar con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el ejercicio de sus competencias en relacin con la prestacin de renta de garanta de ingresos, proporcionando informacin precisa y veraz en las declaraciones responsables y en la acreditacin de los requisitos, mantenimiento y actualizacin de la prestacin.

      Asimismo, debern presentar la documentacin relevante para la gestin y control de la prestacin que les sea requerida y garantizar la recepcin de notificaciones y comunicaciones.

    2. Colaborar en la valoracin inicial de la situacin y de necesidades a que se refieren los artculos 112 a 114.

    3. Colaborar en la elaboracin del Programa Integrado y Personal de Inclusin y suscribirlo, as como cumplir los compromisos y obligaciones recogidos en l.

    4. Estar disponibles para el empleo o para servicios previos al empleo, figurar inscritas como demandantes de empleo, de servicios previos al empleo o de servicios en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y participar en las estrategias de mejora de la empleabilidad que aquel ponga en marcha.

    5. Reintegrar el importe de las cantidades indebidamente percibidas.

    6. Comparecer ante la Administracin, colaborar cuando sea requerida para ello y facilitar la prctica de controles e inspecciones que pueda realizar Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

    7. Comunicar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo las circunstancias que afecten al cumplimiento de los requisitos y obligaciones de las personas titular y beneficiarias, que pudieran dar lugar a la modificacin, suspensin o extincin del derecho a la prestacin o que sean relevantes para la actualizacin de su cuanta, en los trminos que reglamentariamente se establezcan.

  2. Salvo causa justificada, las personas titulares y beneficiarias de la renta de garanta de ingresos no podrn:

    1. rechazar una oferta de empleo,

    2. cesar voluntariamente de su actividad laboral o causar baja voluntaria en un puesto de trabajo,

    3. acogerse a una situacin de excedencia voluntaria o a una reduccin de jornada, ni.

    4. abandonar voluntariamente un curso de formacin para el empleo procurado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por una entidad colaboradora, o abstenerse de acudir a este o de participar en un proceso de seleccin para el empleo propuesto por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

  1. Las personas titulares y las beneficiarias de la renta de garanta de ingresos podrn ser citadas a comparecencia en las oficinas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a fin de comprobar la residencia efectiva en la Comunidad Autnoma de Euskadi y el cumplimiento de los requisitos u obligaciones establecidos en esta ley, as como para hacer efectiva la obligacin de colaborar a que se refiere el artculo anterior.

  2. En la citacin para comparecencia se har constar la oficina de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en que aquella habr de llevarse a efecto, la fecha, hora y objeto de la comparecencia, as como los efectos de no atenderla.

  3. En todo caso, si la persona obligada no comparece en el lugar, fecha y hora indicados, se entender, salvo causa justificada debidamente acreditada, que no est residiendo en la Comunidad Autnoma de Euskadi en la fecha indicada o en el periodo de que se trate, si se suceden citaciones para comparecencia no atendidas.

    Proceder una valoracin circunstanciada de la imposibilidad de cumplir el deber de comparecencia por razn de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, de estar cursando estudios, de hallarse en tratamiento mdico, rehabilitacin u otra circunstancia anloga, de la concurrencia de circunstancias fsicas, psquicas o sensoriales o de cualquier otra que impida el normal cumplimiento de aquella obligacin.

  4. Reglamentariamente se establecern los requisitos para los casos en que la comparecencia pueda efectuarse por medios electrnicos.

  1. Quedan eximidas de las obligaciones previstas en el artculo 29.1.b), c) y d) las personas titulares y beneficiarias de la renta de garanta de ingresos que se hallen en alguna de las siguientes circunstancias:

    1. Estar cursando estudios reglados que no permitan su compatibilidad con el empleo. Reglamentariamente se determinarn la permanencia mxima y el nivel de estudios que podrn cursarse para beneficiarse de la exencin, que incluir enseanzas de educacin superior.

    2. Ser beneficiarias de alguna de las pensiones o prestaciones a que se refiere el artculo 27, a salvo de la pensin de viudedad.

    3. Haber cumplido la edad de jubilacin.

    4. Estar afectada por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 % o tener reconocida una situacin de dependencia de, al menos, el grado II.

    5. Cuando as lo determinen la valoracin y diagnstico social o el diagnstico laboral a que se refieren los artculos 113 y 114.

      La valoracin y diagnsticos social o laboral determinarn el alcance de la exencin.

  2. Asimismo, podrn quedar eximidas del deber de comparecencia siempre que sus circunstancias fsicas, psquicas o sensoriales, debidamente acreditadas, impidan el normal cumplimiento de la obligacin.

La renta mxima garantizada que corresponde a una unidad de convivencia viene determinada por la suma de las cuantas correspondientes a la cuanta base, a los complementos individuales por cada miembro de la unidad de convivencia y a los complementos vinculados a las caractersticas de la unidad de convivencia.

  1. La cuanta base es una cantidad fija que expresa el gasto mnimo que se dedica en un domicilio unipersonal a la satisfaccin de las necesidades bsicas.

    Sirve para determinar, junto con los complementos individuales y los vinculados a las caractersticas de la unidad de convivencia, la renta mxima garantizada aplicable a la prestacin de garanta de ingresos, as como para fijar la cuanta de las ayudas de emergencia social.

  2. La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Euskadi fijar el importe mensual de la cuanta base atendiendo al ndice general de precios al consumo en Euskadi. En cualquier caso, se garantizar que la renta mxima garantizada que corresponda a una persona beneficiaria individual no resulte inferior a la mayor de las cuantas que resulte de:

    1. La tasa de riesgo de pobreza publicada en la Encuesta de Condiciones de Vida para el conjunto del Estado por el Instituto Nacional de Estadstica, referida al ao anterior al de aprobacin de la citada ley o, en caso de no estar publicada, a la del ltimo ao disponible.

    2. O la media ponderada de los umbrales de pobreza de ingresos (mantenimiento) correspondientes a la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, una vez descontados los gastos relativos al alquiler de la vivienda, referida al ltimo ao disponible. Este indicador se obtendr y publicar, como mnimo, cada dos aos.

  1. Los complementos individuales cuantifican el reparto de los gastos de la unidad de convivencia en funcin del nmero de las personas que la integran. Se aplicarn de acuerdo con las siguientes reglas:

    1. Titular y segunda persona adulta: 50 % de la cuanta base.

    2. Resto de personas beneficiarias: 30 % de la cuanta base.

  2. Los complementos vinculados a las caractersticas de la unidad de convivencia se aplicarn a las unidades de convivencia monoparentales, a las integradas por personas vctimas de trata de seres humanos, de violencia de gnero, de explotacin sexual o de violencia domstica, y a las integradas por pensionistas o por una o varias personas con una discapacidad igual o superior al 33 % o con calificacin de dependencia que no perciban pensin por este motivo.

    Los complementos tendrn un valor del 40 % de la cuanta base en el caso de unidades de convivencia integradas por pensionistas y del 25 % de la citada cuanta en las dems unidades de convivencia a que se refiere este apartado.

    Podrn aplicarse conjuntamente, a salvo del complemento de pensionista, que ser incompatible con el de discapacidad en aquellos casos en que solo la persona pensionista tenga declarada la discapacidad.

  3. A los efectos de esta ley, se entiende por unidad de convivencia monoparental la formada por una persona adulta que resida con sus hijos e hijas o con descendientes menores de edad hasta el segundo grado sobre los que tenga la guarda y custodia o se hallen en rgimen de guarda con fines de adopcin o acogimiento familiar permanente, siempre que aquella ostente la guarda y custodia exclusiva o sea la nica persona acogedora o guardadora.

    Se consideran asimilados a la unidad de convivencia monoparental los supuestos en que la otra persona progenitora, guardadora o acogedora se halle en las circunstancias previstas en el artculo 16.2, mientras estas persistan, y aquellos en que una de las personas progenitoras, acogedoras o guardadoras tenga reconocido un grado III de dependencia, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

  1. La renta de garanta de ingresos que corresponde mensualmente a una unidad de convivencia vendr determinada por la diferencia entre la renta mxima garantizada y el conjunto de las rentas e ingresos disponibles de todas las personas integrantes de la unidad de convivencia, computado segn establecen los artculos 38 y 39, una vez aplicados los estmulos al empleo, de acuerdo con las reglas siguientes:

    1. En el reconocimiento de la prestacin se tendr en cuenta el conjunto de las rentas e ingresos disponibles durante el mes de la solicitud, as como la renta mxima garantizada a dicha fecha.

    2. La cuanta de la prestacin se actualizar con periodicidad trimestral en los trminos previstos en el artculo 82. En la actualizacin se tendrn en cuenta el conjunto de las rentas e ingresos disponibles, as como la renta mxima garantizada correspondiente al mismo periodo. La diferencia se dividir por tres, siendo el cociente la cuanta mensual de la renta de garanta de ingresos durante el trimestre de que se trate.

      Reglamentariamente podrn establecerse otros periodos de determinacin de la cuanta que atiendan a situaciones de necesidad sobrevenida.

  2. La unidad de convivencia considerada para la determinacin de la cuanta de la renta de garanta de ingresos ser la existente a las fechas de la solicitud y de actualizacin de la cuanta de la prestacin en los trminos que reglamentariamente se determinen.

  3. La variacin de los ingresos computables surtir efecto a partir de la fecha en que corresponda hacer la actualizacin subsiguiente.

    El cambio en las circunstancias personales de quienes integran la unidad de convivencia o de su composicin que comporte aumento o disminucin de la renta de garanta de ingresos, tendr efectos a partir de la fecha en que corresponda hacer la actualizacin subsiguiente de la cuanta de la prestacin.

  4. Lo dispuesto en este artculo se entender sin perjuicio de la suspensin o extincin de la renta de garanta de ingresos.

Cuando en un mismo domicilio resida ms de una unidad de convivencia, sean beneficiarias o no de la renta de garanta de ingresos, la cuanta de la prestacin que corresponda mensualmente a cada unidad de convivencia se calcular aplicando un ndice corrector a la baja del 15 % a la cantidad que resulte de lo dispuesto en el artculo anterior.

Se considerar que concurre una situacin de necesidad econmica cuando el conjunto de recursos de los que dispone una unidad de convivencia para hacer frente a los gastos asociados a las necesidades bsicas y al proceso de inclusin no supere alguno de los lmites siguientes:

  1. Disponer de rendimientos mensuales superiores a la cuanta de la renta mxima garantizada que pudiera corresponder en funcin de la composicin de la unidad de convivencia, exclusin hecha de la aplicacin del coeficiente corrector previsto en el artculo 36.

  2. Disponer de bienes inmuebles, muebles y, en general, cualquier otro bien por valor equivalente o mayor a cinco veces la cuanta de la renta mxima garantizada que correspondera a la unidad de convivencia durante un ao.

  1. El cmputo de los rendimientos incluir los procedentes del trabajo por cuenta propia o ajena, del patrimonio, de pensiones, de prestaciones o de cualquier otro ttulo. En los trminos que se determinen reglamentariamente, se considerarn como rendimientos a efectos de la determinacin de la cuanta:

    1. las cantidades que se hubieran obtenido de haberse hecho valer los derechos de contenido econmico de los que fueran titulares, siempre que aquellos se refieran a pensiones y prestaciones pblicas.

      Cuando se trate de otros derechos, las cantidades que se hubieran obtenido en caso de haberlos hecho valer se computarn una vez transcurridos seis meses desde la fecha de solicitud de la prestacin,

    2. las cantidades que se determinen cuando se disponga de patrimonio inmobiliario de difcil realizacin, en virtud de herencia, legado o donacin, y se sobrepase alguno de los lmites establecidos en el artculo anterior determinantes de la situacin de necesidad econmica,

    3. las cantidades que se establezcan cuando se detecte un quebranto econmico injustificado originado sobre el patrimonio de algn miembro de la unidad de convivencia, y

    4. las cantidades que se determinen en relacin con los ingresos de matrimonios y parejas de hecho que no residan en el mismo domicilio en virtud de lo dispuesto en el artculo 21.

  2. Quedarn excluidos del cmputo de rendimientos determinados ingresos y prestaciones sociales de carcter finalista, correspondientes a la persona solicitante y a los dems miembros de su unidad de convivencia, en los trminos que se determinen reglamentariamente.

  1. En el cmputo del patrimonio se incluir el conjunto de bienes muebles e inmuebles sobre los que se ostente un ttulo de propiedad, usufructo o cualquier otro que posibilite su uso y disfrute.

  2. Quedarn exceptuados de la valoracin del patrimonio la vivienda o alojamiento que constituya la residencia habitual y el inmueble usado para la actividad laboral, salvo que la vivienda en propiedad fuera de valor excepcional, en los trminos que se determinen reglamentariamente.

    Asimismo, quedar exceptuado de la valoracin del patrimonio el ajuar domstico, salvo que en el mismo existan bienes de valor excepcional, que se determinar reglamentariamente.

  3. En caso de que exista patrimonio recibido mediante herencia, legado o donacin que supere los lmites establecidos en el artculo 37.b), podr considerarse patrimonio de difcil realizacin, en los trminos y con los efectos que se determinen reglamentariamente, siempre que se acredite la situacin de necesidad econmica conforme a lo dispuesto en el artculo 37.a).

  1. El reconocimiento de la prestacin de renta de garanta de ingresos ser compatible con las rentas del trabajo o de la actividad econmica por cuenta propia de las personas solicitantes y beneficiarias de la prestacin, con los lmites que reglamentariamente se establezcan.

  2. La aplicacin de los estmulos al empleo tendr carcter indefinido y estar sometida a evaluacin, en los plazos y con el alcance que reglamentariamente se determinen.

  1. La suspensin de la renta de garanta de ingresos deja sin efecto el derecho a la totalidad de la prestacin o a una parte de esta en los casos a que se refieren los artculos siguientes.

  2. La resolucin de suspensin determinar el hecho causante, su duracin y la fijacin de la cuanta de la prestacin suspendida, as como, en su caso, la declaracin del deber de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

  1. Se suspender ntegramente el derecho a la prestacin en los casos de prdida temporal de los requisitos siguientes:

    1. Hallarse en situacin de necesidad econmica en los trminos previstos en el artculo 37.

    2. Haber solicitado todas las pensiones y prestaciones pblicas a las que pudieran tener derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 16.1.g).

      No obstante, cuando la cuanta de las pensiones y prestaciones pblicas sea una cantidad fija y determinada, su cuanta mxima est determinada o haya constancia fehaciente de la cantidad que correspondera o hubiera correspondido reconocer por tal concepto, no proceder la suspensin si, computndose alguno de los citados importes de conformidad con lo dispuesto en el artculo 38.1.a), se cumple el requisito de hallarse en situacin de necesidad econmica.

  2. Se considerar temporal aquella prdida de requisitos que no exceda de doce meses continuados.

  3. La suspensin de la prestacin se acordar en el marco del procedimiento de actualizacin de la cuanta de la renta de garanta de ingresos a que se refiere el artculo 82, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento de control.

  1. En los casos de residencia efectiva de la persona titular o de alguna de las beneficiarias fuera de la Comunidad Autnoma de Euskadi por tiempo superior a treinta das e inferior a noventa naturales, continuados o no, dentro de cada ao natural, la suspensin afectar exclusivamente al complemento individual correspondiente a la persona titular o beneficiaria de la prestacin en quien concurra la circunstancia descrita.

    Cuando la misma afecte a la totalidad de las personas integrantes de la unidad de convivencia, el derecho a la prestacin se suspender ntegramente.

  2. La suspensin podr acordarse, segn los casos, en el procedimiento de actualizacin de la cuanta y en el procedimiento de control a que se refieren los artculos 82 y 83, respectivamente.

  1. En caso de que la persona titular o beneficiaria ocupe una plaza temporal de un servicio residencial de carcter social, sanitario o sociosanitario, financiado en su integridad con fondos pblicos, la suspensin afectar exclusivamente al complemento individual correspondiente a la persona usuaria.

  2. La suspensin del complemento individual que corresponda se acordar en el marco del procedimiento de actualizacin de la cuanta de la prestacin a que se refiere el artculo 82, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento de control.

  1. Se suspender el complemento individual que corresponda a la persona titular de la prestacin y los complementos vinculados a las caractersticas de la unidad de convivencia, cuando aquella incumpla injustificadamente las obligaciones a que se refiere el artculo 29.1.a) segundo prrafo, b), c), d), f) y g) y 29.2.c) y d).

  2. Cuando aquellos incumplimientos sean imputables a alguna de las personas beneficiarias de la prestacin, la suspensin afectar al complemento individual que corresponda a la persona responsable del incumplimiento.

  3. Se entender justificado el rechazo, abandono o absentismo de un curso de formacin para el empleo o de la participacin en un proceso de seleccin para el empleo, y no proceder la suspensin del complemento o complementos de que se trate, cuando exista impedimento para su realizacin por razn de enfermedad, as como cuando la actividad formativa o el proceso de seleccin incumplan alguno de los siguientes requerimientos:

    1. Coincidencia con las preferencias manifestadas por la persona titular o beneficiaria de la prestacin o, en otro caso, correspondencia con la profesin desarrollada en el ltimo ao por aquella, con la formacin propuesta por el servicio de orientacin para el empleo de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, o correlacin con sus aptitudes fsicas y formativas.

    2. Compatibilidad del horario de transporte pblico desde el domicilio de la persona titular o beneficiaria de la prestacin con el de la actividad formativa o con el del proceso de seleccin.

    3. Desarrollo de la formacin o el proceso de seleccin dentro de un radio que no supere la distancia que reglamentariamente se determine.

    4. El tiempo diario de desplazamiento en transporte pblico para acudir a la formacin no sea superior al 25 % de la duracin diaria del curso.

    5. El coste mensual del desplazamiento en transporte pblico no sea superior al 20 % de la cuanta base de la prestacin o, en caso de que la duracin del curso no alcance el mes, de la que resulte del clculo de la cuanta base por das.

    6. Conciliacin, de forma que, atendiendo las circunstancias de la unidad de convivencia, permita el cuidado de las personas menores de catorce aos o con discapacidad a su cargo, o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por s mismos.

  4. Asimismo, se considerar justificada la reduccin de jornada o excedencia voluntaria a la que se acojan las personas titulares y beneficiarias cuando traigan causa del nacimiento o cuidado de hijos e hijas, de familiares por razones de edad, discapacidad, accidente, hospitalizacin o enfermedad en los trminos previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuya aplicacin se extender a las personas adoptantes, acogedoras permanentes o preadoptivas y guardadoras legales que sean titulares o beneficiarias de la prestacin.

  1. Se suspender el pago de la totalidad o de parte de la prestacin a partir del primer da del mes siguiente al de la resolucin que declare la suspensin, sin perjuicio de lo dispuesto en relacin con el procedimiento de actualizacin de la cuanta de la prestacin.

  2. La duracin de la suspensin del derecho a la prestacin se ajustar a las siguientes reglas:

    1. Se mantendr suspendida la prestacin por el tiempo de duracin de las circunstancias que la motivaron y subsistir en tanto las mismas persistan.

    2. En los casos en que la suspensin del pago de la prestacin tenga origen en hechos, acciones u omisiones puntuales, cuyos efectos se agotan en s mismos, tendr una duracin de un mes.

    3. La suspensin de la prestacin ser de seis meses en los siguientes supuestos:

      1. Cuando la persona titular o beneficiaria de la prestacin incumpla el deber de suscribir el Programa Integrado y Personal de Inclusin o de colaborar para su elaboracin.

        Si el incumplimiento se prolonga ms de seis meses, se extinguir el derecho a la prestacin.

      2. Cuando la persona titular o beneficiaria de la prestacin haya rechazado injustificadamente un curso de formacin para el empleo ofrecido por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por una entidad colaboradora, haya abandonado voluntariamente una actividad formativa, se haya abstenido de acudir a esta o de participar en un proceso de seleccin para el empleo propuesto por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, sin causa justificada.

      3. Cuando la persona titular o beneficiaria de la prestacin se haya acogido injustificadamente a una reduccin de jornada o a una excedencia voluntaria.

  3. Desaparecidas las causas que motivaron la suspensin de la prestacin o cumplido el plazo de la suspensin acordada, el derecho a la renta de garanta de ingresos se reanudar a instancia de parte, siempre que se mantengan los requisitos que dieron lugar a su reconocimiento. En caso contrario, se modificar o extinguir el derecho, segn proceda.

    No obstante, se reanudar de oficio el derecho a la prestacin en aquellos casos en que la resolucin de suspensin fije una duracin determinada, as como en aquellos que se determinen reglamentariamente.

    La prestacin se devengar a partir del primer da del mes siguiente al de la fecha en que se solicite su reanudacin o de aquella en que finalice la suspensin, sin perjuicio del inicio de un procedimiento de control para verificar la concurrencia de los requisitos de mantenimiento de la prestacin.

  1. Iniciados los procedimientos a que se refieren los ttulos III y IV, el rgano competente podr suspender cautelarmente la totalidad o parte del pago de la renta de garanta de ingresos de manera motivada, siempre que resulte preciso para asegurar la eficacia de la resolucin que pudiera recaer, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

    La suspensin cautelar del pago de la prestacin se ajustar a lo dispuesto en la legislacin de procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas y de la potestad sancionadora de las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  2. Singularmente, y previo cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, la suspensin cautelar proceder:

    1. Cuando existan elementos de juicio suficientes de que la persona titular o alguna de las beneficiarias se ha trasladado fuera de la Comunidad Autnoma de Euskadi por un periodo, continuado o no, superior a noventa das dentro del ao natural.

    2. Cuando existan elementos de juicio suficientes sobre la concurrencia de falsedad u omisin, de carcter esencial, en la declaracin responsable o cuando no se presente la documentacin requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, habiendo mediado un requerimiento previo.

    3. Cuando no sea posible determinar la cuanta de la prestacin por causa imputable a la persona interesada.

  3. En caso de urgencia inaplazable, si as lo demandara la proteccin del inters pblico, podr acordarse la suspensin del pago de la prestacin de la renta de garanta de ingresos, debiendo confirmarse, modificarse o levantarse dicha medida en el acto que d inicio a cualquiera de los procedimientos a que se refiere el apartado 1.

  4. La suspensin cautelar se acordar previa audiencia de la persona interesada, salvo cuando concurran circunstancias de especial urgencia debidamente motivada. En tal caso, la suspensin deber ser revisada o ratificada tras la audiencia de la persona interesada por plazo de cinco das.

  5. Cuando la unidad de convivencia integre personas menores de edad, la suspensin cautelar del pago de la prestacin no podr afectar a la cuanta base, en caso de ausencia de recursos, o, si los hubiera, a la cantidad resultante de detraer a la cuanta base el conjunto de rentas e ingresos disponibles de todos sus miembros.

    Lo dispuesto en este apartado no resultar de aplicacin en los casos en que la suspensin cautelar traiga causa de la imposibilidad de determinar el cumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de aquella o cuando no sea posible determinar la cuanta de la prestacin por causa imputable a la persona titular.

  1. La prestacin de la renta de garanta de ingresos se extinguir por alguna de las siguientes causas:

    1. Fallecimiento de la persona titular.

    2. Prdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestacin o imposibilidad de determinar el cumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de aquella por causa imputable a la persona titular.

      Se entender definitiva la prdida de requisitos que se prolongue ms de doce meses continuados, a salvo de la prdida de la residencia efectiva de la persona titular en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi, que determinar la procedencia de la extincin de la prestacin desde la fecha en que esta concurra.

    3. Renuncia al derecho de la persona titular.

    4. Transcurso del plazo de duracin mxima de la unidad de convivencia excepcional.

    5. Incumplimiento del deber de suscribir el Programa Integrado y Personal de Inclusin o de colaborar para su elaboracin por tiempo superior a seis meses.

    6. Resolucin del Programa Integrado y Personal de Inclusin por renuncia de la persona destinataria.

    7. Rechazo de una oferta de empleo realizada por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por una entidad colaboradora, cese voluntario de la actividad laboral y baja voluntaria del puesto de trabajo, salvo que exista causa que los justifique.

    8. Resolucin recada en un procedimiento sancionador que as lo determine.

    9. Inexactitudes, falsedades u omisiones de carcter esencial detectadas en el control de las declaraciones responsables.

      Igualmente, en el marco del control de las declaraciones responsables, cuando la documentacin aportada no acredite el cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestacin o no permita su verificacin y cuando la persona interesada no atienda el requerimiento de comparecencia, de presentacin de documentacin o de subsanacin.

  2. Se entender justificado el rechazo de una oferta de empleo en los siguientes casos:

    1. Cuando concurran las circunstancias previstas en el artculo 45.3.a), b), c) y f).

    2. Cuando se acredite que el tiempo mnimo de desplazamiento para acudir al puesto de trabajo supera el 25 % de la jornada diaria de trabajo.

    3. Cuando el coste del desplazamiento en transporte pblico suponga un gasto superior al 20 % del salario mensual ofertado.

    4. Cuando el salario no resulte adecuado por no ser equivalente al del puesto de trabajo ofertado, atendiendo al convenio de empresa o al convenio sectorial que resulte de aplicacin.

  3. Se entender justificado el cese voluntario de la actividad laboral cuando traiga causa de razones econmicas o de conciliacin, de forma que, atendiendo a las circunstancias de la unidad de convivencia, no sea posible el cuidado de las personas menores de catorce aos o con discapacidad a su cargo, o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por s mismos.

  4. Igual consideracin tendr la baja voluntaria del puesto de trabajo en los casos en que, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, concurra justa causa para que la persona trabajadora pueda solicitar la extincin del contrato de trabajo.

  1. La extincin del derecho a la prestacin producir efectos desde el primer da del mes siguiente al de la fecha en que concurran las causas de extincin.

  2. En caso de prdida definitiva de alguno de los requisitos exigidos para el mantenimiento de la prestacin, no proceder declarar la extincin si en el momento de dictar la resolucin se cumplieran los requisitos para el acceso y mantenimiento de aquella.

    Asimismo, cuando la extincin traiga causa de la prdida de la residencia efectiva en la Comunidad Autnoma de Euskadi, no proceder su declaracin si al tiempo de dictar la resolucin quedaran acreditados el empadronamiento y la residencia efectiva en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi durante el tiempo previsto en el artculo 16.1.e), una vez descontadas las estancias fuera de ella.

    Lo dispuesto en este apartado se entender sin perjuicio de la obligacin de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

  3. En los casos a que se refiere el artculo 48.1.e), f) y g), la persona titular de la prestacin no podr solicitar la renta de garanta de ingresos durante el periodo de un ao, a contar desde la fecha en que sea firme la resolucin de extincin.

    Cuando se declare la extincin del derecho por inexactitudes, falsedades u omisiones de carcter esencial en la declaracin responsable, no se podr solicitar la prestacin en el plazo de dos aos contados desde la fecha en que sea firme la resolucin, sin perjuicio de la responsabilidad sancionadora a que pudiera haber lugar.

    En el cmputo de los periodos a que se refiere este apartado se tendr en cuenta el tiempo durante el que la prestacin haya estado ntegramente suspendida, siempre que la suspensin traiga causa de los mismos hechos que dan lugar a la extincin.

  4. La resolucin que declare la extincin del derecho a la prestacin ser ejecutiva cuando sea firme en va administrativa. Determinar la causa de la extincin y, en su caso, declarar el deber de reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.

  5. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, la resolucin ser inmediatamente ejecutiva en los casos que se relacionan a continuacin, sin perjuicio de la posibilidad de cambio de titular de la prestacin en los trminos previstos en el artculo 23:

    1. Fallecimiento de la persona titular.

    2. Ingreso de la persona titular en un servicio residencial permanente de carcter social, sanitario o sociosanitario financiado en su integridad con fondos pblicos, e ingreso en un centro de carcter penitenciario en rgimen ordinario o cerrado.

    3. Renuncia al derecho a la renta de garanta de ingresos y resolucin del Programa Integrado y Personal de Inclusin por renuncia de la persona destinataria.

    4. Transcurso del plazo de duracin de la unidad de convivencia excepcional.

  1. Cuando la extincin de la prestacin traiga causa del incumplimiento de obligaciones establecidas en esta ley y afecte a unidades de convivencia en las que se integren personas menores de edad, se reconocer excepcionalmente la renta de garanta de ingresos durante el periodo de un ao, siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

    1. Solicitud en tal sentido por quien ostente la representacin legal de la persona menor de edad.

    2. Solicitud previa y sin excepcin de todas las pensiones y prestaciones pblicas a las que pudieran tener derecho quienes integren la unidad de convivencia, sin que resulte de aplicacin lo dispuesto en el artculo 16.1.g), segundo prrafo.

    3. Empadronamiento y residencia efectiva en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi al tiempo de la solicitud, debiendo mantenerse a la fecha de la resolucin y durante el tiempo de percepcin de la prestacin.

  2. La renta de garanta de ingresos reconocida resultar de la diferencia entre la cuanta base y el conjunto de las rentas e ingresos disponibles de todas las personas integrantes de la unidad de convivencia, de acuerdo con las reglas establecidas en el artculo 35.

  3. Quienes ostenten la representacin legal de las personas menores de edad respondern del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artculo 29.1.a), f) y g), debiendo entenderse referida esta ltima letra al deber de comunicar las circunstancias que afecten a las personas menores de edad y, en todo caso, a la composicin de la unidad de convivencia, al domicilio de esta y a los recursos econmicos de las personas que la integran.

  4. Cuando el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el apartado anterior impida determinar la observancia de los requisitos de acceso y mantenimiento de la renta de garanta de ingresos, se acordar su extincin, sin que esta pueda solicitarse nuevamente al amparo de este artculo.

    La extincin de la prestacin ser ejecutiva una vez sea firme la resolucin que la declara.

  1. Las ayudas de emergencia social se dirigen a aquellas personas, integradas en una unidad de convivencia, cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos especficos, de carcter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de riesgo o exclusin social.

  2. En todo caso, podrn ser cubiertos por las ayudas de emergencia social los siguientes gastos:

    1. Los necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual, tales como:

      1. gastos de alquiler,

      2. gastos derivados de intereses y de amortizacin de crditos, contrados con anterioridad a la situacin de emergencia social, como consecuencia de la adquisicin de una vivienda o alojamiento. Reglamentariamente se establecer la posibilidad de aplicarse a gastos contrados con posterioridad a dicha situacin,

      3. gastos de energa,

      4. gastos de mobiliario y de electrodomsticos de la denominada lnea blanca,

      5. gastos de adaptacin, reparacin o para instalaciones bsicas en la vivienda,

      6. otros gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual. Este concepto incluye los gastos de agua, basura, alcantarillado, impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rstica, as como los derivados de la cuota de la comunidad de propietarios y los relacionados con la seguridad de la vivienda, aseguramiento e inspeccin tcnica de edificios, y

      7. gastos extraordinarios relacionados con la instalacin en una nueva vivienda, tales como fianza, alta en suministros, acondicionamiento, y otros.

    2. Gastos relativos a las necesidades primarias de las personas, tales como vestido, educacin y formacin y atencin sanitaria, no cubiertas por los diferentes sistemas pblicos.

    3. Gastos de endeudamiento vinculados a alguno de los conceptos a que se refieren las letras a) y b) o por la realizacin de gastos necesarios para atender necesidades bsicas de la vida.

  1. Las ayudas de emergencia social presentan las siguientes caractersticas:

    1. Finalistas, debiendo destinarse al objeto para el que se concedan.

    2. Subsidiarias y, en su caso, complementarias de todo tipo de recursos y prestaciones sociales de contenido econmico que pudieran corresponder a las personas beneficiarias, a las integrantes de su unidad de convivencia, as como, en su caso, a otras personas residentes en la misma vivienda o alojamiento en la forma que reglamentariamente se establezca.

    3. Intransferibles, y no podrn ofrecerse en garanta de obligaciones, ni ser objeto de cesin total o parcial, de compensacin o de descuento, salvo para el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas asociadas a ellas. No podrn ser objeto de retencin o embargo, salvo en los supuestos y con los lmites previstos en la legislacin estatal civil y procesal.

    4. Naturaleza subvencional, quedando sujeta su concesin a la existencia de crdito consignado para esa finalidad en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autnoma de Euskadi. No obstante, las administraciones pblicas vascas consignarn anualmente las cantidades que prevean suficientes para hacer frente a los gastos relacionados con aquellas.

  2. Las ayudas de emergencia social sern compatibles con la prestacin econmica de vivienda en las condiciones que se establezcan reglamentariamente, salvo las que se destinen a cubrir gastos de alquiler, que sern incompatibles con aquella prestacin.

Podrn ser beneficiarias de las ayudas de emergencia social las personas que renan los siguientes requisitos:

  1. Ser mayores de 18 aos. Este lmite mnimo de edad quedar exceptuado para quienes, no alcanzando dicha edad y reuniendo el resto de los requisitos, se encuentren en alguno de los supuestos establecidos en el artculo 26 relativos a la consideracin de las unidades de convivencia excepcionales.

  2. Estar integradas en alguna de las unidades de convivencia a que se refieren los artculos 25 y 26.

  3. Estar empadronadas y tener la residencia efectiva en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi de forma continuada durante, al menos, los seis meses inmediatos anteriores a la fecha de la solicitud.

    En caso de no cumplir ese periodo, debern haber estado empadronadas y residido efectivamente en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi durante cinco aos continuados de los diez anteriores a la fecha de la solicitud.

  4. No disponer de recursos suficientes para afrontar los gastos contemplados en el artculo 51.2 que afecten a los miembros de su unidad de convivencia, considerndose que no se dispone de recursos suficientes cuando se cumplan las condiciones siguientes:

    No disponer, en el ltimo ao o en el periodo de tiempo al que se asocian o vayan a asociarse los gastos para los que se solicitan las prestaciones, de unos rendimientos, determinados conforme se establece en los artculos 38 y 39, superiores al 150 % del valor de la renta mxima garantizada que pudiera corresponder en funcin de la composicin de la unidad de convivencia en el periodo asociado.

    En el supuesto de que las personas que se integran en una unidad de convivencia excepcional, de acuerdo con lo establecido en el artculo 26, residan en el mismo domicilio con personas con las que mantengan vnculos hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad, de adopcin, o de acogimiento familiar permanente o preadoptivo, no disponer en conjunto todas ellas, para el periodo de tiempo que corresponda, de rendimientos superiores al 300 % del valor de la renta mxima garantizada que pudiera corresponder en funcin de la composicin de la unidad de convivencia, en caso de ser consideradas todas ellas como parte de una misma unidad de convivencia, y en el periodo asociado.

  5. No disponer de un patrimonio superior a cinco veces la cuanta de la renta mxima garantizada que correspondera a la unidad de convivencia durante un ao.

  6. Estar inscritas como solicitantes de vivienda en el servicio Etxebide del departamento competente en materia de vivienda, salvo en aquellos supuestos que no se precise la mencionada inscripcin, por edad u otras circunstancias que se establezcan reglamentariamente, cuando las ayudas de emergencia social se destinen a cubrir gastos de alquiler.

  7. Haber solicitado las pensiones y prestaciones pblicas a las que pudieran tener derecho, salvo en los supuestos previstos en el artculo 16.1.g), segundo prrafo.

  1. Reglamentariamente se establecer el lmite mximo de ayudas de emergencia social que podrn coexistir dentro de la misma vivienda o alojamiento. Asimismo, se establecern las cuantas mximas que pudieran concederse por cada una de las ayudas en los supuestos de concurrencia.

  2. En el caso de personas que residan en establecimientos o servicios de alojamiento, centros residenciales u otros que sirvan a idntico fin, reglamentariamente se establecern las condiciones en las que podrn ser beneficiarias de ayudas de emergencia social. En todo caso, el acceso a las ayudas se referir a gastos o servicios cuya prestacin no est garantizada por las administraciones pblicas competentes.

  3. En el supuesto de que en una misma vivienda o alojamiento existieran varias personas que pudieran ostentar la condicin de beneficiarias y hubieran solicitado las prestaciones para hacer frente al mismo gasto, solo podrn otorgarse las ayudas de emergencia social a una de ellas.

Las personas beneficiarias de las ayudas de emergencia social debern cumplir las siguientes obligaciones:

  1. Aplicar las prestaciones recibidas a la finalidad para la que se hubieran otorgado.

  2. Haber solicitado las pensiones y prestaciones pblicas a las que pudieran tener derecho.

  3. Comunicar, en el plazo que se establezca reglamentariamente, los hechos sobrevenidos en relacin con el cumplimiento de los requisitos que pudieran dar lugar al acceso a las prestaciones.

  4. Comunicar, en el plazo que se establezca reglamentariamente, cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual de las personas beneficiarias.

  5. Reintegrar el importe de las cuantas indebidamente percibidas.

  6. Comparecer ante la Administracin y colaborar con ella cuando sean requeridas para ello.

  7. Todas aquellas que se deriven del objeto y finalidad de las ayudas de emergencia social y que se determinen reglamentariamente.

La renta mxima garantizada tendr idnticos valor y componentes a los establecidos en los artculos 32, 33 y 34.

  1. Reglamentariamente se establecern las cuantas mximas de las ayudas de emergencia social para cada uno de los gastos previstos en el artculo 51.2.

  2. En todo caso, en la determinacin de la cuanta aplicable a cada solicitante se atender a los siguientes criterios:

    1. Los recursos de la persona solicitante y de las dems personas beneficiarias de las ayudas, cuyo cmputo se realizar de acuerdo con lo establecido en los artculos 38 y 39.

    2. La cuanta de los gastos especficos realizados o por realizar.

    3. Las cuantas mximas a las que se refiere el apartado 1.

    4. La existencia de crdito consignado para esa finalidad.

    5. La valoracin que realicen los servicios sociales respecto a la existencia de una situacin real y urgente de necesidad del gasto y la idoneidad de estas ayudas para abordar dicha situacin de necesidad.

  3. Reglamentariamente se establecer la posibilidad de limitar la cuanta mxima que podrn percibir las personas beneficiarias a lo largo de los sucesivos periodos. Dicha opcin estar sujeta a la valoracin tcnica del caso realizada en el servicio social de base de referencia.

    Cuando las ayudas se destinen a la cobertura de gastos derivados de intereses y de amortizacin de crditos contrados para la adquisicin de la vivienda o alojamiento habitual, y esta tenga la consideracin de valor excepcional, no podrn exceder ni de la cuanta ni del nmero de aos que se determinen reglamentariamente.

    En todo caso, dichos lmites no sern de aplicacin a las unidades de convivencia cuando alguna de las personas miembros sea mayor de 60 aos.

  1. La propuesta tcnica de resolucin, que incluir la comprobacin por parte de los servicios sociales de la existencia de una situacin real de necesidad, ser elevada al rgano competente para su resolucin.

  2. La resolucin de concesin establecer el plazo para la presentacin de los justificantes de los gastos realizados.

De acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente, el rgano competente podr proceder a cuantas revisiones peridicas estime oportunas para comprobar si se mantienen las causas que motivaron la concesin. A tal efecto, podr requerirse a las personas beneficiarias de las ayudas para que comparezcan ante la Administracin y colaboren con ella.

  1. El derecho a la renta de garanta de ingresos nacer a partir del primer da del mes siguiente al de la fecha de presentacin de la solicitud.

  2. El pago de las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin ser mensual y se realizar mediante transferencia bancaria a una cuenta de la persona titular de la prestacin o por otras modalidades de pago debidamente autorizadas, de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin de finanzas de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  1. Las ayudas de emergencia social se harn efectivas en los trminos previstos en la resolucin de concesin, correspondiendo el pago de estas al rgano que la hubiera dictado.

  2. De acuerdo con lo que determinen los servicios sociales, el pago de las ayudas podr realizarse de forma fraccionada o de una sola vez. La resolucin de concesin concretar la forma de pago.

  1. El derecho al percibo de las prestaciones econmicas a tanto alzado y por una sola vez caducar al ao, a contar desde el da siguiente al de la notificacin de su reconocimiento.

  2. Cuando se trate de prestaciones peridicas, el derecho al percibo de cada mensualidad caducar al ao de su respectivo vencimiento.

  3. El derecho al percibo de las ayudas de emergencia social caducar al ao, a contar desde el da siguiente al de la notificacin de su concesin.

  1. La suma en cmputo anual de los ingresos de la unidad de convivencia, de las prestaciones y ayudas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin concedidas a una misma unidad de convivencia, no podr exceder del 200 % de la renta mxima garantizada aplicable a la renta de garanta de ingresos que correspondera, con carcter anual, a una unidad de convivencia de las mismas caractersticas que la de la persona titular.

  2. La cuanta mxima que podrn percibir las personas beneficiarias de las ayudas de emergencia social para la cobertura de gastos derivados de intereses y de la amortizacin de crditos contrados para la adquisicin de la vivienda o alojamiento habitual no podr exceder de la que se determine reglamentariamente.

  1. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo declarar y exigir la devolucin de las prestaciones econmicas indebidamente percibidas que resulten, en su caso, de un procedimiento sancionador, de un procedimiento de actualizacin de cuanta, de control de las prestaciones, de revisiones de actos declarativos del derecho y de cualquier otro que pudiera determinar la existencia de cantidades indebidamente percibidas.

  2. El deber de reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin ser ejecutivo una vez sea firme en va administrativa la resolucin que lo declara.

  3. A salvo del pago voluntario, de una vez, de la totalidad de la deuda, el deber de reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas se llevar a efecto por compensacin, descontando la cuanta adeudada del importe del pago de las prestaciones reconocidas.

  4. Cuando no exista derecho a la prestacin o el importe a percibir sea inferior a la cuanta del reintegro, la firmeza de la resolucin declarando el deber de reintegrar una cuanta indebidamente percibida o del acto reclamando la deuda no satisfecha dar inicio al procedimiento de recaudacin, de acuerdo con el Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudacin de la Hacienda General del Pas Vasco, pudiendo, conforme a este, aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, previa solicitud de la persona obligada.

  5. Las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, as como quienes en virtud de hechos, omisiones, negocios o actos jurdicos participen en la obtencin de una prestacin de forma fraudulenta, respondern solidariamente del reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas.

  6. Reglamentariamente se establecer el procedimiento de reintegro de las prestaciones econmicas indebidamente percibidas, cuya duracin no podr exceder de seis meses. Su tramitacin ser preferentemente en unidad de expediente con los procedimientos a que se refiere el apartado 1, en virtud del principio de simplificacin administrativa.

    Asimismo, se determinarn reglamentariamente los criterios que regirn la compensacin de la deuda.

  1. El ayuntamiento, la diputacin o la entidad de mbito supramunicipal que asuma la gestin de las ayudas de emergencia social establecer la obligacin de reintegro por parte de las personas beneficiarias de las cuantas no justificadas, as como de las cuantas que hubieran percibido indebidamente o en cuanta indebida en los supuestos contemplados en esta ley.

  2. El ayuntamiento, diputacin o entidad de mbito supramunicipal podr recurrir de oficio a la compensacin de ayudas de emergencia social en vigor, correspondientes a cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia de la persona beneficiaria.

  3. El rgimen de reintegro y compensacin se determinar reglamentariamente.

  1. La obligacin de reintegro de la renta de garanta de ingresos y de las ayudas de emergencia social indebidamente percibidas prescribir a los dos aos, contados desde la fecha de su cobro o desde que fue posible ejercitar la accin para exigir su devolucin, con independencia de la causa que origin la percepcin indebida.

  2. El plazo de prescripcin se interrumpir:

    1. por cualquier accin de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o de la entidad local realizada con conocimiento formal de la persona obligada, conducente al reconocimiento, comprobacin, revisin, inspeccin, liquidacin o cobro de la totalidad o parte de la obligacin,

    2. por la interposicin de recursos administrativos o jurisdiccionales relacionados con los derechos a que se refiere este artculo,

    3. por cualquier actuacin de la persona obligada conducente al reconocimiento, liquidacin o pago de las prestaciones indebidamente percibidas, y

    4. por requerimiento a la persona obligada por cualquier medio del que quede constancia para que ingrese las prestaciones indebidamente percibidas con ocasin de la realizacin de cualquier trmite dirigido al reconocimiento de alguna de las prestaciones econmicas y ayudas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

  3. La prescripcin se declarar de oficio, sin necesidad de que la invoque o excepcione la persona responsable de pago, en cualquier momento del procedimiento de reintegro o recaudatorio.

  1. La competencia para el reconocimiento y el control de las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin corresponde a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

  2. La competencia para el reconocimiento y control de las ayudas de emergencia social corresponde al ayuntamiento del municipio en el que est empadronada y tenga su residencia efectiva la persona solicitante.

  1. Los procedimientos para el ejercicio de potestades vinculadas al Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin estarn informados por los principios de imparcialidad, pro actione, igualdad, proporcionalidad, buena fe, confianza legtima, simplificacin, claridad, publicidad, transparencia, respeto a la confidencialidad y garanta de seguridad de la informacin, adems de por los que derivan de la legislacin sobre procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas.

  2. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo orientar su actuacin a la ciudadana, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa reguladora del sector pblico vasco.

  1. En el ejercicio de sus respectivas competencias, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y los ayuntamientos garantizarn en la tramitacin de los procedimientos la proteccin de los datos personales y la efectividad de los derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones pblicas reconocidos por la legislacin de procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas.

  2. Asimismo, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo garantizar, adems de lo dispuesto en el artculo anterior, los derechos reconocidos en el artculo 9, en lo que resulte de aplicacin, y el derecho a una buena administracin en los trminos establecidos en la normativa reguladora del sector pblico vasco. En particular:

    1. Garantizar el derecho a la tutela administrativa efectiva, entendida como la posibilidad de obtener una decisin sobre las cuestiones sometidas a su consideracin, con pleno respeto a los derechos que asistan a las personas interesadas, de acuerdo con los fines previstos en el ordenamiento y en el marco del procedimiento legalmente establecido.

      En especial, atender a la incidencia que la decisin pueda tener en el proceso de inclusin de la persona interesada o en el agravamiento de la situacin de exclusin, sin que su consideracin pueda amparar decisiones contrarias al ordenamiento.

    2. Actuar observando el deber de cuidado y la debida diligencia, ponderando y considerando todos los intereses y hechos relevantes implicados, sin que quepa imponer a las personas interesadas cargas innecesarias, ilgicas o desproporcionadas, ni la realizacin de actuaciones o la aportacin de documentos dirigidos a efectuar comprobaciones o la realizacin de trmites que pudieran llevarse a cabo por la propia Administracin.

    3. Facilitar a las personas interesadas informacin jurdica relevante que se halle en su poder y que pudiera afectar a la decisin que finalmente se adopte en el seno del procedimiento. Su cumplimiento no implicar un deber de informacin jurdica exhaustiva, ni podr suponer una carga desproporcionada.

    4. En aplicacin del derecho de toda persona a ser oda antes de que se tome en su contra una medida individual que la afecte desfavorablemente, garantizar el acceso de la persona interesada al expediente, pondr en su conocimiento las pruebas, informes, documentos, etctera que se incorporen a este y le dar audiencia, siempre que aquel conocimiento pudiera ser relevante para el eficaz ejercicio del derecho de defensa.

    5. En garanta del derecho a la motivacin de las decisiones que afecten a los intereses de las personas, las resoluciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo expresarn con claridad y en lenguaje comprensible los hechos y fundamentos jurdicos relevantes que sustentan la decisin.

    6. Adems de adoptar las decisiones dentro del plazo legalmente establecido, evitar cualquier dilacin desproporcionada en el cumplimiento de trmites y plazos, quedando proscritas las conductas negligentes y dilatorias que demoren indebidamente el curso del procedimiento.

    7. En la resolucin de los procedimientos, tendr en cuenta los factores relevantes, excluyendo de su consideracin los que no lo fueran.

      Impedir, a su vez, que se perpeten situaciones contrarias a los fines a que se dirige la presente ley, siempre que sus efectos puedan atemperarse mediante el ejercicio de las potestades previstas por el ordenamiento y aquellas situaciones no deriven en exclusiva de la accin u omisin de las personas interesadas.

    8. En garanta de la utilidad y funcionalidad de los recursos administrativos previstos en el ordenamiento y de su servicio al derecho de defensa, ejecutar los actos administrativos desfavorables nicamente cuando estos sean firmes en va administrativa sin que el mero transcurso del plazo para resolver un recurso administrativo, obligatorio o potestativo, permita la ejecucin del acto recurrido.

      Lo dispuesto en este apartado se entender sin perjuicio de lo dispuesto en los artculos 46.1 y 49.5 y en la normativa reguladora del ingreso mnimo vital.

  1. Todas las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones econmicas y ayudas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin tendrn derecho a relacionarse por medios electrnicos con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y con los ayuntamientos competentes, y se garantizarn en todo caso los derechos fundamentales, la no discriminacin, la igualdad de derechos con independencia del medio utilizado, as como el acceso de todas las personas a los servicios por medios digitales y analgicos.

  2. Para hacer efectivo el derecho a que se refiere el apartado anterior, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo garantizar a todas las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin lo siguiente:

    1. Accesibilidad de los servicios electrnicos y de las aplicaciones disponibles para la tramitacin de procedimientos, en particular para las personas con discapacidad y para las personas de edad avanzada, asegurando en todo caso que la informacin ofrecida resulta accesible y comprensible, as como su participacin efectiva.

    2. Supresin de las brechas digitales en cualquiera de sus manifestaciones, salvaguardando el derecho a la no exclusin digital.

      A tal fin, se promover la oferta de acciones formativas en competencias digitales en los trminos previstos en el artculo 127.

    3. Disponibilidad gratuita de sistemas de identificacin digital, autenticacin y firma electrnica, en tanto estos resulten exigibles, as como la instalacin de puntos de conectividad gratuitos, seguros y de alta calidad, disponibles para las personas usuarias.

    4. Asistencia en lnea y presencial, que garantice la plena accesibilidad a los servicios electrnicos de las personas con discapacidad, de las personas de edad avanzada y de aquellas otras que presenten dificultades en la utilizacin de los medios electrnicos.

    5. Adopcin de las medidas de seguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y autenticidad de la informacin tratada.

  3. Reglamentariamente podr habilitarse a entidades del tercer sector social de Euskadi para relacionarse con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por medios electrnicos en representacin de las personas interesadas.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sustanciar por medios electrnicos los procedimientos para el ejercicio de potestades vinculadas al Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin en los trminos previstos en la legislacin del procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas y en la normativa reguladora del sector pblico vasco.

  1. Las comunicaciones y notificaciones por medios electrnicos se realizarn de conformidad con la legislacin de procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas y, en el mbito de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Euskadi sobre administracin electrnica.

  2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las comunicaciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a las personas titulares o beneficiarias de las prestaciones que versen sobre ofertas de empleo o sobre formacin, aquellas relacionadas con la participacin en procesos de seleccin, con la cumplimentacin de trmites vinculados a la valoracin inicial de situacin y de necesidades y al Programa Integrado y Personal de Inclusin, as como las citas a comparecencia a que se refiere el artculo 30, se realizarn, de acuerdo con los datos facilitados por aquellas, a travs de correo electrnico, del canal telefnico, ya sea fijo, mvil o por internet, o a travs de otros canales que se determinen reglamentariamente.

    Los medios utilizados garantizarn la constancia de la transmisin y recepcin de la comunicacin en el canal o dispositivo identificado por la persona interesada, de su fecha y de su contenido ntegro. Cuando estos dejen de estar operativos, la comunicacin se practicar por cualquier otro medio que permita tener constancia de las garantas citadas, en los trminos que reglamentariamente se determinen.

  3. Sin perjuicio del medio a travs del que hayan de practicarse las notificaciones, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo promover el uso de los canales a que se refiere el apartado anterior para facilitar a las personas interesadas el acceso a la informacin sobre las prestaciones econmicas, la realizacin de trmites y su cumplimentacin, sobre notificaciones pendientes o sobre cualesquiera otras cuestiones referidas a los procedimientos previstos en esta ley. Su omisin no afectar a la validez de la notificacin.

  1. El procedimiento se iniciar a instancia de la persona interesada mediante la presentacin de la solicitud, de acuerdo con el modelo normalizado que establezca Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, e ir acompaada de la documentacin justificativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley y en sus normas de desarrollo y, en su caso, de la declaracin responsable a que se refiere el artculo 79.

    No se requerirn a las personas interesadas datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente por estas a cualquier administracin. A tal efecto, la persona interesada deber indicar en qu momento y ante qu rgano administrativo los present. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo deber recabarlos electrnicamente, salvo oposicin expresa de la persona interesada o que la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso.

  2. La solicitud se presentar, preferentemente, en el registro electrnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislacin de procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas en relacin con la presentacin de documentos que las personas interesadas dirijan a los rganos de las administraciones pblicas.

  1. En caso de detectarse deficiencias, errores o contradicciones en la solicitud o en la documentacin presentada o cuando se considere que la aportada necesita ser complementada para acreditar los requisitos exigidos, se requerir a la persona solicitante para que, en el plazo de diez das, subsane el defecto o acompae los documentos solicitados, con indicacin de que si as no lo hiciera se le tendr por desistida de su solicitud, previa resolucin dictada al efecto.

  2. El plazo para dictar y notificar la resolucin quedar suspendido cuando se requiera a la persona interesada para la subsanacin, por el tiempo que medie entre la notificacin del requerimiento y su efectivo cumplimiento.

  1. En la instruccin del procedimiento se comprobar, en los trminos previstos en la normativa sobre procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas, el cumplimiento de los requisitos determinantes del reconocimiento de la renta de garanta de ingresos.

  2. Se garantizar el trmite de audiencia a la persona interesada por plazo de diez das, si bien podr prescindirse de este cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolucin otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por aquella.

  1. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dictar la resolucin que proceda y la notificar en el plazo mximo de tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del rgano competente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolucin expresa, se entender estimada la solicitud.

  2. La resolucin que reconozca la prestacin determinar la cuanta a percibir mensualmente y la fecha a partir de la cual el reconocimiento tendr efectos econmicos.

El reconocimiento del ingreso mnimo vital, la verificacin de los requisitos para acceder a la prestacin, el plazo de resolucin de la solicitud y los efectos del silencio administrativo se regirn por lo dispuesto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mnimo vital, o en la norma que la sustituya.

  1. Los modelos normalizados permitirn formular la solicitud de las prestaciones del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin e identificarn la documentacin que habr de aportarse por la persona solicitante por no hallarse en poder de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por no poder obtenerse mediante los sistemas de intercambio de informacin con otras administraciones pblicas habilitados en cada momento, as como la posibilidad de sustituirla por declaraciones responsables.

  2. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo mantendr actualizados los modelos normalizados de solicitud y disponibles al pblico en las distintas oficinas, en su sede electrnica y en la de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  3. Los modelos normalizados de solicitud contendrn, al menos, las referencias siguientes:

    1. Informacin del plazo de resolucin de la solicitud o solicitudes y de los efectos del silencio administrativo, distinguiendo los que correspondan a cada una de las prestaciones del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

    2. Informacin de la obligacin de la persona solicitante de comunicar cualquier cambio en los datos de la solicitud desde su presentacin y de acompaar la documentacin acreditativa de dichos cambios cuando sea requerida para ello.

    3. Declaracin de la persona solicitante de la veracidad de los datos contenidos en la solicitud y en la documentacin que la acompaa, as como de los efectos de la falsedad, inexactitud u ocultacin de datos.

    4. Identificacin del telfono fijo, dispositivos mviles, correo electrnico u otros dispositivos o sistemas que se determinen reglamentariamente, que permitan a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la realizacin de las comunicaciones a que se refiere el artculo 72.2.

    5. Eleccin del medio elegido por la persona solicitante para relacionarse con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

    6. Prestacin del consentimiento para recabar documentos o informacin de otras administraciones pblicas, cuando sea exigible, y, en su caso, ejercicio del derecho de oposicin por la persona interesada.

    7. Informacin que haya de facilitarse a las personas interesadas en cumplimiento de la legislacin de proteccin de datos.

  4. La documentacin que, en su caso, se aporte junto con la solicitud servir para la acreditacin de aquellos requisitos que sean comunes a las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, sin perjuicio de las que resulten propias de cada una de las prestaciones solicitadas.

  5. Los modelos normalizados de solicitud estarn redactados en lenguaje claro, en los dos idiomas oficiales de la CAE, y cumplirn los requerimientos de accesibilidad previstos en la normativa sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos mviles del sector pblico.

  1. Las personas solicitantes de la renta de garanta de ingresos podrn acompaar a la solicitud una declaracin responsable en la que manifiesten expresamente, bajo su responsabilidad, que cumplen los requisitos establecidos en esta ley para el reconocimiento de aquella prestacin, que disponen de la documentacin que as lo acredita, que la pondrn a disposicin de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo cuando les sea requerida y que se comprometen a mantener el cumplimiento de las citadas obligaciones durante el tiempo de percepcin de la prestacin.

  2. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo elaborar modelos de declaracin responsable, y los mantendr actualizados y disponibles al pblico en las distintas oficinas, en su sede electrnica y en la de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  3. La declaracin responsable se referir nicamente a aquellos requisitos que no puedan ser comprobados por la Administracin de forma telemtica o que hayan de acreditarse por documentos que no obren en poder de aquella.

  1. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo reconocer la prestacin con efectos desde el primer da del mes siguiente al de la solicitud que se acompae de la declaracin responsable, sin perjuicio de las facultades de control e inspeccin que tiene atribuidas.

  2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no proceder el reconocimiento de la renta de garanta de ingresos en los trminos en l previstos, y habr de seguirse la tramitacin a que se refiere la seccin anterior, cuando la comprobacin de la documentacin que obre en poder de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o de la que hubiera aportado la persona solicitante o la que pudiera llevarse a cabo mediante sistemas de intercambio de informacin pusiera de manifiesto el incumplimiento de alguno de los requisitos de acceso a la prestacin.

    En tales casos, se notificar a la persona interesada esta circunstancia, se pondrn en su conocimiento los hechos o datos que impiden el reconocimiento de la prestacin y se dar impulso a la tramitacin del procedimiento. Contra este acto no cabr recurso alguno.

  3. El control del reconocimiento de la renta de garanta de ingresos fundado en declaraciones responsables se realizar de acuerdo con lo establecido en el captulo siguiente.

La presentacin de declaraciones responsables que acompaen a la solicitud del ingreso mnimo vital y sus efectos se regirn por lo dispuesto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mnimo vital, o por la norma que la sustituya.

  1. La renta de garanta de ingresos se actualizar con periodicidad trimestral.

    El procedimiento de actualizacin de la cuanta se establecer reglamentariamente y consistir en la determinacin del importe de la prestacin correspondiente al trimestre siguiente en funcin de la composicin de la unidad de convivencia, de sus caractersticas y del conjunto de rentas e ingresos disponibles en el periodo considerado, de acuerdo con las reglas previstas en el artculo 35.

  2. El importe de la prestacin se calcular atendiendo a los datos facilitados por las personas titulares y beneficiarias de la renta de garanta de ingresos en cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 29.1.g), as como a los que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo obtenga mediante los sistemas de intercambio de informacin habilitados en cada momento, salvo oposicin expresa de aquellas o que la ley especial aplicable requiera su consentimiento expreso y este no se hubiera prestado, en cuyo caso vendrn obligadas a proporcionarlos.

  3. El procedimiento de actualizacin de la cuanta seguir la tramitacin simplificada y garantizar la audiencia de las personas interesadas cuando en dicho procedimiento se tengan en cuenta datos distintos a los aportados por aquellas.

  4. Cuando la tramitacin del procedimiento ponga de manifiesto la imposibilidad de determinar la cuanta de la renta de garanta de ingresos por causa imputable a la persona interesada, se suspender cautelarmente la prestacin de conformidad con lo dispuesto en el artculo 47.2.

  5. Transcurrido el plazo de 30 das sin resolver y notificar la resolucin, se entender que la cuanta de la prestacin permanece idntica a la reconocida en el periodo anterior, sin perjuicio de lo que resulte del cumplimiento del deber de resolver y del ejercicio, en su caso, de la potestad de control.

    Cuando se incumpla la obligacin de resolver en plazo por causa imputable a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, no proceder la declaracin de reintegro de cantidades indebidamente percibidas.

  1. El procedimiento de control tiene por objeto la comprobacin del cumplimiento de los requisitos y obligaciones de la persona titular y de las integrantes de la unidad de convivencia, a efectos de verificar la observancia de lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen.

    El mismo procedimiento se seguir para el control de los reconocimientos de la renta de garanta de ingresos fundados en declaraciones responsables. En tales casos, el control comprender la totalidad de las manifestaciones y documentos objeto de la declaracin responsable, a fin de constatar la fiabilidad y exactitud de los datos e informacin incorporados a aquella y su adecuacin a los requisitos de acceso a la prestacin.

  2. El procedimiento de control tendr una duracin mxima de seis meses y se iniciar con el requerimiento de aportacin de documentacin o de comparecencia. Su tramitacin se establecer reglamentariamente y se llevar a cabo, preferentemente, por medios telemticos.

  3. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo llevar a cabo un control de todas las prestaciones reconocidas, al menos, con periodicidad bienal.

  4. Sin perjuicio del ejercicio de la potestad de control dentro del plazo de prescripcin, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizar controles aleatorios inmediatos de las prestaciones reconocidas, particularmente en los casos en los que el reconocimiento de la prestacin traiga causa de una declaracin responsable.

  1. El procedimiento de control terminar de alguna de las siguientes formas:

    1. Por resolucin que constate el cumplimiento de los requisitos y obligaciones por la persona titular y las beneficiarias de la prestacin y, en su caso, la correlacin de la declaracin responsable con la documentacin aportada y la acreditacin del cumplimiento de requisitos de acceso a la prestacin.

    2. Por resolucin de modificacin de la cuanta de la prestacin, si la tramitacin pusiera de manifiesto errores materiales o de hecho o constatara omisiones e inexactitudes en el reconocimiento de aquella.

    3. Por resolucin de suspensin o extincin de la prestacin, en los casos a que se refieren los artculos 42 a 45 y el artculo 48.

  2. En los casos previstos en las letras b) y c) del apartado anterior, la resolucin podr declarar, asimismo, el deber de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas.

  3. Transcurrido el plazo de seis meses desde el inicio del procedimiento sin que se haya notificado la resolucin, se producir la caducidad del mismo. La resolucin que declare la caducidad ordenar el archivo de las actuaciones.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo verificar los requisitos y condiciones determinantes del acceso y mantenimiento del derecho a la prestacin de ingreso mnimo vital, as como su cuanta, conforme a lo dispuesto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mnimo vital, o en la norma que la sustituya.

  1. En el ejercicio de la potestad de control podrn utilizarse sistemas de inteligencia artificial, si bien su aplicacin no podr extenderse a la valoracin de la esencialidad de errores o de los incumplimientos, al anlisis y determinacin de la existencia de causas que pudieran justificarlos o a cualesquiera otros trmites que impliquen una decisin discrecional o fundada en un anlisis y valoracin de las circunstancias concurrentes, que quedarn reservados a personas.

  2. Los sistemas de inteligencia artificial utilizados garantizarn el respeto al principio de igualdad y no discriminacin en relacin con las decisiones, procesos y uso de datos basados en inteligencia artificial.

  3. La aplicacin de la inteligencia artificial al procedimiento administrativo amparar la toma de decisiones con las debidas garantas, as como el derecho a una buena administracin en los trminos previstos en el artculo 69.2.

    Los actos administrativos que se basen en sistemas algortmicos u otros de inteligencia artificial estarn sometidos en todo caso a los principios y obligaciones que derivan de la legislacin de procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas, as como al resto de normas que resulten de aplicacin.

    En la seleccin de expedientes para el ejercicio de la potestad de control podrn utilizarse sistemas de inteligencia artificial, al igual que en el plan anual de asistencia, inspeccin y control.

  4. Los sistemas de inteligencia artificial utilizados sern verificables y debern aprobarse por el rgano competente en materia de renta de garanta de ingresos.

    La resolucin de aprobacin determinar el mbito de aplicacin y la estructura de funcionamiento de aquellos sistemas, los datos utilizados, su margen de error, su carcter decisorio o no, as como el cumplimiento de los requisitos y garantas a que se refieren los prrafos anteriores, y ser objeto de publicidad activa, de conformidad con la normativa de transparencia, acceso a la informacin y buen gobierno.

  1. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo garantizar el respeto a la legislacin de proteccin de datos y la confidencialidad de los datos de las personas solicitantes, titulares, beneficiarias y, en su caso, perceptoras que consten en el expediente para la gestin de las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

  2. El tratamiento de los datos personales que consten en el expediente de gestin de las prestaciones del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin se realizar sobre la base del cumplimiento de una obligacin legal, as como en el marco del inters pblico y el ejercicio de potestades pblicas, de conformidad con los artculos 6.1.c) y e) y 9.2.b) y h) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccin de las personas fsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacin de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. El tratamiento de los datos personales en el marco de actuacin de esta ley no requerir el consentimiento de las personas, salvo que se establezca de forma expresa.

    La obtencin de documentacin de otras administraciones pblicas en el marco de los procedimientos regulados por esta ley se regir por lo previsto en el artculo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

  3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, dado el carcter reservado de los datos tributarios y de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administracin de la Seguridad Social, la cesin de los que sean estrictamente necesarios para la gestin de la prestacin de la renta de garanta de ingresos se ajustar a lo dispuesto en el artculo 77.1.d) del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y a lo que establezcan, en relacin con los datos tributarios, la norma foral general tributaria de cada territorio histrico y la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

  4. La comunicacin de datos que realice Lanbide-Servicio Vasco de Empleo a otras administraciones o entidades pblicas en relacin con las prestaciones del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, con la finalidad de facilitar la informacin estrictamente necesaria para el reconocimiento y control de las prestaciones de competencia de aquellas, as como para el ejercicio de las potestades de inspeccin y sancionadora, tendrn como base jurdica el cumplimiento de una obligacin legal, as como la existencia de un inters pblico y el ejercicio de potestades pblicas, de acuerdo con los artculos 6.1.c) y e) y 9.2.b) y h) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccin de las personas fsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacin de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

    El suministro de esta informacin se sujetar a los requisitos establecidos por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

  1. El suministro de informacin a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por parte de las entidades del sector pblico para la gestin de la prestacin del ingreso mnimo vital se regir por lo dispuesto en su normativa reguladora.

  2. En el marco del deber de colaboracin entre administraciones pblicas establecido en la legislacin de rgimen jurdico del sector pblico y del sector pblico vasco, las autoridades, titulares de rganos de las administraciones pblicas y dems entidades integrantes del sector pblico estarn obligados a suministrar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo cuanta informacin resulte necesaria para el reconocimiento, actualizacin de la cuanta, conservacin, suspensin o extincin de las prestaciones, as como la que sea precisa para el ejercicio de la potestad de inspeccin o de la potestad sancionadora, siempre que est referida al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en esta ley.

  3. En particular, se suministrar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la siguiente informacin:

    1. Por el Instituto Nacional de Estadstica y por los ayuntamientos, los datos de domicilio relativos al padrn municipal correspondientes al periodo requerido y, en su caso, los del padrn histrico o colectivo del domicilio, as como los datos de dnde residen o han residido las personas solicitantes de las prestaciones y quienes integran la unidad de convivencia, cuando sean relevantes para el reconocimiento, modificacin y mantenimiento de aquellas.

    2. Por el organismo que designe el Ministerio de Justicia, los datos e informacin que solicite Lanbide-Servicio Vasco de Empleo acerca de las inscripciones y datos que guarden relacin con el nacimiento, modificacin, conservacin o extincin del derecho a las prestaciones reguladas en esta ley.

    3. Por los organismos competentes de las diputaciones forales y, en su caso, por la Agencia Estatal de Administracin Tributaria, los datos relativos a los niveles de renta, patrimonio y dems ingresos a que se refiere esta ley de las personas solicitantes de las prestaciones y de las personas integrantes de las unidades de convivencia, a fin de verificar si cumplen con las condiciones para la percepcin y mantenimiento de las prestaciones y en la cuanta establecida.

    4. Por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, los datos de las prestaciones sociales pblicas de carcter econmico integrados en el Registro de Prestaciones Sociales Pblicas que permitan verificar las personas titulares de las prestaciones, las beneficiarias y, en su caso, en cuanto condicionen el reconocimiento y mantenimiento de la prestacin, quienes se integran en la unidad de convivencia, los importes y clases de prestaciones abonadas y fecha de concesin.

      Asimismo, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, los datos de la Tarjeta Social Digital identificativos de los titulares de las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, de contenido econmico, financiadas con cargo a recursos de carcter pblico, as como, en cuanto determinen o condicionen el reconocimiento y mantenimiento del derecho a aquellas, de las personas beneficiarias, cnyuges y otros miembros de las unidades de convivencia, y los importes y clases de las prestaciones abonadas y la fecha de efectos de su concesin o reconocimiento. Igualmente, los datos que obren en la Tarjeta Social Digital sobre discapacidad, dependencia, demanda de empleo, familia numerosa y cualquier otra situacin subjetiva relevante para el reconocimiento y mantenimiento de las prestaciones que sea estrictamente necesaria para su gestin.

    5. Por la Tesorera General de la Seguridad Social, los siguientes datos:

      1. nmero de Seguridad Social y documento identificativo de las personas trabajadoras;

      2. periodo de liquidacin, y mes y ao del ejercicio al que corresponden las bases;

      3. bases de cotizacin, importes de las bases declaradas por las empresas o bases de cotizacin por las que se ha debido cotizar por las personas trabajadoras en los regmenes o sistemas especiales, en los supuestos en los que aquellas tengan la consideracin de sujetos responsables del ingreso de cuotas en el periodo de liquidacin correspondiente;

      4. datos del rgimen de la Seguridad Social al que se atribuyen las bases, con las siguientes especificaciones: 1) datos referidos al cdigo cuenta de cotizacin (CCC), razn social de la empresa o empresas en las que ha prestado servicios en cada periodo de liquidacin en relacin con personas trabajadoras incluidas en el Rgimen General y en los Sistemas Especiales Agrario, y de Empleados de Hogar, en el Rgimen Especial del Mar y en el Rgimen Especial de la Minera del Carbn; 2) en relacin con las trabajadoras y los trabajadores incluidos en el Rgimen Especial para las Personas Trabajadoras por Cuenta Propia o Autnomas, personas autnomas del Rgimen Especial del Mar, y aquellas que subscriban convenios especiales, los datos del rgimen de la Seguridad Social o, en su caso, colectivo de personas trabajadoras al que se atribuyen las bases de cotizacin en cada uno de los periodos de liquidacin; 3) artistas en espectculos pblicos y profesionales taurinos, identificacin del colectivo de personas trabajadoras, e importes de bases de cotizacin tras la regularizacin anual.

    6. Por los rganos competentes de las diputaciones forales y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, los datos de grado y nivel de dependencia y los datos de grado de discapacidad necesarios para el reconocimiento, modificacin o extincin del derecho a las prestaciones, as como para el ejercicio de las potestades de inspeccin y sancionadora.

    7. Por los rganos competentes de las diputaciones forales o de los ayuntamientos, los datos e identificacin de los servicios residenciales de carcter social, sociosanitario o de servicios sanitarios, siempre que se hallen financiados total o parcialmente con fondos pblicos.

    8. Por el organismo que designe el Ministerio del Interior, las fechas de concesin, prrroga o modificacin de las situaciones de las personas extranjeras en Espaa, y de renovacin, recuperacin o, en su caso, extincin de las autorizaciones de residencia, y sus efectos, as como los movimientos fronterizos de las personas que tengan derecho a las prestaciones reguladas en esta ley.

  1. El suministro de informacin a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por las personas fsicas o jurdicas privadas y por las entidades sin personalidad jurdica para la gestin de la prestacin del ingreso mnimo vital se regir por lo dispuesto en su normativa reguladora.

  2. Las personas fsicas o jurdicas privadas, as como las entidades sin personalidad jurdica, estarn obligadas a proporcionar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo aquellos datos, informes, antecedentes y justificantes que les sean requeridos por ser necesarios para el reconocimiento, actualizacin de la cuanta, conservacin, suspensin o extincin de las prestaciones a que se refiere esta ley, as como los que sean precisos para el ejercicio de la potestad de inspeccin o de la potestad sancionadora, siempre que estn referidos al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en esta ley.

  3. Asimismo, podrn realizarse requerimientos de informacin relativos a movimientos de cuentas corrientes, depsitos de ahorro y a plazo, cuentas de prstamos y crditos y dems operaciones activas o pasivas de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crdito y cuantas personas fsicas o jurdicas se dediquen al trfico bancario o crediticio, siempre que aquellos estn vinculados al reconocimiento, modificacin, conservacin, suspensin o extincin de las prestaciones a que se refiere esta ley, as como los que sean precisos para el ejercicio de la potestad de inspeccin o de la potestad sancionadora.

    Los requerimientos de informacin cumplirn los requisitos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, y estarn autorizados por el rgano competente en materia de renta de garanta de ingresos o debern realizarse con el consentimiento de las personas solicitantes de las prestaciones, titulares o beneficiarias de las mismas. El requerimiento de informacin deber identificar las cuentas y operaciones, si fueran conocidas, la persona o personas solicitantes, titulares o beneficiarias afectadas y el periodo de tiempo al que el mismo se refiere.

  4. El suministro de informacin y la cumplimentacin de los requerimientos de informacin previstos en este artculo se realizar preferentemente mediante sistemas de intercambio de informacin por medios electrnicos.

  1. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ejercer la potestad de inspeccin en relacin con el cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en esta ley y en la normativa del ingreso mnimo vital, sin perjuicio del desempeo de la funcin inspectora que, en relacin con el sistema de Seguridad Social, corresponde a los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social.

    Su ejercicio estar informado por los principios de legalidad, objetividad, eficacia, congruencia y proporcionalidad.

  2. La potestad de inspeccin en relacin con las ayudas de emergencia social se ejercer por el Gobierno Vasco, de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

La actividad inspectora se orientar a verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder a las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin y de las obligaciones que impone esta ley y la normativa reguladora del ingreso mnimo vital para las personas titulares y beneficiarias de las mismas, as como al asesoramiento para asegurar su cumplimiento.

  1. El desarrollo de la actividad inspectora se llevar a cabo por inspectores e inspectoras de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, sin perjuicio de las labores del cuerpo de inspectores de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social.

  2. Los inspectores y las inspectoras de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tendrn la consideracin de agentes de la autoridad en el ejercicio de la actividad inspectora.

  1. La inspeccin de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tendr las siguientes funciones:

    1. Vigilancia y comprobacin del cumplimiento de la presente ley y sus normas de desarrollo; en particular, de los requisitos de acceso a la renta de garanta de ingresos y de las obligaciones de las personas titulares y beneficiarias de la citada prestacin.

    2. Comprobacin de reclamaciones o de denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos de infraccin.

    3. Propuesta de adopcin de medidas de suspensin cautelar cuando en el ejercicio de la actividad inspectora se verifique la concurrencia de alguno de los supuestos a que se refiere el artculo 47.

    4. Propuesta de incoacin de procedimiento sancionador.

    5. Incoacin y tramitacin del procedimiento de control, sin perjuicio de las competencias que los estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo atribuyan a sus rganos centrales o territoriales.

  2. En el ejercicio de la actividad inspectora, los inspectores y las inspectoras de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo informarn acerca del motivo de la inspeccin, as como de su previsible duracin, y determinarn, con la mayor precisin posible, los hechos susceptibles de constituir una infraccin tipificada en esta ley y las personas presuntamente responsables, adems de cualquier otra circunstancia concurrente que incida sobre una eventual responsabilidad.

    Debern acreditar su condicin siempre que se les requiera para ello fuera de las oficinas pblicas y, en todo caso, identificarse documentalmente en todas las visitas de inspeccin que realicen.

  1. En el desarrollo de la actividad inspectora, los inspectores y las inspectoras de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo estarn facultados para lo siguiente:

    1. Efectuar toda clase de comprobaciones y practicar cualquier diligencia de investigacin, examen o prueba que consideren necesaria para verificar que las disposiciones de esta ley y la normativa que la desarrolle se observan correctamente.

    2. Acceder al domicilio de las personas titulares y beneficiarias de la prestacin econmica a fin de verificar la existencia de la unidad de convivencia, la residencia efectiva de sus integrantes, la residencia en el domicilio de ms de una unidad de convivencia y cualesquiera otras circunstancias vinculadas al cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestacin o a las obligaciones que nacen de ella.

    3. Requerir a las personas fsicas o jurdicas o entidades sin personalidad jurdica la aportacin de cuanta informacin sea precisa para comprobar la veracidad de las declaraciones realizadas por las personas titulares y beneficiarias en relacin con la fecha de inicio y fin de la prestacin de servicios, tipo de contrato, salarios percibidos, modificacin, suspensin, extincin de la relacin, reducciones de jornada, y cualesquiera otros que resulten necesarios por su vinculacin directa con los requisitos de acceso a la prestacin o al cumplimiento de obligaciones establecidas en esta ley. Esta facultad se entender sin perjuicio de la que corresponda a la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social, de conformidad con la legislacin ordenadora del Sistema de Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social.

      Cuando sea preciso el acceso a centros de trabajo para verificar las circunstancias citadas en este apartado se requerir el consentimiento de su titular o, en su defecto, autorizacin judicial.

    4. Requerir a las personas obligadas a colaborar, adems de su comparecencia y de lo dispuesto en los apartados anteriores, que proporcionen cualquier dato, informacin o documento que se considere necesario para la verificacin del cumplimiento de los requisitos de acceso a la prestacin y de las obligaciones establecidos en esta ley.

  2. El acceso al domicilio requerir el cumplimiento de los requisitos siguientes:

    1. Consentimiento libre y consciente de su titular o, caso de no encontrarse, de persona mayor de edad que habite en el domicilio.

      Deber otorgarse expresamente o derivarse de manera inequvoca de actos propios de no oposicin y de colaboracin, referirse a un acuerdo concreto y reflejarse documentalmente.

    2. En defecto de consentimiento que rena los requerimientos antedichos, se exigir autorizacin judicial.

    3. Acuerdo en tal sentido dictado en el marco de un procedimiento de control ya iniciado y notificado su inicio o, en otro caso, debidamente acreditado el intento de notificacin. El acceso al domicilio deber motivarse en razones de necesidad, adecuacin y proporcionalidad, sin que pueda fundarse en fines meramente prospectivos, generales o indefinidos.

  3. La informacin obtenida en el ejercicio de la actividad inspectora ser reservada y no podr utilizarse para fines distintos a los previstos en esta ley.

  1. Las personas inspectoras podrn solicitar apoyo de otra autoridad, que prestar su auxilio y colaboracin cuando sea necesario para el desarrollo de la actividad inspectora.

  2. Las autoridades, titulares de rganos de las administraciones pblicas y dems entidades integrantes del sector pblico facilitarn el suministro, si son requeridos para ello, de las informaciones, antecedentes y datos que sean necesarios para el ejercicio de la potestad inspectora.

    La misma colaboracin resultar exigible a las personas fsicas o jurdicas privadas, as como a las entidades sin personalidad jurdica.

  3. Las obligaciones de auxilio y colaboracin establecidas en este artculo solo tendrn las limitaciones legalmente establecidas en relacin con la intimidad de la persona, con el secreto de las comunicaciones o de las informaciones suministradas a las administraciones pblicas con finalidad exclusivamente estadstica, y con la proteccin de datos personales.

  1. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de trabajo aprobarn anualmente, de forma conjunta, un plan de asistencia, inspeccin y control. Los criterios generales que lo informen sern objeto de publicidad a travs de las sedes electrnicas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y de la Administracin pblica de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  2. El plan anual de asistencia, inspeccin y control tendr por objeto la prevencin, investigacin y control de incumplimientos, as como la promocin del cumplimiento voluntario de las obligaciones para el reconocimiento y percepcin de prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

    En relacin con la prestacin del ingreso mnimo vital, el plan concretar la actividad de inspeccin que llevarn a cabo los funcionarios y funcionarias de los cuerpos de la Inspeccin de Trabajo y Seguridad Social.

  3. En la elaboracin del plan podrn utilizarse sistemas de inteligencia artificial en los trminos previstos en el artculo 86.

  4. El plan anual de asistencia, inspeccin y control definir, adems, una estrategia de mejora permanente de los servicios de informacin y de asistencia a las personas titulares o beneficiarias de las prestaciones o a cualquier potencial solicitante, que priorizar el uso de las nuevas tecnologas, garantizando en todo caso el derecho a la no exclusin digital y la suficiencia de la asistencia e informacin por medios analgicos.

  5. En ejecucin del plan anual de asistencia, inspeccin y control, podrn realizarse las comprobaciones, revisiones y requerimientos que sean necesarios.

  1. Constituyen infracciones las acciones y omisiones tipificadas en esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que de ellas pudieran derivar.

  2. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

  3. En relacin con el ingreso mnimo vital, constituyen infracciones las acciones y omisiones tipificadas en su normativa reguladora.

  1. La potestad sancionadora en materias objeto de la presente ley corresponder a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y a los ayuntamientos de la Comunidad Autnoma de Euskadi, segn versen estas sobre la renta de garanta de ingresos y el ingreso mnimo vital o sobre las ayudas de emergencia social, respectivamente, y se ejercer a travs del correspondiente procedimiento, de conformidad con las reglas y principios establecidos en la legislacin sobre potestad sancionadora de las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma de Euskadi, de procedimiento administrativo comn y de rgimen jurdico del sector pblico.

  2. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora a que se refiere el presente captulo se establecer reglamentariamente. Su duracin no podr exceder de doce meses.

  1. Sern responsables de las infracciones previstas en esta ley las personas autoras de las acciones u omisiones tipificadas, as como aquellas que cooperen en su comisin con un acto sin el cual la infraccin no hubiera tenido lugar.

    Las personas menores de 16 aos no sern responsables de las infracciones tipificadas en los artculos siguientes. No obstante, quienes ejerzan la patria potestad, tutela, curatela, acogida o guarda legal o de hecho, por este orden, respondern de las infracciones cometidas por las personas menores en razn del incumplimiento de su obligacin de prevenir la comisin de ilcitos administrativos tipificados en esta ley.

  2. No habr lugar a responsabilidad en los siguientes supuestos:

    1. Cuando concurra fuerza mayor o caso fortuito.

    2. Cuando las personas autoras de las infracciones hayan puesto la diligencia exigible.

      Se entender que concurre tal circunstancia en los casos en que la accin u omisin tpica se ampara en una interpretacin razonable de la norma, aun cuando sea discrepante de la mantenida por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por el ayuntamiento respectivo, o sigue criterios manifestados por estos en directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas, siempre que de ellas emane una interpretacin en derecho y hayan sido objeto de publicidad en las sedes electrnicas de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o del ayuntamiento, de acuerdo con la normativa de transparencia y acceso a la informacin.

    3. Cuando se subsanen voluntariamente los errores en la informacin facilitada a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o al ayuntamiento o el incumplimiento de cualquier obligacin que esta ley imponga a las personas titulares y beneficiarias, con anterioridad a la notificacin del acuerdo de incoacin, sin perjuicio de que aquellos puedan ser causa de suspensin o extincin de las prestaciones, de la improcedencia del abono de las ayudas o puedan dar lugar al reintegro de prestaciones o ayudas de emergencia social indebidamente percibidas.

    4. En caso de error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infraccin o sobre alguno de sus elementos.

    5. Cuando concurran causas de exencin de la responsabilidad previstas en el Cdigo Penal, siempre que resulten compatibles con la naturaleza y finalidad de las infracciones tipificadas en esta ley.

  3. Cuando el cumplimiento de alguna obligacin prevista en esta ley corresponda a varias personas conjuntamente, respondern de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometieran y de las sanciones que se impusiesen. No obstante, cuando la sancin sea pecuniaria y siempre que resulte posible, se individualizar la sancin en funcin del grado de participacin de cada responsable.

Son infracciones leves las acciones u omisiones dirigidas a obtener o conservar la renta de garanta de ingresos o las ayudas de emergencia social, a sabiendas de que no se renen los requisitos para ello, cuando de dichas actuaciones u omisiones se derive una cuanta indebidamente percibida que no sea superior al 50 % de la que le correspondera en cuanta mensual.

Son infracciones graves, las siguientes:

  1. Las acciones u omisiones dirigidas a obtener o conservar la renta de garanta de ingresos o las ayudas de emergencia social, a sabiendas de que no se renen los requisitos para ello, cuando de dichas acciones u omisiones se hubiera derivado una percepcin indebida de la prestacin o de las ayudas citadas que, en cuanta mensual, fuera superior al 50 % e igual o inferior al 100 % de la que le correspondera.

  2. Ocultar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o al ayuntamiento respectivo la informacin y documentacin precisas en orden a acreditar el cumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la renta de garanta de ingresos o de las ayudas de emergencia social y a realizar la actualizacin peridica de la cuanta de la renta de garanta de ingresos, as como no facilitar la informacin necesaria para garantizar la recepcin de sus notificaciones y comunicaciones.

  3. Incumplir, a sabiendas, cualquier obligacin de contenido econmico cierta, vencida y exigible a favor de las personas titulares o beneficiarias de las prestaciones o ayudas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, siempre que de aquel incumplimiento derive un reconocimiento de aquellas prestaciones y ayudas en mayor cuanta.

    Se considerar cierta aquella obligacin cuya existencia o cuanta no hubiese sido objeto de reclamacin administrativa o judicial por la persona deudora o mediante un procedimiento alternativo de resolucin de disputas vinculante entre las partes, o, en otro caso, cuando la resolucin sea firme.

  4. La obstruccin a la labor que lleve a cabo el personal de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o del ayuntamiento respectivo que tenga atribuidas funciones inspectoras o de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, as como la resistencia a colaborar con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o con el ayuntamiento cuando las personas titulares o beneficiarias de la renta de garanta de ingresos o de las ayudas de emergencia social sean requeridas para ello.

  5. La comisin de una tercera infraccin leve, cuando la persona infractora hubiera sido sancionada dentro de los dos aos anteriores por resolucin firme en va administrativa por la comisin de dos infracciones leves.

Son infracciones muy graves, las siguientes:

  1. Las acciones u omisiones dirigidas a obtener o conservar la renta de garanta de ingresos o las ayudas de emergencia social, a sabiendas de que no se renen los requisitos para ello, cuando de dichas acciones u omisiones se hubiera derivado una percepcin indebida de alguna de las prestaciones en cuanta mensual superior al 100 % de la que le correspondera.

  2. Actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, aportando datos o documentos falsos.

  3. La coaccin, amenaza o violencia ejercida sobre personal de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el ejercicio de funciones de control e inspeccin de las prestaciones a que se refiere esta ley.

  4. La reincidencia en las conductas de obstruccin calificadas como graves.

    A los efectos de determinar la existencia de reincidencia, se estar a lo dispuesto en la letra siguiente.

  5. La comisin de una tercera infraccin grave, cuando hubiera sido sancionada dentro de los dos aos anteriores por resolucin firme en va administrativa por la comisin de dos infracciones graves del mismo tipo.

  1. Las infracciones leves se sancionarn con el apercibimiento a la persona responsable y con la imposicin de una sancin de multa igual a la cuanta indebidamente percibida.

  2. Las infracciones graves se sancionarn con la extincin de la renta de garanta de ingresos o con la imposibilidad de cobro de las ayudas de emergencia social, segn proceda, as como con la imposibilidad de acceder a la prestacin o a las ayudas citadas durante un periodo de hasta un ao y seis meses, cuando la sancin se impusiera en su grado mnimo; hasta un ao y nueve meses, si se impusiera en su grado medio, y hasta dos aos, si lo fuera en su grado mximo.

  3. Las infracciones muy graves se sancionarn con la extincin de la renta de garanta de ingresos o con la imposibilidad de cobro de las ayudas de emergencia social, segn proceda, as como con la imposibilidad de acceder a la prestacin o a las ayudas citadas durante un periodo de hasta dos aos y seis meses, cuando la sancin se impusiera en su grado mnimo; hasta dos aos y nueve meses, si se impusiera en su grado medio, y hasta tres aos, si lo fuera en su grado mximo.

    Si, dentro de los cinco aos anteriores a la comisin de una infraccin muy grave, la persona infractora hubiera sido sancionada por una infraccin muy grave que sea firme en va administrativa, se extinguirn la renta de garanta de ingresos o las ayudas de emergencia social, segn proceda, y se declarar la imposibilidad de su cobro, as como la imposibilidad de acceder a la prestacin o a las ayudas citadas durante un periodo de cinco aos.

  4. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 3, cuando en la unidad de convivencia existan personas menores de edad, resultar de aplicacin lo dispuesto en el artculo 50, salvo que la persona responsable de la infraccin sea menor de edad y mayor de diecisis aos, no se acoja a lo dispuesto en el artculo siguiente y la unidad de convivencia no integre otras personas menores de edad.

  5. Cuando las personas responsables de las infracciones no sean titulares o beneficiarias de la renta de garanta de ingresos o de las ayudas de emergencia social, se les impondrn las sanciones siguientes:

    1. Las infracciones leves se sancionarn con apercibimiento a la persona infractora y sancin de multa igual a la cuanta indebidamente percibida.

    2. Las infracciones graves se sancionarn con multa de hasta el 250 % de la cuanta base a que se refiere el artculo 33, siendo de hasta el 150 % de la cuanta base, cuando se imponga en su grado mnimo; de hasta el 200 % de la cuanta base, cuando lo fuera en su grado medio, y de hasta el 250 %, si lo fuera en su grado mximo.

    3. Las infracciones muy graves se sancionarn con multa de hasta el 400 % de la cuanta base, siendo de hasta el 300 % de la cuanta base, cuando la sancin se imponga en su grado mnimo; de hasta el 350 % de la cuanta base, cuando lo fuera en su grado medio, y de hasta el 400 %, si lo fuera en su grado mximo.

  6. Asimismo, en los casos a que se refieren las letras b) y c) del apartado anterior, se sancionar a las personas responsables con la imposibilidad de acceder a la renta de garanta de ingresos o a las ayudas de emergencia social, segn proceda, por periodos idnticos a los previstos en los apartados 2 y 3 de este artculo.

  7. Las sanciones previstas en este artculo se entendern sin perjuicio del reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

  1. En los casos en que una resolucin firme en va administrativa declare como responsables de la comisin de una infraccin a personas menores de edad que fueran mayores de diecisis aos, las sanciones establecidas en el artculo 103.1, 2 y 3 se sustituirn, siempre que medie expreso consentimiento de la persona menor de edad, por las siguientes:

    1. Las infracciones leves se sancionarn con prestaciones de inters social en el mbito de la inclusin durante un periodo mximo de un mes.

    2. Las infracciones graves se sancionarn con prestaciones de inters social en el mbito de la inclusin durante un periodo mnimo de tres meses y mximo de nueve.

    3. Las infracciones muy graves se sancionarn con prestaciones de inters social en el mbito de la inclusin durante un periodo mnimo de un ao y mximo de un ao y seis meses.

  2. Las prestaciones de la persona menor no sern retribuidas, y gozarn de la misma proteccin en materia de Seguridad Social y en materia de prevencin de riesgos laborales que las personas sometidas a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Reglamentariamente se establecern las indemnizaciones a que, en su caso, hubiera lugar.

  3. El incumplimiento de las sanciones sustitutorias dar lugar a su revocacin y a la ejecucin de la sanciones previstas para cada supuesto en el artculo anterior en los trminos que reglamentariamente se determinen.

  1. En la imposicin de sanciones se atender al grado de culpabilidad o a la existencia de intencionalidad, al beneficio obtenido ilcitamente, a la reincidencia, a las circunstancias de la persona responsable y de la unidad de convivencia en la que se integra, a la repercusin social de la infraccin cometida y a la irreversibilidad de los daos producidos.

  2. Cuando de la comisin de una infraccin derive necesariamente la comisin de otra u otras, se impondr nicamente la sancin correspondiente a la infraccin ms grave cometida.

  1. Las infracciones muy graves prescribirn a los cuatro aos, las graves a los tres aos y las leves al ao.

    El plazo de prescripcin comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que la infraccin se hubiera cometido. En los casos de infraccin realizada de forma continuada o permanente, el plazo comenzar a correr desde el da en que finaliz la conducta infractora.

  2. Interrumpir la prescripcin de la infraccin la iniciacin, con conocimiento de la persona presuntamente responsable, del procedimiento administrativo. La prescripcin se reanudar, por la totalidad del plazo, desde el da siguiente a aquel en que se cumpla un mes de paralizacin del procedimiento por causa no imputable al presunto responsable.

    Asimismo, interrumpir la prescripcin la realizacin de cualquier actuacin encaminada al logro de la finalidad del procedimiento, siempre que la misma haya sido acordada por el rgano competente, se encuentre debidamente documentada y de la misma se d conocimiento a la persona presuntamente responsable.

  3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirn a los cuatro aos, las impuestas por infracciones graves a los tres aos y las impuestas por infracciones leves al ao.

    El plazo de prescripcin de las sanciones comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que adquiera firmeza en va administrativa la resolucin que imponga la sancin. En el caso de desestimacin presunta del recurso administrativo interpuesto contra la resolucin que impone la sancin, el plazo de prescripcin de la sancin comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo previsto para la resolucin de dicho recurso.

  4. Interrumpir la prescripcin de la sancin la iniciacin, con conocimiento del sancionado, del procedimiento de ejecucin.

    Igualmente, interrumpir la prescripcin de la sancin la suspensin judicial de su ejecutividad, comenzndose a contar de nuevo la totalidad del plazo correspondiente desde el da siguiente a aquel en que la suspensin judicial quede alzada.

  5. La prescripcin se reanudar, por la totalidad del plazo, desde el da siguiente a aquel en que se cumpla un mes de paralizacin del procedimiento por causa no imputable a la persona sancionada.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pondr a disposicin de las personas usuarias del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin los instrumentos y servicios orientados a su plena inclusin laboral y colaborar con los servicios sociales integrados en el Sistema Vasco de Servicios Sociales en la plena inclusin social de las personas.

En su desarrollo respetar los derechos reconocidos en el artculo 9 a las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones econmicas, ayudas, instrumentos y servicios del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

  1. En el marco del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, tendrn derecho a los servicios de inclusin laboral las siguientes personas:

    1. Titulares o beneficiarias de las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

    2. Aquellas con residencia en la Comunidad Autnoma de Euskadi que tengan reconocida la situacin de exclusin social.

  2. Las personas que accedan a los derechos y servicios de inclusin laboral debern cumplir los requisitos previstos en la legislacin de empleo.

  3. Tendrn derecho a los servicios de inclusin social las personas que cumplan los requisitos que establece la legislacin de servicios sociales, sin perjuicio de lo dispuesto en el captulo II de este ttulo en relacin con las herramientas de diagnstico.

  1. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo asignar un profesional o una profesional de referencia a las personas destinatarias de los servicios de insercin laboral.

  2. Para las personas destinatarias de los servicios de insercin social, se estar a lo que disponga la legislacin de servicios sociales.

Las administraciones pblicas vascas que participen o pongan a disposicin servicios de inclusin laboral y social a que se refiere este ttulo garantizarn el respeto a la legislacin de proteccin de datos y a la confidencialidad de los datos suministrados, singularmente de aquellos que estuvieran sometidos a especial proteccin.

El suministro de informacin para la gestin de los servicios de inclusin no requerir el consentimiento previo de la persona usuaria por ser un tratamiento de datos de los referidos en los artculos 6.1.c) y e) y 9.2.h) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la proteccin de las personas fsicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacin de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Las entidades del tercer sector social de Euskadi podrn ser reconocidas como entidades colaboradoras en los procesos de inclusin laboral y social, tanto en la provisin de servicios de inclusin, como en las funciones de acompaamiento social, diagnstico, programacin, seguimiento y evaluacin, en los trminos que reglamentariamente se determinen.

  1. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo aplicar a todas las personas una herramienta de triaje dirigida a detectar las necesidades para lograr su inclusin e identificar los sistemas que han de intervenir en su diagnstico.

    En su elaboracin dar participacin activa a las personas.

  2. La herramienta de triaje consiste en un cuestionario estructurado, cuya aplicacin permitir la identificacin primaria de necesidades de la persona y, singularmente, su correcta derivacin a los sistemas concernidos para el logro de la inclusin.

  3. La valoracin inicial de situacin se realizar con carcter inmediato a la fecha de reconocimiento de las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin o, en su defecto, desde la fecha de solicitud de los servicios de inclusin.

    En ningn caso su realizacin podr superar el plazo de dos meses.

  4. Las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin debern colaborar con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para la elaboracin de la valoracin inicial de situacin y de necesidades en los trminos previstos en esta ley.

  1. Cuando sea precisa la intervencin del Sistema Vasco de Servicios Sociales, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo remitir a la persona usuaria a los servicios sociales para la realizacin de la valoracin y diagnstico social de atencin primaria, de acuerdo con lo dispuesto en su propia normativa.

  2. Idntico proceso al previsto en el apartado anterior se llevar a cabo cuando sea necesaria la intervencin de los sistemas vascos de educacin, vivienda y salud.

  3. El profesional o la profesional de referencia de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo impulsar la coordinacin con el servicio social de base correspondiente al domicilio de la persona o personas destinatarias y, en su caso, con los sistemas de educacin, vivienda y salud.

  4. Si las personas destinatarias fueran usuarias de los servicios sociales, se estar al diagnstico realizado por estos.

  5. La valoracin y diagnstico social, que deber realizarse en el plazo de dos meses desde la peticin del profesional o de la profesional de referencia, derivar a una valoracin y diagnstico especializados siempre que se consideren necesarios. En base a estos, se prescribir el servicio o servicios que resulten procedentes de los de la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, que, en su caso, quedarn definidos en el plan de atencin personalizada, de acuerdo con la normativa reguladora de los servicios sociales.

  6. Desde los sistemas vascos de servicios sociales, educacin, vivienda y salud que intervengan en cada caso, se remitir a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la informacin relevante para el itinerario de inclusin de la persona destinataria.

  1. Cuando la herramienta de triaje as lo determine, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realizar, en idntico plazo al sealado en el artculo anterior y en el marco de la legislacin de empleo, un diagnstico sobre empleabilidad de la persona o personas destinatarias en relacin con sus habilidades, competencias, formacin y experiencia profesional, que atienda a las circunstancias personales y sociales, tales como la edad, la pertenencia a colectivos de atencin prioritaria, situacin familiar, tiempo y motivos del desempleo, en su caso, y cualesquiera otras que puedan ser relevantes para su inclusin laboral.

    Al diagnstico personal sobre empleabilidad seguir la derivacin al servicio o servicios de la cartera de servicios de empleo que corresponda.

  2. El profesional o la profesional de referencia realizar el diagnstico personal sobre empleabilidad.

  1. El Programa Integrado y Personal de Inclusin es un servicio de inclusin participado en el que las partes suscribientes asumen compromisos en orden a prevenir el riesgo de exclusin o, en su caso, revertir la situacin de exclusin y procurar la plena inclusin laboral y social de las personas destinatarias.

  2. El Programa Integrado y Personal de Inclusin tendr una vigencia de dos aos y ser objeto de seguimiento a fin de introducir las modificaciones que resulten precisas para la consecucin del objetivo de inclusin de las personas destinatarias.

  3. El Programa Integrado y Personal de Inclusin podr prorrogarse por periodos de vigencia de idntica duracin.

  1. Las personas titulares y beneficiarias de la renta de garanta de ingresos estarn obligadas a negociar el Programa Integrado y Personal de Inclusin cuando se cumpla un ao desde la fecha de reconocimiento de la prestacin, con las excepciones a que se refiere el artculo 31.1.

    No obstante, podrn solicitar la elaboracin y suscripcin del Programa Integrado y Personal de Inclusin antes de que se cumpla el citado plazo, una vez realizados los diagnsticos a que se refieren los artculos 113 y 114 o transcurrido los plazos en ellos establecidos. En tal caso, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo vendr obligado a realizar todas las actuaciones encaminadas a su elaboracin.

  2. Asimismo, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo pondr a disposicin de las personas beneficiarias del ingreso mnimo vital la posibilidad de negociar y suscribir el Programa Integrado y Personal de Inclusin, sin perjuicio de lo que disponga la normativa reguladora de la citada prestacin.

Las partes intervinientes en el Programa Integrado y Personal de Inclusin sern Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y las personas destinatarias.

  1. El Programa Integrado y Personal de Inclusin definir, a partir del diagnstico a que se refieren los artculos 113 y 114, las propuestas de intervencin y las actuaciones de los sistemas vascos de empleo, servicios sociales, vivienda, educacin y salud que corresponda en cada caso.

  2. El Programa Integrado y Personal de Inclusin integrar lo siguiente:

    1. Objetivos de insercin laboral o de insercin social de la persona.

    2. Plan integrado y personalizado de empleo, si as resulta del diagnstico a que se refiere el artculo 114, que incluir la correspondiente oferta de acciones, servicios de la cartera de servicios de empleo y programas para la mejora de la empleabilidad que resulten procedentes.

      Su elaboracin corresponder a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de conformidad con la legislacin de empleo.

    3. Actuaciones, servicios y prestaciones previstas en el plan de atencin personalizada elaborado por los servicios sociales que sean relevantes para el proceso de inclusin sociolaboral de la persona, si as resulta del diagnstico a que se refiere el artculo 113.

    4. Cuando as resulte del diagnstico de necesidades, la intervencin de los sistemas de vivienda, salud o educacin que sea relevante para el proceso de inclusin sociolaboral de la persona.

    5. Indicadores de seguimiento y evaluacin.

  3. Las propuestas de intervencin, actuaciones y tareas incluidas en el Programa Integrado y Personal de Inclusin se negociarn con las personas destinatarias. A su vez, se incluir en el programa el compromiso de la persona destinataria a participar activamente en las acciones acordadas.

  4. El Programa Integrado y Personal de Inclusin estar sujeto a seguimiento, revisin y evaluaciones peridicas que se desarrollarn de forma compartida entre los diversos sistemas intervinientes, en los trminos previstos en el artculo 122.

  1. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo asignar un profesional o una profesional de referencia que se encargar del impulso, negociacin, suscripcin, seguimiento y evaluacin del Programa Integrado y Personal de Inclusin.

  2. En los casos en que el diagnstico a que hacen referencia los artculos 113 y 114 ponga de manifiesto la necesidad de priorizar la intervencin de los servicios sociales, el profesional o la profesional de referencia se situar en dichos servicios.

    El profesional o la profesional de referencia suministrar a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la informacin necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso y mantenimiento de la prestacin, as como para la realizacin de las funciones de seguimiento y evaluacin del Programa Integrado y Personal de Inclusin a que se refiere el apartado 1.

  3. Reglamentariamente se determinarn los mecanismos e instrumentos de colaboracin entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y los servicios sociales, as como los servicios de educacin, vivienda y salud.

  1. Una vez elaborado el Programa Integrado y Personal de Inclusin, se citar a la persona o personas destinatarias para su firma.

  2. La firma del Programa Integrado y Personal de Inclusin tendr lugar en el plazo mximo de quince meses desde la fecha de reconocimiento de las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin y, en el caso de que su elaboracin se inste por la persona usuaria, en el plazo de tres meses desde la solicitud.

    Hasta su firma se desarrollarn las intervenciones y actuaciones dirigidas al objetivo de inclusin previstas en los artculos 113 y 114.

  3. Con carcter previo a la firma, se explicar a la persona o personas destinatarias, en lenguaje comprensible, los elementos ms significativos del Programa Integrado y Personal de Inclusin y se le har entrega de un ejemplar del mismo.

    Su firma y puesta a disposicin podrn realizarse por medios electrnicos, siempre que as lo solicite la persona destinataria o, en otro caso, lo acepte expresamente.

  4. Transcurrido el plazo previsto en el apartado 2 sin que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo hubiera citado a la persona o personas destinatarias a la firma del Programa Integrado y Personal de Inclusin o sin que se hubiera cumplimentado alguna de las herramientas de diagnstico, aquellas podrn reclamar su cumplimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido la persona empleada de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo causante de la demora.

  1. Sern obligaciones de las personas destinatarias del Programa Integrado y Personal de Inclusin:

    1. realizar todas aquellas actuaciones que se deriven de su objeto y finalidad, y

    2. comunicar los cambios sobrevenidos que incidieran en la posibilidad de desarrollar las actuaciones comprometidas.

  2. Sern obligaciones de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo:

    1. garantizar una oferta de servicios accesibles y adaptados en cada momento que permitan cumplir los compromisos en los trminos previstos en el Programa Integrado y Personal de Inclusin, para lo cual asegurar los recursos humanos y materiales que sean necesarios, y

    2. cuando as derive del diagnstico personal sobre empleabilidad y del plan integrado y personalizado de empleo, garantizar a las personas destinatarias la intermediacin laboral en el mercado laboral ordinario o mediante programas subvencionados pblicamente, ajustada a sus caractersticas y, al menos, una actividad formativa adecuada anual, que permita la acreditacin de los resultados del aprendizaje.

  3. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo podr combinar sus propios programas, instrumentos y servicios orientados a la inclusin laboral con los de otras administraciones pblicas y entidades pblicas y privadas.

  4. El Programa Integrado y Personal de Inclusin no impedir el acceso de las personas destinatarias a un empleo o a una formacin no previstos en el mismo. En tal caso, se proceder a su revisin.

  1. El Programa Integrado y Personal de Inclusin ser objeto de seguimiento permanente y de una evaluacin anual que den cuenta del cumplimiento o incumplimiento de los compromisos asumidos.

    En funcin de la evaluacin, por acuerdo de las partes intervinientes o por cualquier otra circunstancia, podr revisarse y modificarse su contenido, a cuyo fin deber darse participacin a la persona o personas destinatarias.

  2. El seguimiento y evaluacin del Programa Integrado y Personal de Inclusin corresponder al o a las profesionales de referencia.

  3. En los casos en que el Programa Integrado y Personal de Inclusin integre un plan de atencin personalizada elaborado por los servicios sociales, el profesional o la profesional de referencia, de acuerdo con la legislacin de servicios sociales, deber colaborar con el profesional o con la profesional de referencia de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y facilitarle la informacin que le sea requerida en orden a realizar el seguimiento permanente y la evaluacin del Programa Integrado y Personal de Inclusin.

  4. Cuando el Programa Integrado y Personal de Inclusin incluya intervenciones de vivienda, salud o de educacin, los profesionales o las profesionales de referencia de estos sistemas debern colaborar con la persona de referencia responsable del seguimiento del citado programa.

    Igualmente, cuando el Programa Integrado y Personal de Inclusin integre actuaciones en empresas de insercin o en centros especiales de empleo, la persona que estos designen deber colaborar con el profesional o la profesional de referencia.

Cuando sea imposible el cumplimiento del Programa Integrado y Personal de Inclusin por parte de la persona o personas destinatarias, se suspender de forma temporal la obligatoriedad del cumplimiento de los compromisos derivados del mismo, hasta tanto desaparezca o se modifique la situacin de imposibilidad.

  1. Sern causas de resolucin del Programa Integrado y Personal de Inclusin, las siguientes:

    1. Cumplimiento de los objetivos de inclusin previstos en l.

    2. Incumplimiento reiterado de las obligaciones y compromisos asumidos en el Programa Integrado y Personal de Inclusin.

    3. Acuerdo de las partes.

    4. Renuncia de la persona destinataria.

    5. Cumplimiento del plazo de vigencia y, en su caso, de las prrrogas.

  2. La resolucin del Programa Integrado y Personal de Inclusin tendr los efectos previstos en esta ley y en la normativa del ingreso mnimo vital.

Los intercambios de informacin precisos para hacer efectivas las funciones a que se refiere este captulo entre los y las profesionales de referencia de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de los servicios sociales y de los sistemas de vivienda, salud o educacin se realizar preferentemente por medios electrnicos.

  1. Se reconoce a las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones y ayudas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin el derecho a acceder a los servicios de apoyo para mejorar su empleabilidad previstos en la legislacin de empleo.

  2. El acceso a estos servicios se realizar en el marco del Programa Integrado y Personal de Inclusin, que identificar los servicios de apoyo a la empleabilidad que se pondrn a disposicin de la persona destinataria y su alcance.

  1. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo ofertar acciones formativas en competencias digitales como parte del itinerario de inclusin personalizado de las personas titulares y beneficiarias de las prestaciones del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, que atendern a la adquisicin de las habilidades digitales bsicas para relacionarse por medios electrnicos con cualquier servicio, adems de la acreditacin, en su caso, de las correspondientes competencias profesionales de capacitacin laboral.

  2. La oferta formativa se dirigir con preferencia a aquellos colectivos que presenten niveles inferiores de competencias digitales y, en particular, se dirigir a remover la desigualdad por razn de sexo.

  3. Se promover la colaboracin con las administraciones pblicas vascas competentes en materia de educacin y empleo en orden a garantizar la adquisicin de competencias digitales de las personas, singularmente, de aquellas que se hallen en situacin de exclusin o en riesgo de padecerla.

  1. En el mbito de sus respectivas competencias de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin de empleo y de formacin profesional, las administraciones pblicas vascas prestarn servicios, desarrollarn programas y adoptarn iniciativas orientadas a favorecer y facilitar la mejora de la empleabilidad y de la ocupabilidad de las personas y de los colectivos con especiales dificultades de insercin laboral.

    Asimismo, se promovern las medidas siguientes:

    1. Introduccin, en el marco de la legislacin sobre contratacin del sector pblico, de clusulas sociales en las contrataciones pblicas que otorguen prioridad a las entidades que contraten a personas en situacin de exclusin o en proceso de incorporacin laboral.

    2. Medidas de apoyo en el marco de las polticas de conciliacin de la vida familiar y laboral.

  2. En la regulacin e implementacin de las medidas previstas en el apartado anterior, las administraciones pblicas competentes en materia de empleo y formacin profesional debern coordinar sus previsiones y actuaciones con las del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, contenidas en el Plan Vasco de Inclusin, con el fin de garantizar la eficacia del conjunto de las actuaciones, la utilizacin racional de los recursos y la continuidad de la atencin a las personas en riesgo o en situacin de exclusin en el marco de los itinerarios personalizados diseados en los programas integrados y personales de inclusin.

  3. En el mbito de sus respectivas competencias en materia de insercin social, las administraciones pblicas vascas adoptarn medidas orientadas a favorecer y facilitar el acceso a los servicios y prestaciones orientados a las personas en situacin o riesgo de exclusin que se establecen en la normativa de servicios sociales.

  1. Las administraciones pblicas vascas planificarn de forma coordinada los objetivos, instrumentos y ejes comunes de actuacin prioritaria del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, salvaguardando en todo caso niveles de proteccin homogneos en el conjunto del territorio.

  2. En el mbito autonmico, la planificacin se materializar en el Plan Vasco de Inclusin. En su elaboracin se garantizar la participacin directa de todas las administraciones pblicas vascas, as como la de otras entidades pblicas y privadas y entidades del tercer sector social de Euskadi.

  3. Las diputaciones forales y los ayuntamientos o agrupaciones de ayuntamientos desarrollarn, en ejecucin del Plan Vasco de Inclusin, su propia programacin en sus mbitos territoriales de actuacin.

  4. En coordinacin con el Plan Vasco de Inclusin, podrn elaborarse planes especiales para barrios, municipios, comarcas u otros mbitos geogrficos que precisen de una accin integrada a corto o medio plazo.

La planificacin del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin se ajustar a los siguientes principios:

  1. Planificacin temporal y geogrfica tanto de los objetivos como de los instrumentos orientados a la inclusin social y laboral, con especial consideracin del criterio de proximidad, en coordinacin con las previsiones contenidas en los planes autonmicos de actuacin existentes en otros mbitos de la proteccin social, en particular, en servicios sociales, empleo, educacin, vivienda y salud.

  2. Equilibrio y homogeneidad territorial, articulando una distribucin geogrfica de los servicios que garantice las mismas oportunidades de acceso a toda la poblacin de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  3. Aprovechamiento integral, flexible, racional y eficiente de todos los recursos disponibles, formales e informales, pblicos y privados, basado en frmulas eficaces de coordinacin de las intervenciones y de trabajo en red.

  4. Dotacin presupuestaria suficiente.

  5. Principio de transparencia, a cuyo efecto se publicarn el Plan Vasco de Inclusin, los programas para la inclusin y las evaluaciones de las que el plan y los programas sean objeto.

  6. Principio de participacin ciudadana en la elaboracin de la planificacin.

  1. El Plan Vasco de Inclusin recoger de forma coordinada y global las lneas y directrices de intervencin y actuacin que deben orientar la actividad de las administraciones competentes para la consecucin de la inclusin de las personas en riesgo o situacin de exclusin. Tendr carcter quinquenal y ser objeto de evaluacin.

  2. La elaboracin del plan corresponde a la Comisin Interinstitucional para la Inclusin y su aprobacin al Gobierno Vasco, previo informe del Consejo Vasco para la Inclusin. Una vez aprobado, ser objeto de comunicacin al Parlamento Vasco para su debate.

    El Plan Vasco de Inclusin ir acompaado de una memoria econmica que contendr las previsiones de coste econmico de las intervenciones y actuaciones.

  3. Tendr, al menos, los siguientes contenidos:

    1. Diagnstico de las necesidades de inclusin social y laboral y un pronstico de su evolucin.

    2. Definicin de objetivos y, en el marco de cada uno de ellos, de los ejes estratgicos y acciones, estableciendo los plazos para su desarrollo y consecucin y las entidades u rganos competentes para ello.

    3. Definicin de los mecanismos de evaluacin sistemtica y continuada.

    4. Programas de investigacin e innovacin sobre inclusin.

    5. Actuaciones del rgano estadstico especfico del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de inclusin y del Gabinete Tcnico de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, as como las que se realicen en colaboracin con las universidades vascas, los centros de investigacin especializados y el tercer sector social de Euskadi.

  4. Las administraciones pblicas vascas promovern la coordinacin entre el Plan Vasco de Inclusin y otros planes interinstitucionales e interdepartamentales con incidencia en los procesos de inclusin social y laboral; en particular, con los planes de empleo, de servicios sociales, de educacin, de vivienda, de salud y de atencin sociosanitaria.

El Plan Vasco de Inclusin se ejecutar mediante los programas que elaboren y desarrollen las distintas administraciones pblicas vascas en el mbito de sus respectivas competencias.

  1. De conformidad con la metodologa definida en el Plan Vasco de Inclusin, se elaborar un plan anual de itinerarios de inclusin, que recoger las estrategias de inclusin de las personas beneficiarias del ingreso mnimo vital, de acuerdo con los instrumentos y servicios orientados a la inclusin a que se refiere el ttulo anterior.

  2. El plan anual de itinerarios de inclusin tendr el contenido previsto en el convenio para la asuncin por la Comunidad Autnoma del Pas Vasco de la gestin de la prestacin no contributiva del ingreso mnimo vital y en su elaboracin se seguir el procedimiento previsto en l.

  1. Con el fin de garantizar la homogeneidad en los criterios de intervencin en el mbito de la inclusin social, las administraciones pblicas vascas aplicarn los instrumentos comunes de valoracin, diagnstico e intervencin personalizados establecidos en la legislacin de servicios sociales y en sus normas de desarrollo.

    Utilizarn, en todo caso, herramientas tcnicas e informticas comunes y compatibles, que permitan el intercambio de informacin y la comparabilidad de los datos.

  2. Igualmente, el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin colaborar y se coordinar con otros sistemas y polticas pblicas de proteccin social para el conocimiento, explotacin y difusin eficaz de la informacin estadstica que procure un conocimiento integral de las principales magnitudes de las redes de atencin.

  1. Las administraciones pblicas vascas se coordinarn para promover y planificar la formacin de la totalidad de agentes y profesionales que intervienen en el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin; en particular, en los mbitos relacionados con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

  2. En particular, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo garantizar la formacin especfica del personal en materia de procedimiento administrativo, de igualdad, de gestin de la diversidad y de lucha contra la discriminacin, y promover la especializacin en el desarrollo de polticas de empleo que permita una respuesta adecuada a las personas en situacin o en riesgo de exclusin.

  3. En el ejercicio de sus respectivas competencias, las administraciones pblicas vascas promovern la investigacin y mejora de la prospectiva en materia de inclusin para favorecer la innovacin y la gestin del conocimiento en dicho mbito.

  1. Corresponde al Gobierno Vasco el ejercicio de las siguientes competencias:

    1. Desarrollo de la presente ley y la accin directa en materia de garanta de ingresos y de inclusin.

      Se entiende por accin directa, adems de las potestades de ejecucin atribuidas al Gobierno Vasco, la competencia de idntica naturaleza respecto de aquellos programas, prestaciones y servicios que, por su inters general, por su naturaleza y caractersticas, por el nmero de potenciales personas usuarias o por las economas de escala susceptibles de obtenerse por su prestacin a nivel autonmico, tengan que ser prestados con carcter unitario en todo el territorio de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

      El ejercicio de la accin directa ser motivado y se declarar por decreto del Gobierno Vasco, previo informe favorable de la Comisin Interinstitucional para la Inclusin.

    2. Aprobacin del Plan Vasco de Inclusin, instrumentacin con carcter general de los recursos y medios suficientes para su ejecucin, as como su evaluacin.

    3. Elaboracin, en colaboracin con la Administracin General del Estado, del plan anual de itinerarios de inclusin.

    4. Revisin y, en su caso, actualizacin de los instrumentos tcnicos comunes de diagnstico e intervencin planificada y personalizada, en cooperacin con las dems administraciones vascas.

    5. Planificacin y diseo de las estadsticas relativas a las prestaciones econmicas y servicios del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, as como elaboracin y mantenimiento de las mismas, en cooperacin con las dems administraciones vascas, de acuerdo con la normativa estadstica y para la igualdad de hombres y mujeres.

    6. Coordinacin general del Sistema de Servicios Sociales con el Sistema de Garanta de Ingresos y para la Inclusin en lo relativo a la accin de los servicios sociales en materia de inclusin social e instruccin, reconocimiento, pago y financiacin de las ayudas de emergencia social.

    7. Inspeccin de las ayudas de emergencia social.

    8. Promocin, elaboracin y desarrollo de intervenciones y actuaciones de carcter comunitario para la inclusin, en colaboracin con los ayuntamientos y mancomunidades.

    9. Evaluacin de las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

    10. Designacin de la persona titular del rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin.

    11. Las que deriven del establecimiento del convenio para la asuncin por la Comunidad Autnoma del Pas Vasco de la gestin de la prestacin no contributiva del ingreso mnimo vital.

    12. Cualquier otra que se establezca en esta ley y en su normativa de desarrollo.

  2. Las competencias del Gobierno Vasco se ejercern a travs de los departamentos competentes en materia de garanta de ingresos y de servicios sociales.

Corresponde a la diputacin foral de cada territorio histrico, en el mbito de sus competencias de inclusin social, el ejercicio de las siguientes funciones:

  1. Elaboracin y desarrollo de los programas forales de inclusin social que se aprueben en ejecucin del Plan Vasco de Inclusin.

  2. Diseo y desarrollo de la red de servicios y centros para dar respuesta a las necesidades de inclusin social y laboral en los diferentes mbitos de la proteccin social.

  3. Valoracin especializada de las situaciones de exclusin o, en su caso, de riesgo de exclusin, en los trminos establecidos en la normativa de servicios sociales.

  4. Cualquier otra que se establezca en esta ley y en su normativa de desarrollo.

  1. Corresponde a los ayuntamientos de la Comunidad Autnoma de Euskadi, en el marco de las competencias propias en materia de garanta de ingresos e inclusin, las siguientes funciones:

    1. Elaborar, aprobar y desarrollar programas municipales, en su caso, para la inclusin social en ejecucin del Plan Vasco de Inclusin.

    2. Informar, valorar, diagnosticar y orientar a las personas y familias que lo requieran, en el mbito de sus competencias.

    3. Colaborar con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo en el marco de los programas integrados y personales de inclusin.

    4. Elaborar el diagnstico social y el plan de atencin personalizada, y remitir la informacin precisa para la evaluacin de los programas integrados y personales de inclusin a que se refieren los artculos 113 y 122.

    5. Cualquier otra que se establezca en esta ley y en su normativa de desarrollo.

  2. Sin perjuicio de la accin directa que corresponde al Gobierno Vasco en materia de ayudas de emergencia social, corresponde a los ayuntamientos de la Comunidad Autnoma de Euskadi instruir, reconocer y pagar las ayudas de emergencia social, ejercer la potestad sancionadora, as como hacer seguimiento de las personas beneficiarias de las ayudas de emergencia social.

    En todo caso, y en razn de dicha competencia de accin directa, el Gobierno Vasco consignar, segn lo previsto en el artculo 136, los recursos necesarios para el ejercicio de las funciones previstas y la financiacin de las cuantas de las ayudas de emergencia social.

Corresponde a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo la realizacin de las siguientes funciones:

  1. Tramitacin y gestin de las prestaciones econmicas del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, as como el ejercicio de las potestades de control, inspeccin y sancionadora vinculadas a ellas.

  2. Elaboracin y suscripcin del Programa Integrado y Personal de Inclusin.

  3. Gestin de los servicios de inclusin laboral y de apoyo a la empleabilidad previstos en esta ley.

  4. Cualquier otra que se establezca en esta ley y en su normativa de desarrollo.

  1. El Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin se financiar con cargo a:

    1. los presupuestos generales de la Comunidad Autnoma de Euskadi,

    2. los presupuestos generales de los territorios histricos,

    3. los presupuestos de los ayuntamientos, y

    4. cualquier otra aportacin econmica amparada en el ordenamiento jurdico que vaya destinada a tal fin.

  2. Anualmente los presupuestos generales de la Comunidad Autnoma de Euskadi consignarn recursos econmicos suficientes para la financiacin de las cuantas de las prestaciones previstas en la presente ley y para la ejecucin del conjunto de las competencias atribuidas al Gobierno Vasco.

  3. En relacin con las ayudas de emergencia social, los presupuestos generales de la Comunidad Autnoma de Euskadi consignarn anualmente los fondos necesarios para el ejercicio de dichas funciones y el pago de las ayudas de emergencia social por parte de los ayuntamientos de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

    Los criterios que habrn de regir la consignacin de los fondos y su distribucin entre los ayuntamientos, as como el procedimiento de distribucin de tales fondos, se determinarn reglamentariamente. En la delimitacin de los criterios antes sealados se atender, principalmente, a indicadores de necesidad social que se relacionen con el objetivo de asegurar el acceso a las ayudas de emergencia social de las personas que no cuenten con recursos econmicos suficientes para hacer frente a los gastos especficos cubiertos por estas prestaciones.

  4. Las diputaciones forales y los ayuntamientos consignarn anualmente en sus respectivos presupuestos los recursos econmicos suficientes para la ejecucin de las competencias previstas en la presente ley.

Las administraciones pblicas vascas debern prestarse entre s cooperacin y se coordinarn para garantizar la mxima eficacia y eficiencia en el funcionamiento del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

  1. La Comisin Interinstitucional para la Inclusin se constituye como organismo de cooperacin institucional entre las administraciones pblicas vascas en el diseo, elaboracin y ejecucin de las polticas pblicas a que se refiere esta ley.

  2. La Comisin Interinstitucional para la Inclusin estar presidida por la consejera o el consejero del Gobierno Vasco competente en materia de garanta de ingresos e inclusin.

    Las funciones de secretara sern ejercidas por una o un alto cargo de la viceconsejera que tenga atribuidas las competencias en materia de garanta de ingresos e inclusin.

  3. La Comisin Interinstitucional para la Inclusin se compondr de doce vocales:

    1. seis en representacin del Gobierno Vasco,

    2. tres en representacin de las diputaciones forales, uno por cada una de ellas,

    3. tres en representacin de los municipios.

      La designacin de las personas que representen al Gobierno Vasco corresponder a la consejera o el consejero del Gobierno Vasco competente en materia de garanta de ingresos e inclusin y garantizar la representacin de los departamentos competentes en materia de inclusin, polticas sociales, educacin, empleo, salud y vivienda.

      La representacin de las diputaciones forales corresponder a la persona titular del departamento competente en materia de inclusin.

      La correspondiente a los municipios ser designada por la consejera o consejero del Gobierno Vasco competente en materia de garanta de ingresos e inclusin a propuesta de la asociacin de municipios vascos de mayor implantacin. Dicha propuesta deber recaer a favor de quienes ostenten la condicin de alcaldesa o alcalde o concejala o concejal.

  4. La persona titular del rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin asistir a las reuniones de la comisin con voz, pero sin voto, cuando aquellas tengan por objeto el desarrollo de las funciones a que se refieren las letras d) y e) del artculo siguiente y, en todo caso, cuando as lo acuerde la mayora de las personas que la integran.

  5. El rgimen y funcionamiento de la Comisin Interinstitucional para la Inclusin se determinarn reglamentariamente. Las convocatorias, el desarrollo de las sesiones y las actas de estas se realizarn, preferentemente, por medios electrnicos.

    Asimismo, se publicarn su composicin, los acuerdos adoptados y las actas de sus sesiones.

  6. La Comisin Interinstitucional para la Inclusin quedar adscrita al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de garanta de ingresos e inclusin.

  1. La Comisin Interinstitucional para la Inclusin tiene atribuidas las siguientes funciones:

    1. Elaborar la propuesta del Plan Vasco de Inclusin y, una vez aprobado, realizar su seguimiento.

    2. Asesorar en los planes y programas de mbito territorial y local, as como en las disposiciones normativas forales y locales que afecten a la inclusin social.

    3. Ser informada por el conjunto de las administraciones pblicas vascas con responsabilidad en materia de inclusin del seguimiento y evaluacin del cumplimiento de los planes y programas que aprueben, as como de la aplicacin de las disposiciones normativas que afecten a la inclusin.

    4. Impulsar la adopcin de las medidas necesarias para la coordinacin de las actuaciones de las distintas administraciones pblicas vascas en las materias previstas en esta ley, con particular referencia al anlisis de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de dichas actuaciones.

    5. Proponer acciones coordinadas de mejora de la calidad de la gestin a partir de la evaluacin a que se refiere el artculo 146.

    6. Analizar los criterios de distribucin de recursos econmicos a los ayuntamientos para la financiacin de las ayudas de emergencia social y proponer, en su caso, la revisin de los mismos.

    7. Emitir informe sobre el ejercicio de la accin directa por parte del Gobierno Vasco.

    8. Ser informada de la evaluacin del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin realizada por el rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin.

    9. Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamentariamente.

  2. En el desarrollo de las funciones deber tener en cuenta el resultado de la evaluacin a que se refiere el artculo 146 y, en su caso, motivar el apartamiento de sus recomendaciones.

  1. El Consejo Vasco para la Inclusin se constituye como un rgano de carcter consultivo y de participacin, adscrito al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de garanta de ingresos e Inclusin, en el que estarn representados el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos, las organizaciones sindicales y organizaciones patronales de carcter intersectorial ms representativas de la Comunidad Autnoma de Euskadi, la Confederacin de Cooperativas de Euskadi, organizaciones de personas usuarias, del tercer sector social de Euskadi que intervengan en materia de inclusin y las de profesionales que trabajen en el campo de la inclusin social.

  2. Su composicin, designacin de sus miembros, rgimen y funcionamiento se determinarn reglamentariamente. Las convocatorias, el desarrollo de las sesiones y las actas de las mismas se realizarn, preferentemente, por medios electrnicos.

    Asimismo, se publicarn su composicin, los acuerdos adoptados y las actas de sus sesiones.

  1. Corresponde al Consejo Vasco para la Inclusin la realizacin de las siguientes funciones:

    1. Emisin de informes preceptivos en los siguientes supuestos:

      1. Anteproyectos de ley en materia de garanta de ingresos e inclusin.

      2. Proyectos de decreto en materia de garanta de ingresos e inclusin.

      3. Plan Vasco de Inclusin y planes generales o sectoriales en materia de garanta de ingresos e inclusin cuyo mbito de actuacin sea la Comunidad Autnoma de Euskadi.

    2. Asesoramiento y propuesta al Gobierno Vasco de iniciativas sobre cualquier materia relativa al Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin.

    3. Deteccin y anlisis de las necesidades bsicas de las personas en situacin o riesgo de exclusin, con el fin de proponer a la Comisin Interinstitucional para la Inclusin las lneas de actuacin que deberan desarrollarse para hacerles frente.

    4. Realizacin y recepcin de sugerencias, informacin y propuestas de los agentes intervinientes en materia de inclusin.

    5. Ser informado por el conjunto de las administraciones pblicas vascas con responsabilidad en materia de garanta de ingresos e inclusin del seguimiento y evaluacin del cumplimiento de los planes generales y sectoriales.

    6. Emisin de informe preceptivo sobre la propuesta de designacin de la persona titular del rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin y de las personas que la sustituyan, as como de su cese o remocin en los supuestos contemplados en el artculo 150 de la ley.

    7. Cualquier otra que se le atribuya legal o reglamentariamente.

  2. En el desarrollo de las funciones deber tener en cuenta el resultado de la evaluacin a que se refiere el artculo siguiente y, en su caso, motivar el apartamiento de sus recomendaciones.

  1. El Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin ser objeto de una evaluacin de funcionamiento, de resultados, de calidad, as como de impacto de las estructuras de gestin y de sus componentes.

    La evaluacin incorporar conclusiones y recomendaciones dirigidas a mejorar el funcionamiento del Sistema.

  2. La evaluacin se realizar cada dos aos y se remitir a la Comisin Interinstitucional para la Inclusin, al Consejo Vasco para la Inclusin y al Parlamento Vasco.

    La evaluacin ser pblica y estar disponible en las sedes electrnicas de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Euskadi, de las diputaciones forales y ayuntamientos, de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y del rgano responsable de su elaboracin.

  3. La elaboracin de la evaluacin corresponder al rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin.

  1. Se crea el rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin como rgano administrativo especializado que tiene como mbito de competencia la evaluacin, la promocin de la innovacin y de la investigacin en el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, como instrumentos de desarrollo y mejora continua de las capacidades de intervencin en la prevencin y erradicacin de la exclusin.

  2. El rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin se crea como rgano unipersonal. El titular o la titular se nombrar de entre personas de reconocido prestigio y experiencia mnima de quince aos de ejercicio profesional en materias de anlisis y evaluacin de las polticas de inclusin.

    Se adscribe, sin integrarse en la estructura jerrquica de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Euskadi, al departamento competente en materia de garanta de ingresos e inclusin.

El rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin actuar en el desarrollo de sus funciones con plena independencia funcional y objetividad.

La persona titular y el personal adscrito al citado rgano no podrn solicitar o aceptar instrucciones de entidades pblicas o privadas.

El rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin tiene atribuidas las siguientes funciones.

  1. En el mbito de la evaluacin:

    1. realizar la evaluacin del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin a que se refiere el artculo 146,

    2. disear, actualizar peridicamente y publicar los indicadores de calidad del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin,

    3. difundir la informacin sobre el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, garantizando la mayor transparencia en lo referido a su alcance y funcionamiento, e

    4. impulsar la elaboracin y la aplicacin de protocolos y estndares de calidad que puedan ser de aplicacin para la mejora de los programas para la inclusin social y para la mejora de la empleabilidad.

  2. En el mbito de la investigacin:

    1. impulsar la investigacin sobre las necesidades sociales que atiende el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin y sobre la demanda de servicios y prestaciones,

    2. estudiar las causas y factores que determinan las situaciones de inclusin y exclusin social y su evolucin en la Comunidad Autnoma de Euskadi,

    3. analizar los servicios en trminos de gestin, coste y calidad de la atencin, al objeto de promover su mejora continuada y de orientar su desarrollo y evolucin,

    4. evaluar la tasa de cobertura de las prestaciones econmicas recogidas en esta ley sobre el conjunto de la poblacin y su suficiencia econmica, y

    5. realizar investigaciones relativas a cualquiera de los elementos del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, las necesidades que aborda o los perfiles poblacionales que atiende.

  3. En el mbito de la innovacin:

    1. impulsar la realizacin de proyectos experimentales, desde la perspectiva de la prctica basada en la evidencia, que tras su correspondiente evaluacin de impacto y en caso de resultar efectivos pueden extenderse al conjunto del Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para Inclusin,

    2. analizar las demandas sociales existentes en materia de insercin y plantear propuestas innovadoras de intervencin, e

    3. identificar, analizar y difundir buenas prcticas desarrolladas tanto en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi, como en el mbito estatal o internacional, en materia de polticas de inclusin y de garanta de ingresos.

  4. En el mbito de la formacin, colaborar con las administraciones pblicas vascas en la formacin de agentes y profesionales que intervienen en el Sistema Vasco de Garanta de Ingresos y para la Inclusin y, singularmente, en los mbitos relacionados con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

  1. El estatuto personal del titular o de la titular del rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin ser el siguiente:

    1. Su designacin se realizar por el Gobierno Vasco mediante decreto acordado en Consejo de Gobierno a propuesta motivada de la persona titular del departamento competente en materia de garanta ingresos e inclusin, previo informe favorable del Consejo Vasco para la Inclusin.

      El decreto de nombramiento designar la persona o personas que estn llamadas a sustituir en caso de vacante, ausencia o enfermedad a la titular del rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin. Deber reunir los mismos requisitos exigidos para la persona titular y contar con informe favorable del Consejo Vasco de Inclusin.

    2. Ser inamovible y su mandato tendr una duracin de cinco aos contados a partir del da de su toma de posesin, que se efectuar una vez publicado su nombramiento en el Boletn Oficial del Pas Vasco.

      El mandato ser prorrogable por periodos de la misma duracin.

    3. Tendr la consideracin de alto cargo, quedar en la situacin de servicios especiales si anteriormente estuviera desempeando una funcin pblica y estar sometido a la legislacin reguladora del cdigo de conducta y de los conflictos de Intereses de los cargos pblicos.

  2. La persona titular del rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin solo podr ser removida de su puesto por las causas siguientes:

    1. Fallecimiento.

    2. Expiracin de su mandato.

    3. Renuncia formalizada por escrito.

    4. Incumplimiento grave de sus obligaciones.

    5. Condena a pena privativa de libertad o de inhabilitacin absoluta o especial para empleo o cargo pblico.

    6. Incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su funcin.

      El cese o remocin se formalizar mediante decreto acordado en Consejo de Gobierno y se publicar en el Boletn Oficial del Pas Vasco. La remocin por las causas previstas en las letras d), e), cuando se trate de inhabilitacin especial, y f) ser acordada por el Gobierno Vasco previo expediente instruido al efecto, con audiencia de la persona interesada, y previo informe del Consejo Vasco para la Inclusin.

La Administracin de la Comunidad Autnoma de Euskadi garantizar la disponibilidad de los medios personales y materiales que el rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin precise para su adecuado funcionamiento.

A la entrada en vigor de la presente ley, el importe mensual de la cuanta base previsto en el artculo 33 ser el mismo que la renta garantizada mensual que corresponda a una persona beneficiaria individual del ingreso mnimo vital.

  1. En el plazo de un ao desde la publicacin de la presente ley, los departamentos competentes en materia de garanta de ingresos, inclusin y servicios sociales garantizarn la interoperabilidad e interconexin de sus sistemas y aplicaciones a fin de que:

    1. Lanbide-Servicio Vasco de Empleo realice las peticiones de diagnstico social a los servicios sociales de base exclusivamente por medios electrnicos, y

    2. los servicios sociales transmitan a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, exclusivamente por medios electrnicos, los datos del diagnstico social y del plan personalizado que hayan de integrarse, en su caso, en el Programa Integrado y Personal de Inclusin, as como los que sean necesarios para realizar el seguimiento y evaluacin del citado programa.

  2. En los casos en que los servicios sociales no utilicen los sistemas y aplicaciones a que se refiere el apartado anterior, debern habilitar en idntico plazo otros sistemas electrnicos que permitan cumplir lo que aquel dispone.

  3. Los sistemas y aplicaciones que hagan efectivo el mandato a que se refiere el apartado 1 garantizarn el cumplimiento de los Esquemas Nacionales de Interoperabilidad y Seguridad.

En el plazo de un ao desde la publicacin de la presente ley, el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de garanta de ingresos e inclusin aprobar la herramienta de triaje prevista en el captulo II del ttulo V.

En el plazo de un ao desde la publicacin de la presente ley, el Gobierno Vasco remitir al Consejo Vasco de Finanzas un estudio sobre la conveniencia de introducir deducciones fiscales anticipadas de carcter reembolsable u otras medidas que permitan alcanzar una mejor integracin entre las polticas fiscales y de garanta de ingresos en el marco fiscal general.

El rgano de Evaluacin, Investigacin e Innovacin en materia de Inclusin iniciar su actividad al da siguiente de la publicacin del nombramiento de la persona titular.

Cuando las diputaciones forales asuman la gestin de las ayudas de emergencia social en los trminos previstos en la legislacin sobre instituciones locales de Euskadi o los ayuntamientos opten por frmulas de gestin compartida a travs de consorcios, mancomunidades u otras frmulas, el departamento del Gobierno Vasco competente en la gestin de los fondos de las ayudas de emergencia social transferir a las diputaciones y a aquellas entidades las cantidades asignadas a cada ayuntamiento.

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo dispondr de la plantilla necesaria para garantizar la correcta gestin, reconocimiento y control de las prestaciones econmicas del Sistema de Garanta de Ingresos y para la Inclusin, as como para la adecuada prestacin de los servicios de apoyo y mejora de la empleabilidad, ofreciendo una atencin y asistencia personalizadas, el adecuado ejercicio de los derechos reconocidos a las personas y empresas usuarias y la realizacin de todas las actuaciones y servicios de la cartera de servicios de empleo que tiene encomendados, en los trminos previstos en las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

Las solicitudes de renta de garanta de ingresos y de ayudas de emergencia social que se encuentren en tramitacin a la entrada en vigor de esta ley se resolvern conforme a lo dispuesto en ella. A tal fin, se requerir, si fuera preciso, la documentacin complementaria para su tramitacin.

  1. Hasta la entrada en vigor de la disposicin reglamentaria que desarrolle la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda, en relacin con el derecho subjetivo de acceso a la ocupacin legal de una vivienda y el establecimiento del sistema de prestaciones econmicas que, con carcter subsidiario, satisfaga aquel derecho, seguir siendo de aplicacin la prestacin complementaria de vivienda, prevista en el ttulo II, captulo I, seccin 2. de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social, correspondiendo a Lanbide-Servicio Vasco de Empleo su reconocimiento, tramitacin, modificacin y extincin.

  2. Transcurridos dos aos desde la entrada en vigor de la disposicin reglamentaria a que se refiere el apartado anterior, la prestacin complementaria de vivienda se extinguir automticamente, sin perjuicio del acceso de las personas titulares a la prestacin econmica de vivienda o del reconocimiento del derecho subjetivo de acceso a la ocupacin legal de vivienda, de acuerdo con lo que disponga su normativa reguladora.

Hasta la entrada en vigor del reglamento que regule los mecanismos que incentiven el acceso y permanencia en el empleo de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 40, seguir siendo de aplicacin la Orden de 14 de febrero de 2001, del consejero de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen los estmulos al empleo de los titulares de la renta bsica y de los beneficiarios de las ayudas de emergencia social.

En cualquier caso, la aplicacin de los estmulos ser indefinida, sin que pueda sujetarse a periodo mximo de duracin.

A la entrada en vigor de la presente ley, la Comisin Interinstitucional para la Inclusin Social pasar a constituir la Comisin Interinstitucional para la Inclusin, adoptando, en tanto no se apruebe su normativa especfica, las normas de funcionamiento de aquella, siempre que no resulten incompatibles con lo dispuesto en los artculos 142 y 143.

En todo caso, su composicin y funciones se ajustarn a lo establecido en los artculos citados.

A la entrada en vigor de la presente ley, el Consejo Vasco para la Inclusin Social pasar a constituir el Consejo Vasco para la Inclusin, que adoptar la composicin y el funcionamiento de aquel en tanto no se apruebe su normativa especfica de funcionamiento y no resulte incompatible con lo dispuesto en los artculos 144 y 145.

  1. Quienes a la entrada en vigor de la presente ley tuvieran reconocidas las prestaciones econmicas del Fondo de Bienestar Social continuarn percibindolas en los trminos y condiciones previstos en el Decreto 129/1986, de 26 de mayo, por el que se regulan las pensiones del Fondo de Bienestar Social de la Comunidad Autnoma de Euskadi a ancianos e incapacitados para el trabajo.

  2. Las solicitudes de reconocimiento de las prestaciones econmicas del Fondo de Bienestar Social que se hallen pendientes de resolucin a la entrada en vigor de la presente ley se resolvern conforme a lo dispuesto en el Decreto 129/1986, de 26 de mayo, por el que se regulan las pensiones del Fondo de Bienestar Social de la Comunidad Autnoma de Euskadi a ancianos e incapacitados para el trabajo.

  1. La aplicacin de los artculos 25; 26; 28; 35.1.b), 2 y 3; y 82 a las prestaciones que estuvieren reconocidas a la entrada en vigor de la ley se ajustar a las reglas siguientes:

    1. Los procedimientos de actualizacin de la cuanta a que se refiere el artculo 82 de aquellas prestaciones reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley se tramitarn de forma gradual. A tal efecto, se iniciarn siguiendo el orden correspondiente al mes de solicitud de la prestacin.

      As, a la fecha de entrada en vigor de la ley se instarn los procedimientos de actualizacin de la cuanta de aquellas prestaciones reconocidas en el mes correlativo del ao de solicitud, cualquiera que este fuera, aplicndose idntica regla en los meses sucesivos.

    2. La aplicacin de los artculos 25, 26 y 28 tendr lugar en los procedimientos de actualizacin de la cuanta a que se refiere la letra a).

      Hasta que se acuerde la actualizacin de la cuanta, se considerarn las unidades de convivencia existentes a la entrada en vigor de esta ley y no se tendrn en cuenta los cambios en su composicin o en las circunstancias personales de quienes las integran.

  2. Los procedimientos de actualizacin de la cuanta a que se refiere el apartado anterior se ajustarn a lo dispuesto en los artculos 35.1.b), 2 y 3 y 82.

  3. Cuando en virtud de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 resulte la existencia de una nueva unidad de convivencia, se proceder del siguiente modo:

    1. Se reconocer la renta de garanta de ingresos sin necesidad de que medie solicitud, siempre que Lanbide-Servicio Vasco de Empleo cuente con los datos precisos para el reconocimiento.

    2. En otro caso, se formular requerimiento para que, en el plazo de diez das, se acompaen los documentos solicitados en orden a acreditar el cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento de la prestacin, con indicacin de que si as no lo hiciera se proceder al archivo del expediente.

    3. En ambos supuestos, se garantizar el trmite de audiencia a la persona interesada por plazo de diez das, si bien podr prescindirse del mismo cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros datos, hechos o pruebas que los alegados por aquella.

    4. Acreditado el cumplimiento de los requisitos para el acceso a la renta de garanta de ingresos, se dictar resolucin reconociendo el derecho. En otro caso, se declarar no haber lugar a su reconocimiento.

  4. Las resoluciones que se dicten en aplicacin de esta disposicin no podrn declarar el deber de reintegrar cantidades indebidamente percibidas que traigan causa de la aplicacin progresiva de los artculos 25; 26; 28; 35.1.b), 2 y 3 y 82, ni las personas interesadas podrn reclamar el derecho a percibir cantidades distintas de las reconocidas que deriven de idntica circunstancia.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta ley y, de manera especfica, las siguientes:

  1. Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garanta de Ingresos y para la Inclusin Social.

  2. Disposicin adicional segunda de la Ley 3/2015, de 18 de junio, de Vivienda.

  3. Disposicin transitoria octava de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

  4. Decreto 129/1986, de 26 de mayo, por el que se regulan las pensiones del Fondo de Bienestar Social de la Comunidad Autnoma de Euskadi a ancianos e incapacitados para el trabajo.

  5. Decreto 1/2000, de 11 de enero, por el que se regulan los Convenios de Insercin, en lo que se oponga a esta ley.

  6. Decreto 2/2010, de 12 de enero, de la prestacin complementaria de vivienda.

  7. Decreto 147/2010, de 25 de mayo, de la Renta de Garanta de Ingresos, en lo que se oponga a esta ley.

  8. Artculos 34 a 37 del Decreto 4/2011, de 18 de enero, de las Ayudas de Emergencia Social.

Se modifica el apartado 3 del artculo 2 de la Ley 3/2011, de 13 de octubre, sobre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, que queda redactado en los siguientes trminos:

  1. Asimismo, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo tiene como finalidad la modernizacin del sistema de atencin a personas usuarias de sus servicios, que garantice su adecuada proteccin social.

    A estos efectos, Lanbide-Servicio Vasco de Empleo utilizar certificados electrnicos para la identificacin y firma de documentos en los trminos previstos en la normativa de procedimiento administrativo comn, as como, en su caso, otros procedimientos de autenticacin, o sistemas biomtricos para la identificacin de las personas usuarias de sus servicios y beneficiarias de sus prestaciones.

    La utilizacin de estos ltimos sistemas ser siempre alternativo, cuando no sea posible la identificacin a travs del documento nacional de identidad, nmero de identificacin fiscal, nmero de identidad de extranjero, tarjeta de identidad de extranjero o documento identificativo equivalente y habr de justificarse en la necesidad de identificacin unvoca y fehaciente de las personas, en la eliminacin de limitaciones o exclusiones de sus derechos vinculadas a dificultades en aquella identificacin, as como en la mejora de la gestin de las prestaciones y servicios de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

    En su tratamiento, que ser el estrictamente necesario para la gestin de las prestaciones y servicios, se aplicarn las medidas de seguridad y garantas adecuadas de acuerdo con el principio de responsabilidad proactiva y con lo dispuesto en la normativa de proteccin de datos.

Se habilita al Consejo de Gobierno para que, en el plazo de seis meses a contar desde la publicacin de la presente ley en el Boletn Oficial del Pas Vasco, dicte cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y ejecucin.

  1. Se habilita al Gobierno Vasco para modificar la regulacin siguiente:

    1. En relacin con los requisitos generales para ser titular de la renta de garanta de ingresos, podr modificar el periodo de vida independiente exigible a las personas de entre 23 y 29 aos, as como el periodo requerido de empadronamiento y residencia efectiva en algn municipio de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

      La norma reglamentaria no podr agravar las condiciones de acceso a la renta de garanta de ingresos previstas en el artculo 16.1.c), primer prrafo, y e).

    2. Los supuestos de exencin a las personas titulares y beneficiaras de la renta de garanta de ingreso del cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artculo 31.

    3. El ndice corrector a que se refiere el artculo 36, siempre que la modificacin sea a la baja.

    4. El periodo y procedimiento de actualizacin de la cuanta de la renta de garanta de ingresos, la determinacin de los ingresos computables, la unidad de convivencia y las circunstancias personales de sus integrantes que hayan de considerarse en la actualizacin de la prestacin, regulados en el artculo 35.1.b), 2 y 3 y en el artculo 82.

    5. La determinacin de las circunstancias justificativas del rechazo, abandono o absentismo de un curso de formacin para el empleo o de la participacin en un proceso de seleccin para el empleo, del rechazo de una oferta de empleo o del cese voluntario de la actividad laboral a que se refieren los artculos 45.3 y 48.2 y 3, sin que la norma reglamentaria pueda afectar a los supuestos de conciliacin previstos en los artculos 45.3.f), 48.2.a) y 48.3.

    6. Aprobacin y determinacin del contenido de los modelos normalizados de solicitud a que se refiere el artculo 78.2.

  2. Las normas que dicte el Gobierno Vasco en virtud de esta disposicin habrn de justificarse, preferentemente, en conclusiones y recomendaciones incluidas en la evaluacin prevista en el artculo 146.

  3. En caso de grave crisis socioeconmica y mientras esta perdure, el Gobierno Vasco podr flexibilizar los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la renta de garanta de ingresos.

La presente ley entrar en vigor a los tres meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Pas Vasco.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2022.

El Lehendakari,

IIGO URKULLU RENTERIA.

Contenidos relacionados.


Historia normativa (13)

Historia normativa

Competencias y transferencias

No existe ningn contenido relacionado.

Documentacin de relevancia jurdica

No existe ningn contenido relacionado.