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  • LEY 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias. - Legegunea: Normativa del Pais Vasco - Gobierno Vasco - Euskadi.eus

Normativa

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LEY 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.

Identificacin

  • mbito territorial: Autonmico
  • Rango normativo: Ley
  • rgano emisor: Presidencia del Gobierno
  • Estado vigencia: Vigente

Boletn oficial

  • Boletn oficial: BOPV (Pas Vasco)
  • N boletn: 254
  • N orden: 7118
  • N disposicin: 6
  • Fecha de disposicin: 22/12/2003
  • Fecha de publicacin: 30/12/2003

mbito temtico

  • Materia: Sanidad y consumo; Organizacin administrativa
  • Submateria: Gobierno y Administracin Pblica
  • 12/2003

    Texto Original: LEY 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias.

    Presidencia del Gobierno
  • 07/2007-07/2008

    Derogada parcialmente por LEY 9/2007, de 29 de junio, de creacin de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

    Presidencia del Gobierno
  • 07/2008

    Modificada por LEY 7/2008, de 25 de junio, de segunda modificacin de la Ley de la Actividad Comercial.

    Presidencia del Gobierno
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Texto legal

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Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley.

La consagracin de la proteccin de las personas consumidoras y usuarias al ms alto nivel en la jerarqua normativa de nuestro ordenamiento como uno de los principios rectores de la poltica social y econmica que los poderes pblicos deben garantizar y su caracterizacin como un nuevo principio general del Derecho, en el sentido de que su respeto y proteccin informarn la legislacin positiva, la prctica judicial y la actuacin de los poderes pblicos, fue tenida en cuenta por la Comunidad Autnoma para, en el mbito de su competencia, dictar la primera norma autonmica que estableca un marco general para la proteccin de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, la Ley 10/1981, de 18 de noviembre, del Estatuto del Consumidor. Esta ley ha sido desarrollada reglamentariamente y ha dado lugar a diferentes actuaciones de orden prctico.

Dicha norma fue dictada en un tiempo en que la materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, por su propia novedad, no se haba perfilado, ni doctrinal ni jurisprudencialmente, en sus contenidos, ni tampoco en la fijacin de los lmites competenciales autonmicos, obligando al legislador a la elaboracin de una norma de claro corte programtico que, no obstante, tuvo como gran virtud iniciar una etapa, luego desarrollada por otras Comunidades Autnomas e incluso por el propio Estado, que ha facilitado la tarea de proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

Hoy, transcurridos ms de 20 aos desde su aprobacin, existen grandes diferencias entre aquella situacin y la actual. Diferencias tanto en la distribucin competencial de la materia, al existir una ms perfilada doctrina legal y jurisprudencial, como en el desarrollo de redes de organismos pblicos y privados de defensa de las personas consumidoras y usuarias surgidas tanto de la propia sociedad como del impulso de las Administraciones pblicas vascas.

Por otro lado, la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la existencia de un conglomerado de normativa dictada por la Unin Europea, parte de la cual debe ser aplicada por las Administraciones pblicas de esta Comunidad Autnoma, la globalizacin de mercados y servicios, las nuevas necesidades de la sociedad actual, los desarrollos tecnolgicos y la entrada en vigor de la moneda nica europea han perfilado nuevas formas de prestacin de servicios y oferta de productos que alteran el mercado tradicional.

Todos estos factores hacen necesario modificar la anterior ley, a fin de establecer un marco idneo de regulacin de los mltiples aspectos que inciden en la defensa de las personas consumidoras y usuarias, algunos de los cuales no tenan una clara regulacin en la vieja ley dada su propia limitacin de contenidos, que son considerados a la hora de establecer el nuevo marco general de actuaciones de las Administraciones pblicas vascas.

Entre las dos posibilidades que la tcnica legislativa ofrece para la modificacin de una norma legal, modificacin parcial o derogacin total, se ha optado por esta ltima por considerarse ms acertada la promulgacin de una norma que, por su propia finalidad y ambicin, supone una modificacin de gran envergadura de la anterior norma, sin perjuicio de que en esta nueva norma se reproduzcan algunos de los contenidos de la Ley 10/1981, de 18 de noviembre, del Estatuto del Consumidor.

La promulgacin de esta norma colma las lagunas que la ley anterior contena, y as dota a las Administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del instrumento apropiado para el encuadramiento de su actividad reglamentaria y administrativa. La atribucin de competencias hecha a las Administraciones locales compatibiliza la existencia de un amplio campo de accin para stas en la defensa de las personas consumidoras y usuarias con la responsabilidad del Gobierno Vasco sobre todo el territorio.

La ley adecua determinadas actuaciones administrativas a las prescripciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y a la Ley 2/1998, de 20 febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

La ley define las competencias de las distintas Administraciones pblicas de cara a la proteccin de las personas consumidoras y usuarias en el mbito territorial de Euskadi, propicia un incremento del papel de la Administracin local en la defensa y proteccin de las personas consumidoras y usuarias, y trata de buscar la coordinacin institucional evitando las duplicidades de funciones y servicios.

La ley da un nuevo enfoque al reconocimiento de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, agotando la regulacin de los mismos dentro del mbito competencial del Estatuto de Autonoma del Pas Vasco. Se incluyen los derechos lingsticos, de modo que, siguiendo la estela de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Bsica de Normalizacin del Uso del Euskera, la declaracin del derecho a relacionarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales se acompaa de la voluntad de promover, rigindose por un principio expreso de progresividad, la presencia del euskera en este mbito.

La ley deroga la normativa vasca de publicidad engaosa, en concordancia con la opcin del legislador estatal por la implantacin de un sistema jurisdiccional para la resolucin de las controversias derivadas, en este caso, del desarrollo de la actividad publicitaria, y como cauce para el ejercicio de las acciones de cesacin y rectificacin, acciones que se han visto reforzadas y ampliadas con la transposicin de la Directiva 98/27/CE, de 19 de mayo de 1998.

La ley eleva el grado de proteccin de las personas consumidoras y usuarias, mediante frmulas de participacin y colaboracin con todos los agentes sociales, principalmente con las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, buscando el fortalecimiento del movimiento asociativo vasco y la coordinacin a todos los niveles, pblicos y privados, para lograr una mejor planificacin de las acciones a desarrollar y favorecer las tareas de prevencin. A esta exigencia responde la creacin de una red de centros de informacin y atencin de consumo.

La ley, respondiendo a la horizontalidad propia de la materia, crea la Comisin Coordinadora de Consumo como rgano administrativo de encuentro entre los distintos Departamentos del Gobierno Vasco.

La ley incrementa el nivel de autoproteccin de las personas consumidoras y usuarias con el establecimiento de proyectos y programas en materia de sensibilizacin, informacin y formacin que las preparen para afrontar los retos de la sociedad de la informacin y del conocimiento y para exigir el cumplimiento de parmetros de calidad en los productos y servicios existentes en el mercado.

No obstante, esta ley establece el marco y deber ser desarrollada progresivamente, sin perjuicio del camino ya recorrido mediante normas directamente inspiradas en la defensa y proteccin de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. De esta forma, se trata de conseguir la constitucin de una normativa sectorial autonmica completa que ofrezca una mayor seguridad y claridad al operador jurdico y permita a las personas consumidoras y usuarias afrontar con garantas la segunda transformacin econmica en la que estamos inmersos.

La presente ley tiene por objeto la proteccin, defensa y promocin de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

La defensa y proteccin de las personas consumidoras y usuarias informarn la legislacin y la actuacin de los poderes pblicos en la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  1. A los efectos de esta ley, son personas consumidoras y usuarias las personas fsicas o jurdicas de cualquier nacionalidad o residencia que adquieran, utilicen o disfruten, como destinatarias finales, bienes muebles o inmuebles, productos o servicios, siempre que el proveedor sea una empresa, profesional o la propia Administracin cuando preste servicios o suministre productos en rgimen de derecho privado.

  2. No tendrn la consideracin de personas consumidoras o usuarias las personas fsicas o jurdicas que integren los productos, bienes y servicios en un proceso productivo, de comercializacin o prestacin de servicios, aun cuando dicha integracin no implique un beneficio directo.

Son derechos esenciales de las personas consumidoras y usuarias los siguientes:

  1. La proteccin frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad, concebida aquella de forma integral incluyendo, por tanto, los riesgos que amenacen al medio ambiente.

  2. La proteccin de sus legtimos intereses econmicos y sociales.

  3. La proteccin jurdica, administrativa y tcnica, y la reparacin e indemnizacin de daos y perjuicios sufridos.

  4. La informacin y la educacin en materia de consumo.

  5. La representacin, a travs de sus organizaciones, para la defensa de sus intereses, y la participacin y la consulta en las materias que les afecten.

  6. El uso de ambas lenguas oficiales en los trminos que la presente ley y el resto del ordenamiento jurdico contemplan.

Los derechos de las personas consumidoras y usuarias sern protegidos prioritariamente:

  1. Cuando guarden relacin directa con productos o servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado.

  2. Cuando afecten a colectivos de especial proteccin en situaciones de inferioridad, subordinacin o indefensin en que puedan encontrarse individual o colectivamente.

Ser nula de pleno derecho la renuncia previa al ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley y normas complementarias, as como todo pacto que tenga por objeto la exclusin de su aplicacin. Los actos realizados en fraude de la presente ley o su normativa complementaria no impedirn la aplicacin de la norma que se trate de eludir, de acuerdo con la legislacin civil.

  1. Los productos y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras o usuarias no representarn riesgo alguno para su salud o seguridad ni para el medio ambiente, salvo los usual o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilizacin.

  2. Con carcter general, los riesgos usual o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilizacin debern ser puestos en conocimiento previo de las personas consumidoras y usuarias de forma clara y por medios apropiados conforme a lo establecido en el artculo 15.f).

  3. Por producto seguro se entender aquel que en condiciones de utilizacin normales o razonablemente previsibles, incluida la duracin, no presente riesgo alguno o nicamente riesgos mnimos, compatibles con el uso del producto y considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de proteccin de la salud y de la seguridad de las personas y de su medio ambiente, habida cuenta, en particular, de los siguientes elementos:

    1. Caractersticas del producto, y, entre ellas, su composicin, embalaje, instrucciones para su montaje y mantenimiento.

    2. Efecto sobre otros productos cuando razonablemente se pueda prever la utilizacin del primero junto con los segundos.

    3. Presentacin del producto, etiquetado, instrucciones de uso y eliminacin cuando sea necesario, as como cualquier otra indicacin o informacin por parte de la persona o entidad productora.

    4. Categoras de personas consumidoras y usuarias que estn en condiciones de mayor riesgo en la utilizacin del producto, en particular la infancia y la adolescencia.

  4. La posibilidad de obtener niveles superiores de seguridad o de adquirir otros productos que representen menor grado de riesgo no ser razn suficiente para considerar que un producto es inseguro o peligroso.

  1. Quienes produzcan, importen, distribuyan o manipulen productos, bienes y servicios, as como quienes los comercialicen en primer lugar, tendrn la obligacin de suministrar productos o bienes o prestar servicios seguros.

  2. Quienes se dediquen a la distribucin y venta de productos, bienes y servicios, en su calidad de profesionales de la cadena de comercializacin, debern actuar con diligencia para evitar la puesta en el mercado de productos, bienes y servicios inseguros, abstenindose de hacerlo cuando conozcan o deban conocer en funcin de los elementos de informacin que posean, que los mismos incumplen dicha obligacin.

  3. En especial, dentro de los lmites de sus actividades respectivas, debern participar en la vigilancia de la seguridad de los productos y bienes que comercialicen y de los servicios que presten, en concreto mediante la transmisin de informacin sobre los riesgos que presenten los productos, bienes y servicios y la colaboracin en las actuaciones emprendidas para evitarlos.

Las Administraciones pblicas de Euskadi, en el mbito de sus respectivas competencias en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, promovern acciones que aseguren el respeto de sus legtimos intereses econmicos y sociales y el cese o rectificacin de las conductas contrarias a dichos intereses, y en particular las encaminadas a garantizar:

  1. La entrega de factura o documento acreditativo de las operaciones realizadas, debidamente desglosado, en su caso.

  2. La entrega de presupuesto previo a la operacin, que indique necesariamente su plazo de validez.

  3. La entrega de resguardo de depsito, en los supuestos en los cuales la persona consumidora y usuaria entregue un bien para su verificacin, comprobacin, reparacin o con cualquier otro motivo, en el que conste, como mnimo, la identificacin de la persona o entidad depositaria y la del objeto, fecha de recepcin y motivo del depsito.

  4. En los bienes de naturaleza duradera, la entrega de documento de garanta y de los correspondientes manuales de instrucciones de uso y mantenimiento.

  5. La tenencia de hojas de reclamaciones en todos los establecimientos y su entrega cuando sea exigida por la persona consumidora y usuaria.

  6. La exposicin pblica y visible de los precios y tarifas, junto a los productos, bienes y servicios ofertados.

  7. La prohibicin del corte del suministro de servicios pblicos de prestacin continua, sin constancia fehaciente de recepcin previa por la persona consumidora o usuaria de una notificacin concedindole plazo suficiente para subsanar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento del corte y sin las previas autorizaciones administrativas o judiciales que en su caso puedan proceder. La citada prohibicin incluye, en particular, los servicios de agua potable, electricidad, telfono y gas, y no estar referida a los cortes de suministro de carcter general por averas, reparaciones u otros anlogos.

  8. La prohibicin de publicidad ilcita.

  9. La eliminacin, en las condiciones generales de contratacin, de las clusulas abusivas o contra la buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones.

  10. La prohibicin de comercializacin de productos en los que no se asegure la existencia de repuestos y el adecuado servicio tcnico cuando sean obligatorios.

  11. La eliminacin de mtodos coactivos, engaosos o agresivos de venta o de captacin de clientes, que de cualquier modo puedan limitar la libertad de eleccin de la persona consumidora y usuaria.

  12. La prohibicin de acciones que provoquen inexactitud en precio, peso o medida.

Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a una eficaz proteccin jurdica encaminada a la reparacin e indemnizacin por los daos y perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de la adquisicin, uso o disfrute de los bienes y servicios que se pongan a su disposicin en el mercado.

  1. Con objeto de facilitar las reclamaciones a las personas consumidoras y usuarias, todos los comercios, servicios y actividades profesionales de la Comunidad Autnoma de Euskadi debern tener hojas de reclamaciones a su disposicin.

  2. La utilizacin de las hojas reclamaciones es compatible con la formulacin de reclamaciones por cualquier otro medio admitido en derecho, incluidos los medios telemticos.

  3. Reglamentariamente se establecern las caractersticas del modelo de hoja de reclamaciones, la forma en que se deber informar de su existencia y el procedimiento de tramitacin de dichas reclamaciones.

  4. Todas las reclamaciones que se presenten por escrito debern ser contestadas por la Administracin competente mediante escrito razonado a los interesados.

  1. Las Administraciones pblicas de Euskadi propiciarn, en colaboracin con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, la disponibilidad para las personas consumidoras y usuarias, as como para los profesionales y empresarios o empresarias, de sistemas operativos de resolucin voluntaria de conflictos y reclamaciones en materia de consumo.

  2. Reglamentariamente se regular el procedimiento administrativo de tramitacin de las denuncias y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias presentadas ante las Administraciones pblicas con competencias en materia de consumo contra empresas y profesionales, sin perjuicio de las actuaciones de inspeccin y sancin que correspondan. El procedimiento ser voluntario para las partes, y se garantizar la atencin de todas aquellas reclamaciones recibidas en cualquier soporte duradero que permita la identificacin de la persona o personas reclamantes.

  1. Las Administraciones pblicas de Euskadi fomentarn, en el mbito de sus competencias, el desarrollo del sistema arbitral de consumo.

  2. Las Administraciones pblicas de Euskadi promovern la adhesin al sistema arbitral de consumo de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de las empresarias y empresarios y profesionales y sus respectivas organizaciones, pudiendo suscribirse convenios de colaboracin para el fomento del sistema. Igualmente se promover la adhesin de las empresas pblicas.

  3. El Gobierno Vasco impulsar la firma de convenios para el establecimiento de colegios arbitrales, dependientes de la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi, en aquellos municipios o mancomunidades que, debido a su poblacin o nmero de solicitudes de arbitraje, as lo soliciten.

  1. Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a recibir una informacin veraz, completa, objetiva y comprensible sobre las caractersticas esenciales de los bienes y servicios puestos a su disposicin, con indicaciones para su correcto uso o consumo y advertencias sobre los riesgos previsibles que su utilizacin o consumo implique, de tal forma que puedan realizar una eleccin consciente y racional entre los mismos y utilizarlos de una manera segura y satisfactoria.

  2. En relacin con la prestacin de servicios, y en la medida en que sea compatible con las caractersticas de los mismos, las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a la entrega de un presupuesto previo por escrito debidamente explicado, en el que se detalle el contenido de la prestacin y su coste desglosado.

Los productos y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias cumplirn las exigencias determinadas en los reglamentos de etiquetaje, presentacin y publicidad, y debern ofrecer la siguiente informacin mnima, de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio y con la legislacin vigente:

  1. El origen, la naturaleza, la composicin y la finalidad de los productos.

  2. Los aditivos que, en su caso, lleven incorporados.

  3. La calidad, la cantidad, su categora y la denominacin usual o comercial, si la tienen.

  4. El precio completo o presupuesto, en su caso, y las condiciones jurdicas o econmicas de adquisicin y utilizacin, indicando con claridad y de manera diferenciada el precio del producto o servicio y el importe de los incrementos o descuentos, en su caso, y de los costes adicionales por servicios, accesorios, financiacin, aplazamiento del pago o similares.

  5. La fecha de produccin o suministro y el plazo recomendado para el uso o consumo, o la fecha de caducidad.

  6. Las instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, las advertencias y los riesgos previsibles.

  7. Las instrucciones para la correcta conservacin del producto.

  1. La informacin facilitada por los promotores o promotoras, profesionales o empresas a quien compre o arriende viviendas ser veraz, completa, objetiva y comprensible, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general bsica y autonmica vasca en materia de proteccin a la persona consumidora y usuaria y, en su caso, en aquella reguladora del crdito al consumo y de las condiciones generales de la contratacin.

  2. El Gobierno Vasco establecer reglamentariamente la informacin que de forma obligatoria haya de suministrarse por dichos agentes a quien compre o arriende viviendas, que comprender, entre otras, informacin sobre las caractersticas constructivas, trazado de todas las instalaciones, materiales empleados, precio, forma de pago y garanta de la vivienda y de las cantidades entregadas a cuenta.

  1. La oferta, promocin y publicidad de los productos, bienes y servicios destinados a las personas consumidoras y usuarias, sean cuales sean los soportes utilizados, se realizar de forma que no induzca ni pueda inducir a error sobre sus caractersticas y condiciones de adquisicin, en el marco de la legislacin general sobre publicidad.

  2. Las Administraciones pblicas de Euskadi, dentro de su marco regulador, velarn por la cesacin o rectificacin de la publicidad ilcita cuando vulnere los derechos de los consumidores, especialmente cuando afecte a los colectivos contemplados en el artculo 5 de la presente ley.

Las Administraciones pblicas de Euskadi llevarn a cabo las siguientes actuaciones:

  1. Impulsar la difusin de la informacin a las personas consumidoras y usuarias, y concertar con sus asociaciones y con las organizaciones empresariales y cmaras de comercio frmulas de participacin activa en las campaas informativas.

  2. Promover la existencia de espacios divulgativos sobre el consumo en los medios de comunicacin.

  3. Fomentar, en colaboracin con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, organizaciones empresariales y cmaras de comercio, la existencia de distintivos de calidad para los productos, bienes y servicios de Euskadi.

  4. Informar a las personas consumidoras y usuarias sobre los productos peligrosos detectados en el mercado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

  1. Con el fin de facilitar a las personas consumidoras y usuarias la informacin y orientacin precisas para el adecuado ejercicio de los derechos que esta ley les reconoce y, en general, para atender a la proteccin de sus legtimos intereses, el Gobierno Vasco promover, fomentar y, en su caso, habilitar o apoyar la creacin de oficinas y servicios de atencin e informacin a la persona consumidora y usuaria, ya sean de titularidad pblica, ya dependan de una asociacin de personas consumidoras y usuarias.

  2. El Gobierno Vasco propiciar la creacin de oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias dependientes de ayuntamientos o de entidades creadas por ellos, atendiendo a criterios de eficacia, de eficiencia y de mayor proximidad.

  3. Queda prohibida toda forma de publicidad, expresa o encubierta, de bienes, productos o servicios en las oficinas de informacin a la persona consumidora y usuaria a las que se refiere el presente artculo.

  1. El Gobierno Vasco, a travs del Departamento competente en materia de consumo, coordinar la labor de las oficinas de informacin a la persona consumidora y usuaria, prestndoles el apoyo tcnico y econmico necesario para su implantacin y funcionamiento en los trminos que reglamentariamente se determinen.

  2. Dentro de la labor de coordinacin se establecer una red informtica de centros de informacin y atencin de consumo, a la que podrn sumarse tanto las oficinas pblicas como las privadas, dependiente y gestionada por el rgano competente en materia de consumo del Gobierno Vasco, que permita una circulacin gil de la informacin, favoreciendo la localizacin inmediata de los problemas y la planificacin de las actuaciones concretas.

  3. Igualmente, se establecer un registro de centros de informacin y atencin de consumo, dependiente del Departamento competente en la materia y en el que debern inscribirse las oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias tanto de titularidad pblica como privada que existan en Euskadi clasificadas en categoras, dependiendo de las funciones y competencias asumidas y de los medios disponibles.

Las oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias podrn asumir las siguientes funciones:

  1. Informar, ayudar y orientar a las personas consumidoras yusuarias para el adecuado ejercicio de sus derechos, as como mediar en las reclamaciones de consumo dentro de su mbito territorial de actuacin.

  2. Recibir, registrar y acusar recibo de las denuncias de las personas consumidoras y usuarias, remitirlas a las entidades u rganos correspondientes y hacer un seguimiento de las mismas para informar debidamente a las personas interesadas.

  3. Elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de dictamen al rgano correspondiente, acompaando a la citada solicitud informacin completa y detallada de la cuestin.

  4. Realizar tareas de educacin y formacin en materia de consumo.

  5. Facilitar a las personas consumidoras y usuarias los datos referentes al registro y autorizacin de los productos o servicios puestos a su disposicin en el mercado y los de aquellos que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su peligrosidad, as como informar sobre la regulacin de los precios y condiciones de los productos o servicios de uso o de consumo comn, ordinario y generalizado.

  6. Prestar, en el caso de oficinas de titularidad pblica, apoyo a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de su mbito de actuacin y facilitar a las personas consumidoras y usuarias toda la informacin necesaria sobre la existencia y actividades de dichas asociaciones, potenciando el fomento del asociacionismo en materia de consumo.

  7. Realizar campaas informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por parte de las personas consumidoras y usuarias en relacin con sus derechos y obligaciones, as como desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de educacin especfica y formacin de las mismas. Para el desarrollo de las campaas y programas contarn con las propuestas y colaboracin de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias existentes dentro de su mbito de actuacin.

  8. Disponer la documentacin tcnica y jurdica sobre temas de consumo, as como potenciar su investigacin y estudio.

  9. En los municipios donde no exista Junta Arbitral de Consumo, elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de arbitraje a la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi.

  10. Recibir peticiones concretas, elevndolas a las autoridades competentes, a fin de modificar algunos de los servicios que presten o bien establecer otros nuevos si se consideran necesarios.

Con el fin de que las oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias puedan cumplir con su funcin, los distintos organismos pblicos debern facilitar a las mismas, a travs del Departamento competente en materia de consumo, como mnimo, los siguientes datos:

  1. Referencia sobre el registro y autorizacin de productos, servicios, actividades y funciones.

  2. Relacin de los productos, servicios, actividades y funciones que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos cuando exista riesgo grave para la salud o seguridad de las personas o para el medio ambiente.

  3. Relacin de las sanciones firmes impuestas por infracciones graves o muy graves relacionadas con los derechos de las personas consumidoras y usuarias, con expresa mencin de las personas o entidades sancionadas y las causas de dichas sanciones en los casos en que se haya acordado la publicidad de la sancin como sancin accesoria, conforme a lo previsto en el artculo 58 de esta ley.

  4. Relacin de la regulacin de precios y condiciones de productos, servicios, actividades y funciones de uso o consumo comn, ordinario y generalizado.

Con el fin de asesorar y orientar a las personas consumidoras y usuarias en sus transacciones dentro de la Unin Europea, el Gobierno Vasco garantizar el acceso a la informacin europea en materia de consumo. Con este fin, participar en organizaciones y proyectos de mbito europeo en materia de consumo y mantendr permanentemente actualizada la informacin sobre normativa, actividad y proyectos de las diferentes instituciones europeas, as como de las actividades y proyectos de otros pases y regiones de Europa.

  1. El Gobierno Vasco, en su mbito de competencia, garantizar el acceso de las personas consumidoras y usuarias a la educacin y formacin en materia de consumo.

  2. La educacin de la persona consumidora y usuaria estar orientada a favorecer:

    1. El desarrollo de la formacin integral de la persona de cara a propiciar un consumo responsable.

    2. El conocimiento de sus derechos y la manera de ejercerlos.

    3. El conocimiento de los riesgos derivados del uso y consumo de bienes y servicios.

    4. La adecuacin de las pautas de consumo hacia la utilizacin racional de los recursos, incorporando valores ecolgicos que conciencien a las personas consumidoras y usuarias de su corresponsabilidad en la conservacin del medio ambiente y en la consecucin de un desarrollo sostenible.

  1. El Gobierno Vasco, a travs de los rganos con competencia en materia de proteccin a la persona consumidora y usuaria, organizar, promover y desarrollar programas de educacin y formacin de las personas consumidoras y usuarias, en los cuales podrn colaborar las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

    El objeto de estos planes ser:

    1. Potenciar la formacin de su personal con competencias en materia de proteccin a la persona consumidora, especialmente de quienes desarrollen funciones de control de mercado e informacin y orientacin a las personas consumidoras y usuarias, as como del personal de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

    2. Colaborar con el personal docente en el desarrollo de la educacin en materia de consumo en los diferentes niveles educativos, as como proporcionar el material didctico necesario para ello.

    3. Potenciar y desarrollar, en colaboracin con las organizaciones empresariales, la formacin en materia de consumo de los distintos sectores empresariales.

  2. En materia de educacin y formacin de las personas consumidoras y usuarias, el Gobierno Vasco, en los trminos expresados en el apartado anterior, desarrollar las siguientes actuaciones:

    1. Elaborar y publicar material didctico de apoyo a la educacin y formacin a la persona consumidora, dirigido especialmente a la infancia y la adolescencia as como a otros colectivos de especial proteccin.

    2. Colaborar en el fomento y programacin de campaas informativas y formativas sobre consumo responsable.

El Gobierno Vasco establecer las colaboraciones precisas con los organismos o entidades pblicas con competencias en materia de consumo para el desarrollo de programas de formacin en los distintos municipios, y suscribir con las instituciones competentes en el mbito educativo los convenios oportunos para la formacin de especialistas en consumo.

El Gobierno Vasco promover la educacin de las personas consumidoras y usuarias a travs de los medios de comunicacin social de titularidad pblica, los cuales dedicarn, a tales efectos, espacios no publicitarios en sus respectivas programaciones. Asimismo, promover la participacin de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias en los mismos.

  1. Se reconoce a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias como el cauce de representacin y participacin para la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

  2. Las Administraciones pblicas de Euskadi fomentarn, en sus respectivos mbitos, el asociacionismo de las personas consumidoras y asegurarn su participacin en todos los mbitos de la vida pblica en que se vean afectados, directa o indirectamente, sus derechos o intereses. Igualmente promovern el dilogo con las organizaciones empresariales o profesionales.

  1. A los efectos de esta ley, se consideran asociaciones de personas consumidoras y usuarias las entidades privadas sin nimo de lucro cuya finalidad sea la proteccin y defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias, bien con carcter general o en relacin con productos o servicios determinados, siempre que se constituyan de acuerdo con la legislacin vigente en materia de asociaciones.

  2. Las entidades constituidas por consumidores y consumidoras con arreglo a la legislacin cooperativa, entre cuyos fines figure necesariamente la educacin y formacin de sus socios y estn obligadas a constituir un fondo con tal objeto, segn su legislacin especfica, se considerarn tambin asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

Para poder gozar de los beneficios que les otorga la presente ley y las disposiciones que la complementen, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, as como las federaciones y confederaciones constituidas por ellas, debern cumplir los siguientes requisitos:

  1. Estar inscritas en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi.

  2. Tener su domicilio en la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  3. Reunir las condiciones y requisitos que reglamentariamente se establezcan para cada tipo de beneficio. En la determinacin reglamentaria de estos requisitos se tendrn en cuenta, entre otros, criterios de implantacin territorial dentro de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, nmero de asociados y programa de actividades.

Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias ajustarn sus actuaciones a los principios de buena fe, lealtad y diligencia, no pudiendo divulgar datos que no se encuentren respaldados por acreditaciones, resultados analticos o controles de calidad suficientemente contrastados, sin perjuicio de su derecho a presentar las denuncias que estimen oportunas.

Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias tendrn derecho a:

  1. Ser odas en consulta en el procedimiento de elaboracin de normas de carcter general que afecten directamente a los derechos e intereses que representan.

  2. Participar en la elaboracin y aprobacin de los modelos de contrato de prestacin de servicios a las personas consumidoras y usuarias cuando estos servicios sean prestados por las Administraciones pblicas a travs de empresas pblicas o privadas.

  3. Participar en las comisiones consultivas que se constituyan en el mbito de Euskadi, siempre que, por razn de la materia, se debatan temas de inters para la proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

  4. Ser consideradas parte interesada en los procedimientos administrativos de carcter sancionador promovidos por ellas mismas, siempre que versen sobre la proteccin de los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias.

  5. Participar en el sistema arbitral de consumo, a tenor de lo establecido en las disposiciones que lo regulan.

  6. Disfrutar del beneficio de justicia gratuita en el marco legalmente establecido.

  7. Ser declaradas de utilidad pblica cuando renan los requisitos establecidos para ello.

  8. Percibir las ayudas y subvenciones que oportunamente se aprueben para el desarrollo de sus fines.

  9. Ejercer las correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales en defensa de los socios y de las socias, de la asociacin y de los intereses colectivos de las personas consumidoras y usuarias en general, de conformidad con la legislacin aplicable.

  10. Integrarse en agrupaciones o federaciones con idnticos fines y de mbito territorial ms amplio.

  11. Propiciar sistemas de resolucin de conflictos.

Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias no podrn gozar de los derechos anteriormente citados cuando:

  1. Incluyan como asociadas a personas jurdicas con nimo de lucro.

  2. Perciban ayudas y subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas que suministren productos, bienes o servicios a los consumidores y consumidoras.

  3. Realicen publicidad comercial o no meramente informativa de productos, bienes o servicios, excepto las permitidas legalmente.

  4. Se dediquen a actividades distintas de la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias, excepto en el supuesto de cooperativas de consumidores y consumidoras.

  5. Acten con manifiesta temeridad, judicialmente apreciada.

El Gobierno Vasco fomentar la colaboracin entre organizaciones de personas consumidoras y usuarias, y las organizaciones empresariales de Euskadi, incluyndose las siguientes actuaciones:

  1. Fomentar el sistema arbitral de consumo.

  2. Colaborar en la comunicacin de los posibles riesgos, cuando por su amplitud sea necesaria una actuacin pblica para garantizar la eficacia de la medida.

  3. Fomentar el desarrollo de smbolos de calidad empresarial en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  4. Desarrollar actuaciones de informacin y formacin con las personas consumidoras y usuarias sobre productos, bienes y servicios de uso y consumo generalizado, as como sobre la importancia de favorecer el desarrollo sostenible.

  5. Apoyar las iniciativas para promocionar la proteccin de las personas consumidoras y usuarias en los pases en desarrollo.

La Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi se constituye como rgano consultivo, asesor, de participacin y de coordinacin interadministrativa, de fomento de la colaboracin entre los agentes sociales involucrados en el consumo y con las distintas Administraciones pblicas que ejercen la tutela de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, a fin de elevar su nivel de proteccin en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  1. A la Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi le corresponden las siguientes funciones:

    1. Ser consultada en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones de carcter general dictadas en desarrollo de esta ley y, en general, en todos los dems casos en que se regulen materias que afecten a los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

    2. Proponer a las asociaciones, federaciones, confederaciones o cooperativas integradas en la misma para participar en los rganos colegiados, organismos y entidades pblicas o privadas, de mbito autonmico, en los que deban estar representadas las personas consumidoras y usuarias.

    3. Formular cuantas propuestas sean consideradas de inters en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y asesorar a los rganos de la Administracin autonmica con competencias en materia de consumo.

    4. Solicitar informacin a las Administraciones pblicas competentes sobre materias de inters general o sectorial que afecten a las personas consumidoras y usuarias.

    5. Llevar a cabo estudios especficos sobre consumo, mercados y abastecimiento de productos y servicios.

    6. Cuantas funciones le sean asignadas por otras disposiciones.

  2. La Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi elaborar anualmente un informe sobre la actividad, poltica global en materia de consumo y, en su caso, sugerencias a las Administraciones pblicas de Euskadi en el mbito de su competencia.

  3. La Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi estar integrada por representantes de intereses sociales, profesionales y econmicos, representantes de las administraciones pblicas vinculadas al sector del consumo y representantes de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias. Reglamentariamente se desarrollar la composicin y rgimen de funcionamiento de la Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi.

Con arreglo a lo establecido en el presente captulo, y conforme a los trminos de progresividad que en l se contienen, las personas consumidoras y usuarias tienen los siguientes derechos lingsticos:

  1. Derecho a recibir en euskera y castellano la informacin sobre bienes y servicios en los trminos contemplados en el artculo 14 de la presente ley.

  2. Derecho a usar cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones con empresas o establecimientos que operen en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma, debiendo estos estar en condiciones de poder atenderles cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen.

  1. A los efectos de lo dispuesto en la presente ley, tienen la consideracin de entidades pblicas:

    1. Las administraciones pblicas de Euskadi y la Administracin del Estado, incluyendo los entes sujetos a derecho pblico o privado dependientes de aqullas o que integran su administracin institucional.

    2. Las entidades de cualquier naturaleza que gestionan servicios pblicos cuya titularidad corresponde a las administraciones mencionadas en el apartado anterior, en tanto en cuanto acten en el mbito de prestacin de estos servicios.

    3. Las entidades de cualquier naturaleza participadas mayoritariamente o controladas por las administraciones y entes mencionados en el apartado a). Se entender a estos efectos que existe una relacin de control cuando se disponga de la mayora de los derechos de voto de la entidad o se tenga derecho a nombrar o a destituir a la mayora de los miembros de los rganos de gobierno.

  2. Las entidades pblicas garantizarn la presencia de las dos lenguas oficiales en sus relaciones con las personas consumidoras y usuarias en la forma siguiente:

    1. En los establecimientos del mbito territorial de la Comunidad Autnoma de Euskadi, rtulos, avisos y en general comunicaciones dirigidas al pblico se formularn en euskera y castellano.

    2. Los impresos o modelos oficiales confeccionados para su cumplimentacin por consumidores y usuarios sern bilinges.

    3. Salvo la opcin expresa de la persona consumidora y usuaria a favor de la utilizacin de una de las dos lenguas oficiales, los contratos de adhesin, los contratos con clusulas tipo, los contratos normados, las condiciones generales y la documentacin que se refiera a los mismos o que se desprenda de la realizacin de los citados contratos tendrn redaccin bilinge.

    4. Las comunicaciones dirigidas a consumidores en particular, as como facturas, presupuestos y documentos anlogos debern redactarse en forma bilinge, salvo que la persona consumidora y usuaria elija expresamente la utilizacin de una de las dos lenguas oficiales.

    5. Los manuales de instrucciones de uso y mantenimiento, documentos de garanta, etiquetaje y envasado de los productos o servicios debern redactarse en forma bilinge.

    6. La oferta, promocin y publicidad de los productos, bienes y servicios destinados a las personas consumidoras y usuarias, cualesquiera que sean los soportes utilizados, se realizar de forma bilinge.

  3. En sus relaciones con las entidades pblicas, las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a ser atendidas en la lengua oficial que elijan. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 6 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, bsica de normalizacin del uso del Euskera, en relacin con las administraciones pblicas, el Gobierno adoptar las medidas oportunas y se arbitrarn los medios necesarios para garantizar de forma progresiva el ejercicio de este derecho.

  4. Las disposiciones de esta ley aplicables a la Administracin del Estado se entienden sin perjuicio de la competencia estatal para ordenar sus servicios.

  1. A los efectos de esta ley, se considerarn entidades subvencionadas y sectores de inters general:

    1. Entidades o personas jurdicas que prestan servicios legalmente calificados como universales, de inters general o cualquier otra categora anloga, o que se encuentran sujetos a un rgimen jurdico de universalidad e igualdad en su prestacin, tales como transportes, telecomunicaciones y energticos.

    2. Entidades o personas jurdicas que sean beneficiarias de ayudas o subvenciones pblicas concedidas por las administraciones pblicas vascas, o que hayan suscrito un convenio de colaboracin con cualquiera de ellas. En este caso, la garanta de los derechos lingsticos de las personas consumidoras y usuarias se extender al mbito de relaciones vinculadas al objeto de la subvencin o convenio.

  2. Estas entidades, siempre que no tengan la consideracin de pblicas, debern cumplir las obligaciones establecidas en las letras a) , b) c) y d) del apartado 2 del artculo 38 de la presente ley. Reglamentariamente se regular la progresiva exigencia de su cumplimiento.

  1. Los establecimientos de venta de productos y prestacin de servicios abiertos al pblico debern cumplir las obligaciones establecidas en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artculo 38 de la presente ley. Asimismo debern estar en disposicin de atender a las personas consumidoras y usuarias cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen.

  2. Adems de las obligaciones sealadas en el apartado anterior, los establecimientos calificados como grandes establecimientos comerciales por la legislacin vigente, as como aquellos establecimientos de oferta de bienes y servicios abiertos al pblico que, sin merecer esta calificacin, pertenezcan a grandes entidades, debern cumplir igualmente la obligacin contenida en la letra d) del apartado 2 del artculo 38. Reglamentariamente se fijarn los requisitos de volumen de negocio, nmero de personas trabajadoras y/o grado de presencia en la Comunidad Autnoma que determinarn, a estos efectos, la consideracin de grandes entidades.

  3. A los establecimientos abiertos al pblico pertenecientes a entidades pblicas les ser de aplicacin el rgimen previsto en el artculo 38 de esta ley.

  4. Los establecimientos abiertos al pblico de entidades subvencionadas y sectores de inters general debern, adems de cumplir las obligaciones contempladas en el artculo 39, poder atender a las personas consumidoras y usuarias cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen.

  5. El Gobierno regular la progresiva exigencia del cumplimiento de las obligaciones que se prevn en este artculo.

  1. Salvo en los supuestos en que el presente captulo contemple un rgimen especfico, la informacin facilitada a las personas consumidoras y usuarias en relacin con los bienes y servicios distribuidos en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma de Euskadi, incluyendo la contenida en etiquetas, envases e impresos con las instrucciones de uso, podr expresarse en euskera o castellano. Todo ello sin perjuicio de lo que para supuestos especficos, por razones de proteccin de la salud y seguridad, pueda establecer la legislacin aplicable.

  2. El Gobierno promover la utilizacin del euskera en la informacin sobre bienes y servicios a que se refiere el apartado 1.

  3. Los datos obligatorios y las informaciones voluntarias adicionales que figuren en el etiquetaje de bienes vascos con denominacin de origen o denominacin de calidad y de los productos artesanales, regulados en el mbito de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, figurarn, al menos, en euskera. Reglamentariamente se regular la progresiva exigencia de esta obligacin.

  1. El Gobierno impulsar las medidas oportunas y arbitrar los medios necesarios para impulsar el uso del euskera en el mbito de las actuaciones de las entidades que ofrecen bienes y servicios a las personas consumidoras y usuarias.

  2. El Gobierno promover la difusin de materiales con lenguaje especializado que faciliten el uso del euskera en este mbito.

  1. Las Administraciones pblicas de Euskadi, en sus respectivos mbitos competenciales, desarrollarn actuaciones de control e inspeccin de modo coordinado sobre los bienes, productos y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias en cualquier fase de comercializacin, a fin de comprobar su adecuacin a la legislacin vigente en materia de proteccin a las personas consumidoras y usuarias, en especial en lo que se refiere a sus caractersticas tcnicas, higinico-sanitarias, de seguridad y comerciales, y su adecuacin a las expectativas que pueden motivar su adquisicin, derivadas, en su caso, de las descripciones realizadas en su presentacin, publicidad, precio y otras circunstancias.

  2. Las entidades locales actuarn coordinadamente con el Gobierno Vasco, aunando sus recursos de inspeccin y control y facilitando el apoyo e informacin necesarios con el fin de conseguir una mejor y ms eficaz proteccin de los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

  1. Las actuaciones de inspeccin se realizarn preferentemente sobre aquellos bienes, productos y servicios establecidos por la normativa como de uso o consumo comn, ordinario y generalizado, y sobre aquellos que pudieran perjudicar los intereses econmicos, la salud o la seguridad de las personas consumidoras y usuarias o pudieran afectar a colectivos de especial proteccin previstos en el artculo 5 de la presente ley.

  2. Las funciones atribuidas al personal inspector de consumo para la ejecucin de lo contemplado en este ttulo se ejercitarn sin perjuicio de las que desarrollen el resto de los Departamentos del Gobierno Vasco en materias de su competencia.

  1. El personal de la inspeccin de consumo, cuando acte en el ejercicio de su funcin inspectora, tendr la consideracin de autoridad a todos los efectos.

  2. El personal inspector, cuando acte en el ejercicio de sus funciones, deber identificarse siempre exhibiendo la acreditacin oficial correspondiente. Actuar de un modo proporcionado y conforme a las prescripciones legalmente establecidas, y, en todo caso, estar obligado a mantener estricto sigilo profesional respecto a las informaciones obtenidas.

  3. Reglamentariamente se regular la estructura y funciones de los servicios de inspeccin de consumo encargados de garantizar y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.

  1. Para el desarrollo de sus actuaciones inspectoras, podrn solicitar el apoyo, concurso, auxilio y proteccin que les resulten precisos de cualquier otra autoridad o sus agentes.

  2. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector podr acceder a todo tipo de oficinas, instalaciones y dependencias que tengan relacin directa o indirecta con la actuacin que est llevando a cabo. Podr requerir tambin la comparecencia y colaboracin de cualquier persona, fsica o jurdica, que de forma directa o indirecta pueda tener alguna relacin con el objeto de su actuacin.

  3. El personal inspector podr acceder y examinar los documentos mercantiles, contables o de cualquier otro tipo que resulten relevantes para la investigacin, y podr obtener copia o reproduccin de los mismos.

  4. Podr realizar asimismo tomas de muestras de productos, as como cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos, bienes y servicios.

  5. Tambin podr llevar a cabo investigaciones destinadas a la obtencin de informacin que permita conocer y realizar estudios de mercado en sectores de los cuales se pudieran derivar riesgos para la salud, la seguridad y los legtimos intereses econmicos de las personas consumidoras y usuarias.

  6. Cuando, por la naturaleza de las diligencias y para la mejor realizacin de las mismas, se requiera documentacin y comparecencias, se podrn efectuar durante la visita inspectora o por cualquier otro medio aceptado en Derecho, en la empresa inspeccionada, en los locales relacionados con la actividad y en las dependencias de los propios rganos de control.

  1. Las actuaciones del personal inspector de consumo en las que se constaten hechos que puedan ser constitutivos de infraccin administrativa se documentarn mediante actas en las que se har constar, como mnimo:

    1. Identificacin completa de la persona o personas que atiendan a la inspeccin, indicando la calidad en la que acten.

    2. Identificacin del personal inspector actuante.

    3. Los hechos apreciados, las circunstancias concurrentes o de inters y las manifestaciones que deseen formular quienes atienden a la inspeccin.

    4. Lugar, fecha, hora, motivos de la actuacin y, cuando proceda, diligencias practicadas y relacin de documentos adjuntos.

    5. Medidas cautelares adoptadas as como su causa y finalidad, de acuerdo con el artculo 32.2 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

    6. Firma del personal inspector actuante as como de la persona o personas comparecientes, en su caso, no sin antes advertirles del derecho que les asiste a que se reflejen en el acta las manifestaciones que deseen formular en relacin con su contenido.

  2. La negativa a la firma por parte de la persona o personas comparecientes no invalidar el acta. Si sta se produce, se le comunicar que puede estampar su firma a los nicos efectos de recepcin del documento, lo cual se har constar, sin que por ello se altere la validez del acta.

  3. Los hechos que figuren constatados por los inspectores o inspectoras de consumo en las actas de inspeccin se presumirn ciertos, salvo prueba en contrario.

Las personas fsicas o jurdicas que produzcan, importen o suministren productos, bienes y servicios, sus representantes legales o quienes estn a cargo del establecimiento estarn obligadas a:

  1. Facilitar las visitas de inspeccin y acceso a las dependencias del establecimiento para el control de la actividad desarrollada.

  2. Suministrar la informacin de inters al caso sobre instalaciones, productos, bienes o servicios, y, siempre que se requieran, las autorizaciones, registros, permisos y licencias necesarios para el ejercicio de la actividad, permitiendo que el personal inspector compruebe directamente los datos aportados.

  3. Facilitar a la inspeccin la documentacin que sirva de justificacin a las transacciones efectuadas, tales como los contratos, facturas, albaranes y dems documentos exigidos legalmente, as como aquellos que sean necesarios para determinar las responsabilidades pertinentes.

  4. Facilitar la obtencin de copia o reproduccin de la documentacin citada en los puntos anteriores.

  5. Comparecer y presentar documentacin donde y cuando hayan sido requeridas por los servicios competentes.

  6. Permitir que se practique la toma de muestras o que se efecte cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos, bienes y servicios en cualquier fase de su comercializacin.

  7. Depositar y conservar adecuadamente los productos, bienes y servicios sujetos a medidas provisionales, siguiendo en todo momento las instrucciones formuladas por los servicios competentes al respecto.

  1. Corresponde a las Administracin general de la Comunidad Autnoma de Euskadi y a la Administracin local de Euskadi, competentes en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, la potestad sancionadora en materia de consumo, ejercindose por los rganos administrativos de la misma que la tengan atribuida.

  2. Las infracciones en materia de consumo cometidas en el mbito territorial de Euskadi sern sancionadas, previa tramitacin del correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  1. Constituyen infraccin en materia de proteccin de la salud y seguridad de las personas consumidora y usuarias:

    1. El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones en materia de salud y seguridad de los bienes y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias.

    2. Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daos efectivos para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalacin de que se trate.

    3. El incumplimiento o transgresin de los requerimientos previos que concretamente formulen las autoridades que resulten competentes para situaciones especficas, al objeto de evitar contaminaciones o circunstancias nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pblica o la seguridad de las personas consumidoras y usuarias.

  2. Constituyen infracciones por alteracin, adulteracin o fraude de bienes y productos:

    1. La elaboracin, distribucin, suministro o venta de bienes y productos a los que se haya adicionado o sustrado cualquier sustancia o elemento para variar su composicin, calidad, estructura, peso o volumen, para corregir defectos mediante procesos o procedimientos que no estn expresa y reglamentariamente autorizados, o para encubrir la inferior calidad o alteracin de los productos utilizados.

    2. La elaboracin, distribucin, suministro o venta de bienes cuando su composicin o calidad no se ajuste a las disposiciones vigentes o a la correspondiente autorizacin administrativa o difiera de la declarada y anotada en el registro correspondiente.

  3. Constituyen infracciones por defectuosa o incorrecta prestacin de servicios:

    1. El incumplimiento, en la prestacin de todo tipo de servicios, de las condiciones de calidad, cantidad, intensidad, naturaleza, plazo o precio, de acuerdo con la normativa que resulte aplicable, o con las condiciones en que se presten u oferten.

    2. El incumplimiento de la normativa vigente o de las condiciones ofertadas a las personas consumidoras y usuarias en materia de garanta y arreglo o reparacin de bienes de consumo.

    3. La insuficiencia de la asistencia tcnica o inexistencia de piezas de repuesto, contraviniendo lo dispuesto en la normativa aplicable o las condiciones ofrecidas a la persona consumidora y usuaria en el momento de adquisicin, si fueran ms favorables.

    4. La defectuosa prestacin de servicios durante el periodo de garanta.

  4. Constituyen infracciones en materia de normalizacin tcnica, comercial y de prestacin de servicios, as como en materia de condiciones o tcnicas de venta o suministro de bienes o servicios:

    1. El incumplimiento de las disposiciones de normalizacin de bienes y productos.

    2. La puesta en el mercado de bienes y productos cuya comercializacin haya sido declarada prohibida por una norma o resolucin administrativa, as como la comercializacin de aquellos que, precisando autorizacin administrativa, carezcan de ella.

    3. El incumplimiento del deber de veracidad informativa o publicitaria en la venta de bienes y productos o en la prestacin de servicios, de manera que se les atribuyan calidades, caractersticas, resultados o condiciones de adquisicin, uso o devolucin que difieran de los que realmente posean o puedan obtenerse, y toda la publicidad que de cualquier forma induzca o pueda inducir a error a las personas a las que se dirige, as como aquella que silencie datos fundamentales que impidan conocer las verdaderas caractersticas o naturaleza del producto o servicio.

    4. El incumplimiento de las disposiciones sobre uso de marchamos, contrastes, precintos y contramarcas en los productos o servicios, as como el uso de distintivos de calidad no autorizados o retirados por incumplimiento de su normativa especfica.

    5. La realizacin de transacciones en las que se imponga injustificadamente a la persona consumidora o usuaria condiciones, recargos o cobros indebidos, prestaciones accesorias no solicitadas o cantidades mnimas, as como la no aceptacin de los medios de pago admitidos legalmente u ofertados.

    6. La no entrega a las personas consumidoras y usuarias del documento de garanta.

    7. La inclusin, en las condiciones generales de los contratos que suscriban las personas consumidoras y usuarias o en las ofertas publicitarias, de clusulas que limiten o vulneren los derechos reconocidos a las personas consumidoras y usuarias por las disposiciones que resulten aplicables.

    8. La no extensin de la correspondiente factura o documento acreditativo de las transacciones comerciales o prestaciones de servicios, as como su emisin con incumplimiento de los requisitos preceptivos.

    9. La no entrega a las personas consumidoras y usuarias del correspondiente resguardo de depsito o su emisin con incumplimiento de los requisitos preceptivos.

  5. Constituyen infracciones en materia de informacin, vigilancia, investigacin, inspeccin, tramitacin y ejecucin:

    1. La no tenencia o negativa a facilitar las hojas de reclamaciones preceptivas por parte de los comercios, prestadores y prestadoras de servicios y profesionales.

    2. La resistencia, negativa u obstruccin a facilitar las labores de inspeccin o a suministrar datos o informaciones solicitadas por las autoridades competentes o sus agentes en el desarrollo de sus funciones de informacin, vigilancia, investigacin, inspeccin, tramitacin y ejecucin, as como el suministro de informacin inexacta o documentacin falsa, y, en particular, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artculo 48 de esta ley.

    3. La manipulacin, traslado o disposicin en cualquier forma no autorizada legalmente de las muestras depositadas reglamentariamente, o de las mercancas decomisadas o sujetas a medidas provisionales por las autoridades competentes.

    4. El incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas por las autoridades competentes en los procedimientos iniciados como consecuencia de las actuaciones de control efectuadas para la debida proteccin de los derechos reconocidos en esta ley y dems normas aplicables, as como el incumplimiento de las medidas de carcter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de las resoluciones administrativas que pudieran recaer en los procedimientos sancionadores.

    5. La excusa reiterada, la negativa o resistencia a la comparecencia de las personas fsicas o jurdicas ante las dependencias propias o de las autoridades competentes, siempre que medie requerimiento notificado, expreso y por escrito al respecto por parte de las autoridades competentes o de sus agentes en desarrollo de las labores de informacin, vigilancia, investigacin, inspeccin, tramitacin y ejecucin.

  6. En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones expresamente establecidos por la normativa vigente en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias y disposiciones complementarias.

  1. Sern responsables de las infracciones tipificadas en esta ley las personas fsicas o jurdicas que por accin u omisin hubieren participado en las mismas.

  2. Quien fabrique, importe, venda o suministre productos o servicios a las personas consumidoras o usuarias responder del origen, identidad e idoneidad de los mismos y de las infracciones comprobadas en ellos, conforme a la actuacin de cada cual.

  3. De los productos a granel ser responsable el tenedor de los mismos, excepto que se pueda probar la responsabilidad, de una manera cierta, de un tenedor anterior.

  4. En el supuesto de productos envasados, etiquetados o cerrados con cierre ntegro, ser responsable la firma o razn social que figure en la etiqueta, presentacin o publicidad. Podr eximirse de esa responsabilidad probando su falsificacin o incorrecta manipulacin por terceras personas, que sern las responsables.

  5. Cuando una infraccin sea imputada a una persona jurdica podrn ser consideradas responsables tambin las personas fsicas que integren sus rganos rectores o de direccin, as como los tcnicos responsables de la elaboracin y control de acuerdo con la legislacin vigente en materia societaria. En estos casos el juicio de culpabilidad se realizar de acuerdo con lo previsto en el artculo 9.3 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

    En el supuesto de personas jurdicas, cuando quede constancia de forma fehaciente de la negativa o voto en contra de alguno de sus miembros en relacin con la realizacin de la actuacin tipificada como infraccin, el mismo ser exonerado de responsabilidad.

  1. Las infracciones en materia de consumo se calificarn como leves, graves o muy graves en funcin de la concurrencia de los siguientes criterios:

    1. Dao o riesgo grave para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias.

    2. Lesin grave de los intereses econmicos de las personas consumidoras y usuarias.

    3. Negligencia grave o dolo.

    4. Generalizacin de la infraccin, en cuanto al nmero de personas destinatarias afectadas por la misma.

    5. Afeccin directa a un colectivo de personas especialmente protegido.

  2. Se calificarn como leves las infracciones que incumplan los tipos regulados cuando no concurra ninguno de los criterios sealados en el prrafo anterior.

  3. Sern calificadas como graves las conductas tipificadas en las que concurra alguno de los criterios sealados en el prrafo 1 de este artculo.

  4. Se considerar infraccin grave la comisin de dos o ms infracciones leves de la misma naturaleza en el transcurso de un ao.

  5. Sern infracciones muy graves las conductas tipificadas en las que concurran dos o ms de los criterios sealados en el prrafo 1 de este artculo.

  6. La comisin de dos o ms infracciones graves de la misma naturaleza en el transcurso de un ao se considerar infraccin muy grave, siempre que las infracciones graves no sean a su vez consecuencia de la reincidencia en infracciones leves.

  1. Las infracciones a que se refiere la presente ley sern corregidas mediante la aplicacin de las siguientes sanciones:

    1. Las infracciones leves, con amonestacin por escrito o multa de hasta 3.000 euros.

    2. Las infracciones graves, con multa comprendida entre 3.001 euros y 15.000 euros, cantidad que podr rebasarse hasta alcanzar el quntuplo del valor de los productos o los servicios objeto de la infraccin.

    3. Las infracciones muy graves, con multa comprendida entre 15.001 euros y 600.000 euros, cantidad que podr rebasarse hasta alcanzar el quntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infraccin.

  2. Las infracciones a que se refiere la presente ley podrn ser tambin corregidas con las siguientes sanciones, con carcter de accesorias o autnomas:

    1. Decomiso o destruccin de la mercanca.

    2. Cierre temporal de la empresa infractora por un periodo de hasta cinco aos.

    3. Publicidad de las sanciones.

    4. Rectificaciones pblicas.

  3. Independientemente de las sanciones impuestas, el rgano sancionador podr proponer a la autoridad correspondiente, en el caso de las infracciones muy graves, la supresin, la cancelacin o la suspensin total o parcial de ayudas oficiales, tales como crditos, subvenciones, desgravaciones fiscales u otras que tuviese reconocidas o que hubiese solicitado la empresa sancionada.

  4. En el supuesto de que a las Administraciones pblicas de Euskadi les correspondiera conceder una ayuda de las sealadas en el prrafo anterior a una empresa que haya sido objeto de una sancin firme por infraccin grave o muy grave, el rgano al que corresponda resolver la solicitud podr denegar la concesin de la ayuda, siempre y cuando no se haya producido la cancelacin de los antecedentes en los trminos previstos por la ley.

  1. La cuanta de la sancin se graduar de conformidad con:

    1. El volumen de ventas generado por la actuacin ilcita.

    2. La cuanta del beneficio ilcito obtenido.

    3. El efecto perjudicial que la infraccin haya podido producir sobre los precios y sobre los mismos sectores implicados.

    4. La situacin de predominio en el mercado.

  2. Se podr atenuar la sancin administrativa en los casos en que quede acreditado en el correspondiente expediente, antes de que la sancin sea firme en va administrativa, que las personas perjudicadas han sido compensadas satisfactoriamente de los perjuicios causados, y siempre y cuando no concurra intoxicacin, lesin, enfermedad o muerte, ni existencia de indicios racionales de delito.

La imposicin de sanciones pecuniarias se har de manera que la comisin de las infracciones no resulte ms beneficiosa para la parte infractora que el incumplimiento de las normas infringidas, siempre con respeto del principio de proporcionalidad y guardndose la debida adecuacin entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y la sancin impuesta.

  1. La autoridad a quien corresponda resolver el expediente podr acordar en la misma resolucin, como sancin accesoria, el decomiso de la mercanca adulterada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda suponer riesgo para el consumidor o consumidora. Dichas mercancas debern destruirse si su utilizacin o su consumo constituyen un peligro para la salud. En todo caso, el rgano sancionador determinar el destino final que deba darse a las mercancas decomisadas.

  2. Los gastos que originen las operaciones de intervencin, depsito, decomiso, transporte y destruccin de la mercanca objeto de la sancin sern de cuenta de la parte infractora.

  1. En el caso de infracciones calificadas de muy graves podr proponerse en la misma resolucin, como sancin accesoria, el cierre temporal por un periodo de hasta cinco aos de la empresa, establecimiento o industria infractora, cuando radique en el territorio de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  2. Corresponde la facultad de acordar el cierre al Gobierno Vasco. El acuerdo podr determinar medidas complementarias para la plena eficacia de la decisin adoptada.

  3. Del acuerdo de cierre deber darse traslado al Ayuntamiento del trmino en que se ubique la citada empresa.

  4. La autoridad competente podr adoptar, sin que tenga el carcter de sancin, previa incoacin del correspondiente expediente administrativo, el cierre de las instalaciones o establecimientos que no cuenten con las autorizaciones o los registros preceptivos, o la suspensin de su funcionamiento hasta que se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos.

  5. Del mismo modo, podr suspender la venta o prestacin de servicios cuando se den en su ejercicio las mismas irregularidades.

  1. En el caso de infracciones graves o muy graves, la autoridad que haya resuelto el expediente podr acordar en la misma resolucin, por razones de ejemplaridad y en previsin de futuras conductas infractoras, como sancin accesoria, la publicacin de las sanciones impuestas, una vez sean firmes en la va administrativa.

  2. Dicha publicidad deber hacer referencia de los nombres y los apellidos de las personas fsicas o la denominacin o razn social de las personas jurdicas responsables, la clase y la naturaleza de las infracciones y la sancin principal impuesta, y deber realizarse mediante su insercin en el Boletn Oficial del Pas Vasco y en los medios de comunicacin social de mayor difusin. Tambin deber comunicarse a las organizaciones de personas consumidoras y usuarias. El coste de dicha publicidad correr de cuenta de la persona o entidad sancionada.

Si como consecuencia de la incoacin de un expediente administrativo se sanciona el incumplimiento de lo que establece la presente ley en materia de publicidad, el rgano competente exigir a la persona o entidad infractora, de oficio o a instancia de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, la publicacin a sus expensas de un comunicado en que se rectifique la publicidad efectuada, que deber realizarse en las mismas o similares condiciones en que se produjo la actuacin sancionada.

Independientemente de las sanciones a que se refiere la presente ley, el rgano sancionador impondr a la persona o entidad infractora la obligacin de restituir inmediatamente la cantidad percibida indebidamente, en los supuestos de aplicacin de precios superiores a los autorizados, comunicados, presupuestados o anunciados al pblico.

De conformidad con lo que establezca la legislacin de contratacin administrativa, en el caso de infracciones muy graves las empresas sancionadas quedarn, adems, inhabilitadas para contratar con las Administraciones de Euskadi, total o parcialmente, durante cinco aos a contar desde la fecha en que sea firme la sancin impuesta.

Las sanciones impuestas sern objeto de ejecucin de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin vigente. Si, presentado recurso administrativo, se acordara la suspensin del acto a solicitud de la parte interesada, sta deber garantizar el pago de la sancin mediante aval bancario o cualquier otro medio aceptado en Derecho, sin perjuicio de las dems medidas cautelares que puedan acordarse por el rgano competente para asegurar la proteccin del inters pblico y la eficacia de la resolucin impugnada.

  1. Las infracciones a que se refiere la presente ley prescribirn por el transcurso de los siguientes plazos: las muy graves, a los tres aos; las graves, a los dos aos, y las leves, a los seis meses. El plazo de la prescripcin empezar a contar desde el da siguiente al de la comisin de la infraccin. Interrumpir la prescripcin de la infraccin la iniciacin, con conocimiento del presunto responsable, del procedimiento administrativo.

  2. La accin para perseguir las infracciones caducar si, conocida por la Administracin competente la existencia de una presunta infraccin y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, transcurren seis meses sin que la autoridad competente ordene incoar el procedimiento oportuno. A tal efecto, si hubiera toma de muestras, las actuaciones de la inspeccin se entendern finalizadas despus de practicado el anlisis inicial.

  3. Iniciado el procedimiento sancionador, transcurridos seis meses desde la notificacin a la parte interesada de cada uno de los trmites previstos en el procedimiento de aplicacin sin que se impulse el trmite siguiente, sin mediar culpa de la parte interesada, se entender igualmente caducada la accin y se archivarn las actuaciones.

  4. Las sanciones por faltas muy graves prescribirn a los tres aos; las impuestas por faltas graves, a los dos aos, y las impuestas por faltas leves, al ao.

  5. La prescripcin y la caducidad podrn ser alegadas por los particulares. Aceptada la alegacin por el rgano competente, se declarar concluido el expediente y se decretar el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de incoar un nuevo procedimiento si no hubiera prescrito la infraccin.

Los rganos competentes para la imposicin de las sanciones a que se refiere la presente ley son:

  1. En el mbito de la Administracin general de la Comunidad Autnoma de Euskadi, el director competente en materia de consumo para sanciones leves y graves, y el superior jerrquico para sanciones muy graves. Para acordar el cierre de la empresa infractora ser competente el Gobierno Vasco.

  2. En el mbito de la Administracin local regir su legislacin especfica.

  1. Para la adopcin de medidas cautelares se atender a lo establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  2. Las medidas cautelares podrn consistir en:

    1. Paralizacin de la actividad o cierre temporal del establecimiento donde se realiza.

    2. Suspensin temporal en cualquier fase de la distribucin de un producto, para garantizar la salud y la seguridad.

    3. Suspensin temporal de la prestacin de servicios, para garantizar la salud y la seguridad.

    4. Imposicin de condiciones previas en cualquier fase de la comercializacin de productos, bienes y servicios, con el fin de que se subsanen las deficiencias detectadas.

    5. Inmovilizacin cautelar, con prohibicin de cualquier forma de disposicin de los productos por parte de las personas interesadas sin expresa autorizacin de las autoridades competentes.

    6. Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente que sea necesaria por existir indicios racionales de riesgo para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, o de vulneracin de sus intereses econmicos.

  1. Las Administraciones pblicas competentes podrn imponer multas coercitivas de conformidad con la legislacin vigente, destinadas a la ejecucin de resoluciones dictadas en aplicacin de la presente ley y dems disposiciones relativas a la defensa de las personas consumidoras y usuarias.

  2. El rgano competente deber cursar por escrito un previo requerimiento de ejecucin de los actos o resoluciones de que se trate, advirtiendo a su destinatario del plazo de que dispone para cumplirlo y de la cuanta de la multa coercitiva que, en caso de incumplimiento, le podr ser impuesta. El plazo sealado deber ser, en todo caso, suficiente para el cumplimiento de la obligacin de que se trate, y la multa no podr exceder de 1.500 euros.

  3. Si la Administracin comprobase el incumplimiento de lo ordenado, podr reiterar las citadas multas por periodos que no puedan ser inferiores al sealado en el primer requerimiento.

  4. Estas multas son independientes de las que se puedan imponer en concepto de sancin, y son compatibles con las mismas.

  1. Corresponde al Gobierno Vasco disear la planificacin general de la poltica de proteccin de las personas consumidoras y usuarias en su mbito territorial, aprobar reglamentos en desarrollo y aplicacin de esta ley, promover planes de actuacin coordinados con los distintos departamentos del Gobierno Vasco y ejercer la potestad sancionadora en esta materia en los trminos establecidos en la presente ley y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  2. Corresponde al departamento competente en materia de proteccin a las personas consumidoras y usuarias, dentro de la planificacin general mencionada en el apartado anterior, desarrollar las funciones previstas en la presente ley, y en particular, al menos, las siguientes actuaciones:

    1. Coordinar los planes de actuacin conjunta en materia de proteccin a las personas consumidoras y usuarias.

    2. Apoyar a las entidades locales, as como elaborar programas de actuacin conjunta con las mismas a fin de garantizar los principios de colaboracin y cooperacin administrativa y actuar supletoriamente en aquellos municipios que no puedan desarrollar las funciones previstas en la presente ley.

    3. Establecer lneas de coordinacin y cooperacin con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las organizaciones empresariales y desarrollar mecanismos de cooperacin entre las mismas, especialmente para el establecimiento de cdigos de buenas prcticas.

    4. Disear, coordinar y ejecutar campaas de control de mercado, estableciendo anualmente un programa en el que, a fin de garantizar una proteccin homognea de las personas consumidoras, se definan las actuaciones y el grado de participacin de los distintos rganos administrativos.

    5. Disear, coordinar y ejecutar programas de seguridad de productos de consumo y adoptar las medidas administrativas oportunas para la proteccin de las personas consumidoras frente a cada tipo de riesgo.

    6. Disear, coordinar y ejecutar actuaciones singulares y generales de informacin y formacin dirigidas a las personas consumidoras y usuarias.

    7. Realizar la inspeccin y control de mercado de bienes, productos y servicios de consumo.

    8. Ejercer la potestad sancionadora, sobre la base de la competencia atribuida en la presente ley.

    9. Fomentar y desarrollar los sistemas de resolucin extrajudicial de conflictos de consumo, y en particular el sistema arbitral de consumo.

    10. Fomentar el asociacionismo de consumo en su mbito territorial.

    11. En general, adoptar en el mbito de sus competencias cuantas medidas sean necesarias para el debido cumplimiento de lo establecido en esta ley.

  3. Corresponde al departamento competente en materia de sanidad la realizacin de las actuaciones de vigilancia, control, inspeccin y sancin en materia de salud de las personas consumidoras y usuarias, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la legislacin sectorial correspondiente.

  1. La Comisin Coordinadora de Consumo es un rgano administrativo de coordinacin interna de los diversos departamentos del Gobierno Vasco, cuyas funciones son:

    1. Establecer criterios para la utilizacin racional de los medios humanos y materiales disponibles, evitando duplicidades en las actuaciones de los servicios y formulando una poltica unitaria y coherente de consumo en la Comunidad Autnoma.

    2. Proponer a los rganos competentes las medidas que se estimen aconsejables para la proteccin efectiva de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

    3. Encargar estudios o informes a los rganos jurdicos o tcnicos del Gobierno Vasco, o bien a personas, entidades o instituciones especializadas en la materia de que se trate en cada caso, o en materia general de consumo.

    4. Impulsar la aplicacin y desarrollo de la presente ley.

  2. Reglamentariamente se desarrollar la composicin y funciones de la Comisin Coordinadora de Consumo de Euskadi.

  1. Corresponde a las entidades locales velar por la proteccin y defensa de las personas consumidoras y usuarias, en el mbito de su territorio, con el alcance y contenido que les atribuyen la presente ley y el resto de normas jurdicas que sean de aplicacin, de conformidad con los principios de descentralizacin y de mxima proximidad de la gestin administrativa a los ciudadanos y las ciudadanas, y en concreto:

    1. La inspeccin de productos y servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado puestos a disposicin de la persona consumidora o usuaria para comprobar su origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de precios, etiquetado, presentacin y publicidad, y los dems requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene, sanidad y seguridad.

    2. Adoptar las medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en los supuestos de crisis o emergencia que afecten a la salud y seguridad o intereses econmicos de las personas consumidoras y usuarias.

    3. Fomentar y apoyar en su mbito a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

    4. Desarrollar actuaciones singulares y generales de informacin y formacin dirigidas a las personas consumidoras y usuarias.

    5. Los Ayuntamientos de la Comunidad Autnoma que dispongan de personal inspector de consumo podrn ejercer la potestad sancionadora, hasta una sancin mxima de 15.000 euros, en relacin con las empresas y establecimientos domiciliados en su trmino municipal, siempre y cuando la infraccin se haya cometido en el mismo.

    6. Fomentar y desarrollar los sistemas de resolucin extrajudicial de conflictos de consumo, y en particular el sistema arbitral de consumo.

  2. A los efectos del apartado e) del prrafo primero de este artculo, y para evitar duplicidad de actuaciones, el Ayuntamiento que decida ejercer la potestad sancionadora deber comunicarlo al rgano competente en materia de consumo del Gobierno Vasco, y, asimismo, deber comunicar tanto las incoaciones de expedientes sancionadores como las resoluciones definitivas que en su caso recaigan. Cuando por la naturaleza y gravedad de la infraccin haya de superarse la cuanta mxima, se remitirn las actuaciones habidas al rgano citado, el cual deber comunicar al Ayuntamiento que corresponda cuantas actuaciones se deriven de su intervencin.

  3. Las competencias contempladas en los apartados a) , b) y e) del prrafo primero sern asumidas directamente por los rganos competentes en materia de consumo del Gobierno Vasco siempre que concurra alguna de estas circunstancias:

    • Inactividad o abstencin grave y permanente de la actuacin municipal.

      Trascendencia en funcin de la extensin y de la gravedad de las conductas lesivas, nmero de personas consumidoras y usuarias afectadas y urgencia.

      No obstante, las entidades locales participarn en las actuaciones que se desarrollen para garantizar la efectividad de las medidas que se adopten.

  4. Las entidades locales, por razones de economa, coordinacin o carencia de medios, podrn solicitar la actuacin del rgano competente en materia de consumo del Gobierno Vasco en el desarrollo de sus competencias en materia de proteccin a la persona consumidora y usuaria.

En los supuestos de concurrencia, se actuar bajo los principios de coordinacin y colaboracin a fin de garantizar una eficaz proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

  1. Las Administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma de Euskadi, en el mbito de sus respectivas competencias, promovern un elevado nivel de proteccin de las personas consumidoras y usuarias. Las administraciones competentes en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias ajustarn su actuacin a los principios de colaboracin y cooperacin, conforme a las reglas generales de las relaciones interadministrativas.

  2. El Gobierno Vasco planificar anualmente las actuaciones que en materia de proteccin de las personas consumidoras y usuarias se llevarn a cabo, de forma coordinada, entre todas las Administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma de Euskadi. En la elaboracin de los distintos planes de actuacin que desarrollen la poltica de proteccin de las personas consumidoras y usuarias en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi participarn las entidades locales, la Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi y la Comisin Coordinadora de Consumo de Euskadi.

  3. El Gobierno Vasco podr establecer convenios de colaboracin con la Administracin del Estado, Comunidades Autnomas y regiones de Europa que puedan influir en la mejora del nivel de proteccin de las personas consumidoras y usuarias, y en particular con cualquier otra comunidad o regin con la que mantenga relaciones especiales por motivos histricos, culturales o lingsticos.

  4. A efectos de coordinacin de la actuacin de las diversas administraciones, se propiciar el establecimiento de acuerdos entre las mismas que permitan rentabilizar los recursos humanos y materiales de que disponen y hacer efectivo y eficaz el control del cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

La Administracin general de la Comunidad Autnoma de Euskadi fomentar, mediante convenios genricos o singularizados, la creacin de servicios municipales de consumo que integren los servicios de informacin, formacin, control de mercado, inspeccin, sancin, justicias alternativas y todos los posibles servicios que se presten en el rea del consumo. Reglamentariamente se establecern las condiciones y requisitos necesarios para la firma de estos convenios.

Las entidades pblicas tienen un plazo de un ao desde la entrada en vigor de la ley para dar cumplimiento a lo establecido en su artculo 38.

La presente ley no ser de aplicacin a los expedientes sancionadores que se encuentren iniciados en el momento de su entrada en vigor, salvo que resulte ms favorable para la persona o entidad expedientada.

  1. El Decreto Legislativo 5/1986, de 9 de septiembre, sobre publicidad engaosa.

  2. El Decreto 71/1988, de 29 de marzo, por el que se crea la Comisin de Publicidad Engaosa en el Pas Vasco.

  3. La Orden de 17 de abril de 1989, del consejero de Industria y Comercio, en desarrollo del Decreto 71/1988, de 29 de marzo, por el que se crea la Comisin de Publicidad Engaosa en el Pas Vasco.

  4. El artculo 10.3 de la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial.

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La consagracin de la proteccin de las personas consumidoras y usuarias al ms alto nivel en la jerarqua normativa de nuestro ordenamiento como uno de los principios rectores de la poltica social y econmica que los poderes pblicos deben garantizar y su caracterizacin como un nuevo principio general del Derecho, en el sentido de que su respeto y proteccin informarn la legislacin positiva, la prctica judicial y la actuacin de los poderes pblicos, fue tenida en cuenta por la Comunidad Autnoma para, en el mbito de su competencia, dictar la primera norma autonmica que estableca un marco general para la proteccin de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, la Ley 10/1981, de 18 de noviembre, del Estatuto del Consumidor. Esta ley ha sido desarrollada reglamentariamente y ha dado lugar a diferentes actuaciones de orden prctico.

Dicha norma fue dictada en un tiempo en que la materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, por su propia novedad, no se haba perfilado, ni doctrinal ni jurisprudencialmente, en sus contenidos, ni tampoco en la fijacin de los lmites competenciales autonmicos, obligando al legislador a la elaboracin de una norma de claro corte programtico que, no obstante, tuvo como gran virtud iniciar una etapa, luego desarrollada por otras Comunidades Autnomas e incluso por el propio Estado, que ha facilitado la tarea de proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

Hoy, transcurridos ms de 20 aos desde su aprobacin, existen grandes diferencias entre aquella situacin y la actual. Diferencias tanto en la distribucin competencial de la materia, al existir una ms perfilada doctrina legal y jurisprudencial, como en el desarrollo de redes de organismos pblicos y privados de defensa de las personas consumidoras y usuarias surgidas tanto de la propia sociedad como del impulso de las Administraciones pblicas vascas.

Por otro lado, la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la existencia de un conglomerado de normativa dictada por la Unin Europea, parte de la cual debe ser aplicada por las Administraciones pblicas de esta Comunidad Autnoma, la globalizacin de mercados y servicios, las nuevas necesidades de la sociedad actual, los desarrollos tecnolgicos y la entrada en vigor de la moneda nica europea han perfilado nuevas formas de prestacin de servicios y oferta de productos que alteran el mercado tradicional.

Todos estos factores hacen necesario modificar la anterior ley, a fin de establecer un marco idneo de regulacin de los mltiples aspectos que inciden en la defensa de las personas consumidoras y usuarias, algunos de los cuales no tenan una clara regulacin en la vieja ley dada su propia limitacin de contenidos, que son considerados a la hora de establecer el nuevo marco general de actuaciones de las Administraciones pblicas vascas.

Entre las dos posibilidades que la tcnica legislativa ofrece para la modificacin de una norma legal, modificacin parcial o derogacin total, se ha optado por esta ltima por considerarse ms acertada la promulgacin de una norma que, por su propia finalidad y ambicin, supone una modificacin de gran envergadura de la anterior norma, sin perjuicio de que en esta nueva norma se reproduzcan algunos de los contenidos de la Ley 10/1981, de 18 de noviembre, del Estatuto del Consumidor.

La promulgacin de esta norma colma las lagunas que la ley anterior contena, y as dota a las Administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del instrumento apropiado para el encuadramiento de su actividad reglamentaria y administrativa. La atribucin de competencias hecha a las Administraciones locales compatibiliza la existencia de un amplio campo de accin para stas en la defensa de las personas consumidoras y usuarias con la responsabilidad del Gobierno Vasco sobre todo el territorio.

La ley adecua determinadas actuaciones administrativas a las prescripciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y a la Ley 2/1998, de 20 febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

La ley define las competencias de las distintas Administraciones pblicas de cara a la proteccin de las personas consumidoras y usuarias en el mbito territorial de Euskadi, propicia un incremento del papel de la Administracin local en la defensa y proteccin de las personas consumidoras y usuarias, y trata de buscar la coordinacin institucional evitando las duplicidades de funciones y servicios.

La ley da un nuevo enfoque al reconocimiento de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, agotando la regulacin de los mismos dentro del mbito competencial del Estatuto de Autonoma del Pas Vasco. Se incluyen los derechos lingsticos, de modo que, siguiendo la estela de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Bsica de Normalizacin del Uso del Euskera, la declaracin del derecho a relacionarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales se acompaa de la voluntad de promover, rigindose por un principio expreso de progresividad, la presencia del euskera en este mbito.

La ley deroga la normativa vasca de publicidad engaosa, en concordancia con la opcin del legislador estatal por la implantacin de un sistema jurisdiccional para la resolucin de las controversias derivadas, en este caso, del desarrollo de la actividad publicitaria, y como cauce para el ejercicio de las acciones de cesacin y rectificacin, acciones que se han visto reforzadas y ampliadas con la transposicin de la Directiva 98/27/CE, de 19 de mayo de 1998.

La ley eleva el grado de proteccin de las personas consumidoras y usuarias, mediante frmulas de participacin y colaboracin con todos los agentes sociales, principalmente con las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, buscando el fortalecimiento del movimiento asociativo vasco y la coordinacin a todos los niveles, pblicos y privados, para lograr una mejor planificacin de las acciones a desarrollar y favorecer las tareas de prevencin. A esta exigencia responde la creacin de una red de centros de informacin y atencin de consumo.

La ley, respondiendo a la horizontalidad propia de la materia, crea la Comisin Coordinadora de Consumo como rgano administrativo de encuentro entre los distintos Departamentos del Gobierno Vasco.

La ley incrementa el nivel de autoproteccin de las personas consumidoras y usuarias con el establecimiento de proyectos y programas en materia de sensibilizacin, informacin y formacin que las preparen para afrontar los retos de la sociedad de la informacin y del conocimiento y para exigir el cumplimiento de parmetros de calidad en los productos y servicios existentes en el mercado.

No obstante, esta ley establece el marco y deber ser desarrollada progresivamente, sin perjuicio del camino ya recorrido mediante normas directamente inspiradas en la defensa y proteccin de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. De esta forma, se trata de conseguir la constitucin de una normativa sectorial autonmica completa que ofrezca una mayor seguridad y claridad al operador jurdico y permita a las personas consumidoras y usuarias afrontar con garantas la segunda transformacin econmica en la que estamos inmersos.

La presente ley tiene por objeto la proteccin, defensa y promocin de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

La defensa y proteccin de las personas consumidoras y usuarias informarn la legislacin y la actuacin de los poderes pblicos en la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  1. A los efectos de esta ley, son personas consumidoras y usuarias las personas fsicas o jurdicas de cualquier nacionalidad o residencia que adquieran, utilicen o disfruten, como destinatarias finales, bienes muebles o inmuebles, productos o servicios, siempre que el proveedor sea una empresa, profesional o la propia Administracin cuando preste servicios o suministre productos en rgimen de derecho privado.

  2. No tendrn la consideracin de personas consumidoras o usuarias las personas fsicas o jurdicas que integren los productos, bienes y servicios en un proceso productivo, de comercializacin o prestacin de servicios, aun cuando dicha integracin no implique un beneficio directo.

Son derechos esenciales de las personas consumidoras y usuarias los siguientes:

  1. La proteccin frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad, concebida aquella de forma integral incluyendo, por tanto, los riesgos que amenacen al medio ambiente.

  2. La proteccin de sus legtimos intereses econmicos y sociales.

  3. La proteccin jurdica, administrativa y tcnica, y la reparacin e indemnizacin de daos y perjuicios sufridos.

  4. La informacin y la educacin en materia de consumo.

  5. La representacin, a travs de sus organizaciones, para la defensa de sus intereses, y la participacin y la consulta en las materias que les afecten.

  6. El uso de ambas lenguas oficiales en los trminos que la presente ley y el resto del ordenamiento jurdico contemplan.

Los derechos de las personas consumidoras y usuarias sern protegidos prioritariamente:

  1. Cuando guarden relacin directa con productos o servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado.

  2. Cuando afecten a colectivos de especial proteccin en situaciones de inferioridad, subordinacin o indefensin en que puedan encontrarse individual o colectivamente.

Ser nula de pleno derecho la renuncia previa al ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley y normas complementarias, as como todo pacto que tenga por objeto la exclusin de su aplicacin. Los actos realizados en fraude de la presente ley o su normativa complementaria no impedirn la aplicacin de la norma que se trate de eludir, de acuerdo con la legislacin civil.

  1. Los productos y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras o usuarias no representarn riesgo alguno para su salud o seguridad ni para el medio ambiente, salvo los usual o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilizacin.

  2. Con carcter general, los riesgos usual o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilizacin debern ser puestos en conocimiento previo de las personas consumidoras y usuarias de forma clara y por medios apropiados conforme a lo establecido en el artculo 15.f).

  3. Por producto seguro se entender aquel que en condiciones de utilizacin normales o razonablemente previsibles, incluida la duracin, no presente riesgo alguno o nicamente riesgos mnimos, compatibles con el uso del producto y considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de proteccin de la salud y de la seguridad de las personas y de su medio ambiente, habida cuenta, en particular, de los siguientes elementos:

    1. Caractersticas del producto, y, entre ellas, su composicin, embalaje, instrucciones para su montaje y mantenimiento.

    2. Efecto sobre otros productos cuando razonablemente se pueda prever la utilizacin del primero junto con los segundos.

    3. Presentacin del producto, etiquetado, instrucciones de uso y eliminacin cuando sea necesario, as como cualquier otra indicacin o informacin por parte de la persona o entidad productora.

    4. Categoras de personas consumidoras y usuarias que estn en condiciones de mayor riesgo en la utilizacin del producto, en particular la infancia y la adolescencia.

  4. La posibilidad de obtener niveles superiores de seguridad o de adquirir otros productos que representen menor grado de riesgo no ser razn suficiente para considerar que un producto es inseguro o peligroso.

  1. Quienes produzcan, importen, distribuyan o manipulen productos, bienes y servicios, as como quienes los comercialicen en primer lugar, tendrn la obligacin de suministrar productos o bienes o prestar servicios seguros.

  2. Quienes se dediquen a la distribucin y venta de productos, bienes y servicios, en su calidad de profesionales de la cadena de comercializacin, debern actuar con diligencia para evitar la puesta en el mercado de productos, bienes y servicios inseguros, abstenindose de hacerlo cuando conozcan o deban conocer en funcin de los elementos de informacin que posean, que los mismos incumplen dicha obligacin.

  3. En especial, dentro de los lmites de sus actividades respectivas, debern participar en la vigilancia de la seguridad de los productos y bienes que comercialicen y de los servicios que presten, en concreto mediante la transmisin de informacin sobre los riesgos que presenten los productos, bienes y servicios y la colaboracin en las actuaciones emprendidas para evitarlos.

Las Administraciones pblicas de Euskadi, en el mbito de sus respectivas competencias en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, promovern acciones que aseguren el respeto de sus legtimos intereses econmicos y sociales y el cese o rectificacin de las conductas contrarias a dichos intereses, y en particular las encaminadas a garantizar:

  1. La entrega de factura o documento acreditativo de las operaciones realizadas, debidamente desglosado, en su caso.

  2. La entrega de presupuesto previo a la operacin, que indique necesariamente su plazo de validez.

  3. La entrega de resguardo de depsito, en los supuestos en los cuales la persona consumidora y usuaria entregue un bien para su verificacin, comprobacin, reparacin o con cualquier otro motivo, en el que conste, como mnimo, la identificacin de la persona o entidad depositaria y la del objeto, fecha de recepcin y motivo del depsito.

  4. En los bienes de naturaleza duradera, la entrega de documento de garanta y de los correspondientes manuales de instrucciones de uso y mantenimiento.

  5. La tenencia de hojas de reclamaciones en todos los establecimientos y su entrega cuando sea exigida por la persona consumidora y usuaria.

  6. La exposicin pblica y visible de los precios y tarifas, junto a los productos, bienes y servicios ofertados.

  7. La prohibicin del corte del suministro de servicios pblicos de prestacin continua, sin constancia fehaciente de recepcin previa por la persona consumidora o usuaria de una notificacin concedindole plazo suficiente para subsanar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento del corte y sin las previas autorizaciones administrativas o judiciales que en su caso puedan proceder. La citada prohibicin incluye, en particular, los servicios de agua potable, electricidad, telfono y gas, y no estar referida a los cortes de suministro de carcter general por averas, reparaciones u otros anlogos.

  8. La prohibicin de publicidad ilcita.

  9. La eliminacin, en las condiciones generales de contratacin, de las clusulas abusivas o contra la buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones.

  10. La prohibicin de comercializacin de productos en los que no se asegure la existencia de repuestos y el adecuado servicio tcnico cuando sean obligatorios.

  11. La eliminacin de mtodos coactivos, engaosos o agresivos de venta o de captacin de clientes, que de cualquier modo puedan limitar la libertad de eleccin de la persona consumidora y usuaria.

  12. La prohibicin de acciones que provoquen inexactitud en precio, peso o medida.

Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a una eficaz proteccin jurdica encaminada a la reparacin e indemnizacin por los daos y perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de la adquisicin, uso o disfrute de los bienes y servicios que se pongan a su disposicin en el mercado.

  1. Con objeto de facilitar las reclamaciones a las personas consumidoras y usuarias, todos los comercios, servicios y actividades profesionales de la Comunidad Autnoma de Euskadi debern tener hojas de reclamaciones a su disposicin.

  2. La utilizacin de las hojas reclamaciones es compatible con la formulacin de reclamaciones por cualquier otro medio admitido en derecho, incluidos los medios telemticos.

  3. Reglamentariamente se establecern las caractersticas del modelo de hoja de reclamaciones, la forma en que se deber informar de su existencia y el procedimiento de tramitacin de dichas reclamaciones.

  4. Todas las reclamaciones que se presenten por escrito debern ser contestadas por la Administracin competente mediante escrito razonado a los interesados.

  1. Las Administraciones pblicas de Euskadi propiciarn, en colaboracin con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, la disponibilidad para las personas consumidoras y usuarias, as como para los profesionales y empresarios o empresarias, de sistemas operativos de resolucin voluntaria de conflictos y reclamaciones en materia de consumo.

  2. Reglamentariamente se regular el procedimiento administrativo de tramitacin de las denuncias y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias presentadas ante las Administraciones pblicas con competencias en materia de consumo contra empresas y profesionales, sin perjuicio de las actuaciones de inspeccin y sancin que correspondan. El procedimiento ser voluntario para las partes, y se garantizar la atencin de todas aquellas reclamaciones recibidas en cualquier soporte duradero que permita la identificacin de la persona o personas reclamantes.

  1. Las Administraciones pblicas de Euskadi fomentarn, en el mbito de sus competencias, el desarrollo del sistema arbitral de consumo.

  2. Las Administraciones pblicas de Euskadi promovern la adhesin al sistema arbitral de consumo de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de las empresarias y empresarios y profesionales y sus respectivas organizaciones, pudiendo suscribirse convenios de colaboracin para el fomento del sistema. Igualmente se promover la adhesin de las empresas pblicas.

  3. El Gobierno Vasco impulsar la firma de convenios para el establecimiento de colegios arbitrales, dependientes de la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi, en aquellos municipios o mancomunidades que, debido a su poblacin o nmero de solicitudes de arbitraje, as lo soliciten.

  1. Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a recibir una informacin veraz, completa, objetiva y comprensible sobre las caractersticas esenciales de los bienes y servicios puestos a su disposicin, con indicaciones para su correcto uso o consumo y advertencias sobre los riesgos previsibles que su utilizacin o consumo implique, de tal forma que puedan realizar una eleccin consciente y racional entre los mismos y utilizarlos de una manera segura y satisfactoria.

  2. En relacin con la prestacin de servicios, y en la medida en que sea compatible con las caractersticas de los mismos, las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a la entrega de un presupuesto previo por escrito debidamente explicado, en el que se detalle el contenido de la prestacin y su coste desglosado.

Los productos y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias cumplirn las exigencias determinadas en los reglamentos de etiquetaje, presentacin y publicidad, y debern ofrecer la siguiente informacin mnima, de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio y con la legislacin vigente:

  1. El origen, la naturaleza, la composicin y la finalidad de los productos.

  2. Los aditivos que, en su caso, lleven incorporados.

  3. La calidad, la cantidad, su categora y la denominacin usual o comercial, si la tienen.

  4. El precio completo o presupuesto, en su caso, y las condiciones jurdicas o econmicas de adquisicin y utilizacin, indicando con claridad y de manera diferenciada el precio del producto o servicio y el importe de los incrementos o descuentos, en su caso, y de los costes adicionales por servicios, accesorios, financiacin, aplazamiento del pago o similares.

  5. La fecha de produccin o suministro y el plazo recomendado para el uso o consumo, o la fecha de caducidad.

  6. Las instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, las advertencias y los riesgos previsibles.

  7. Las instrucciones para la correcta conservacin del producto.

  1. La informacin facilitada por los promotores o promotoras, profesionales o empresas a quien compre o arriende viviendas ser veraz, completa, objetiva y comprensible, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general bsica y autonmica vasca en materia de proteccin a la persona consumidora y usuaria y, en su caso, en aquella reguladora del crdito al consumo y de las condiciones generales de la contratacin.

  2. El Gobierno Vasco establecer reglamentariamente la informacin que de forma obligatoria haya de suministrarse por dichos agentes a quien compre o arriende viviendas, que comprender, entre otras, informacin sobre las caractersticas constructivas, trazado de todas las instalaciones, materiales empleados, precio, forma de pago y garanta de la vivienda y de las cantidades entregadas a cuenta.

  1. La oferta, promocin y publicidad de los productos, bienes y servicios destinados a las personas consumidoras y usuarias, sean cuales sean los soportes utilizados, se realizar de forma que no induzca ni pueda inducir a error sobre sus caractersticas y condiciones de adquisicin, en el marco de la legislacin general sobre publicidad.

  2. Las Administraciones pblicas de Euskadi, dentro de su marco regulador, velarn por la cesacin o rectificacin de la publicidad ilcita cuando vulnere los derechos de los consumidores, especialmente cuando afecte a los colectivos contemplados en el artculo 5 de la presente ley.

Las Administraciones pblicas de Euskadi llevarn a cabo las siguientes actuaciones:

  1. Impulsar la difusin de la informacin a las personas consumidoras y usuarias, y concertar con sus asociaciones y con las organizaciones empresariales y cmaras de comercio frmulas de participacin activa en las campaas informativas.

  2. Promover la existencia de espacios divulgativos sobre el consumo en los medios de comunicacin.

  3. Fomentar, en colaboracin con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, organizaciones empresariales y cmaras de comercio, la existencia de distintivos de calidad para los productos, bienes y servicios de Euskadi.

  4. Informar a las personas consumidoras y usuarias sobre los productos peligrosos detectados en el mercado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

  1. Con el fin de facilitar a las personas consumidoras y usuarias la informacin y orientacin precisas para el adecuado ejercicio de los derechos que esta ley les reconoce y, en general, para atender a la proteccin de sus legtimos intereses, el Gobierno Vasco promover, fomentar y, en su caso, habilitar o apoyar la creacin de oficinas y servicios de atencin e informacin a la persona consumidora y usuaria, ya sean de titularidad pblica, ya dependan de una asociacin de personas consumidoras y usuarias.

  2. El Gobierno Vasco propiciar la creacin de oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias dependientes de ayuntamientos o de entidades creadas por ellos, atendiendo a criterios de eficacia, de eficiencia y de mayor proximidad.

  3. Queda prohibida toda forma de publicidad, expresa o encubierta, de bienes, productos o servicios en las oficinas de informacin a la persona consumidora y usuaria a las que se refiere el presente artculo.

  1. El Gobierno Vasco, a travs del Departamento competente en materia de consumo, coordinar la labor de las oficinas de informacin a la persona consumidora y usuaria, prestndoles el apoyo tcnico y econmico necesario para su implantacin y funcionamiento en los trminos que reglamentariamente se determinen.

  2. Dentro de la labor de coordinacin se establecer una red informtica de centros de informacin y atencin de consumo, a la que podrn sumarse tanto las oficinas pblicas como las privadas, dependiente y gestionada por el rgano competente en materia de consumo del Gobierno Vasco, que permita una circulacin gil de la informacin, favoreciendo la localizacin inmediata de los problemas y la planificacin de las actuaciones concretas.

  3. Igualmente, se establecer un registro de centros de informacin y atencin de consumo, dependiente del Departamento competente en la materia y en el que debern inscribirse las oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias tanto de titularidad pblica como privada que existan en Euskadi clasificadas en categoras, dependiendo de las funciones y competencias asumidas y de los medios disponibles.

Las oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias podrn asumir las siguientes funciones:

  1. Informar, ayudar y orientar a las personas consumidoras yusuarias para el adecuado ejercicio de sus derechos, as como mediar en las reclamaciones de consumo dentro de su mbito territorial de actuacin.

  2. Recibir, registrar y acusar recibo de las denuncias de las personas consumidoras y usuarias, remitirlas a las entidades u rganos correspondientes y hacer un seguimiento de las mismas para informar debidamente a las personas interesadas.

  3. Elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de dictamen al rgano correspondiente, acompaando a la citada solicitud informacin completa y detallada de la cuestin.

  4. Realizar tareas de educacin y formacin en materia de consumo.

  5. Facilitar a las personas consumidoras y usuarias los datos referentes al registro y autorizacin de los productos o servicios puestos a su disposicin en el mercado y los de aquellos que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su peligrosidad, as como informar sobre la regulacin de los precios y condiciones de los productos o servicios de uso o de consumo comn, ordinario y generalizado.

  6. Prestar, en el caso de oficinas de titularidad pblica, apoyo a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de su mbito de actuacin y facilitar a las personas consumidoras y usuarias toda la informacin necesaria sobre la existencia y actividades de dichas asociaciones, potenciando el fomento del asociacionismo en materia de consumo.

  7. Realizar campaas informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por parte de las personas consumidoras y usuarias en relacin con sus derechos y obligaciones, as como desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de educacin especfica y formacin de las mismas. Para el desarrollo de las campaas y programas contarn con las propuestas y colaboracin de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias existentes dentro de su mbito de actuacin.

  8. Disponer la documentacin tcnica y jurdica sobre temas de consumo, as como potenciar su investigacin y estudio.

  9. En los municipios donde no exista Junta Arbitral de Consumo, elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de arbitraje a la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi.

  10. Recibir peticiones concretas, elevndolas a las autoridades competentes, a fin de modificar algunos de los servicios que presten o bien establecer otros nuevos si se consideran necesarios.

Con el fin de que las oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias puedan cumplir con su funcin, los distintos organismos pblicos debern facilitar a las mismas, a travs del Departamento competente en materia de consumo, como mnimo, los siguientes datos:

  1. Referencia sobre el registro y autorizacin de productos, servicios, actividades y funciones.

  2. Relacin de los productos, servicios, actividades y funciones que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos cuando exista riesgo grave para la salud o seguridad de las personas o para el medio ambiente.

  3. Relacin de las sanciones firmes impuestas por infracciones graves o muy graves relacionadas con los derechos de las personas consumidoras y usuarias, con expresa mencin de las personas o entidades sancionadas y las causas de dichas sanciones en los casos en que se haya acordado la publicidad de la sancin como sancin accesoria, conforme a lo previsto en el artculo 58 de esta ley.

  4. Relacin de la regulacin de precios y condiciones de productos, servicios, actividades y funciones de uso o consumo comn, ordinario y generalizado.

Con el fin de asesorar y orientar a las personas consumidoras y usuarias en sus transacciones dentro de la Unin Europea, el Gobierno Vasco garantizar el acceso a la informacin europea en materia de consumo. Con este fin, participar en organizaciones y proyectos de mbito europeo en materia de consumo y mantendr permanentemente actualizada la informacin sobre normativa, actividad y proyectos de las diferentes instituciones europeas, as como de las actividades y proyectos de otros pases y regiones de Europa.

  1. El Gobierno Vasco, en su mbito de competencia, garantizar el acceso de las personas consumidoras y usuarias a la educacin y formacin en materia de consumo.

  2. La educacin de la persona consumidora y usuaria estar orientada a favorecer:

    1. El desarrollo de la formacin integral de la persona de cara a propiciar un consumo responsable.

    2. El conocimiento de sus derechos y la manera de ejercerlos.

    3. El conocimiento de los riesgos derivados del uso y consumo de bienes y servicios.

    4. La adecuacin de las pautas de consumo hacia la utilizacin racional de los recursos, incorporando valores ecolgicos que conciencien a las personas consumidoras y usuarias de su corresponsabilidad en la conservacin del medio ambiente y en la consecucin de un desarrollo sostenible.

  1. El Gobierno Vasco, a travs de los rganos con competencia en materia de proteccin a la persona consumidora y usuaria, organizar, promover y desarrollar programas de educacin y formacin de las personas consumidoras y usuarias, en los cuales podrn colaborar las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

    El objeto de estos planes ser:

    1. Potenciar la formacin de su personal con competencias en materia de proteccin a la persona consumidora, especialmente de quienes desarrollen funciones de control de mercado e informacin y orientacin a las personas consumidoras y usuarias, as como del personal de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

    2. Colaborar con el personal docente en el desarrollo de la educacin en materia de consumo en los diferentes niveles educativos, as como proporcionar el material didctico necesario para ello.

    3. Potenciar y desarrollar, en colaboracin con las organizaciones empresariales, la formacin en materia de consumo de los distintos sectores empresariales.

  2. En materia de educacin y formacin de las personas consumidoras y usuarias, el Gobierno Vasco, en los trminos expresados en el apartado anterior, desarrollar las siguientes actuaciones:

    1. Elaborar y publicar material didctico de apoyo a la educacin y formacin a la persona consumidora, dirigido especialmente a la infancia y la adolescencia as como a otros colectivos de especial proteccin.

    2. Colaborar en el fomento y programacin de campaas informativas y formativas sobre consumo responsable.

El Gobierno Vasco establecer las colaboraciones precisas con los organismos o entidades pblicas con competencias en materia de consumo para el desarrollo de programas de formacin en los distintos municipios, y suscribir con las instituciones competentes en el mbito educativo los convenios oportunos para la formacin de especialistas en consumo.

El Gobierno Vasco promover la educacin de las personas consumidoras y usuarias a travs de los medios de comunicacin social de titularidad pblica, los cuales dedicarn, a tales efectos, espacios no publicitarios en sus respectivas programaciones. Asimismo, promover la participacin de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias en los mismos.

  1. Se reconoce a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias como el cauce de representacin y participacin para la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

  2. Las Administraciones pblicas de Euskadi fomentarn, en sus respectivos mbitos, el asociacionismo de las personas consumidoras y asegurarn su participacin en todos los mbitos de la vida pblica en que se vean afectados, directa o indirectamente, sus derechos o intereses. Igualmente promovern el dilogo con las organizaciones empresariales o profesionales.

  1. A los efectos de esta ley, se consideran asociaciones de personas consumidoras y usuarias las entidades privadas sin nimo de lucro cuya finalidad sea la proteccin y defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias, bien con carcter general o en relacin con productos o servicios determinados, siempre que se constituyan de acuerdo con la legislacin vigente en materia de asociaciones.

  2. Las entidades constituidas por consumidores y consumidoras con arreglo a la legislacin cooperativa, entre cuyos fines figure necesariamente la educacin y formacin de sus socios y estn obligadas a constituir un fondo con tal objeto, segn su legislacin especfica, se considerarn tambin asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

Para poder gozar de los beneficios que les otorga la presente ley y las disposiciones que la complementen, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, as como las federaciones y confederaciones constituidas por ellas, debern cumplir los siguientes requisitos:

  1. Estar inscritas en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi.

  2. Tener su domicilio en la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  3. Reunir las condiciones y requisitos que reglamentariamente se establezcan para cada tipo de beneficio. En la determinacin reglamentaria de estos requisitos se tendrn en cuenta, entre otros, criterios de implantacin territorial dentro de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, nmero de asociados y programa de actividades.

Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias ajustarn sus actuaciones a los principios de buena fe, lealtad y diligencia, no pudiendo divulgar datos que no se encuentren respaldados por acreditaciones, resultados analticos o controles de calidad suficientemente contrastados, sin perjuicio de su derecho a presentar las denuncias que estimen oportunas.

Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias tendrn derecho a:

  1. Ser odas en consulta en el procedimiento de elaboracin de normas de carcter general que afecten directamente a los derechos e intereses que representan.

  2. Participar en la elaboracin y aprobacin de los modelos de contrato de prestacin de servicios a las personas consumidoras y usuarias cuando estos servicios sean prestados por las Administraciones pblicas a travs de empresas pblicas o privadas.

  3. Participar en las comisiones consultivas que se constituyan en el mbito de Euskadi, siempre que, por razn de la materia, se debatan temas de inters para la proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

  4. Ser consideradas parte interesada en los procedimientos administrativos de carcter sancionador promovidos por ellas mismas, siempre que versen sobre la proteccin de los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias.

  5. Participar en el sistema arbitral de consumo, a tenor de lo establecido en las disposiciones que lo regulan.

  6. Disfrutar del beneficio de justicia gratuita en el marco legalmente establecido.

  7. Ser declaradas de utilidad pblica cuando renan los requisitos establecidos para ello.

  8. Percibir las ayudas y subvenciones que oportunamente se aprueben para el desarrollo de sus fines.

  9. Ejercer las correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales en defensa de los socios y de las socias, de la asociacin y de los intereses colectivos de las personas consumidoras y usuarias en general, de conformidad con la legislacin aplicable.

  10. Integrarse en agrupaciones o federaciones con idnticos fines y de mbito territorial ms amplio.

  11. Propiciar sistemas de resolucin de conflictos.

Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias no podrn gozar de los derechos anteriormente citados cuando:

  1. Incluyan como asociadas a personas jurdicas con nimo de lucro.

  2. Perciban ayudas y subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas que suministren productos, bienes o servicios a los consumidores y consumidoras.

  3. Realicen publicidad comercial o no meramente informativa de productos, bienes o servicios, excepto las permitidas legalmente.

  4. Se dediquen a actividades distintas de la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias, excepto en el supuesto de cooperativas de consumidores y consumidoras.

  5. Acten con manifiesta temeridad, judicialmente apreciada.

El Gobierno Vasco fomentar la colaboracin entre organizaciones de personas consumidoras y usuarias, y las organizaciones empresariales de Euskadi, incluyndose las siguientes actuaciones:

  1. Fomentar el sistema arbitral de consumo.

  2. Colaborar en la comunicacin de los posibles riesgos, cuando por su amplitud sea necesaria una actuacin pblica para garantizar la eficacia de la medida.

  3. Fomentar el desarrollo de smbolos de calidad empresarial en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  4. Desarrollar actuaciones de informacin y formacin con las personas consumidoras y usuarias sobre productos, bienes y servicios de uso y consumo generalizado, as como sobre la importancia de favorecer el desarrollo sostenible.

  5. Apoyar las iniciativas para promocionar la proteccin de las personas consumidoras y usuarias en los pases en desarrollo.

La Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi se constituye como rgano consultivo, asesor, de participacin y de coordinacin interadministrativa, de fomento de la colaboracin entre los agentes sociales involucrados en el consumo y con las distintas Administraciones pblicas que ejercen la tutela de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, a fin de elevar su nivel de proteccin en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  1. A la Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi le corresponden las siguientes funciones:

    1. Ser consultada en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones de carcter general dictadas en desarrollo de esta ley y, en general, en todos los dems casos en que se regulen materias que afecten a los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

    2. Proponer a las asociaciones, federaciones, confederaciones o cooperativas integradas en la misma para participar en los rganos colegiados, organismos y entidades pblicas o privadas, de mbito autonmico, en los que deban estar representadas las personas consumidoras y usuarias.

    3. Formular cuantas propuestas sean consideradas de inters en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y asesorar a los rganos de la Administracin autonmica con competencias en materia de consumo.

    4. Solicitar informacin a las Administraciones pblicas competentes sobre materias de inters general o sectorial que afecten a las personas consumidoras y usuarias.

    5. Llevar a cabo estudios especficos sobre consumo, mercados y abastecimiento de productos y servicios.

    6. Cuantas funciones le sean asignadas por otras disposiciones.

  2. La Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi elaborar anualmente un informe sobre la actividad, poltica global en materia de consumo y, en su caso, sugerencias a las Administraciones pblicas de Euskadi en el mbito de su competencia.

  3. La Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi estar integrada por representantes de intereses sociales, profesionales y econmicos, representantes de las administraciones pblicas vinculadas al sector del consumo y representantes de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias. Reglamentariamente se desarrollar la composicin y rgimen de funcionamiento de la Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi.

Con arreglo a lo establecido en el presente captulo, y conforme a los trminos de progresividad que en l se contienen, las personas consumidoras y usuarias tienen los siguientes derechos lingsticos:

  1. Derecho a recibir en euskera y castellano la informacin sobre bienes y servicios en los trminos contemplados en el artculo 14 de la presente ley.

  2. Derecho a usar cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones con empresas o establecimientos que operen en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma, debiendo estos estar en condiciones de poder atenderles cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen.

  1. A los efectos de lo dispuesto en la presente ley, tienen la consideracin de entidades pblicas:

    1. Las administraciones pblicas de Euskadi y la Administracin del Estado, incluyendo los entes sujetos a derecho pblico o privado dependientes de aqullas o que integran su administracin institucional.

    2. Las entidades de cualquier naturaleza que gestionan servicios pblicos cuya titularidad corresponde a las administraciones mencionadas en el apartado anterior, en tanto en cuanto acten en el mbito de prestacin de estos servicios.

    3. Las entidades de cualquier naturaleza participadas mayoritariamente o controladas por las administraciones y entes mencionados en el apartado a). Se entender a estos efectos que existe una relacin de control cuando se disponga de la mayora de los derechos de voto de la entidad o se tenga derecho a nombrar o a destituir a la mayora de los miembros de los rganos de gobierno.

  2. Las entidades pblicas garantizarn la presencia de las dos lenguas oficiales en sus relaciones con las personas consumidoras y usuarias en la forma siguiente:

    1. En los establecimientos del mbito territorial de la Comunidad Autnoma de Euskadi, rtulos, avisos y en general comunicaciones dirigidas al pblico se formularn en euskera y castellano.

    2. Los impresos o modelos oficiales confeccionados para su cumplimentacin por consumidores y usuarios sern bilinges.

    3. Salvo la opcin expresa de la persona consumidora y usuaria a favor de la utilizacin de una de las dos lenguas oficiales, los contratos de adhesin, los contratos con clusulas tipo, los contratos normados, las condiciones generales y la documentacin que se refiera a los mismos o que se desprenda de la realizacin de los citados contratos tendrn redaccin bilinge.

    4. Las comunicaciones dirigidas a consumidores en particular, as como facturas, presupuestos y documentos anlogos debern redactarse en forma bilinge, salvo que la persona consumidora y usuaria elija expresamente la utilizacin de una de las dos lenguas oficiales.

    5. Los manuales de instrucciones de uso y mantenimiento, documentos de garanta, etiquetaje y envasado de los productos o servicios debern redactarse en forma bilinge.

    6. La oferta, promocin y publicidad de los productos, bienes y servicios destinados a las personas consumidoras y usuarias, cualesquiera que sean los soportes utilizados, se realizar de forma bilinge.

  3. En sus relaciones con las entidades pblicas, las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a ser atendidas en la lengua oficial que elijan. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 6 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, bsica de normalizacin del uso del Euskera, en relacin con las administraciones pblicas, el Gobierno adoptar las medidas oportunas y se arbitrarn los medios necesarios para garantizar de forma progresiva el ejercicio de este derecho.

  4. Las disposiciones de esta ley aplicables a la Administracin del Estado se entienden sin perjuicio de la competencia estatal para ordenar sus servicios.

  1. A los efectos de esta ley, se considerarn entidades subvencionadas y sectores de inters general:

    1. Entidades o personas jurdicas que prestan servicios legalmente calificados como universales, de inters general o cualquier otra categora anloga, o que se encuentran sujetos a un rgimen jurdico de universalidad e igualdad en su prestacin, tales como transportes, telecomunicaciones y energticos.

    2. Entidades o personas jurdicas que sean beneficiarias de ayudas o subvenciones pblicas concedidas por las administraciones pblicas vascas, o que hayan suscrito un convenio de colaboracin con cualquiera de ellas. En este caso, la garanta de los derechos lingsticos de las personas consumidoras y usuarias se extender al mbito de relaciones vinculadas al objeto de la subvencin o convenio.

  2. Estas entidades, siempre que no tengan la consideracin de pblicas, debern cumplir las obligaciones establecidas en las letras a) , b) c) y d) del apartado 2 del artculo 38 de la presente ley. Reglamentariamente se regular la progresiva exigencia de su cumplimiento.

  1. Los establecimientos de venta de productos y prestacin de servicios abiertos al pblico debern cumplir las obligaciones establecidas en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artculo 38 de la presente ley. Asimismo debern estar en disposicin de atender a las personas consumidoras y usuarias cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen.

  2. Adems de las obligaciones sealadas en el apartado anterior, los establecimientos calificados como grandes establecimientos comerciales por la legislacin vigente, as como aquellos establecimientos de oferta de bienes y servicios abiertos al pblico que, sin merecer esta calificacin, pertenezcan a grandes entidades, debern cumplir igualmente la obligacin contenida en la letra d) del apartado 2 del artculo 38. Reglamentariamente se fijarn los requisitos de volumen de negocio, nmero de personas trabajadoras y/o grado de presencia en la Comunidad Autnoma que determinarn, a estos efectos, la consideracin de grandes entidades.

  3. A los establecimientos abiertos al pblico pertenecientes a entidades pblicas les ser de aplicacin el rgimen previsto en el artculo 38 de esta ley.

  4. Los establecimientos abiertos al pblico de entidades subvencionadas y sectores de inters general debern, adems de cumplir las obligaciones contempladas en el artculo 39, poder atender a las personas consumidoras y usuarias cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen.

  5. El Gobierno regular la progresiva exigencia del cumplimiento de las obligaciones que se prevn en este artculo.

  1. Salvo en los supuestos en que el presente captulo contemple un rgimen especfico, la informacin facilitada a las personas consumidoras y usuarias en relacin con los bienes y servicios distribuidos en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma de Euskadi, incluyendo la contenida en etiquetas, envases e impresos con las instrucciones de uso, podr expresarse en euskera o castellano. Todo ello sin perjuicio de lo que para supuestos especficos, por razones de proteccin de la salud y seguridad, pueda establecer la legislacin aplicable.

  2. El Gobierno promover la utilizacin del euskera en la informacin sobre bienes y servicios a que se refiere el apartado 1.

  3. Los datos obligatorios y las informaciones voluntarias adicionales que figuren en el etiquetaje de bienes vascos con denominacin de origen o denominacin de calidad y de los productos artesanales, regulados en el mbito de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, figurarn, al menos, en euskera. Reglamentariamente se regular la progresiva exigencia de esta obligacin.

  1. El Gobierno impulsar las medidas oportunas y arbitrar los medios necesarios para impulsar el uso del euskera en el mbito de las actuaciones de las entidades que ofrecen bienes y servicios a las personas consumidoras y usuarias.

  2. El Gobierno promover la difusin de materiales con lenguaje especializado que faciliten el uso del euskera en este mbito.

  1. Las Administraciones pblicas de Euskadi, en sus respectivos mbitos competenciales, desarrollarn actuaciones de control e inspeccin de modo coordinado sobre los bienes, productos y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias en cualquier fase de comercializacin, a fin de comprobar su adecuacin a la legislacin vigente en materia de proteccin a las personas consumidoras y usuarias, en especial en lo que se refiere a sus caractersticas tcnicas, higinico-sanitarias, de seguridad y comerciales, y su adecuacin a las expectativas que pueden motivar su adquisicin, derivadas, en su caso, de las descripciones realizadas en su presentacin, publicidad, precio y otras circunstancias.

  2. Las entidades locales actuarn coordinadamente con el Gobierno Vasco, aunando sus recursos de inspeccin y control y facilitando el apoyo e informacin necesarios con el fin de conseguir una mejor y ms eficaz proteccin de los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

  1. Las actuaciones de inspeccin se realizarn preferentemente sobre aquellos bienes, productos y servicios establecidos por la normativa como de uso o consumo comn, ordinario y generalizado, y sobre aquellos que pudieran perjudicar los intereses econmicos, la salud o la seguridad de las personas consumidoras y usuarias o pudieran afectar a colectivos de especial proteccin previstos en el artculo 5 de la presente ley.

  2. Las funciones atribuidas al personal inspector de consumo para la ejecucin de lo contemplado en este ttulo se ejercitarn sin perjuicio de las que desarrollen el resto de los Departamentos del Gobierno Vasco en materias de su competencia.

  1. El personal de la inspeccin de consumo, cuando acte en el ejercicio de su funcin inspectora, tendr la consideracin de autoridad a todos los efectos.

  2. El personal inspector, cuando acte en el ejercicio de sus funciones, deber identificarse siempre exhibiendo la acreditacin oficial correspondiente. Actuar de un modo proporcionado y conforme a las prescripciones legalmente establecidas, y, en todo caso, estar obligado a mantener estricto sigilo profesional respecto a las informaciones obtenidas.

  3. Reglamentariamente se regular la estructura y funciones de los servicios de inspeccin de consumo encargados de garantizar y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.

  1. Para el desarrollo de sus actuaciones inspectoras, podrn solicitar el apoyo, concurso, auxilio y proteccin que les resulten precisos de cualquier otra autoridad o sus agentes.

  2. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector podr acceder a todo tipo de oficinas, instalaciones y dependencias que tengan relacin directa o indirecta con la actuacin que est llevando a cabo. Podr requerir tambin la comparecencia y colaboracin de cualquier persona, fsica o jurdica, que de forma directa o indirecta pueda tener alguna relacin con el objeto de su actuacin.

  3. El personal inspector podr acceder y examinar los documentos mercantiles, contables o de cualquier otro tipo que resulten relevantes para la investigacin, y podr obtener copia o reproduccin de los mismos.

  4. Podr realizar asimismo tomas de muestras de productos, as como cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos, bienes y servicios.

  5. Tambin podr llevar a cabo investigaciones destinadas a la obtencin de informacin que permita conocer y realizar estudios de mercado en sectores de los cuales se pudieran derivar riesgos para la salud, la seguridad y los legtimos intereses econmicos de las personas consumidoras y usuarias.

  6. Cuando, por la naturaleza de las diligencias y para la mejor realizacin de las mismas, se requiera documentacin y comparecencias, se podrn efectuar durante la visita inspectora o por cualquier otro medio aceptado en Derecho, en la empresa inspeccionada, en los locales relacionados con la actividad y en las dependencias de los propios rganos de control.

  1. Las actuaciones del personal inspector de consumo en las que se constaten hechos que puedan ser constitutivos de infraccin administrativa se documentarn mediante actas en las que se har constar, como mnimo:

    1. Identificacin completa de la persona o personas que atiendan a la inspeccin, indicando la calidad en la que acten.

    2. Identificacin del personal inspector actuante.

    3. Los hechos apreciados, las circunstancias concurrentes o de inters y las manifestaciones que deseen formular quienes atienden a la inspeccin.

    4. Lugar, fecha, hora, motivos de la actuacin y, cuando proceda, diligencias practicadas y relacin de documentos adjuntos.

    5. Medidas cautelares adoptadas as como su causa y finalidad, de acuerdo con el artculo 32.2 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

    6. Firma del personal inspector actuante as como de la persona o personas comparecientes, en su caso, no sin antes advertirles del derecho que les asiste a que se reflejen en el acta las manifestaciones que deseen formular en relacin con su contenido.

  2. La negativa a la firma por parte de la persona o personas comparecientes no invalidar el acta. Si sta se produce, se le comunicar que puede estampar su firma a los nicos efectos de recepcin del documento, lo cual se har constar, sin que por ello se altere la validez del acta.

  3. Los hechos que figuren constatados por los inspectores o inspectoras de consumo en las actas de inspeccin se presumirn ciertos, salvo prueba en contrario.

Las personas fsicas o jurdicas que produzcan, importen o suministren productos, bienes y servicios, sus representantes legales o quienes estn a cargo del establecimiento estarn obligadas a:

  1. Facilitar las visitas de inspeccin y acceso a las dependencias del establecimiento para el control de la actividad desarrollada.

  2. Suministrar la informacin de inters al caso sobre instalaciones, productos, bienes o servicios, y, siempre que se requieran, las autorizaciones, registros, permisos y licencias necesarios para el ejercicio de la actividad, permitiendo que el personal inspector compruebe directamente los datos aportados.

  3. Facilitar a la inspeccin la documentacin que sirva de justificacin a las transacciones efectuadas, tales como los contratos, facturas, albaranes y dems documentos exigidos legalmente, as como aquellos que sean necesarios para determinar las responsabilidades pertinentes.

  4. Facilitar la obtencin de copia o reproduccin de la documentacin citada en los puntos anteriores.

  5. Comparecer y presentar documentacin donde y cuando hayan sido requeridas por los servicios competentes.

  6. Permitir que se practique la toma de muestras o que se efecte cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos, bienes y servicios en cualquier fase de su comercializacin.

  7. Depositar y conservar adecuadamente los productos, bienes y servicios sujetos a medidas provisionales, siguiendo en todo momento las instrucciones formuladas por los servicios competentes al respecto.

  1. Corresponde a las Administracin general de la Comunidad Autnoma de Euskadi y a la Administracin local de Euskadi, competentes en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, la potestad sancionadora en materia de consumo, ejercindose por los rganos administrativos de la misma que la tengan atribuida.

  2. Las infracciones en materia de consumo cometidas en el mbito territorial de Euskadi sern sancionadas, previa tramitacin del correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  1. Constituyen infraccin en materia de proteccin de la salud y seguridad de las personas consumidora y usuarias:

    1. El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones en materia de salud y seguridad de los bienes y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias.

    2. Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daos efectivos para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalacin de que se trate.

    3. El incumplimiento o transgresin de los requerimientos previos que concretamente formulen las autoridades que resulten competentes para situaciones especficas, al objeto de evitar contaminaciones o circunstancias nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pblica o la seguridad de las personas consumidoras y usuarias.

  2. Constituyen infracciones por alteracin, adulteracin o fraude de bienes y productos:

    1. La elaboracin, distribucin, suministro o venta de bienes y productos a los que se haya adicionado o sustrado cualquier sustancia o elemento para variar su composicin, calidad, estructura, peso o volumen, para corregir defectos mediante procesos o procedimientos que no estn expresa y reglamentariamente autorizados, o para encubrir la inferior calidad o alteracin de los productos utilizados.

    2. La elaboracin, distribucin, suministro o venta de bienes cuando su composicin o calidad no se ajuste a las disposiciones vigentes o a la correspondiente autorizacin administrativa o difiera de la declarada y anotada en el registro correspondiente.

  3. Constituyen infracciones por defectuosa o incorrecta prestacin de servicios:

    1. El incumplimiento, en la prestacin de todo tipo de servicios, de las condiciones de calidad, cantidad, intensidad, naturaleza, plazo o precio, de acuerdo con la normativa que resulte aplicable, o con las condiciones en que se presten u oferten.

    2. El incumplimiento de la normativa vigente o de las condiciones ofertadas a las personas consumidoras y usuarias en materia de garanta y arreglo o reparacin de bienes de consumo.

    3. La insuficiencia de la asistencia tcnica o inexistencia de piezas de repuesto, contraviniendo lo dispuesto en la normativa aplicable o las condiciones ofrecidas a la persona consumidora y usuaria en el momento de adquisicin, si fueran ms favorables.

    4. La defectuosa prestacin de servicios durante el periodo de garanta.

  4. Constituyen infracciones en materia de normalizacin tcnica, comercial y de prestacin de servicios, as como en materia de condiciones o tcnicas de venta o suministro de bienes o servicios:

    1. El incumplimiento de las disposiciones de normalizacin de bienes y productos.

    2. La puesta en el mercado de bienes y productos cuya comercializacin haya sido declarada prohibida por una norma o resolucin administrativa, as como la comercializacin de aquellos que, precisando autorizacin administrativa, carezcan de ella.

    3. El incumplimiento del deber de veracidad informativa o publicitaria en la venta de bienes y productos o en la prestacin de servicios, de manera que se les atribuyan calidades, caractersticas, resultados o condiciones de adquisicin, uso o devolucin que difieran de los que realmente posean o puedan obtenerse, y toda la publicidad que de cualquier forma induzca o pueda inducir a error a las personas a las que se dirige, as como aquella que silencie datos fundamentales que impidan conocer las verdaderas caractersticas o naturaleza del producto o servicio.

    4. El incumplimiento de las disposiciones sobre uso de marchamos, contrastes, precintos y contramarcas en los productos o servicios, as como el uso de distintivos de calidad no autorizados o retirados por incumplimiento de su normativa especfica.

    5. La realizacin de transacciones en las que se imponga injustificadamente a la persona consumidora o usuaria condiciones, recargos o cobros indebidos, prestaciones accesorias no solicitadas o cantidades mnimas, as como la no aceptacin de los medios de pago admitidos legalmente u ofertados.

    6. La no entrega a las personas consumidoras y usuarias del documento de garanta.

    7. La inclusin, en las condiciones generales de los contratos que suscriban las personas consumidoras y usuarias o en las ofertas publicitarias, de clusulas que limiten o vulneren los derechos reconocidos a las personas consumidoras y usuarias por las disposiciones que resulten aplicables.

    8. La no extensin de la correspondiente factura o documento acreditativo de las transacciones comerciales o prestaciones de servicios, as como su emisin con incumplimiento de los requisitos preceptivos.

    9. La no entrega a las personas consumidoras y usuarias del correspondiente resguardo de depsito o su emisin con incumplimiento de los requisitos preceptivos.

  5. Constituyen infracciones en materia de informacin, vigilancia, investigacin, inspeccin, tramitacin y ejecucin:

    1. La no tenencia o negativa a facilitar las hojas de reclamaciones preceptivas por parte de los comercios, prestadores y prestadoras de servicios y profesionales.

    2. La resistencia, negativa u obstruccin a facilitar las labores de inspeccin o a suministrar datos o informaciones solicitadas por las autoridades competentes o sus agentes en el desarrollo de sus funciones de informacin, vigilancia, investigacin, inspeccin, tramitacin y ejecucin, as como el suministro de informacin inexacta o documentacin falsa, y, en particular, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artculo 48 de esta ley.

    3. La manipulacin, traslado o disposicin en cualquier forma no autorizada legalmente de las muestras depositadas reglamentariamente, o de las mercancas decomisadas o sujetas a medidas provisionales por las autoridades competentes.

    4. El incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas por las autoridades competentes en los procedimientos iniciados como consecuencia de las actuaciones de control efectuadas para la debida proteccin de los derechos reconocidos en esta ley y dems normas aplicables, as como el incumplimiento de las medidas de carcter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de las resoluciones administrativas que pudieran recaer en los procedimientos sancionadores.

    5. La excusa reiterada, la negativa o resistencia a la comparecencia de las personas fsicas o jurdicas ante las dependencias propias o de las autoridades competentes, siempre que medie requerimiento notificado, expreso y por escrito al respecto por parte de las autoridades competentes o de sus agentes en desarrollo de las labores de informacin, vigilancia, investigacin, inspeccin, tramitacin y ejecucin.

  6. En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones expresamente establecidos por la normativa vigente en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias y disposiciones complementarias.

  1. Sern responsables de las infracciones tipificadas en esta ley las personas fsicas o jurdicas que por accin u omisin hubieren participado en las mismas.

  2. Quien fabrique, importe, venda o suministre productos o servicios a las personas consumidoras o usuarias responder del origen, identidad e idoneidad de los mismos y de las infracciones comprobadas en ellos, conforme a la actuacin de cada cual.

  3. De los productos a granel ser responsable el tenedor de los mismos, excepto que se pueda probar la responsabilidad, de una manera cierta, de un tenedor anterior.

  4. En el supuesto de productos envasados, etiquetados o cerrados con cierre ntegro, ser responsable la firma o razn social que figure en la etiqueta, presentacin o publicidad. Podr eximirse de esa responsabilidad probando su falsificacin o incorrecta manipulacin por terceras personas, que sern las responsables.

  5. Cuando una infraccin sea imputada a una persona jurdica podrn ser consideradas responsables tambin las personas fsicas que integren sus rganos rectores o de direccin, as como los tcnicos responsables de la elaboracin y control de acuerdo con la legislacin vigente en materia societaria. En estos casos el juicio de culpabilidad se realizar de acuerdo con lo previsto en el artculo 9.3 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

    En el supuesto de personas jurdicas, cuando quede constancia de forma fehaciente de la negativa o voto en contra de alguno de sus miembros en relacin con la realizacin de la actuacin tipificada como infraccin, el mismo ser exonerado de responsabilidad.

  1. Las infracciones en materia de consumo se calificarn como leves, graves o muy graves en funcin de la concurrencia de los siguientes criterios:

    1. Dao o riesgo grave para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias.

    2. Lesin grave de los intereses econmicos de las personas consumidoras y usuarias.

    3. Negligencia grave o dolo.

    4. Generalizacin de la infraccin, en cuanto al nmero de personas destinatarias afectadas por la misma.

    5. Afeccin directa a un colectivo de personas especialmente protegido.

  2. Se calificarn como leves las infracciones que incumplan los tipos regulados cuando no concurra ninguno de los criterios sealados en el prrafo anterior.

  3. Sern calificadas como graves las conductas tipificadas en las que concurra alguno de los criterios sealados en el prrafo 1 de este artculo.

  4. Se considerar infraccin grave la comisin de dos o ms infracciones leves de la misma naturaleza en el transcurso de un ao.

  5. Sern infracciones muy graves las conductas tipificadas en las que concurran dos o ms de los criterios sealados en el prrafo 1 de este artculo.

  6. La comisin de dos o ms infracciones graves de la misma naturaleza en el transcurso de un ao se considerar infraccin muy grave, siempre que las infracciones graves no sean a su vez consecuencia de la reincidencia en infracciones leves.

  1. Las infracciones a que se refiere la presente ley sern corregidas mediante la aplicacin de las siguientes sanciones:

    1. Las infracciones leves, con amonestacin por escrito o multa de hasta 3.000 euros.

    2. Las infracciones graves, con multa comprendida entre 3.001 euros y 15.000 euros, cantidad que podr rebasarse hasta alcanzar el quntuplo del valor de los productos o los servicios objeto de la infraccin.

    3. Las infracciones muy graves, con multa comprendida entre 15.001 euros y 600.000 euros, cantidad que podr rebasarse hasta alcanzar el quntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infraccin.

  2. Las infracciones a que se refiere la presente ley podrn ser tambin corregidas con las siguientes sanciones, con carcter de accesorias o autnomas:

    1. Decomiso o destruccin de la mercanca.

    2. Cierre temporal de la empresa infractora por un periodo de hasta cinco aos.

    3. Publicidad de las sanciones.

    4. Rectificaciones pblicas.

  3. Independientemente de las sanciones impuestas, el rgano sancionador podr proponer a la autoridad correspondiente, en el caso de las infracciones muy graves, la supresin, la cancelacin o la suspensin total o parcial de ayudas oficiales, tales como crditos, subvenciones, desgravaciones fiscales u otras que tuviese reconocidas o que hubiese solicitado la empresa sancionada.

  4. En el supuesto de que a las Administraciones pblicas de Euskadi les correspondiera conceder una ayuda de las sealadas en el prrafo anterior a una empresa que haya sido objeto de una sancin firme por infraccin grave o muy grave, el rgano al que corresponda resolver la solicitud podr denegar la concesin de la ayuda, siempre y cuando no se haya producido la cancelacin de los antecedentes en los trminos previstos por la ley.

  1. La cuanta de la sancin se graduar de conformidad con:

    1. El volumen de ventas generado por la actuacin ilcita.

    2. La cuanta del beneficio ilcito obtenido.

    3. El efecto perjudicial que la infraccin haya podido producir sobre los precios y sobre los mismos sectores implicados.

    4. La situacin de predominio en el mercado.

  2. Se podr atenuar la sancin administrativa en los casos en que quede acreditado en el correspondiente expediente, antes de que la sancin sea firme en va administrativa, que las personas perjudicadas han sido compensadas satisfactoriamente de los perjuicios causados, y siempre y cuando no concurra intoxicacin, lesin, enfermedad o muerte, ni existencia de indicios racionales de delito.

La imposicin de sanciones pecuniarias se har de manera que la comisin de las infracciones no resulte ms beneficiosa para la parte infractora que el incumplimiento de las normas infringidas, siempre con respeto del principio de proporcionalidad y guardndose la debida adecuacin entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y la sancin impuesta.

  1. La autoridad a quien corresponda resolver el expediente podr acordar en la misma resolucin, como sancin accesoria, el decomiso de la mercanca adulterada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda suponer riesgo para el consumidor o consumidora. Dichas mercancas debern destruirse si su utilizacin o su consumo constituyen un peligro para la salud. En todo caso, el rgano sancionador determinar el destino final que deba darse a las mercancas decomisadas.

  2. Los gastos que originen las operaciones de intervencin, depsito, decomiso, transporte y destruccin de la mercanca objeto de la sancin sern de cuenta de la parte infractora.

  1. En el caso de infracciones calificadas de muy graves podr proponerse en la misma resolucin, como sancin accesoria, el cierre temporal por un periodo de hasta cinco aos de la empresa, establecimiento o industria infractora, cuando radique en el territorio de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  2. Corresponde la facultad de acordar el cierre al Gobierno Vasco. El acuerdo podr determinar medidas complementarias para la plena eficacia de la decisin adoptada.

  3. Del acuerdo de cierre deber darse traslado al Ayuntamiento del trmino en que se ubique la citada empresa.

  4. La autoridad competente podr adoptar, sin que tenga el carcter de sancin, previa incoacin del correspondiente expediente administrativo, el cierre de las instalaciones o establecimientos que no cuenten con las autorizaciones o los registros preceptivos, o la suspensin de su funcionamiento hasta que se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos.

  5. Del mismo modo, podr suspender la venta o prestacin de servicios cuando se den en su ejercicio las mismas irregularidades.

  1. En el caso de infracciones graves o muy graves, la autoridad que haya resuelto el expediente podr acordar en la misma resolucin, por razones de ejemplaridad y en previsin de futuras conductas infractoras, como sancin accesoria, la publicacin de las sanciones impuestas, una vez sean firmes en la va administrativa.

  2. Dicha publicidad deber hacer referencia de los nombres y los apellidos de las personas fsicas o la denominacin o razn social de las personas jurdicas responsables, la clase y la naturaleza de las infracciones y la sancin principal impuesta, y deber realizarse mediante su insercin en el Boletn Oficial del Pas Vasco y en los medios de comunicacin social de mayor difusin. Tambin deber comunicarse a las organizaciones de personas consumidoras y usuarias. El coste de dicha publicidad correr de cuenta de la persona o entidad sancionada.

Si como consecuencia de la incoacin de un expediente administrativo se sanciona el incumplimiento de lo que establece la presente ley en materia de publicidad, el rgano competente exigir a la persona o entidad infractora, de oficio o a instancia de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, la publicacin a sus expensas de un comunicado en que se rectifique la publicidad efectuada, que deber realizarse en las mismas o similares condiciones en que se produjo la actuacin sancionada.

Independientemente de las sanciones a que se refiere la presente ley, el rgano sancionador impondr a la persona o entidad infractora la obligacin de restituir inmediatamente la cantidad percibida indebidamente, en los supuestos de aplicacin de precios superiores a los autorizados, comunicados, presupuestados o anunciados al pblico.

De conformidad con lo que establezca la legislacin de contratacin administrativa, en el caso de infracciones muy graves las empresas sancionadas quedarn, adems, inhabilitadas para contratar con las Administraciones de Euskadi, total o parcialmente, durante cinco aos a contar desde la fecha en que sea firme la sancin impuesta.

Las sanciones impuestas sern objeto de ejecucin de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin vigente. Si, presentado recurso administrativo, se acordara la suspensin del acto a solicitud de la parte interesada, sta deber garantizar el pago de la sancin mediante aval bancario o cualquier otro medio aceptado en Derecho, sin perjuicio de las dems medidas cautelares que puedan acordarse por el rgano competente para asegurar la proteccin del inters pblico y la eficacia de la resolucin impugnada.

  1. Las infracciones a que se refiere la presente ley prescribirn por el transcurso de los siguientes plazos: las muy graves, a los tres aos; las graves, a los dos aos, y las leves, a los seis meses. El plazo de la prescripcin empezar a contar desde el da siguiente al de la comisin de la infraccin. Interrumpir la prescripcin de la infraccin la iniciacin, con conocimiento del presunto responsable, del procedimiento administrativo.

  2. La accin para perseguir las infracciones caducar si, conocida por la Administracin competente la existencia de una presunta infraccin y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, transcurren seis meses sin que la autoridad competente ordene incoar el procedimiento oportuno. A tal efecto, si hubiera toma de muestras, las actuaciones de la inspeccin se entendern finalizadas despus de practicado el anlisis inicial.

  3. Iniciado el procedimiento sancionador, transcurridos seis meses desde la notificacin a la parte interesada de cada uno de los trmites previstos en el procedimiento de aplicacin sin que se impulse el trmite siguiente, sin mediar culpa de la parte interesada, se entender igualmente caducada la accin y se archivarn las actuaciones.

  4. Las sanciones por faltas muy graves prescribirn a los tres aos; las impuestas por faltas graves, a los dos aos, y las impuestas por faltas leves, al ao.

  5. La prescripcin y la caducidad podrn ser alegadas por los particulares. Aceptada la alegacin por el rgano competente, se declarar concluido el expediente y se decretar el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de incoar un nuevo procedimiento si no hubiera prescrito la infraccin.

Los rganos competentes para la imposicin de las sanciones a que se refiere la presente ley son:

  1. En el mbito de la Administracin general de la Comunidad Autnoma de Euskadi, el director competente en materia de consumo para sanciones leves y graves, y el superior jerrquico para sanciones muy graves. Para acordar el cierre de la empresa infractora ser competente el Gobierno Vasco.

  2. En el mbito de la Administracin local regir su legislacin especfica.

  1. Para la adopcin de medidas cautelares se atender a lo establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  2. Las medidas cautelares podrn consistir en:

    1. Paralizacin de la actividad o cierre temporal del establecimiento donde se realiza.

    2. Suspensin temporal en cualquier fase de la distribucin de un producto, para garantizar la salud y la seguridad.

    3. Suspensin temporal de la prestacin de servicios, para garantizar la salud y la seguridad.

    4. Imposicin de condiciones previas en cualquier fase de la comercializacin de productos, bienes y servicios, con el fin de que se subsanen las deficiencias detectadas.

    5. Inmovilizacin cautelar, con prohibicin de cualquier forma de disposicin de los productos por parte de las personas interesadas sin expresa autorizacin de las autoridades competentes.

    6. Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente que sea necesaria por existir indicios racionales de riesgo para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, o de vulneracin de sus intereses econmicos.

  1. Las Administraciones pblicas competentes podrn imponer multas coercitivas de conformidad con la legislacin vigente, destinadas a la ejecucin de resoluciones dictadas en aplicacin de la presente ley y dems disposiciones relativas a la defensa de las personas consumidoras y usuarias.

  2. El rgano competente deber cursar por escrito un previo requerimiento de ejecucin de los actos o resoluciones de que se trate, advirtiendo a su destinatario del plazo de que dispone para cumplirlo y de la cuanta de la multa coercitiva que, en caso de incumplimiento, le podr ser impuesta. El plazo sealado deber ser, en todo caso, suficiente para el cumplimiento de la obligacin de que se trate, y la multa no podr exceder de 1.500 euros.

  3. Si la Administracin comprobase el incumplimiento de lo ordenado, podr reiterar las citadas multas por periodos que no puedan ser inferiores al sealado en el primer requerimiento.

  4. Estas multas son independientes de las que se puedan imponer en concepto de sancin, y son compatibles con las mismas.

  1. Corresponde al Gobierno Vasco disear la planificacin general de la poltica de proteccin de las personas consumidoras y usuarias en su mbito territorial, aprobar reglamentos en desarrollo y aplicacin de esta ley, promover planes de actuacin coordinados con los distintos departamentos del Gobierno Vasco y ejercer la potestad sancionadora en esta materia en los trminos establecidos en la presente ley y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  2. Corresponde al departamento competente en materia de proteccin a las personas consumidoras y usuarias, dentro de la planificacin general mencionada en el apartado anterior, desarrollar las funciones previstas en la presente ley, y en particular, al menos, las siguientes actuaciones:

    1. Coordinar los planes de actuacin conjunta en materia de proteccin a las personas consumidoras y usuarias.

    2. Apoyar a las entidades locales, as como elaborar programas de actuacin conjunta con las mismas a fin de garantizar los principios de colaboracin y cooperacin administrativa y actuar supletoriamente en aquellos municipios que no puedan desarrollar las funciones previstas en la presente ley.

    3. Establecer lneas de coordinacin y cooperacin con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las organizaciones empresariales y desarrollar mecanismos de cooperacin entre las mismas, especialmente para el establecimiento de cdigos de buenas prcticas.

    4. Disear, coordinar y ejecutar campaas de control de mercado, estableciendo anualmente un programa en el que, a fin de garantizar una proteccin homognea de las personas consumidoras, se definan las actuaciones y el grado de participacin de los distintos rganos administrativos.

    5. Disear, coordinar y ejecutar programas de seguridad de productos de consumo y adoptar las medidas administrativas oportunas para la proteccin de las personas consumidoras frente a cada tipo de riesgo.

    6. Disear, coordinar y ejecutar actuaciones singulares y generales de informacin y formacin dirigidas a las personas consumidoras y usuarias.

    7. Realizar la inspeccin y control de mercado de bienes, productos y servicios de consumo.

    8. Ejercer la potestad sancionadora, sobre la base de la competencia atribuida en la presente ley.

    9. Fomentar y desarrollar los sistemas de resolucin extrajudicial de conflictos de consumo, y en particular el sistema arbitral de consumo.

    10. Fomentar el asociacionismo de consumo en su mbito territorial.

    11. En general, adoptar en el mbito de sus competencias cuantas medidas sean necesarias para el debido cumplimiento de lo establecido en esta ley.

  3. Corresponde al departamento competente en materia de sanidad la realizacin de las actuaciones de vigilancia, control, inspeccin y sancin en materia de salud de las personas consumidoras y usuarias, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la legislacin sectorial correspondiente.

    (...)

  1. Corresponde a las entidades locales velar por la proteccin y defensa de las personas consumidoras y usuarias, en el mbito de su territorio, con el alcance y contenido que les atribuyen la presente ley y el resto de normas jurdicas que sean de aplicacin, de conformidad con los principios de descentralizacin y de mxima proximidad de la gestin administrativa a los ciudadanos y las ciudadanas, y en concreto:

    1. La inspeccin de productos y servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado puestos a disposicin de la persona consumidora o usuaria para comprobar su origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de precios, etiquetado, presentacin y publicidad, y los dems requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene, sanidad y seguridad.

    2. Adoptar las medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en los supuestos de crisis o emergencia que afecten a la salud y seguridad o intereses econmicos de las personas consumidoras y usuarias.

    3. Fomentar y apoyar en su mbito a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

    4. Desarrollar actuaciones singulares y generales de informacin y formacin dirigidas a las personas consumidoras y usuarias.

    5. Los Ayuntamientos de la Comunidad Autnoma que dispongan de personal inspector de consumo podrn ejercer la potestad sancionadora, hasta una sancin mxima de 15.000 euros, en relacin con las empresas y establecimientos domiciliados en su trmino municipal, siempre y cuando la infraccin se haya cometido en el mismo.

    6. Fomentar y desarrollar los sistemas de resolucin extrajudicial de conflictos de consumo, y en particular el sistema arbitral de consumo.

  2. A los efectos del apartado e) del prrafo primero de este artculo, y para evitar duplicidad de actuaciones, el Ayuntamiento que decida ejercer la potestad sancionadora deber comunicarlo al rgano competente en materia de consumo del Gobierno Vasco, y, asimismo, deber comunicar tanto las incoaciones de expedientes sancionadores como las resoluciones definitivas que en su caso recaigan. Cuando por la naturaleza y gravedad de la infraccin haya de superarse la cuanta mxima, se remitirn las actuaciones habidas al rgano citado, el cual deber comunicar al Ayuntamiento que corresponda cuantas actuaciones se deriven de su intervencin.

  3. Las competencias contempladas en los apartados a) , b) y e) del prrafo primero sern asumidas directamente por los rganos competentes en materia de consumo del Gobierno Vasco siempre que concurra alguna de estas circunstancias:

    • Inactividad o abstencin grave y permanente de la actuacin municipal.

      Trascendencia en funcin de la extensin y de la gravedad de las conductas lesivas, nmero de personas consumidoras y usuarias afectadas y urgencia.

      No obstante, las entidades locales participarn en las actuaciones que se desarrollen para garantizar la efectividad de las medidas que se adopten.

  4. Las entidades locales, por razones de economa, coordinacin o carencia de medios, podrn solicitar la actuacin del rgano competente en materia de consumo del Gobierno Vasco en el desarrollo de sus competencias en materia de proteccin a la persona consumidora y usuaria.

En los supuestos de concurrencia, se actuar bajo los principios de coordinacin y colaboracin a fin de garantizar una eficaz proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

  1. Las Administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma de Euskadi, en el mbito de sus respectivas competencias, promovern un elevado nivel de proteccin de las personas consumidoras y usuarias. Las administraciones competentes en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias ajustarn su actuacin a los principios de colaboracin y cooperacin, conforme a las reglas generales de las relaciones interadministrativas.

  2. El Gobierno Vasco planificar anualmente las actuaciones que en materia de proteccin de las personas consumidoras y usuarias se llevarn a cabo, de forma coordinada, entre todas las Administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma de Euskadi. En la elaboracin de los distintos planes de actuacin que desarrollen la poltica de proteccin de las personas consumidoras y usuarias en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi participarn las entidades locales, la Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi y la Comisin Coordinadora de Consumo de Euskadi.

  3. El Gobierno Vasco podr establecer convenios de colaboracin con la Administracin del Estado, Comunidades Autnomas y regiones de Europa que puedan influir en la mejora del nivel de proteccin de las personas consumidoras y usuarias, y en particular con cualquier otra comunidad o regin con la que mantenga relaciones especiales por motivos histricos, culturales o lingsticos.

  4. A efectos de coordinacin de la actuacin de las diversas administraciones, se propiciar el establecimiento de acuerdos entre las mismas que permitan rentabilizar los recursos humanos y materiales de que disponen y hacer efectivo y eficaz el control del cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

La Administracin general de la Comunidad Autnoma de Euskadi fomentar, mediante convenios genricos o singularizados, la creacin de servicios municipales de consumo que integren los servicios de informacin, formacin, control de mercado, inspeccin, sancin, justicias alternativas y todos los posibles servicios que se presten en el rea del consumo. Reglamentariamente se establecern las condiciones y requisitos necesarios para la firma de estos convenios.

Las entidades pblicas tienen un plazo de un ao desde la entrada en vigor de la ley para dar cumplimiento a lo establecido en su artculo 38.

La presente ley no ser de aplicacin a los expedientes sancionadores que se encuentren iniciados en el momento de su entrada en vigor, salvo que resulte ms favorable para la persona o entidad expedientada.

  1. El Decreto Legislativo 5/1986, de 9 de septiembre, sobre publicidad engaosa.

  2. El Decreto 71/1988, de 29 de marzo, por el que se crea la Comisin de Publicidad Engaosa en el Pas Vasco.

  3. La Orden de 17 de abril de 1989, del consejero de Industria y Comercio, en desarrollo del Decreto 71/1988, de 29 de marzo, por el que se crea la Comisin de Publicidad Engaosa en el Pas Vasco.

  4. El artculo 10.3 de la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial.

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La consagracin de la proteccin de las personas consumidoras y usuarias al ms alto nivel en la jerarqua normativa de nuestro ordenamiento como uno de los principios rectores de la poltica social y econmica que los poderes pblicos deben garantizar y su caracterizacin como un nuevo principio general del Derecho, en el sentido de que su respeto y proteccin informarn la legislacin positiva, la prctica judicial y la actuacin de los poderes pblicos, fue tenida en cuenta por la Comunidad Autnoma para, en el mbito de su competencia, dictar la primera norma autonmica que estableca un marco general para la proteccin de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, la Ley 10/1981, de 18 de noviembre, del Estatuto del Consumidor. Esta ley ha sido desarrollada reglamentariamente y ha dado lugar a diferentes actuaciones de orden prctico.

Dicha norma fue dictada en un tiempo en que la materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, por su propia novedad, no se haba perfilado, ni doctrinal ni jurisprudencialmente, en sus contenidos, ni tampoco en la fijacin de los lmites competenciales autonmicos, obligando al legislador a la elaboracin de una norma de claro corte programtico que, no obstante, tuvo como gran virtud iniciar una etapa, luego desarrollada por otras Comunidades Autnomas e incluso por el propio Estado, que ha facilitado la tarea de proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

Hoy, transcurridos ms de 20 aos desde su aprobacin, existen grandes diferencias entre aquella situacin y la actual. Diferencias tanto en la distribucin competencial de la materia, al existir una ms perfilada doctrina legal y jurisprudencial, como en el desarrollo de redes de organismos pblicos y privados de defensa de las personas consumidoras y usuarias surgidas tanto de la propia sociedad como del impulso de las Administraciones pblicas vascas.

Por otro lado, la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, la existencia de un conglomerado de normativa dictada por la Unin Europea, parte de la cual debe ser aplicada por las Administraciones pblicas de esta Comunidad Autnoma, la globalizacin de mercados y servicios, las nuevas necesidades de la sociedad actual, los desarrollos tecnolgicos y la entrada en vigor de la moneda nica europea han perfilado nuevas formas de prestacin de servicios y oferta de productos que alteran el mercado tradicional.

Todos estos factores hacen necesario modificar la anterior ley, a fin de establecer un marco idneo de regulacin de los mltiples aspectos que inciden en la defensa de las personas consumidoras y usuarias, algunos de los cuales no tenan una clara regulacin en la vieja ley dada su propia limitacin de contenidos, que son considerados a la hora de establecer el nuevo marco general de actuaciones de las Administraciones pblicas vascas.

Entre las dos posibilidades que la tcnica legislativa ofrece para la modificacin de una norma legal, modificacin parcial o derogacin total, se ha optado por esta ltima por considerarse ms acertada la promulgacin de una norma que, por su propia finalidad y ambicin, supone una modificacin de gran envergadura de la anterior norma, sin perjuicio de que en esta nueva norma se reproduzcan algunos de los contenidos de la Ley 10/1981, de 18 de noviembre, del Estatuto del Consumidor.

La promulgacin de esta norma colma las lagunas que la ley anterior contena, y as dota a las Administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma del instrumento apropiado para el encuadramiento de su actividad reglamentaria y administrativa. La atribucin de competencias hecha a las Administraciones locales compatibiliza la existencia de un amplio campo de accin para stas en la defensa de las personas consumidoras y usuarias con la responsabilidad del Gobierno Vasco sobre todo el territorio.

La ley adecua determinadas actuaciones administrativas a las prescripciones contenidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y a la Ley 2/1998, de 20 febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

La ley define las competencias de las distintas Administraciones pblicas de cara a la proteccin de las personas consumidoras y usuarias en el mbito territorial de Euskadi, propicia un incremento del papel de la Administracin local en la defensa y proteccin de las personas consumidoras y usuarias, y trata de buscar la coordinacin institucional evitando las duplicidades de funciones y servicios.

La ley da un nuevo enfoque al reconocimiento de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, agotando la regulacin de los mismos dentro del mbito competencial del Estatuto de Autonoma del Pas Vasco. Se incluyen los derechos lingsticos, de modo que, siguiendo la estela de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, Bsica de Normalizacin del Uso del Euskera, la declaracin del derecho a relacionarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales se acompaa de la voluntad de promover, rigindose por un principio expreso de progresividad, la presencia del euskera en este mbito.

La ley deroga la normativa vasca de publicidad engaosa, en concordancia con la opcin del legislador estatal por la implantacin de un sistema jurisdiccional para la resolucin de las controversias derivadas, en este caso, del desarrollo de la actividad publicitaria, y como cauce para el ejercicio de las acciones de cesacin y rectificacin, acciones que se han visto reforzadas y ampliadas con la transposicin de la Directiva 98/27/CE, de 19 de mayo de 1998.

La ley eleva el grado de proteccin de las personas consumidoras y usuarias, mediante frmulas de participacin y colaboracin con todos los agentes sociales, principalmente con las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, buscando el fortalecimiento del movimiento asociativo vasco y la coordinacin a todos los niveles, pblicos y privados, para lograr una mejor planificacin de las acciones a desarrollar y favorecer las tareas de prevencin. A esta exigencia responde la creacin de una red de centros de informacin y atencin de consumo.

La ley, respondiendo a la horizontalidad propia de la materia, crea la Comisin Coordinadora de Consumo como rgano administrativo de encuentro entre los distintos Departamentos del Gobierno Vasco.

La ley incrementa el nivel de autoproteccin de las personas consumidoras y usuarias con el establecimiento de proyectos y programas en materia de sensibilizacin, informacin y formacin que las preparen para afrontar los retos de la sociedad de la informacin y del conocimiento y para exigir el cumplimiento de parmetros de calidad en los productos y servicios existentes en el mercado.

No obstante, esta ley establece el marco y deber ser desarrollada progresivamente, sin perjuicio del camino ya recorrido mediante normas directamente inspiradas en la defensa y proteccin de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. De esta forma, se trata de conseguir la constitucin de una normativa sectorial autonmica completa que ofrezca una mayor seguridad y claridad al operador jurdico y permita a las personas consumidoras y usuarias afrontar con garantas la segunda transformacin econmica en la que estamos inmersos.

La presente ley tiene por objeto la proteccin, defensa y promocin de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

La defensa y proteccin de las personas consumidoras y usuarias informarn la legislacin y la actuacin de los poderes pblicos en la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  1. A los efectos de esta ley, son personas consumidoras y usuarias las personas fsicas o jurdicas de cualquier nacionalidad o residencia que adquieran, utilicen o disfruten, como destinatarias finales, bienes muebles o inmuebles, productos o servicios, siempre que el proveedor sea una empresa, profesional o la propia Administracin cuando preste servicios o suministre productos en rgimen de derecho privado.

  2. No tendrn la consideracin de personas consumidoras o usuarias las personas fsicas o jurdicas que integren los productos, bienes y servicios en un proceso productivo, de comercializacin o prestacin de servicios, aun cuando dicha integracin no implique un beneficio directo.

Son derechos esenciales de las personas consumidoras y usuarias los siguientes:

  1. La proteccin frente a los riesgos que puedan afectar a su salud y seguridad, concebida aquella de forma integral incluyendo, por tanto, los riesgos que amenacen al medio ambiente.

  2. La proteccin de sus legtimos intereses econmicos y sociales.

  3. La proteccin jurdica, administrativa y tcnica, y la reparacin e indemnizacin de daos y perjuicios sufridos.

  4. La informacin y la educacin en materia de consumo.

  5. La representacin, a travs de sus organizaciones, para la defensa de sus intereses, y la participacin y la consulta en las materias que les afecten.

  6. El uso de ambas lenguas oficiales en los trminos que la presente ley y el resto del ordenamiento jurdico contemplan.

Los derechos de las personas consumidoras y usuarias sern protegidos prioritariamente:

  1. Cuando guarden relacin directa con productos o servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado.

  2. Cuando afecten a colectivos de especial proteccin en situaciones de inferioridad, subordinacin o indefensin en que puedan encontrarse individual o colectivamente.

Ser nula de pleno derecho la renuncia previa al ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley y normas complementarias, as como todo pacto que tenga por objeto la exclusin de su aplicacin. Los actos realizados en fraude de la presente ley o su normativa complementaria no impedirn la aplicacin de la norma que se trate de eludir, de acuerdo con la legislacin civil.

  1. Los productos y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras o usuarias no representarn riesgo alguno para su salud o seguridad ni para el medio ambiente, salvo los usual o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilizacin.

  2. Con carcter general, los riesgos usual o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilizacin debern ser puestos en conocimiento previo de las personas consumidoras y usuarias de forma clara y por medios apropiados conforme a lo establecido en el artculo 15.f).

  3. Por producto seguro se entender aquel que en condiciones de utilizacin normales o razonablemente previsibles, incluida la duracin, no presente riesgo alguno o nicamente riesgos mnimos, compatibles con el uso del producto y considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de proteccin de la salud y de la seguridad de las personas y de su medio ambiente, habida cuenta, en particular, de los siguientes elementos:

    1. Caractersticas del producto, y, entre ellas, su composicin, embalaje, instrucciones para su montaje y mantenimiento.

    2. Efecto sobre otros productos cuando razonablemente se pueda prever la utilizacin del primero junto con los segundos.

    3. Presentacin del producto, etiquetado, instrucciones de uso y eliminacin cuando sea necesario, as como cualquier otra indicacin o informacin por parte de la persona o entidad productora.

    4. Categoras de personas consumidoras y usuarias que estn en condiciones de mayor riesgo en la utilizacin del producto, en particular la infancia y la adolescencia.

  4. La posibilidad de obtener niveles superiores de seguridad o de adquirir otros productos que representen menor grado de riesgo no ser razn suficiente para considerar que un producto es inseguro o peligroso.

  1. Quienes produzcan, importen, distribuyan o manipulen productos, bienes y servicios, as como quienes los comercialicen en primer lugar, tendrn la obligacin de suministrar productos o bienes o prestar servicios seguros.

  2. Quienes se dediquen a la distribucin y venta de productos, bienes y servicios, en su calidad de profesionales de la cadena de comercializacin, debern actuar con diligencia para evitar la puesta en el mercado de productos, bienes y servicios inseguros, abstenindose de hacerlo cuando conozcan o deban conocer en funcin de los elementos de informacin que posean, que los mismos incumplen dicha obligacin.

  3. En especial, dentro de los lmites de sus actividades respectivas, debern participar en la vigilancia de la seguridad de los productos y bienes que comercialicen y de los servicios que presten, en concreto mediante la transmisin de informacin sobre los riesgos que presenten los productos, bienes y servicios y la colaboracin en las actuaciones emprendidas para evitarlos.

Las Administraciones pblicas de Euskadi, en el mbito de sus respectivas competencias en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, promovern acciones que aseguren el respeto de sus legtimos intereses econmicos y sociales y el cese o rectificacin de las conductas contrarias a dichos intereses, y en particular las encaminadas a garantizar:

  1. La entrega de factura o documento acreditativo de las operaciones realizadas, debidamente desglosado, en su caso.

  2. La entrega de presupuesto previo a la operacin, que indique necesariamente su plazo de validez.

  3. La entrega de resguardo de depsito, en los supuestos en los cuales la persona consumidora y usuaria entregue un bien para su verificacin, comprobacin, reparacin o con cualquier otro motivo, en el que conste, como mnimo, la identificacin de la persona o entidad depositaria y la del objeto, fecha de recepcin y motivo del depsito.

  4. En los bienes de naturaleza duradera, la entrega de documento de garanta y de los correspondientes manuales de instrucciones de uso y mantenimiento.

  5. La tenencia de hojas de reclamaciones en todos los establecimientos y su entrega cuando sea exigida por la persona consumidora y usuaria.

  6. La exposicin pblica y visible de los precios y tarifas, junto a los productos, bienes y servicios ofertados.

  7. La prohibicin del corte del suministro de servicios pblicos de prestacin continua, sin constancia fehaciente de recepcin previa por la persona consumidora o usuaria de una notificacin concedindole plazo suficiente para subsanar el motivo que pueda esgrimirse como fundamento del corte y sin las previas autorizaciones administrativas o judiciales que en su caso puedan proceder. La citada prohibicin incluye, en particular, los servicios de agua potable, electricidad, telfono y gas, y no estar referida a los cortes de suministro de carcter general por averas, reparaciones u otros anlogos.

  8. La prohibicin de publicidad ilcita.

  9. La eliminacin, en las condiciones generales de contratacin, de las clusulas abusivas o contra la buena fe y el justo equilibrio de las contraprestaciones.

  10. La prohibicin de comercializacin de productos en los que no se asegure la existencia de repuestos y el adecuado servicio tcnico cuando sean obligatorios.

  11. La eliminacin de mtodos coactivos, engaosos o agresivos de venta o de captacin de clientes, que de cualquier modo puedan limitar la libertad de eleccin de la persona consumidora y usuaria.

  12. La prohibicin de acciones que provoquen inexactitud en precio, peso o medida.

Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a una eficaz proteccin jurdica encaminada a la reparacin e indemnizacin por los daos y perjuicios que puedan sufrir como consecuencia de la adquisicin, uso o disfrute de los bienes y servicios que se pongan a su disposicin en el mercado.

  1. Con objeto de facilitar las reclamaciones a las personas consumidoras y usuarias, todos los comercios, servicios y actividades profesionales de la Comunidad Autnoma de Euskadi debern tener hojas de reclamaciones a su disposicin.

  2. La utilizacin de las hojas reclamaciones es compatible con la formulacin de reclamaciones por cualquier otro medio admitido en derecho, incluidos los medios telemticos.

  3. Reglamentariamente se establecern las caractersticas del modelo de hoja de reclamaciones, la forma en que se deber informar de su existencia y el procedimiento de tramitacin de dichas reclamaciones.

  4. Todas las reclamaciones que se presenten por escrito debern ser contestadas por la Administracin competente mediante escrito razonado a los interesados.

  1. Las Administraciones pblicas de Euskadi propiciarn, en colaboracin con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, la disponibilidad para las personas consumidoras y usuarias, as como para los profesionales y empresarios o empresarias, de sistemas operativos de resolucin voluntaria de conflictos y reclamaciones en materia de consumo.

  2. Reglamentariamente se regular el procedimiento administrativo de tramitacin de las denuncias y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias presentadas ante las Administraciones pblicas con competencias en materia de consumo contra empresas y profesionales, sin perjuicio de las actuaciones de inspeccin y sancin que correspondan. El procedimiento ser voluntario para las partes, y se garantizar la atencin de todas aquellas reclamaciones recibidas en cualquier soporte duradero que permita la identificacin de la persona o personas reclamantes.

  1. Las Administraciones pblicas de Euskadi fomentarn, en el mbito de sus competencias, el desarrollo del sistema arbitral de consumo.

  2. Las Administraciones pblicas de Euskadi promovern la adhesin al sistema arbitral de consumo de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de las empresarias y empresarios y profesionales y sus respectivas organizaciones, pudiendo suscribirse convenios de colaboracin para el fomento del sistema. Igualmente se promover la adhesin de las empresas pblicas.

  3. El Gobierno Vasco impulsar la firma de convenios para el establecimiento de colegios arbitrales, dependientes de la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi, en aquellos municipios o mancomunidades que, debido a su poblacin o nmero de solicitudes de arbitraje, as lo soliciten.

  1. Las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a recibir una informacin veraz, completa, objetiva y comprensible sobre las caractersticas esenciales de los bienes y servicios puestos a su disposicin, con indicaciones para su correcto uso o consumo y advertencias sobre los riesgos previsibles que su utilizacin o consumo implique, de tal forma que puedan realizar una eleccin consciente y racional entre los mismos y utilizarlos de una manera segura y satisfactoria.

  2. En relacin con la prestacin de servicios, y en la medida en que sea compatible con las caractersticas de los mismos, las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a la entrega de un presupuesto previo por escrito debidamente explicado, en el que se detalle el contenido de la prestacin y su coste desglosado.

Los productos y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias cumplirn las exigencias determinadas en los reglamentos de etiquetaje, presentacin y publicidad, y debern ofrecer la siguiente informacin mnima, de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio y con la legislacin vigente:

  1. El origen, la naturaleza, la composicin y la finalidad de los productos.

  2. Los aditivos que, en su caso, lleven incorporados.

  3. La calidad, la cantidad, su categora y la denominacin usual o comercial, si la tienen.

  4. El precio completo o presupuesto, en su caso, y las condiciones jurdicas o econmicas de adquisicin y utilizacin, indicando con claridad y de manera diferenciada el precio del producto o servicio y el importe de los incrementos o descuentos, en su caso, y de los costes adicionales por servicios, accesorios, financiacin, aplazamiento del pago o similares.

  5. La fecha de produccin o suministro y el plazo recomendado para el uso o consumo, o la fecha de caducidad.

  6. Las instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, las advertencias y los riesgos previsibles.

  7. Las instrucciones para la correcta conservacin del producto.

  1. La informacin facilitada por los promotores o promotoras, profesionales o empresas a quien compre o arriende viviendas ser veraz, completa, objetiva y comprensible, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa general bsica y autonmica vasca en materia de proteccin a la persona consumidora y usuaria y, en su caso, en aquella reguladora del crdito al consumo y de las condiciones generales de la contratacin.

  2. El Gobierno Vasco establecer reglamentariamente la informacin que de forma obligatoria haya de suministrarse por dichos agentes a quien compre o arriende viviendas, que comprender, entre otras, informacin sobre las caractersticas constructivas, trazado de todas las instalaciones, materiales empleados, precio, forma de pago y garanta de la vivienda y de las cantidades entregadas a cuenta.

  1. La oferta, promocin y publicidad de los productos, bienes y servicios destinados a las personas consumidoras y usuarias, sean cuales sean los soportes utilizados, se realizar de forma que no induzca ni pueda inducir a error sobre sus caractersticas y condiciones de adquisicin, en el marco de la legislacin general sobre publicidad.

  2. Las Administraciones pblicas de Euskadi, dentro de su marco regulador, velarn por la cesacin o rectificacin de la publicidad ilcita cuando vulnere los derechos de los consumidores, especialmente cuando afecte a los colectivos contemplados en el artculo 5 de la presente ley.

Las Administraciones pblicas de Euskadi llevarn a cabo las siguientes actuaciones:

  1. Impulsar la difusin de la informacin a las personas consumidoras y usuarias, y concertar con sus asociaciones y con las organizaciones empresariales y cmaras de comercio frmulas de participacin activa en las campaas informativas.

  2. Promover la existencia de espacios divulgativos sobre el consumo en los medios de comunicacin.

  3. Fomentar, en colaboracin con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, organizaciones empresariales y cmaras de comercio, la existencia de distintivos de calidad para los productos, bienes y servicios de Euskadi.

  4. Informar a las personas consumidoras y usuarias sobre los productos peligrosos detectados en el mercado, en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

  1. Con el fin de facilitar a las personas consumidoras y usuarias la informacin y orientacin precisas para el adecuado ejercicio de los derechos que esta ley les reconoce y, en general, para atender a la proteccin de sus legtimos intereses, el Gobierno Vasco promover, fomentar y, en su caso, habilitar o apoyar la creacin de oficinas y servicios de atencin e informacin a la persona consumidora y usuaria, ya sean de titularidad pblica, ya dependan de una asociacin de personas consumidoras y usuarias.

  2. El Gobierno Vasco propiciar la creacin de oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias dependientes de ayuntamientos o de entidades creadas por ellos, atendiendo a criterios de eficacia, de eficiencia y de mayor proximidad.

  3. Queda prohibida toda forma de publicidad, expresa o encubierta, de bienes, productos o servicios en las oficinas de informacin a la persona consumidora y usuaria a las que se refiere el presente artculo.

  1. El Gobierno Vasco, a travs del Departamento competente en materia de consumo, coordinar la labor de las oficinas de informacin a la persona consumidora y usuaria, prestndoles el apoyo tcnico y econmico necesario para su implantacin y funcionamiento en los trminos que reglamentariamente se determinen.

  2. Dentro de la labor de coordinacin se establecer una red informtica de centros de informacin y atencin de consumo, a la que podrn sumarse tanto las oficinas pblicas como las privadas, dependiente y gestionada por el rgano competente en materia de consumo del Gobierno Vasco, que permita una circulacin gil de la informacin, favoreciendo la localizacin inmediata de los problemas y la planificacin de las actuaciones concretas.

  3. Igualmente, se establecer un registro de centros de informacin y atencin de consumo, dependiente del Departamento competente en la materia y en el que debern inscribirse las oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias tanto de titularidad pblica como privada que existan en Euskadi clasificadas en categoras, dependiendo de las funciones y competencias asumidas y de los medios disponibles.

Las oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias podrn asumir las siguientes funciones:

  1. Informar, ayudar y orientar a las personas consumidoras yusuarias para el adecuado ejercicio de sus derechos, as como mediar en las reclamaciones de consumo dentro de su mbito territorial de actuacin.

  2. Recibir, registrar y acusar recibo de las denuncias de las personas consumidoras y usuarias, remitirlas a las entidades u rganos correspondientes y hacer un seguimiento de las mismas para informar debidamente a las personas interesadas.

  3. Elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de dictamen al rgano correspondiente, acompaando a la citada solicitud informacin completa y detallada de la cuestin.

  4. Realizar tareas de educacin y formacin en materia de consumo.

  5. Facilitar a las personas consumidoras y usuarias los datos referentes al registro y autorizacin de los productos o servicios puestos a su disposicin en el mercado y los de aquellos que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su peligrosidad, as como informar sobre la regulacin de los precios y condiciones de los productos o servicios de uso o de consumo comn, ordinario y generalizado.

  6. Prestar, en el caso de oficinas de titularidad pblica, apoyo a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias de su mbito de actuacin y facilitar a las personas consumidoras y usuarias toda la informacin necesaria sobre la existencia y actividades de dichas asociaciones, potenciando el fomento del asociacionismo en materia de consumo.

  7. Realizar campaas informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por parte de las personas consumidoras y usuarias en relacin con sus derechos y obligaciones, as como desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de educacin especfica y formacin de las mismas. Para el desarrollo de las campaas y programas contarn con las propuestas y colaboracin de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias existentes dentro de su mbito de actuacin.

  8. Disponer la documentacin tcnica y jurdica sobre temas de consumo, as como potenciar su investigacin y estudio.

  9. En los municipios donde no exista Junta Arbitral de Consumo, elevar, a instancia de las partes interesadas, solicitud de arbitraje a la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi.

  10. Recibir peticiones concretas, elevndolas a las autoridades competentes, a fin de modificar algunos de los servicios que presten o bien establecer otros nuevos si se consideran necesarios.

Con el fin de que las oficinas de informacin a las personas consumidoras y usuarias puedan cumplir con su funcin, los distintos organismos pblicos debern facilitar a las mismas, a travs del Departamento competente en materia de consumo, como mnimo, los siguientes datos:

  1. Referencia sobre el registro y autorizacin de productos, servicios, actividades y funciones.

  2. Relacin de los productos, servicios, actividades y funciones que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos cuando exista riesgo grave para la salud o seguridad de las personas o para el medio ambiente.

  3. Relacin de las sanciones firmes impuestas por infracciones graves o muy graves relacionadas con los derechos de las personas consumidoras y usuarias, con expresa mencin de las personas o entidades sancionadas y las causas de dichas sanciones en los casos en que se haya acordado la publicidad de la sancin como sancin accesoria, conforme a lo previsto en el artculo 58 de esta ley.

  4. Relacin de la regulacin de precios y condiciones de productos, servicios, actividades y funciones de uso o consumo comn, ordinario y generalizado.

Con el fin de asesorar y orientar a las personas consumidoras y usuarias en sus transacciones dentro de la Unin Europea, el Gobierno Vasco garantizar el acceso a la informacin europea en materia de consumo. Con este fin, participar en organizaciones y proyectos de mbito europeo en materia de consumo y mantendr permanentemente actualizada la informacin sobre normativa, actividad y proyectos de las diferentes instituciones europeas, as como de las actividades y proyectos de otros pases y regiones de Europa.

  1. El Gobierno Vasco, en su mbito de competencia, garantizar el acceso de las personas consumidoras y usuarias a la educacin y formacin en materia de consumo.

  2. La educacin de la persona consumidora y usuaria estar orientada a favorecer:

    1. El desarrollo de la formacin integral de la persona de cara a propiciar un consumo responsable.

    2. El conocimiento de sus derechos y la manera de ejercerlos.

    3. El conocimiento de los riesgos derivados del uso y consumo de bienes y servicios.

    4. La adecuacin de las pautas de consumo hacia la utilizacin racional de los recursos, incorporando valores ecolgicos que conciencien a las personas consumidoras y usuarias de su corresponsabilidad en la conservacin del medio ambiente y en la consecucin de un desarrollo sostenible.

  1. El Gobierno Vasco, a travs de los rganos con competencia en materia de proteccin a la persona consumidora y usuaria, organizar, promover y desarrollar programas de educacin y formacin de las personas consumidoras y usuarias, en los cuales podrn colaborar las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

    El objeto de estos planes ser:

    1. Potenciar la formacin de su personal con competencias en materia de proteccin a la persona consumidora, especialmente de quienes desarrollen funciones de control de mercado e informacin y orientacin a las personas consumidoras y usuarias, as como del personal de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

    2. Colaborar con el personal docente en el desarrollo de la educacin en materia de consumo en los diferentes niveles educativos, as como proporcionar el material didctico necesario para ello.

    3. Potenciar y desarrollar, en colaboracin con las organizaciones empresariales, la formacin en materia de consumo de los distintos sectores empresariales.

  2. En materia de educacin y formacin de las personas consumidoras y usuarias, el Gobierno Vasco, en los trminos expresados en el apartado anterior, desarrollar las siguientes actuaciones:

    1. Elaborar y publicar material didctico de apoyo a la educacin y formacin a la persona consumidora, dirigido especialmente a la infancia y la adolescencia as como a otros colectivos de especial proteccin.

    2. Colaborar en el fomento y programacin de campaas informativas y formativas sobre consumo responsable.

El Gobierno Vasco establecer las colaboraciones precisas con los organismos o entidades pblicas con competencias en materia de consumo para el desarrollo de programas de formacin en los distintos municipios, y suscribir con las instituciones competentes en el mbito educativo los convenios oportunos para la formacin de especialistas en consumo.

El Gobierno Vasco promover la educacin de las personas consumidoras y usuarias a travs de los medios de comunicacin social de titularidad pblica, los cuales dedicarn, a tales efectos, espacios no publicitarios en sus respectivas programaciones. Asimismo, promover la participacin de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias en los mismos.

  1. Se reconoce a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias como el cauce de representacin y participacin para la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

  2. Las Administraciones pblicas de Euskadi fomentarn, en sus respectivos mbitos, el asociacionismo de las personas consumidoras y asegurarn su participacin en todos los mbitos de la vida pblica en que se vean afectados, directa o indirectamente, sus derechos o intereses. Igualmente promovern el dilogo con las organizaciones empresariales o profesionales.

  1. A los efectos de esta ley, se consideran asociaciones de personas consumidoras y usuarias las entidades privadas sin nimo de lucro cuya finalidad sea la proteccin y defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias, bien con carcter general o en relacin con productos o servicios determinados, siempre que se constituyan de acuerdo con la legislacin vigente en materia de asociaciones.

  2. Las entidades constituidas por consumidores y consumidoras con arreglo a la legislacin cooperativa, entre cuyos fines figure necesariamente la educacin y formacin de sus socios y estn obligadas a constituir un fondo con tal objeto, segn su legislacin especfica, se considerarn tambin asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

Para poder gozar de los beneficios que les otorga la presente ley y las disposiciones que la complementen, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias, as como las federaciones y confederaciones constituidas por ellas, debern cumplir los siguientes requisitos:

  1. Estar inscritas en el Registro de Asociaciones de Personas Consumidoras y Usuarias de Euskadi.

  2. Tener su domicilio en la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  3. Reunir las condiciones y requisitos que reglamentariamente se establezcan para cada tipo de beneficio. En la determinacin reglamentaria de estos requisitos se tendrn en cuenta, entre otros, criterios de implantacin territorial dentro de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, nmero de asociados y programa de actividades.

Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias ajustarn sus actuaciones a los principios de buena fe, lealtad y diligencia, no pudiendo divulgar datos que no se encuentren respaldados por acreditaciones, resultados analticos o controles de calidad suficientemente contrastados, sin perjuicio de su derecho a presentar las denuncias que estimen oportunas.

Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias tendrn derecho a:

  1. Ser odas en consulta en el procedimiento de elaboracin de normas de carcter general que afecten directamente a los derechos e intereses que representan.

  2. Participar en la elaboracin y aprobacin de los modelos de contrato de prestacin de servicios a las personas consumidoras y usuarias cuando estos servicios sean prestados por las Administraciones pblicas a travs de empresas pblicas o privadas.

  3. Participar en las comisiones consultivas que se constituyan en el mbito de Euskadi, siempre que, por razn de la materia, se debatan temas de inters para la proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

  4. Ser consideradas parte interesada en los procedimientos administrativos de carcter sancionador promovidos por ellas mismas, siempre que versen sobre la proteccin de los intereses generales de las personas consumidoras y usuarias.

  5. Participar en el sistema arbitral de consumo, a tenor de lo establecido en las disposiciones que lo regulan.

  6. Disfrutar del beneficio de justicia gratuita en el marco legalmente establecido.

  7. Ser declaradas de utilidad pblica cuando renan los requisitos establecidos para ello.

  8. Percibir las ayudas y subvenciones que oportunamente se aprueben para el desarrollo de sus fines.

  9. Ejercer las correspondientes acciones judiciales y extrajudiciales en defensa de los socios y de las socias, de la asociacin y de los intereses colectivos de las personas consumidoras y usuarias en general, de conformidad con la legislacin aplicable.

  10. Integrarse en agrupaciones o federaciones con idnticos fines y de mbito territorial ms amplio.

  11. Propiciar sistemas de resolucin de conflictos.

Las asociaciones de personas consumidoras y usuarias no podrn gozar de los derechos anteriormente citados cuando:

  1. Incluyan como asociadas a personas jurdicas con nimo de lucro.

  2. Perciban ayudas y subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas que suministren productos, bienes o servicios a los consumidores y consumidoras.

  3. Realicen publicidad comercial o no meramente informativa de productos, bienes o servicios, excepto las permitidas legalmente.

  4. Se dediquen a actividades distintas de la defensa de los intereses de las personas consumidoras y usuarias, excepto en el supuesto de cooperativas de consumidores y consumidoras.

  5. Acten con manifiesta temeridad, judicialmente apreciada.

El Gobierno Vasco fomentar la colaboracin entre organizaciones de personas consumidoras y usuarias, y las organizaciones empresariales de Euskadi, incluyndose las siguientes actuaciones:

  1. Fomentar el sistema arbitral de consumo.

  2. Colaborar en la comunicacin de los posibles riesgos, cuando por su amplitud sea necesaria una actuacin pblica para garantizar la eficacia de la medida.

  3. Fomentar el desarrollo de smbolos de calidad empresarial en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  4. Desarrollar actuaciones de informacin y formacin con las personas consumidoras y usuarias sobre productos, bienes y servicios de uso y consumo generalizado, as como sobre la importancia de favorecer el desarrollo sostenible.

  5. Apoyar las iniciativas para promocionar la proteccin de las personas consumidoras y usuarias en los pases en desarrollo.

La Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi se constituye como rgano consultivo, asesor, de participacin y de coordinacin interadministrativa, de fomento de la colaboracin entre los agentes sociales involucrados en el consumo y con las distintas Administraciones pblicas que ejercen la tutela de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, a fin de elevar su nivel de proteccin en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  1. A la Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi le corresponden las siguientes funciones:

    1. Ser consultada en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones de carcter general dictadas en desarrollo de esta ley y, en general, en todos los dems casos en que se regulen materias que afecten a los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

    2. Proponer a las asociaciones, federaciones, confederaciones o cooperativas integradas en la misma para participar en los rganos colegiados, organismos y entidades pblicas o privadas, de mbito autonmico, en los que deban estar representadas las personas consumidoras y usuarias.

    3. Formular cuantas propuestas sean consideradas de inters en materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y asesorar a los rganos de la Administracin autonmica con competencias en materia de consumo.

    4. Solicitar informacin a las Administraciones pblicas competentes sobre materias de inters general o sectorial que afecten a las personas consumidoras y usuarias.

    5. Llevar a cabo estudios especficos sobre consumo, mercados y abastecimiento de productos y servicios.

    6. Cuantas funciones le sean asignadas por otras disposiciones.

  2. La Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi elaborar anualmente un informe sobre la actividad, poltica global en materia de consumo y, en su caso, sugerencias a las Administraciones pblicas de Euskadi en el mbito de su competencia.

  3. La Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi estar integrada por representantes de intereses sociales, profesionales y econmicos, representantes de las administraciones pblicas vinculadas al sector del consumo y representantes de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias. Reglamentariamente se desarrollar la composicin y rgimen de funcionamiento de la Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi.

Con arreglo a lo establecido en el presente captulo, y conforme a los trminos de progresividad que en l se contienen, las personas consumidoras y usuarias tienen los siguientes derechos lingsticos:

  1. Derecho a recibir en euskera y castellano la informacin sobre bienes y servicios en los trminos contemplados en el artculo 14 de la presente ley.

  2. Derecho a usar cualquiera de las lenguas oficiales en sus relaciones con empresas o establecimientos que operen en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma, debiendo estos estar en condiciones de poder atenderles cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen.

  1. A los efectos de lo dispuesto en la presente ley, tienen la consideracin de entidades pblicas:

    1. Las administraciones pblicas de Euskadi y la Administracin del Estado, incluyendo los entes sujetos a derecho pblico o privado dependientes de aqullas o que integran su administracin institucional.

    2. Las entidades de cualquier naturaleza que gestionan servicios pblicos cuya titularidad corresponde a las administraciones mencionadas en el apartado anterior, en tanto en cuanto acten en el mbito de prestacin de estos servicios.

    3. Las entidades de cualquier naturaleza participadas mayoritariamente o controladas por las administraciones y entes mencionados en el apartado a). Se entender a estos efectos que existe una relacin de control cuando se disponga de la mayora de los derechos de voto de la entidad o se tenga derecho a nombrar o a destituir a la mayora de los miembros de los rganos de gobierno.

  2. Las entidades pblicas garantizarn la presencia de las dos lenguas oficiales en sus relaciones con las personas consumidoras y usuarias en la forma siguiente:

    1. En los establecimientos del mbito territorial de la Comunidad Autnoma de Euskadi, rtulos, avisos y en general comunicaciones dirigidas al pblico se formularn en euskera y castellano.

    2. Los impresos o modelos oficiales confeccionados para su cumplimentacin por consumidores y usuarios sern bilinges.

    3. Salvo la opcin expresa de la persona consumidora y usuaria a favor de la utilizacin de una de las dos lenguas oficiales, los contratos de adhesin, los contratos con clusulas tipo, los contratos normados, las condiciones generales y la documentacin que se refiera a los mismos o que se desprenda de la realizacin de los citados contratos tendrn redaccin bilinge.

    4. Las comunicaciones dirigidas a consumidores en particular, as como facturas, presupuestos y documentos anlogos debern redactarse en forma bilinge, salvo que la persona consumidora y usuaria elija expresamente la utilizacin de una de las dos lenguas oficiales.

    5. Los manuales de instrucciones de uso y mantenimiento, documentos de garanta, etiquetaje y envasado de los productos o servicios debern redactarse en forma bilinge.

    6. La oferta, promocin y publicidad de los productos, bienes y servicios destinados a las personas consumidoras y usuarias, cualesquiera que sean los soportes utilizados, se realizar de forma bilinge.

  3. En sus relaciones con las entidades pblicas, las personas consumidoras y usuarias tienen derecho a ser atendidas en la lengua oficial que elijan. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 6 de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, bsica de normalizacin del uso del Euskera, en relacin con las administraciones pblicas, el Gobierno adoptar las medidas oportunas y se arbitrarn los medios necesarios para garantizar de forma progresiva el ejercicio de este derecho.

  4. Las disposiciones de esta ley aplicables a la Administracin del Estado se entienden sin perjuicio de la competencia estatal para ordenar sus servicios.

  1. A los efectos de esta ley, se considerarn entidades subvencionadas y sectores de inters general:

    1. Entidades o personas jurdicas que prestan servicios legalmente calificados como universales, de inters general o cualquier otra categora anloga, o que se encuentran sujetos a un rgimen jurdico de universalidad e igualdad en su prestacin, tales como transportes, telecomunicaciones y energticos.

    2. Entidades o personas jurdicas que sean beneficiarias de ayudas o subvenciones pblicas concedidas por las administraciones pblicas vascas, o que hayan suscrito un convenio de colaboracin con cualquiera de ellas. En este caso, la garanta de los derechos lingsticos de las personas consumidoras y usuarias se extender al mbito de relaciones vinculadas al objeto de la subvencin o convenio.

  2. Estas entidades, siempre que no tengan la consideracin de pblicas, debern cumplir las obligaciones establecidas en las letras a) , b) c) y d) del apartado 2 del artculo 38 de la presente ley. Reglamentariamente se regular la progresiva exigencia de su cumplimiento.

  1. Los establecimientos de venta de productos y prestacin de servicios abiertos al pblico debern cumplir las obligaciones establecidas en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artculo 38 de la presente ley. Asimismo debern estar en disposicin de atender a las personas consumidoras y usuarias cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen.

  2. Adems de las obligaciones sealadas en el apartado anterior, los establecimientos calificados como grandes establecimientos comerciales por la legislacin vigente, as como aquellos establecimientos de oferta de bienes y servicios abiertos al pblico que, sin merecer esta calificacin, pertenezcan a grandes entidades, debern cumplir igualmente la obligacin contenida en la letra d) del apartado 2 del artculo 38. Reglamentariamente se fijarn los requisitos de volumen de negocio, nmero de personas trabajadoras y/o grado de presencia en la Comunidad Autnoma que determinarn, a estos efectos, la consideracin de grandes entidades.

  3. A los establecimientos abiertos al pblico pertenecientes a entidades pblicas les ser de aplicacin el rgimen previsto en el artculo 38 de esta ley.

  4. Los establecimientos abiertos al pblico de entidades subvencionadas y sectores de inters general debern, adems de cumplir las obligaciones contempladas en el artculo 39, poder atender a las personas consumidoras y usuarias cualquiera que sea la lengua oficial en que se expresen.

  5. El Gobierno regular la progresiva exigencia del cumplimiento de las obligaciones que se prevn en este artculo.

  1. Salvo en los supuestos en que el presente captulo contemple un rgimen especfico, la informacin facilitada a las personas consumidoras y usuarias en relacin con los bienes y servicios distribuidos en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma de Euskadi, incluyendo la contenida en etiquetas, envases e impresos con las instrucciones de uso, podr expresarse en euskera o castellano. Todo ello sin perjuicio de lo que para supuestos especficos, por razones de proteccin de la salud y seguridad, pueda establecer la legislacin aplicable.

  2. El Gobierno promover la utilizacin del euskera en la informacin sobre bienes y servicios a que se refiere el apartado 1.

  3. Los datos obligatorios y las informaciones voluntarias adicionales que figuren en el etiquetaje de bienes vascos con denominacin de origen o denominacin de calidad y de los productos artesanales, regulados en el mbito de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, figurarn, al menos, en euskera. Reglamentariamente se regular la progresiva exigencia de esta obligacin.

  1. El Gobierno impulsar las medidas oportunas y arbitrar los medios necesarios para impulsar el uso del euskera en el mbito de las actuaciones de las entidades que ofrecen bienes y servicios a las personas consumidoras y usuarias.

  2. El Gobierno promover la difusin de materiales con lenguaje especializado que faciliten el uso del euskera en este mbito.

  1. Las Administraciones pblicas de Euskadi, en sus respectivos mbitos competenciales, desarrollarn actuaciones de control e inspeccin de modo coordinado sobre los bienes, productos y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias en cualquier fase de comercializacin, a fin de comprobar su adecuacin a la legislacin vigente en materia de proteccin a las personas consumidoras y usuarias, en especial en lo que se refiere a sus caractersticas tcnicas, higinico-sanitarias, de seguridad y comerciales, y su adecuacin a las expectativas que pueden motivar su adquisicin, derivadas, en su caso, de las descripciones realizadas en su presentacin, publicidad, precio y otras circunstancias.

  2. Las entidades locales actuarn coordinadamente con el Gobierno Vasco, aunando sus recursos de inspeccin y control y facilitando el apoyo e informacin necesarios con el fin de conseguir una mejor y ms eficaz proteccin de los intereses de las personas consumidoras y usuarias.

  1. Las actuaciones de inspeccin se realizarn preferentemente sobre aquellos bienes, productos y servicios establecidos por la normativa como de uso o consumo comn, ordinario y generalizado, y sobre aquellos que pudieran perjudicar los intereses econmicos, la salud o la seguridad de las personas consumidoras y usuarias o pudieran afectar a colectivos de especial proteccin previstos en el artculo 5 de la presente ley.

  2. Las funciones atribuidas al personal inspector de consumo para la ejecucin de lo contemplado en este ttulo se ejercitarn sin perjuicio de las que desarrollen el resto de los Departamentos del Gobierno Vasco en materias de su competencia.

  1. El personal de la inspeccin de consumo, cuando acte en el ejercicio de su funcin inspectora, tendr la consideracin de autoridad a todos los efectos.

  2. El personal inspector, cuando acte en el ejercicio de sus funciones, deber identificarse siempre exhibiendo la acreditacin oficial correspondiente. Actuar de un modo proporcionado y conforme a las prescripciones legalmente establecidas, y, en todo caso, estar obligado a mantener estricto sigilo profesional respecto a las informaciones obtenidas.

  3. Reglamentariamente se regular la estructura y funciones de los servicios de inspeccin de consumo encargados de garantizar y velar por el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley.

  1. Para el desarrollo de sus actuaciones inspectoras, podrn solicitar el apoyo, concurso, auxilio y proteccin que les resulten precisos de cualquier otra autoridad o sus agentes.

  2. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector podr acceder a todo tipo de oficinas, instalaciones y dependencias que tengan relacin directa o indirecta con la actuacin que est llevando a cabo. Podr requerir tambin la comparecencia y colaboracin de cualquier persona, fsica o jurdica, que de forma directa o indirecta pueda tener alguna relacin con el objeto de su actuacin.

  3. El personal inspector podr acceder y examinar los documentos mercantiles, contables o de cualquier otro tipo que resulten relevantes para la investigacin, y podr obtener copia o reproduccin de los mismos.

  4. Podr realizar asimismo tomas de muestras de productos, as como cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos, bienes y servicios.

  5. Tambin podr llevar a cabo investigaciones destinadas a la obtencin de informacin que permita conocer y realizar estudios de mercado en sectores de los cuales se pudieran derivar riesgos para la salud, la seguridad y los legtimos intereses econmicos de las personas consumidoras y usuarias.

  6. Cuando, por la naturaleza de las diligencias y para la mejor realizacin de las mismas, se requiera documentacin y comparecencias, se podrn efectuar durante la visita inspectora o por cualquier otro medio aceptado en Derecho, en la empresa inspeccionada, en los locales relacionados con la actividad y en las dependencias de los propios rganos de control.

  1. Las actuaciones del personal inspector de consumo en las que se constaten hechos que puedan ser constitutivos de infraccin administrativa se documentarn mediante actas en las que se har constar, como mnimo:

    1. Identificacin completa de la persona o personas que atiendan a la inspeccin, indicando la calidad en la que acten.

    2. Identificacin del personal inspector actuante.

    3. Los hechos apreciados, las circunstancias concurrentes o de inters y las manifestaciones que deseen formular quienes atienden a la inspeccin.

    4. Lugar, fecha, hora, motivos de la actuacin y, cuando proceda, diligencias practicadas y relacin de documentos adjuntos.

    5. Medidas cautelares adoptadas as como su causa y finalidad, de acuerdo con el artculo 32.2 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

    6. Firma del personal inspector actuante as como de la persona o personas comparecientes, en su caso, no sin antes advertirles del derecho que les asiste a que se reflejen en el acta las manifestaciones que deseen formular en relacin con su contenido.

  2. La negativa a la firma por parte de la persona o personas comparecientes no invalidar el acta. Si sta se produce, se le comunicar que puede estampar su firma a los nicos efectos de recepcin del documento, lo cual se har constar, sin que por ello se altere la validez del acta.

  3. Los hechos que figuren constatados por los inspectores o inspectoras de consumo en las actas de inspeccin se presumirn ciertos, salvo prueba en contrario.

Las personas fsicas o jurdicas que produzcan, importen o suministren productos, bienes y servicios, sus representantes legales o quienes estn a cargo del establecimiento estarn obligadas a:

  1. Facilitar las visitas de inspeccin y acceso a las dependencias del establecimiento para el control de la actividad desarrollada.

  2. Suministrar la informacin de inters al caso sobre instalaciones, productos, bienes o servicios, y, siempre que se requieran, las autorizaciones, registros, permisos y licencias necesarios para el ejercicio de la actividad, permitiendo que el personal inspector compruebe directamente los datos aportados.

  3. Facilitar a la inspeccin la documentacin que sirva de justificacin a las transacciones efectuadas, tales como los contratos, facturas, albaranes y dems documentos exigidos legalmente, as como aquellos que sean necesarios para determinar las responsabilidades pertinentes.

  4. Facilitar la obtencin de copia o reproduccin de la documentacin citada en los puntos anteriores.

  5. Comparecer y presentar documentacin donde y cuando hayan sido requeridas por los servicios competentes.

  6. Permitir que se practique la toma de muestras o que se efecte cualquier otro tipo de control o ensayo sobre los productos, bienes y servicios en cualquier fase de su comercializacin.

  7. Depositar y conservar adecuadamente los productos, bienes y servicios sujetos a medidas provisionales, siguiendo en todo momento las instrucciones formuladas por los servicios competentes al respecto.

  1. Corresponde a las Administracin general de la Comunidad Autnoma de Euskadi y a la Administracin local de Euskadi, competentes en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias, la potestad sancionadora en materia de consumo, ejercindose por los rganos administrativos de la misma que la tengan atribuida.

  2. Las infracciones en materia de consumo cometidas en el mbito territorial de Euskadi sern sancionadas, previa tramitacin del correspondiente procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  1. Constituyen infraccin en materia de proteccin de la salud y seguridad de las personas consumidora y usuarias:

    1. El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones o prohibiciones en materia de salud y seguridad de los bienes y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y usuarias.

    2. Las acciones u omisiones que produzcan riesgos o daos efectivos para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, ya sea en forma consciente o deliberada, ya por abandono de la diligencia y precauciones exigibles en la actividad, servicio o instalacin de que se trate.

    3. El incumplimiento o transgresin de los requerimientos previos que concretamente formulen las autoridades que resulten competentes para situaciones especficas, al objeto de evitar contaminaciones o circunstancias nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pblica o la seguridad de las personas consumidoras y usuarias.

  2. Constituyen infracciones por alteracin, adulteracin o fraude de bienes y productos:

    1. La elaboracin, distribucin, suministro o venta de bienes y productos a los que se haya adicionado o sustrado cualquier sustancia o elemento para variar su composicin, calidad, estructura, peso o volumen, para corregir defectos mediante procesos o procedimientos que no estn expresa y reglamentariamente autorizados, o para encubrir la inferior calidad o alteracin de los productos utilizados.

    2. La elaboracin, distribucin, suministro o venta de bienes cuando su composicin o calidad no se ajuste a las disposiciones vigentes o a la correspondiente autorizacin administrativa o difiera de la declarada y anotada en el registro correspondiente.

  3. Constituyen infracciones por defectuosa o incorrecta prestacin de servicios:

    1. El incumplimiento, en la prestacin de todo tipo de servicios, de las condiciones de calidad, cantidad, intensidad, naturaleza, plazo o precio, de acuerdo con la normativa que resulte aplicable, o con las condiciones en que se presten u oferten.

    2. El incumplimiento de la normativa vigente o de las condiciones ofertadas a las personas consumidoras y usuarias en materia de garanta y arreglo o reparacin de bienes de consumo.

    3. La insuficiencia de la asistencia tcnica o inexistencia de piezas de repuesto, contraviniendo lo dispuesto en la normativa aplicable o las condiciones ofrecidas a la persona consumidora y usuaria en el momento de adquisicin, si fueran ms favorables.

    4. La defectuosa prestacin de servicios durante el periodo de garanta.

  4. Constituyen infracciones en materia de normalizacin tcnica, comercial y de prestacin de servicios, as como en materia de condiciones o tcnicas de venta o suministro de bienes o servicios:

    1. El incumplimiento de las disposiciones de normalizacin de bienes y productos.

    2. La puesta en el mercado de bienes y productos cuya comercializacin haya sido declarada prohibida por una norma o resolucin administrativa, as como la comercializacin de aquellos que, precisando autorizacin administrativa, carezcan de ella.

    3. El incumplimiento del deber de veracidad informativa o publicitaria en la venta de bienes y productos o en la prestacin de servicios, de manera que se les atribuyan calidades, caractersticas, resultados o condiciones de adquisicin, uso o devolucin que difieran de los que realmente posean o puedan obtenerse, y toda la publicidad que de cualquier forma induzca o pueda inducir a error a las personas a las que se dirige, as como aquella que silencie datos fundamentales que impidan conocer las verdaderas caractersticas o naturaleza del producto o servicio.

    4. El incumplimiento de las disposiciones sobre uso de marchamos, contrastes, precintos y contramarcas en los productos o servicios, as como el uso de distintivos de calidad no autorizados o retirados por incumplimiento de su normativa especfica.

    5. La realizacin de transacciones en las que se imponga injustificadamente a la persona consumidora o usuaria condiciones, recargos o cobros indebidos, prestaciones accesorias no solicitadas o cantidades mnimas, as como la no aceptacin de los medios de pago admitidos legalmente u ofertados.

    6. La no entrega a las personas consumidoras y usuarias del documento de garanta.

    7. La inclusin, en las condiciones generales de los contratos que suscriban las personas consumidoras y usuarias o en las ofertas publicitarias, de clusulas que limiten o vulneren los derechos reconocidos a las personas consumidoras y usuarias por las disposiciones que resulten aplicables.

    8. La no extensin de la correspondiente factura o documento acreditativo de las transacciones comerciales o prestaciones de servicios, as como su emisin con incumplimiento de los requisitos preceptivos.

    9. La no entrega a las personas consumidoras y usuarias del correspondiente resguardo de depsito o su emisin con incumplimiento de los requisitos preceptivos.

  5. Constituyen infracciones en materia de informacin, vigilancia, investigacin, inspeccin, tramitacin y ejecucin:

    1. La no tenencia o negativa a facilitar las hojas de reclamaciones preceptivas por parte de los comercios, prestadores y prestadoras de servicios y profesionales.

    2. La resistencia, negativa u obstruccin a facilitar las labores de inspeccin o a suministrar datos o informaciones solicitadas por las autoridades competentes o sus agentes en el desarrollo de sus funciones de informacin, vigilancia, investigacin, inspeccin, tramitacin y ejecucin, as como el suministro de informacin inexacta o documentacin falsa, y, en particular, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artculo 48 de esta ley.

    3. La manipulacin, traslado o disposicin en cualquier forma no autorizada legalmente de las muestras depositadas reglamentariamente, o de las mercancas decomisadas o sujetas a medidas provisionales por las autoridades competentes.

    4. El incumplimiento de las medidas provisionales adoptadas por las autoridades competentes en los procedimientos iniciados como consecuencia de las actuaciones de control efectuadas para la debida proteccin de los derechos reconocidos en esta ley y dems normas aplicables, as como el incumplimiento de las medidas de carcter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de las resoluciones administrativas que pudieran recaer en los procedimientos sancionadores.

    5. La excusa reiterada, la negativa o resistencia a la comparecencia de las personas fsicas o jurdicas ante las dependencias propias o de las autoridades competentes, siempre que medie requerimiento notificado, expreso y por escrito al respecto por parte de las autoridades competentes o de sus agentes en desarrollo de las labores de informacin, vigilancia, investigacin, inspeccin, tramitacin y ejecucin.

  6. En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones expresamente establecidos por la normativa vigente en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias y disposiciones complementarias.

  1. Sern responsables de las infracciones tipificadas en esta ley las personas fsicas o jurdicas que por accin u omisin hubieren participado en las mismas.

  2. Quien fabrique, importe, venda o suministre productos o servicios a las personas consumidoras o usuarias responder del origen, identidad e idoneidad de los mismos y de las infracciones comprobadas en ellos, conforme a la actuacin de cada cual.

  3. De los productos a granel ser responsable el tenedor de los mismos, excepto que se pueda probar la responsabilidad, de una manera cierta, de un tenedor anterior.

  4. En el supuesto de productos envasados, etiquetados o cerrados con cierre ntegro, ser responsable la firma o razn social que figure en la etiqueta, presentacin o publicidad. Podr eximirse de esa responsabilidad probando su falsificacin o incorrecta manipulacin por terceras personas, que sern las responsables.

  5. Cuando una infraccin sea imputada a una persona jurdica podrn ser consideradas responsables tambin las personas fsicas que integren sus rganos rectores o de direccin, as como los tcnicos responsables de la elaboracin y control de acuerdo con la legislacin vigente en materia societaria. En estos casos el juicio de culpabilidad se realizar de acuerdo con lo previsto en el artculo 9.3 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

    En el supuesto de personas jurdicas, cuando quede constancia de forma fehaciente de la negativa o voto en contra de alguno de sus miembros en relacin con la realizacin de la actuacin tipificada como infraccin, el mismo ser exonerado de responsabilidad.

  1. Las infracciones en materia de consumo se calificarn como leves, graves o muy graves en funcin de la concurrencia de los siguientes criterios:

    1. Dao o riesgo grave para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias.

    2. Lesin grave de los intereses econmicos de las personas consumidoras y usuarias.

    3. Negligencia grave o dolo.

    4. Generalizacin de la infraccin, en cuanto al nmero de personas destinatarias afectadas por la misma.

    5. Afeccin directa a un colectivo de personas especialmente protegido.

  2. Se calificarn como leves las infracciones que incumplan los tipos regulados cuando no concurra ninguno de los criterios sealados en el prrafo anterior.

  3. Sern calificadas como graves las conductas tipificadas en las que concurra alguno de los criterios sealados en el prrafo 1 de este artculo.

  4. Se considerar infraccin grave la comisin de dos o ms infracciones leves de la misma naturaleza en el transcurso de un ao.

  5. Sern infracciones muy graves las conductas tipificadas en las que concurran dos o ms de los criterios sealados en el prrafo 1 de este artculo.

  6. La comisin de dos o ms infracciones graves de la misma naturaleza en el transcurso de un ao se considerar infraccin muy grave, siempre que las infracciones graves no sean a su vez consecuencia de la reincidencia en infracciones leves.

  1. Las infracciones a que se refiere la presente ley sern corregidas mediante la aplicacin de las siguientes sanciones:

    1. Las infracciones leves, con multas de hasta 25.000 euros.

    2. Las infracciones graves, con multas de hasta 150.000 euros, cantidad que podr rebasarse hasta alcanzar el quntuplo del valor de los productos o los servicios objeto de la infraccin.

    3. Las infracciones muy graves, con multas de hasta 900.000 euros, cantidad que podr rebasarse hasta alcanzar el quntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infraccin.

  2. Las infracciones a que se refiere la presente ley podrn ser tambin corregidas con las siguientes sanciones, con carcter de accesorias o autnomas:

    1. Decomiso o destruccin de la mercanca.

    2. Cierre temporal de la empresa infractora por un periodo de hasta cinco aos.

    3. Publicidad de las sanciones.

    4. Rectificaciones pblicas.

  3. Independientemente de las sanciones impuestas, el rgano sancionador podr proponer a la autoridad correspondiente, en el caso de las infracciones muy graves, la supresin, la cancelacin o la suspensin total o parcial de ayudas oficiales, tales como crditos, subvenciones, desgravaciones fiscales u otras que tuviese reconocidas o que hubiese solicitado la empresa sancionada.

  4. En el supuesto de que a las Administraciones pblicas de Euskadi les correspondiera conceder una ayuda de las sealadas en el prrafo anterior a una empresa que haya sido objeto de una sancin firme por infraccin grave o muy grave, el rgano al que corresponda resolver la solicitud podr denegar la concesin de la ayuda, siempre y cuando no se haya producido la cancelacin de los antecedentes en los trminos previstos por la ley.

  1. La cuanta de la sancin se graduar de conformidad con:

    1. El volumen de ventas generado por la actuacin ilcita.

    2. La cuanta del beneficio ilcito obtenido.

    3. El efecto perjudicial que la infraccin haya podido producir sobre los precios y sobre los mismos sectores implicados.

    4. La situacin de predominio en el mercado.

  2. Se podr atenuar la sancin administrativa en los casos en que quede acreditado en el correspondiente expediente, antes de que la sancin sea firme en va administrativa, que las personas perjudicadas han sido compensadas satisfactoriamente de los perjuicios causados, y siempre y cuando no concurra intoxicacin, lesin, enfermedad o muerte, ni existencia de indicios racionales de delito.

La imposicin de sanciones pecuniarias se har de manera que la comisin de las infracciones no resulte ms beneficiosa para la parte infractora que el incumplimiento de las normas infringidas, siempre con respeto del principio de proporcionalidad y guardndose la debida adecuacin entre la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y la sancin impuesta.

  1. La autoridad a quien corresponda resolver el expediente podr acordar en la misma resolucin, como sancin accesoria, el decomiso de la mercanca adulterada, falsificada, fraudulenta, no identificada o que pueda suponer riesgo para el consumidor o consumidora. Dichas mercancas debern destruirse si su utilizacin o su consumo constituyen un peligro para la salud. En todo caso, el rgano sancionador determinar el destino final que deba darse a las mercancas decomisadas.

  2. Los gastos que originen las operaciones de intervencin, depsito, decomiso, transporte y destruccin de la mercanca objeto de la sancin sern de cuenta de la parte infractora.

  1. En el caso de infracciones calificadas de muy graves podr proponerse en la misma resolucin, como sancin accesoria, el cierre temporal por un periodo de hasta cinco aos de la empresa, establecimiento o industria infractora, cuando radique en el territorio de la Comunidad Autnoma de Euskadi.

  2. Corresponde la facultad de acordar el cierre al Gobierno Vasco. El acuerdo podr determinar medidas complementarias para la plena eficacia de la decisin adoptada.

  3. Del acuerdo de cierre deber darse traslado al Ayuntamiento del trmino en que se ubique la citada empresa.

  4. La autoridad competente podr adoptar, sin que tenga el carcter de sancin, previa incoacin del correspondiente expediente administrativo, el cierre de las instalaciones o establecimientos que no cuenten con las autorizaciones o los registros preceptivos, o la suspensin de su funcionamiento hasta que se rectifiquen los defectos o se cumplan los requisitos exigidos.

  5. Del mismo modo, podr suspender la venta o prestacin de servicios cuando se den en su ejercicio las mismas irregularidades.

  1. En el caso de infracciones graves o muy graves, la autoridad que haya resuelto el expediente podr acordar en la misma resolucin, por razones de ejemplaridad y en previsin de futuras conductas infractoras, como sancin accesoria, la publicacin de las sanciones impuestas, una vez sean firmes en la va administrativa.

  2. Dicha publicidad deber hacer referencia de los nombres y los apellidos de las personas fsicas o la denominacin o razn social de las personas jurdicas responsables, la clase y la naturaleza de las infracciones y la sancin principal impuesta, y deber realizarse mediante su insercin en el Boletn Oficial del Pas Vasco y en los medios de comunicacin social de mayor difusin. Tambin deber comunicarse a las organizaciones de personas consumidoras y usuarias. El coste de dicha publicidad correr de cuenta de la persona o entidad sancionada.

Si como consecuencia de la incoacin de un expediente administrativo se sanciona el incumplimiento de lo que establece la presente ley en materia de publicidad, el rgano competente exigir a la persona o entidad infractora, de oficio o a instancia de las organizaciones de personas consumidoras y usuarias, la publicacin a sus expensas de un comunicado en que se rectifique la publicidad efectuada, que deber realizarse en las mismas o similares condiciones en que se produjo la actuacin sancionada.

Independientemente de las sanciones a que se refiere la presente ley, el rgano sancionador impondr a la persona o entidad infractora la obligacin de restituir inmediatamente la cantidad percibida indebidamente, en los supuestos de aplicacin de precios superiores a los autorizados, comunicados, presupuestados o anunciados al pblico.

De conformidad con lo que establezca la legislacin de contratacin administrativa, en el caso de infracciones muy graves las empresas sancionadas quedarn, adems, inhabilitadas para contratar con las Administraciones de Euskadi, total o parcialmente, durante cinco aos a contar desde la fecha en que sea firme la sancin impuesta.

Las sanciones impuestas sern objeto de ejecucin de acuerdo con lo dispuesto en la legislacin vigente. Si, presentado recurso administrativo, se acordara la suspensin del acto a solicitud de la parte interesada, sta deber garantizar el pago de la sancin mediante aval bancario o cualquier otro medio aceptado en Derecho, sin perjuicio de las dems medidas cautelares que puedan acordarse por el rgano competente para asegurar la proteccin del inters pblico y la eficacia de la resolucin impugnada.

  1. Las infracciones a que se refiere la presente ley prescribirn por el transcurso de los siguientes plazos: las muy graves, a los tres aos; las graves, a los dos aos, y las leves, al ao. El plazo de la prescripcin empezar a contar desde el da siguiente al de la comisin de la infraccin. Interrumpir la prescripcin de la infraccin la iniciacin, con conocimiento del presunto responsable, del procedimiento administrativo.

  2. Iniciado el procedimiento sancionador y transcurridos seis meses desde la notificacin a la parte interesada de cada uno de los trmites previstos en el procedimiento de aplicacin sin que se impulse el trmite siguiente, sin mediar culpa de la parte interesada, se entender igualmente caducada la accin y se archivarn las actuaciones.

  3. Las sanciones por faltas muy graves prescribirn a los tres aos; las impuestas por faltas graves, a los dos aos, y las impuestas por faltas leves, al ao.

  4. La prescripcin y la caducidad podrn ser alegadas por los particulares. Aceptada la alegacin por el rgano competente, se declarar concluido el expediente y se decretar el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la posibilidad de incoar un nuevo procedimiento si no hubiera prescrito la infraccin.

Los rganos competentes para la imposicin de las sanciones a que se refiere la presente ley son:

  1. En el mbito de la Administracin general de la Comunidad Autnoma de Euskadi, el director competente en materia de consumo para sanciones leves y graves, y el superior jerrquico para sanciones muy graves. Para acordar el cierre de la empresa infractora ser competente el Gobierno Vasco.

  2. En el mbito de la Administracin local regir su legislacin especfica.

  1. Para la adopcin de medidas cautelares se atender a lo establecido en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  2. Las medidas cautelares podrn consistir en:

    1. Paralizacin de la actividad o cierre temporal del establecimiento donde se realiza.

    2. Suspensin temporal en cualquier fase de la distribucin de un producto, para garantizar la salud y la seguridad.

    3. Suspensin temporal de la prestacin de servicios, para garantizar la salud y la seguridad.

    4. Imposicin de condiciones previas en cualquier fase de la comercializacin de productos, bienes y servicios, con el fin de que se subsanen las deficiencias detectadas.

    5. Inmovilizacin cautelar, con prohibicin de cualquier forma de disposicin de los productos por parte de las personas interesadas sin expresa autorizacin de las autoridades competentes.

    6. Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente que sea necesaria por existir indicios racionales de riesgo para la salud o seguridad de las personas consumidoras y usuarias, o de vulneracin de sus intereses econmicos.

  1. Las Administraciones pblicas competentes podrn imponer multas coercitivas de conformidad con la legislacin vigente, destinadas a la ejecucin de resoluciones dictadas en aplicacin de la presente ley y dems disposiciones relativas a la defensa de las personas consumidoras y usuarias.

  2. El rgano competente deber cursar por escrito un previo requerimiento de ejecucin de los actos o resoluciones de que se trate, advirtiendo a su destinatario del plazo de que dispone para cumplirlo y de la cuanta de la multa coercitiva que, en caso de incumplimiento, le podr ser impuesta. El plazo sealado deber ser, en todo caso, suficiente para el cumplimiento de la obligacin de que se trate, y la multa no podr exceder de 1.500 euros.

  3. Si la Administracin comprobase el incumplimiento de lo ordenado, podr reiterar las citadas multas por periodos que no puedan ser inferiores al sealado en el primer requerimiento.

  4. Estas multas son independientes de las que se puedan imponer en concepto de sancin, y son compatibles con las mismas.

  1. Corresponde al Gobierno Vasco disear la planificacin general de la poltica de proteccin de las personas consumidoras y usuarias en su mbito territorial, aprobar reglamentos en desarrollo y aplicacin de esta ley, promover planes de actuacin coordinados con los distintos departamentos del Gobierno Vasco y ejercer la potestad sancionadora en esta materia en los trminos establecidos en la presente ley y en la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de la Potestad Sancionadora de las Administraciones Pblicas de la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

  2. Corresponde al departamento competente en materia de proteccin a las personas consumidoras y usuarias, dentro de la planificacin general mencionada en el apartado anterior, desarrollar las funciones previstas en la presente ley, y en particular, al menos, las siguientes actuaciones:

    1. Coordinar los planes de actuacin conjunta en materia de proteccin a las personas consumidoras y usuarias.

    2. Apoyar a las entidades locales, as como elaborar programas de actuacin conjunta con las mismas a fin de garantizar los principios de colaboracin y cooperacin administrativa y actuar supletoriamente en aquellos municipios que no puedan desarrollar las funciones previstas en la presente ley.

    3. Establecer lneas de coordinacin y cooperacin con las asociaciones de personas consumidoras y usuarias y las organizaciones empresariales y desarrollar mecanismos de cooperacin entre las mismas, especialmente para el establecimiento de cdigos de buenas prcticas.

    4. Disear, coordinar y ejecutar campaas de control de mercado, estableciendo anualmente un programa en el que, a fin de garantizar una proteccin homognea de las personas consumidoras, se definan las actuaciones y el grado de participacin de los distintos rganos administrativos.

    5. Disear, coordinar y ejecutar programas de seguridad de productos de consumo y adoptar las medidas administrativas oportunas para la proteccin de las personas consumidoras frente a cada tipo de riesgo.

    6. Disear, coordinar y ejecutar actuaciones singulares y generales de informacin y formacin dirigidas a las personas consumidoras y usuarias.

    7. Realizar la inspeccin y control de mercado de bienes, productos y servicios de consumo.

    8. Ejercer la potestad sancionadora, sobre la base de la competencia atribuida en la presente ley.

    9. Fomentar y desarrollar los sistemas de resolucin extrajudicial de conflictos de consumo, y en particular el sistema arbitral de consumo.

    10. Fomentar el asociacionismo de consumo en su mbito territorial.

    11. En general, adoptar en el mbito de sus competencias cuantas medidas sean necesarias para el debido cumplimiento de lo establecido en esta ley.

  3. Corresponde al departamento competente en materia de sanidad la realizacin de las actuaciones de vigilancia, control, inspeccin y sancin en materia de salud de las personas consumidoras y usuarias, de conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la legislacin sectorial correspondiente.

    (...)

  1. Corresponde a las entidades locales velar por la proteccin y defensa de las personas consumidoras y usuarias, en el mbito de su territorio, con el alcance y contenido que les atribuyen la presente ley y el resto de normas jurdicas que sean de aplicacin, de conformidad con los principios de descentralizacin y de mxima proximidad de la gestin administrativa a los ciudadanos y las ciudadanas, y en concreto:

    1. La inspeccin de productos y servicios de uso o consumo comn, ordinario y generalizado puestos a disposicin de la persona consumidora o usuaria para comprobar su origen e identidad, el cumplimiento de la normativa vigente en materia de precios, etiquetado, presentacin y publicidad, y los dems requisitos o signos externos que hacen referencia a sus condiciones de higiene, sanidad y seguridad.

    2. Adoptar las medidas urgentes y requerir las colaboraciones precisas en los supuestos de crisis o emergencia que afecten a la salud y seguridad o intereses econmicos de las personas consumidoras y usuarias.

    3. Fomentar y apoyar en su mbito a las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

    4. Desarrollar actuaciones singulares y generales de informacin y formacin dirigidas a las personas consumidoras y usuarias.

    5. Los Ayuntamientos de la Comunidad Autnoma que dispongan de personal inspector de consumo podrn ejercer la potestad sancionadora, hasta una sancin mxima de 15.000 euros, en relacin con las empresas y establecimientos domiciliados en su trmino municipal, siempre y cuando la infraccin se haya cometido en el mismo.

    6. Fomentar y desarrollar los sistemas de resolucin extrajudicial de conflictos de consumo, y en particular el sistema arbitral de consumo.

  2. A los efectos del apartado e) del prrafo primero de este artculo, y para evitar duplicidad de actuaciones, el Ayuntamiento que decida ejercer la potestad sancionadora deber comunicarlo al rgano competente en materia de consumo del Gobierno Vasco, y, asimismo, deber comunicar tanto las incoaciones de expedientes sancionadores como las resoluciones definitivas que en su caso recaigan. Cuando por la naturaleza y gravedad de la infraccin haya de superarse la cuanta mxima, se remitirn las actuaciones habidas al rgano citado, el cual deber comunicar al Ayuntamiento que corresponda cuantas actuaciones se deriven de su intervencin.

  3. Las competencias contempladas en los apartados a) , b) y e) del prrafo primero sern asumidas directamente por los rganos competentes en materia de consumo del Gobierno Vasco siempre que concurra alguna de estas circunstancias:

    • Inactividad o abstencin grave y permanente de la actuacin municipal.

      Trascendencia en funcin de la extensin y de la gravedad de las conductas lesivas, nmero de personas consumidoras y usuarias afectadas y urgencia.

      No obstante, las entidades locales participarn en las actuaciones que se desarrollen para garantizar la efectividad de las medidas que se adopten.

  4. Las entidades locales, por razones de economa, coordinacin o carencia de medios, podrn solicitar la actuacin del rgano competente en materia de consumo del Gobierno Vasco en el desarrollo de sus competencias en materia de proteccin a la persona consumidora y usuaria.

En los supuestos de concurrencia, se actuar bajo los principios de coordinacin y colaboracin a fin de garantizar una eficaz proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

  1. Las Administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma de Euskadi, en el mbito de sus respectivas competencias, promovern un elevado nivel de proteccin de las personas consumidoras y usuarias. Las administraciones competentes en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias ajustarn su actuacin a los principios de colaboracin y cooperacin, conforme a las reglas generales de las relaciones interadministrativas.

  2. El Gobierno Vasco planificar anualmente las actuaciones que en materia de proteccin de las personas consumidoras y usuarias se llevarn a cabo, de forma coordinada, entre todas las Administraciones pblicas de la Comunidad Autnoma de Euskadi. En la elaboracin de los distintos planes de actuacin que desarrollen la poltica de proteccin de las personas consumidoras y usuarias en el mbito de la Comunidad Autnoma de Euskadi participarn las entidades locales, la Comisin Consultiva de Consumo de Euskadi y la Comisin Coordinadora de Consumo de Euskadi.

  3. El Gobierno Vasco podr establecer convenios de colaboracin con la Administracin del Estado, Comunidades Autnomas y regiones de Europa que puedan influir en la mejora del nivel de proteccin de las personas consumidoras y usuarias, y en particular con cualquier otra comunidad o regin con la que mantenga relaciones especiales por motivos histricos, culturales o lingsticos.

  4. A efectos de coordinacin de la actuacin de las diversas administraciones, se propiciar el establecimiento de acuerdos entre las mismas que permitan rentabilizar los recursos humanos y materiales de que disponen y hacer efectivo y eficaz el control del cumplimiento de la normativa vigente aplicable en materia de proteccin de las personas consumidoras y usuarias.

La Administracin general de la Comunidad Autnoma de Euskadi fomentar, mediante convenios genricos o singularizados, la creacin de servicios municipales de consumo que integren los servicios de informacin, formacin, control de mercado, inspeccin, sancin, justicias alternativas y todos los posibles servicios que se presten en el rea del consumo. Reglamentariamente se establecern las condiciones y requisitos necesarios para la firma de estos convenios.

Las entidades pblicas tienen un plazo de un ao desde la entrada en vigor de la ley para dar cumplimiento a lo establecido en su artculo 38.

La presente ley no ser de aplicacin a los expedientes sancionadores que se encuentren iniciados en el momento de su entrada en vigor, salvo que resulte ms favorable para la persona o entidad expedientada.

  1. El Decreto Legislativo 5/1986, de 9 de septiembre, sobre publicidad engaosa.

  2. El Decreto 71/1988, de 29 de marzo, por el que se crea la Comisin de Publicidad Engaosa en el Pas Vasco.

  3. La Orden de 17 de abril de 1989, del consejero de Industria y Comercio, en desarrollo del Decreto 71/1988, de 29 de marzo, por el que se crea la Comisin de Publicidad Engaosa en el Pas Vasco.

  4. El artculo 10.3 de la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial.

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