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  • LEY 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Pblicas Vascas. - Legegunea: Normativa del Pais Vasco - Gobierno Vasco - Euskadi.eus

Normativa

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LEY 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Pblicas Vascas.

Identificacin

  • mbito territorial: Autonmico
  • Rango normativo: Ley
  • rgano emisor: Lehendakaritza
  • Estado vigencia: Vigente

Boletn oficial

  • Boletn oficial: BOPV (Pas Vasco)
  • N boletn: 60
  • N orden: 1470
  • N disposicin: 1
  • Fecha de disposicin: 16/03/2023
  • Fecha de publicacin: 27/03/2023

mbito temtico

  • Materia: Organizacin administrativa
  • Submateria: Gobierno y Administracin Pblica

Texto legal

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Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 1/2023, de 16 de marzo, de la potestad sancionadora de las Administraciones Pblicas Vascas.

El presente texto se inspira en la idea de realizar las modificaciones imprescindibles para adaptar nuestra ley a la legislacin bsica estatal, as como en la oportunidad de introducir variaciones de detalle que mejoren el ordenamiento jurdico vigente. La incorporacin de cambios en un nuevo texto integral simultanear la repeticin de gran parte de la ley vigente y de muchos de los motivos que la justificaron, hasta cumplimentar el presente texto consolidado con sus precisos motivos intercalados.

No obstante el notable acierto y xito de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la potestad sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, vigente hasta la fecha, han pasado ya unos aos, y, desde entonces, se han producido notables modificaciones en el procedimiento. Singularmente, y con carcter de legislacin bsica, debemos citar la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, que han supuesto novedades importantes en la materia.

Dos son los objetivos de la ley que sin duda se mantienen: establecer unas reglas generales sustantivas vlidas para la aplicacin de cualquier rgimen sancionador sectorial, esto es, lo que podra llamarse una parte general del derecho administrativo sancionador, y fijar un procedimiento con unas reglas generales y un iter formal igualmente hbiles para el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de cualquier materia, ajustados a las especificidades propias de la Comunidad Autnoma Vasca.

Ambos objetivos responden a una necesidad vivamente sentida por el operador jurdico, tanto el que tiene que ejercer la potestad sancionadora como el que se ve en situacin de realizar su legtimo derecho de defensa frente al resultado de tal ejercicio; una necesidad de seguridad jurdica derivada de la notable dispersin y an ms notable carencia de la normativa en la materia.

La inspiracin fundamental en lo que a la parte sustantiva de la ley se refiere han sido la doctrina, la jurisprudencia y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la materia. Los principios esenciales, lo comn punitivo se encuentra en las normas de la parte general del derecho penal y el Cdigo Penal.

En algunos casos esas normas penales no hacen sino recoger uno de esos principios esenciales comunes, por lo que no cabe matiz alguno en su implantacin en la norma administrativa. En los casos en que s cabe tal matiz, este se ha buscado en la experiencia del ejercicio de la potestad sancionadora, que es donde realmente se hace presente lo que la diferencia de la potestad jurisdiccional penal.

En lo que hace a la parte procedimental de la ley, se trata de respetar la esencia de los derechos a un juicio justo y a la defensa, y eso es algo que ya se logra, en su prctica totalidad, interpretndolo de conformidad con los principios del derecho administrativo vigente en su faceta procedimental, tanto la general como la referida a la materia sancionadora, siendo, en consecuencia, muy poca la necesidad de acudir a los principios y reglas del derecho procesal penal. Siendo as, las fuentes de inspiracin de esta ley se han encontrado en el derecho del procedimiento administrativo, y, como en lo referente a la parte sustantiva, se han tenido en cuenta la jurisprudencia, la doctrina y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto.

Existe fundamento competencial suficiente para esta ley.

El rgimen sancionador y el procedimiento administrativo son elementos instrumentales en la configuracin jurdica de una materia, y, por ende, la competencia sobre aquellos deriva de la competencia que se tenga sobre la materia de que se trate, ello con el lmite que marcan las competencias del Estado sobre las bases del rgimen jurdico de las administraciones pblicas y sobre el procedimiento administrativo comn.

Tales lmites han sido fijados en las leyes ya citadas, y, aun considerando que lo bsico es un concepto material y dinmico, debemos partir de tales normas, que dejan un amplio margen en el que cabe la regulacin establecida en esta ley.

Debido a la conexin entre competencia sobre rgimen sancionador y procedimiento y competencia sobre la materia sustantiva a que tal rgimen y procedimiento hagan referencia, resulta obligado comenzar la ley expresando que solamente ser aplicable respecto de la potestad sancionadora que se ejerza en el territorio de la Comunidad Autnoma y en las materias en que las instituciones comunes de esta tengan competencias normativas, bien plenas, bien de desarrollo normativo. Este acotamiento material resulta vlido tanto respecto del Estado como respecto de los territorios histricos y entes locales.

Cabe destacar la potestad sancionadora de las entidades locales, tanto para el ejercicio de la potestad sancionadora otorgada en la normativa sectorial especfica como para la imposicin de sanciones por incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones establecidas en las correspondientes ordenanzas. As, se abre la posibilidad de aprobar ordenanzas propias que regulen dicha potestad sancionadora de las entidades locales, equiparndolas con el resto de las instituciones.

Esta ley incorpora en varias ocasiones textos de preceptos de normas estatales, pero ello no conlleva inconstitucionalidad formal, pues, o bien se hace en ejercicio de la competencia autonmica, o bien la incorporacin encuentra fundamento en la necesidad de hacer una ley completa y precisa, en los requerimientos de la seguridad jurdica, en suma.

El instrumento ms apropiado para la regulacin encaminada a los objetivos precedentemente enunciados es la ley. La reserva de ley establecida en el artculo 25.1 de la Constitucin solo se refiere expresamente a las infracciones y sanciones, pero es razonable la tesis segn la cual se incluyen en el mbito de la reserva los aspectos esenciales de todo rgimen sancionador, en sus facetas sustantiva y procedimental. Pinsese, por ejemplo, en todo lo relacionado con la determinacin de la responsabilidad: causas de justificacin, causas de exculpacin, participacin, prescripcin y derecho de defensa.

Por otro lado, desde una perspectiva prctica, debe sealarse que la forma de ley es la nica que garantiza la expulsin del ordenamiento de todas las regulaciones sectoriales vigentes establecidas con rango legal y contrarias a la que en esta ley se configura, lo cual es imprescindible para el logro del objetivo de unificacin y la consiguiente garanta de la seguridad jurdica.

La ley se divide en tres captulos: el primero fija el mbito de aplicacin, respetando el esquema competencial que precedentemente hemos trazado en sus lneas fundamentales; el segundo y el tercero, por su parte, recogen el resultado del intento de consecucin de los objetivos que persigue esta ley.

En el captulo segundo se recogen las reglas sustantivas que deben dirigir cualquier accin punitiva; de un lado, las que permiten determinar cundo una conducta es punible por ser tpica, antijurdica y culpable, amn de por no ser contraria su persecucin a la seguridad jurdica prescripcin, y, de otro lado, las que permiten el logro de un principio esencial de lo punitivo: la individualizacin de la respuesta punitiva en razn de la culpabilidad (graduacin de la pena en funcin de las circunstancias modificativas de la responsabilidad) o de la incidencia de la sancin en la situacin de la persona sancionada. El captulo segundo recoge, en suma, las reglas que establece la parte general del Cdigo Penal, con las matizaciones y omisiones (que tambin son matizaciones) que se han estimado necesarias.

Se ampla el principio de proporcionalidad para asegurar que la comisin de infracciones tipificadas no resulte ms beneficiosa que el cumplimiento de la correspondiente sancin. Para ello, se establece la necesidad de medir y cuantificar debidamente el beneficio de la infraccin, siendo compatible con la multa y el decomiso de los efectos.

Transitando hacia la configuracin de otro modelo sancionador, en esta ley se abren posibilidades para sustituir las multas, salvo que la ley impusiera su carcter obligatorio, por trabajos de valor equivalente para la comunidad local, incluidas las asistencias a sesiones formativas o la participacin en actividades cvicas. Al aplicar este principio, se compaginarn la infraccin cometida y el principio de proporcionalidad, a lo que da cauce la presente ley.

Asimismo, es fundamental atender a la situacin y circunstancias de la persona infractora a la hora de aplicar la sancin. Se abre la posibilidad de establecer la cuanta mnima correspondiente al tramo de sancin previsto en el caso de solicitantes de empleo, personas perceptoras de la renta bsica, personas en riesgo de exclusin social o pertenecientes a un colectivo vulnerable.

En esta ley se determina la figura de la revocacin. Adems del Gobierno y de las diputaciones de cada territorio, los plenos de los ayuntamientos podrn tambin revocar sanciones impuestas en mbitos de su competencia. Se adoptarn medidas para un uso adecuado de la revocacin, a fin de que los acuerdos se adopten motivadamente y de manera justificada, abriendo la posibilidad, tambin en estos casos, de atender a las circunstancias y la situacin socioeconmica de la persona infractora.

El captulo tercero est dedicado al procedimiento y dividido en dos secciones, una de disposiciones generales y otra en la que se establece el procedimiento propiamente dicho.

Las garantas procedimentales que requiere el ejercicio del ius puniendi, desde la perspectiva del adecuado ejercicio de los derechos de las personas interesadas, estn ya en el derecho administrativo del procedimiento: en los textos legales y en la interpretacin conforme a la Constitucin que de ellos se viene haciendo con normalidad. La presente ley, partiendo de lo ya existente e inspirndose en ello, se limita a intentar precisar y completar, buscando siempre el equilibrio entre la eficacia en el ejercicio de la potestad sancionadora, que es eficacia en la proteccin de los importantes derechos y valores a que aquella sirve, y el respeto a la esencia de los derechos de la ciudadana implicados en el procedimiento.

Si lo hubiera, se establece la figura de vctima, en calidad de persona afectada, como sujeto susceptible de tener cualquier tipo de inters individual o colectivo en el proceso. As, se imponen obligaciones concretas de identificacin de vctimas al instructor del trmite sancionador, y se regularn medidas y acciones concretas para que la vctima ejerza el derecho a defender sus intereses a lo largo del proceso.

Del iter procedimental, lo ms destacable sigue siendo que se configura un acto de iniciacin con un contenido y una aportacin de documentos que posibilitan el ejercicio del derecho de defensa de la persona imputada desde el momento mismo de la iniciacin del procedimiento; lo cual es un exigencia del principio acusatorio, exigencia que se da en la fase de instruccin del proceso penal y que se siente con ms fuerza en el procedimiento administrativo sancionador, en el que no hay una fase de plenario. Se hace especial hincapi en la motivacin de la propuesta de resolucin y de la resolucin definitiva, dejando claro que esta debe incluir la valoracin de las pruebas practicadas que ha permitido concluir la existencia de infraccin, la autora y la determinacin concreta de la sancin y otras consecuencias de la infraccin. La persona instructora tiene la facultad de acortar o alargar el periodo de prueba y los plazos de alegaciones, en vez de permitir la supresin de algn trmite, en la idea de que todos ellos son precisos para la adecuada defensa de las personas interesadas y el logro de la finalidad del procedimiento. Finalmente, se concluye recordando la inspiracin en el necesario equilibrio entre las facultades de enjuiciamiento del rgano sancionador y las exigencias del principio acusatorio y el derecho de defensa.

  1. La presente ley se aplicar por todas las administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco y entidades y organismos pblicos de ellas dependientes que ejerzan la potestad sancionadora en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma, en aquellas materias sobre las que las instituciones comunes de esta ostenten competencias normativas, ya sean plenas o ya compartidas con el Estado o con los rganos de los territorios histricos.

  2. Esta ley se aplicar por las entidades locales cuando ejerzan la potestad sancionadora derivada de la normativa sectorial especfica y cuando, de acuerdo con los criterios establecidos en la legislacin de rgimen local y en defecto de normativa sectorial especfica, establezcan los tipos de las infracciones e impongan sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidas en las correspondientes ordenanzas, para la adecuada ordenacin de las relaciones de convivencia de inters local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios pblicos. Asimismo, las entidades locales podrn aprobar ordenanzas propias para el ejercicio de la potestad sancionadora.

  3. En lo no previsto en el Estatuto Bsico del Empleado Pblico y en las leyes de funcin y empleo pblico que se dicten en su desarrollo, las disposiciones de esta ley sern extensivas al ejercicio por las administraciones pblicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurdica de la relacin de empleo, como derecho supletorio.

  4. Las disposiciones de esta ley no sern de aplicacin al ejercicio por las administraciones pblicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estn vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislacin de contratos del sector pblico o por la legislacin patrimonial de las administraciones pblicas. Igualmente, tampoco resultarn de aplicacin al ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria.

  5. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los rganos administrativos que la tengan expresamente atribuida por disposicin de rango legal o reglamentario.

  6. Lo dispuesto en el apartado anterior se entender sin perjuicio de las normas que en su caso disciplinen la delegacin de dicha competencia.

  1. La potestad sancionadora se ejercer de conformidad con los principios establecidos en la legislacin bsica estatal aplicable, en la presente ley, en sus normas de desarrollo y en las sectoriales que establezcan los distintos regmenes sancionadores.

  2. Si la legislacin bsica estatal aplicable, la presente ley, sus normas de desarrollo o las normas sectoriales que establezcan los distintos regmenes sancionadores no permiten resolver alguna cuestin que se presente en el ejercicio de la potestad sancionadora, se aplicarn las normas correspondientes del Cdigo Penal, siempre que sean compatibles con la naturaleza de la infraccin y la finalidad de la norma que la tipifique o de la regulacin material sectorial de que se trate.

No hay sancin sin dolo o culpa.

  1. Las leyes, normas forales y ordenanzas sectoriales configuradoras de los distintos regmenes sancionadores tipificarn las infracciones con la mayor precisin posible y las clasificarn en las siguientes categoras: muy graves, graves y leves, atendiendo a la importancia de los bienes jurdicos objeto de proteccin y a la lesin o riesgo de lesin que se derive de las conductas contempladas.

  2. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no sern susceptibles de aplicacin analgica.

  3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrn introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones ni alterar la naturaleza o lmites de las que la ley contempla, contribuyan a la ms correcta identificacin de las conductas o a la ms precisa determinacin de las sanciones correspondientes.

  4. Las ordenanzas locales que, conforme a la legislacin sectorial aplicable o a lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi, o en el ttulo XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Rgimen Local, o a la legislacin estatal que la sustituya y la dems normativa de rgimen local que resulte aplicable, establezcan los tipos de infracciones e impongan sanciones, adems de clasificar las infracciones conforme a las categoras dispuestas en dicha normativa y limitar las sanciones a los mximos permitidos por aquella, debern en todo caso tipificar las infracciones con la mayor precisin posible, conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.

  5. En la configuracin de los regmenes sancionadores se evitar la tipificacin de infracciones con idntico supuesto de hecho e idntico fundamento que delitos ya establecidos en las leyes penales o que infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

  6. Se entender que existe idntico fundamento cuando el bien jurdico que se proteja con la tipificacin de la infraccin administrativa y el riesgo a que atiende tal proteccin sean los mismos que contemplan el tipo penal o administrativo preexistente.

  7. Sern de aplicacin las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infraccin administrativa. Las disposiciones sancionadoras solo producirn efecto retroactivo en cuanto favorezcan a la persona infractora o presuntamente infractora, tanto en lo referido a la tipificacin de la infraccin como a la sancin y a sus plazos de prescripcin, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposicin.

  1. nicamente sern punibles las infracciones consumadas.

  2. No se sancionarn ni la conspiracin, ni la proposicin, ni la provocacin para cometer infracciones. Tampoco se sancionar la apologa de la infraccin.

  1. En materia de exencin de responsabilidad, sin perjuicio de las causas especficas de exoneracin que se establezcan en las normas sancionadoras, se aplicarn las causas de exencin de responsabilidad contempladas en el Cdigo Penal, siempre que estas sean compatibles con la naturaleza de la infraccin cometida y con la regulacin material sectorial de que se trate.

  2. El error sobre un elemento del tipo o sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infraccin solamente eximir de responsabilidad si fuera invencible. El error vencible nicamente tendr efecto atenuante si supone disminucin del grado de imprudencia. Si el dolo es elemento integrante del tipo infractor aplicado, el error vencible tambin eximir de responsabilidad. El error sobre una circunstancia agravante impedir su apreciacin si es invencible. Si fuese vencible podr tener efecto atenuante respecto del tramo de sancin que se relacione con la apreciacin de la circunstancia agravante.

  3. Las normas sancionadoras sectoriales, en atencin a la naturaleza y finalidad de la concreta regulacin material sectorial de que se trate y a la capacidad de obrar que en dicha regulacin se reconozca a las personas menores, fijarn el lmite de edad a partir del cual se puede ser responsable de una infraccin. A falta de disposicin al efecto, no sern responsables las personas menores de catorce aos.

  1. Se aplicarn las circunstancias establecidas en las normas sancionadoras sectoriales, sin perjuicio de la aplicacin, con los condicionantes expresados en el artculo 6., de las circunstancias atenuantes previstas en el Cdigo Penal.

  2. En todo caso, deber tenerse en cuenta, con efecto atenuante, cualquier circunstancia que manifieste una menor culpabilidad en la persona responsable de la infraccin, guarde o no analoga con las expresamente previstas en el Cdigo Penal o en las normas administrativas que configuren el rgimen sancionador aplicable. No obstante esto ltimo, se deber considerar, para determinar la existencia del efecto atenuante y su grado, la naturaleza o finalidad de la concreta infraccin y del rgimen sancionador sectorial de que se trate.

  3. No podr considerarse con efecto agravante ninguna circunstancia que no est prevista expresamente en esta ley o en la norma sancionadora aplicable.

  4. La comisin dolosa de las infracciones tendr efecto agravante cuando as lo exprese la ley sancionadora sectorial correspondiente. En ningn caso el dolo tendr efecto agravante si, explcita o implcitamente, forma parte del tipo.

  5. El grado de imprudencia concurrente se tendr en cuenta para atenuar o agravar la responsabilidad.

  6. Se apreciar siempre un efecto atenuante cuando concurra alguna causa de exculpacin y falte alguno de los requisitos que exija la norma para producir el efecto exculpatorio.

  7. Tambin se valorar siempre como circunstancia atenuante la colaboracin de la persona imputada en el esclarecimiento de los hechos.

  8. Cuando el tipo describa acciones u omisiones susceptibles de mantenerse en el tiempo o de perjudicar a una pluralidad de personas, y el efectivo transcurso del tiempo o la efectiva afectacin a varias personas no se pueda traducir en la mltiple aplicacin del tipo, tales circunstancias se considerarn con efecto agravante.

nicamente sern responsables de las infracciones sus autores o autoras.

  1. Son autores o autoras las personas fsicas o jurdicas que realicen el hecho tipificado por s solas, conjuntamente o por medio de otra de la que se sirvan como instrumento.

  2. Sern considerados autores o autoras:

    1. Las personas que cooperen a su ejecucin con un acto sin el cual no se habra efectuado.

    2. Las personas que incumplan el deber, impuesto por una norma de rango legal, de prevenir la comisin por otra persona de la infraccin.

      Dichas personas no respondern cuando, por cualquier motivo, no se determine la existencia de la infraccin que deben prevenir o la autora material de la persona respecto de la que el deber de prevencin se ha impuesto. Si se declaran tal existencia y autora, aquellas respondern, aunque la autora o el autor material no sea declarado culpable por aplicacin de una causa de exclusin de la imputabilidad o la culpabilidad.

  3. Cuando el cumplimiento de una obligacin establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, respondern de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sancin sea pecuniaria y sea posible, se individualizar en la resolucin en funcin del grado de participacin de cada responsable.

  4. Cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, tambin podrn ser sancionados por hechos constitutivos de infraccin administrativa los grupos de personas afectadas, las uniones y entidades sin personalidad jurdica y los patrimonios independientes o autnomos que resulten responsables de aquellos hechos a ttulo de dolo o culpa.

  5. Cuando la eventual responsable sea una persona jurdica, el juicio de culpabilidad se har respecto de la persona o personas fsicas que hayan formado la voluntad de aquella en la concreta actuacin u omisin que se pretenda sancionar. En estos casos, no se podr sancionar, por la misma infraccin, a dichas personas fsicas.

  6. Cuando la persona responsable de los hechos cometidos sea menor de dieciocho aos, respondern solidariamente con ella de los daos y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando estas personas no hayan favorecido la conducta de la persona menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podr ser moderada de conformidad con lo previsto en el artculo 7.

  7. Las personas menores de edad posibles infractoras gozarn, en relacin con el procedimiento sancionador regulado en esta ley, de todos los derechos reconocidos en la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atencin y Proteccin a la Infancia y la Adolescencia, o en la legislacin que la sustituya, as como de los previstos en la Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccin Jurdica del Menor, en la Convencin sobre los Derechos del Nio de 20 de noviembre de 1989 y en todas aquellas normas sobre proteccin de menores que resulten aplicables.

  8. En particular, en dicho procedimiento se tendr en cuenta el derecho a que su inters superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan sobre cualquier otro inters legtimo que pudiera concurrir, as como el carcter educativo de todas las medidas que se adopten. Los regmenes sancionadores debern posibilitar que las sanciones que recaigan sobre menores de edad compaginen la funcin preventiva con la educativa y reformadora.

  9. Reglamentariamente se desarrollar para estos casos la posibilidad de terminacin del expediente sancionador por conciliacin o reparacin entre la persona menor y la vctima o la Administracin, de conformidad con las normas previstas en este artculo.

  10. En los casos previstos en este artculo y de acuerdo con la ley, el Ministerio Fiscal podr actuar en el procedimiento en defensa de los derechos de las personas menores e incapaces, promoviendo la vigilancia de las actuaciones que deban efectuarse en su inters y la observancia de las garantas procedimentales pertinentes.

  11. En la medida en que ello resulte necesario para garantizar los derechos de las personas con discapacidad recogidos en la Convencin de 13 de diciembre de 2006 y su Protocolo Facultativo, tambin podrn introducirse reglamentariamente otras modulaciones del procedimiento previsto en esta ley.

Respetando lo establecido en los dos artculos precedentes, las normas sancionadoras sectoriales podrn determinar a las personas responsables, atendiendo a la naturaleza y finalidad del rgimen sancionador sectorial de que se trate.

  1. Se considera sancin la consecuencia jurdica legalmente impuesta a una persona por razn de la comisin de una infraccin administrativa, incluyendo todas aquellas medidas de carcter educativo o similares a las provenientes del mbito de la justicia restaurativa y las accesorias de carcter sancionador que acompaen a la sancin principal.

  2. No tendrn tal consideracin las dems consecuencias que deriven exclusivamente del restablecimiento de la legalidad y el recto cumplimiento de la norma infringida, incluso cuando impliquen la obligacin de reponer la situacin alterada por la infraccin o la prdida de derechos condicionados o indebidamente adquiridos por la persona administrada.

  3. Tampoco se atribuir carcter sancionador a las medidas cautelares adoptadas de conformidad con lo dispuesto en esta ley, aunque el cumplimiento de aquellas medidas cautelares que no sean subsumibles en las consecuencias de naturaleza no punitiva a las que se refiere el apartado anterior ser tenido en cuenta a los efectos de compensar, si procede, la sancin finalmente impuesta.

  4. Las normas configuradoras de los distintos regmenes sancionadores fijarn las sanciones que correspondan a cada infraccin o categora de infracciones, en atencin al principio de proporcionalidad, considerando tanto la gravedad y naturaleza de las infracciones como las peculiaridades y finalidad de la regulacin material sectorial de que se trate, y garantizando que la comisin de las infracciones tipificadas no resulte ms beneficiosa para quien infringe que el cumplimiento de las normas infringidas.

  5. En el trmite sancionador, se realizar un clculo econmico lo ms detallado posible de los efectos de la infraccin, as como un estudio de la capacidad econmica de la persona responsable, cuando dicha capacidad sea significativa.

  6. En la determinacin normativa del rgimen sancionador, as como en la imposicin de sanciones por las administraciones pblicas, se deber observar la debida idoneidad y necesidad de la sancin a imponer y su adecuacin a la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin. La graduacin de la sancin considerar especialmente, adems de lo previsto en el artculo 7, los siguientes criterios:

    1. El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

    2. La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

    3. La naturaleza de los perjuicios causados.

    4. La reincidencia, por comisin en el trmino de un ao de ms de una infraccin de la misma naturaleza cuando as haya sido declarado por resolucin firme en va administrativa.

  7. Si as lo establece expresamente la ley configuradora del rgimen sancionador aplicable, la sancin llevar consigo la consecuencia accesoria consistente en el decomiso de los efectos provenientes de la infraccin, de los instrumentos con que se haya ejecutado, de los objetos que constituyan su soporte material y de las ganancias derivadas de la infraccin, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar, salvo que estas o aquellos pertenezcan a una tercera persona de buena fe no responsable de la infraccin que los haya adquirido legalmente.

  8. Cuando la norma sancionadora sectorial aplicable no establezca el decomiso de los efectos y las ganancias derivadas de la comisin de la infraccin, o este no resulte ejecutable, el volumen del beneficio obtenido por la persona infractora ser tenido en cuenta a efectos de la determinacin del importe de la sancin si esta tiene carcter pecuniario.

  9. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningn caso podrn implicar, directa o subsidiariamente, privacin de libertad.

  10. Las normas sancionadoras permitirn que las sanciones impuestas a menores compaginen la funcin preventiva y la funcin educativa y reformadora.

  1. Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador sern compatibles con la exigencia a las personas responsables de la reposicin a su estado originario de la situacin alterada por la infraccin, as como con la indemnizacin por los daos y perjuicios derivados de la infraccin, que ser determinada y exigida por el rgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora.

  2. De no satisfacerse la reposicin o la indemnizacin en el plazo que al efecto se determine, se seguir el procedimiento previsto en las normas reguladoras del procedimiento de apremio.

Para la determinacin en cada caso concreto de cul es la infraccin cometida, se atender exclusivamente a los elementos incluidos en la descripcin de los tipos infractores.

  1. nicamente se podrn imponer las sanciones predeterminadas en la ley.

  2. Cuando para una infraccin o categora de infracciones la ley establezca varias sanciones, salvo que esta autorice expresamente lo contrario, solamente podr imponerse, respecto de la misma infraccin, una de las sanciones previstas.

  3. Para la determinacin en cada caso concreto de la sancin correspondiente o de su extensin, dentro de las fijadas para la infraccin o categora de infracciones en las normas sancionadoras aplicables, se ponderarn las circunstancias agravantes y atenuantes concurrentes.

  4. Si concurren varias circunstancias atenuantes o una muy cualificada, producindose, en cualquiera de los casos, un significativo efecto minorador de la culpabilidad, el rgano sancionador aplicar una sancin correspondiente a infracciones o categoras infractoras de inferior gravedad que la infraccin cometida o que la categora en que esta se incluya.

  5. En ningn caso podrn imponerse, en atencin a las circunstancias agravantes concurrentes, sanciones previstas para infracciones o categoras infractoras de mayor gravedad.

  6. Las circunstancias agravantes o atenuantes no podrn aplicarse cuando estas u otras circunstancias que contemplen una realidad sustancialmente igual o atiendan al mismo o similar bien jurdico o al mismo o similar aspecto de la culpabilidad aparezcan en la descripcin del tipo infractor aplicado, o sean de tal manera inherentes a dicho tipo infractor, sin cuya concurrencia no podra cometerse la infraccin.

  7. Para determinar el alcance del efecto atenuante o agravante de las circunstancias concurrentes, se realizar una ponderacin conjunta de todas ellas, a la luz de la naturaleza y finalidad de la infraccin y del rgimen sancionador sectorial de que se trate, y buscando la proporcionalidad entre el grado de culpabilidad del autor o autora y la sancin.

  8. La sancin ms grave de las previstas para una infraccin o categora de infracciones solo podr imponerse cuando el resultado de la ponderacin a que se refieren los nmeros tres y siete de este artculo sea notorio y fuertemente agravante.

    A los efectos de la aplicacin del prrafo precedente, y a falta de normas especficas al respecto en el rgimen sancionador aplicable, se considerarn de mayor gravedad las sanciones que incidan de modo ms perjudicial en el patrimonio jurdico de la persona imputada.

  9. El beneficio obtenido por la persona inculpada con la infraccin se tendr en cuenta para determinar la sancin de la multa u otros efectos sustancialmente idnticos, y ser compatible con el decomiso de las ganancias y de los efectos provenientes de la infraccin por la normativa sancionadora sectorial.

  10. Cuando la ley sectorial correspondiente prevea al regular el rgimen sancionador la colaboracin normativa de la ordenanza en la tipificacin de las infracciones y sanciones, esta podr sustituir las multas, previo consentimiento de la persona afectada y salvo que la ley impusiera su carcter obligatorio, por trabajos de valor equivalente para la comunidad local, incluidas las asistencias a sesiones formativas o la participacin en actividades cvicas, y proporcionados a la gravedad de la infraccin, conforme a los objetivos de la ley, y cuando as lo acuerde el rgano sancionador.

  11. La graduacin de las penas sealadas en la imposicin de la sancin leves, graves y muy graves se expresar en tramos de mnimos y mximos, y atender a la capacidad econmica de la persona infractora, desde un enfoque progresivo. La persona infractora deber indicar su situacin y circunstancias solicitante de empleo, perceptora de la renta bsica, en riesgo de exclusin social o perteneciente a un colectivo vulnerable motivadamente y por escrito ante la persona instructora de la sancin, a fin de solicitar que se le imponga la cuanta mnima correspondiente al tramo de multa previsto.

  1. Una vez determinada concretamente la sancin, en aplicacin exclusiva de las reglas precedentes, cuando aquella consista en multa se tendr en cuenta la situacin econmica del responsable o de la responsable, as como la situacin de desigualdad estructural entre mujeres y hombres, atendiendo a todas las circunstancias personales, familiares y sociales que incidan en dicha situacin econmica.

  2. Si, realizada la ponderacin a que se refiere el nmero anterior, se concluye que la sancin que corresponda, en aplicacin de las reglas establecidas en los artculos precedentes, no guarda proporcin con la situacin econmica de la persona responsable, se proceder de la manera establecida en los nmeros siguientes.

  3. Se fraccionar el pago de la cuanta de la multa en la forma que se estime adecuada, no pudiendo exceder el plazo total del fraccionamiento de aquel previsto para la prescripcin de la sancin o sanciones impuestas, teniendo en cuenta la capacidad econmica de la persona sancionada.

  4. Cuando el fraccionamiento fijado en el nmero precedente no sea suficiente para lograr la acomodacin de la sancin a la situacin econmica de la persona responsable, se suspender la ejecucin de la resolucin sancionadora durante el plazo que se considere oportuno, el cual no podr exceder del previsto para la prescripcin de la sancin o sanciones impuestas.

    La suspensin se alzar si la persona responsable mejora su situacin econmica de tal forma que desaparezca la causa de la suspensin. Tambin se alzar si la persona responsable es nuevamente sancionada por resolucin firme en va administrativa por una infraccin muy grave y por aplicacin del mismo rgimen sancionador sectorial en virtud del cual se le impuso la sancin o sanciones suspendidas. La nueva sancin no podr ser objeto de suspensin.

    La suspensin de la ejecucin de la sancin interrumpe el plazo de prescripcin de esta, comenzndose a contar un nuevo plazo desde que finalice el periodo de suspensin, desde que se alce esta o desde la firmeza de la resolucin complementaria que reduzca la multa o la sustituya por otra sancin, en los casos y modo establecidos en los nmeros siguientes.

  5. El fraccionamiento del pago o la suspensin de la ejecucin interrumpen el plazo de prescripcin durante el plazo que el mismo se haya acordado.

  6. Cuando el fraccionamiento del pago o la suspensin de la ejecucin sean imposibles o insuficientes para lograr la acomodacin de la respuesta punitiva a la situacin econmica de la persona responsable, o cuando transcurrido el plazo de la suspensin siga concurriendo la causa de esta, se reducir la cuanta de la multa o se sustituir por otra sancin, movindose siempre en el marco de las sanciones previstas para la infraccin o categora de infraccin de que se trate.

  7. El fraccionamiento, suspensin, reduccin o sustitucin se determinarn en la resolucin sancionadora, motivadamente y de forma separada respecto de la sancin fijada conforme a las reglas de los artculos precedentes. Si ello no es posible por considerarse o aparecer las razones de dichas medidas tras el dictado de la resolucin sancionadora, estas medidas se establecern en una resolucin complementaria motivada o en la resolucin del recurso administrativo, si lo hubiese.

    Dicha resolucin complementaria podr dictarse aunque la sancin sea firme.

  8. Cada mbito regular las circunstancias que deben concurrir para la aplicacin por parte de los rganos sancionadores de la posibilidad de sustituir las multas por trabajos de valor equivalente para la comunidad local, incluidas las asistencias a sesiones formativas o la participacin en actividades cvicas, y proporcionados a la gravedad de la infraccin.

  9. Contra la resolucin complementaria cabrn los mismos recursos que contra la resolucin sancionadora. Si la resolucin sancionadora es susceptible de recurso administrativo y se dicta la resolucin complementaria no habiendo transcurrido el plazo para interponer el recurso contra aquella, en el recurso que se interponga contra la resolucin complementaria podr tambin impugnarse la resolucin sancionadora. Si, por el contrario, la resolucin complementaria se dicta una vez firme la resolucin sancionadora, en el recurso contra aquella no podr impugnarse esta.

  10. Aun cuando las normas sectoriales aplicables no las hayan previsto, cuando la naturaleza de la infraccin lo permita y las circunstancias de la persona responsable lo aconsejen, las sanciones pecuniarias podrn sustituirse por otras de carcter educativo o similares a las provenientes del mbito de la justicia restaurativa, a travs de la incorporacin de un proceso de mediacin.

  1. Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o ms preceptos tipificadores de infracciones, ya sean de la misma o de diferentes normas sancionadoras sectoriales, se sancionarn observando las siguientes reglas:

    1. El precepto especial se aplicar con preferencia al general.

    2. El precepto subsidiario se aplicar solo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, ya sea esta tcitamente deducible.

    3. El precepto ms amplio o complejo absorber a los que sancionen las infracciones consumidas en l.

    4. En defecto de los criterios anteriores, el precepto que tipifique la infraccin penada con sancin ms grave excluir a los que tipifiquen infracciones penadas con sancin menor.

  2. El nmero precedente nicamente ser aplicable cuando para cubrir la totalidad del significado antijurdico del hecho baste con la aplicacin de uno de los preceptos considerados, bien porque todos ellos protegen el mismo bien jurdico frente al mismo riesgo, bien porque, aun habiendo diferencias a este respecto, se entienda que no hay fundamento suficiente como para concluir la existencia de varias infracciones, en atencin a la poca importancia de tales diferencias y a la escasa reprochabilidad del hecho. Si no es as, se estar a lo dispuesto en el artculo siguiente.

  1. A la persona responsable de dos o ms infracciones se le impondrn todas las sanciones correspondientes a las diversas infracciones.

  2. Si la pluralidad de infracciones proviene de un solo hecho o de varios realizados en ejecucin de un plan preconcebido o aprovechando idntica ocasin, o una de las infracciones es medio necesario para la comisin de otra, la regla establecida en el nmero precedente se aplicar imponiendo las sanciones menos graves de las establecidas para cada infraccin, sin que la sancin final pueda superar lo establecido para la infraccin ms grave cometida.

  3. Ninguna rebaja se har en atencin al nmero o entidad de las sanciones que resulten de la aplicacin del nmero uno de este artculo, sin perjuicio de lo establecido en el artculo 15 de esta ley.

  1. No podrn sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

  2. Se entender que hay identidad de fundamento cuando:

    1. La infraccin penal o administrativa que se castiga con la pena o sancin precedente proteja el mismo bien jurdico frente al mismo riesgo que la infraccin que se est considerando.

    2. Existiendo ciertas diferencias entre los bienes jurdicos protegidos o los riesgos contemplados, estas no tengan la entidad suficiente como para justificar la doble punicin, por referirse a aspectos cuya proteccin no requiere la segunda sancin.

  3. Cuando, aun no dndose identidad de fundamento, existan puntos en comn entre los bienes jurdicos protegidos o los riesgos considerados, de tal manera que la sancin o pena impuesta precedentemente sirva en parte al fin protector de la infraccin que se va a sancionar, se tendr en cuenta la sancin o pena precedente para graduar en sentido atenuante la sancin posterior. Si as lo exige el principio de proporcionalidad, se impondrn sanciones correspondientes a infracciones o categoras de infracciones de menor gravedad, y, excepcionalmente, en supuestos en que la sancin o pena precedente sea especialmente grave, podr compensarse la sancin posterior, sin perjuicio de declarar la comisin de la infraccin.

  1. La responsabilidad se extingue:

    1. Por la muerte de la persona fsica sancionada.

    2. Por el cumplimiento ntegro de la sancin impuesta.

    3. Por la revocacin.

    4. Por la prescripcin de la infraccin.

    5. Por la prescripcin de la sancin.

  2. En los casos de extincin de la persona jurdica sancionada, para la ejecucin de la sancin o sanciones se estar a lo que dispongan las normas administrativas sectoriales o la normativa de derecho privado que resulte aplicable.

  1. La revocacin podr concederse cuando, atendidas todas las circunstancias del caso concreto, se aprecie que la respuesta punitiva, aun conforme con la legalidad vigente, no resulta adecuada a lo que la equidad propugna en dicho caso concreto, y siempre que no haya otra va en derecho para lograr el fin de justicia concreta que la revocacin pretende.

  2. Tambin podr concederse cuando exista un inters general concreto y determinado que lo reclame con evidencia.

  3. Lo previsto en los dos nmeros precedentes es aplicable a la conmutacin de la sancin por otra correspondiente a infracciones o categoras de infracciones de menor gravedad.

  1. Cuando se trate de sanciones impuestas en aplicacin de leyes dictadas por el Parlamento Vasco, el rgano competente para conceder la revocacin de la sancin ser el Consejo de Gobierno Vasco.

    Si las sanciones son impuestas en aplicacin de normas forales, la revocacin se conceder por el rgano foral correspondiente, de conformidad con los principios y el procedimiento establecidos en este artculo y en el precedente.

    En el caso de las sanciones impuestas en aplicacin de ordenanzas municipales en el marco de la Ley de Instituciones Locales, la revocacin de la sancin se decidir por el pleno del ayuntamiento del municipio correspondiente, de conformidad con los principios y el procedimiento establecidos en este artculo y en el precedente, y, en todo caso, motivadamente y de manera justificada, mediante informe presentado por escrito.

    Podr revocarse la sancin a la persona infractora por razn de exclusin social, situacin de incapacidad econmica o pertenencia a un colectivo vulnerable.

    La persona infractora deber indicar su situacin y circunstancias solicitante de empleo, perceptora de la renta bsica/RGI, en riesgo de exclusin social o perteneciente a un colectivo vulnerable motivadamente y por escrito ante el instructor de la sancin, formulando la solicitud de revocacin de aquella.

    El Gobierno, en un plazo de seis meses desde la aprobacin de la presente ley, aprobar un decreto que regule las circunstancias, los requisitos, los procedimientos, los plazos y la documentacin a presentar para la revocacin de la sancin por parte del Consejo de Gobierno Vasco, los correspondientes rganos forales y los plenos municipales.

  2. El procedimiento se iniciar a instancia de parte interesada, de oficio por el Consejo de Gobierno Vasco o por el correspondiente rgano foral o ayuntamiento, o a propuesta del rgano que impuso la sancin o del que resolvi el recurso administrativo, y constar de los siguientes trmites:

    1. Informe del rgano que impuso la sancin.

    2. Informe del rgano que resolvi el recurso administrativo interpuesto contra la resolucin sancionadora.

      Este informe solo se emitir en los casos en que dicho rgano haya propuesto la revocacin de la sancin.

    3. Alegaciones de la persona sancionada.

    4. Alegaciones de las partes en el procedimiento sancionador de que se trate.

  3. Los trmites a que se refiere el nmero precedente se cumplimentarn en un plazo comn que fijar en cada caso el Consejo de Gobierno Vasco o el correspondiente rgano foral o ayuntamiento, atendiendo a las circunstancias concurrentes.

  4. La reiteracin y reincidencia en la infraccin anular la posibilidad de solicitar la revocacin de la sancin. Asimismo, la reiteracin o reincidencia en el plazo de un ao anular la posibilidad de aplicar medidas sustitutivas de la multa.

  5. El decreto del Consejo de Gobierno Vasco, del correspondiente rgano foral o ayuntamiento por el que se revoca la sancin habr de justificar, sobre la base de las circunstancias concurrentes y que individualicen cada caso, la no afeccin de la decisin de revocacin al principio de igualdad, al inters pblico o al ordenamiento jurdico. Dicho decreto se notificar a la persona sancionada y se publicar en el Boletn Oficial del Pas Vasco.

  6. La revocacin podr referirse a todas o a alguna de las sanciones impuestas o a sus consecuencias accesorias, nicamente en la parte de aquellas que quede por cumplir y sin que en ningn caso suponga la devolucin por la Administracin de lo ya pagado ni la indemnizacin de los daos que la parte ya ejecutada de la sancin haya podido producir a la persona sancionada.

  7. La revocacin no comprender ni afectar en ningn sentido a las responsabilidades civiles que puedan derivarse de la conducta infractora ni a las obligaciones de reparacin e indemnizacin a que se refiere el artculo 12 de esta ley.

  8. La iniciacin del procedimiento de revocacin no suspender la ejecutividad de la sancin. S interrumpir, en cambio, el plazo de prescripcin de aquella.

  1. Los plazos de prescripcin de las infracciones y sanciones sern los que determinen las normas que las establezcan. Si estas no fijan plazos de prescripcin, las infracciones muy graves prescribirn a los tres aos; las graves, a los dos aos; y las leves, a los seis meses. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirn a los tres aos; las impuestas por infracciones graves, a los dos aos; y las impuestas por infracciones leves, al ao.

  2. El plazo de prescripcin de las infracciones comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que la infraccin se haya cometido. En los casos de infraccin realizada de forma continuada, tal plazo se comenzar a contar desde el da en que se realiz el ltimo hecho constitutivo de la infraccin o desde que se elimin la situacin ilcita. En el caso de infracciones permanentes, el plazo comenzar a correr desde que finaliz la conducta infractora.

  3. Interrumpir la prescripcin de la infraccin la iniciacin, con conocimiento de la persona presunta responsable, del procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora. La prescripcin se reanudar, por la totalidad del plazo, desde el da siguiente a aquel en que se cumpla un mes de la paralizacin del procedimiento por causa no imputable a la persona presunta responsable, o desde el da siguiente a aquel en que termine el procedimiento sin declaracin de responsabilidad. La realizacin de cualquier actuacin encaminada al logro de la finalidad del procedimiento y razonablemente proporcional a dicha finalidad impedir considerar paralizado el procedimiento, aunque tal actuacin no est expresamente prevista en la norma procedimental, siempre que haya sido acordada por el rgano competente y se encuentre debidamente documentada.

  4. El plazo de prescripcin de las sanciones comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que adquiera firmeza, en va administrativa, la resolucin por la que se impone la sancin. En el caso de desestimacin presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolucin por la que se impone la sancin, el plazo de prescripcin de la sancin comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolucin de dicho recurso.

  5. Interrumpir la prescripcin de la sancin la iniciacin, con conocimiento de la persona sancionada, del procedimiento de ejecucin. La prescripcin se reanudar, por la totalidad del plazo, desde el da siguiente a aquel en que se cumpla un mes de la paralizacin del procedimiento por causa no imputable a la persona sancionada.

    La realizacin de cualquier actuacin encaminada al logro de la finalidad del procedimiento de ejecucin y razonablemente proporcional a dicha finalidad impedir considerar paralizado el procedimiento, aunque tal actuacin no est expresamente prevista en la norma procedimental, siempre que haya sido acordada por el rgano competente y se encuentre debidamente documentada.

    Tambin interrumpir la prescripcin de la sancin la suspensin judicial de su ejecutividad, comenzndose a contar de nuevo la totalidad del plazo correspondiente desde el da siguiente a aquel en que la suspensin judicial quede alzada.

  1. Las normas de este captulo sern aplicables a todos los procedimientos que se realicen para el ejercicio de la potestad sancionadora por los entes y en el mbito contemplados en el artculo 1.

  2. El procedimiento administrativo sancionador se regir por los principios y normas establecidas por la legislacin bsica estatal en esta materia, por la presente ley y por las normas reglamentarias que se dicten en su desarrollo. En defecto de estas, sern aplicables las normas de procedimiento administrativo comn.

  1. El procedimiento se desarrollar de acuerdo con el principio de acceso permanente. A estos efectos, en cualquier momento del procedimiento las personas interesadas tienen derecho a conocer su estado de tramitacin y a acceder y obtener copias de los documentos contenidos en l.

  2. El acceso a los documentos que obren en los expedientes sancionadores ya concluidos se regir por lo dispuesto en el artculo 13.d de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, o en la norma que en el futuro la sustituya, en relacin con las previsiones de la legislacin en materia de transparencia, acceso a la informacin y buen gobierno que resulten aplicables a la Administracin que, en cada caso, ejercite su potestad sancionadora.

  3. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspendern la tramitacin del procedimiento, salvo la recusacin.

  1. Si la persona instructora, en cualquier momento del procedimiento, considera que los hechos sobre los que instruye pueden ser constitutivos de ilcito penal, lo pondr en conocimiento del rgano competente para resolver, el cual, si estima razonable la consideracin de la persona instructora, pondr dichos hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, solicitndole testimonio sobre las actuaciones practicadas respecto de la comunicacin.

    Igualmente se solicitar al Ministerio Fiscal comunicacin sobre las actuaciones practicadas cuando se tenga conocimiento de que se est siguiendo un proceso penal sobre los hechos a los que se refiere el procedimiento administrativo. La misma comunicacin se solicitar cuando el proceso penal se siga sobre hechos que sean resultado o consecuencia de los hechos a los que se refiere el procedimiento administrativo.

  2. En los casos previstos en el apartado anterior, cuando para la resolucin del procedimiento sea indispensable la obtencin del previo pronunciamiento por parte del rgano jurisdiccional penal, el transcurso del plazo mximo legal para resolver el procedimiento y notificar la resolucin se podr suspender desde el momento en que se solicite al Ministerio Fiscal el testimonio sobre las actuaciones practicadas, lo que habr de notificarse a las personas interesadas, hasta que la Administracin tenga constancia del archivo por parte del Ministerio Fiscal o del pronunciamiento que corresponda por parte del rgano jurisdiccional competente, lo que tambin deber serles notificado. En todo caso, recibida la comunicacin del Ministerio Fiscal que confirme la existencia de actuaciones ante la jurisdiccin penal, el rgano competente para resolver el procedimiento sancionador acordar su suspensin hasta que recaiga resolucin judicial firme.

  3. La suspensin del procedimiento administrativo sancionador no impide el mantenimiento de las medidas cautelares adoptadas, siempre y cuando resulten compatibles con las acordadas en el proceso penal. No se entendern compatibles si las medidas cautelares penales son suficientes para el logro de los objetivos cautelares considerados en el procedimiento administrativo sancionador.

    El acto por el que se mantengan o adopten las medidas cautelares deber ser comunicado al Ministerio Fiscal.

  4. En todo caso, los hechos declarados probados por resolucin judicial penal firme vinculan a los rganos administrativos respecto de los procedimientos sancionadores que se sustancien.

    La Administracin revisar de oficio las resoluciones administrativas fundadas en hechos contradictorios con los declarados probados en la resolucin penal, de acuerdo con las normas que regulan los procedimientos de revisin de oficio.

  1. Si se acredita que se est siguiendo un procedimiento sancionador por los mismos hechos ante los rganos de la Unin Europea, el rgano competente para resolver el procedimiento administrativo podr aplazar la resolucin mientras aquel se resuelve de modo firme.

  2. Si se ha impuesto sancin por los rganos de la Unin Europea, siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el rgano competente para resolver el procedimiento sancionador interno deber tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo compensarla o minorarla, sin perjuicio de declarar la comisin de la infraccin.

Cuando la persona instructora tenga conocimiento de que se est siguiendo otro procedimiento sancionador por los mismos hechos, lo notificar al rgano sancionador, el cual, sin paralizar el procedimiento, se pondr en contacto con el rgano competente para resolver el procedimiento de referencia, a fin de coordinarse para la eficaz aplicacin de los artculos 16, 17 y 18 de esta ley.

Cuando, en cualquier fase del procedimiento sancionador, el rgano administrativo que tenga atribuida la funcin resolutoria del expediente considere que existen elementos de juicio indicativos de que los hechos son constitutivos de una infraccin cuya sancin no le compete, adoptar formalmente el acuerdo de abstenerse en el conocimiento del asunto y lo comunicar al rgano que considere competente a tal efecto, junto con el traslado de todo lo actuado hasta la fecha de la adopcin del acuerdo.

  1. El ejercicio de la potestad sancionadora por los rganos que la tienen expresamente atribuida de acuerdo con lo establecido en el artculo 1 incluye la facultad tanto de resolver el procedimiento como de ordenar su iniciacin.

  2. Lo anterior se entender siempre sin perjuicio de la debida separacin entre la fase de instruccin y de resolucin, que se encomendarn a rganos o unidades administrativas diferenciadas.

  3. Si hay una unidad administrativa especial para la instruccin de procedimientos sancionadores, bien general, bien sectorial, la persona instructora deber ser un funcionario o funcionaria de dicha unidad. Si no la hay, ser persona instructora un funcionario o una funcionaria de la asesora jurdica del departamento, entidad u organismo competente en la materia a que se refiera la presunta infraccin.

  4. La persona funcionaria instructora no tendr ninguna dependencia funcional en lo referente al cumplimiento de su labor instructora y durante el tiempo que dure esta.

  5. Las normas sancionadoras u organizativas sectoriales establecern un sistema objetivo para la determinacin de la persona instructora en cada supuesto concreto. En ningn caso la persona instructora ser elegida por el rgano competente para resolver.

  1. Son personas interesadas en el procedimiento, adems de las que puedan resultar responsables, quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legtimos individuales o colectivos.

  2. Se consideran asimismo personas interesadas en el procedimiento sancionador aquellas que, aun sin haber participado en el inicio del procedimiento, aleguen derechos que puedan resultar afectados por la decisin que en l se adopte o cuyos intereses legtimos, individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolucin y se personen en el procedimiento en tanto no haya recado resolucin definitiva. En un plazo mximo de dos das desde que estas ltimas aleguen inters, el rgano competente para tramitar la sancin les informar del estado del procedimiento.

  3. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses econmicos y sociales sern titulares de intereses legtimos colectivos en los trminos que la ley reconozca.

  4. Cuando la condicin de persona interesada derive de alguna relacin jurdica transmisible, el derechohabiente suceder en tal condicin, cualquiera que sea el estado del procedimiento.

  1. Si la hubiera, se establece la figura de vctima de la infraccin. La persona instructora deber identificar a cualquier persona que pueda tener cualquier tipo de inters individual o colectivo, dada su condicin de persona afectada, a quien se deber trasladar toda la informacin relativa al procedimiento, para poder personarse y alegar los intereses que considere oportunos.

  2. La persona instructora realizar la identificacin de las vctimas de la infraccin estando la vctima de la infraccin personada o identificada en la actuacin jurisdiccional en curso.

    Se crear un registro de asociaciones sin nimo de lucro, con base en la tipologa de los procedimientos sancionadores acordes con los objetivos fundacionales, para que estas puedan personarse en el procedimiento sancionador en curso.

    La persona instructora utilizar otros medios de oficio para realizar la identificacin.

  3. Tras la identificacin de la vctima de la infraccin, se le trasladar el expediente en un plazo de 48 horas, indicndole los actos y derechos que le asisten.

  4. No se podr cerrar el expediente sin identificar a la vctima y sin indicarle los actos y derechos que le asisten. En caso de que la identificacin resulte imposible, los motivos se recogern y justificarn en un informe, que se adjuntar al expediente.

  1. Si existen elementos de juicio suficientes para ello, el rgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora podr, en cualquier momento del procedimiento, adoptar las medidas provisionales o cautelares que sean necesarias para asegurar la eficacia de la resolucin que pueda recaer, o para impedir la obstaculizacin del procedimiento, o para evitar la continuacin o repeticin de los hechos enjuiciados u otros de similar significacin o el mantenimiento de los daos que aquellos hayan ocasionado, o para mitigarlos.

    La decisin sobre la adopcin de medidas provisionales o cautelares se adoptar previa audiencia de las personas interesadas por plazo comn de cinco das y mediante acuerdo motivado con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.

  2. La audiencia previa a que se refiere el nmero precedente podr sustituirse por unas alegaciones posteriores en idntico plazo, en los supuestos en que las medidas provisionales necesarias pierdan su virtualidad si se pospone su adopcin hasta la realizacin del trmite de audiencia previa. En tales casos de urgencia inaplazable y para la proteccin provisional de los intereses implicados, el rgano competente para iniciar o instruir el procedimiento podr, antes de la iniciacin del procedimiento administrativo, adoptar de forma motivada las medidas provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. En dichos casos, las personas interesadas tambin podrn solicitar al rgano competente para iniciar o instruir el procedimiento la adopcin de tales medidas provisionales, incluso antes de la iniciacin del procedimiento administrativo. Las medidas provisionales adoptadas debern ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciacin del procedimiento, que deber efectuarse dentro de los quince das siguientes a su adopcin, el cual podr ser objeto del recurso que proceda.

  3. No se podrn dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difcil o imposible reparacin o que impliquen violacin de derechos amparados por las leyes.

  4. En la adopcin de las medidas cautelares se estar al criterio de la proporcionalidad, considerando equilibradamente los perjuicios que estas ocasionen a la persona inculpada y los motivos que en cada caso concurran para su establecimiento, debindose optar siempre por la medida o medidas que, logrando razonablemente los citados objetivos, menos dao ocasionen a la persona inculpada y la reparacin de cuyos efectos sea ms fcil tras su vigencia.

  5. Las medidas cautelares no podrn prolongarse ms all de lo que resulte indispensable para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

  6. El rgano que haya acordado las medidas cautelares las revocar, de oficio o a instancia de parte, cuando compruebe que ya no son indispensables para cumplir los objetivos cautelares concurrentes en el caso concreto.

  7. Cuando dicho rgano constate, de oficio o a instancia de parte, que se ha producido un cambio de la situacin que tuvo en cuenta al tomar la decisin cautelar, cambiar esta, modificando las medidas cautelares acordadas o sustituyndolas por otras, segn requiera la nueva situacin y siguiendo los criterios de seleccin establecidos en el nmero 4 precedente.

  8. Las medidas cautelares se extinguen por las siguientes causas:

    1. Por la resolucin que ponga trmino al procedimiento en que se hayan acordado.

      El rgano competente para resolver el recurso administrativo de que se trate podr, motivadamente, mantener las medidas acordadas o adoptar otras hasta que dicte el acto de resolucin del recurso.

    2. Por la caducidad del procedimiento sancionador.

  1. Excepcionalmente, cuando para evitar la continuacin o la repeticin de los hechos presuntamente infractores u otros de similar significacin o el mantenimiento de los daos que aquellos hayan ocasionado o para mitigarlos se requiera la asuncin inmediata de medidas cautelares, estas podrn ser acordadas, sin audiencia de las personas interesadas, por las personas funcionarias que constaten los hechos eventualmente ilcitos en el ejercicio de su especfica funcin de inspeccin.

  2. Dichas personas funcionarias atendern a los criterios establecidos en el artculo 32, y en el acta que levanten por escrito como consecuencia de la inspeccin expresarn, motivarn y justificarn la medida o medidas cautelares que hayan adoptado, as como su causa y finalidad concretas.

  3. En los casos en los que excepcionalmente se hayan acordado las medidas cautelares que regula este artculo, se proceder en un plazo de 48 horas a la incoacin del correspondiente procedimiento sancionador, y en el acto de incoacin el rgano titular de la competencia sancionadora determinar, motivadamente, la revocacin, mantenimiento o modificacin de las medidas adoptadas, procedindose seguidamente a la realizacin del trmite de alegaciones posteriores contemplado en el artculo 32.2.

  4. Las medidas cautelares acordadas excepcionalmente en virtud del presente artculo se extinguirn una vez transcurridos cuatro das naturales desde su adopcin sin que se haya incoado el correspondiente procedimiento sancionador.

Si iniciado el procedimiento se constatara que las personas eventualmente responsables no son las inicialmente imputadas, sino otras, se dictar resolucin absolviendo a las primeras y se iniciar un nuevo procedimiento respecto de las segundas, si la infraccin no ha prescrito para estas. No se considerar interrumpido el plazo de prescripcin durante la tramitacin del primero de los procedimientos, salvo que en el error de imputacin cometido en l hayan influido relevantemente las personas imputadas en el segundo procedimiento con el objetivo de eludir su responsabilidad.

  1. En el mbito de aplicacin de la presente ley, no se podr imponer una sancin sin haberse tramitado el procedimiento que corresponda.

  2. Los procedimientos sancionadores se iniciarn de oficio por acuerdo del rgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, por iniciativa de personas interesadas o como consecuencia de peticin razonada de otros rganos o denuncia.

  3. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el rgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora podr abrir un periodo de informacin o actuaciones previas, encomendando a los rganos que tengan atribuidas funciones de investigacin, averiguacin e inspeccin en la materia o, en defecto de estos, a la persona u rgano administrativo que designe a tal efecto determinar, con la mayor precisin posible, los hechos susceptibles de motivar la incoacin del procedimiento, la identificacin de la persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros, con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

  4. Se entiende por propia iniciativa la actuacin derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el rgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora.

  5. Se entiende por orden superior la emitida por un rgano administrativo superior jerrquico del competente para el ejercicio de la potestad sancionadora.

  6. La orden expresar, en la medida de lo posible, la persona o personas responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infraccin administrativa y su tipificacin; as como el lugar, la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

  7. Se entiende por iniciativa de personas interesadas la realizada por iniciativa de las personas o colectivos indicados en el artculo 30 de la presente ley.

  8. Se entiende por peticin razonada la propuesta de iniciacin del procedimiento formulada por cualquier rgano administrativo que no tiene competencia para el ejercicio de la potestad sancionadora y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente, o bien por tener atribuidas funciones de inspeccin, averiguacin o investigacin.

  9. La peticin razonada de otros rganos deber contener el relato de los hechos que pudieran constituir infraccin, su tipificacin, la fecha, fechas o periodo de tiempo continuado en que se produjeron, y, si es posible, la identificacin de las personas presuntamente responsables. Con la peticin razonada debern aportarse los documentos y pruebas relativos al objeto de dicha peticin que obren en poder del rgano peticionario.

  10. La formulacin de una peticin razonada no vincula al rgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora, si bien deber comunicar al rgano que la haya formulado la decisin sobre la apertura o no del procedimiento y los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciacin.

  11. Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligacin legal, pone en conocimiento de un rgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciacin de oficio de un procedimiento administrativo.

  12. Las denuncias debern expresar la identidad de la persona o personas que las presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administracin. Cuando dichos hechos pudieran constituir una infraccin administrativa, recogern la fecha de su comisin y, cuando sea posible, la identificacin de los presuntos autores o autoras y dems personas responsables, los preceptos en que se encuentran tipificados los hechos, la sancin o sanciones que corresponden y los preceptos en que se encuentran recogidas.

  13. La Administracin adoptar medidas de proteccin de la identidad de la persona denunciante, cuando esta as lo solicite.

  14. Cuando la denuncia invoque un perjuicio en el patrimonio de las administraciones pblicas, la no iniciacin del procedimiento deber ser motivada, y se notificar a las personas denunciantes la decisin de si se ha iniciado o no el procedimiento.

  15. Cuando la persona denunciante haya participado en la comisin de una infraccin de esta naturaleza y existan otras personas infractoras, el rgano competente para resolver el procedimiento deber eximir a la persona denunciante del pago de la multa que le correspondera u otro tipo de sancin de carcter no pecuniario, cuando sea la primera en aportar elementos de prueba que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infraccin, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la sancin y se repare el perjuicio causado. Asimismo, el rgano competente para resolver deber reducir el importe del pago de la multa que le correspondera o, en su caso, la sancin de carcter no pecuniario, cuando, no cumplindose alguna de las condiciones anteriores, la persona denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor aadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga. En ambos casos, ser necesario que la persona denunciante cese en la participacin de la infraccin y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.

  16. La presentacin de una denuncia no confiere, por s sola, la condicin de persona interesada en el procedimiento. La persona denunciante que no ostente la condicin de persona interesada en los trminos establecidos en el artculo 30 de la presente ley no tendr ms participacin en el procedimiento que el derecho a recibir comunicacin del rgano competente sobre la apertura o no de aquel y, en su caso, sobre la resolucin que le ponga fin.

  17. Cuando la denuncia la interponga una persona interesada segn la presente ley, sern de aplicacin, junto con lo previsto en este artculo, las normas del artculo siguiente.

  1. Los procedimientos sancionadores tambin podrn iniciarse a instancia de parte interesada segn el artculo 30 de la presente ley, mediante la correspondiente denuncia interpuesta conforme a lo previsto en el artculo anterior. Adems de lo requerido en el artculo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, o en la norma que en el futuro la sustituya, la solicitud de apertura de un procedimiento sancionador ser motivada y deber contener aquellos extremos exigidos por el apartado 2 del artculo anterior para la interposicin de la correspondiente denuncia, sin perjuicio de la posibilidad de modificar dichos extremos en las alegaciones posteriores que la parte interesada haga durante el procedimiento. Con dicha solicitud podrn aportarse todos los documentos, instrumentos o pruebas en que la parte solicitante funde su condicin de persona interesada y su pretensin.

  2. De la solicitud referida en el punto precedente y de lo que con ella se aporte se dar traslado a las personas que aparezcan en ella como presuntas responsables, a fin de que en el plazo comn de diez das aleguen lo que a su derecho convenga. Se proteger la identidad de la persona denunciante, cuando as lo solicite. Igual plazo de alegaciones se dar respecto de las variaciones que se introduzcan en la solicitud de apertura del procedimiento en ejercicio de la facultad de subsanacin prevista en el artculo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, o en la norma que en el futuro la sustituya.

  3. Recibidas las alegaciones a que se refiere el punto antecedente o pasado el plazo al efecto sealado, el rgano competente para resolver decidir sobre la admisibilidad de la solicitud de apertura del procedimiento.

  4. Se inadmitir tal solicitud cuando:

    1. No contenga con la claridad necesaria los extremos sealados en el punto 1 precedente y en el artculo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, o en la norma que en el futuro la sustituya, y haya pasado el plazo establecido en el artculo 68 de dicha ley o en la norma que en el futuro la sustituya sin que la subsanacin se haya producido.

    2. Carezca notoriamente de fundamento. Para apreciar esta causa de inadmisin, se tendr en cuenta, fundamentalmente, la argumentacin de la solicitud y el apoyo probatorio que con ella se aporte. Respecto de esta causa de inadmisin, no se dar la posibilidad de subsanacin contemplada en la letra precedente.

    3. Se presente por quien no es persona interesada. No sern subsanables los defectos o carencias que en la fundamentacin de este aspecto presente la solicitud.

  5. Si el rgano competente entiende inadmisible la solicitud de apertura, as lo expresar en resolucin motivada. Si, por el contrario, estima que tal solicitud es admisible, proceder a dictar el acuerdo de iniciacin.

  6. No se podrn iniciar nuevos procedimientos de carcter sancionador por hechos o conductas tipificadas como infracciones en cuya comisin la persona infractora persista de forma continuada, en tanto no haya recado una primera resolucin sancionadora con carcter ejecutivo.

  1. El acuerdo de iniciacin tendr el contenido mnimo siguiente:

    1. La identificacin de la persona o personas presuntamente autoras y dems personas responsables.

    2. La identificacin de la vctima, dando la explicacin para ejercer sus actos y derechos.

    3. Los hechos que motivan la incoacin del procedimiento, su posible calificacin jurdica y las sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la instruccin.

    4. La persona encargada de instruir el procedimiento, con expresa indicacin de su rgimen de recusacin.

    5. El rgano competente para la resolucin del procedimiento y la norma que le atribuya la competencia, indicando la posibilidad de que la persona presuntamente responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos previstos en esta ley. Tambin se consignar, en su caso, la posibilidad de terminacin del expediente sancionador por conciliacin o reparacin entre la persona infractora y la vctima o la Administracin, de conformidad con lo previsto en esta ley.

    6. Las medidas de carcter provisional que se hayan acordado por el rgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sin perjuicio de las que se puedan adoptar durante dicho procedimiento de conformidad con el artculo 32, as como lo que corresponda en relacin con la revocacin, mantenimiento o modificacin de las medidas que se hayan adoptado excepcionalmente de acuerdo con lo previsto en el artculo 33.

    7. La indicacin del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, as como la indicacin de que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciacin, este podr ser considerado propuesta de resolucin cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

  2. El acuerdo de iniciacin se comunicar a quien haya de instruir el caso, con indicacin del plazo mximo establecido para la resolucin del procedimiento y para la notificacin de los actos que le pongan trmino, y todo ello se notificar tambin a la persona inculpada y dems interesadas, advirtindoles que tienen un plazo de quince das para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y para solicitar la apertura de un periodo probatorio y proponer los medios de prueba que consideren adecuados. Al acuerdo de iniciacin se acompaarn la solicitud de apertura del procedimiento, la denuncia o la peticin razonada, as como los documentos y pruebas que a estas se hayan adjuntado o haya tenido en cuenta el rgano titular de la competencia sancionadora para abrir el procedimiento.

  3. La notificacin del acuerdo de iniciacin que no rena los requisitos dispuestos en este artculo o no respete los derechos lingsticos de las personas interesadas solo surtir efecto para la persona afectada a partir de la fecha en que se subsane el error o la persona interesada realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolucin o acto objeto de la notificacin o interponga cualquier recurso que proceda.

  4. Los actos de instruccin necesarios para la determinacin, conocimiento y comprobacin de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolucin se realizarn de oficio y a travs de medios electrnicos o en papel por el rgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de las personas interesadas a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervencin o constituyan trmites legal o reglamentariamente establecidos.

  5. Las aplicaciones y sistemas de informacin utilizados para la instruccin de los procedimientos debern garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificacin de los rganos responsables y la tramitacin ordenada de los expedientes, as como facilitar la simplificacin y la publicidad de los procedimientos.

  6. Los actos de instruccin que requieran la intervencin de las personas interesadas habrn de practicarse en la forma que resulte ms conveniente para ellas y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.

  7. En cualquier caso, el rgano instructor adoptar las medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradiccin y de igualdad de las personas interesadas en el procedimiento. A tal efecto, los informes y declaraciones de los agentes de la autoridad debern ser motivados y coherentes, es decir, lgicos, razonables y basados en la experiencia comn del comportamiento humano, y admitirn la prueba en contrario.

  8. Las personas interesadas podrn, en cualquier momento del procedimiento anterior al trmite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio. Unos y otros sern tenidos en cuenta por el rgano competente al redactar la correspondiente propuesta de resolucin.

  9. En todo momento podrn las personas interesadas alegar los defectos de tramitacin y, en especial, los que supongan paralizacin, infraccin de los plazos preceptivamente sealados u omisin de trmites que pueden ser subsanados antes de la resolucin definitiva del asunto. Dichas alegaciones podrn dar lugar, si hay razones para ello, a la exigencia de la correspondiente responsabilidad disciplinaria.

  1. Se abrir un periodo probatorio en los siguientes supuestos:

    1. Cuando, en el trmite de alegaciones establecido en el artculo precedente, lo solicite cualquiera de las personas interesadas con proposicin de medios de prueba concretos, siempre que alguno de estos sea considerado pertinente por quien instruya. El rgano instructor motivar sus decisiones de inadmisin de la solicitud de apertura de periodo probatorio y de rechazo de pruebas concretas, en aplicacin de los artculos 77 y 53.2.b de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, o en la norma que en el futuro la sustituya.

    2. Cuando, en ausencia de solicitud de parte interesada, el rgano instructor lo considere necesario para el esclarecimiento de los hechos y determinacin de las personas responsables. En particular, quien instruya acordar la apertura de un periodo de prueba cuando la Administracin no tenga por ciertos los hechos alegados por las personas interesadas o la naturaleza del procedimiento lo exija. En este caso, el rgano instructor dar un plazo de cinco das a las personas interesadas para que propongan los medios de prueba que estimen oportunos.

  2. El periodo probatorio tendr una duracin de treinta das hbiles, sin perjuicio de los acuerdos de prrroga o reduccin de dicho plazo que el rgano instructor del procedimiento, de conformidad con lo previsto en el artculo 41 de esta ley, pueda adoptar.

  3. La prctica de las pruebas se realizar de conformidad con lo establecido en el artculo 78 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, o en la norma que en el futuro la sustituya.

  4. Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes, dictadas por jueces y tribunales en la jurisdiccin penal, vincularn a todas las administraciones pblicas y entidades a las que resulta de aplicacin esta ley respecto de los procedimientos sancionadores que ante ellas se sustancien.

  1. Concluido, en su caso, el periodo probatorio, el rgano instructor formular una propuesta, la cual deber contener, si estima que existe infraccin y responsabilidad:

    1. Los hechos que considere probados y la valoracin de la prueba en que se funde tal consideracin.

    2. Las personas que considere responsables y los preceptos y valoracin de la prueba en los que tal consideracin se funde.

    3. Los preceptos tipificadores de infracciones en que considere subsumidos los hechos y las razones de tal consideracin.

    4. Las sanciones y consecuencias accesorias que estime procedentes, los preceptos en que se determinen, las circunstancias que a tal efecto haya considerado, los preceptos y valoracin probatoria en que se funde tal consideracin, as como, en su caso, la proposicin de suspensin de la ejecucin de la sancin, de ejecucin fraccionada o de su modificacin, y las razones de tal proposicin.

    5. La alteracin de la situacin precedente que considere ocasionada por la infraccin y los daos y perjuicios derivados de dicha infraccin que considere acreditados, las razones de tales consideraciones, las actividades de reparacin o indemnizaciones que se propongan y las razones de esta proposicin.

  2. Si estima que no existe infraccin o responsabilidad, la propuesta de instruccin contendr, en todo caso:

    1. La declaracin formal y motivada de la renuncia a usar la facultad prevista en el artculo 89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, en aplicacin de esta ley y en tanto no se dan los supuestos del apartado 3, y la necesidad de continuar la tramitacin, con o sin el trmite de audiencia al que se refiere el artculo siguiente.

    2. La determinacin de si tal estimacin se debe a una valoracin probatoria o a una apreciacin jurdica, y el razonamiento que funda una u otra.

    3. La propuesta de absolucin.

  3. De conformidad con lo previsto en el artculo 89.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, el rgano instructor pondr fin al procedimiento mediante resolucin motivada, con archivo de las actuaciones y sin que resulte necesaria la formulacin de propuesta de resolucin, si durante la instruccin del procedimiento se pone de manifiesto la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

    1. Que los hechos que puedan constituir la infraccin sean inexistentes o no resulten acreditados.

    2. Que los hechos probados no constituyan manifiestamente infraccin administrativa alguna.

    3. Que no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables, o bien aparezcan exentas de responsabilidad.

    4. Que la infraccin haya prescrito.

      La resolucin de terminacin del procedimiento y archivo de las actuaciones se comunicar al rgano competente para la resolucin del procedimiento y a las partes intervinientes en l.

  1. La propuesta de instruccin se notificar a las personas interesadas, indicndoles que disponen de un plazo de quince das para formular alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. En tal notificacin se comunicar a las personas interesadas que durante dicho plazo se les pondr de manifiesto el expediente, a fin de que puedan consultarlo por s mismas o a travs de representantes y obtener copias de los documentos que obren en dicho expediente. A estos efectos se tendrn en cuenta las limitaciones previstas, en su caso, en la legislacin de transparencia y acceso a la informacin pblica que resulte aplicable.

  2. La audiencia a las personas interesadas ser anterior a la solicitud del informe del rgano competente para el asesoramiento jurdico o a la solicitud del dictamen a la Comisin Jurdica Asesora de Euskadi u rgano consultivo equivalente de los territorios histricos, en el caso de que cualquiera de ellos tuviera que intervenir en el procedimiento.

  3. Si antes del vencimiento del plazo las personas interesadas manifiestan su decisin de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendr por realizado el trmite.

  4. Se podr prescindir del trmite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolucin otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las personas interesadas.

  5. Concluido el trmite de audiencia, si el rgano instructor no plantea introducir modificaciones respecto del contenido de su propuesta, elevar esta a propuesta de resolucin, notificndola a las personas interesadas, y la cursar inmediatamente al rgano competente para resolver el procedimiento, junto con los documentos, alegaciones e informaciones que obren en el expediente.

  6. En caso contrario, cuando la propuesta de resolucin contenga modificaciones respecto de lo estrictamente contenido en la propuesta de instruccin, se otorgar a las personas interesadas un nuevo plazo de diez das para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se estimen pertinentes directamente ante el rgano competente para resolver el procedimiento.

  1. El rgano instructor podr, motivadamente, y si no media oposicin de las partes, acortar la duracin del periodo probatorio a un plazo no inferior a diez das en consideracin al nmero y la naturaleza de las pruebas a practicar. Tambin podr, motivadamente, acortar los plazos para la realizacin de los trmites de alegaciones establecidos en esta ley, tambin hasta un plazo no inferior a diez das, en atencin a la menor gravedad de los hechos considerados y al nmero y escasa complejidad de las cuestiones jurdicas implicadas y de los documentos y pruebas que aquel haya puesto a disposicin de las personas interesadas para evacuar dichos trmites.

  2. El rgano instructor podr, motivadamente, prorrogar el plazo del periodo de prueba, por una sola vez y hasta un mximo de diez das ms, siempre que, por el nmero y la naturaleza de las pruebas a practicar, la complejidad de las situaciones fcticas y las cuestiones jurdicas analizadas u otras razones atendibles, sea preciso para lograr la adecuada determinacin de los hechos y las responsabilidades o para garantizar la eficaz defensa de las personas imputadas. Mientras dure la prrroga, no correr el plazo de caducidad.

Los actos de la persona instructora que denieguen la apertura del periodo probatorio o la prctica de algn medio de prueba propuesto por las partes sern susceptibles de recurso, en el plazo de tres das, ante el rgano competente para resolver el procedimiento, el cual decidir, sin ms trmite, en el plazo de tres das, considerndose su silencio desestimatorio.

  1. Antes de dictar resolucin, el rgano competente para resolver podr decidir, mediante acuerdo motivado, la realizacin de las actuaciones complementarias que considere necesarias para la resolucin del procedimiento. Las actuaciones complementarias se llevarn a cabo en el plazo de quince das.

  2. La posibilidad de prorrogar, de la manera y por las razones previstas en el artculo 41.2, el plazo de alegaciones previsto en el artculo 40, as como la concesin de un segundo trmite de audiencia en el sentido del artculo 40.6, se comprendern ambas dentro de estas actuaciones complementarias, en cuyo caso no ser necesaria la evacuacin de nuevo trmite de alegaciones en el sentido de lo previsto en el apartado siguiente.

  3. Una vez realizadas las actuaciones complementarias, se informar de su resultado a las personas interesadas, a fin de que puedan alegar lo que estimen pertinente en el plazo de siete das.

  4. El inicio de las actuaciones complementarias provocar la interrupcin en el cmputo del plazo de caducidad del procedimiento hasta la conclusin del o de los trmites de alegaciones previstos durante dichas actuaciones.

  5. No tendrn la consideracin de actuaciones complementarias los informes o dictmenes preceptivos que precedan inmediatamente a la resolucin final del procedimiento.

  1. El rgano competente dictar resolucin motivada, que decidir sobre todas las cuestiones planteadas por las personas interesadas y aquellas otras derivadas del procedimiento. La aceptacin de informes o dictmenes servir de motivacin a la resolucin cuando se incorporen al texto de esta. La resolucin que resuelva el procedimiento deber tener el contenido que se establece en el artculo 39 de esta ley, adems del que fije la legislacin bsica aplicable. En los procedimientos tramitados a solicitud de persona interesada, la resolucin ser congruente con las peticiones formuladas por esta, sin que en ningn caso pueda agravar su situacin inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administracin de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

  2. El rgano competente para resolver nicamente podr variar la relacin de hechos expresada en la propuesta de resolucin, matizndolos o tomando en cuenta otros, si la variacin proviene del trmite de audiencia final al que se refiere el artculo 40.6, de las actuaciones complementarias a las que se refiere el precedente artculo o de la diferente valoracin de las pruebas y actos de instruccin realizados por el rgano instructor. En ambos casos, el rgano competente para resolver motivar especficamente en la resolucin la variacin fctica. No podr, en ningn caso, consistir la variacin a que se hace referencia en el enunciado precedente en la incorporacin de hechos que no guarden relacin con el objeto del procedimiento fijado en el acto de incoacin, salvo que ello sea en beneficio de la persona imputada. Cuando se trate de cuestiones conexas que no hayan sido planteadas por las personas interesadas, el rgano competente podr pronunciarse sobre dichas cuestiones, ponindolo antes de manifiesto a aquellas en los trminos del apartado siguiente.

  3. Si, como consecuencia de la variacin fctica a la que se refiere el nmero precedente o de la diferente calificacin jurdica de los hechos y circunstancias fijadas en la propuesta de resolucin, el rgano competente para resolver estima que no procede admitir la absolucin propuesta por quien ha instruido el caso, que debe establecerse una respuesta sancionadora ms grave que la propuesta o que debe fijarse una reparacin o indemnizacin por los daos causados por la infraccin que la propuesta de resolucin no contiene o mayor que la que esta expresa, o si en la resolucin se tratan cuestiones conexas que no hayan sido planteadas por las personas interesadas, dicho rgano deber, antes de dictar resolucin, conceder un plazo de quince das a fin de que las personas interesadas aleguen lo que estimen pertinente o, en su caso, propongan prctica de prueba sobre los hechos que se hayan tomado en cuenta en la variacin fctica. Inmediatamente despus de concluido este trmite, se dictar resolucin y se notificar a las partes. En la diligencia por la que se comunique el plazo de alegaciones establecido en el prrafo precedente, se expresar con precisin y se motivar la concreta variacin, respecto de la propuesta de resolucin, que el rgano competente para resolver entiende necesario introducir en la resolucin definitiva.

  4. La resolucin deber ser notificada en el plazo de diez das y expresar, adems, los recursos que contra ella procedan, el rgano administrativo o judicial ante el que hayan de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que las personas interesadas puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

  5. La resolucin ser ejecutiva cuando adquiera firmeza en la va administrativa. En la resolucin se adoptarn, en su caso, las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en tanto no sea ejecutiva.

  6. Sin perjuicio de la forma y lugar sealados por la persona interesada para la prctica de las notificaciones, la resolucin del procedimiento se dictar electrnicamente y garantizar la identidad del rgano competente, as como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de alguno de los instrumentos previstos en la ley.

  7. Cuando la resolucin sea ejecutiva, se podr suspender cautelarmente si la persona interesada manifiesta a la Administracin su intencin de interponer recurso contencioso-administrativo contra la resolucin firme en va administrativa. Dicha suspensin cautelar finalizar cuando:

    1. Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que la persona interesada haya interpuesto recurso contencioso-administrativo.

    2. Habiendo la persona interesada interpuesto recurso contencioso-administrativo, no se haya solicitado en el mismo trmite la suspensin cautelar de la resolucin impugnada o el rgano judicial se pronuncie sobre la suspensin cautelar solicitada, en los trminos previstos en ella.

  1. Cuando las conductas sancionadas hayan causado daos o perjuicios a las administraciones y la cuanta destinada a indemnizar estos daos no haya quedado determinada en el expediente, se fijar mediante un procedimiento complementario, seguido ante el mismo rgano competente para ejercitar la potestad sancionadora y cuya resolucin ser inmediatamente ejecutiva.

  2. Este procedimiento ser susceptible de terminacin convencional, pero ni esta ni la aceptacin por la persona infractora de la resolucin que pueda recaer implicarn el reconocimiento voluntario de su responsabilidad.

  3. La resolucin del procedimiento pondr fin a la va administrativa.

  1. Pondrn fin al procedimiento, adems de la resolucin de aquel conforme al artculo 44, el reconocimiento de responsabilidad, la renuncia o desistimiento de la persona interesada y de la Administracin y la declaracin de caducidad, todo ello en los trminos de los artculos siguientes.

  2. La resolucin que se dicte deber ser motivada en todo caso.

  1. Iniciado un procedimiento sancionador, si la persona infractora reconoce su responsabilidad, se podr resolver el procedimiento con la imposicin de la sancin que proceda.

  2. Cuando la sancin tenga nicamente carcter pecuniario, o bien quepa imponer una sancin pecuniaria y otra de carcter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de la segunda, el pago voluntario por la persona presuntamente responsable, en cualquier momento anterior a la resolucin, implicar la terminacin del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposicin de la situacin alterada o a la determinacin de la indemnizacin por los daos y perjuicios causados por la comisin de la infraccin.

  3. En ambos casos, cuando la sancin tenga nicamente carcter pecuniario, el rgano competente para resolver el procedimiento aplicar reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sancin propuesta, siendo estas acumulables entre s. Las citadas reducciones debern estar determinadas en la notificacin de iniciacin del procedimiento, y su efectividad estar condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier accin o recurso en va administrativa contra la sancin.

  4. Los porcentajes de reduccin previstos en este artculo para los casos de reconocimiento de la responsabilidad y de pago voluntario podrn ser incrementados reglamentariamente o a travs de lo previsto en la legislacin que disponga los regmenes sancionadores sectoriales. Las reducciones previstas por la legislacin sectorial de la misma naturaleza que las previstas en este artculo no sern acumulables con estas salvo en lo previsto en el apartado precedente.

  1. En los procedimientos iniciados de oficio, la Administracin podr desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes, incluida la imposibilidad material de continuarlos por causas sobrevenidas.

  2. En los casos iniciados a instancia de parte, toda persona interesada podr desistir de su solicitud o, cuando ello no est prohibido por el ordenamiento jurdico, renunciar a sus derechos.

    Si el escrito de iniciacin se ha formulado por dos o ms personas, el desistimiento o la renuncia solo afectar a aquellas que lo hayan formulado. No obstante, en la medida en que la cuestin suscitada por la incoacin del procedimiento entrae inters general o sea conveniente sustanciarla para su definicin y esclarecimiento, la Administracin podr limitar los efectos del desistimiento o la renuncia a la persona interesada y seguir el procedimiento, o bien hacer suyo el desistimiento la persona interesada en los trminos del apartado 1.

  3. El desistimiento de la Administracin no obsta a la posibilidad de abrir un nuevo procedimiento, en el caso de que la Administracin tenga conocimiento de nuevos hechos o pruebas o desaparezca la causa que motivaba la imposibilidad material de continuarlo.

  1. Si la resolucin del procedimiento a la que se refiere el artculo 44 no ha sido notificada en el plazo de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciacin, se producir su caducidad en los trminos y con las consecuencias que establece la legislacin bsica.

  2. El transcurso del referido plazo de seis meses quedar interrumpido, adems de en los casos que as se establecen en esta ley, mientras el procedimiento se encuentre paralizado por causas imputables a las personas interesadas.

  3. Podr no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que el efecto de la cuestin suscitada, afectando al inters general, exceda del mbito de inters de las personas y agentes implicados en el procedimiento administrativo abierto y sea conveniente sustanciarla para su definicin y esclarecimiento, lo cual habr de ser acordado expresamente mediante resolucin motivada del rgano competente para resolver el procedimiento.

  4. La caducidad no producir por s sola la prescripcin de las acciones de la persona particular o de la Administracin, pero los procedimientos caducados no interrumpirn el plazo de prescripcin. En los casos en los que sea posible la iniciacin de un nuevo procedimiento por no haberse producido la prescripcin, podrn incorporarse a este los actos y trmites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el nuevo procedimiento debern cumplimentarse los trmites de alegaciones, proposicin de prueba y audiencia a las personas interesadas.

  1. Se podr adoptar la tramitacin simplificada del procedimiento, en los trminos previstos en la legislacin bsica, cuando el rgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infraccin como leve. En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolucin, el rgano competente para su tramitacin podr acordar continuar con arreglo a la tramitacin ordinaria.

  2. Esta decisin ser notificada a las personas interesadas, pero sin que la oposicin por parte de estas a dicha forma de tramitacin implique que la Administracin deba seguir la tramitacin ordinaria en los trminos del artculo 96.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, o en la norma que en el futuro la sustituya.

  3. Salvo que reste menos para su tramitacin ordinaria, los procedimientos tramitados de manera simplificada debern ser resueltos en treinta das, a contar desde el siguiente a aquel en que se notifique a la persona interesada el acuerdo de tramitacin simplificada del procedimiento, y constarn nicamente de los siguientes trmites:

    1. El inicio del procedimiento, de oficio o a solicitud de la persona interesada.

    2. La subsanacin de la solicitud presentada, en su caso.

    3. Las alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco das.

    4. El trmite de audiencia, nicamente cuando la resolucin vaya a ser desfavorable para la persona interesada.

    5. El informe del servicio jurdico, cuando este sea preceptivo, o, en su caso, si as se introduce en la ley o norma correspondiente, el dictamen de la Comisin Jurdica Asesora de Euskadi u rgano consultivo equivalente del territorio histrico, en los casos en que sea preceptivo.

    6. La resolucin.

  4. En el caso de que un procedimiento exija la realizacin de un trmite no previsto en el apartado anterior, deber ser tramitado de manera ordinaria.

  1. Los procedimientos sancionadores iniciados con anterioridad a la vigencia de esta ley que no hayan concluido su tramitacin a la fecha de entrada en vigor de esta se seguirn tramitando conforme a la normativa aplicable en el momento de su iniciacin.

  2. Los procedimientos a que se refiere el nmero precedente debern resolverse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, entendindose caducados por el transcurso de treinta das desde el vencimiento de este plazo de seis meses sin haberse dictado resolucin.

Queda derogada la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, as como las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en la presente ley.

La presente ley entrar en vigor a los tres meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Pas Vasco.

Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, particulares y autoridades, que la guarden y hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, a 20 de marzo de 2023.

El Lehendakari,

IIGO URKULLU RENTERIA.